El negocio de apoderamiento puede ser definido como aquel acto jurídico por virtud del cual una persona (dominus negotii o principal) concede y otorga voluntariamente a otra un poder de representación. Es un acto jurídico unilateral que deriva toda su fuerza de la sola voluntad del principal, y que para la consecución de los efectos que le son característicos no necesita la aceptación por parte del apoderado (conf. Gastaldi, José María, obra citada, pág. 243; Mosset Iturraspe, Jorge, Mandatos, Ediar, 1979, Cap. II, 2.2.1, pág. 56/59).
El apoderamiento puede hallarse, y generalmente se halla, unido a otro negocio (mandato, comisión, sociedad, etc.), quizá fundido con el mismo a través de una única e inescindible manifestación de voluntad, contenida incluso en un único documento; sin embargo, esto no significa en absoluto que el apoderamiento pierda su autonomía y su función, pues, en efecto, los demás negocios tienen un único fin de regular las relaciones internas entre representante y representado en el terreno obligatorio (deber de comportarse de una determinada manera, contraprestación, etc), y por el contrario, el apoderamiento tiene en único fin de atribuir al representante el poder de representar, lo que justifica su carácter de acto jurídico unilateral. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

La facultad judicial de exigir la acreditación de la representación (mediante la presentación del instrumento que documenta el apoderamiento —representación voluntaria—, o bien de las partidas u otros instrumentos para acreditar la personería —representación necesaria de los padres, tutores y curadores—) no alcanza al Ministerio Público Tutelar.
Ello así, toda vez que su poder de representación deriva directamente de la ley y de su condición de órgano estatal investido, mediante el acto de designación, con la competencia establecida por las normas que regulan su actuación.
En el caso, al cuestionar —de forma totalmente improcedente— la intervención del Ministerio Público Tutelar, sin duda se perturba el desempeño de este órgano, instituido nada menos que para tutelar los derechos e intereses de los incapaces. Ello, a su vez, apareja la delicada posibilidad de irrogar lesión o menoscabo a esos derechos o intereses; situación tanto más delicada si proviene de la actuación de algún miembro del Poder Judicial, inclusive del mismo Ministerio Público. (Del voto en disidencia del Dr. Centanaro).

En el caso, es inadmisible la excepción de pago total opuesta por el demandado, atento a que la obligación tributaria no se encuentra cancelada.
Los pagos alegados por el contribuyente nunca ingresaron a las arcas del fisco —extremo que no se encuentra cuestionado por el recurrente—, debido a la supuesta maniobra fraudulenta en que habría incurrido el representante de la ejecutada al momento de realizar los pagos en cuestión.
En lo que interesa a la presente ejecución fiscal, que únicamente pretende el reclamo de la obligación tributaria pendiente de pago, la sola falta de ingreso en debida forma del pago en cuestión implica la improcedencia de la defensa intentada. Ello, claro está, sin perjuicio de las acciones que pudiere promover el demandado contra los eventuales responsables de las maniobras fraudulentas alegadas.

En el caso, la Sra. Juez a quo, tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento pues pretendía que no sólo el apoderado estuviera presente en la audiencia de juicio oral y público, sino también ambos representantes legales.
Ahora bien, tal requisito no cuenta con sustento legal alguno, por cuanto el artículo 16 de la Ley Nº 1217 establece que el/la presunto/a infractor/a puede comparecer por sí o por medio de mandatario, de manera tal que la empresa objeto de juzgamiento en la presente causa, se encontraba perfectamente representada el día en que se celebraría la primer audiencia de juicio.
Si la Sra. Juez a quo entendía que existía un defecto de representación, debió conferir un plazo para subsanarlo.
El exceso ritual manifiesto viola el derecho de defensa y convierte al acto jurisdiccional en inválido; ello a mérito que el juez debe determinar la verdad sustancial por encima del exceso ritual, pues el logro de la justicia requiere que se entendida como lo que es, o sea una virtud al servicio de la verdad (conf. CFed. La Plata, sala I; 28/02/1996, “femeba c. Obra Social de Choferes de Camiones”, DJ, 1996-1-908).

En el caso, el Sr. Fiscal de Cámara, entiende que el juez a quo ha incurrido en un error de procedimiento, al llevar a cabo la audiencia de juzgamiento únicamente con la presencia del apoderado de la empresa imputada, cuando lo correcto hubiese sido el exigir la presencia del representante legal de aquella, toda vez que es quien tiene facultades de obligar a la empresa.
La postura del Sr. Fiscal de Cámara discrepa con el temperamento de esta Sala al respecto, que en reiterados precedentes, entre otros “C & A” ARGENTINA SCS s/poseer personal de seguridad privada sin estar inscripto en la DGSSP y otras” (causa nº 580/07, rta. el 11/12/07), ha sostenido que la Ley de Procedimiento de Faltas, es clara al decir en su artículo 16 que “El/la presunto /a infractor/a puede comparecer por sí o por medio de mandatario”; de modo tal que la sola asistencia del letrado apoderado de la sociedad es suficiente a los fines de la celebración de la audiencia de juzgamiento de faltas, como bien entendió el magistrado de grado.

En el caso, corresponde revocar la resolución que tiene por desistida la solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada por el representante de la empresa, de la resolución dictada por la Unidad Administrativa de Faltas.
La resolución impugnada incurre en un excesivo rigorismo formal al no advertir que la parte había sido notificada de la audiencia en el domicilio constituído de la empresa y que el abogado patrocinante se presentó al juzgado y dejó constancia que no había logrado establecer contacto ni con los socios gerentes de la empresa ni con los testigos propuestos por la defensa y que renunciaba al patrocinio letrado de la empresa.
Si la a quo entendió que existía un defecto de representación debió conferir a la parte plazo para subsanarlo. El exceso ritual manifiesto viola el derecho de defensa.

Conforme el artículo 16 de la Ley Nº 1217 es suficiente a los fines de la celebración de la audiencia regulada en el artículo 18 del citado código, la asistencia del letrado apoderado de la sociedad.
En efecto, el juez a quo se encuentra en condiciones de celebrar el debate con el apoderado de la empresa quien está perfectamente legitimado para actuar en representación de la misma, sin perjuicio de la inasistencia del socio gerente.

Entre las distintas clasificaciones que recibe la representación, cabe mencionar la que distingue entre la voluntaria y la legal, según que el poder de representación sea conferido por el interesado o por la ley (cfr. art. 1161, primera parte del Código Civil). La especie voluntaria se configura en los casos en que una persona, aun estando en situación de gestionar por sí misma sus negocios y declarar su voluntad, decide confiar a otro la realización de sus negocios en su nombre.
En cambio, la representación legal o necesaria existe en los casos en que se verifica una imposibilidad jurídica de que el sujeto declare su propia voluntad y estipule por sí un negocio, porque es incapaz de obrar. Por ello, la ley suple su incapacidad confiando en otro sujeto el poder de efectuar la declaración de voluntad en nombre y representación del incapaz, de manera tal que los efectos jurídicos de la declaración recaerán sobre este último en tanto representado.
Es una característica de la representación legal el hecho de que los poderes del representante nacen y son determinados por la ley y, generalmente, también la persona del representante está preindicada por el legislador, no con la designación de su nombre —claro está— pero sí con la mención de su calidad o condición.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el acuerdo de suspensión del proceso a prueba respecto de la empresa por no adecuarse a las prescripciones del artículo 45 del Código Contravencional.
En efecto, se evidencia que la causa se inició contra la firma mencionada, sin embargo ésta no concurrió a través de sus representantes legales a pesar de que éstos fueron notificados para presentarse en los términos del (art. 41 LPC) .Incluso, antes de la ampliación del decreto de determinación, la confusión producida entre las figuras de la sociedad imputada y de la representante contractual de ésta como apoderada, condujo a la nulificación del requerimiento de juicio, con lo cual, la firma imputada no había participado del acuerdo sometido a su conocimiento toda vez que no intervino su representante legal sino la apoderada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el acuerdo de suspensión del proceso a prueba respecto de la empresa por no adecuarse a las prescripciones del artículo 45 del Código Contravencional.
En efecto, la firma imputada por los hechos tipificados en los artículos 116 y 117 Codígo Contravencional y artículo 3 Ley N° 25.295 de Pronóstico Deportivo no habría participado del acuerdo de suspensión de juicio a prueba toda vez que no intervino su representante legal sino su apoderada.
Más allá de la teoría que tomemos en cuenta a fin de fundamentar la personalidad de la persona jurídica, lo cierto es que resulta un centro de imputación de normas que regulan su nombre, domicilio, patrimonio y, en especial, la formación de su voluntad. Por ello, habiéndose imputado a la empresa se debe observar lo dispuesto en el artículo 268 de la Ley Nº 19.550 que indica al respecto “…La representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio. El estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores. En ambos supuestos se aplicará el artículo 58” a su vez señala “…El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural…”.
La extrema certeza que se requiere ante un acto que acarrea responsabilidad de naturaleza penal no permite apartarse de la regulación aplicable a cada tipo societario relativa a su representación legal.
Por ello, la presentación de un apoderado no resulta suficiente para manifestar la voluntad de la persona jurídica infractora, que sólo puede ser asumida por quien legalmente la detenta en expresión de la voluntad societaria. Repárese en que, según el artículo 59 “Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”. El concepto de responsabilidad de la persona jurídica en un grado similar al que resulta del principio de culpabilidad de la persona física sometida al proceso por haber cometido alguna infracción requiere la directa intervención de quienes expresan, respecto de la conducta que motiva el enjuiciamiento, la voluntad societaria, es decir, de sus representantes legales.
Así como no es posible celebrar el proceso judicial relativo a la imputación de un ilícito en ausencia del imputado, en el caso de una persona jurídica se debe requerir la asistencia del representante legal ya que sólo pueden valerse de un mandatario convencional, relativo a sus actos lícitos (cfr. art. 1889 Código Civil).

