Cuarta actualización del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Antecedentes de la Ley Nº 7

Todos los artículos de este texto provienen del Texto Consolidado al 28/02/2022 por Ley Nº 6.588 de fecha 12/12/2022.
La numeración de los artículos de la presente corresponde a la del Texto Consolidado por Ley N° 6.588.

*Actualización JURISTECA

Modificaciones posteriores a la fecha de corte 28/02/2022

Conforme	BOCABA	Modifica
Ley Nº 6.451	29/10/2021	Art. 49 bis.
Ley Nº 6.555	26/08/2022	Art. 45 bis.
Ley Nº 6.682	17/11/2023	Art. 45 ter.

LEY N° 7*

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

 

TÍTULO PRELIMINAR

 

Art. 1°- Fuente y Administración de la Justicia
La justicia emana del pueblo y se administra en su nombre por los Jueces y Juezas del Poder Judicial de la Ciudad, quienes son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y al imperio de la ley.

Art. 2º - Jurisdicción
En la Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción es única y se ejerce por los Tribunales y Juzgados previstos en esta ley.

Art. 3º - Independencia de la Judicatura
El estado garantiza la independencia de la judicatura en la Ciudad de Buenos Aires. Todos, en especial los funcionarios, deben respetar y acatar la independencia del Poder Judicial.
El juez o jueza que considere afectada su independencia debe poner esta circunstancia en conocimiento del Consejo de la Magistratura, y dar cuenta de los hechos al juez o jueza competente, sin perjuicio de practicar por si mismo las diligencias indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.

Art. 4º - Imparcialidad de los Jueces
Los jueces y juezas deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo.

Art. 5º - Derechos, libertades y obligaciones
Los miembros del Poder Judicial, al igual que los demás ciudadanos y ciudadanas, gozan de las libertades de expresión, credo e ideas, asociación y reunión. Los magistrados están obligados a la prudencia en sus expresiones públicas y a la reserva sobre las causas a su cargo. No deben adoptar actitudes o ejecutar actos que comprometan la imparcialidad en sus decisiones o el prestigio de la justicia.

Art. 6º - Recursos presupuestarios
El Poder Judicial debe contar con los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo que no implique privación de justicia. No pueden exigirse fianzas, cauciones o contracautelas que tornen ilusorio el derecho que se pretende hacer valer.

 

TÍTULO PRIMERO

Art. 7°- Órganos del Poder Judicial
El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es ejercido por:

• 1. El Tribunal Superior de Justicia
• 2. El Consejo de la Magistratura
• 3. El Ministerio Público
• 4. Las Cámaras de Apelaciones
• a. en lo civil
• b. en lo comercial
• c. del Trabajo
• d. en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas
• e. en lo contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo
• 5. Los Juzgados de primera Instancia
• a. en lo Civil
• b. en lo Comercial
• c. del Trabajo
• d. en lo penal, Contravencional y de Faltas
• e. en lo Contencioso administrativo y Tributario
• f. Penal Juvenil,
• g. de Ejecución y Seguimiento de Sentencia.
• h. En las Relaciones de Consumo
• 6. Los Tribunales
• a. de Vecindad
• b. Electoral
• c. de Menores
• 7. Los Tribunales de Jurados

Art. 8 - Competencia
Los Tribunales, Jueces y Juezas son competentes en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires según los límites que declara el Artículo 8° de la Constitución de la Ciudad, y en las materias que les atribuyen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y la presente ley.

Art. 9º - Nombramiento de magistrados/as y funcionarios/as
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia son designados/as por el Jefe de Gobierno, con el acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. Los demás jueces y juezas son designados/as por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura, a propuesta del Consejo de la Magistratura, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 118 de la Constitución de la Ciudad.
En ambos casos, las sesiones de la Legislatura son públicas.
Finalizado el procedimiento previsto en el Capítulo VI de la Ley 6, la Legislatura puede:

• a. Aprobar la candidatura.
  
• b. Rechazar el pliego, sin expresión de causa, por una sola vez por cada vacante a cubrir.
• c. Rechazar el pliego con expresión de causa.

