En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que hizo lugar a la petición de salida extraordinaria del condenado a efectos de concurrir a su domicilio familiar para visitar a su madre, de avanzada edad, quien, si bien no padece de una enfermedad terminal o grave, se ve dificultada de concurrir al establecimiento penitenciario en razón de limitaciones físicas.
En efecto, el condenado solicitó visitar a su madre, a quien no ve desde hace dos años por hallarse imposibilitada de concurrir al penal en razón de los problemas de salud que padece.
Las visitas previstas en el artículo 166 de la Ley N° 24.660 se encuentran conectadas con circunstancias especiales y particularmente emotivas de la vida familiar de la persona privada de libertad.
En efecto, tanto el artículo 166 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, como el artículo 114 del Decreto 1136/97 y el artículo 314 del Código Procesal Penal admiten la salida del interno en los supuestos en que un familiar o allegado con derecho a visita se encuentre atravesando una enfermedad o accidente grave o se haya producido su deceso, ya que la concesión de este beneficio se acuerda para que cumpla con sus deberes morales.
Sin embargo no se encuentra agregado el informe final de la Unidad Médica Asistencial del Complejo Penitenciario donde se aloja el peticionante, informe que permitiría evaluar certeramente el estado de salud de la madre del detenido y su imposibilidad de trasladarse por su propios medios a visitar a su hijo, de acuerdo con la previsiones del artículo 314 del Código Procesal Penal, como tampoco se acreditó fehacientemente las causales excepcionales de enfermedad, accidente grave o fallecimiento de un familiar o allegado para que proceda el traslado del detenido que permita el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 166 de la Ley N° 24.660.
Cabe destacar que el propósito de la norma es el respeto a la dignidad humana y la mantención del privado de la libertad de sus relaciones familiares, las que conforme surge del informe de la trabajadora social se cumplieron en dos oportunidades en el año 2015 en forma presencial en el Complejo Penitenciario y continúan manteniéndose telefónicamente de acuerdo con lo expuesto por el condenado.
Ello así, corresponde revocar la autorización concedida la cual podrá volverse a evaluar despejadas las falencias y cumplidos con los informes médicos pendientes.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que hizo lugar a la petición de salida extraordinaria del condenado a efectos de concurrir a su domicilio familiar para visitar a su madre, de avanzada edad, quien, si bien no padece de una enfermedad terminal o grave, se ve dificultada de concurrir al establecimiento penitenciario en razón de limitaciones físicas.
En efecto, el condenado solicitó visitar a su madre, a quien no ve desde hace dos años por hallarse imposibilitada de concurrir al penal en razón de los problemas de salud que padece.
Si bien se agregó al legajo el certificado médico con membrete del Sanatorio donde se encuentra internada la madre del detenido, del que surgiría la patología que ésta presenta, no ha sido requerida la correspondiente historia clínica que permitiría acreditar el pronóstico y diagnóstico del estado de salud actual de la nombrada.
Este extremo resulta de fundamental interés para establecer fehacientemente la imposibilidad física que padece la madre del detenido ya que la constancia médica acompañada por la Defensa no permitió esclarecer el punto. Tampoco se indicó si el profesional que suscribió el certificado resulta prestador de la cobertura médica que posee la paciente.
Ello así, despejadas las falencias apuntada podrá volverse a evaluar la petición de la salida extraordinaria formulada por el condenado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la petición de salida extraordinaria del condenado a efectos de concurrir a su domicilio familiar para visitar a su madre, de avanzada edad, quien, si bien no padece de una enfermedad terminal o grave, se ve dificultada de concurrir al establecimiento penitenciario en razón de limitaciones físicas.
En efecto, no debe confundirse el instituto de las salidas extraordinarias, reglado por el artículo 166 de la Ley N° 24.660 con la modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad mediante salidas transitorias o semi libertad reglada por el artículo 17 y concordantes de la misma ley.
