La libertad de culto comprende la libertad de profesar, divulgar y manifestar la propia religión.

El derecho de profesar las creencias religiosas supone, a su vez, el derecho de que otros respeten las creencias y, en particular, los sentimientos religiosos de los grupos mayoritarios y, en especial, de los sectores minoritarios en el marco de una sociedad pluralista y tolerante.

Si bien los autores coinciden en general en el sentido de que dentro del concepto de
intimidad se encuentran comprendidas, entre otras cosas, las creencias religiosas, ello se entiende, como bien señala Bidart Campos, como vinculado "con ciertos aspectos de la libertad religiosa que hacen al fuero íntimo del hombre. Fundamentalmente, se trata del contenido de la libertad religiosa conocido con el nombre de libertad de conciencia" (Bidart Campos, Germán J., "Manual de la
Constitución reformada", Ediar, Buenos Aires, 1998, t. I, p. 524).
Así las cosas, es claro que habría violación a la intimidad -sin perjuicio de que el hecho resultare además lesivo de otros derechos- si, v.g., se divulgaran arbitrariamente las creencias religiosas de una persona, o se le impidiera profesar libremente su culto, o pretendiera imponérsele una determinada convicción religiosa en contra de su voluntad. Pero nada de ello ocurre en el sub lite. La exposición organizada por el Gobierno de la Ciudad -a la que nadie se encuentra obligado a asistir- puede disgustar, irritar o incluso contrariar la sensibilidad o las creencias religiosas de quienes profesan la fe católica, pero en modo alguno les impide llevar adelante su plan vital con arreglo a los dictados de ese culto. Por el contrario, la circunstancia de que parte de la comunidad católica se haya manifestado pública y libremente en contra del contenido de la exposición, lo que incluyó actos de oración y expresiones religiosas varias frente al lugar en el que ella se desarrolla es la mejor prueba de que la libertad de conciencia no se ha visto afectada ni restringida por la muestra en cuestión.
Por consiguiente y sin perjuicio de lo que se agrega a continuación, no hallándose comprometido prima facie el ámbito de intimidad de las personas, resulta erróneo deducir la existencia de una violación a ese derecho de la sola circunstancia de que la muestra pueda molestar los sentimientos religiosos de parte de la comunidad, por lo que no hay violación del derecho a la intimidad, de conformidad a la legislación civil.

El sistema constitucional protege, como bien jurídico básico, la autonomía personal, y ésta incluye la posibilidad de escoger libremente las creencias sin coacción por parte de terceros (libertad de conciencia) y, luego, la posibilidad de plasmar en la realidad de la vida aquellas creencias. Es decir, la protección de la autonomía individual deriva en la postulación de las libertades de conciencia y, luego, de culto (ver, en general, Santiago Nino, "Ética y derechos humanos", Astrea, 1989).
Paralelamente, se encuentran las reglas referidas a la igualdad, en la medida que nadie puede ser objeto de discriminación como consecuencia de sus creencias (arts. 16, CN; 11, CCBA y concordantes de tratados internacionales).

En el caso, la exhibición de las obras artísticas se desarrolla en un lugar cerrado de modo tal que nadie está obligado a ver la muestra, sin embargo, aunque las medidas tendientes a poner en conocimiento de la población el contenido de la exposición artística y que limitaron el acceso a los menores, ellas no resultan suficientes. Es por ello, que corresponde que el Gobierno mantenga la restricción al ingreso de los menores y los carteles ya existentes, y que a ello añada un cartel visible en la puerta de acceso al centro de exposiciones en donde expresamente se alerte a los potenciales visitantes del contenido de la muestra y de la posible afectación que algunas obras pueden generar en sus sentimientos religiosos. Asimismo, la advertencia deberá estar impresa en toda publicación que se refiera a la muestra.

La solución que concilie los derechos en conflicto - respeto a las creencias religiosas y a la libertad de expresión-, importa la adopción de medidas positivas que informen a la población acerca del contenido de esa expresión.
En el caso, de la exposición de las obras artísticas que pueden afectar dichas creencias, el Gobierno adoptó medidas tendientes a poner en conocimiento de la población el contenido de la exposición y limitó el acceso a los menores. A ello debe sumarse la colocación de un cartel en la puerta de acceso al centro de exposiciones, por disposición judicial, que informa expresamente a los potenciales visitantes del contenido de la muestra y la posible afectación que algunas obras pueden generar en sus sentimientos religiosos.