La Legislatura puede rechazar con expresión de causa a los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura, las veces que lo considere pertinente de manera fundada. Todo rechazo con expresión de causa, debe fundarse en las impugnaciones presentadas durante el procedimiento previsto en el Capítulo VI de la Ley 6 o en hechos sobrevinientes hasta el momento del tratamiento del pliego en el pleno.
En los casos b) y c) la Legislatura solicita al Consejo de la Magistratura que eleve el pliego del siguiente candidato/a en orden de mérito.
La Legislatura debe pronunciarse dentro de los sesenta días hábiles, excluido el receso legislativo, contados desde la fecha de recepción del pliego. Si vencido dicho plazo no se hubiere pronunciado, se considera aprobada la propuesta.

Art. 10 - Requisitos para el nombramiento
Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia se requiere ser argentino/a, tener treinta (30) años de edad, como mínimo, ser abogado/a con ocho (8) años de graduado/a, tener especial versación jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a cinco (5) años.
Para ser juez o jueza de cámara y del tribunal oral se requiere ser argentino/a, tener treinta (30) años de edad como mínimo, ser abogado/a con seis (6) años de graduado/a y tener especial versación jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a tres (3) años.
Para ser juez o jueza de primera instancia se requiere ser argentino/a, tener veinticinco (25) años de edad como mínimo, ser abogado/a con cuatro (4) años de graduado/a y tener especial versación jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a tres (3) años.
La residencia prevista en este artículo comprende indistintamente el lugar de la sede familiar o del asiento principal de su actividad profesional o académica.

Art. 11 - Inamovilidad. Remoción
Los jueces y juezas son inamovibles y conservan sus empleos mientras dure su buena conducta. Los jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia sólo son removidos/as por juicio político.
Los demás jueces y juezas son removidos/as por un Jurado de Enjuiciamiento, integrado de acuerdo a lo que dispone el artículo 121 de la Constitución de la Ciudad.

Art. 12 - Juramento y compromiso
Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los jueces y juezas, y los funcionarios/as judiciales, antes de asumir el cargo, prestan juramento o manifiestan compromiso de desempeñar sus funciones de acuerdo a lo que prescriben la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales.

Art. 13 - Remuneraciones de los magistrados y funcionarios
Los magistrados y funcionarios son retribuidos por una remuneración básica fijada por el Consejo de la Magistratura, percibiendo mensualmente los siguientes adicionales:

• a) veinticinco (25) por ciento sobre el sueldo básico por bloqueo de título de Abogado;
• b) dos (2) por ciento sobre el sueldo básico por año de antigüedad en el Poder Judicial o en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o en el título, lo que resulte mayor; y
• c) el diez (10) por ciento sobre el sueldo básico cada tres años cumplidos en la misma categoría o cargo. En ningún caso este adicional puede superar el treinta (30) por ciento del sueldo básico que corresponde a la categoría o cargo.

Art. 14 - Inhabilidades para el nombramiento
No pueden ser nombrados jueces o juezas quienes estén incursos en algunos de los supuestos del Artículo 4° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de normas análogas de la Constitución Nacional o de las constituciones provinciales, o quienes hayan participado en actos violatorios de los derechos humanos.

Art. 15 - Incompatibilidades
Es incompatible la magistratura con la actividad política partidaria, el ejercicio del comercio, la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge o conviviente, de los padres y de los hijos/as, y el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario.
Los magistrados/as y funcionarios/as judiciales pueden ejercer, exclusivamente, la docencia.

Art. 16 - Incompatibilidad por parentesco
No pueden ser simultáneamente jueces o juezas del mismo tribunal los cónyuges y los parientes o afines dentro del cuarto grado de parentesco. No puede designarse secretario/a o prosecretario/a letrado/a al cónyuge o a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La incompatibilidad sobreviniente la resuelve el Consejo de la Magistratura.

Art. 17 - Residencia
Los jueces y juezas y demás funcionarios/as judiciales deben residir en la ciudad de Buenos Aires o en un radio hasta de setenta (70) kilómetros de la misma.
Para residir a mayor distancia, debe solicitarse autorización del Consejo de la Magistratura.

Art. 18 - Requisitos para ser secretario/a o prosecretario/a letrado
Para ser secretario/a o prosecretario/a letrado/a del Poder Judicial de la Ciudad, se requiere ser mayor de edad y abogado/a.

