El delito continuado requiere no sólo unidad de acción para la realización del tipo, lo que indudablemente implica unidad de lesión al bien jurídico, sino que además involucra un dolo general.
La formulación del delito continuado ha tenido históricamente la finalidad de lograr una articulación de los tipos penales que juegue a favor del imputado con el objeto de evitar una pena absurda e irracional. El Dr. Zaffaroni expresa “...no abarca la reiteración de la conducta como una nueva conducta típica independiente, sino como una mayor afectación al bien jurídico, es mayor el contenido del injusto de la única conducta típica pues otra interpretación se presenta como un absurdo ... aberrante...” (ob. cit.).
El criterio que se sostiene, implica que ante pluralidad de conductas a juzgar igualmente calificadas, si a criterio del sentenciante alguno de los hechos que se imputaron como integrantes de la gestión global desarrollada no se comprobaron finalmente con el grado requerido en la instancia de debate, no cabe la absolución por esos sucesos aislados, ya que los demás sucesos conforman de todos modos una unidad de acción, que lesionan el bien jurídico tutelado, todo ello abarcado por el dolo general, sin perjuicio de que dichas circunstancias sí deben valorarse al momento de mensurar el monto de la pena a aplicar.

En el caso corresponde revocar la resolución de la Sra. Juez de grado por medio de la cual declaró la incompetencia parcial de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón del territorio, respecto de los hechos denunciados que constituirían “prima facie” el tipo contravencional de hostigamiento.
En efecto, los hechos ocurridos que encuadrarían “prima facie” en el tipo contravencional previsto en el artículo 52 de la Ley Nº 1472, deben ser abordados como integrantes de una única conducta extendida en el tiempo.
Es así, que pese a su pluralidad son constitutivos, por motivos de política criminal, como una única conducta. Esto es lo que la doctrina entiende al referirse al delito continuado como forma de concurso real impropio o aparente.
Descartase así, la existencia de una pluralidad de hechos típicamente antijurídicos y culpables, que lesionan al mismo bien jurídico, pues pese a que el fenómeno da la sensación de una pluralidad de conductas, en rigor de verdad nos encontramos ante una única acción típica determinada por un factor final (conf. ZAFFARONI, Eugenio y otro, Derecho Penal, Parte General, Ediar, pág. 826)
Por ello, habíendose producido el primero de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, y siendo imposible determinar el lugar en que se hallaba la víctima en el momento en que recibió el mensaje de texto, no deviene acertado ni ajustado a derecho el criterio utilizado por la Sra. Juez "a quo" para decidir la incompetencia parcial del fuero, en razón del territorio.

En el caso corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado que rechaza la excepción de prescripción opuesta por la Defensa, respecto a la investigación del presunto delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar.
En efecto, el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar constituye un delito de omisión, de peligro abstracto, continuo y de carácter
permanente.
Ahora bien, por su carácter continuado el plazo de la prescripción debe comenzar a computarse desde que el hecho cesó de cometerse o al haber alcanzado los hijos del imputado la mayoría de edad.
Sentado ello, y atento a que se desprende de las constancias agregadas a la causa que la menor no ha alcanzado la mayoría de edad, sumado a ello su condición de discapacitada, la prescripción de la acción penal no ha operado.
Por tanto, al no haber transcurrido el plazo establecido como pena máxima en abstracto para el delito en que ha sido encuadrada la conducta investigada, corresponde confirmar la resolución recurrida.

En el caso corresponde revocar la resolución del Magistrado de grado en cuanto rechaza la excepción de prescripción opuesta por la Defensa, respecto a la investigación del presunto delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar y remitir las actuaciones a la Instancia de grado a fin de que, se resuelva sobre la prescripción de la acción penal.
En efecto, en el caso se encuentra prescripta la acción penal.
Esto es así, puesto que conforme surge de la causa, al momento de determinar el hecho, se imputó al encartado, el haberse sustraído de prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija menor, en el período comprendido desde febrero de 2009, a la actualidad, es decir enero de 2010.
Asimismo, en fecha 01 de junio de 2010, la denunciante hizo saber que “hasta el día de la fecha” el imputado no realizó ningún tipo de aporte.
Sin embargo, de la compulsa de las actuaciones no surge elemento alguno que permita sostener que dicha situación se mantiene a la fecha.
Conforme lo expuesto, y habiendo transcurrido el plazo de prescripción de la acción previsto en la norma, corresponde revocar la resolución cuestionada y devolver las actuaciones a la instancia de grado a fin de que, previa comprobación de los antecedentes del imputado, se resuelva de acuerdo a lo que aquí se propone. (del voto en disidencia de la dra. Manes)