Si bien ambos institutos están tratados en el artículo 314 del Código Procesal Penal ello no implica que rijan respecto del que aquí se estudia los requisitos y recaudos relativos a una modalidad de prueba de la ejecución penal.
Las salidas extraordinarias previstas en el artículo 166 de la Ley N° 24.660 no implican incorporación a modalidad de confianza alguna respecto de quien las solicita.
Por el contrario, son concedidas, cuando se las estima oportunas, bajo la custodia que se considere menester.
Nunca se las concede bajo palabra de honor u otra modalidad que implique resignar o disminuir la vigilancia estatal sobre la persona procesada o condenada.
Ello así, la circunstancia de que haya sido denegada recientemente la incorporación del interno a la modalidad de salidas transitorias en modo alguno guarda vinculación con lo que corresponde verificar en este caso, en el que aún de concederse la autorización peticionada, se lo hará bajo la custodia de las autoridades penitenciarias que en ningún momento tendrá solución de continuidad. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la petición de salida extraordinaria del condenado a efectos de concurrir a su domicilio familiar para visitar a su madre, de avanzada edad, quien, si bien no padece de una enfermedad terminal o grave, se ve dificultada de concurrir al establecimiento penitenciario en razón de limitaciones físicas.
En efecto, es equivocado considerar que el certificado médico correspondiente a la madre del condenado acompañado no acredita una enfermedad grave que amerita la salida extraordinaria solicitada.
Dicho certificado, cuya autenticidad no sólo no ha sido cuestionada sino ha sido verificada por la constatación efectuada por la asistente social que concurrió al domicilio, indica que la madre del detenido padece incompetencia funcional de ambos miembros inferiores como consecuencia de una arteriopatía ocasionada por diabetes.
La Trabajadora Social en su informe además advirtió que la madre del imputado presentaba impedimentos motrices para sostenerse parada y se agitaba al dialogar emocionándose fácilmente al hablar de su problemática y la gran dificultad para ver a su hijo, todo lo cual fue verificado durante una visita espontánea efectuada al domicilio por otro motivo, lo cual da cuenta “de la veracidad de la situación”.
Ello así, corresponde rechazar el recurso opuesto por la fiscalía y confirmar la decisión de conceder la salida que encuentra suficiente sustento en las constancias que han sido valoradas. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la resolución del Juez de grado y conceder al condenado la salida transitoria extraordinaria con frecuencia semanal requerida, a fin de concurra al Taller de Serigrafia que dicta el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo del Gobierno de la Ciudad.
En efecto, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley N° 24.660), enumera en sus primeros artículos los principios básicos de la ejecución, principios que sientan un piso, por sobre el cual los Magistrados deberán resolver. El juego armónico de los artículos 1 y 6 de la Ley N° 24.660 importa que debe estarse siempre a una interpretación del régimen de ejecución que favorezca la reinserción social del condenado, utilizando para ello todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para esa finalidad y procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados.
De ello se deriva, que el objetivo de nuestro sistema es lograr la resocialización de la persona, lo que no se consigue mediante su castigo, sino a través de la promoción de diferentes herramientas que le permita a ésta comprender el valor de la Ley, como construcción social para la vida colectiva.
Bajo esta perspectiva se inscriben los diferentes períodos de progresividad (y sus correspondientes institutos) previstos en la Ley N° 24.660, y también los estímulos educativos incorporados por la Ley N° 26.695. (Del voto en disidencia de la Dra. Manes).

En el caso, corresponde revocar la resolución del Juez de grado y conceder al condenado la salida transitoria extraordinaria con frecuencia semanal requerida, a fin de concurra al Taller de Serigrafia que dicta el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo del Gobierno de la Ciudad.