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Sra. Juez "a quo", en cuanto hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la actora con el objeto de afiliar en la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -ObSBA- a su nieta menor de edad, quien se halla judicialmente bajo su guarda.
En este orden de ideas, en virtud de que la actora se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad al no poder contar con una obra social que garantice el derecho a la salud integral para su nieta que se encuentra bajo su guarda por una orden judicial, la ley es clara en cuanto a la afiliación como titulares de la Obra Social de Buenos Aires con derecho a gozar de los servicios y prestaciones que ésta brinda a aquéllos que se desempeñen con relación de dependencia con la demandada, así como a su grupo familiar (ver art. 19, ley 472), tal como lo demuestran las circunstancias de autos.
Ahora bien, el argumento de la demandada –quien no acompañó la documentación pertinente para acreditar sus dichos– respecto a que el artículo 6º, inciso d) del reglamento de afiliaciones habría sido sustituido por otro que expresaría que “…los menores de veintiún años, que se encuentren bajo guarda o curatela del afiliado titular, otorgada legalmente con fines de adopción y que no resulten cotizantes y/o beneficiarios de una prestación de salud”, debe ser desechado sin más por cuanto la OSBA, al aplicar tal criterio, contraviene previsiones constitucionales específicas (arts. 11, 20 y 39, CCABA y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22, CN).
En efecto, de rechazarse la afiliación de la menor, se estaría brindando un trato diverso a supuestos idénticos en desmedro del derecho a la salud comprometido. Ello así por cuanto no se han brindado argumentos que permitan distinguir válidamente entre la guarda conferida a la actora y una con fines de adopción en tanto, conforme las circunstancias acreditadas en autos, en ambas el menor queda bajo el exclusivo cargo del tutor designado judicialmente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, con el objeto de que se otorgue provisoriamente la afiliación de los menores en la Obra Social del actor.
Ello así, es necesario destacar que los menores, nietos del amparista, se encuentran, "prima facie", a cargo del actor en función de un régimen de guarda otorgado sin límite temporal por el Juzgado Nacional en lo Civil.
En este orden de ideas, cabe señalar que, "ab initio", la ley establece, en cuanto a la afiliación como titulares de la Obra Social de Buenos Aires con derecho a gozar de los servicios y prestaciones, que la cobertura alcanza a su grupo familiar (ver art. 19, ley 472).
Ahora bien, el argumento de la demandada respecto a que el artículo 6º, inciso e) del Reglamento de Afiliaciones expresa que “…los menores de veintiún años, que se encuentren bajo guarda o curatela del afiliado titular, otorgada legalmente con fines de adopción y que no resulten cotizantes y/o beneficiarios de una prestación de salud”, parecería contravenir no sólo el artículo 19 de la Ley N° 472, sino también el artículo 9° de la Ley N° 23.660 y el art. 20.1. de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Más aún, dicho esto en esta etapa inicial del proceso, de rechazarse la afiliación de los menores, se estaría brindando un trato diverso a supuestos idénticos en desmedro del derecho a la salud comprometido. Ello así por cuanto no se habrían brindado argumentos que permitan distinguir válidamente entre la guarda conferida al actor y una con fines de adopción en tanto, conforme las circunstancias acreditadas en autos, en ambas el menor queda bajo el exclusivo cargo del tutor designado judicialmente (cf. esta Sala, "in re", “Z. P. A. c/ GCBAy otros s/ Amparo (art. 14 CCABA)” , expte. nº exp 39.101/0, sentencia del 25 de junio de 2013).

En el caso, corresponde declarar nulo todo lo actuado con posterioridad al dictado de la medida cautelar, y en consecuencia, intimar a la Asesoría Tutelar de primera instancia que, en el plazo de 10 días, realice las diligencias necesarias para que se presente en autos —con patrocinio letrado— alguno de los representantes legales de los menores, o un grupo de ellos, que asisten al comedor de la Escuela Primaria.
En efecto, en primer lugar es menester poner de relieve que, conforme ha sido planteada la acción y en virtud de su objeto, -incumplimiento de los deberes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en trasladar un comedor ubicado en una escuela pública con condiciones edilicias riesgosas para los menores que asisten allí- la tutela pretendida en autos no recae sobre un bien colectivo, sino sobre derechos plurindividuales.
Téngase presente que en autos no se encuentra en juego ni discutido si la educación pública se trata de un bien colectivo, sino si, de acuerdo con la pretensión de quien se constituyó como parte actora, el Ministerio Público Tutelar está legitimado para representar de modo autónomo al grupo de menores cuya afectación de derechos se invoca.
De modo que, como se dijo, aquí no se persigue una pretensión vinculada directa e inmediatamente con la afectación al derecho a la educación pública como bien jurídico colectivo (si es que así cupiera considerarlo), “…lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna” (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Justicia colectiva, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 112), mas sí, como lo indica el propio Ministerio Público Tutelar, concerniente a intereses individuales –se consideren o no homogéneos– y, por tanto, enteramente divisibles.
En suma, lo que se pretende mediante la promoción de esta acción es una tutela preventiva tendiente a evitar eventuales daños a la integridad física de los menores que concurren al comedor de la escuela indicada. Ello así con sustento en las deficientes condiciones edilicias y de seguridad en las que se encontraría dicho sector del establecimiento educativo.
En el contexto dado, aun tomando la alternativa de máxima (esto es, que se encontrasen en juego intereses individuales homogéneos), no aparece acreditado en autos que los representantes legales del grupo de menores que asistirían al comedor de la Escuela Primaria hubiera adoptado una postura reticente respecto de la defensa de los derechos de éstos o que mediase una clara omisión en el interés de evitar que se produjera algún daño a la integridad física de sus representados.