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado mediante la cual decidió declarar la incompetencia en razón de la materia a favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional que deberá intervenir ante la posible comisión del delito de amenazas coactivas.
En efecto, el Juez de grado declaró la incompetencia al entender que estaríamos ante un supuesto de “delito continuado” ya que se daban los requisitos exigibles para la configuración de esa hipótesis es decir: cierta homogeneidad de la acción, la lesión del mismo bien jurídico y la unidad de dolo. Añadió que si bien dos de los sucesos que se le imputaban al encausado encuadraban en la figura básica de amenazas, mientras que el otro hecho acontecido era calificable en el delito de amenazas coactivas, lo cierto era que en atención a que se trataba de un delito continuado y en virtud de que existía un cuadro probatorio común correspondía que todas tramiten ante la Justicia Nacional que era quien tenía mas amplia competencia según diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El máximo Tribunal sostuvo en el caso “Longhi” que “[...] en virtud de la estrecha vinculación que presentan los hechos, resulta conveniente, desde el punto de vista de una mejor administración de justicia, que la pesquisa quede a cargo de un único tribunal (Fallos: 328:867). Por lo tanto, y más allá de que el mínimo de la escala penal contemplada para aquél delito (daño) sea inferior al establecido para la figura de lesiones leves (art. 89 del Código Penal), pienso que ante la circunstancia de no haberse traspasado esta última a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde entonces, que ambos supuestos presuntamente delictivos sean juzgado por el fuero correccional que, en definitiva, posee la más amplia competencia para su conocimiento […]” (CSJN, Competencia 978 XLIV, “Longhi, Viviana Graciela s/ lesiones dolosas”, rta.: 02/06/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado mediante la cual decidió declarar la incompetencia en razón de la materia a favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional que deberá intervenir ante la posible comisión del delito de amenazas coactivas.
Los hechos atribuidos al encausado deben encuadrarse “prima facie” como constitutivos del delito de amenazas simples (primer suceso) y coactivas (segundo acontecimiento).
En estas condiciones la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado resulta acertada en el caso, ya que por las características particulares de los hechos denunciados, alcanza con las declaraciones testimoniales de la denunciante para reconocer en una de las frases proferidas la estructura de una coacción: el propósito de obligar a otro a no hacer o hacer algo contra su voluntad es evidente (“…levantame la denuncia….”, hacerla desistir de la denuncia) y la amenaza (“…te voy a pegar un tiro” ).
En tal sentido, vale poner de resalto que la decisión adoptada por el a quo se condice con la regla jurídica que emana de los precedentes dictados recientemente por la Corte Suprema Justicia de la Nación en el caso “Longhi”.
Así, el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación está constituido por los siguientes elementos: 1. la “estrecha vinculación de los hechos”; 2. la “mejor administración de justicia”; y 3. el “fuero de competencia más amplia”.
De acuerdo con ello, resulta claro que la decisión de la Jueza de grado se ajustó a tales parámetros.
Al respecto, no puede obviarse que las partes involucradas - denunciante e imputado- son las mismas y a su vez los sucesos que se le atribuyen constituyen una unidad de acción, que se desarrolla claramente en un mismo contexto espacio temporal. Por todo esto se encuentra satisfecha la exigencia referida a la “estrecha vinculación de los hechos” bajo estudio.
Con relación al tópico referido a garantizar la “mejor administración de justicia”, resulta claro que ello ocurre si la investigación tramita ante un mismo Tribunal, debido a la vinculación de los hechos pesquisados, expresada en que como hemos mencionado los sujetos involucrados son los mismos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado que rechaza la excepción de prescripción opuesta por la Defensa, respecto a la investigación del presunto delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar.
En efecto, en el caso, no se advierte que la Defensa Oficial del imputado haya alegado que la conducta endilgada hubiera cesado y, por el contrario, el titular de la acción -más allá de la precisión con que las palabras permiten referir a un período de tiempo, en oportunidad de formular un decreto de determinación de los hechos- señaló en la audiencia donde se debatió la cuestión que “el delito aquí investigado se renueva mes a mes con cada obligación [presuntamente incumplida] del padre respecto de su hija”.
Las consecuencia de caracterizar a este delito como continuo se vincula principalmente con el momento a partir del cual se empieza a computar el plazo de la prescripción de la acción para perseguirlo: dado que la omisión típica se prolonga en el tiempo, se debe comenzar a computar su plazo una vez que dicha conducta haya cesado tal como lo establece el artículo 63 del Código Penal. No habiéndose interrumpido el incumplimiento no comenzará a correr dicho plazo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechaza la excepción de prescripción planteada por la Defensa (arts. 62 inc. 2, 63, 67 y 208 CP).
En efecto, se le imputa a los encartados el haber ejercido, en forma habitual, el arte de curar por el lapso no menor a 2 años, administrando en ciertos casos, una sustancia líquida posteriormente secuestrada luego de realizados los allanamientos correspondientes.
Así las cosas, la Defensa expone que el delito continuado no se encuentra legislado en el código de fondo. Agrega que los delitos continuos y “no continuados” a los que se refiere nuestra legislación son aplicables a los efectos del mismo, los cuales son permanentes, y no al modo comisivo del mismo. Es por ello que la Magistrada de grado aplicó erróneamente el artículo 63 del Código Penal.
Ello así, resulta oportuno aclarar que "el delito continuado es considerado como un hecho o conducta única, proviene del reconocimiento de una desvaloración jurídica unitaria respecto de un contenido de comportamiento humano final, que nada tiene de ficción -y menos de mera construcción jurisprudencial beneficiante - sino que se basa en un dato óntico del elemento final y en el componente normativo que se obtiene comprobando que su consideración jurídica fraccionada no es racional y lleva a resultados absurdos en los casos concretos” (Zaffaroni, Alagia, Slockar; Derecho Penal, parte general, Ediar, 2000, pág 826).