Art. 19 - Nombramiento y remoción de funcionarios/as y empleados/as
El nombramiento y remoción de los funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad se hace por la autoridad judicial, en la forma que establezcan los reglamentos del Consejo de la Magistratura, con arreglo al inciso 5º del Artículo 116 de la Constitución de la Ciudad. Los funcionarios/as y empleados/as judiciales no pueden ser removidos/as sino por causa de delito doloso contra la administración, ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado. El reglamento establece lo referente a la decisión de cualquier otra cuestión vinculada con dicho personal.

Art. 20 - Derechos y deberes de los funcionarios/as y empleados/as
Los funcionarios/as y empleados/as judiciales tienen los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan.
El Consejo de la Magistratura debe acordar un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia debidamente calificados.

Art. 21 - Deber de colaboración
Las autoridades dependientes de los otros poderes de la Ciudad deben prestar el auxilio que les requieran los jueces y juezas, para el cumplimiento de sus resoluciones.

 

TÍTULO SEGUNDO

Art. 22 - Composición del Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia está integrado por cinco (5) jueces y juezas que en ningún caso pueden ser todos del mismo sexo.

Art. 23 - Reglamento del Tribunal Superior de Justicia y designación de su presidente o presidenta
El Tribunal Superior de Justicia dicta su reglamento conforme al artículo 114 de la Constitución de la Ciudad. Su presidente y vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos de los jueces del Tribunal y durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones.

Art. 24 - Atribuciones del presidente/a del Superior Tribunal
Son atribuciones del presidente o presidenta del Superior Tribunal:

• 1. Representar al Superior Tribunal en los actos protocolares, ante los otros poderes públicos y, en general, en todas su relaciones con funcionarios/as, entidades o personas;
• 2. firmar las comunicaciones dirigidas a otros poderes, las providencias referentes a embargos o disposición o manejos de fondos, los mandamientos, los cheques judiciales y las demás que estime conveniente salvo delegación de las mismas; y todo otro documento que en el reglamento se establezca;
• 3. proveer con su sola firma, si lo estima pertinente o cuando su naturaleza lo requiera, el despacho de trámite;
• 4. presidir las audiencias y dirigir los acuerdos.

Art. 25 - Sustitución de los jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia
En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los jueces o juezas del Tribunal Superior de Justicia, éste se integra, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes/as de las cámaras de apelaciones.
Si el tribunal no pudiere integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se practica un sorteo entre una lista de conjueces y conjuezas, hasta completar el número legal para fallar.
Los conjueces y conjuezas del Tribunal Superior de Justicia, en un número de diez (10), son designados/as con iguales requisitos y procedimiento que los previstos para ser juez o jueza del Tribunal Superior de Justicia.
La convocatoria a los conjueces y conjuezas es al solo efecto de dictar sentencia y la designación tiene una duración de tres (3) años la que se puede extender hasta tanto se dicte sentencia en las causas en las que hubiere sido sorteado.

Art. 26 - Sentencias del Tribunal Superior de Justicia
Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se adoptan por el voto de por lo menos tres (3) de los jueces y juezas que lo integran, siempre que éstos/as concordaren en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo, se requieren los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de opiniones.
El Tribunal Superior de Justicia actúa en pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria.

Art. 27 - Competencia del Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia conoce:

• 1. Originaria y exclusivamente en los conflictos entre los poderes de la Ciudad y en las demandas que promueva la Auditoría General de acuerdo a lo que autoriza la Constitución de la Ciudad;
• 2. Originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a la de la Ciudad.
  La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma, salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y juezas y por el Tribunal Superior;
• 3. Originariamente en materia electoral y de partidos políticos, hasta que se constituya el Tribunal Electoral.
• 4. Por vía de recurso de inconstitucionalidad, en todos los casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en la de la Ciudad;
• 5. En los casos de privación, denegación o retardo injustificado de justicia y en los recursos de queja por denegación de recursos para ante el Tribunal Superior;
• 6. En instancia ordinaria de apelación, en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el valor disputado en último término, por cualquier concepto, sea superior a la suma de un millón quinientas mil (1.500.000) unidades fijas.
• 7. De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y juezas y tribunales de la Ciudad que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlo.

Art. 28 - Integración de las Cámaras de Apelaciones
Las Cámaras de Apelaciones se dividen en salas. Designan su presidente o presidenta y uno o más vicepresidentes o vicepresidentas, que distribuyen sus funciones en la forma que lo determinen las reglamentaciones que se dicten.

