la tarea de prevención se encuentra a cargo de la policía que se halla facultada para investigar por iniciativa propia en los delitos de acción pública (art. 183 del CPPN) y también las contravenciones (art. 16 del CPC). Debe asimilarse a la flagrancia, si el agente de prevención recorre la jurisdicción en prevención de contravenciones Y observa movimientos que hacen presuponer la comisión de una contravención (en el caso contravención de los artículos 116, 117 y 118 del Código Contravencional) , por lo que no corresponde exigir que los agentes de la División posean orden superior. Ello, en relación al inicio de las actuaciones.

DATOS: C.A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A. Causa 307-02-CC/05 -Incidente de nulidad es autos “N.N. (Suipacha 845 P.B. y piso 1º) s/ inf. arts. 116, 117 y 118 ley 1472 - Apelación - Sala I. diciembre 16 de 2005. Sentencia Nº -05

El concepto del poder de policía debe encuadrarse en un concepto amplio donde convergen la actividades de gravamen o limitadoras de derechos, en la que se verifican técnicas dentro de lo que se denomina el ámbito de incidencia de los actos administrativos, en donde la idea es relacionar la figura del acto como elemento jurídicamente reglado e instrumento formal que coloca límites a los derechos del particular, teniendo en cuenta intereses colectivos que están por encima de los del individuo, máxime cuando los primeros están relacionados con el deber constitucional del Estado de brindarle seguridad a los ciudadanos. Así, tratándose de la seguridad de los habitantes de la Ciudad en el contexto de la prestación de un servicio público, debe asignarse a la prevención una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos. (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).

La Ley N° 24.449 establece que no se otorgará la licencia de la clase D si el solicitante cuenta con antecedentes penales (cfr. art. 20). La mayor precisión de esta disposición queda legítimamente remitida a la reglamentación, al tratarse de un pormenor legislable en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional.
No se está ante el ejercicio del poder punitivo del Estado, ni se configura una situación de doble punición. La ley sólo regula el otorgamiento de licencias profesionales y, dadas las características de tales licencias, fija una restricción prima facie razonable, en atención a la prevención y seguridad públicas. No se crea un sistema sancionatorio suplementario, sino que se fija legalmente una condición para acceder a una licencia profesional.
Tampoco se produce una inhabilitación de por vida, pues no deben tenerse en cuenta aquellos antecedentes penales al caducar las sentencias condenatorias (cfr. art. 51, Código Penal), regla de derecho común que limita temporalmente la restricción fijada por el artículo 20 de la Ley N° 24.449.

Las razones político criminales que el Ministerio Público pueda legítimamente tener en cuenta para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba deben estar referidas a la conveniencia de la persecución respecto a ese caso particular y esas razones deben ser razones que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de este carácter. Si el Fiscal no opone ninguna razón legítima sobre la inconveniencia político criminal de suspender el procedimiento, el Tribunal puede suspender la persecución penal (ALBERTO BOVINO, La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, p. 161, Bs. As., ed. del Puerto, 1º reimp., 2005)

La política criminal es la política estatal de control social y solución de conflictos dirigida públicamente hacia las acciones humanas, con el objeto de prevenir el delito (conf. “Hacia un plan nacional de política criminal. Ministerio de Justicia y de la Nación. Dirección Nacional de Política Criminal”, ver en www.polcrim.jus.gov.ar).

La legislación penal procura, con la suspensión del proceso a prueba, impedir la continuación del trámite judicial en todos aquellos casos que cumplen con los recaudos que ella establece, con el objeto de cumplir con ciertos fines político - criminales (entre los cuales la más drástica reacción coercitiva estatal procura reservarse sólo para las conductas más dañinas de bienes jurídicos ajenos).
Esa finalidad sería letra muerta si el criterio de procedencia fuera dejado en manos del libre capricho, del fiscal o del juez, acerca de su viabilidad en el caso concreto (conf. Gustavo Vitale, Suspensión del proceso penal a prueba, Editores del Puerto S.R.L.,1996, Buenos Aires, pág. 228).
No toda argumentación que pretenda ampararse en la noción “política criminal” deberá ser considerada suficiente como para negar la posibilidad de suspender el proceso a prueba. Algunas cuestiones terminológicas merecen ser tenidas en cuenta a fin de analizar tal argumentación.
Política criminal es la política estatal de control social y solución de conflictos dirigida hacia las acciones humanas consideradas (no sólo legalmente) más violentas y conflictivas en un país determinado en tiempos de paz. La prevención del delito es el objetivo de la política criminal (“Hacia un plan nacional de política criminal. Ministerio de Justicia de la Nación , Dirección Nacional de Politica Criminal , Capitulo I . Reflexiones Generales sobre Política Criminal , en página web: http://www.polcrim.jus.gov.ar).
De ahí que la fundamentación basada en razones de política criminal debe responder al objetivo de contrarrestar el fenómeno de la criminalidad y por lo tanto, a un juicio legítimo de conveniencia, cuya formulación está en cabeza del Representante del Ministerio Público.

Las razones político criminales que el Ministerio Público pueda legítimamente tener en cuenta para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba deben estar referidas a la conveniencia de la persecución respecto a ese caso particular y esas razones deben ser razones que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de este carácter. Si el Fiscal no opone ninguna razón legítima sobre la inconveniencia político criminal de suspender el procedimiento, el Tribunal puede suspender la persecución penal (ALBERTO BOVINO, La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, p. 161, Bs. As., ed. del Puerto, 1º reimp., 2005).

Entre los primordiales fines que persigue el instituto de la suspensión de proceso a prueba, se encuentran el lograr una mayor y mejor internalización de la situación experimentada por parte del presunto infractor mediante la fijación de reglas de conducta ideadas y pactadas para cada caso en particular, mediante una tónica preventivo- especial positiva; ello sin menoscabar la función simbólica que ostenta la norma, y especialmente, la protección del bien jurídico perseguido por el legislador al momento de su sanción. Asimismo, el instituto conocido por su denominación inglesa como “probation” busca evitar el pernicioso contacto entre aquél infractor “primario” con el mundo carcelario (máxime en aquellos comportamientos reprimidos con penas privativas de la libertad de corta duración, como es el caso de la presente conducta), teniendo como vector conductor los nuevos paradigmas en la materia, asentados en gran parte sobre la comprobada ineficacia del ámbito carcelario para la satisfacción de su declarada finalidad: la reinserción/resocialización del condenado (ámbito que, incluso en algunos casos, puede ser contraproducente).