Dado que la intimidad es el ámbito reservado de la vida, de las acciones y de los sentimientos, creencias y afecciones de un individuo o de una familia, y garantiza el desenvolvimiento de la vida dentro del ámbito privado sin intromisiones del Estado o de terceros, existiría injerencia sobre la intimidad si se divulgasen las creencias religiosas de una persona en contra de su voluntad.

La libertad de conciencia de las personas, en materia religiosa, implica la libertad de conservar o cambiar sus creencias y, a su vez, la prohibición del Estado o de terceros de menoscabar la libertad de conservar o cambiar su religión mediante medidas restrictivas y, en particular, la prohibición de requerir declaración alguna sobre sus creencias.

La libertad de culto comprende la libertad de profesar, divulgar y manifestar la propia religión.

El derecho de profesar las creencias religiosas supone, a su vez, el derecho de que otros respeten las creencias y, en particular, los sentimientos religiosos de los grupos mayoritarios y, en especial, de los sectores minoritarios en el marco de una sociedad pluralista y tolerante.

La solución al conflicto entre los derechos al respeto a las creencias religiosas y a la libertad de expresión, importa la adopción de medidas positivas que informen a la población acerca del contenido de esa expresión.
En el caso, de la exposición de las obras artísticas que pueden afectar dichas creencias, el Gobierno adoptó medidas tendientes a poner en conocimiento de la población el contenido de la exposición y limitó el acceso a los menores. A ello debe sumarse la colocación de un cartel en la puerta de acceso al centro de exposiciones, por disposición judicial, que informa expresamente a los potenciales visitantes del contenido de la muestra y la posible afectación que algunas obras pueden generar en sus sentimientos religiosos.

La libertad de conciencia o creencia consiste en el derecho de toda persona a no ser obligado a profesar determinada religión (fuero íntimo) mientras que la libertad de culto implica el derecho de practicar los actos y ceremonias por las que se manifiesta la religión (fuero externo). La diferencia radica en el hecho de que la segunda tiene un límite en el eventual perjuicio al Estado o a terceros. Si este perjuicio no existe el Estado no debe interferir, e incluso debe proteger el culto contra cualquier amenaza.

Es indudable que las creencias y obras de los otros pueden ser diferentes de las propias (eso es lo habitual), pero esa diversidad es la protegida en un Estado de Derecho al otorgar el derecho a escoger las creencias y desarrollar en consecuencia un plan de vida (art. 19, CN). Dicho derecho es relativo (cfr. art. 14, CN) y reglamentable (bajo el límite de la razonabilidad, cfr. art. 28, CN), pero dichas limitaciones surgen del propio orden jurídico de forma específica, no por remisión a juicios genéricos basados en el concepto de moral pública, el que se trata de un concepto jurídico indeterminado, que debe apreciarse con suma prudencia, pues no puede ser invocado para limitar indebidamente los planes de vida ajenos que nos molestan (planes de vida protegidos de acuerdo al art. 19, CN) o para limitar la actividad estatal que no compartimos. Tal como señala Joaquín V. González al comentar el art. 19, “El orden y la moral públicas están resguardados por leyes, reglamentos y ordenanzas que proceden de los respectivos poderes a los que el pueblo ha distribuido su soberanía” (“Manual de la Constitución Argentina”, Estrada, p. 111).

En el caso, algunas de las obras artísticas expuestas podrían considerarse lesivas de los sentimientos religiosos de la amparista y, en consecuencia, podría configurarse una ofensa a las creencias religiosas de un amplio sector de la sociedad.
Esta circunstancia –siempre con la provisionalidad propia de esta instancia- resultaría suficiente para tener por acreditada la verosimilitud del derecho.
En este sentido, debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la existencia de un derecho subjetivo al respeto de las creencias religiosas que puede verse afectado por “una ofensa de gravedad sustancial, es decir, no una mera opinión disidente con la sostenida por el afectado, sino una verdadera ofensa generada en una superficial afirmación, sin siquiera razonable apariencia de sustento argumental... [que] ...invade, como ya se dijo, los sentimientos más íntimos del afectado, convirtiéndose así –y tratándose de un sentimiento o creencia de sustancial valoración para el derecho- en un agravio al derecho subjetivo de sostener tales valores trascendentales frente a quienes sin razón alguna, los difaman hasta llegar al nivel del insulto soez, con grave perjuicio para la libertad religiosa” (CSJN, “Ekmedjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros”, 7/7/1992, LL, 1992-C, 543).
Por ello, el derecho invocado por la actora en sustento de su pretensión aparenta, prima facie, verosimilitud, a tenor de los argumentos expuestos precedentemente.