Por tanto, tomando en cuenta principalmente cómo se habrían desarrollado los hechos objeto de imputación (relación temporal y espacial entre aquellos, afectación al mismo bien jurídico, idéntico sujetos activos), asiste razón a la Magistrada de Grado en cuanto a que no ha transcurrido el plazo legalmente previsto.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y hacer lugar al planteo de excepción por cosa juzgada efectuado por la Defensa.
En efecto, comparto criterio con el Defensor en cuanto entiendo que los hechos investigados materia de imputación por el delito de amenazas, constituyen un delito continuado, razón por la cual se trata de varios hechos dependientes o conectados que permiten la aplicación de una pena como si se tratare de un único hecho.
En este sentido verifico que se encuentran cumplidos los requisitos propios del delito continuado, a saber: 1) Sucesión de actividades configurables todas en el mismo tipo penal (amenazas simples) y 2) Común denominador que caracteriza todas las acciones realizadas (unidad subjetiva o plan común, identidad del objeto atacado, identidad del sujeto pasivo, identidad del bien jurídico afectado, continuidad espacial y temporal, naturaleza de las acciones emprendidas), todo lo cual permite admitir la fraccionabilidad del plan del autor. (Manual de Derecho Penal Parte General, Ricardo Daniel Smolianski, Ed Ad. Hoc., Buenos Aires, 278y ss.).
En cuanto a esta “identidad objetiva” mencionada “Ut supra”, Julio B. J. Maier señala que para que la regla del "ne bis in idem" funcione y produzca su efecto impediente característico, la imputación tiene que ser idéntica, “y la imputación es idéntica cuando tiene por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona -identidad de objeto=eadem res- (Maier, Julio B. J. “Derecho Procesal Penal I. Fundamentos”, pág. 606y ss. Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires 2002.)
Ello así, no es posible que si la Justicia Nacional sobreseyó al imputado en orden al delito de amenazas simples, se intente perseguir otra vez la misma conducta en este fuero.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y hacer lugar al planteo de excepción por cosa juzgada efectuado por la Defensa.
En efecto, comparto criterio con el Defensor en cuanto entiendo que los hechos investigados materia de imputación por el delito de amenazas, constituyen un delito continuado, razón por la cual se trata de varios hechos dependientes o conectados que permiten la aplicación de una pena como si se tratare de un único hecho.
Ello así, no es posible que si la Justicia Nacional sobreseyó al imputado en orden al delito de amenazas simples, se intente perseguir otra vez la misma conducta en este fuero.
Desde mi punto de vista entiendo al delito continuado como figura constituída por una unidad de dolo o plan común. En este caso se vería reflejada/o en la voluntad del imputado de intimidar a la denunciante mediante distintos medios, a saber: posteos de Facebook, mensajes de texto y llamados telefónicos.
Jurídicamente entiendo que por tratarse el presente caso de un delito continuado, debe tratarse como una imputación única (hechos valorados en Nación y en este fuero), recibiendo en consecuencia el mismo tratamiento que un concurso ideal. De esta manera, aunque se reconoce que esta clase de delitos se encuentra integrado por varios comportamientos o hechos diversos separables fáctica y jurídicamente, la teoría del delito establece como ficción su unidad imputativa por razones de política criminal.
Con relación al tema de la “identidad básica” Maier afirma que ésta subsiste aunque existan entre ambas imputaciones diferencias temporales, espaciales, de modo o en el mismo objeto del hecho atribuido, que no alcancen para destruirla como afirmación de un acontecimiento histórico unitario.
De allí que, según Julio Maier el examen debe apuntar a establecer si se trata de un mismo hecho o de diversos hechos: esta autonomía de las acciones puede comprobarse mediante la supresión mental de la “idea básica”, es decir que si la nueva conducta puede subsistir sin la primera, estaremos en presencia de un hecho nuevo, que sí puede dar origen legítimamente a un segundo proceso (Maier, Julio B. J. “Derecho Procesal Penal I. Fundamentos”, pig. 606y ss. Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires 2002).
Teniendo en cuenta lo expuesto, es dable sostener que en el caso concreto de marras, el hecho por el cual se investiga al imputado respecto del delito normado en el artículo 149 bis párrafo 1° del Código Penal resulta ser la misma conducta por la que fuera sobreseído en sede nacional.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del acta de intimación del hecho.
En efecto, la Defensa sostiene que no se habría formulado correctamente la imputación, en tanto el haber descuidado y maltratado a un perro de su propiedad desde fecha no determinada, no observaría la exigencia de una descripción clara, precisa y circunstanciada.
Ello así, la circunstancia de que no se hubieran señalado fechas fijas respecto de la comisión del supuesto ilícito sino un lapso temporal, no responde a una falta de precisión achacable a la Fiscalía sino a las particularidades propias del caso, el que no se habría desplegado en un acto único en razón del carácter continuado del accionar descripto.
Asimismo, se describió detalladamente en la audiencia en qué habría consistido la acción de descuido y maltrato proferido al animal que le fuera atribuida al imputado. Así se le informó que, conforme constatara el médico veterinario, el can se encontraba en mal estado general, con el manto sucio y descuidado con nudos y pulgas, con un estado corporal compatible con un cuadro de desnutrición/caquexia evidente, tratándose de un cuadro de desnutrición severa por consumo de su propia masa corporal, con parexia en el tren posterior, lo que le dificultaba incorporarse, reflejos disminuidos y dolor lumbar.
Por tanto, se halla satisfecho en este aspecto el requisito de claridad y debida precisión de la imputación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del acta de intimación del hecho.
En efecto, la Defensa sostiene que no se consignó en forma específica el lugar donde la conducta fue perpetrada, por lo que no se cumpliría la exigencia de una descripción clara, precisa y circunstanciada.
Ello así, dicha omisión se vincula estrechamente con la modalidad permanente de la actuación, por lo que de acuerdo a tal condición, y a tenor de la exigencia típica de la figura –arts. 1 y 2 Ley 14.346- en cuanto proscribe el comportamiento de “maltrato” al animal, es dable enunciar que el accionar perseguido no necesariamente puede desplegarse –y en consecuencia circunscribirse- en un único lugar, sino en los diferentes recintos en que el referido maltrato fuera llevado a cabo por el imputado, por lo que el vacío apuntado –en función a tales consideraciones- no sólo no es susceptible de condicionar la materialidad del reproche, sino que además no posee la entidad de ocasionar el gravamen argüido por la recurrente.