Debe diferenciarse claramente los motivos que fundan la sospecha de un riesgo en los términos del artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad y aquellos en los que se basa la acusación fiscal o la convicción de que se ha cometido un hecho ilícito.
Naturalmente, el estándar de prueba en cada caso será diferente, pues en el primero se trata simplemente de determinar si se da un riesgo de que se produzca un daño y en el segundo se analiza si existen pruebas de la comisión de un determinado delito. En el primer caso se intenta definir si están dados los presupuestos necesarios para que actúe la prevención policial. Lo segundo es en cierto sentido independiente de lo primero: más allá de que una declaración de nulidad de lo actuado por las fuerzas de seguridad pudiera tener como consecuencia la exclusión de la prueba obtenida y así la imposibilidad de acusar por el hecho, la existencia o no del ilícito en sí mismo es algo autónomo. Éste existió o no existió; una cuestión diferente es si no es posible demostrarlo a causa de una prohibición probatoria.
Por lo tanto, el estándar de prueba no es uno solo. Para tener por probado el hecho es necesario alcanzar el grado de convicción, y un grado menor a ésta se requiere para elevar una causa a juicio. Pero la intervención policial a fin de prevenir delitos se basa en un análisis "ex ante" de los hechos, es decir, en una prognosis del riesgo que, si bien obedece a reglas estrictas – pues se trata de una injerencia en derechos fundamentales de los ciudadanos –, de ninguna manera exige certeza.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que dispuso la libertad del imputado.
En efecto, si bien la medida cautelar en discusión puede tener un efecto de prevención del delito —pues durante el tiempo en que el imputado se encuentre privado de su libertad no podrá cometer nuevos ilícitos—, lo cierto es que se trata de una consecuencia secundaria que no puede fundar por sí misma la imposición de la restricción. Por ello, es incorrecto el argumento que la demostración de “una clara proclividad del agente hacia el delito” tornaría procedente la prisión preventiva. Al respecto, nuestro código es taxativo: “La libertad ambulatoria del imputado sólo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso” (art. 169, 2.º párr., CPP, subrayado agregado). Por lo demás, en autos tampoco hay elementos de prueba suficientes para llegar a esa conclusión acerca de la peligrosidad del encartado.
Ello así, el riesgo procesal remanente que podría subsistir puede ser asegurado por otros remedios, pues la prisión preventiva es de carácter excepcional, dado que el principio rector en la materia es el de inocencia. Si existen medidas de coerción menos lesivas que puedan conjurar el peligro remanente, ellas desplazan la aplicación de la prisión preventiva.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la detención sin orden judicial, y de lo actuado en su consecuencia.
En efecto, la decisión de enviar a las calles a personal policial no uniformado, pero armado con armas de guerra, a efectuar patrullajes o tareas de prevención del delito, en cambio, tiende a degradar el estado de derecho garantizado por la Constitución, pues nos somete a todos los habitantes a una vigilancia impropia de un estado de derecho y característica de los estados autoritarios. Algo análogo ocurre con la vigilancia por medios tecnológicos (domos de seguridad, cámaras, etc.) que hoy “patrullan” de modo constante y secreto el espacio público de las principales ciudades del planeta, incluida la nuestra.
El personal policial uniformado y, con mayor razón, el que es enviado a la vía pública sin uniforme, no está autorizadoa detener a nadie antes de cometer un delito.
Mientras los funcionarios policiales no adviertan la comisión de un delito o, al menos, el comienzo de su ejecución, no están legalmente autorizados a detener ni a requisar a nadie.
Ello así, si bien pude decirse que el encartado estaba ya cometiendo un delito, dado que portaba entre sus ropas el arma por la que aquí se lo imputa, eso no lo sabía el personal policial no uniformado antes de detenerlo y requisarlo.
Sólo lo supo luego de revisarlo, una vez privado de su libertad sin orden judicial y sin que fuera advertible una situación de flagrancia. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó los planteos de nulidad de la detención y posterior requisa del encartado.
En efecto, del relato efectuado por los preventores en relación a las circunstancias que rodearon el hecho, no se advierte –hasta el momento- la presencia de irregularidad alguna de la que pueda inferirse una violación al debido proceso legal. Ello por cuanto el procedimiento fue originado en que –en medio de un procedimiento de control poblacional- el encartado, al notar la presencia de la gendarmería, con gran nerviosismo aceleró sus pasos intentando evadirlo.
A la luz de las pruebas producidas hasta el momento, es dable afirmar -con el grado de provisoriedad propio de esta etapa- que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal de gendarmería se encontraba desplegando un operativo de control y prevención de delitos.
El procedimiento llevado a cabo por la prevención, y la requisa de las pertenencias del imputado tuvieron su origen en el estado de sospecha razonable previo, surgido de las circunstancias objetivas concretas ya consignadas.
Ello así, los gendarmes actuaron en cumplimiento de sus deberes y en el marco de lo dispuesto por los artículo 86, 88 y 113 del Código Procesal Penal de la Ciudad por lo que corresponde confirmar la decisión recurrida en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó los planteos de nulidad de la detención y posterior requisa del encartado.
En efecto, del relato efectuado por los preventores en relación a las circunstancias que rodearon el hecho, no se advierte –hasta el momento- la presencia de irregularidad alguna de la que pueda inferirse una violación al debido proceso legal. Ello por cuanto el procedimiento fue originado en que –en medio de un procedimiento de control poblacional- el encartado, al notar la presencia de la gendarmería, con gran nerviosismo aceleró sus pasos intentando evadirlo.
A la luz de las pruebas producidas hasta el momento, es dable afirmar -con el grado de provisoriedad propio de esta etapa- que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal de gendarmería se encontraba desplegando un operativo de control y prevención de delitos.
El procedimiento llevado a cabo por la prevención, y la requisa de las pertenencias del imputado tuvieron su origen en el estado de sospecha razonable previo, surgido de las circunstancias objetivas concretas ya consignadas.
Ello así, los gendarmes actuaron en cumplimiento de sus deberes y en el marco de lo dispuesto por los artículo 86, 88 y 113 del Código Procesal Penal de la Ciudad por lo que corresponde confirmar la decisión recurrida en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar al planteo de nulidad del procedimiento.
En efecto, admitir la invalidez de la requisa practicada en el automóvil en el que se encontraban los encausados al momento de su detención, implicaría negar a los funcionarios de la prevención la facultad de resguardar sus vidas e integridad física y las de los demás, al momento de realizar procedimientos de requisa en circunstancias tales que razonablemente lo aconsejen.
La función policial no es sólo represiva sino también preventiva, facultad que no puede desconocerse, lo cual hace que sus actuaciones en tal sentido no sean, por sí solas, procesalmente inadmisibles (confr. Cámara Nacional de Casación Penal., sala II, causa N° 152: "Cruz, Angel Julio s/ recurso de casación", Reg. N° 197, rta. el 8/7/94; y sala IV, causa N° 1057: "Acuña, Vicente s/ recurso de casación", Reg. N° 1534, rta. el 30/10/98); y que constituye asimismo un deber insoslayable y fundamental del cuerpo policial administrativo, en cumplimiento de la función que le es propia de evitar la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y resguardar los bienes y derechos de los particulares (CNCP, Sala IV: causa N° 346: "Romero, Ernesto Horacio s/recurso de casación", Reg. N° 614, rta. el 26/6/96; y causa N° 1233: "Giménez, Javier Alejandro s/recurso de casación", Reg. N° 1893, rta. El 11/6/99).
Sin perjuicio de lo expuesto, nada obsta que en el marco de la audiencia de debate oral y público se analice con mayor profundidad, de acuerdo a la prueba a producirse, si han existido efectivamente los presupuestos necesarios para realizar la requisa sin orden judicial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del procedimiento policial.
En efecto, la Defensa cuestiona la validez del procedimiento de la detención y posterior requisa realizada por el personal policial a su pupilo, toda vez que la misma ha violado los derechos a la libertad ambulatoria y de defensa del imputado. Esgrime que la actuación policial se efectuó sin orden judicial, sin existir flagrancia y la situación en cuestión no implicaba urgencia. A su vez, argumenta que no existieron motivos para interceptar a los tres sujetos y luego requisarlos.
Al respecto, y si bien -como principio general- para efectuar una requisa se necesita una orden emanada de autoridad competente, existen ciertas circunstancias que autorizan a prescindir de ella cuando hubiere motivos suficientes de sospecha y urgencia. Así, el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad (art. 6 LPC) establece un estándar mínimo por el cual las autoridades de prevención podrán efectuar requisas sin orden judicial, dado que opera como excepción a la regla general que en materia de detención prevén los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13, inciso 1º de Constitución local.
Ello así, en autos, se desprende la declaración de uno de los agentes de prevención intervinientes en el procedimiento quien expresó haber observado, mientras recorría el ejido jurisdiccional que le fuera asignado, a tres personas de sexo masculino que se encontraban caminando de una esquina a la otra sin realizar ninguna actividad y al notar la presencia del personal policial se mostraron nerviosos, separándose en distintas direcciones por lo que detuvo la marcha de los mismos. Acto seguido procedió al palpado de armas sobre las ropas de los masculinos determinando que uno de ellos poseía en la cintura del lado izquierdo una navaja.
Por tanto, y a la luz de las pruebas hasta el momento producidas, es dable afirmar –al menos en esta etapa del proceso- que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal preventor interviniente se encontraba en la tarea de prevención de ilícitos.