Art. 29 - Sentencias de las Cámaras de Apelaciones
Las decisiones de las Cámaras de Apelaciones o de sus salas se adoptan por el voto de la mayoría absoluta de los jueces y juezas que las integran, siempre que éstos/as concordaren en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo se requieren los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones si se tratare de sentencias definitivas en procesos ordinarios, se dictan por deliberación y voto de los jueces y juezas que las suscriben, previo sorteo de estudio. En las demás causas, las sentencias pueden ser redactadas en forma impersonal.

Art. 30 - Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil
La Cámara de Apelaciones en lo Civil está integrada por treinta y nueve (39) jueces y juezas y funciona dividida en trece (13) salas, de tres (3) jueces y juezas cada una. Es tribunal de alzada con respecto a los jueces y juezas de primera instancia en lo civil.

Art. 31 - Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial está integrada por quince (15) jueces y juezas y funciona dividida en cinco (5) salas, de tres (3) jueces y juezas cada una. Es tribunal de alzada con respecto a los jueces y juezas de primera instancia en lo comercial.

Art. 32 - Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo
La Cámara de Apelaciones del Trabajo está integrada por veinticuatro (24) jueces y juezas y funciona dividida en ocho (8) salas, de tres (3) jueces y juezas cada una. Es tribunal de alzada con respecto a los jueces y juezas de primera instancia del trabajo.

Art. 33 - Composición y competencia de los tribunales orales de menores
Los Tribunales Orales de Menores están integrados por nueve (9) jueces y juezas y funcionan divididos en tres (3) tribunales de tres (3) jueces y juezas cada uno.
Conocen en única instancia de los delitos cometidos por personas menores de edad que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiere excedido dicha edad al tiempo del juzgamiento y que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años.

Art. 34 - Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas
La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas está integrada por doce (12) jueces y juezas, y funciona dividida en cuatro (4) salas de tres (3) jueces y juezas cada una, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo penal, en lo penal juvenil, Contravencional y de faltas.

Art. 35 - Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo está integrada por doce (12) jueces y juezas, y funciona dividida en cuatro (4) salas de tres (3) jueces y juezas cada una, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo contencioso, administrativo y tributario y de las relaciones de consumo. Tendrá competencia en los recursos directos previstos en la Ley.

Art. 36 - Sustitución de los jueces y juezas de las Cámaras de Apelaciones
Las Cámaras de Apelaciones del Fuero Civil, del Fuero Comercial, del Fuero del Trabajo, del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y en lo Penal Juvenil, se integran, por sorteo, entre los demás jueces y juezas de ellas; luego, del mismo modo, con los jueces y juezas de la otra Cámara en el orden precedentemente establecido y por último también por sorteo, con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la Cámara que deba integrarse.
La Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, se integra en primer término con el presidente y luego en el orden establecido precedentemente.

Art. 37 - Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil
La justicia de primera instancia en lo civil está integrada por ciento diez (110) juzgados, que entienden en los asuntos regidos por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces y juezas de otro fuero. Conocen, además, en las siguientes causas:

• 1. En las que se reclame indemnización por daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal; y
• 2. En las relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes a la responsabilidad civil de aquéllos/as. A los efectos de esta ley, sólo se consideran profesionales las actividades reglamentadas por el Gobierno de la Ciudad.

Art. 38 - Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Comercial
La justicia de primera instancia en lo comercial está integrada por veintiséis (26) juzgados que entienden en todas las cuestiones regidas por las leyes comerciales cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces y juezas de otro fuero.
Conocen, además, en los siguientes asuntos:

• 1. Concursos
• 2. Acciones civiles y comerciales emergentes de la aplicación del Decreto Nacional Nº 15.348/46, ratificado por la Ley Nacional Nº 12.962 (to);
• 3. Juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios, y los contratos de locación atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos, cuando el locador/a sea un comerciante matriculado/a o una sociedad mercantil. Cuando en estos juicios también se demandare a una persona por razón de su responsabilidad profesional, el conocimiento de la causa corresponde a los jueces y juezas de primera instancia en lo civil.

Art. 39 - Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo
La justicia de primera instancia del trabajo está integrada por ochenta (80) juzgados que entienden en todas las cuestiones regidas por las leyes laborales cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces y juezas de otro fuero.