Aunque no se desconoce que en los casos de violencia de género, en la mayoría, éstos no sólo ocurren intramuros, sino que además la violencia ejercida respecto de la víctima es permanente, lo que puede dificultar la posibilidad de indicar el día y hora exacta en que el delito fuera cometido, ello no impide indagar acerca de las circunstancias objetivas que lo rodearon, atinentes si se perpetró en horario diurno, un día de semana o de descanso, etc.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que es arbitraria la sentencia que, al condenar como autor de un delito continuado al apelante, prescinde de individualizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los ilícitos que se imputan, y más aún, omite determinar concretamente los hechos por los cuales se le reprocha penalmente, violando su derecho de defensa en juicio, al impedirle demostrar que un determinado delito no había sido cometido y, eventualmente, que no se encontraba en el lugar del hecho en las circunstancias de tiempo y lugar en que se cometiera (Fallos: 304:1318).

En el caso, corresponde revocar la resolución cuestionada, que dispuso hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado.
Las razones que invoca el Sr. Fiscal al momento de fundar su oposición –respecto de la concesión de la suspensión del juicio a prueba en favor del imputado– se apoyan en circunstancias fácticas del suceso en particular que hacen recomendable celebrar el juicio oral y público.
En efecto, la Fiscal mencionó tres razones para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, a saber: “que el delito seguía cometiéndose, que el imputado no había ofrecido el pago del mínimo de la multa y que el ofrecimiento de reparación del daño era ínfimo e irrazonable con relación al daño causado y a las particularidades del hecho imputado”.
Con relación al carácter continuado del delito, lo cierto es que no se advierte que el imputado haya demostrado interés en ajustarse a derecho en lo que concierne a las obligaciones alimentarias que pesan sobre él. Ello, pues al momento de solicitar la probation se ofreció a abonar un determinado monto de dinero en concepto de reparación del daño causado (de conformidad con el Art. 76 bis del Código Penal), pero sólo durante el período en el que se suspenda el proceso a prueba.
Por esta razón, el Fiscal sostiene que el encartado "persiste en su dolosa omisión de proporcionar a su hijo ... los medios necesarios para su subsistencia".