En efecto, la incorporación del principio "pro homine" tras la reforma constitucional del 1994, nos obliga a realizar una interpretación que garantice lo más ampliamente posible los derechos de la persona privada de su libertad, limitando o restringiendo el ejercicio del poder punitivo del Estado. Poder que, en situaciones como las aquí planteadas, se traduce en la prohibición de acceder a las salidas transitorias. (Del voto en disidencia de la Dra. Manes).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de Juez de grado en cuanto resolvió no conceder al condenado las salidas transitorias extraordinarias requeridas (artículo 16 y 17 de la Ley N° 24.660).
La Defensa se agravió y sostuvo que no existen obstáculos legales para la procedencia del instituto de egreso anticipado solicitado, toda vez que estar incorporado al período de prueba no resulta un requisito ineludible para que proceda la concesión de salidas transitorias, toda vez que el artículo 17 de la ley 24.600 no lo establece como requisito legal para su procedencia.
Sin embargo, el condenado no goza del régimen de salidas transitorias o semilibertad, únicas situaciones dentro de la progresividad que autorizan, conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y 34 del Decreto 396/99, reglamentario de las modalidades básicas de ejecución, egresos anticipados con finalidad familiar o educativa. Cabe agregar que de acuerdo al informe de una Unidad Residencial del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad, el encausado se encuentra transitando la fase de consolidación del período de tratamiento de la progresividad del régimen penitenciario.
Asimismo, al tiempo de resolver, el taller mencionado ha finalizado, lo cual torna inoperante la salida extraordinaria por estudio solicitada, sin que ello implique una lesión al derecho a la educación del interno.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al pedido de aplicación de las medidas establecidas en el artículo 56 quater de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley N° 24.660).
En efecto, no se puede desconocer que los informes efectuados por el Complejo Penitenciario Federal se pronunciaron por mayoría en forma desfavorable respecto del imputado, "considerando que su egreso anticipado podría revestir riesgo para sí y/o para terceros ...", y que la calificación de concepto es la base para la aplicación de la progresividad del régimen y para el otorgamiento de salidas anticipadas (art. 104, Ley 24.660).

En el caso corresponde confirmar la resolución adoptada por la Magistrada de grado.
Que la Defensa se agravia de la negativa de otorgar el permiso de salida al interno, a efectos de que pudiera visitar a sus hijos.
Dicha petición se motivó en que ambos padecen enfermedades de retraso mental, y que el menor no veía a su padre desde el mes de enero en razón de todo el proceso que implicaba el ingreso y egreso al penal, que lo afectaba en su estado anímico y comportamiento.
Ahora bien, la reinserción social del interno constituye uno de los pilares de la pena privativa de la libertad y a esos fines resulta indispensable el mantenimiento de sus relaciones familiares y sociales durante el período de encierro, por lo que éstas deben asegurarse permitiendo su contacto de forma oral y escrita, rigiendo siempre el principio de privacidad.
Cabe destacar que las visitas previstas en el artículo 166 de la Ley N° 24.660 se encuentran conectadas con circunstancias especiales y particularmente emotivas de la vida familiar, de la persona privada de libertad.
Es por ello que, habiendo evaluado el presente, y no contando con el informe respectivo de la unidad carcelaria, en relación a la viabilidad de la medida solicitada, como tampoco se han verificado las causales excepcionales de enfermedad, accidente grave o fallecimiento de un familiar o allegado, a fin de que proceda el traslado del detenido, corresponde homologar la decisión de la Magistrada interviniente, en cuanto no autorizar al detenido a la visita pretendida.

En el caso corresponde confirmar la resolución adoptada por la Magistrada de grado.
Que la Defensa se agravia de la negativa de otorgar el permiso de salida al interno, a efectos de que pudiera visitar a sus hijos.
Dicha petición se motivó en que ambos padecen enfermedades de retraso mental, y que el menor no veía a su padre desde el mes de enero en razón de todo el proceso que implicaba el ingreso y egreso al penal, que lo afectaba en su estado anímico y comportamiento.
Ahora bien, el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal de ésta Ciudad, admite, previo informe del servicio penitenciario pertinente, la salida del interno en los supuestos en que un familiar o allegado con derecho a visita se encuentre atravesando una enfermedad o accidente grave, o se haya producido su deceso, ya que la concesión de este beneficio se acuerda para que cumpla con sus deberes morales.
Conforme surge de la propia presentación efectuada por la Defensa, el detenido ha cumplido con la mantención de las relaciones familiares a través de videollamadas con sus hijos.
Es por ello, que habiendo evaluado el presente caso, en el cual no obran el informe respectivo de la unidad carcelaria en relación a la viabilidad de la medida solicitada, como tampoco se han verificado las causales excepcionales de enfermedad, accidente grave o fallecimiento de un familiar o allegado, corresponde homologar la decisión de la Magistrada interviniente, en cuanto no autorizar al detenido a la visita pretendida. .

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar a las salidas laborales del condenado, quien se encuentra cumpliendo prisión de efectivo cumplimiento bajo la modalidad de prisión domiciliaria con dispositivo de geoposicionamiento de corto alcance, a fin de que pueda realizar tratamiento por el consumo problemático de alcohol.
En el presente, las salidas que pretende la Defensa del condenado se encuentran contempladas en la Ley N° 24.660 en su artículo 17.
Así, de la simple lectura de la disposición legal reseñada surge una imposibilidad fáctica de que el encartado pueda acceder a las salidas laborales que pretende, pues no se encuentra privado de la libertad en un establecimiento penitenciario, sino en su domicilio.
Las salidas transitorias fueron previstas como un beneficio para aquellos condenados que se encuentran cumpliendo pena intramuros y -por ello- sometidas al régimen de progresividad, circunstancia que -como se expresó- difiere a la del encartado.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar a las salidas laborales del condenado, quien se encuentra cumpliendo prisión de efectivo cumplimiento bajo la modalidad de prisión domiciliaria con dispositivo de geoposicionamiento de corto alcance, a fin de que pueda realizar tratamiento por el consumo problemático de alcohol.
En el presente, las salidas que pretende la Defensa del condenado se encuentran contempladas en la Ley N° 24.660 en su artículo 17.
Así, de la simple lectura de la disposición legal reseñada surge una imposibilidad fáctica de que el encartado pueda acceder a las salidas laborales que pretende.
En efecto, el pedido resulta prematuro, por cuanto el condenado ha sido recientemente incorporado a la tutela del Patronato de Liberados, y lleva cumpliendo pena por un breve lapso.
Por ello, aun de admitir la procedencia de las salidas laborales para quienes se encuentran en prisión domiciliaria, el condenado recién llegaría a la mitad de la pena (requisito para ingresar al período de prueba) en enero de 2023.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado elevada en consulta, en cuanto dispuso rechazar "in límine" la acción de "hábeas corpus" y, en consecuencia, devolver la causa al Juzgado de origen a efectos que se dé estricto cumplimiento con lo resuelto por la Sala en esta misma jornada, en cuanto dispuso que se lleve adelante el trámite previsto en la Ley Nº 23.098.
El presentante manifestó que nació su hija, prematura (8 meses de gestación), quien se encontraría en una incubadora, a la vez que refirió que su esposa está internada en terapia intensiva con riesgo de vida, por lo que solicitó se lo autorice a ir al hospital para conocer a su hija y ver cómo se encontraba su esposa.
El "A quo" rechazó la petición, por considerar que la misma debía ser canalizada por intermedio de la Defensa, con el Magistrado a cuya disposición se encuentra anotado, juez natural que conoce el devenir del expediente y los pormenores de su detención.
En el día de hoy, este Tribunal resolvió revocar la decisión de grado y devolver la causa para que el Magistrado dé trámite a la acción conforme lo previsto en la Ley Nº 23.098. Ello por considerar que la decisión de rechazar sin más la presente acción resultaba cuanto menos prematura, teniendo en cuenta la información que se limitó a recabar el Juez previo a resolver la desestimación.
Sostuvimos que el estado de salud delicado de un familiar de una persona privada de su libertad en el marco de una causa penal, y la imposibilidad del detenido de que su pedido de autorización sea recibido por el Juez de la causa, podría -de verificarse esas situaciones- implicar un caso de agravamiento de las condiciones de detención, en los términos de la Ley Nº 23.098.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado elevada en consulta, en cuanto dispuso rechazar "in límine" la acción de "hábeas corpus" y, en consecuencia, devolver la causa al Juzgado de origen a efectos que se dé estricto cumplimiento con lo resuelto por la Sala en esta misma jornada, en cuanto dispuso que se lleve adelante el trámite previsto en la Ley Nº 23.098.
El presentante manifestó que nació su hija, prematura (8 meses de gestación), quien se encontraría en una incubadora, a la vez que refirió que su esposa está internada en terapia intensiva con riesgo de vida, por lo que solicitó se lo autorice a ir al hospital para conocer a su hija y ver cómo se encontraba su esposa.
En el día de hoy, este Tribunal resolvió revocar la decisión de grado que rechazó "in límine" la petición y devolver la causa para que el Magistrado de trámite a la acción conforme lo previsto en la Ley Nº 23.098, por considerar que la decisión de rechazar sin más la presente acción resultaba cuanto menos prematura, teniendo en cuenta la información que se limitó a recabar el Juez previo a resolver la desestimación.
Devueltas las actuaciones a primera instancia, se llevaron a cabo a medidas. De la comunicación con la Alcaidía le informaron que el interno se encontraba un poco más tranquilo, porque pudo conversar con su madre, quien asistió al hospital, donde se encuentran internadas su esposa y su hija. De igual manera, intentaron comunicarse telefónicamente y por correo electrónico con el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del encartado, con resultado negativo. Asimismo, requirieron al hospital informes sobre el estado de salud de la esposa y la hija del denunciante, de los que surge que se corroboró que la madre de la niña se encuentra actualmente internada en Servicio Terapia Intensiva. Se aclaró que ingresó al nosocomio cursando un embarazo de 35 semanas, con cuadro de preeclampsia, por lo que se practicó una cesárea de urgencia. Tras ello ingresó en post operatorio en terapia intensiva, bajo sedación e intubada en asistencia ventilatoria mecánica, desarrollando un cuadro de encefalopatía posterior reversible con afectación de la visión bilateral. A su vez, se desprende que actualmente se encuentra hemodinámicamente estable y lúcida. Por su parte, se informó que la menor se encuentra internada desde su nacimiento en el servicio de Neonatología del Hospital Argerich por presentar prematurez, con evolución clínica favorable.
Vale destacar que el Juzgado fijó audiencia con el imputado para el día de la fecha, la que luego fue suspendida ante el resultado de los informes requeridos al hospital. Tras ello, a las 14.15 hs. el Magistrado resolvió: “rechazar `in límine` la presente acción de `hábeas corpus` y poner en conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional las circunstancias apuntadas por el peticionante con copia del presente resolutorio.”
Ahora bien, abocados a analizar la consulta nuevamente realizada, corresponde revocar el rechazo "in límine" nuevamente dispuesto en primera instancia, por cuanto tal desestimación resulta improcedente en el estado procesal por el cual transita la presente acción.
En efecto, esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse en el caso ante la primera elevación en consulta, ocasión en la que no confirmó la decisión adoptada por el "A quo" y devolvió la causa para que el Magistrado prosiga con el trámite de la acción, conforme lo previsto en la Ley Nº 23.098, por los fundamentos allí expuestos.
En función de ello, el Juez debió continuar con el trámite previsto para la acción de "hábeas corpus", de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley Nº 23.098, en tanto establece que, si la instancia revisora revoca la desestimación resuelta en primera instancia, el juez debe continuar de inmediato el procedimiento.