Art. 40 - Composición y competencia de los Juzgados de Penales Juveniles
La justicia de menores está integrada por siete (7) juzgados que entienden:

• 1. En la investigación de los delitos de acción pública cometidos por personas menores de edad que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho;
• 2. En el juzgamiento en única instancia en los delitos cometidos por personas menores de edad que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho y que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad que no exceda de tres (3) años.

Art. 41 - Composición y competencia de los Juzgados de Ejecución Penal
La justicia de ejecución penal está integrada por tres (3) juzgados que tienen competencia para:

• 1. Controlar que se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República Argentina en el trato otorgado a los condenados/as, presos/as o personas sometidas a medidas de seguridad;
• 2. Controlar el cumplimiento por parte del imputado/a de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba;
• 3. Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena;
• 4. Resolver todos los incidentes que se susciten en dicho período; y
• 5. Colaborar en la reinserción social de los liberados/as condicionalmente.

Art. 42 - Composición y competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de las Relaciones de Consumo
La justicia en lo contencioso, administrativo y tributario y de Relaciones de Consumo está integrada por veintisiete (27) juzgados. Veinticuatro (24) de ellos entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Los tres (3) restantes entienden en forma exclusiva en todas las causas que versen sobre conflictos en las relaciones de consumo, regidas por las normas nacionales de defensa del consumidor y de lealtad comercial, sus modificatorias y complementarias, los artículos 1092 y 1096 del Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo y toda otra normativa general o especial, nacional o local, que se aplique a las relaciones de consumo.

Nota de redacción: en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley Nº 6.485 hasta tanto se conformen los juzgados previstos en el artículo 42, hasta seis (6) de los veinticuatro (24) juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario imparten justicia en materia de relaciones de consumo. El Plenario del Consejo de la Magistratura determina qué juzgados asumirán esa competencia.
Asimismo, por la disposición transitoria segunda de dicha ley, Ley Nº 6.485, los tres (3) juzgados de primera instancia de las Relaciones de Consumo se conformarán con los/as funcionarios/as y los/as empleados/as que revistan actualmente en la Secretaría N° 1, N° 2 y N° 3 de la Oficina de Gestión Judicial de Relaciones de Consumo. En caso de requerirse personal se integrará con quienes presten funciones en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de su publicación (13/01/2022).

Art. 43 - Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
La justicia de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas está integrada por treinta y uno (31) juzgados, divididos en cuatro (4) zonas judiciales, que conocen en la aplicación del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la legislación de faltas y los delitos tipificados en el Código Penal cuyas competencias se hayan transferido a la Ciudad de Buenos Aires.
Tres (3) de los treinta y uno (31) Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas impartirán justicia en materia penal juvenil hasta tanto se constituya la Justicia en lo Penal Juvenil.
La división en zonas del párrafo anterior no será aplicable a la Justicia Penal Juvenil.
Para los delitos criminales cuya pena en abstracto supere los tres (3) años de prisión o reclusión, se constituirá a opción del imputado, un tribunal conformado por el juez de la causa y dos (2) jueces sorteados, de entre los juzgados restantes.

Art. 44 - Oficina de mandamientos y notificaciones
El Consejo de la Magistratura ejerce superintendencia sobre la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento.
La Oficina de Mandamientos y Notificaciones tiene a su cargo la diligencia de los mandamientos y notificaciones que expidan las cámaras de apelaciones y juzgados del Poder Judicial de la Ciudad.

Art. 45 - Cuerpos técnicos auxiliares
Como auxiliares del Poder Judicial de la Ciudad, designados/as por el Consejo de la Magistratura y bajo su superintendencia funcionan cuerpos técnicos periciales y peritos, que actúan siempre a requerimiento de los jueces o juezas o del Ministerio Público, según su caso.
El Consejo de la Magistratura debe dictar el Reglamento pertinente en lo referente a las especialidades.

Art. 45 bis - Observatorio de la Discapacidad
El Observatorio de la Discapacidad funciona dentro del Consejo de la Magistratura como auxiliar del Poder Judicial de la Ciudad, y actúa a requerimiento de los/as Jueces/as, en las causas donde se encuentren involucrados derechos de personas con discapacidad, brindando asistencia a los juzgados en relación a los ajustes de procedimientos que resulten necesarios; como así también a través de la confección de recomendaciones e informes interdisciplinarios; y elaborando dictámenes con perspectiva en discapacidad.
El Consejo de la Magistratura establecerá las demás funciones administrativas a cargo del Observatorio, y las normas que hacen a su organización y funcionamiento.
(Incorporado por art. 1° de la Ley Nº 6.555, BOCABA Nº 6.448 del 26/08/2022)

Art. 45 ter - Centro de Justicia de la Mujer
El Centro de Justicia de la Mujer funciona dentro del Consejo de la Magistratura como auxiliar del Poder Judicial de la Ciudad, y actúa a requerimiento de los/as Jueces/zas o del Ministerio Público, según su caso, en las causas en donde se advierta o sospeche que hubo hechos de violencia de género y causas en donde se encuentren involucradas mujeres o personas LGTBI+ víctimas de violencia de género, promoviendo su acceso a la justicia: confecciona informes interdisciplinarios; efectúa constataciones de lesiones; brinda asistencia y/o asesoramiento en materia de igualdad de género y acceso a la justicia; realiza derivaciones a los servicios de patrocinio jurídico gratuito.
El Consejo de la Magistratura establece las demás funciones administrativas a cargo del Centro de Justicia de la Mujer, y las normas que hacen a su organización y funcionamiento.
(Incorporado por art. 1° de la Ley Nº 6.682, BOCABA Nº 6.751 del 17/11/2023)

Art. 46 - Depósitos judiciales
Los depósitos judiciales, inversiones, custodia de títulos y valores, y toda otra operación que requiere intervención bancaria, se hace exclusivamente con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 47 - Adhesión
Adhiérese al Convenio celebrado con fecha nueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el Señor Ministro de Justicia, y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, sobre comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, cuyo texto debe considerarse parte de la presente ley.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires debe efectuar el depósito de una copia de la presente ley en el Ministerio de Justicia de la Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 22.172, a fin de que haga saber la adhesión a las demás provincias en las que rija el convenio. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires determina la cuenta a la que ingresen los fondos provenientes de las multas previstas en el artículo 11 del Convenio con destino a la infraestructura del Poder Judicial.

 

TÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
DESIGNACIÓN DE JUECES Y JUEZAS Y MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO
EN LA LEGISLATURA

 

Art. 48 - Designación de miembros del Ministerio Público en la Legislatura
Para la designación de jueces, juezas o miembros del Ministerio Público, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control debe convocar conjuntamente con la comisión competente y celebrar una audiencia pública para el tratamiento del pliego remitido por el Consejo de la Magistratura. Quienes deseen presentar impugnaciones a los candidatos o candidatas propuestos deben hacerlo conforme a lo previsto en la Ley de Audiencias Públicas.

Art. 49 - Participantes
Son participantes al momento de celebrarse la audiencia los diputados y diputadas y los candidatos o candidatas propuestos al solo efecto del tratamiento del pliego remitido por el Consejo de la Magistratura. La Junta y comisiones convocantes pueden invitar para dar testimonio, en caso de considerarlo pertinente, a aquellos ciudadanos o ciudadanas que hubiesen presentado impugnaciones no desestimadas.

Art. 49 bis - Tribunales de Jurados
El Tribunal de Jurados ejercerá su jurisdicción en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la competencia, integración y los alcances que les atribuye la Ley de Juicio por Jurados y sus modificatorias. (Incorporado por art. 72 de la Ley Nº 6.451, BOCABA Nº 6.246 del 29/10/2021)

Nota de redacción: Según el artículo 69 de la Ley N° 6451 “Las disposiciones de la presente Ley entran en vigencia dentro de los seis (6) meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...)”

Art. 50 - Audiencia
La audiencia se inicia con la lectura de los antecedentes de los candidatos o candidatas y la nómina de impugnaciones presentadas, pudiendo los diputados y diputadas formular preguntas a los candidatos o candidatas, quienes deberán responder en tal oportunidad.

 

TÍTULO CUARTO
SISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JUDICIAL

 

Art. 51 - Sistema de formación y capacitación judicial
El Tribunal Superior de Justicia dirige el Sistema de Formación y Capacitación Judicial y coordina las actividades con las universidades a fin de atender a la formación y el perfeccionamiento de los magistrados, funcionarios, empleados y aspirantes a la Magistratura, sin perjuicio de las competencias propias y concurrentes de formación y capacitación que corresponden a los órganos judiciales.

Art. 52 - Misión
El Sistema de Formación y Capacitación Judicial se dirige a:

• a) Promover y dar apoyo a una adecuada preparación y formación de los/as aspirantes para el ejercicio de las tareas judiciales;
• b) Impulsar la actualización y perfeccionamiento permanente de los integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público en ejercicio;
• c) Desarrollar tareas complementarias de estudio, investigación, difusión y de apoyo a la función judicial.

Art. 53 - Centro de formación judicial
El Sistema de Formación y Capacitación Judicial se apoya en el Centro de Formación Judicial y en la actividad concertada con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones universitarias públicas o privadas. El Centro de Formación Judicial es un órgano del Tribunal Superior de Justicia con autonomía académica, institucional y presupuestaria que tiene como finalidad la preparación y formación permanente para la excelencia en el ejercicio de las diversas funciones judiciales, teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 58 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 54 - Órganos de gobierno del Centro de Formación Judicial
Los órganos de gobierno del Centro son el Consejo Académico y la Secretaría Ejecutiva. La administración está a cargo del Secretario Ejecutivo designado por el Tribunal Superior de Justicia.

Art. 55 - Consejo Académico
El Consejo Académico está integrado por un (1) miembro del Tribunal Superior de Justicia; tres (3) magistrados elegidos por sus pares, los que no podrán ser del mismo fuero y al menos uno (1) de ellos debe ser juez/a por la lista que obtenga la mayoría de los votos, corresponden dos (2 ) magistrados por la lista que haya obtenido mayor cantidad de votos y uno (1) por la que le siga en cantidad de sufragios, siempre que supere el 20 por ciento de los votos válidos; uno/a (1) representante de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; uno/a (1) representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegido del estamento de los abogados; los tres (3) titulares del Ministerio Público; y tres (3) profesores/as titulares y/o adjuntos designados por concurso, en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, designados por su Consejo Directivo. El miembro del Tribunal Superior es su presidente/a permanente y, al igual que los representantes de los magistrados y del Ministerio Público, no son relevados de su función judicial. Las funciones del Consejo Académico son cumplidas ad honorem a excepción de los representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el representante de la Legislatura, siempre que no perciban remuneración estatal alguna. Esta remuneración es equivalente a Secretario Judicial y es compatible con el ejercicio de la docencia, con o sin dedicación exclusiva. La representación de la Legislatura, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires en el Consejo Académico podrá ser revocada en cualquier momento por sus respectivos electores. Los representantes de los magistrados durarán cuatro (4) años en su cargo. En caso de empate, el Presidente será quien tenga doble voto.

Art. 56 - Atribuciones del Consejo Académico
Son atribuciones del Consejo Académico, sin perjuicio de las que correspondan a otros organismos judiciales:

• a) Aprobar la Planificación de los cursos y programas de Centro de Formación Judicial;
• b) Aprobar la suscripción de convenios con universidades y organizaciones no gubernamentales, dentro de sus competencias
• c) Aprobar la realización de jornadas, conferencias o congresos que proponga la Secretaría Ejecutiva;

Art. 57 - Funciones
Son objetivos del Centro de Formación Judicial:

• a) Desarrollar e implementar cursos de orientación para postulantes que deseen ingresar al Poder Judicial;
• b) Desarrollar actividades de capacitación y formación destinados a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial;
• c) Realizar convenios de colaboración y asistencia con las instituciones universitarias y organizaciones no gubernamentales para el mejor cumplimiento de sus objetivos;
• d) Reglamentar e implementar un sistema de incentivos y apoyos económicos para estudios de posgrado para magistrados, funcionarios y empleados, que redunde en el mejoramiento de sus funciones específicas;
• e) Realizar trabajos de investigación continua que faciliten y contribuyan a la preparación y desarrollo de programas de formación y perfeccionamiento del servicio de justicia;
• f) Lograr un intercambio fluido con otros institutos, centros y escuelas judiciales;
• g) Promover un eje comunicacional permanente entre los diversos estamentos que participan en los espacios de capacitación, perfeccionamiento y actualización;
• h) Desarrollar la formación de los agentes sustentada en la utilización de nuevas tecnologías de comunicación y gestión en el ámbito judicial;
• i) Incorporar a los programas que se implementen el conocimiento de las técnicas de administración eficiente;
• j) Organizar cursos, talleres, seminarios o jornadas de capacitación jurídica destinados a profesionales de abogacía y a auxiliares de la justicia;
• k) Organizar e implementar publicaciones relacionadas con sus competencias;
• l) Capacitar en la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para optimizar la gestión judicial;
• m) Incorporar el conocimiento de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en relación a los conflictos jurídicos que estas puedan ocasionar.