En el caso, corresponde confirmar la resolución 1ue rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción.
En efecto, se busca determinar la responsabilidad del encartado en el hecho que habría tenido lugar a partir del 1° de noviembre de 2010 hasta, por lo menos, el 12 de enero de 2011, oportunidad en la cual se sustrajo de prestar los medios necesarios para la subsistencia de sus dos hijos menores de edad.
A los efectos de la prescripción de la acción en los presentes actuados resultan de aplicación las previsiones del artículo 63 del Código Penal pues se trata de un delito de carácter permanente y por tanto la prescripción de la acción comenzará a computarse desde que el delito cesó de cometerse. Lo que se produce a partir de que los hijos cumplan los 18 años y por tanto, cese el deber alimentario o ante el cumplimiento de las obligaciones por parte del imputado, lo que de acuerdo a las constancias obrantes en la presente no ha sucedido.
Ello asi, es dable afirmar que el deber alimentario del encartado respecto de sus dos hijos menores de edad no ha caducado por lo que no es posible aun comenzar a computar el plazo de prescripción de la acción a su respecto, toda vez que no surge, ni la defensa refiere que el imputado haya cumplido su obligación. (Del voto en disidencia de la Dra Marum)

En el caso, corresponde revocar la resolución que dispuso hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado.
En efecto, resulta razonable la oposición fiscal en estos autos. La misma se funda en la imputación de un comportamiento constitutivo de un incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delito continuado que el imputado sería reticente a abandonar, a pesar de haber solicitado la suspensión del juicio a prueba.
La Fiscal sostuvo que el imputado persistiría en su dolosa omisión de proporcionar a su hijo, de quince años de edad, los medios necesarios para su subsistencia.
Ello así, sin perjuicio del principio de inocencia, razonablemente la Fiscal puede sospechar que no se cumplirá el compromiso que el imputado afirmó estar dispuesto a asumir y su sospecha acerca de que las pautas de conducta de este instituto no podrán lograr el mismo efecto preventivo que tendría una sanción penal se funda en la denunciada falta de adecuación de la conducta del imputado a su obligación alimentaria, aún luego del labrado de la presente causa. Por ello, la fiscal justificó su decisión de no otorgar su acuerdo, que ha fundado señalando la necesidad de que este caso sea resuelto en juicio.

El artículo 1 de la ley 13.944 pena con prisión o multa alternativa al padre que, sin mediar sentencia civil, se sustrajere a prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos/as menores de dieciocho años.
Como he sostenido en numerosos precedentes, se trata de un delito de omisión propia, especial y, a mi criterio, de peligro concreto ya que, en este delito en particular como en todo injusto doloso o culposo, debe acreditarse mínimamente la afectación del bien jurídico protegido, constituyendo un mínimo de lesión o un peligro real del bien jurídico protegido un elemento configurativo de la figura aquí tratada, la cual mediante la utilización de una sanción pretende hacer cesar.
Asimismo, constituye un delito continuado, lo que exige que los distintos hechos deban ser abordados como integrantes de una única conducta extendida en el tiempo. Es así que, pese a su pluralidad, son constitutivos, por motivos de política criminal, como una única conducta. Esto es lo que la doctrina entiende al referirse al delito continuado como forma de concurso real impropio o aparente.
Descartase así, la existencia de una pluralidad de hechos típicamente antijurídicos y culpables que lesionan al mismo bien jurídico, pues pese a que el fenómeno da la sensación de una pluralidad de conductas, en rigor de verdad nos encontramos ante una única acción típica determinada por un factor final (conf. ZAFFARONI, Eugenio y otro, Derecho Penal, Parte General, Ediar, pág. 826). (Del voto en disidencia de la Dra. Manes)

En el caso, corresponde rechazar el recurso y confirmar la resolución que rechazó el planteo de prescripción de la acción.
En efecto, la conducta que a la postre fue calificada en los términos del artículo 52 del Código Contravencional agravado por el artículo 53 del mismo cuerpo normativo, habría comenzado a desplegarse en el mes de noviembre de 2010 y se habría extendido hasta, cuanto menos, el mes de septiembre de 2013.
Ello así, el plazo previsto por el artículo 42 del Código Contravencional –teniendo especialmente en cuenta que el delito reviste el carácter de continuado– a la fecha no se encuentra vencido, en tanto aún no ha transcurrido el plazo de dieciocho meses, a contabilizarse desde el momento en que se habría verificado la cesación de la conducta endilgada al encartado.

En el caso, corresponde confirmar la decisión que no hizo lugar a la excepción de prescripción de la acción contravencional.
En efecto, el suceso descripto fue calificado en el requerimiento de juicio como constitutivo de la contravención prevista y reprimida en el artículo 73 del Código Contravencional como violación de clausura y en esa misma pieza procesal, al determinar la pena cuya aplicación se solicita, se afirmó que se trataba de un único hecho continuado.
Conforme el artículo 42 del Código Contravencional , y tratándose de una contravención continuada, el plazo para el cómputo de la prescripción debe comenzar a computarse a partir de la última verificación de la violación.
Ello asi y atento que de la descripción del hecho efectuada, se advierte que se trata de una única conducta típica sostenida en el tiempo, pues se trata de la violación de la misma clausura administrativa y sus ampliatorias, el plazo de dieciocho meses debe empezar a contarse desde la última constatación de la violación por lo que el plazo previsto por la norma aún no ha operado. (Del voto en disidencia del Dr. Franza)