Aún si no se considera un acto preparatorio de un delito el hecho de mirar en el interior de distintos autos, el insultar a la policía tomándose los genitales configura el delito de injurias.
El personal preventor debe evitar la comisión de delitos, aún los dependientes de acción privada, máxime cuando son los titulares de dicha acción.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad del procedimiento referido a la detención del imputado y la posterior requisa practicada.
En efecto, existieron motivos serios y razonables para proceder a la detención del encausado.
Uno de los agentes que intervino en su detención, explicó que mientras se encontraba cumpliendo tareas de prevención observó a dos personas y advirtió un intercambio de algo que aparentaba ser un arma, por la forma y gestos corporales con que fue ubicado en la cintura de quien resultó ser el imputado.
La urgencia de la incautación del arma se verificó dada la necesidad de resguardo y protección de los propios policías, ante la conducta desplegada por el imputado y por quien lo acompañaba, que deben ser valoradas objetivamente atento las circunstancias de modo y lugar en que se dió el suceso: madrugada de un día sábado en las inmediaciones de varias villas de emergencia.
La circunstancia que dos personas, caminando en horas de la madrugada, circulen por un barrio donde las fuerzas de seguridad reciben reiteradas denuncias sobre la comisión de delitos, motivó que el personal policial les prestara mayor atención. Fue al observar ciertos movimientos que los hicieron concluir que se encontraban intercambiando, en forma disimulada, un “arma o un cuchillo”, que se vieron obligados legalmente a intervenir en prevención de la comisión del delito de acción pública que estaban presenciando.
Ello así, por la necesidad de asegurar su propia seguridad, fue legítima la requisa de armas efectuada en las circunstancias relatadas.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad del procedimiento referido a la detención del imputado y la posterior requisa practicada.
En efecto, en opinión de la Defensa, los verdaderos motivos que condujeron a los agentes a detener al encausado, fueron los prejuicios que éstos tuvieron respecto de las características de la zona, la vestimenta y aspecto, concluyendo anticipadamente que el encausado cometería un ilícito.
La Defensa entiende que los Jueces se aferraron a la nocturnidad, al horario, al escenario de pasarse un elemento y a la (hipotética) peligrosidad de la zona, para justificar el (ilegítimo) proceder de los funcionarios policiales.
Los testimonios recibidos en la audiencia de debate, permiten sostener fundadamente, la razonabilidad del accionar policial en el supuesto fáctico de autos y, por ende, conllevan a no admitir la supuesta nulidad de la detención y de todo lo actuado en consecuencia.
Se hallaron reunidos los motivos urgentes que requiere el artículo 112 del Código Procesal Penal para habilitar a las fuerzas de seguridad a proceder sin orden escrita de autoridad competente, en el caso, la presunción de que “una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo…cosas constitutivas de un delito”, en el caso, un arma de fuego, presunción que a través de indicios vehementes se verificó "ex ante" del secuestro.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del procedimiento policial.
En efecto, la Defensa sostuvo que no se advierte cómo el Judicante pudo inferir a partir de los dichos del preventor, que la situación podría llegar a configurar un motivo objetivo y certero para pensar que su pupilo estaría por cometer un delito, toda vez que sólo se encontraba en el sector de los talleres de una estación de subterráneos.
Al respecto, se le imputa al encartado el haber ingresado, contra la expresa voluntad de la empresa que brinda el servicio de subtes, al área de taller de una estación de esta Ciudad, para luego serle incautado distintos tipos de aerosoles con los cuales se dispondría a pintar una de las formaciones.
Ahora bien, del relato efectuado por el preventor en relación a las circunstancias que rodearon el hecho, no se advierte, hasta el momento, la presencia de irregularidad alguna de la que pueda inferirse una violación al debido proceso legal, puesto que el imputado se encontraba en un lugar que no era para acceso público (zona de andén, próximo a dirigirse a los túneles), y en horas de la madrugada en el que facilitaría su no visualización.
Por tanto, y a la luz de las pruebas hasta el momento producidas, es dable afirmar –al menos en esta etapa procesal– que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal policial interviniente se encontraba en la tarea de prevención de ilícitos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del procedimiento policial.
En efecto, la Defensa planteó la nulidad de la detención y requisa de los imputados por entender que fueron detenidos por los preventores sin que hubiera ninguna razón objetiva y admisible que justificara tal proceder dentro del supuesto de flagrancia previsto por el artículo 152 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Sin perjuicio de ello, conforme surge de lo declarado por el personal policial interviniente, la existencia de motivos suficientes como la urgencia necesaria para practicar la medida obedeció al hecho de que el conductor realizara un giro en forma de “U” en dirección contraria al patrullero lo que motivó que se lo siga dándole la voz de alto.
Sumado a ello, es dable resaltar la posterior actitud del conductor que, al detenerse, bajó del vehículo y se acercó al personal policial intentando agredirlos y la fuga de uno de los que se hallaba en el interior del automovil. En conclusión, debe tenerse en cuenta que no son circunstancias aisladas, sino que la sumatoria de todas ellas condujo a conformar el estado de sospecha aducido por los preventores para efectuar la detención del vehículo y requisa de los ocupantes y del rodado.
Por tanto, y a la luz de las pruebas hasta el momento producidas, es dable afirmar –al menos en esta etapa procesal– que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal policial interviniente se encontraba en la tarea de prevención de ilícitos (arts. 86, 88 y 113 del CPPCABA).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la nulidad del procedimiento que originó las actuaciones, sólo en referencia a la intervención inicial y la requisa practicadas por el personal de Gendarmería actuante.
En efecto, la actuación de la gendarme que intervino en la detención del encausado fue motivada por el pedido de una mujer que le hacía señas desde la vía pública y quien le refirió que en las cercanías del lugar se encontraba una persona de sexo masculino que portaba una arma de fuego en sus manos.
Ello así, resulta claro que la preventora actuó previniendo un ilícito, y que su actuación era urgente y que se estaba ante un caso de flagrancia, pues de su relato surge palmario que la persona estaba armada en la vía pública, ya que el caso claramente ameritaba la intervención inmediata del personal de prevención.
Por todo ello, tanto la intervención inicial como la requisa practicadas por la gendarme, fueron llevadas a cabo conforme a la ley, sin vulnerase norma alguna.

En el caso, corresponde afirmar que la interceptación del encausado con fines de identificación resultó ajustada a derecho.
En efecto, debe analizarse si la identificación practicada de acuerdo a las particulares circunstancias de autos, supera el examen de razonabilidad y proporcionalidad.
Se debe evaluar el fin perseguido con la intervención policial y su legitimidad, esto es, si la identificación del imputado se encuadró adecuadamente en la función de prevención del delito y mantenimiento del orden público (artículos 3, inciso 1° y 4 inciso 1°, del decreto-ley N° 333/1958).
La interceptación del imputado tuvo su génesis en el marco de un control poblacional establecido en la Estación de Tren con el objeto de vigilar la zona y prevenir ilícitos (luego de diferentes reclamos realizados por la empresa ferroviaria y denuncias de usuarios en razón del consumo de estupefacientes como de la comisión de hechos ilícitos en el lugar.)
Conforme el relato del preventor actuante, al encontrarse identificando personas al azar, le solicitó al encausado la exhibición de su documento personal, quien comenzó a demostrar un cierto nerviosismo.
En ese instante, de forma espontánea el encausado manifestó poseer un arma de fuego y, en consecuencia, por razones de seguridad, le colocó esposas y pidió cooperación del personal de la Brigada.
Ello así, la intervención policial en el caso se encuadró en la función de prevención del delito y mantenimiento del orden público inherente a las fuerzas de seguridad.

En el caso, corresponde afirmar que la interceptación del encausado con fines de identificación resultó ajustada a derecho.
En efecto, debe analizarse si la invasión en la esfera de protección del derecho fundamental de libertad ha sido proporcional con el objetivo perseguido, es decir con la prevención del delito, o si, por el contrario, ha resultado excesiva y ha configurado la afectación de otra garantía constitucional, esto es, se debe descartar que la actuación policial haya sido guiada por parámetros discriminatorios, en contradicción con el principio constitucional de igualdad.
La invasión en la esfera del derecho a la libertad de circulación ha sido proporcional con el objetivo perseguido, pues no ha existido controversia en orden a que fue mínima y proporcional a la finalidad preventiva perseguida.
Los derechos reconocidos constitucionalmente no son absolutos, sino reglados, esto es, sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 14 de la Constitución Nacional) y no se advierte en el caso que la restricción consistente en interceptar al encausado con el fin de solicitarle su documentación personal haya resultado excesiva pues no demandó más que unos breves instantes.
Tampoco existen elementos que conduzcan a presumir que la injerencia estatal en la esfera de la libertad de circulación del imputado haya redundado en la afectación de otra garantía constitucional del nombrado, pues el preventor fue claro en señalar que la elección de los transeúntes a quienes se estaba identificando, entre ellos y en concreto, la del encausado fue llevada a cabo al azar entre las personas que transitaban por la estación, lo que respeta parámetros de igualdad y aventa todo indicio de que se hubiera podido obrar con algún parámetro discriminatorio, fundado en motivos étnicos, políticos, religiosos o de cualquier otra índole.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió rechazar el planteo de nulidad del procedimiento policial.
En efecto, la Defensa Oficial cuestiona la existencia de motivos suficientes que justificaran el accionar policial, sosteniendo que no existió un supuesto de flagrancia que permitiera prescindir de la orden judicial ni motivos de urgencia.
Ahora bien, de las constancias obrantes en la presente surge que el agente de prevención, quien en definitiva detuvo al imputado, actuó a partir de lo informado por el personal de seguridad de un Parador de esta ciudad, quien habría solicitado su colaboración a partir de un suceso ocurrido entre dos masculinos que se encontraban discutiendo, y uno de ellos tendría un elemento punzocortante. De esto modo, y a efectos de preservar la integridad física de los intervinientes, el personal policial actuó en forma correcta, y en un caso de urgencia, conforme los artículos 86 y 88 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Por lo tanto, es claro que la prevención actuó a partir de una solicitud de ayuda requerida por una empleada de seguridad, frente a sucesos de violencia y frente a la posible existencia de objetos punzocortantes, aunado a que el preventor arribó inmediatamente después de sucedido el supuesto hecho ilícito. Es decir, el personal policial se apersonó dentro de los quince minutos posteriores del hecho en cuestión, por lo que no cabe duda que la situación aún no había sido controlada en forma definitiva, encontrándonos en el supuesto de los artículos 86 y 88 del Código Procesal Penal local. Así, el imputado fue detenido en una situación de flagrancia, conforme el artículo 78 del código anteriormente nombrado, por lo que no se advierte la presencia de irregularidad alguna de la que pueda inferirse una violación al debido proceso legal por parte de la prevención, tal como alega la defensa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del procedimiento policial.
En efecto, la cuestión sometida al análisis en autos se centra en dilucidar si ha existido el grado de sospecha razonable, exigible para la realización de medidas como la cuestionada en autos, o si contrariamente a ello y tal lo afirmado por la Defensa el procedimiento resulta inválido.
Ahora bien, el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad, establece un estándar mínimo por el cual las autoridades de prevención pueden efectuar requisas sin orden judicial, dado que opera como excepción a la regla general que en materia de detención y requisas exige la intervención del juez (arts. 18 CN y 13 inc. 1 CNCABA). De este modo, si bien no puede ignorarse que -como principio general- para efectuar una requisa se necesita una orden emanada de autoridad competente, existen ciertas circunstancias que autorizan a prescindir de ella cuando hubiere motivos suficientes de sospecha y urgencia.
Dicho esto, conforme se desprende de las constancias de autos, la prevención procedió a detener al vehículo en cuestión a partir de unas presuntas infracciones de tránsito (exceso de velocidad, giro prohibido, y la presunción de que el conductor podía haber consumido alcohol pues el acompañante iba tomando), a partir de ello y ante lo dubitativos que se hallaban los ocupantes del rodado respecto a la documentación que se les solicitó, es que el Agente de prevención realizó un procedimiento de rutina debajo, arriba y dentro del vehículo lo que le permitió, con una linterna, observar desde afuera del vehículo el arma en un cajón entreabierto debajo del asiento del conductor.
Es por ello que, en el caso, la detención de un automóvil y la solicitud de identificación del conductor y su acompañante, así como la revisión del vehículo se encuentran fundadas en causas objetivas y tuvieron su origen en un estado de sospecha razonable y previo, por lo que en esta instancia del proceso no se advierte hasta el momento la presencia de irregularidad alguna que justifique la invalidez del procedimiento que pretende la Defensa.
Por último, cabe señalar que de admitir la invalidez de la medida, implicaría negar a los funcionarios de la prevención la facultad de resguardar sus vidas e integridad física y las de los demás, al momento de realizar procedimientos de requisa en circunstancias tales que razonablemente lo aconsejen.

La función policial no es sólo represiva sino también preventiva, facultad que no puede desconocerse, lo cual hace que sus actuaciones en tal sentido no sean por sí solas procesalmente inadmisibles, y que constituye asimismo un deber insoslayable y fundamental del cuerpo policial administrativo en cumplimiento de la función que le es propia de evitar la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y resguardar los bienes y derechos de los particulares (Causas N° 12124/2016-1 "Lehrmann, Juan Carlos s/art. 189 bis del CP", rta. el 26/4/17; N° 14079-00-00/15 "Paoli, Leandro Ezequiel s/art. 189 bis CP", rta. el 4/5/16; entre otras).

El artículo 64 del decreto reglamentario 6580/58 define la actividad de prevención como “toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles”.
El artículo 94, a su vez, establece que “las facultades expresas no excluyen otras que, en materia no prevista, sean imprescindibles ejercer por motivos imperiosos de interés general relacionados con el orden y seguridad públicos y la prevención del delito”.
Por su parte, el artículo 96 del mismo decreto condiciona el ejercicio de estas facultades implícitas al debido respeto de las disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados y las leyes, y –en particular-al principio de razonabilidad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que concedió la suspensión del proceso a prueba respecto de uno de los imputados por el delito de portación de arma pese a la oposición Fiscal.
La Fiscal se opuso al beneficio fundado en razones de política criminal y citó dos criterios de actuación.
Sin embargo, la Fiscal de grado, no brindó mayores razones para convencer que una pena de prisión –que en el caso del imputado que no registra antecedentes penales ni causas en trámite - podría ser en suspenso-, resulta más apta que las reglas de conducta impuestas por la Juez de grado a fin de lograr que el encausado comprenda la peligrosidad de la conducta reprochada y no la reiteren en el futuro, o inclusive, para la obtención del fin preventivo-general que invoca para oponerse a la concesión de la "probation" ya que la suspensión del proceso a prueba también reviste tales objetivos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar al planteo de nulidad del procedimiento policial por la cual se detuvo en imputado.
En efecto, las circunstancias de tiempo y lugar (horas de la noche en una zona peligrosa según las estadísticas policiales y los reclamos vecinales), como el hecho de que una persona camine zigzagueantemente, mirando para todos lados y luego forcejee con los agentes e intente fugarse, constituyen elementos positivos que permiten presumir razonablemente que puede estarse ante la presencia de un hecho delictivo y que justifican la detención y la requisa del sujeto para comprobar, o bien descartar, que el sospechoso porte armas y, eventualmente, neutralizar el peligro, garantizar la seguridad pública y asegurar la prueba.
Todo ello debe realizarse en el marco de la urgencia impuesta, por un lado, por la circunstancia de que el requisado, posible autor de un comportamiento ilícito conforme a aquella sospecha fundada en los extremos objetivos reseñados, tiene derecho a retirarse inmediatamente del lugar si ese extremo no pudiera ser constatado. Por otra parte, también la referida necesidad de asegurar la prueba y, eventualmente, de resguardar a las personas tanto con relación a una eventual víctima, como con respecto a los propios agentes, que "ex ante" surge de aquel contexto, justifican razonablemente la urgencia de la intervención policial.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto condenó al contraventor a la pena principal de multa y a la pena accesoria de clausura del establecimiento por el término de noventa días, todo ello de efectivo cumplimiento.
Se imputa al encartado -en su carácter de titular de la firma responsable del lugar- el haber violado una clausura impuesta y ratificada por la autoridad administrativa, exclusivamente sobre la actividad "albergue transitorio" -para lo que no tenía habilitación -, sobre un local comercial que se encuentra habilitado por el Gobierno de esta Ciudad para funcionar como "hotel sin servicio de comidas".
La Defensa se agravia y cuestiona la desproporcionalidad de la pena accesoria de clausura del establecimiento y la actividad, por entender que posee efectos desvastadores para una fuente de trabajo y carece de asidero legal.
Sin embargo, el "A quo" al establecer la pena cuestionada estimó muy relevante "... la indiferencia mostrada por el encartado frente a la clausura de la actividad dispuesta en sede administrativa"; tal ponderación aparece adecuada y da cuenta de la nula predisposición a solucionar el conflicto que debe considerarse como un agravante del reproche.
En efecto, entendemos que la sanción se compadece con la intensidad con la que se debe buscar el logro de los fines preventivos especiales de la pena que, ante el panorama expuesto, no parece sencillo arribar de otro modo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del procedimiento policial introducido por la Defensa.
La Defensa sostuvo que no existió un cauce autónomo en la investigación, ya que los elementos secuestrado por la autoridad policial fueron producto de las manifestaciones autoincriminatorias de su asistido y no de una requisa conforme a las normas procesales vigentes, toda vez que al momento de ser identificado el policía también le preguntó "si llevaba algo consigo que lo comprometiera" y él mismo exhibió una cantidad importante de estupefacientes que sacó del interior de sus ropas.
Sin embargo, es importante subrayar que la detención del acusado tuvo lugar a partir del particular comportamiento del acusado, quien encontrándose en la vía pública cuando vio al policía retrocedió sobre sus pasos y comenzó a correr, en razón de lo cual comenzó una breve persecución logrando demorarlo a unos 30 metros del lugar de la fuga donde se le pide su DNI indicando el nombrado que no lo poseía ni lo recordaba, y se le hace la pregunta.
Ello así, y siendo que una de las funciones primordiales de las fuerzas de seguridad resulta realizar tareas tendientes a prevenir ilícitos, tal como específicamente lo prescribe el artículo 91 de la Ley Nº 5.688 denominada "Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", se advierte que la actuación policial estuvo ceñida a dicha normativa y fue respetuosa de las garantías constitucionales que deben cumplirse en un procedimiento de estas características.
En efecto, hablar de manifestaciones autoincriminatorias o espontáneas en estas circunstancias resulta irrelevante, ya que la invitación o pregunta para que exhibiera sus efectos personales estuvo basada en datos objetivos y concretos vinculados a la posible comisión de un delito.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar a la nulidad del procedimiento que dio inicio a la presente investigación.
La Defensa cuestionó la validez del procedimiento, y en especial de la detención y requisa, y destacó que según el acta de procedimiento, los numerarios de Gendarmería estaban realizando un control documental y que, supuestamente, su defendido no quiso identificarse y se mostró alterado, por lo que el personal procedió a realizar un palpado de seguridad preventivo, lo que daría cuenta de que los gendarmes actuaron sin sospecha previa respecto de indicios objetivos de que el acusado portaba en su cuerpo, o entre sus efectos personales, elementos provenientes de un delito, o que podían utilizarse para cometerlo. Agregó que de ello podía derivarse que, desde un primer momento, el procedimiento en cuestión estaba dirigido a requisar a las personas que pasaban por el lugar, lo que resultaba a todas luces violatorio del artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, cabe establecer que si bien como principio general se necesita una orden emanada de autoridad competente para efectuar una requisa, existen ciertas circunstancias que autorizan a prescindir de ella. El artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en cuanto dispone que, cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran presumir que una persona porta entre sus efectos personales, o adheridas a su cuerpo, cosas constitutivas de un delito, o que pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales- establece un estándar mínimo por el cual las autoridades de prevención podrán efectuar requisas sin orden judicial, dado que opera como excepción a la regla en materia de detención, prevista por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 1º de la Constitución de la Ciudad.
Así las cosas, es dable afirmar que en el caso si bien no estamos ante un caso de flagrancia, la medida sí habría tenido origen en un estado de sospecha razonable previo, surgido a partir de circunstancias objetivas concretas, toda vez que los gendarmes habrían actuado a partir de una presunción, en virtud del nerviosismo y de la reticencia que mostró el encartado a la identificación por ellos solicitada y la relativa a que los uniformados pudieron advertir, a simple vista, un bulto en el bolsillo de su pantalón por lo que procedieron a requisarlo, con la participación de dos testigos y constatando que el encartado llevaba consigo elementos constitutivos de un delito, quedando de este modo la actuación de prevención dentro del marco del artículo 112 del Código de Procedimiento Penal.
En este punto cabe también destacar que la función policial no es sólo represiva sino también preventiva, y que constituye asimismo un deber insoslayable y fundamental del cuerpo policial administrativo, en cumplimiento de la función que le es propia de evitar la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y resguardar los bienes y derechos de los particulares.
Por tanto, en el caso concreto, cabe concluir que -en principio- existieron motivos suficientes para proceder a la requisa en forma urgente, teniendo en cuenta que el personal preventor interviniente se encontraba en la tarea de prevención de ilícitos, todo ello sin perjuicio que de lo que resulte en el debate oral y público.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto no hizo lugar a la nulidad del procedimiento que dio inicio a la presente investigación.
La Defensa cuestionó la validez del procedimiento, y en especial la detención y requisa, y destacó que según el acta de procedimiento, los numerarios de Gendarmería estaban realizando un control documental y que, supuestamente, su defendido no quiso identificarse, y se mostró alterado, por lo que el personal procedió a realizar un palpado de seguridad preventivo, lo que daría cuenta de que los gendarmes actuaron sin sospecha previa respecto de indicios objetivos de que el acusado portaba en su cuerpo, o entre sus efectos personales, elementos provenientes de un delito, o que podían utilizarse para cometerlo.
Sin embargo, el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en cuanto dispone que, cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran presumir que una persona porta entre sus efectos personales, o adheridas a su cuerpo, cosas constitutivas de un delito, o que pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales- dio sustento a la actuación del personal interviniente que lo hizo a partir de una razonable sospecha basada en la conducta nerviosa y reticente del imputado que los llevó a pensar que aquél podría llevar encima elementos que pudieran resultar delictivos o provenientes de un delito
Y es que, la función policial no es sólo represiva sino también preventiva y constituye un deber irrenunciable del cuerpo policial, en cumplimiento de la función que le es propia, el de evitar la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y resguardar los bienes y derechos de los particulares
Dadas entonces las circunstancias que habilitaban al personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba en una típica tarea prevencional, a intervenir y practicar la requisa, es que corresponde rechazar el planteo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del procedimiento policial que dió inicio a estos actuados.
Para así resolver, la A-Quo sostuvo que las circunstancias fácticas del caso son justificativas del obrar de las fuerzas de seguridad, ya que se encontraban realizando un operativo de prevención de delitos, en el medio de la noche y en el ingreso de una villa de emergencia donde hay producción y compraventa de estupefacientes. Asimismo, en dicho contexto, valoró el hecho de que los agentes hayan advertido que el vehículo donde los encausados se transportaban hubiera violado la luz roja de un semáforo, y que al ser detenidos éstos se mostraran dubitativos y ofuscados.
Por su parte, la Defensa de uno de los imputados rebatió los argumentos brindados por la Judicante en la resolución puesta en crisis, aduciendo que ellos configuran una especie de derecho penal de autor sin sustento fáctico, y por lo tanto aquélla devendría arbitraria.
Ahora bien, respecto a los hechos en cuestión, se le atribuyó a los imputados el haber tenido en su poder ciento quince (115) envoltorios de nylon conteniendo una sustancia pulverulenta, todos ellos pesando un total de cuarenta y tres (43) gramos, que en el test orientativo arrojó resultado positivo para “cocaína”, y los cuales se encontraban debajo del asiento del acompañante del vehículo en el que se transportaban.
Estos hechos fueron calificados por el Ministerio Público Fiscal como constitutivos del delito de tenencia simple de estupefacientes, conforme prevé el artículo 14, inciso 1° de la Ley N° 23.737.
Puesto a resolver, y si bien es cierto, como lo señala la Defensa, que ponderar los hechos en base a que los agentes se encontraban en el acceso de un barrio carenciado podría configurar una suerte de prejuicio y, consecuentemente, la aplicación de un delito penal de autor a las personas que por allí circulasen, no lo es menos que existen zonas de las ciudades donde hay mayor cantidad de delitos que en otras, y éste es precisamente el caso.
En efecto, la ubicación de personal policial para tareas de prevención tiene la finalidad de reducir la actividad delictiva en un lugar, y ello obedece, en parte, a que estadísticamente se conocen las zonas donde ocurren más delitos. Si esto no fuese así, o sea, si el personal policial debiese estar distribuido equitativamente en todo el territorio de una urbe, su accionar sería absolutamente ineficiente, ya que sobrarían efectivos en lugares con baja delictualidad y faltarían donde ella es elevada.
En definitiva, el accionar policial se encontraba plenamente sustentado en la normativa vigente -art. 118 del CPPCABA y Ley 5688- en razón de hallarse al momento de los hechos la causal de “urgencia” prevista por aquella, la que habilitaba a los agentes no sólo a requisar personalmente al conductor y su acompañante, sino también el interior del vehículo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la nulidad de la requisa y detención del imputado.
La Defensa se agravió por entender que no existieron “elementos de convicción suficientes” y tampoco elementos objetivos para proceder a la detención y requisa del imputado.
Sin embargo, se desprende de las constancias del legajo que el preventor actuante manifestó que en circunstancia en que desempeñaba funciones en misión preventiva de ilícitos, observó dos sujetos "realizando un intercambio de elementos de pasa manos", motivo éste que condujo a la posterior identificación y palpado preventivo entre sus ropas logrando de esta forma obtener el secuestro de los envoltorios de nylon color blanco conteniendo una sustancia de color amarillenta similar a la pasta base, cuyo pesaje arrojó 2.23 grs., ocho cubos de una sustancia vegetal de color verde amarronada similar a la picadura de marihuana.
En razón de lo expuesto, no se advierte -tal como pretende plantear la Defensa- que se haya detenido e imputado al encartado como presunto autor del hecho en cuestión sin razón aparente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la nulidad de la requisa y detención del imputado.
La Defensa se agravió por entender que no existieron “elementos de convicción suficientes” y tampoco elementos objetivos para proceder a la detención y requisa del imputado.
Sin embargo, se desprende de las constancias del legajo que el preventor actuante manifestó que su intervención fue motivada en circunstancias en que se encontraba ejerciendo funciones de vigilancia de prevención, oportunidad en la que advirtió la presencia de un masculino quien al notar la presencia de personal policial "se encontraba en una actitud nerviosa y esquiva".
Esta circunstancia, configura un marco de sospecha que justificó la intervención policial.
Por tanto, es dable afirmar -al menos en esta etapa del proceso- que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la nulidad de la requisa y detención del imputado.
La Defensa se agravió por entender que no existieron “elementos de convicción suficientes” y tampoco elementos objetivos para proceder a la detención y requisa del imputado.
Sin embargo, se desprende de las constancias del legajo que el preventor actuante manifestó que su intervención fue motivada en circunstancias en que se encontraba ejerciendo funciones de vigilancia de prevención, oportunidad en la que advirtió la presencia de un masculino quien al notar la presencia de personal policial "se encontraba en una actitud nerviosa y esquiva".
Esta circunstancia, configura un marco de sospecha que justificó la intervención policial.
Por tanto, es dable afirmar -al menos en esta etapa del proceso- que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la nulidad de la requisa y detención del imputado.
En el caso, el preventor declaró que mientras se encontraba recorriendo el ejido jurisdiccional, visualizó a dos personas realizando un intercambio de elementos de pasa manos, motivo por el cual el dicente procedió a detener la marcha de los mismos; estos al percatarse de la presencia policial, trataron de darse a la fuga a veloz carrera logrando interceptarlos a unos 20 metros de lugar.
Ello así, la conducta sospechosa (estar efectuando un intercambio análogo a una pasa manos de droga callejero) y el darse a la fuga al advertir la presencia policial, justificó el proceder policial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso declarar la nulidad del procedimiento policial llevado a cabo y sobreseer al encausado.
Contra dicha resolución, la Fiscalía interpuso recurso de apelación y sostuvo que los gendarmes se encontraban habilitados para actuar del modo en que lo hicieron pues, realizando tareas de prevención en la zona, procedieron a identificar al encartado, quien se puso agresivo y los golpeó y esta situación fue la que generó la detención del nombrado.
Ahora bien, conforme surge del acta de procedimiento, personal policial que se encontraba realizando tareas de prevención en el interior del Barrio 1-11-14, observaron a un masculino sentado con una mochila color negra en su poder quien, al intentar ser identificado, se tornó agresivo con el personal policial. Una vez que lograron reducir al imputado, los intervinientes se trasladaron a la base de Gendarmería. Allí, luego de haberlo identificado y realizado las consultas de rigor acerca de si poseía o no medidas judiciales vigentes, se procedió a la requisa de la mochila en cuyo interior fue presuntamente hallado el material estupefaciente.
Aclarado ello, vale señalar que sin perjuicio de las facultades de identificación que posee la prevención, dicha cuestión no será analizada en la presente, pues surge claramente que no fue ése el motivo que los llevó a requisar al aquí imputado, quien se encontraba sentado en la vereda, sino la actitud hostil que asumió el nombrado frente a la petición de identificación, por lo que el obrar de la prevención fue ajustado a derecho.
Sin embargo, a nuestro criterio, no existieron razones de urgencia que justifique la requisa efectuada sin previa orden judicial. En efecto, ésta medida fue llevada a cabo cuando el imputado ya se encontraba neutralizado en la base de Gendarmería, tiempo después del altercado con uno de los preventores, es decir, cuando ya no se evidenciaba la premura, ni existía riesgo para los intervinientes.
En efecto, consideramos que, en el caso, la requisa realizada al encausado excedió las facultades de la prevención, resultando violatoria de derechos y garantías constitucionales, por lo que cabe afirmar que el procedimiento de requisa de la mochila es nulo, así como todos los actos que de él se desprenden.

En el caso, corresponde declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación presentado en punto al rechazo de la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, y en consecuencia, confirmar resolución de grado en cuanto decidió rechazar el planteo de nulidad de la de detención del imputado.
La Defensa se agravió y sostuvo que en el caso no existió ninguna circunstancia ostensible y objetiva que autorizara a los policías a detener al imputado con el fin de identificarlo.
No obstante, se constata en autos que existieron motivos suficientes para que los agentes policiales, atento a la actitud sospechosa del encartado y su cómplice (subir a un taxi por una puerta y descender inmediatamente por la otra puerta del mismo), y acomodarse constantemente las ropas a la altura de la cintura, sospecharan de la posible comisión de algún tipo de ilícito y concurriesen a verificar ello y en última instancia identificar a las personas que podrían estar armadas.
Por consiguiente, la intervención policial estaba justificada tanto por facultades de prevención (evitar el ilícito o sus consecuencias) como de represión (en caso de comisión de un delito, identificar a los culpables y reunir la prueba). Frente a ello, identificar a las personas se aprecia como una medida proporcionada al fin que se pretendía lograr. Pero si, al advertir que el funcionario se estaba acercando a ellos y les profirió la voz de alto, intentaron escaparse, la mera identificación no parece adecuada ni tampoco posible, y es necesario la detención.
Además, el hecho de que como consecuencia de la persecución y posterior detención, se halló un revólver calibre 22 (apta para el disparo de funcionamiento normal), que momentos antes se encontraba en poder del imputado, permite afirmar que la detención fue llevada a cabo en un supuesto de flagrancia (art. 78, CPP, en función del art. 189 bis, CP) que justifica su detención sin necesidad de orden de autoridad competente, en virtud del artículo 152, del Código Procesal Penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad de la requisa y detención introducido por la Defensa.
Según se desprende de las declaraciones testimoniales de los agentes de la Policía Federal Argentina, en momentos en que se encontraban realizando un control poblacional ordenado por la superioridad con la misión de prevención y represión de hechos ilícitos, se les habría secuestrado a uno de los encausados un total de 19 envoltorios de nylon color negro conteniendo una sustancia vegetal similar a la marihuana y al otro imputado, un total de 18 envoltorios conteniendo la misma sustancia, la que habría arrojado resultado positivo luego de practicarse un narcotest. En razón de esta plataforma fáctica, el Fiscal calificó los sucesos como constitutivos prima facie del delito de tenencia simple de estupefacientes (art. 14, primer párrafo, de la Ley N° 23.737).
La Defensa alegó que no había existido una situación de sospecha por la posible comisión de un delito que demandara la intervención policial para lograr la seguridad del resto de la población.
Ahora bien, los agentes del Cuerpo de Policía, en función de las facultades de prevención que les otorga la Ley N° 5.688, tenían la potestad de solicitarle a los imputados que acreditaran su identidad. No obstante ello, surge del acta policial que los nombrados no portaban sus documentos de identidad y, además, no habrían colaborado con el operativo policial.
De esta forma, habría sido esta actitud reticente de los acusados a colaborar con el personal policial que estaba intentando identificarlos la que habría llevado a un cacheo por sobre sus ropas para neutralizar cualquier peligro, como al procedimiento posterior de llamar a testigos para que, frente a ellos, se les pidiera a los sujetos que mostraran el contenido de sus pertenencias.
En consecuencia, estos actos posteriores del personal policial no se habrían motivado en la mera solicitud de exhibir sus documentos de identidad, sino en otros hechos externos que siguieron a ello, esto es, el hecho de estar indocumentados y a su falta de colaboración con el procedimiento policial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad de la requisa y detención introducido por la Defensa.
Según se desprende de las declaraciones testimoniales de los agentes de la Policía Federal Argentina, en momentos en que se encontraban realizando un control poblacional ordenado por la superioridad con la misión de prevención y represión de hechos ilícitos, se les habría secuestrado a uno de los encausados un total de 19 envoltorios de nylon color negro conteniendo una sustancia vegetal similar a la marihuana y al otro imputado, un total de 18 envoltorios conteniendo la misma sustancia, la que habría arrojado resultado positivo luego de practicarse un narcotest. En razón de esta plataforma fáctica, el Fiscal calificó los sucesos como constitutivos prima facie del delito de tenencia simple de estupefacientes (art. 14, primer párrafo, de la Ley N° 23.737).
La Defensa se agravió y sostuvo que la práctica denominada “control poblacional” era un acto de discriminación y arbitrariedad policial dirigida hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ahora bien, cabe destacar que la posibilidad de realizar un operativo general de prevención se desprende del artículo 89 de la Ley N° 5.688, en cuanto estipula que “(…) la Policía de la Ciudad conforma su organización y desarrolla sus actividades institucionales en función de la prevención(…)”, a la que define como aquellas acciones que consisten, entre otras, “(…) en la planificación, implementación, coordinación o evaluación de las operaciones policiales, en el nivel estratégico y táctico, orientadas a prevenir los hechos delictivos”.
Sumado a ello, respecto de las atribuciones policiales, se debe distinguir una doble función: la preventiva, que consiste en impedir, evitar, obstaculizar o limitar violaciones a las leyes y hacer cesar las que ya hayan sido cometidas pero que aún continúen, y la represiva, referida a cooperar con la Fiscalía y el Juez en la investigación y persecución de delitos y contravenciones. De esta manera, la función represiva se regula principalmente en los códigos procesales penales, mientras que la preventiva está estipulada en las leyes de policía.
En efecto, la intervención policial en el caso, estaba justificada por facultades de prevención entre las cuales identificar a personas se aprecia como una medida proporcionada y acorde para un control poblacional.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar al planteo de nulidad del procedimiento prevencional y de la requisa llevada a cabo.
La Defensa planteó que la presente causa tuvo su origen en una viciada intervención policial, ya que se detuvo y luego se requisó a sus asistidos sin motivos que lo justificaran.
El Magistrado rechazó el planteo de nulidad, refiriendo que "prima facie", no se observaba ninguna irregularidad en el procedimiento y que las cuestiones alegadas debían ser tratadas en la audiencia de juicio donde se podría oír a todos los involucrados.
Ahora bien,conforme lo dispuesto por el artículo 5.2.2 de la Ley N° 2.148 -Código de Tránsito y Transporte de la CABA-, el preventor estaba habilitado para solicitarle al encartado su documentación, y la correspondiente a su vehículo.
En la misma línea, lo cierto es que en el marco del caso, no existen elementos que autoricen a pensar que esa detención del vehículo, y la consiguiente solicitud de la documentación de su conductor, se haya debido a la raza o nacionalidad de aquél, sino que, antes bien, tal accionar respondió a un simple control policial de documentación.
Conforme estas circunstancias, estamos en condiciones de afirmar que la Defensa no ha logrado salir de la mera invocación, ni demostrar cómo fue que en el caso de autos, la detención de la marcha del vehículo, por personal de prevención, obedeció a cuestiones discriminatorias, distintas de las relativas a la función que llevan adelante en el día a día los agentes designados a tal fin, en esta Ciudad.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar al planteo de nulidad del procedimiento prevencional y de la requisa llevada a cabo.
La Defensa planteó que la presente causa tuvo su origen en una viciada intervención policial, ya que se detuvo y luego se requisó a sus asistidos sin motivos que lo justificaran.
El Magistrado rechazó el planteo de nulidad, refiriendo que "prima facie", no se observaba ninguna irregularidad en el procedimiento y que las cuestiones alegadas debían ser tratadas en la audiencia de juicio donde se podría oír a todos los involucrados.
El Magistrado rechazó el planteo de nulidad, refiriendo que, "prima facie", no se observaba ninguna irregularidad en el procedimiento y que las cuestiones alegadas debían ser tratadas en la audiencia de juicio donde se podría oír a todos los involucrados.
Ahora bien, debido a que el oficial de policía advirtió que la licencia de conducir en cuestión podía resultar apócrifa, requirió a los otros dos ocupantes del vehículo que se identificaran, y dicho accionar no aparece desproporcionado ni irrazonable, teniendo en cuenta los hechos del caso y su desarrollo.
En este sentido, debe recordarse que la función de las fuerzas de seguridad no es sólo represiva sino también preventiva, facultad que no puede desconocerse, lo cual hace que sus actuaciones en tal sentido no sean, por sí solas, procesalmente inadmisibles, y que constituye, asimismo, un deber insoslayable y fundamental del cuerpo policial administrativo, en cumplimiento de la función que le es propia de evitar la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y resguardar los bienes y derechos de los particulares.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar al planteo de nulidad del procedimiento prevencional y de la requisa llevada a cabo.
La Defensa planteó que la presente causa tuvo su origen en una viciada intervención policial, ya que se detuvo y luego se requisó a sus asistidos sin motivos que lo justificaran.
El Magistrado rechazó el planteo de nulidad, refiriendo que "prima facie", no se observaba ninguna irregularidad en el procedimiento y que las cuestiones alegadas debían ser tratadas en la audiencia de juicio donde se podría oír a todos los involucrados.
Ahora bien, surge de las constancias del legajo la declaración del preventor, quien manifestó que en un procedimiento de rutina de prevención del delito, paró el vehículo, solicitó la licencia de conducir a su conductor, y al advertir que ésta era apócrifa requirió la identificación de los otros ocupantes del vehículo, y que uno de ellos habría abierto una mochila que tenía en su poder y, mostrándole una gran cantidad de dinero que había en su interior, le habría manifestado “agarren lo que quieran” (sic).
A raíz de esto el preventor se comunicó con el representante del Ministerio Público Fiscal quien dispuso realizar la requisa del rodado como así también de los masculinos y sus pertenencias mediante dos testigos habilitados, haciendo mención de que ambos masculinos si poseían teléfono celular, había que detallar la propiedad de cada uno.
Por tanto, es dable afirmar -al menos, en esta etapa procesal- que en el caso se ha obrado conforme lo dispuesto por los artículos 92, 94, 118 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que en razón de las circunstancias ya descriptas, existían razones que hacían presumir que los acusados portaban, entre sus efectos personales, elementos constitutivos de un delito, por lo que la circunstancia de que en el caso el Fiscal haya dispuesto la requisa en cuestión resulta, al menos "prima facie", adecuada.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar al planteo de nulidad de la requisa.
La Defensa planteó que la presente causa tuvo su origen en una viciada intervención policial, ya que se detuvo y luego se requisó a sus asistidos sin motivos que lo justificaran.
Ahora bien, surge de las constancias del legajo la declaración del preventor, quien manifestó que en un procedimiento de rutina de prevención del delito, paró el vehículo, solicitó la licencia de conducir a su conductor, y al advertir que ésta era apócrifa requirió la identificación de los otros ocupantes del vehículo, y que uno de ellos habría abierto una mochila que tenía en su poder y, mostrándole una gran cantidad de dinero que había en su interior, le habría manifestado “agarren lo que quieran” (sic).