En el caso, es improcedente la declaración de inconstitucionalidad de las normas relativas al servicio de asistencia espiritual brindado por ministros religiosos a requerimiento del interesado en hospitales y hogares públicos, contempladas en la Ordenanza N° 3.8397/82.
En efecto, no se encuentra acreditado que mediante la regulación del servicio de asistencia espiritual a requerimiento del interesado contenida en el régimen cuestionado se restrinja la autonomía personal garantizada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ya que no tiende a imponer una religión o ideales de virtud o del bien personal, sino a resguardar los derechos de los pacientes y los residentes de los hogares y nosocomios de la Ciudad, especialmente el de recibir acompañamiento y asistencia espiritual en situaciones que suelen provocar abatimiento, en la interpretación del legislador acerca de cómo esos derechos deben ser amparados.
Cabe destacar que, de distintas previsiones de la ordenanza surge que los capellanes y las religiosas brindan acompañamiento y ayuda espiritual a requerimiento de la persona interesada (art. 5°, inc. g, y 27, inc. c), lo mismo ocurre respecto a la regulación de las funciones de administrar los sacramentos (art. 5°, inciso c) y a la de celebrar misa (art. 5°, inciso e), pues es inherente a esas actividades el consentimiento de los interesados.
Por otra parte, en la norma impugnada se contempla expresamente el acceso de los pacientes e internos a recibir asistencia espiritual de representantes de cultos distintos de la religión católica, en los casos en que ello sea solicitado (arts. 5°, inc. h y 27, inc. e).

En una sociedad democrática y pluralista la libertad positiva de las personas en materia religiosa alcanza el derecho a recibir asistencia espiritual de los ministros de su credo, sin que ello vulnere derecho alguno de quienes no comparten sus creencias.
De igual modo, quienes profesan una religión no podrían exigir del Estado un servicio de asistencia espiritual que avance o menoscabe la libertad de culto y el principio de autonomía personal establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, de la Ordenanza 38397/82, en lo relativo al mantenimiento de la moral a cargo de los capellanes y monjas, y también de los artículos 5°, inciso h, y 27, inciso e, de la misma ordenanza, en cuanto allí se establece la coordinación e intermediación de los religiosos católicos con respecto a los representantes de otros cultos.
En consecuencia ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adapte el servicio de asistencia espiritual brindado por capellanes y monjas en los hospitales y hogares.
En concreto, la demandada deberá adoptar las medidas tendientes a que los ministros de la Iglesia Católica –a requerimiento del interesado- brinden asistencia y acompañamiento espiritual en los establecimientos mencionados en idénticas condiciones que los representantes de otros credos, sin ejercer funciones de coordinación o intermediación, ni desempeñando funciones vinculadas con el mantenimiento de la moral.
En efecto, la coordinación e intermediación de los religiosos católicos con respecto a los representantes de otros cultos es incompatible con la garantía de la igualdad consagrada en los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución local.
El agravio fue analizado en atención a lo decidido en relación con la legitimación activa y la existencia de caso, sólo desde la perspectiva de los derechos y garantías de los eventuales pacientes e internos.
Cabe recordar que el quiebre de la igualdad, indispensable para sostener la existencia de discriminación, supone que algo se permite o prohíbe a un grupo mientras que la concesión o veda discutida no alcanza a otros sujetos, pese a que entre ambos no existen elementos de distinción válidos. En esa línea, es pacífica la jurisprudencia en cuanto sostiene que la garantía de igualdad no impide contemplar en forma distinta situaciones diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas (Fallos 295:593; 300:1291; 301:276; 302:705; 306:1844 y 307:493 entre muchos otros).
En el "sub examine", no surgen razones valederas para justificar la distinción efectuada a favor de un culto en particular al otorgársele la función de coordinación e intermediación en la participación de otros representantes religiosos.