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de prescripción sobre uno de los hechos imputados en autos.
En efecto, en la presente, se le atribuyó al imputado dos hechos calificados como "amenazas simples" que habrían sucedido en dos fechas distintas. En el primer caso, la víctima habría sido su ex pareja, en el segundo, su hija menor de edad.
En este marco, corresponde revisar si es correcto el criterio aplicado por la "A-quo", según el cual la circunstancia de que ambos sucesos se hayan producido en un mismo contexto conflictivo familiar los torna inescindibles, de tal manera que debe tomarse como inicio del plazo de prescripción el segundo, pues habría “cierta continuidad en las acciones lesivas”.
Así las cosas, consideramos que se trata de un apartamiento injustificado de la ley y de la interpretación dada por doctrina y jurisprudencia. El artículo 67 "in fine" del Código Penal dispone: “La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito”. Si aquí se interpreta “delito” al menos como una misma unidad de acción, entonces en un caso de concurso real habrá tantos delitos como unidades de acción.
Para el caso, sólo entraría en consideración vincular dos hechos que en principio concurren de manera "real" si se pudiera constatar el llamado "delito continuado". En estos casos, “será aplicable la regla del artículo 63, es decir que la prescripción comenzará a correr desde que cesa su última etapa” (Zaffaroni/Alagia/Slokar, Derecho Penal, 2000, p. 826). Pero el "delito continuado" requiere de un dolo total “que debe abarcar las particularidades comisivas del hecho, sin que sea para ello suficiente una general resolución” (ídem, p. 827), a la vez que se exige “la identidad del titular del bien jurídico afectado” (ídem, p. 828).
En el supuesto que nos ocupa, no se constata esa necesaria identidad, pero, aun más, de ningún modo puede afirmarse que el imputado hubiera tenido un "dolo total" en el primer hecho -contra su ex pareja- que alcanzase el hecho presuntamente cometido más de un año después, .
Por tanto, se ha creado una nueva regla que modifica sustancialmente las causas de interrupción de la prescripción y da lugar a una nueva "in malam partem", basada en criterios que no sólo no tienen sustento jurisprudencial ni doctrinario, sino que directamente contradicen los lineamientos de la Corte Suprema (Fallos: 327:4633, entre muchos otros).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de falta de acción por prescripción.
En efecto, la Defensa sostuvo que la acción penal respecto de uno de los hechos imputados se encontraría prescripta dado que desde la fecha del evento, hasta el primer acto interruptor (llamado a indagatoria) habría transcurrido un plazo mayor que el máximo de la pena prevista para el delito imputado.
Al respecto, si bien se sostuvo que el suceso descripto encuadraría bajo las previsiones del artículo 128, 2° párrafo, del Código Penal (tenencia de material de pornografía infantil con fines de distribución), lo cierto es que ese no es el único hecho atribuido, también se endilga al encartado el evento individualizado como "uno", el que consistiría en haber facilitado, ofrecido y distribuido a distintos usuarios de internet, mediante la utilización del programa de tipo "Peer to Peer" (P2P) de intercambio de archivos, ocho videos de menores de 18 años de edad dedicados a actividades sexuales explicitas y exhibiendo sus partes genitales.
A partir de lo expuesto es posible sostener que los dos hechos atribuidos al acusado no serían eventos independientes sino que conformarían un único delito continuado, conformado por diversos actos.
En tal caso, la calificación legal que correspondería atribuir a todo el suceso global sería la del ilícito previsto por el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal. De ser así, lo que en definitiva se determinará en el debate, no habría transcurrido en el presente supuesto el plazo requerido para extinguir la acción penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó la excepción de prescripción de la acción.
En efecto, se atribuye a la encausada haber cometido un hecho encuadrable en el artículo 181 inciso 3° del Código Penal, cuya pena oscila entre los 6 meses y los 3 años.
En consecuencia, el plazo máximo de prescripción a computar en autos resulta ser de 3 años, contados desde la fecha de presunta comisión del suceso enrostrado.
El tipo penal de usurpación resulta ser de comisión instantánea, pero de efectos permanentes. Se trata de una conducta que produce una afectación del bien jurídico tutelado en forma instantánea, en un solo momento, permaneciendo sus consecuencias nocivas por un cierto período de tiempo.
Ello debe distinguirse de los delitos permanentes, que se producen cuando la acción típica permite, por sus características, que se la pueda prolongar voluntariamente en el tiempo.
La prescripción en las conductas de ejecución instantánea y efectos permanentes opera desde el momento mismo en el que se produce la acción, siendo irrelevante a tal fin la permanencia en el tiempo de los efectos, puesto que éstos no pueden ser imputados como consumación, sino como una consecuencia lógica de la propia conducta.

En el caso, corresponde diferir al momento del debate el tratamiento del planteo sobre la calificación legal de los hechos investigados los cuales fueron provisoriamente presentados por el Fiscal.
La Defensa postula que los hechos investigados constituyen un delito continuado y no un concurso real como lo califica la Fiscal de grado en el requerimiento de juicio.
En efecto, asiste razón al recurrente toda vez que “Los elementos que deben concurrir para que se configure el delito continuado son los siguientes: a) Pluralidad de hechos…la pluralidad exige que la misma persona cometa dos o más hechos discontinuos…b) Interdependencia de los hechos. La unidad del delito continuado está dada por este elemento. Significa que con cada uno de los hechos ejecutados, el autor prosigue cometiendo el mismo delito. Tal identidad comisiva requiere de hechos materialmente homogéneos que por su conexidad aparecen vinculados como momentos de una misma empresa delictiva…c) Único propósito delictual. Esa misión criminal obedece a una única resolución para todas las acciones. d) Atentado al mismo bien jurídico. e) Tipo de realización gradual.” (Régimen Penal Tributario Argentino, Dr. Héctor Belisario Villegas, Ed. La Ley, 3° edición, Pág, 162).
Es insoslayable que en autos existe una pluralidad de hechos, los cuales son discontinuos, ya que fueron ocurriendo en distintos períodos de tiempo, intercalándose con cumplimientos por parte de la sociedad encausada respecto del depósito del tributo colectado.
Todos los hechos están íntimamente conectados y poseen un único propósito delictual, que es el de no depositar los montos retenidos y/o percibidos por ingresos brutos en las arcas del Estado.
Se encuentra afectado el mismo bien jurídico que protege el tipo penal.
Ello así, debe tenerse a los hechos imputados como configurativos de un delito continuado.
Sin embargo en cuanto a la oportunidad de resolver el planteo, conforme señalara la "a quo", la calificación legal de los hechos efectuada en esta etapa es provisoria y eventualmente, luego del debate, podrá obtenerse una conclusión certera de las reglas del concurso que corresponde aplicar o el empleo de la ficción jurídica del delito continuado.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que resolvió suspender el proceso a prueba pese a la oposición del Fiscal.
En efecto, corresponde analizar la fundamentación –como requisito exigido a todo acto de gobierno (artículo 1° de la Constitución Nacional)– esgrimida por el Fiscal. Sólo en caso de haber sido arbitraria, no resultaría vinculante para la "a quo".
La Fiscal se opuso a la concesión de la suspensión del proceso a prueba en consideración a las particulares circunstancias que rodearon el caso, y justificó su negativa por las siguientes cuestiones: 1) la continuidad en la comisión del delito; 2) la expresa negativa de la víctima; 3) la aplicación de la doctrina surgida del fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y 4) criterios de valoración concretos y objetivos del caso en cuestión.
No se advierte que el imputado haya demostrado interés en ajustarse a derecho en lo que concierne a las obligaciones alimentarias que pesan sobre él.
Al momento de solicitar la "probation" se ofreció a abonar un determinado monto de dinero en concepto de reparación del daño causado (de conformidad con el Artículo 76 bis del Código Penal), pero sólo durante el período en el que se suspenda el proceso a prueba.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y declarar extinguida la acción penal por prescripción y en consecuencia, sobreseer al imputado, en orden al delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
En efecto, el artículo 62 inciso 2) del Código Penal establece que en relación con los hechos reprimidos con reclusión a prisión, la acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada.
El artículo 63 del Código Penal dispone que la prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que cesó de cometerse.
En este sentido, atendiendo la clase de delito imputado en autos, se trata de un tipo penal de carácter continuado, en virtud de lo cual existe un único dolo que abarca el período de tiempo enunciado oportunamente en el requerimiento de juicio.
Corresponde entonces comenzar a contar los dos años (pena máxima prevista para el delito achacado) a partir de la fecha en que se había producido el cese de la conducta según el requerimiento de juicio de la querella.
Ello así, se advierte que desde la fecha en que se corriera vista a la Defensa en los términos del artículo 209 del Código Procesal Penal de la Ciudad, al presente, ha transcurrido ampliamente el plazo de dos años exigido legalmente para que opere la prescripción de la acción penal, sin que se haya visto interrumpido por ninguna otra causal intenuptiva o suspensiva vinculada con ese instituto, por lo que corresponde revocar la resolución de la Jueza de grado en todo cuanto fuera materia de agravio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la solicitud de prescripción de la acción penal.
En efecto, es necesario esclarecer cuál es el plazo durante el cual el Estado se encuentra autorizado, por el propio ordenamiento jurídico, para investigar, juzgar y eventualmente castigar la conducta imputada en la presente.
El plazo de prescripción de esta acción penal por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar se encuentra fijado, por el Código Penal de la Nación, en dos (2) años, de acuerdo a lo establecido en su artículo 62 inciso 2), y en el artículo 1) de la Ley N° 13.944.
Una de las primeras cuestiones a dilucidar consiste en determinar cuándo empieza a correr el plazo de prescripción en este tipo de procesos.
Atento al carácter permanente del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, los extremos que deben tomarse en cuenta para saber exactamente desde cuando correría la prescripción de la acción penal requieren la producción de prueba que sólo puede llevarse a cabo en una audiencia de juicio, "máxime" cuando la querella sostiene que hasta la actualidad, el imputado no ha cumplido con su obligación alimentaria.
Estos extremos pueden ser resumidos de la siguiente manera: Si el encausado cumplió o no con su obligación alimentaria en algún momento, al menos de forma parcial; la entidad del eventual incumplimiento; y la intención de incumplir por parte del imputado (existencia de dolo), entre otros aspectos. (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la solicitud de prescripción de la acción penal.
En efecto, el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es de peligro abstracto, en el que basta con que el autor se sustraiga de prestar los medios indispensables para la subsistencia, y no requiere que la víctima sufra una efectiva carencia o que caiga en una situación de peligro concreto de experimentar un efectivo estado de necesidad de esos medios.
En consecuencia, no está claro de la lectura del caso si la conducta endilgada, de haberse cometido, cesó o no para poder, desde el cese, computar el plazo de la prescripción. (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza)

En el caso, corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto dispuso declarar la incompetencia en función del territorio, en orden al delito previsto en la Ley N° 24.270 (impedimento de contacto de menores con su padre no conviviente) y remitir las acutaciones al Poder Judicial de la Provincia de Chaco.
Se agravia la Querella de que en ningún momento del análisis de la Magistrada de grado se hiciera referencia a que la conducta antijurídica desplegada por los encartados –de retirar y trasladar a los menores de su hogar–, se llevó a cabo, de forma íntegra, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Seguidamente, el apelante planteó que, en el segundo hecho denunciado (haber trasladado a los menores de edad a la provincia de Chaco), la Magistrada sí tuvo en consideración el ámbito territorial en el que fueron desplegadas las maniobras delictivas, soslayando que el desarrollo exitoso de las mismas fue posible gracias al éxito que tuvo la primera maniobra delictiva llevada a cabo por los encartados. Respecto del primer hecho, la querella entendió, en ocasión de apelar la decisión de la a quo, que la calidad de “padre no conviviente” surge desde el instante en que la aquí imputada sustrajo a sus dos hijos menores del hogar familiar, negándole en todo momento la posibilidad de entablar comunicación con ellos. Y que, por ello, el delito no se “consumó” en la Provincia de Chaco, sino que allí se continuó ejecutando.
Ahora bien, esta Sala entiende que, de acuerdo con los principios de economía procesal, y de interés superior del niño, corresponde que entienda en esta causa la Justicia de Chaco, toda vez que tanto los denunciados como los hijos del querellante residen actualmente en la provincia de Chaco, con lo que los actos procesales, tales como una eventual declaración indagatoria de los imputados, serán más fáciles de llevar a cabo si el trámite de la investigación se continúa en aquella jurisdicción.
Asimismo, es correcto lo dictaminado por el Sr Fiscal –aun cuando no estemos, en el presente caso, frente a un delito permanente–, en cuanto consideró que en esos delitos “no hay razón de principio que imponga decidir en favor de la competencia de alguno de los jueces en el ámbito de cuyas jurisdicciones se ha desarrollado la acción delictiva, por lo que son determinantes para resolver el punto, consideraciones de economía y conveniencia procesal (Fallos: 316:2373)” (CSJN, Competencia N° 1750 XLI P., M. I. s/ impedimento de contacto de hijos menores con padres no convivientes”, 06/06/2006).
Y, en efecto, corresponde decir que, tal como lo señalara la CSJN en más de un precedente, “no existe un motivo axiomático que imponga fallar a favor de la competencia de uno de los jueces en cuyas jurisdicciones se hubiere perpetrado el delito o surtido sus efectos, de manera tal que, a fin de decidir su asignación, resulta esencial tener en consideración razones de “economía procesal” que atiendan a la necesidad de favorecer la celeridad y la adecuada marcha de la administración de justicia (Fallos: 330:217)” (CSJN, expte. Nro. 13663/16 “Paradiso, Sandra s/ queja por recurso de Inconstitucionalidad denegado en autos De Giusti Ricardo Guido s/ infr. art. 2 bis ley 13944”).

En el caso, corresponde no hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por la Defensa de los imputados y en consecuencia confirmar la resolución de grado por medio de la cual, se rechazó el pedido del cese las medidas cautelares impuestas que comprenden el embargo de las cuentas correspondientes a las firmas imputadas y el bloqueo de sus páginas "web", y se impuso a los coimputados distintas medidas restrictivas de su libertad.
La Defensa se agravia de que el caso debería haber sido enmarcado dentro de las contravenciones previstas en los artículos 116 y 117 del Código Contravencional en razón de que el tipo penal establecido por el artículo 301 bis del Código Penal fue incorporado a este último cuerpo normativo mediante la Ley N° 27.346 y que los hechos por los cuales se investiga a sus defendidos serían anteriores a dicha fecha. En ese sentido, indicó que . la empresa imputada lleva adelante la explotación comercial de apuestas "online" desde hace años.
En ese sentido cabe destacar que el artículo 2 del Código Penal establece que "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho."
Sin embargo, la referida norma resulta sólo aplicable a modificaciones en el régimen penal, no en otros (como sería en el caso al existir una sanción contravencional previamente).
Asimismo, los estados locales acordaron delegar en el Poder Legislativo nacional la facultad de dictar, entre otros, el Código Penal (artículo 75, inciso12) y se autoexcluyeron expresamente de tal facultad (artículo 126). Por lo tanto, admitir la aplicación de la ley penal más benigna entre contravenciones y delitos implicaría, sin más, consentir que aquéllos -los estados locales- puedan prescindir en forma antojadiza de la ley penal, y consecuentemente, hacer uso de facultades que por imperio constitucional han delegado. Tal razonamiento se encuentra en contradicción con nuestra Ley Fundamental en forma tan palmaria como irrisoria.
Por lo demás, la Defensa ensaya un intento de favorecerse del carácter continuo de su conducta presuntamente delictiva. Más aún, parece reclamar que se amplíe el lapso temporal de la acusación para verse beneficiada. A los efectos de un mejor entendimiento, piénsese en la posibilidad de que con carácter previo al agregado del artículo 301 bis C.P. no hubiera figura legal alguna en que subsumir la conducta. Tal situación, con idéntica estructura argumental a la aquí analizada, nos llevaría a un reclamo de impunidad basado en que csa acción que hoy podemos calificar como delictiva se lleva adelante desde un lapso temporal prolongado, y es similar lo que aquí se solicita, un grado de penalidad menor, amparado en la mayor duración de la conducta, o bien, una suerte de derecho adquirido a la regulación contravencional, derecho adquirido, claro está, a través de la comisión más duradera de la conducta.
De esta manera, se advierte que el referido principio sólo es aplicable cuando entran en pugna dos normas de carácter penal, y por lo tanto no al "sub lite".