El Magistrado rechazó el planteo de nulidad, refiriendo que, "prima facie", no se observaba ninguna irregularidad en el procedimiento y que las cuestiones alegadas debían ser tratadas en la audiencia de juicio donde se podría oír a todos los involucrados.
En efecto, no se advierte en esta etapa, vicio palmario alguno que invalide el procedimiento prevencional que dio origen a estas actuaciones.
Por lo demás, cabe señalar que la adopción de una decisión definitiva sobre el tema resultaría prematura, pues para ahondar en los motivos que llevaron al preventor a realizar el procedimiento resulta necesario el desarrollo de la audiencia de debate, que es el momento oportuno para ventilar y analizar las circunstancias fácticas de tiempo y lugar que rodearon al suceso y al procedimiento llevado a cabo, toda vez que es en dicha etapa cuando se logra una apreciación más acabada de los hechos.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la devolución de la suma de dinero secuestrada.
E Magistrado entendió que la suma de dinero secuestrada podría quedar sujeta a embargo y costas del proceso; a su vez indicó que los doscientos veinticuatro mil pesos ($224.000) -conforme la hipótesis fiscal- fueron ofrecidos a los preventores, conducta que "prima facie" encuadra dentro de las previsiones del artículo 258 del Código Penal.
Al respecto, resulta oportuno señalar que los efectos que son secuestrados en el marco de las causas penales deben quedar sujetos a disposición de la justicia, mientras dure la sustanciación del proceso, y a sus resultas, en función del artículo 23 del Código de fondo, siempre que constituyan elementos de prueba del hecho o hayan podido ser adquiridos con su producido.
A su vez, en lo que aquí es relevante, el artículo 120 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. ley 6347) expresa que “…los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder se retiraron o a quien acredite su derecho…”; ello no sucede en el caso en examen, ya que el dinero secuestrado es un objeto indispensable para el análisis de la conducta investigada respecto del acusado, constitutiva del delito de cohecho.
En razón de lo expuesto, entendemos que le asiste razón al "A quo" en este punto, puesto que la naturaleza del objeto secuestrado y la acción desplegada por el imputado impiden descartar que el dinero pueda ser alcanzado por la sanción accesoria prevista en el artículo 23 del Código Penal.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad del procedimiento de la detención interpuesto por la Defensa.
El presente tuvo su origen en un procedimiento llevado a cabo en la madrugada, en un hotel de esta ciudad, a raíz de un llamado a la línea de emergencias del 911 y pedido de auxilio desde el balcón de su habitación de la una señora, que culminó con la detención del encausado.
Surge de las declaraciones de los tres preventores, que son contestes entre ellas, que dada la agresividad y hostilidad en la que se encontraba el encartado, actuaron ante un caso urgente donde resultaba necesario preservar su integridad física y la de las personas presentes en el Hotel. Así pues, si bien el imputado negó haber agredido a los oficiales y dio su versión de los hechos en cuanto a que él es quien habría sido golpeado sin razón alguna, sus manifestaciones lucen huérfanas a fin de restar credibilidad no sólo a lo expuesto por los policías intervinientes sino también a la situación de agresividad denunciada por la víctima, sin dar explicación alguna al respecto, así como tampoco sobre el motivo por el cual aquella se encontraba encerrada y habría llamado a la policía, ni la razón por la cuál éstos al haber acudido al lugar lo habrían golpeado sin causa alguna.
Al respecto, sobre lo alegado por la Defensa en cuanto a la falta de valoración de los dichos del imputado en el acta de intimación del hecho en torno a la manifestación de haber sufrido el uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial provocándole lesiones en el cuerpo y en la vista por la utilización de gas lacrimógeno, lo cual resultaría coincidente con lo expuesto por la denunciante al respecto -sin perjuicio que aquella no lo habría presenciado- cabe señalar que la denuncia formulada al respecto ante la Fiscalía especializada no da cuenta ni certeza "per se" de su veracidad, así como tampoco el mero uso de gas pimienta a fin de reducir al imputado de su configuración.
Contrariamente, en virtud de las pruebas hasta aquí producidas no se desprende que los preventores hubieran actuado ilegítimamente sino en virtud de las razones de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de sus funciones específicas, en el caso la prevención de ilícitos.
En el caso, no se advierte, de las constancias de la presente, irregularidad alguna en las actuaciones de los preventores que intervinieron en el procedimiento que dio inicia a estos actuados.Es que la función policial no es sólo represiva sino también preventiva, facultad que no puede desconocerse, lo cual hace que sus actuaciones en tal sentido no sean, por sí solas, procesalmente inadmisibles y que constituye asimismo un deber insoslayable y fundamental del cuerpo policial administrativo, en cumplimiento de la función que le es propia de evitar la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y resguardar los bienes y derechos de los particulares
En conclusión, los extremos del procedimiento que fueron debida y extensamente explicados por los preventores al declarar en el marco del debate oral, así como lógicamente ponderados por la Jueza de grado en oportunidad de pronunciarse, no logran ser conmovidos por la hipótesis defensista.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazó el planteo de nulidad del procedimiento de detención y requisa.
Se imputa al encartado el haber portado, a la altura de su cintura, un arma de fuego con un cartucho a bala intacto en el tambor mientras se encontraba en un local que funciona como “pool”. Dicho suceso tuvo lugar en ocasión en que el Oficial y el Inspector circulaban a bordo de un móvil policial y al pasar por el lugar citado, pudieron advertir que los allí presentes, al notar presencia policial comenzaron a disperse. Uno de ellos, vestido de campera negra y pantalón deportivo de color gris, al momento de emprender la fuga, llevó su mano derecho a la cintura, realizando ademanes como si llevara un arma de fuego consigo. Por tal motivo, el Oficial comenzó la persecución dando la voz de alto, lo cual fue omitido por el imputado quien continuó con la huida, y llevó nuevamente su mano derecha a la cintura realizando un evidente gesto de que extraería un arma de su cintura, motivo por el cual el Oficial efectuó un disparo de escopeta para intimidar al imputado. Acto seguido, el personal policial logró detener la marcha del sujeto, seguidamente procedió a su identificación, y a su correspondiente requisa, de la cual se constató que el imputado llevaba dentro del pantalón a la altura de la cintura un arma de fuego con un cartucho a bala.
Dicha conducta fue calificada por la acusación pública como configurativa del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (cf. art.189 bis, punto 2, párr. 3° CP).
La Defensa sostuvo que el inicio del procedimiento que dio lugar a la detención se encuentra viciado, en tanto su asistido se habría autoincriminado al referirle al personal policial el haber participado en un hecho de disparos de arma de fuego. Afirmó que de ningún modo puede sostenerse que los dichos vertidos por el nombrado fueron “espontáneos” en tanto estos habían sido proferidos luego de ser perseguido por la autoridad policial, una vez restringido de su libertad y encontrándose en sede policial.
Sin embargo, las razones que llevaron a la detención no se vinculan con lo que habría declarado el encartado luego en sede policial, sino que, su detención se motivó en el hecho flagrante que consistió en que el imputado fuera hallado por preventores que se encontraban prestando funciones.
En consecuencia, el procedimiento en cuestión se fundó en circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal preventor interviniente se encontraba en la tarea de prevención de ilícitos.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazó el planteo de nulidad del procedimiento de detención y requisa.
En efecto, el artículo 92 de la Ley de Seguridad Pública autoriza al personal policial cuando, en el desempeño de funciones preventivas hubiera motivos urgentes que hicieran presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo cosas constitutivas de un delito o que pudieran poner en peligro a terceros o a las autoridades en el marco de un operativo policial, a disponer que se efectúen registros personales.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que hizo lugar al amparo colectivo interpuesto en virtud de la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos.
El demandado se agravió de que la sentencia en crisis implica una intromisión del Poder Judicial en las facultades propias de la Administración, toda vez que la priva de una herramienta a través de la cual ha decidido brindar el servicio de seguridad pública al que constitucionalmente está obligado y en un momento crítico de la situación social.
Sin embargo, la Magistrada de primer grado basó su resolutorio, entre otros fundamentos, en que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos fue puesto en funcionamiento sin estar debidamente constituidos los organismos de control o en condiciones de realizar las funciones que el cuerpo legal tanto nacional como internacional imponen, vulnerando el principio de legalidad que debe regir todo accionar de la Administración.
También, ponderó que el único registro sobre el cual opera el Sistema (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas) presentaba serias fallas que podían dar lugar a falsos positivos y, consecuentemente, a detenciones erróneas o demoras injustificadas por parte de las fuerzas de seguridad con las consecuencias disvaliosas que eso acarreaba al sujeto involucrado.
Asimismo, tuvo en cuenta que el demandado no había precisado cuáles habían sido las pruebas que había realizado sobre el sistema antes de ponerlo en ejecución; y la falta de participación ciudadana reconocida legalmente en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública.
No es posible minimizar como hizo el accionado la existencia de una mayor cantidad de registros de datos biométricos que aquella que conforma la base de datos de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas; en particular, cuando no ha justificado a qué obedece esa discrepancia inapropiada en el marco del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad interpuesto por la Defensa.
Surge de las constancias de autos que fue el propio acusado quien manifestó espontáneamente a los preventores que llegaron en auxilio de la denunciante que el arma que exhibió su esposa era de su propiedad y que había perdido los papeles.
Dicha conducta fue encuadrada por el Fiscal en la figura prevista y reprimida por el artículo 189 bis, inciso 2º, párrafo segundo del Código Penal.
La Defensa planteó la nulidad del procedimiento policial -por violación de la garantía de autoincriminación- y del requerimiento de juicio, en consecuencia, por no existir otro curso causal independiente. Expuso que la sola presencia policial generaba una atmósfera de coercibilidad que inhibía cualquier manifestación voluntaria.
Sin embargo, la investigación no tuvo su génesis en lo expresado por el imputado, sino en las tareas de prevención efectuadas por el personal policial -en el marco de sus atribuciones- dado que frente a un llamado al 911 -efectuado por la denunciante-, un agente policial fue desplazado por supuestos hechos de violencia de género y fue en dicha ocasión en que la denunciante exhibió –y entregó– el arma y dijo que era de su marido.
Por lo tanto, dado que la Fiscalía no usó los dichos del acusado para fundar la responsabilidad penal que le reprocha, así como al existir un cauce independiente que legitima la investigación de autos, entiendo que no debe anularse lo actuado, particularmente en referencia al secuestro del arma cuya tenencia se le atribuye al acusado.