En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, de la Ordenanza 38397/82, en lo relativo al mantenimiento de la moral a cargo de los capellanes y monjas, y también de los artículos 5°, inciso h, y 27, inciso e, de la misma ordenanza, en cuanto allí se establece la coordinación e intermediación de los religiosos católicos con respecto a los representantes de otros cultos.
En consecuencia corresponde ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adapte el servicio de asistencia espiritual brindado por capellanes y monjas en los hospitales y hogares.
En concreto, la demandada deberá adoptar las medidas tendientes a que los ministros de la Iglesia Católica –a requerimiento del interesado- brinden asistencia y acompañamiento espiritual en los establecimientos mencionados en idénticas condiciones que los representantes de otros credos, sin ejercer funciones de coordinación o intermediación, ni desempeñando funciones vinculadas con el mantenimiento de la moral.
En efecto, la norma relativa al deber de los religiosos que se desempeñen en los hospitales y hogares públicos de mantener la moral en esos establecimientos resulta inconstitucional, pues conculca la garantía de igualdad, la libertad de conciencia y de cultos y la autonomía personal garantizada en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Cabe destacar que la mencionada norma referida al mantenimiento de la moral en el establecimiento no deja a quienes no profesan el culto católico posibilidades exigibles, no discriminatorias, de un ejercicio divergente, ya que la regulación no admite sustraerse de su aplicación.
No puede soslayarse que de conformidad con el principio constitucional de libertad religiosa y de conciencia, nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia ni impedido de comportarse según ella, tanto en lo privado como en público. En consecuencia, es condenable toda intromisión estatal que restrinja ilegítimamente esa facultad (ver CSJN “Bahamondez”, 06/04/93, voto de los ministros Cavagna Martínez y Boggiano).

En el caso, es improcedente la declaración de inconstitucionalidad de las normas relativas al servicio de asistencia espiritual brindado por ministros religiosos a requerimiento del interesado en hospitales y hogares públicos, contempladas en la Ordenanza N° 3.8397/82.
En efecto, no se ha logrado acreditar que, en lo que atañe a la prestación de acompañamiento espiritual y a la administración de los sacramentos por parte de ministros de los distintos credos, la alegada violación a la libertad de conciencia y de culto provenga del texto de la regulación analizada. Antes bien, el desarrollo argumental expuesto a lo largo del pleito encuadraría en las otras variantes de inconstitucionalidad, en particular la invalidez que, según la actora, habría derivado, en algún caso, de una incorrecta aplicación del régimen cuestionado, en la que la intervención del capellán se habría realizado, según el relato de la demanda, sin la solicitud del interesado.
Ello así, no es posible formular un juicio de constitucionalidad adverso en ausencia de supuestos de aplicación concretos que permitan confrontar el alcance brindado a la regulación a fin de verificar el menoscabo de la garantía de igualdad.
Para una situación homologable se ha dicho que "La utilización de una práctica de esa especie por parte de la Administración, ciertamente, no deriva directamente de la normativa aludida, aun cuando tampoco sea evitada por ella […] En realidad, la maniobra cuya posibilidad persigue evitar provendría, en todo caso, de su incumplimiento, o si se quiere de un cumplimiento desvío de poder mediante…”, razonamiento que condujo a rechazar la demanda porque “…los cuestionamientos se dirigen contra una práctica atribuida a la administración, originada en una desinterpretación que ella haría de la ley -acerca de cuya efectiva ocurrencia no existe aporte probatorio-…” (mutatis mutandi, TSJ, voto del Dr. Lozano en “Gullco, Hernán Víctor c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 4929/06, del 14/02/07).

En el caso, es improcedente la declaración de inconstitucionalidad de las normas relativas al servicio de asistencia espiritual brindado por ministros religiosos a requerimiento del interesado en hospitales y hogares públicos, contempladas en la Ordenanza N° 3.8397/82.
En efecto, en el plano del control preventivo instado en autos, no ha quedado acreditado el alegado menoscabo de la libertad de cultos.
La protección requerida en el amparo implicaría tener que imaginar las diversas hipótesis de aplicación de la regulación comprometida cuya variedad, complejidad y posibles derivaciones sólo admiten ser revisadas ante la existencia de situaciones de aplicación que exceden el marco de un amparo preventivo como el instado en autos (cf. esta Sala in re “Boico Roberto José c/ GCBA s/ amparo”, expte. 45.378/0, del 19/05/14).