En el caso, corresponde declarar nulo todo lo actuado con posterioridad al dictado de la medida cautelar, y en consecuencia, intimar a la Asesoría Tutelar de primera instancia que, en el plazo de 10 días, realice las diligencias necesarias para que se presente en autos —con patrocinio letrado— alguno de los representantes legales de los menores, o un grupo de ellos, que asisten al comedor de la Escuela Primaria.
En ese marco, y en la hipótesis de que se considerase válido el encuadre jurídico que hace la Asesoría Tutelar en lo relativo a subsumir el caso -incumplimiento de los deberes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en trasladar un comedor ubicado en una escuela pública con condiciones edilicias riesgosas para los menores que asisten allí- en un supuesto de afectación de derechos individuales homogéneos, cabe recordar que quienes se encuentran habilitados a promover una acción en defensa de esa categoría de derechos –de incidencia colectiva– son: el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a la protección de dichos derechos (art. 43 CN). A ello debe añadirse que, en el ámbito local, también están legitimados para hacerlo “…cualquier habitante y [en sintonía con la CN] las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos…” (art. 14 CCABA), así como el Defensor del Pueblo de esta ciudad (art. 137 CCABA).
Pues bien, teniendo en miras dicha regulación normativa y el supuesto acaecido en autos, el agravio introducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -falta de legitimación activa- encuentra sustento en el ordenamiento jurídico aplicable al caso y en el sistema a través del cual se sostiene la posibilidad de acudir al Poder Judicial invocando la legitimación extraordinaria introducida en el régimen jurídico interno a partir de la reforma constitucional de 1994.
Es que el Ministerio Público Tutelar no puede asimilarse a una “persona” o a un “habitante” a los efectos de sortear el obstáculo legal que puede presentarse al tiempo de actuar como lo hizo en estos obrados. Se trata de un organismo específico de los que integran el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 124 CCABA), el cual, a su vez, compone el Poder Judicial (art. 107 CCABA). No es, al cabo, una persona jurídica en los términos del artículo 30 y siguientes del Código Civil, preceptiva que actúa como norma de reenvío respecto de toda aquella en la que se haga referencia a este tipo de figura jurídica.

En el caso, corresponde declarar nulo todo lo actuado con posterioridad al dictado de la medida cautelar, y en consecuencia, intimar a la Asesoría Tutelar de primera instancia que, en el plazo de 10 días, realice las diligencias necesarias para que se presente en autos —con patrocinio letrado— alguno de los representantes legales de los menores, o un grupo de ellos, que asisten al comedor de la Escuela Primaria.
En efecto, en primer lugar es menester poner de relieve que, conforme ha sido planteada la acción y en virtud de su objeto -incumplimiento de los deberes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en trasladar un comedor ubicado en una escuela pública con condiciones edilicias riesgosas para los menores que asisten allí- la tutela pretendida en autos no recae sobre un bien colectivo, sino sobre derechos plurindividuales.
Téngase presente que en autos no se encuentra en juego ni discutido si la educación pública se trata de un bien colectivo, sino si, de acuerdo con la pretensión de quien se constituyó como parte actora, el Ministerio Público Tutelar está legitimado para representar de modo autónomo al grupo de menores cuya afectación de derechos se invoca.
Ello así, la solución a la que se llega es consecuencia de los intereses que se encuentran en juego y con el claro objeto de que los menores no queden desguarnecidos frente a los efectos que podría traer aparejados volver la situación a fojas cero, sobre todo cuando la medida cautelar dictada en autos ni siquiera fue recurrida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, es pertinente subrayar que el criterio en el que se sustenta la solución a la que se arriba no implica establecer una regla única e irreductible, sino adecuar las pautas generales en las que se asienta la intervención del Ministerio Público Tutelar al caso concreto.
De modo que si se presentara un supuesto en el que, por el grado del perjuicio que pudiera producirse ante la no intervención inmediata del Poder Judicial, apareciera justificado presumir una dificultad de acceso a la justicia (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Justicia colectiva, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010), entonces habrá de evaluarse la posibilidad cierta de reconocimiento de la legitimación del Ministerio Público Tutelar, aunque más nos sea de modo provisional, hasta tanto, en su caso, pudiera integrarse la litis en debida forma.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto se expidió solamente respecto del planteo de los aquí actores y su grupo familiar, por considerar que la rotunda negativa de los demás interesados a sumarse a esta acción no podía modificar la integración de la "litis" y en consecuencia rechazó la intervención autónoma de la Asesora Tutelar.
En este sentido, debe señalarse al respecto que la presente acción no podría clasificarse de aquellas en que se protegen derechos de incidencia colectiva. En efecto, las actoras requirieron “una solución que permita a todas las familias acceder a una vivienda adecuada y en condiciones dignas de habitabilidad, preservándose la integridad familiar”.
Vale decir que los derechos que se invocan, son derechos subjetivos, el derecho de los grupos familiares que encabezan las actoras a una vivienda digna. No tiene carácter colectivo la contienda, en la medida en que el bien afectado -la vivienda digna- cuya tutela se pretende es de carácter particular, no pertenece a la colectividad. No se trata de un bien que pertenezca a toda la comunidad, de carácter indivisible y sin posibilidad de exclusión alguna.
Justamente, el error que pareciera haber permeado en el trámite de estas actuaciones se relaciona con la falta de diferenciación de la pretensión procesal del caso, esto es el requerimiento de una solución habitacional en virtud del decreto que ha dispuesto el desalojo administrativo de una plaza, con una pretensión anulatoria del decreto en cuestión -que no ha acaecido-, cuyos efectos eventualmente sí podrían haber incidido sobre una pluralidad de sujetos, distintos de los actores en este pleito. Claro, está, en esa hipótesis tampoco nos encontraríamos frente a un derecho de incidencia colectiva, sino frente a un caso de derechos plurindividuales; de cuyo debate podrían resultar beneficiados quienes no hubiesen comparecido en el pleito.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto se expidió solamente respecto del planteo de los aquí actores y su grupo familiar, por considerar que la rotunda negativa de los demás interesados a sumarse a esta acción no podía modificar la integración de la "litis" y en consecuencia rechazó la intervención autónoma de la Asesora Tutelar.
Entre las atribuciones del asesor tutelar se encuentra la de tomar la necesaria intervención en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, cuando se encontrasen comprometidos los derechos de las personas menores de edad o de los/las incapaces, emitiendo el pertinente dictamen (art. 49, inciso 1°, Ley N°1903). Asimismo, se establece la atribución de promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, de los/las incapaces o inhabilitados/as en el supuesto en que carecieren de asistencia o representación (art. 49, inciso 2°, Ley N°1903). Finalmente en el inciso 4° de ese artículo, se dispone que el órgano en cuestión, puede intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afectase los derechos de menores o incapaces, sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios.
En estos términos, cabe concluir que en la ley local se viabiliza, de modo concordante con lo que se preceptúa en el artículo 59 del Código Civil, la intervención promiscua de la asesoría tutelar en el caso en que los menores tuvieren representantes legales.
Que, en el contexto, aún tomando la dudosa alternativa de la inactividad de los representes legales, -a pesar del posible conocimiento de la existencia del pleito y las consecuencias negativas que de ello pudiere derivarse para los niños que componen los grupos familiares-; lo que podría justificar la intervención del asesor en defensa de sus derechos, ni siquiera sería admisible cuando no han sido identificados por quien pretende representarlos. En efecto, de los relevamientos realizados, aún de los que emanan de la asesoría tutelar no surgen los datos personales (nombre completo, D.N.I) de los menores que allí residirían. Tales imprecisiones impiden tener por configurada esta hipótesis.

Una interpretación amplia de lo dispuesto en el artículo 59 del Código Civil en consonancia con lo dispuesto en la Ley Nº 1903 (orgánica del Ministerio Público), permite sostener que el Asesor Tutelar suple la eventual falencia, negligencia o, bien, la omisión en la que incurriesen los representantes legales (independientemente del accionar de aquellos), con el único objetivo de proveer a la defensa del interés del incapaz.
En sintonía con una interpretación de este tipo, cabe destacar que mediante la Ley Nº 26.994 (sin vigencia aún) se deja de lado aquel concepto de “representación promiscua”, reemplazándolo por el de “actuación complementaria”.
De tal modo, aquel carácter complementario implica que, aún sin que medie recurso de los representantes legales, nada obsta a que el Asesor Tutelar ejerza la facultad de apelar en aquellos casos en que considere afectados -directa o indirectamente- los derechos de niños, niñas, adolescentes o de personas afectadas en su salud mental, según el caso.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de reposición deducido por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara contra la sentencia de este Tribunal que, por mayoría, desestimó su intervención y revocó la sentencia de grado.
En efecto, el recurso deducido resulta improcedente, en punto a la pretendida intervención autónoma del Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara.
Ello es así porque -aun cuando se ignora el vínculo entre la menor y la amparista, ni se acreditó la guarda legal- no existen elementos de juicio idóneos para acreditar la ausencia de representación legal de los padres.
Ese extremo, esencial para justificar el temperamento propiciado por el Sr. Asesor Tutelar, se aprecia huérfano de sustento. Para más, aun tomando el informe socioambiental, en éste no existe un análisis acabado de la situación que motivaría la intervención autónoma del Sr. Asesor Tutelar.
Así las cosas, los extremos invocados para asumir la representación que pretende el recurrente carecen de suficiente sustento fáctico, por lo que su reposición debe ser desestimada.
Entiéndase bien, lo decidido precedentemente no importa negar la posibilidad de que la menor acceda a la jurisdicción para la defensa de sus derechos. Por el contrario, lo que se establece es que en el "sub examine" no se encuentran acreditados los requisitos para el ejercicio de la representación que el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara pretende asumir.

En el caso, corresponde admitir el recurso de reposición deducido por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara y en consecuencia, admitir su intervención autónoma en favor de la menor involucrada en la presente acción de amparo.
En efecto, frente a la situación de personas que se hallan en situación social crítica se deben atenuar las reglas adjetivas, para evitar desnaturalizar los derechos fundamentales. Se impone, pues, dar primacía al principio de realidad que determina el margen de actuación y tratar dentro de ello de evitar perjuicios que podrían ser irreparables para una persona menor de edad.
Las constancias de la causa comprueban la existencia de una persona menor de edad que se encontraría en situación de vulnerabilidad que convive con la parte actora y que merece, en esta instancia cautelar de adoptar las medidas tendientes a su resguardo. Ello a tenor de las obligaciones internacionales asumidas sobre el punto por el Estado Argentino (Convención de los Derechos del Niño, aprobada por ley N°23.849), que naturalmente obligan a esta jurisdicción.
En la causa, de esta evaluación inaugural y de la necesidad de brindar adecuada tutela, surgiría que la amparista tiene a su cargo a una persona menor de edad. Asimismo, de la ponderación inicial de las constancias, y sin perjuicio de que deba ser luego acreditado en forma concluyente, los padres de la persona menor de edad se hallarían imposibilitados, por distintas razones, de presentarse y ejercer su representación. Sobre estas bases, en forma provisional, cabe admitir la intervención del Sr. asesor tutelar ante la Cámara según lo establecido en el artículo 59 del Código Civil.(Del voto en disidencia de la Dra. N. Mabel Daniele)

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento de grado, y en consecuencia, rechazar la medida cautelar autónoma solicitada por la parte actora, con la finalidad de obtener la suspensión de los efectos del Decreto N° 257/15 -modificatorio de la integración del Directorio de Bamusica-, y del artículo 2° de la Resolución N° 6930/15 del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
En efecto, la actora carece de verosimilitud en el derecho, pues no puede soslayarse el conflicto que subyace en su seno, por el cual varias personas se disputan su representación legal.
Tal disputa, se encontraría pendiente de resolución ante la Inspección General de Justicia, y resulta ser un obstáculo, al menos en esta etapa cautelar, para el reconocimiento del derecho que pretende la actora.

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento de grado, y en consecuencia, rechazar la medida cautelar autónoma solicitada por la parte actora, con la finalidad de obtener la suspensión de los efectos del Decreto N° 257/15 -modificatorio de la integración del Directorio de Bamusica-, y del artículo 2° de la Resolución N° 6930/15 del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
En efecto, tal como razonablemente postula la Administración, suspender los efectos del Decreto cuestionado podría perjudicar el funcionamiento de organismo, en tanto el conflicto existente en la entidad podría derivar la ausencia de representación del estamento de los empresarios que poseen establecimientos de música en vivo, o bien, en una designación que podría ser cuestionada por la legitimidad de su origen.
Tampoco resultaría, "a priori", ilegítima la decisión de la Administración, por cuanto, según referencia el dictamen de la Procuración General previo a su emisión, “la voluntad de las autoridades ha sido reconocer una entidad con carácter de Cámara y no una simple Asociación, a fin de que se conforme una representación jerarquizada y única para participar del Directorio de BAMUSICA en nombre del sector…”, “...resulta necesario adecuar la normativa vigente a la realidad del sector y al espíritu de la norma, motivo por el cual se propicia la suscripción del decreto…”.
Por lo demás, cabe recordar el conocido criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia respecto de que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad (Fallos: 267:247; 268:228; 275:130; 299:93 y 325:2600), que torna aún más débil el planteo de la parte actora.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto, tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento toda vez que el abogado patrocinante no aportó la escritura original que lo habilita a actuar en representación de la firma infractora.
Ello así, no podemos dejar de advertir que no se da en el caso que la Magistrada verificara el déficit de personería -a tenor del artículo 40 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario- y resolviera sin más del modo que se critica; antes bien, dispuso con 10 días de antelación que se aporte la escritura original y la sanción para caso de incumplimiento y anotició de ello mediante cédula. Tal conducta descarta de plano la tacha de exceso ritual. Tampoco huelga señalar que lo establecido en el decreto a la postre aplicado fue consentido.
En efecto, no resultaba óbice que hubiera una certificación previa efectuada por funcionario público en sede administrativa, si del propio artículo en trato surge que quien se presente “en juicio” tiene la carga de justificar la personería. Amén de ello, mal podía tener la judicante por acreditado que no hubieren existido modificaciones. Del mismo modo, si bien la recurrente indica que en otras tres causas se le tuvo por acreditada la representación con el instrumento certificado en sede administrativa, no se trataría de casos equiparables, desde que como hemos visto, en la presente “Litis” medió una intimación previa -bajo el apercibimiento luego hecho efectivo- desoída.
Asimismo, cabe señalar que si bien la apelante sostiene que el “supuesto inconveniente” pudo ser superado con una nueva intimación o incluso con la presentación del original en la audiencia de juzgamiento, jamás invocó la existencia de algún motivo que justificare tal temperamento. Simplemente desoyó la manda y la prescripción legal.
En suma, las manifestaciones de la firma reflejan su desacuerdo para con lo decidido, mas no logran demostrar los extremos que llevarían a tener por configurado un supuesto de violación de la ley o arbitrariedad.

Una interpretación amplia de lo dispuesto en la Ley Nº 1.903 (orgánica del Ministerio Público), y del artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación -aprobado por Ley N° 26.994-, permite sostener que “… el asesor tutelar suple la eventual falencia, negligencia o bien, la omisión en que incurriesen los representantes legales (independientemente del accionar de aquéllos), con el único objeto de proveer a la defensa del interés del incapaz” (conf. esta Sala, "in re" “Asesoría Tutelar Nº 2 sobre queja por apelación denegada”, A42152-2013/3, del 10/08/15).
En sintonía con una interpretación de este tipo, cabe destacar que mediante la Ley N° 26.994 se dejó de lado el concepto de “representación promiscua” reemplazándolo por el de “actuación complementaria” (conf. art. 103 del CCyC).
Al respecto, se ha explicado que la ley no confía la defensa de los derechos de las personas vulnerables exclusivamente a sus representantes necesarios (padres, tutores, curadores o sistemas de apoyo), ni le resulta suficiente que actúen en los procesos judiciales con asistencia y con patrocinio letrado, por lo que se establece una sistema de representación doble o dual, en el sentido de conjunta con la de los representantes necesarios o sistemas de apoyo, en ejercicio de su función de asistencia y contralor, en calidad de complementaria de la actuación de aquéllos (conf. Carnelutti, Francisco, Sistema de derecho procesal civil, Uteha, Buenos Aires, 1944, N° 144, pág. 49; Tobías, José W., “Representación y asistencia. Tutela y curatela”, en Alterini, Jorge H. (Director general), Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, Buenos Aires, La Ley, 2015, tomo I, págs. 891/892).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto por el representante del Ministerio Público Tutelar.
En efecto, el carácter complementario de la intervención del Asesor Tutelar implica que, aún sin que medie recurso de los representantes legales de los menores e incapaces, nada obsta a que el Asesor Tutelar ejerza la facultad de apelar en aquellos casos en que considere menoscabados –directa o indirectamente– los derechos de niños, niñas, adolescentes o personas afectadas en su salud mental.
Ello así, a la luz del principio "pro actione" que contribuye a dirimir aquellos casos – como el "sub lite"– que admiten más de una interpretación. En efecto, exclusivamente en lo que respecta a su admisibilidad formal –esto es, sin perjuicio de la valoración que pudiere llevarse a cabo en la oportunidad procesal correspondiente en cuanto a su legitimación sustancial– la omisión de apelar por parte de la actora no conduce "per se" a afirmar que su conducta –la de consentir la sentencia de grado– importa una inacción que habilite al Ministerio Público a subsanarla, ni convierte en principal la participación de la Asesoría interviniente.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto por el representante del Ministerio Público Tutelar, y en consecuencia, tratar el recurso de apelación interpuesto.
Con este objetivo, corresponde tener en consideración lo dispuesto en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación (t.o. según Ley N° 26.994).
Asimismo, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes al señalar que la actuación del Ministerio Público Tutelar es parte necesaria en todo juicio en que intervenga un incapaz, y sus funciones son esencialmente de asistencia y contralor, poseyendo carácter de orden público (conf. Llambías J. J., Benegas P.R., Posse Saguier F., Código Civil Anotado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 230 y Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil. Parte General” ps. 426/7, 6a. ed. 1976), al extremo de que su omisión es sancionada con la nulidad.
En virtud de ello considero que no es posible con el estado de interpretación existente, dejar en situación de desamparo a los menores por una cuestión procesal.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la declaración prestada ante el Fiscal y del acuerdo de juicio abreviado efectuado en representación de la sociedad encausada a quien se le atribuye la contravención consistente en colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos.
En efecto, quienes actuaron en nombre y representación de la sociedad, tanto en la oportunidad de prestar declaración ante el Fiscal (artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional), momento en el cual la apoderada de la sociedad reconoció lisa y llanamente los hechos atribuidos y se arribó a un acuerdo de juicio abreviado, como cuando otro apoderado de la firma ratificó el acuerdo, no detentaban las facultades legales suficientes para así intervenir.
Cabe advertir que, la invocación de un poder general de actuación no resulta poder suficiente para intervenir en los términos del artículo 13 del Código Contravencional atento que, conforme el artículo 157 de la Ley N°19.550, quien corresponde que intervenga como representante legal de una sociedad de responsabilidad limitada es el socio gerente. Repárese en que la extrema certeza que se requiere ante un acto que acarrea responsabilidad de naturaleza penal no permite apartarse de la regulación aplicable a cada tipo societario relativa a su representación legal.
Tal como sostuvo el Fiscal de Cámara, encontrándose comprometida la responsabilidad contravencional de la firma se advierte necesario la actuación de aquella por medio de sus representantes o apoderados, mediante la presentación de un poder especial que habilite a aquellos a obligar a la persona jurídica en los términos propios del proceso contravencional, asegurando la actuación personal del sujeto de existencia ideal en el proceso en salvaguarda de su derecho de defensa.
Ello así, el reconocimiento de los hechos contravencionales atribuidos y la responsabilidad que en consecuencia acarrea resulta inválida, debiendo ser declarada nula la declaración prestada por la apoderada de la sociedad ante el Fiscal, el juicio abreviado y la condena dictada en consecuencia en violación al debido proceso legal.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del inicio de las actuaciones y de lo actuado en consecuencia atento que el club afectado por la contravención regulada en el artículo 58 del Código Contravencional (ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión) no ha instado la acción.
En efecto, la contravención investigada es de instancia privada.
El Fiscal pretende hacer valer una nota dirigida al Cuerpo de Investigaciones Judiciales enviada por quien alude ser letrada apoderada del Club de Futbol, en donde manifestó que, siguiendo instrucciones de su mandante hace saber la voluntad de su representada de que se inicien las acciones que pudiesen corresponder en virtud del artículo 58 del Código Contravencional contra las personas que se encuentren incluidas en el listado de derecho de admisión.
Sin embargo, dicha nota no puede ser considerada a fin de tener por cumplido el requerimiento de instancia privada que se exige tanto porque la nota fue remitida por un requerimiento Fiscal y no por voluntad de la institución como por el hecho de que no se ha adjuntado poder alguno que diera certeza que quien rubricaba la nota detentaba la facultad legal para así actuar.

En el caso, corresponde admitir los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la resolución de este Tribunal que rechazó el recurso de apelación del Ministerio Público Tutelar por considerar que su intervención había sido en sentido complementaria a la de la actora en representación de los menores.
En los autos “Asesoría Tutelar Nº 2 sobre queja por apelación denegada”, Expte. A17-2016/1, con fecha 16/02/17 he efectuado un nuevo estudio de la cuestión en donde he concluido que “el carácter de complementario de aquella intervención [refiriéndose a la del Ministerio Público Asesor] implica que, aún sin que medie recurso de los representantes legales de los menores e incapaces, nada obsta a que el Asesor Tutelar ejerza la facultad de apelar en aquellos casos en que considere menoscabados –directa o indirectamente– los derechos de los niños, niñas, adolescentes o personas afectadas en su salud mental. … exclusivamente en lo que respecta a su admisibilidad formal –esto es, sin perjuicio de la valoración que pudiere llevarse a cabo en la oportunidad procesal correspondiente en cuanto a u su legitimación sustancial– la omisión de apelar por parte de la actora no conduce "per se" a afirmar que la conducta –la de consentir la sentencia de grado– importa una inacción que habilite al Ministerio Público a subsanarla, ni convierte en principal la participación de la Asesoría interviniente”.
De este modo, analizados en ese sentido los antecedentes del "sub lite", y teniendo en cuenta este caso concreto a la luz del nuevo estudio mencionado, de los términos de la sentencia recurrida resulta que, en lo sustancial, las cuestiones que fueron objeto de tratamiento y decisión en ella quedaron circunscriptas a la interpretación de la legitimación procesal de la Asesoría Tutelar para actuar en casos como el de autos.
Puede observarse entonces que la crítica de los recurrentes exhibe un desarrollo suficientemente preciso y fundado de cuestiones constitucionales relacionadas, de manera directa, con el decisorio definitivo que emana de esta instancia y, en tal medida, resulta formalmente idónea para suscitar la competencia del Tribunal Superior de Justicia por la vía intentada, verificándose la concurrencia de un caso constitucional.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento efectuada por la imputada y declaró firme a la resolución dictada en la instancia administrativa.
En efecto, conforme se desprende del expediente, el Juez de grado, ante la falta de presentación por parte de la presunta infractora de las copias certificadas que acreditan su carácter de administrador de consorcio, hizo hincapié en la obligación de presentar el poder en el que se otorgare mandato suficiente para actuar en juicio como apoderado de la firma encartada.
Es decir, el A-Quo instó a la parte a presentar un poder que, de acuerdo a la ley (art. 2.065 CCyC) no debe presentar, pues el administrador del consorcio es representante legal, con lo que le basta con presentar la documentación atinente a su nombramiento, la cual ya estaba presentada.
Ahora bien, a dicha intimación respondió la presentación del abogado de la imputada, quien acreditó su personería con el primer testimonio del poder que para representar al consorcio en juicio le expidiera el Administrador del mismo.
De este modo, sin prever el error jurídico en la judicatura, la parte comprensiblemente interpretó que la intimación en cuanto a la presentación del poder estaba destinada a su asistencia letrada.
Dicho en sencillas palabras, si una sede judicial me intima a presentar documentación atinente a la representación jurídica que en rigor no debo presentar —pues la representación ya había quedado suficientemente acreditada por presentación de la designación como administrador—, la única opción interpretativa para salvar el error es que esa exigencia se vincule con la asistencia letrada, y claro está, con la asistencia letrada en soledad, pues de representar personas se trata.
En razón de lo expuesto es que corresponde revocar lo resuelto en autos en el que se resolvió tener por insuficiente la presentación por apoderado del consorcio imputado y desistida la solicitud de juzgamiento ante esta Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar a la solicitud de ser tenida como parte querellante efectuada por la peticionante, y estar al archivo dispuesto en las actuaciones.
En efecto, los dichos de la peticionante no resultan en modo alguno suficientes para fundar su legitimación como representante legal de quien sería la víctima en estas actuaciones, el perro de nombre Matheo, sin perjuicio de la afectación moral alegada por aquella y la comunidad que presuntamente representa.
La peticionante se agravia, por entender que el rechazo se basa en un rigorismo formal que lleva a la indefensión a los animales al no permitirle formar parte del proceso, aun cuando no surge en la presente la existencia de una ONG o asociación, para poder representarlos.
Sin embargo, cabe resaltar que la nombrada no figura como denunciante en ninguna de las presentaciones efectuadas en el marco de la presente, sino que su intervención recién inició cuando las actuaciones fueron archivadas al constatarse en el marco de la investigación penal preparatoria que el can cuyo maltrato se denunciaba había sido trasladado a la provincia de Santa Fe.
Pese a ello, en el marco de la audiencia celebrada la nombrada señaló que tenía interés legítimo en ser tenida como parte querellante en la causa, por ser abogada ambientalista y animalista y representar el interés de los animales refiriendo además que se sentía directamente afectada al haber tomado conocimiento de que el perro Matheo ha sido víctima de maltrato animal, pero, tal como señaló el Magistrado, no logró demostrar en modo alguno el perjuicio que justificaría su intervención como querella.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar a la solicitud de ser tenida como parte querellante efectuada por la peticionante, y estar al archivo dispuesto en las actuaciones.
El Juez sostuvo, en consonancia con lo dictaminado por el Fiscal, que los solitarios dichos de la pretensa querellante no resultaban suficientes para fundar su legitimación como representante legal del perro que sería la víctima en las presentes actuaciones. Destacó que en el marco de la audiencia llevada a cabo se le dió la oportunidad para que acercara documentación que acreditara su pertenencia a una ONG o asociación, lo que no ocurrió.
La peticionante se agravia, por entender que el rechazo se basa en un rigorismo formal que lleva a la indefensión a los animales al no permitirle formar parte del proceso.
Sin embargo, si bien en la audiencia sostuvo que era miembro de una ONG y era letrada de aquélla, no presentó documentación alguna para acreditar tal circunstancia, sin perjuicio de que lo haya hecho al momento de apelar.
Sumado a ello, cabe señalar que la presentación posterior, del estatuto de la ONG que la nombrada adjuntó en ocasión de apelar la decisión de primera instancia no subsana el hecho que no haya presentado la documentación cuando fue intimada, y menos aun cuando la protección de los animales no figura como uno de los objetivos de aquella al constituirse.
En virtud de lo expuesto, toda vez que los dichos de la pretensa querellante no logran demostrar su interés legítimo para participar de la causa, ya que no explicitan de modo alguno cual fue la afectación directa que el maltrato del animal le generó, sumado al hecho de que la presentación de la documentación que demostraría su pertenencia a una ONG fue extemporánea, corresponde confirmar la decisión del titular del Juzgado.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en sede judicial a partir del decreto que recibió y agregó el descargo efectuado por la apoderada de la firma.
En efecto, en mi opinión, existe un vicio insalvable que afecta las garantías constitucionales.
Es que en el presente, corresponde analizar un tema de orden público que resulta prioritario, pues el procedimiento judicial ha sido llevado a cabo con inobservancia de la ley que rige el procedimiento (Ley 1.217) lo que resulta violatorio de las garantías constitucionales del debido proceso, aplicables al proceso penal, al contravencional y al de faltas en tanto derecho administrativo sancionador que, esencialmente, requiere escuchar a aquél que está vinculado con la actuación judicial y, en este caso, el presidente del directorio nunca se presentó a estar a derecho en sede judicial.
En primer lugar, como ya he afirmado (Sala I, Causa Nº 27227-00- CC/2011 “Dielo SA s/infr. art. 4.1.22 y otros – L 451- Apelación”, rta. el 1/12/2011, entre otras) si bien el marco en que nos vemos insertos es el determinado por las Leyes N° 451 y 1.217 que regulan el derecho administrativo sancionador en la ciudad, entiendo que existe una íntima relación entre dicho ordenamiento y el ordenamiento jurídico penal, pues ambos comparten una manifestación coercitiva por parte del Estado que tiene como destinatarios a sus habitantes. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido naturaleza penal a las multas impuestas por la administración cuando tienden a prevenir y reprimir la violación de las disposiciones legales pertinentes, en forma ejemplarizadora e intimidatoria, para lograr el acatamiento de los preceptos legales (Fallos 289:336; 270:381; 294:420, entre otros).
En consecuencia, el infractor no tiene una intervención que privilegie el principio de autonomía de la voluntad, como en el derecho privado, sino que debe someterse a las directrices propias de un procedimiento punitivo en el que el perseguido no puede estar ausente ni representado por un tercero.
En lo relativo a la persona jurídica, lo cierto es que resulta un centro de imputación de normas que regulan su nombre, domicilio, patrimonio y, en especial, la formación de su voluntad. Por ello, se debe observar lo dispuesto en el artículo 268 de la Ley N°19.550 que indica al respecto “…La representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio. El estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores. En ambos supuestos se aplicará el artículo 58” y a su vez el art. 58 señala “…El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural…”.
La extrema certeza que se requiere ante un acto que acarrea responsabilidad de naturaleza penal no permite apartarse de la regulación aplicable a cada tipo societario relativa a su representación legal. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en tanto dispuso revocar la condicionalidad de la condena dictada respecto del imputado, y disponer el cumplimiento efectivo de la pena de ocho días de arresto (art. 47, tercer párrafo, CC).
En su apelación, la Defensa controvirtió que la víctima no haya sido oída en la audiencia de control, y señaló que, en el marco del proceso penal que tramita en paralelo al presente, aquella habría manifestado su desinterés en cuanto al avance de dicha pesquisa.
No obstante, si bien la víctima no asistió a la audiencia pese a encontrarse debidamente notificada por el juzgado, aquella se encontró suficientemente representada por la acusación, quien aportó el material probatorio que da cuenta del incumplimiento del condenado.
En efecto, lo contrario implicaría forzar a la damnificada a participar de un acto procesal para el cual su presencia deviene innecesaria, ello, teniendo en cuenta las circunstancias antes apuntadas, lo que derivaría en su revictimización, violentándose así la normativa nacional e internacional imperante en materia de violencia contra la mujer.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en sede judicial, en la que se tuvo por presentada a la mandataria de la Sociedad Anónima por no haber intervenido el presidente del directorio de la mencionada sociedad (conf. art. 152 del CCAyT).
En efecto, en el caso en el que se atribuye a personas jurídicas la imputación de faltas municipales, es necesario, en mi opinión, que de modo indispensable su representante legal y no su mero apoderado atiendan en forma personal al juzgamiento de la conducta que se le reprocha a la persona jurídica que representan y conducen.
Así las cosas, los habitantes de esta Ciudad deben concurrir personalmente ante los tribunales cuando buscan la revisión jurisdiccional de las faltas que se les imputan. No se les autoriza, con razón, el hacerse representar por mandatarios. No sólo por respeto a su derecho humano de alegar personalmente ante el tribunal que los juzga, sino porque también se ha considerado indispensable que atiendan en forma personal al juzgamiento de su conducta.
A su vez la audiencia de debate oral celebrada en las presentes actuaciones, sin que se hubiera citado a la misma al mencionado, importó un procedimiento no autorizado por la Ley N° 1217 que resulta violatorio de las garantías constitucionales del debido proceso aplicables al procedimiento penal, contravencional y de faltas en tanto derecho administrativo sancionador que, esencialmente, requiere escuchar a aquél que está vinculado con la actuación judicial. En especial, en estas materias en que existe una pretensión punitiva capaz de afectar derechos fundamentales el legislador ha diseñado un procedimiento en el que la persona imputada (física o jurídica) tiene la obligación de comparecer a estar a derecho. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde no hacer lugar al recurso de reposición ´in extremis´ interpuesto por la actora.
La parte actora interpuso dicho recurso por entender que, la exigencia de la sentencia dictada por el Tribunal de presentar escritos en soporte papel implica una intromisión innecesaria e intolerable en la tarea abogadil y en sus papeles de trabajo que vulnera el principio de legalidad. Asimismo, fundamenta la interposición de tal recurso, esencialmente, en que la sentencia omitió considerar que se presentó un poder judicial que da cuenta de la confianza y del conocimiento que los actores poseen de la tarea profesional.