Así las cosas, es claro que más allá del resultado de las medidas ordenadas por el Magistrado tras la revocación dispuesta por esta Sala, el rechazo "in límine" del caso ya no resulta procedente.
A ello se agrega que el hecho de que los funcionarios del lugar de alojamiento hayan percibido al accionante “más tranquilo” (en tanto pudo mantener contacto con familiares que se encuentran al tanto del estado de salud de su mujer y su hija recién nacida) en modo alguno puede ser interpretado como un desistimiento de la pretensión que originó esta acción, la cual –valga destacar- a la fecha no ha sido satisfecha.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el pedido de salidas extraordinarias solicitadas por la condenada y su Defensa
Conforme surge de las constancias de autos, el Magistrado de grado resolvió homologar el acuerdo de avenimiento presentado y condenar a la encausada a la pena de cuatro años de prisión, por considerarla autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5, 12, 26, 27 bis, CP; art. 5, inc c), Ley Nº 23.737. Encontrándose en ejecución la condena antes mencionada, la titular de la Secretaría Letrada de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, solicitó, en los términos del artículo 166 de la Ley Nº 24.660, que se a que autorice las visitas de la imputada, a su madre, con una frecuencia de una vez por mes, disponiendo que el traslado quedaría a cargo de la Unidad de Coordinación de Traslados de Internos de Alto Riesgo.
El Juez de grado, dado el tiempo transcurrido desde la autorización de las visitas de la encausada a su madre, quien padece una enfermedad oncológica, conveniente actualizar la documentación relacionada con el estado de salud de la nombrada, para definir si la situación se ajustaba en ese momento a las previsiones del artículo 166 de la Ley Nº 24.660, de manera que suspendió por el momento la autorización oportunamente otorgada a la imputada.
Ahora bien, en primer lugar, corresponde mencionar que el artículo 166 de la Ley mencionada tiene previsto que: “El interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y fundamentados motivos para resolver lo contrario”.
Ello así, de conformidad con las constancias médicas que obran en el legajo, resulta posible concluir, de consuno con lo dictaminado por el Defensor de Cámara que la situación cuando el mismo Juez autorizó los traslados, no ha cambiado. En efecto, la situación de salud, la madre de la encausada continua siendo exactamente la misma en la actualidad, tal como postula la recurrente, sin que se hubiera acreditado circunstancia alguna que permita dejar traslucir alguna mejoría o evolución favorable.
Por último, cabe recordar que las salidas extraordinarias no forman parte del régimen progresivo de libertad, en el sentido de un acceso escalonado que deba cumplirse previamente, sino que su fundamento radica en una cuestión humanitaria por situaciones de excepción que, como se dijera antes, se han corroborado en este caso concreto.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el pedido de salidas extraordinarias solicitadas por la condenada y su Defensa.
Conforme surge de las constancias de autos, el Magistrado de grado resolvió homologar el acuerdo de avenimiento presentado y condenar a la encausada a la pena de cuatro años de prisión, por considerarla autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5,12, 26, 27 bis, CP; art. 5, inc c), Ley Nº 23.737. Encontrándose en ejecución la condena antes mencionada, la titular de la Secretaría Letrada de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, solicitó, en los términos del artículo 166 de la Ley Nº 24.660, que se a que autorice las visitas de la imputada, a su madre, con una frecuencia de una vez por mes, disponiendo que el traslado quedaría a cargo de la Unidad de Coordinación de Traslados de Internos de Alto Riesgo.
El Juez de grado, dado el tiempo transcurrido desde la autorización de las visitas de la encausada a su madre, quien padece una enfermedad oncológica, conveniente actualizar la documentación relacionada con el estado de salud de la nombrada, para definir si la situación se ajustaba en ese momento a las previsiones del artículo 166 de la Ley Nº 24.660, de manera que suspendió por el momento la autorización oportunamente otorgada a la imputada. Consideró asimismo que, existían otros medios alternativos para que se lograra la comunicación entra la condenada y su madre, a lo que se agregó que por una cuestión de logística, resultaba prudente evitar exponer al personal penitenciario al riesgo que implicaba cumplimentar los traslados pertinentes.
No obstante, no constan del legajo actuaciones correspondientes al Servicio Penitenciario Federal que permitan vislumbrar impedimentos o reparos en la operatoria tendiente al cumplimiento de las visitas pretendidas, circunstancia que por lo demás no fue mencionada por el Magistrado de grado, deviniendo sus conclusiones, de momento, en meramente conjeturales. De esta forma, la cuestión atinente a la logística que debe desplegarse para la efectivización de los traslados de la interna a la vivienda de su progenitora, resulta ser idéntica a la que oportunamente valorara el “A quo” cuando autorizó las salidas extraordinarias ahora suspendidas.
Por último, cabe recordar que las salidas extraordinarias no forman parte del régimen progresivo de libertad, en el sentido de un acceso escalonado que deba cumplirse previamente, sino que su fundamento radica en una cuestión humanitaria por situaciones de excepción que, como se dijera antes, se han corroborado en este caso concreto.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el pedido de salidas extraordinarias solicitadas por la condenada y su Defensa, y en consecuencia, disponer que las salidas se lleven a cabo cada sesenta días, salvo que el cuadro médico empeore y la situación se torne más crítica o aparezca un motivo de urgencia que amerite su traslado inmediato.
Conforme surge de las constancias de autos, el Magistrado de grado resolvió homologar el acuerdo de avenimiento presentado y condenar a la encausada a la pena de cuatro años de prisión, por considerarla autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5, 12, 26, 27 bis, CP; art. 5, inc c), Ley Nº 23.737. Encontrándose en ejecución la condena antes mencionada, la titular de la Secretaría Letrada de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, solicitó, en los términos del artículo 166 de la Ley Nº 24.660, que se a que autorice las visitas de la imputada, a su madre, con una frecuencia de una vez por mes, disponiendo que el traslado quedaría a cargo de la Unidad de Coordinación de Traslados de Internos de Alto Riesgo.
El Juez de grado, dado el tiempo transcurrido desde la autorización de las visitas de la encausada a su madre, quien padece una enfermedad oncológica, conveniente actualizar la documentación relacionada con el estado de salud de la nombrada, para definir si la situación se ajustaba en ese momento a las previsiones del artículo 166 de la Ley Nº 24.660, de manera que suspendió por el momento la autorización oportunamente otorgada a la imputada.
Ahora bien, considero que está debidamente acreditado el vínculo entre la encausada y su madre, como asimismo la enfermedad oncológica de ésta última. Asimismo, resulta atendible la aflicción que causa a la condenada no poder acompañar a su madre durante el tránsito de su enfermedad, lo que determinó que con fecha 19 de enero de 2023 se autorizaran las salidas extraordinarias que se llevaron a cabo durante aproximadamente diez meses.
Sin embargo, entiendo, en cuanto a la periodicidad de las salidas extraordinarias, que resulta más adecuado a las circunstancias del caso concreto, que se realicen más espaciadas en el tiempo. En primer lugar, destaco que el informe pericial confeccionado el perito médico legista de la Defensoría General de esta Ciudad, da cuenta del grado de enfermedad que padece la madre de la imputada, pero no así de la existencia de un peligro inminente para su vida. Asimismo, observo, tal como lo hizo el Magistrado de grado, que el traslado de la encausada al domicilio de su madre significa una compleja logística que debe desplegar el Servicio Penitenciario cada vez que se efectivizan las visitas.
En tales condiciones, entendiendo que, dadas las particulares circunstancias del caso, resulta prudente y apropiado que las salidas se lleven a cabo cada sesenta días, salvo que el cuadro médico empeore y la situación se torne más crítica o aparezca un motivo de urgencia que amerite su traslado inmediato. (Del voto en disidencia parcial de fundamentos de la Dra. Marum).