En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, de la Ordenanza 38397/82, en lo relativo al mantenimiento de la moral a cargo de los capellanes y monjas, y también de los artículos 5°, inciso h, y 27, inciso e, de la misma ordenanza, en cuanto allí se establece la coordinación e intermediación de los religiosos católicos con respecto a los representantes de otros cultos.
En consecuencia corresponde ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adapte el servicio de asistencia espiritual brindado por capellanes y monjas en los hospitales y hogares.
En concreto, la demandada deberá adoptar las medidas tendientes a que los ministros de la Iglesia Católica –a requerimiento del interesado- brinden asistencia y acompañamiento espiritual en los establecimientos mencionados en idénticas condiciones que los representantes de otros credos, sin ejercer funciones de coordinación o intermediación, ni desempeñando funciones vinculadas con el mantenimiento de la moral.
En efecto, no se advierte que para brindar acompañamiento y asistencia espiritual a quienes se encuentran internados en hospitales y hogares de la Ciudad la coordinación e intermediación de los representantes de una religión en particular sea la única opción posible o, en todo caso, la menos lesiva de los derechos cuya afectación invoca la demandante.
Sobre esas bases, y teniendo especialmente en cuenta que en el artículo 11 de la Constitución local expresamente no se admiten las discriminaciones por razones de religión, “o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”, en los términos en que han sido redactados los artículos 5°, inciso h, y 27, inciso e, la función asignada a los capellanes y monjas de intermediación entre los ministros de otras religiones y los pacientes e internos, implica colocar a quienes profesan credos distintos del católico en una categoría relegada, vulnerando la garantía de la igualdad.
Esa discriminación indebida, en este caso, se desprende de la propia letra de la ordenanza impugnada por la actora, pues basta cotejar la norma con la cláusula general de igualdad para poner de manifiesto su inconstitucionalidad.
A igual solución se arriba si se enfoca la cuestión desde la perspectiva de las “categorías sospechosas”, según la cual las normas que establecen distinciones basadas en la raza, el sexo, la filiación y la religión son portadoras de una presunción de inconstitucionalidad.

En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, de la Ordenanza 38397/82, en lo relativo al mantenimiento de la moral a cargo de los capellanes y monjas, y también de los artículos 5°, inciso h, y 27, inciso e, de la misma ordenanza, en cuanto allí se establece la coordinación e intermediación de los religiosos católicos con respecto a los representantes de otros cultos.
En consecuencia ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adapte el servicio de asistencia espiritual brindado por capellanes y monjas en los hospitales y hogares.
En concreto, la demandada deberá adoptar las medidas tendientes a que los ministros de la Iglesia Católica –a requerimiento del interesado- brinden asistencia y acompañamiento espiritual en los establecimientos mencionados en idénticas condiciones que los representantes de otros credos, sin ejercer funciones de coordinación o intermediación, ni desempeñando funciones vinculadas con el mantenimiento de la moral.
En efecto, respecto a la distinción realizada a favor de una religión en particular la demandada se limitó a efectuar una dogmática aseveración de la validez de la norma bajo examen, sin acreditar su razonabilidad o algún interés institucional que la ampare.
Por lo tanto, establecer distinciones basadas en la religión sin razones valederas que las justifiquen se oponen a instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional y que no sólo prohíben dictar normas que establezcan distinciones discriminatorias, sino que imponen a los órganos estatales el deber de remover los obstáculos de cualquier orden que limiten la igualdad e impidan el desarrollo pleno de las personas (TSJ, “Sandez, Carlos Armando c/ GCBA s/ amparo s/ recurso de queja”, del 29/11/2000).

En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, de la Ordenanza 38397/82, en lo relativo al mantenimiento de la moral a cargo de los capellanes y monjas, y también de los artículos 5°, inciso h, y 27, inciso e, de la misma ordenanza, en cuanto allí se establece la coordinación e intermediación de los religiosos católicos con respecto a los representantes de otros cultos.
En consecuencia ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adapte el servicio de asistencia espiritual brindado por capellanes y monjas en los hospitales y hogares.
En concreto, la demandada deberá adoptar las medidas tendientes a que los ministros de la Iglesia Católica –a requerimiento del interesado- brinden asistencia y acompañamiento espiritual en los establecimientos mencionados en idénticas condiciones que los representantes de otros credos, sin ejercer funciones de coordinación o intermediación, ni desempeñando funciones vinculadas con el mantenimiento de la moral.
En efecto, las prescripciones establecidas en los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, según los términos de su redacción, implican imponer –de modo general- en determinados establecimientos públicos una perspectiva católica de la moral.
Ello lesiona la libertad de culto en su faz negativa, esto es, el derecho a no ser obligado a compartir valores de un credo determinado y a que la no pertenencia religiosa no genere algún efecto jurídico discriminatorio (Gelli, María Angélica, ob. cit., pág. 174).