Art. 58 - Perfeccionamiento Judicial
Los jueces, juezas y secretarios/as de primera y segunda instancia, y los integrantes del Ministerio Público de la Ciudad, tienen la responsabilidad de realizar periódicamente los cursos de perfeccionamiento organizados por el Centro o por las instituciones universitarias comprendidas dentro del Sistema de Formación y Capacitación Judicial.

Art. 59 - Objetivos
Los cursos y seminarios están dirigidos a:

• a) Mejorar las destrezas y técnicas relativas a la gestión judicial, considerando la organización y eficiencia del funcionamiento del tribunal, y la conducción del procedimiento, en orden a optimizar la celeridad, inmediación y oralidad del mismo; la incentivación de una reforma cultural en servicio de justicia que apunte a una gestión de calidad, teniendo en cuenta las expectativas de los distintos operadores del derecho y la sociedad;
• b) Desarrollar el sentido de la responsabilidad, afirmar la independencia de magistrados/as y funcionarios/as, y profundizar el sentido de justicia como servicio a la comunidad;
• c) Desarrollar conocimientos y competencias contextualizadas integradas a un ejercicio profesional en los diversos estamentos de Poder Judicial;
• d) Impartir y actualizar conocimientos jurídicos sustanciales y procesales.
• e) Todo ello debe efectuarse a través de una metodología participativa, incentivando el trabajo en grupo y el análisis crítico de las experiencias de magistrados y funcionarios.

Art. 60 - Validez de los títulos
Los títulos o certificaciones obtenidas con la aprobación de los programas tienen valor curricular, y es un elemento de juicio para el Consejo de la Magistratura al momento de merituar los antecedentes en los concursos públicos y valorarse al momento de efectuar el nombramiento o ascenso del personal del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura podrá solicitar al Centro los instrumentos de capacitación necesarios para la carrera administrativa de sus empleados y funcionarios.

TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

 

Primera: Vigencia de normas
Los artículos 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40 y 41 quedan suspendidos en su vigencia. El funcionamiento de estos tribunales queda sujeto al acuerdo que el Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno Federal con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se debe prever la transferencia proporcional de las partidas presupuestarias pertinentes para atender las causas, que, en trámite ante el Poder Judicial de la Nación, se remitan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que estén transferidos la totalidad de los fueros mencionados en el artículo 39, la integración de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, en lo Contravencional y de Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en caso de ser necesaria la sustitución de alguno de sus integrantes se realizará entre las mismas.

Segunda: Cuerpos Técnicos Auxiliares
Lo dispuesto en el Artículo 45 tendrá efectiva aplicación en forma gradual, teniendo en cuenta las necesidades del Poder Judicial hasta tanto se produzca el total traslado de la justicia ordinaria de la Capital Federal a la Ciudad de Buenos Aires. A esos efectos se constituirán los Cuerpos Técnicos de Peritos Auxiliares y el Cuerpo Médico Forense, integrando a sus miembros de manera progresiva.

Tercera: Personal y partidas presupuestarias Centro de Formación Judicial
El personal que actualmente presta servicios en el Centro de Formación Judicial y las partidas presupuestarias asignadas al mismo, deben ser transferidas al Tribunal Superior de Justicia por el Consejo de la Magistratura durante el presente ejercicio. Los agentes conservarán la antigüedad que actualmente registran y pasarán a formar parte de la nómina de personal del Tribunal Superior de Justicia en las categorías escalafonarias equivalentes, con derecho a la percepción de las retribuciones y adicionales de que actualmente gozan.

Cuarta: Composición actual del Consejo Académico
El Consejo Académico funcionará con la composición actual y se irá adecuando a los números de integrantes dispuestos por el artículo 55 de la Ley presente, a medida que se vayan produciendo las designaciones en los diversos estamentos u organismos, en los tiempos que cada uno de ellos determine.

Ley N° 7