Al respecto, cabe señalar que, en cuanto a la ausencia de consideración de la ratificación de las actuaciones procesales cuestionadas porque fueron ratificadas a través del poder judicial otorgado al letrado, cabe destacar que en el momento en que se realizaron los actos procesales cuestionados el abogado era patrocinante y no apoderado. El poder que acompañó en el expediente fue otorgado en marzo de 2022, con posterioridad al 31/01/2022, fecha en que falleció uno de los coactores.
Por ende, no pueden tenerse por ratificadas algunas de las actuaciones, firmadas por el coactor indicado, mediante un poder judicial que no pudo otorgar por haber fallecido previamente.
En tal contexto, los agravios expuestos no resultan suficientes para poner en evidencia una injusticia grave que motive la revocación propuesta por la parte actora.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa técnica de la sociedad anónima, y revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso tener por desistida la solicitud de juzgamiento ante esta justicia, toda vez que el letrado omitió aportar el poder que lo habilita a actuar en representación de la firma.
El letrado plantea que dicha decisión afectó el derecho de defensa y al debido proceso de su mandante, al basarse en un exceso de rigor formal, lo que convierte a dicha resolución en arbitraria. En este sentido, explico que cuando la Jueza de Primera Instancia intimó a la Defensa a que acreditara su personería para actuar en el juicio, no tomó en cuenta que ya había cumplido con ese paso en el trámite de estas actuaciones, precisamente en la etapa administrativa.
Así las cosas, asiste razón a letrado apoderado de la presunta infractora en que, al momento de ofrecer por escrito su descargo en los términos del artículo 42 de la Ley N° 1217, dejó expresamente aclarado que, tal como surgía de la copia del Poder General agregado a la causa sumarial, resultaba apoderado de la empresa encausada.
En tales condiciones, la personería invocada resultó así correctamente ratificada a través de la presentación efectuada por la presunta infractora en sede judicial, sin que en esa ocasión se hubiere alegado modificación alguna de las condiciones de representación que, de conformidad con las constancias glosadas en el legajo administrativo, permiten corroborar que el letrado apoderado se encontraba incluido dentro de la nómina de profesionales a quien la empresa enjuiciada confiriera Poder General Administrativo y Judicial.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la sociedad anónima, y revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso tener por desistida la solicitud de juzgamiento ante esta justicia, toda vez que el letrado omitió aportar el poder que lo habilita a actuar en representación de la firma.
El letrado plantea que dicha decisión afectó el derecho de defensa y al debido proceso de su mandante, al basarse en un exceso de rigor formal, lo que convierte a dicha resolución en arbitraria. En este sentido, explico que cuando la Jueza de Primera Instancia intimó a la Defensa a que acreditara su personería para actuar en el juicio, no tomó en cuenta que ya había cumplido con ese paso en el trámite de estas actuaciones, precisamente en la etapa administrativa.
Así las cosas, si bien resulta acertado que el apoderado de sociedad anónima omitió acompañar a su descargo judicial el poder general que acreditaba la personería que invocaba, no resulta menos cierto que se ocupó de despejar cualquier duda que pudiera surgir al respecto, aclarando que ello obedecía a que el instrumento de representación se encontraba agregado el legajo sumarial administrativo al que se remitió, por imperativo del principio de celeridad y economía procesal en palabras de la Fiscal de Cámara, que aquí se comparten.
Sin perjuicio de ello, cabe también poner de resalto que, a posteriori de la intimación cursada por la Magistrada de grado en los términos del artículo 42 de la Ley de Procesal de Faltas, el letrado de la Defensa acompañó copia del Poder General Administrativo y Judicial, la que se corresponde con aquella que se encontraba agregada al expediente administrativo.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la sociedad anónima, y revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso tener por desistida la solicitud de juzgamiento ante esta justicia, toda vez que el letrado omitió aportar el poder que lo habilita a actuar en representación de la firma.
El letrado plantea que dicha decisión afectó el derecho de defensa y al debido proceso de su mandante, al basarse en un exceso de rigor formal, lo que convierte a dicha resolución en arbitraria. En este sentido, explico que cuando la Jueza de Primera Instancia intimó a la Defensa a que acreditara su personería para actuar en el juicio, no tomó en cuenta que ya había cumplido con ese paso en el trámite de estas actuaciones, precisamente en la etapa administrativa.
Ahora bien, no se pasa por alto que su incorporación resultó tardía y podría considerarse extemporánea en orden al apercibimiento que dejara establecido la Magistrada de grado, en oportunidad en la que hizo saber a la presunta infractora que, en caso de no acompañar el poder en el que se le otorga mandato suficiente para estar en juicio, no se tendría por acreditada la personería invocada y se dictaría el desistimiento de la acción.
No obstante habida cuenta la correspondencia entre los instrumentos de representación acompañados, no se puede sino concluir, de consuno con los fundamentos expuestos por la representante de la vindicta pública ante esta instancia, que el temperamento adoptado posteriormente, al decretar el desistimiento de la acción y dejar firme la resolución dictada en la instancia administrativa anterior, ha implicado un apego estricto y excesivo a las normas procesales, que las desnaturalizan.
En este sentido, se habrá de compartir la postura sustentada por la Fiscal de cámara en punto a que “En concreto, y más allá de los límites formales que impone la Ley N° 1217 al recurso, tampoco puede desconocerse que el recurrente fue efectivamente admitido en sede administrativa como representante legal de la firma, por lo que mal puede ahora denegársele su intervención y, en su caso, el error de la administración al admitir un documento en copia no certificada no puede hacerse jugar en contra del administrado, frente al cual el Estado es solo uno (administración y poder judicial).
En efecto, el Estado admitió la legitimación activa del letrado apoderado y esa decisión adquirió firmeza, sin que pueda ser objetada por quien no es siquiera representante de la acción y por quien debe velar por la garantía de los derechos de los infractores y de las personas sujetas a proceso. Además, la Defensa brindó explicaciones razonables y el temperamento adoptado por el juzgado de instancia implicó un exceso ritual que no se ajusta al derecho aplicable (art. 18 CN, art. 13.3 CCABA y normas convencionales que rigen también en el proceso administrativo, por todas, el art. 25 CADH)...”.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la sociedad anónima, y revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso tener por desistida la solicitud de juzgamiento ante esta justicia, toda vez que el letrado omitió aportar el poder que lo habilita a actuar en representación de la firma.
El letrado plantea que dicha decisión afectó el derecho de defensa y al debido proceso de su mandante, al basarse en un exceso de rigor formal, lo que convierte a dicha resolución en arbitraria. En este sentido, explico que cuando la Jueza de Primera Instancia intimó a la Defensa a que acreditara su personería para actuar en el juicio, no tomó en cuenta que ya había cumplido con ese paso en el trámite de estas actuaciones, precisamente en la etapa administrativa.
Ahora bien, corresponde recordar en primer término que el artículo 40 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, en lo pertinente, establece: “La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste”.
Sin embargo, no puedo dejar de advertir que en el caso, dentro del plazo acordado, la presunta infractora formuló el descargo judicial a través de su letrado apoderado dejando expresamente aclarado que, como surgía de la copia del Poder General agregado a la causa sumarial, resultaba apoderado de la empresa encausada.
Así las cosas, si bien no se desconoce que no aportó en ese momento nuevamente la escritura o su original a efectos de acreditar la personería, conforme fuera solicitado, sus manifestaciones requerían, al menos, algún tipo de análisis en cuanto a la verificación en el déficit de personería, a tenor del citado artículo 40 antes mencionado.
Finalmente, tampoco huelga señalar que luego de hacerse efectivo el apercibimiento cursado por la “A quo” en los términos del artículo 42 de la Ley de Procedimiento de Faltas, el letrado acompañó copia del Poder General Administrativo y Judicial, la que se corresponde con aquella que se encontraba agregada al expediente administrativo.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado de grado desde que intimó al apoderado a acreditar personería en lugar de intimar al representante legal de la persona jurídica juzgada.
El letrado plantea que dicha decisión afectó el derecho de defensa y al debido proceso de su mandante, al basarse en un exceso de rigor formal, lo que convierte a dicha resolución en arbitraria. En este sentido, explico que cuando la Jueza de Primera Instancia intimó a la Defensa a que acreditara su personería para actuar en el juicio, no tomó en cuenta que ya había cumplido con ese paso en el trámite de estas actuaciones, precisamente en la etapa administrativa.
Ahora bien, en mi opinión, los apoderados no tienen legitimación para la interposición de este recurso. En este sentido, el procedimiento judicial en la presente causa ha sido llevado a cabo con inobservancia de la Ley N° 1217, lo que resulta violatorio de la garantía constitucional del debido proceso, aplicable al proceso penal, al contravencional y al de faltas en tanto derecho administrativo sancionador que, esencialmente, requiere escuchar en forma personal a aquél que está vinculado con la actuación judicial en calidad de imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado debido a que la actuación de la apoderada de la firma no debió haber sido admitida.
En la presente, se condenó a la sociedad infractora por infracción a los artículos 2.1.15 y 2.1.19 de la Ley N° 451 (cierre defectuoso de acera y apertura de acera sin colocar cartel de obra) a la pena de multa de cuatro mil unidades fijas.
La letrada representante de la sociedad infractora solicito un plan de pagos en 10 cuotas iguales y consecutivas de 400 unidades fijas. El Magistrado de grado resolvió rechazar la concesión del plan de facilidades de pago de la pena de multa impuesta a la firma. Explicó que la petición hecha por la solicitante resultaba improcedente dado que la aquí condenada registraba, entre otras, una condena firme por infracción al artículo 2.1.15 de la Ley N° 451, misma norma por la cual recayera sentencia en estos actuados, la cual había adquirido firmeza el mismo día de dictada la sentencia.
No obstante, advierto que el presidente de la sociedad anónima imputada no ha sido debidamente legitimado en forma pasiva en este proceso. En efecto, el procedimiento judicial en la presente causa ha sido llevado a cabo con inobservancia de la ley que lo rige (Ley N° 1217) y no se escuchó en forma personal a aquél que está vinculado con la actuación judicial en calidad de imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde anular lo obrado en autos, a partir de que se notificó a la firma imputada que podrá comparecer mediante apoderado y todo lo obrado en consecuencia.
Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación presentado por el Defensor particular de la sociedad anónima encausada, en su carácter de apodera de la firma, contra la resolución de grado, en cuanto condenó a la sociedad anónima a la sanción de multa de treinta mil unidades fijas (30000 UF), por ser considerada responsable de infracciones previstas en los artículos 2.1.15, tercer párrafo, y artículo 4.1.22, primer párrafo, de la Ley N° 451.
Ahora bien, como ya lo he sostenido en numerosos casos, el procedimiento judicial en la presente causa ha sido llevado a cabo con inobservancia de la Ley que rige el procedimiento de faltas (Ley N° 1217) lo que resulta violatorio de la garantía constitucional del debido proceso, aplicable al proceso penal, al contravencional y al de faltas en tanto derecho administrativo sancionador que, esencialmente, requiere escuchar en forma personal a aquél que está vinculado con la actuación judicial en calidad de imputado.
En este sentido, he afirmado que la naturaleza penal que encierra el régimen administrativo sancionador obsta a que las personas jurídicas imputadas puedan valerse de un mandato convencional, relativo a sus actos lícitos (art. 1889, CCyCN), a fin de comparecer a un juicio en el que se le reprocha una conducta ilícita, en infracción del régimen de faltas.
Por ello, la presentación de un apoderado no resulta suficiente para manifestar la voluntad de la persona jurídica infractora, que sólo puede ser asumida por quien legalmente la detenta en expresión de la voluntad societaria. Repárese en que, según el artículo 268 de la Ley general de sociedad (Ley Nº 19.550) indica al respecto: “...La representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio. El estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores. En ambos supuestos se aplicará el artículo 58" y a su vez el artículo 58 señala: “… El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural...”
En efecto, debe anularse lo obrado en autos a partir de que se notificó a la firma imputada que podrá comparecer mediante apoderado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

La presentación de un apoderado, no resulta suficiente para manifestar la voluntad de la persona jurídica infractora, que sólo puede ser asumida por quien legalmente la detenta en expresión de la voluntad societaria.
El Presidente del directorio, de la sociedad sometida a proceso, no fue informado de la intervención de esta justicia en su competencia de faltas de modo directo, por ello no correspondía tener presentado por parte a su Mandataria.
Toda vez que existe un vicio insalvable, que afecta las garantías constitucionales, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado.
Asimismo, el trámite dado a la causa debió contemplar la celebración de audiencia a fin de tomar contacto directo con el representante legal de la firma imputada.
En consecuencia, la infractora no tiene una intervención que privilegie el principio de autonomía de la voluntad, como en el derecho privado, sino que debe someterse a las directrices propias de un procedimiento punitivo, en el que el perseguido no puede estar ausente, ni representado por un tercero.
Por todo lo expuesto, considero que se vulnera el principio de inmediatez si se resuelve este recurso sin oír personalmente al Presidente de la Sociedad Anónima aquí juzgada, como también el derecho a ser oído en la sustanciación de la acusación en su contra, tanto en primera como en segunda instancia y al debido proceso legal.
Por ello, estimo que no debiéramos resolver esta causa sin convocar la audiencia, que garantice el principio de inmediatez. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que tuvo por incluida a la damnificada directa en el frente actor que reclama una indemnización por los daños y perjuicios derivados de una mala praxis médica.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos que en lo sustancial son compartidos corresponde remitirse por cuestiones de brevedad.
En efecto, los planteos efectuados por el demandado no logran poner en evidencia el error o arbitrariedad en la decisión adoptada.
Vale recordar que la demanda fue iniciada por el concubino de la damnificada por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad.
Resulta decisivo recordar que el hecho dañoso que motivó la interposición de la demanda fue la mala praxis médica que –se invoca- le fue realizada a la paciente a partir de la cual ––según se alega–– sufrió graves problemas de salud que derivaron en que actualmente se encuentre “en estado vegetativo irreversible”.
No se encuentra discutido en autos que, en los términos en los que fue planteada la demanda, ella es la principal damnificada por el hecho invocado, más allá de lo que eventualmente se resuelva en la sentencia definitiva en punto a la existencia o inexistencia de mala praxis médica.
Resulta además de suma relevancia y no se encuentra en debate, al menos en forma expresa, que la damnificada se encontraría actualmente incapacitada e imposibilitada de presentarse por derecho propio en estas actuaciones, en virtud de su grave estado de salud. Por ello, se encuentra en trámite ante la Justicia Nacional en lo Civil un proceso de determinación de su capacidad.
En este contexto, la decisión de tener por integrado el frente actor con ella se evidencia razonable en el marco de lo actuado en el proceso y, además, resulta acorde al resultado de distintas medidas que había dispuesto el Juez A-quo cuya finalidad era obtener la información y el conocimiento necesarios a efectos de resolver las excepciones planteadas por el Gobierno local, en función de la particular complejidad que presenta el caso y la relevancia de los derechos involucrados.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que tuvo por incluida a la damnificada directa en el frente actor que reclama una indemnización por los daños y perjuicios derivados de una mala praxis médica.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos que en lo sustancial son compartidos corresponde remitirse por cuestiones de brevedad.
En efecto, no resulta acertada la afirmación de la recurrente en punto a que el actor jamás se presentó a peticionar por la damnificada.
Por el contrario, de diversas presentaciones es posible distinguir su voluntad de representar a su concubina y madre de su hijo quien también se presentó como actor en el escrito de inicio y a la fecha ha alcanzado la mayoría de edad.
Es que, más allá de alguna imprecisión al manifestar su representación procesal en el escrito inicial ––cuestión esencialmente subsanable luego de la interposición del defecto legal––, es posible vislumbrar la intención del actor de peticionar por sí y también en representación de la damnificada en resguardo de sus derechos, garantías e intereses.
Se advierte que, de accederse a la pretensión del recurrente, podría configurarse un agravio de difícil reparación ulterior sobre los derechos de la damnificada y, en particular, de su garantía constitucional de acceso a la justicia, debiendo ponderarse la gravedad de su estado de salud actual que la incapacitaría completamente y le impediría presentarse por derecho propio en esta sede judicial para reclamar el reconocimiento de sus derechos.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que tuvo por incluida a la damnificada directa en el frente actor que reclama una indemnización por los daños y perjuicios derivados de una mala praxis médica.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos que en lo sustancial son compartidos corresponde remitirse por cuestiones de brevedad.
En efecto, la principal damnificada sólo puede acceder a la justicia y peticionar por medio de un representante.
Asimismo, el Juzgado Nacional en lo Civil que interviene en el juicio de determinación de su capacidad autorizó en los términos del artículo 34 del Código Civil y Comercial de la Nación al actor (su concubino) a intervenir en representación de la causante en los procesos en trámite por ante el la Justicia Contencioso, Administrativo y Tributaria.
Ello así, la apelación interpuesta por el Gobierno local no debe prosperar, pues sus argumentos no resultan aptos para demostrar el error de la decisión resistida.