En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, de la Ordenanza 38397/82, en lo relativo al mantenimiento de la moral a cargo de los capellanes y monjas, y también de los artículos 5°, inciso h, y 27, inciso e, de la misma ordenanza, en cuanto allí se establece la coordinación e intermediación de los religiosos católicos con respecto a los representantes de otros cultos.
En consecuencia ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adapte el servicio de asistencia espiritual brindado por capellanes y monjas en los hospitales y hogares.
En concreto, la demandada deberá adoptar las medidas tendientes a que los ministros de la Iglesia Católica –a requerimiento del interesado- brinden asistencia y acompañamiento espiritual en los establecimientos mencionados en idénticas condiciones que los representantes de otros credos, sin ejercer funciones de coordinación o intermediación, ni desempeñando funciones vinculadas con el mantenimiento de la moral.
En efecto, los preceptos contenidos en los artículos 5°, inciso b, primera parte, y 27, inciso b, de la Ordenanza también conculcan la autonomía personal reconocida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, pues sus límites están marcados sólo por el orden público, la moral pública y los derechos de terceros, y es sabido que ellos no coinciden exactamente con los valores y principios a los que remite la regulación impugnada en el punto bajo estudio.
En ese sentido, las posturas de la religión católica con respecto a muchos de los asuntos que se tratan en los hospitales y hogares difieren de las soluciones que adoptó el estado local. A modo de ejemplo, cabe mencionar la salud reproductiva, los procedimientos médicos ordinarios de continuidad de la vida y el aborto no punible (vgr. CSJN, “F., A. L.”, del 13/03/12; esta sala, “Pro Familia Asociación Civil c/ GCBA y otros s/ impugnación de acto administrativo”, del 10/10/12).
En ese contexto, la norma en cuestión implica una interferencia estatal en la zona de reserva de la libertad personal, agravada porque tiene lugar en circunstancias en las que las personas están especialmente vulnerables y en las que se encuentran comprometidas las creencias religiosas, la salud, la personalidad espiritual y la integridad corporal.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado establecido que en el artículo 19 de la Constitución Nacional se otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros (Fallos: 316:479 “Bahamondez”, voto de los Dres. Fayt y Barra).

Los días del Año Nuevo Judío y el Día del Perdón no resultan hábiles a los fines del funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, para todos los habitantes que profesen la religión judía. Una interpretación razonable de la Ley N° 24.571 -texto con las modificaciones de la ley 26089- debe atender a su finalidad, que consiste en facilitar a los beneficiarios cumplir con las obligaciones del culto. Tal criterio lleva a afirmar que durante los días correspondientes a las fiestas religiosas indicadas no resulta exigible a los habitantes de religión judía la realización de actos procesales. Ello, sin perjuicio de que durante esas fechas los tribunales locales observen una actividad normal y de los actos válidamente cumplidos.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que tuvo por extemporáneo el recurso de inconstitucionalidad.
En ocasión de interponerse el recurso de inconstitucionalidad el apoderado del demandado hizo saber que su representado profesa la religión judía y el carácter no laborable de los días 3, 4 y 12 de octubre del corriente año (conf. ley 26.089).
Ninguno de los elementos agregados a la causa permite afirmar que el letrado pertenezca también a la religión judía, que hubiera tenido algún inconveniente para ejercer sus funciones derivado de las festividades religiosas mencionadas, que durante esas fechas esta Sala no hubiera funcionado normalmente o que se hubiera visto precisado de solicitar una extensión del plazo para recurrir con anterioridad a su vencimiento. Es decir que no se ha invocado ni demostrado que durante el curso del plazo legal para interponer el recurso previsto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 402 el apoderado se vio impedido de proveer al derecho de defensa de su representado.
Por el contrario, solo puso en conocimiento del Tribunal las circunstancias antes indicadas una vez agotado el término para deducir el recurso de inconstitucionalidad. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas)