Pese a las críticas que puede merecer la técnica legislativa empleada, se impone primero afirmar la tipicidad de la conducta en el marco del primer párrafo del artículo 83 del Código Contravencional y sólo luego, en segundo término, negar la tipicidad mediante la constatación de la concurrencia de los requisitos del párrafo tercero de idéntica norma, a la manera en que operaría la teoría de los elementos negativos del tipo propuesta por los partidarios de la antijuridicidad material.

En el caso, corresponde confirmar la resolución recurrida en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal.
En efecto, no es válido comparar la letra del artículo 294 del Código de Procedimientos de la Nación ignorando lo previsto en el artículo 162 del Código Procesal local ya que las diferentes técnicas legislativas no inciden en la naturaleza del acto. (Del voto en disidencia del Dr. Vazquez)

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar al planteo de prescripción.
En efecto, el plazo de la prescripción se interrumpe por las causales taxativamente enumeradas en el artículo 67 del Código Penal.
Se discute qué acto del proceso local debe considerarse “auto de citación a juicio o acto procesal equivalente” en los términos del inciso d) del mismo artículo.
La convocatoria al imputado para indagarlo respecto del suceso investigado se halla en la instrucción, mientras que el requerimiento acusatorio viene a clausurar dicha etapa para pasar al nivel intermedio.
La instancia intermedia ha sido confiada al Magistrado de la investigación y no al del debate. De esa forma se delimita la primer fase de la oral, de la que se encarga otro juez, y así se garantiza el mandato de imparcialidad de los jueces.
Los actos de interrupción previstos en el Código Penal, como tales aplicables tanto al proceso penal local como al nacional, han sido instaurados en función de ambas fases del proceso y conforme la naturaleza de impulso de los actos que los integran.
Ello así. más allá de la técnica legislativa empleada en el artículo 209 del Código Procesal Penal, el trámite de dar traslado a las partes, que se halla ligado en modo ínsito al requerimiento de juicio y que en el tiempo le sucede en forma inmediata, no puede ser considerado como una causa de interrupción de la prescripción.

La Ley Nº1528, sancionada el 25 de noviembre de 2004 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la incorporación al sueldo básico de los conceptos percibidos por los docentes como adicionales no remunerativos, eliminándose así su naturaleza “no remunerativa”.
Estableció que dicha incorporación se llevaría a cabo durante el ejercicio 2005 y que los gastos derivados se afrontarían con la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2005 (artículos 1° y 2°).
En atención a la técnica legislativa utilizada, resulta claro que la norma tuvo una vigencia temporal limitada al año 2005, en el transcurso del que debía producirse la incorporación contemplada.
Es decir, más de una década antes de que se iniciara el período reclamado en autos. En tal sentido, cuando por medio de la Ley Nº5300 (BOCBA 4683 del 21/07/15 y su separata) se aprobó el Digesto Jurídico de la Ciudad consolidado al 28 de febrero de 2014, la Ley Nº1528 fue incluida en el Anexo IV referido al Listado de ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de necesidad y urgencia de alcance general y carácter permanente caducos por cumplimiento de objeto o condición y por fusión.