En el caso, corresponde revocar el decisorio de grado, y en consecuencia, declarar la incompetencia de este fuero para intervenir en la presente investigación, en orden al delito previsto en la Ley N° 24.270 (impedimento de contacto de menores con su padre no conviviente) y remitir las actuaciones al Poder Judicial de la Provincia de Neuquén.
La apelante se agravia en razón de que el lugar de residencia física permanente y el nuevo centro de vida de la menor tiene asiento en la Provincia de Neuquén y agrega que se encuentran resguardados sus derechos con la intervención del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de esa Ciudad, con el inicio de las acciones sobre cuidado personal de la niña, garantizando, además, el contacto paterno filial.
Ahora bien, en primer lugar cabe destacar que, si bien el presunto impedimento de contacto que se le atribuye a la imputada habría ocurrido en esta Ciudad, tratándose de un delito de carácter permanente no hay razón de principio que imponga decidir en favor de la competencia de alguno de los Jueces en el ámbito de cuyas jurisdicciones se ha desarrollado la acción delictiva, por lo que son determinantes para resolver el punto, consideraciones de economía y conveniencia procesal (Fallos 316:2373).
Por otro lado, sin perjuicio de advertir que la conducta se habría iniciado en el lugar en el que residía la menor ––en esta Ciudad– hasta que fue trasladada por su madre a la Ciudad de Neuquén, las características del caso y el interés superior del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 3°) con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), privilegian la actuación del juzgado con competencia en el domicilio actual de la imputada y en el cual reside la menor (CSJN, Fallos 329:2188).
Asimismo, no puede dejar de señalarse que la importancia de la citada Convención radica en que desde su aprobación el niño pasa a ser sujeto de derecho, poniendo la mira en el interés del menor por sobre cualquier otro.
Ello así, teniendo en cuenta que el delito que aquí se investiga se encuentra indisolublemente relacionado con cuestiones familiares que están siendo abordadas ante el fuero especializado con asiento en la Ciudad de Neuquén, de la provincia homónima (demanda por cuidado personal unilateral – derivación a la instancia de mediación familiar) se impone la remisión del legajo al juzgado penal con asiento en dicha localidad por razones de economía y celeridad procesal a fin de garantizar en forma más efectiva la completa relación paterno-filial que la sanción de la Ley N° 24.270 buscó garantizar.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó la excepción por atipicidad de la conducta reprochada a los encausados y a la firma imputada en el marco de una causa iniciada por apropiación indebida de tributos (artículo 6° de la Ley N° 26.735).
La Defensa afirma que en el mes de octubre de 2013 las retenciones sumaron $ 11.543,50 y las percepciones $ 91.049,60. Contabilizadas por separado, no alcanzarían el tope de la punibilidad. La parte alega que tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que no se deben sumar los tributos retenidos o percibidos, sino que se calculan de manera independiente.
En primer lugar, cabe aclarar que existe doctrina y jurisprudencia contraria a la posición de los recurrentes. Así, se ha afirmado: “En cuanto al modo de llegar al monto previsto en la figura […] no es necesario que se retenga o perciba en una sola operación, sino que podría ser en varias menores que sumadas superen la frontera de interés penal” (Catania, citado por Riquert, Régimen penal tributario y previsional, 2.ª ed. actualizada, Hammurabi, 2018, p. 169).Que la cuestión controvertida es aceptado por la doctrina en general, más allá de la postura concreta que se adopte (así, p. ej., Orce/Trovato, Delitos tributarios, AbeledoPerrot, 2008, p.149).
Esta Sala también se ha expedido al respecto, en sentido contrario a la pretensión de los recurrentes (ver Causa Nº 1956-01-14, “BLUECAR SA”, rta. el 2/6/16).
No obstante, lo que la doctrina cuestiona, en general, es la suma de distintos períodos (delito continuado) y de diferentes tributos, problema que no se presenta en autos. En cambio, nos encontramos ante el caso de la suma de un mismo tributo durante un mismo período.
En ese sentido, cabe destacar que la norma en cuestión, en su redacción actual, dice “… el agente de retención o de percepción de tributos… que no depositare, total o parcialmente… el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superare la suma de cien mil pesos ($100.000) por cada mes”.
Ello así, en el caso, el sentido posible de la letra de la ley no marca el límite pretendido por la Defensa. Pues es posible interpretar tanto que el tributo retenido es distinto al percibido (en cuyo caso se trataría de diferentes montos no ingresados), como que el tributo es uno solo (en el caso, ingresos brutos) y que puede ser indistintamente por retención o por percepción (en cuyo caso se trataría de un solo monto no ingresado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó la excepción por atipicidad de la conducta reprochada a los encausados y a la firma imputada en el marco de una causa iniciada por apropiación indebida de tributos (artículo 6° de la Ley N° 26.735).
La Defensa afirma que en el mes de octubre de 2013 las retenciones sumaron $ 11.543,50 y las percepciones $ 91.049,60. Contabilizadas por separado, no alcanzarían el tope de la punibilidad. La parte alega que tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que no se deben sumar los tributos retenidos o percibidos, sino que se calculan de manera independiente. Sostiene que lo contrario implicaría una interpretación analógica en contra del imputado.
No obstante, entender que la norma hace referencia a un mismo tributo (de manera que quedaría descartada la posibilidad de sumar impuestos diferentes, pero no un mismo impuesto dividido en percepción/retención) no constituye una interpretación analógica. Porque “analogía es el traslado de una regulación legal a un caso que de ningún modo está contemplado en la ley o que solo está contemplado de manera aparente” (Ver en Otto, Manual de Derecho Penal, Atelier, 2017, p. 62), circunstancia que no se verifica aquí. No se está trasladando una regulación legal externa, por comparación, sino que, dentro del sentido posible del texto de la disposición legal, se está escogiendo la que parece más acorde al fin buscado por el legislador.
Lo cierto es que, el fin que tuvo en mira el legislador al fijar un monto mínimo, por debajo del cual la conducta no constituye ilícito penal, fue el de “sancionar penalmente únicamente las conductas graves” (Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, MEN-2017-126-APN-PTE, 15/11/2017, en referencia al proyecto presentado ese año ya las leyes anteriores). No parece que dividir un mismo impuesto, según que se trate de una percepción o una retención, pueda hacer menos grave la apropiación indebida del tributo.
Así las cosas, según esta interpretación del tipo, la conducta enrostrada en autos de ninguna manera podría ser considerada manifiestamente atípica.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto declaró la nulidad parcial del alegato de cierre de la Fiscalía acotado a la acusación efectuada por uno de los hechos investigados.
Ha sido cuestionada la subsunción de la conducta imputada en un “delito continuado”, sobre todo cuando las partes no lo invocaron.
Sin embargo, el Juez de grado fundó suficientemente su razonamiento.
La propia descripción de la Fiscalía parece reconocer la calificación de “delito continuado” que el Juez le dio al suceso fáctico.
Esta valoración jurídica, es la conclusión a la cual llegó el Juez de grado luego de oír cómo el Fiscal y la Querella modificaron los hechos en su alegato final en contraposición a los hechos descriptos en el requerimiento de juicio.
Resulta conteste que al proferir las amenazas denunciadas, el encausado se encontraba en un constante ingreso y egreso de la fábrica que preside. La discusión radica en si se aprecia que existieron “diversas conductas” (unas llevadas adelante fuera del inmueble y otras dentro del mismo, ya no pueden ser escindidas en dos hechos diferentes.
Esta imposibilidad viene dada por la propia actuación de los acusadores en el debate.
Esta circunstancia determina que la nulidad por incongruencia alcance a la totalidad del primer hecho imputado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso decretar la prisión preventiva del encartado en orden al delito previsto en el artículo 128, párrafos 1°, 2° y 5° del Código Penal.
La Defensa considera que los hechos atribuidos a su ahijado procesal configuran una unidad delictiva que formaría un delito de tipo continuado. Así, en atención a lo dispuesto en el artículo 2° del Código Penal y ante la modificación legislativa de la figura enrostrada que agravó la pena e introdujo agravantes antes no previstas en la norma, correspondería aplicar la ley vigente al momento del comienzo de la conducta, es decir, la Ley N° 26.388. En tal escenario, la pena en expectativa distaría de coincidir con la prevista en el artículo 170, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Ciudad, por lo que no podría configurarse el peligro de fuga en base a aquella.
Sin embargo, aún ante la hipótesis de la Defensa, también la pena prevista para el caso se enmarcaría en el artículo 170, inciso 2° del código ritual. Ello así en virtud de que, ante la modificación del tipo penal entre el comienzo de la ejecución de la conducta y su cese, la figura legal que corresponde aplicar es la vigente al momento del cese del último acto integrante del delito continuado, sin que por ello se configure una afectación al principio de irretroactividad de la ley.
Lo expuesto halla fundamento en la circunstancia de que ante la unidad de acción propia del delito continuado, no se presenta un caso de sucesión de leyes penales entre los tres momentos que reconoce el artículo 2° del Código Penal —comisión del hecho, sentencia o el tiempo intermedio entre ambos—, sino que la extensión de un único momento de comisión de la conducta, durante el cual rigen dos o más leyes distintas. En este caso, ante la continuidad e indivisibilidad del hecho que configura el delito, no puede sostenerse una retroactividad o ultraactividad de la ley, pues siempre la norma vigente tendrá efectos sobre la totalidad de la conducta que se continúa cometiendo. Por tal motivo, la ley que se encuentra vigente al momento en que el autor desiste de su conducta, será la que deba aplicarse al caso sin que por ello se afecte garantía constitucional alguna.
Lo expuesto no supone considerar a la medida de coerción en trato como una pena anticipada, sino que, lejos de ello, se trata de demostrar la presencia de uno de los requisitos que el legislador previó como presunción de peligro de fuga, cuya constitucionalidad no fue aquí criticada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba.
En efecto, acorde con lo expuesto en el artículo 205 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la petición de la Defensa no se encuentra prevista en esta etapa del proceso, ya que requiere expresamente para su viabilidad en la etapa de juicio de una modificación en la calificación legal que no se corresponde con el caso concreto. Sin perjuicio de lo expuesto, esencialmente son otras las circunstancias sustantivas que sellan la suerte de la cuestión planteada.
Así, con relación al carácter continuado del delito, lo cierto es que no se advierte que el imputado haya demostrado interés en ajustarse a derecho en lo que concierne a las obligaciones alimentarias que pesan sobre él. Ello, pues al momento de solicitar la "probation", si bien se ofrece a abonar un determinado monto de dinero en concepto de reparación del daño causado, (cfr. art. 76 bis CP), exhibe la voluntad de incumplir con sus deberes legales como padre.
Es decir, en momento alguno el encausado se compromete a cumplir con su deber de asistencia respecto de su hija menor de edad.
En consecuencia, por las consideraciones vertidas, entiendo que las razones que invoca la Fiscal de grado al momento de fundar su oposición —respecto de la concesión de la suspensión del juicio a prueba en favor del imputado— se apoyan en circunstancias fácticas del suceso en particular; la voluntad de incumplir, su incumplimiento y su continuación en el tiempo actual, las circunstancias narradas por la madre de la víctima, la inconsistencia de las razones expuestas por el encausado, razones que se encuentran controvertidas con lo sustentado por la defensa y hacen recomendable celebrar el juicio oral y público.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito establecido en el artículo 128 del Código Penal.
En el fallo se consideró que las conductas individualizadas en cuatro hechos, conformaban un único hecho continuado debido a la comprobación de que las acciones realizadas en todos los casos importaron la infracción del mismo tipo penal, tuvieron lugar en un tiempo similar salvo una breve interrupción y, esencialmente, respondían a una suerte de intencionalidad o dolo general, concretamente, el de tener y compartir (poniéndolo a disposición de terceros) contenido de abuso sexual infantil.
En cambio, los cuatro casos de producción fueron considerados hechos independientes, habida cuenta la diversidad de víctimas, la incidencia directa del actuar del imputado en la afectación de los bienes jurídicos de éstas (vinculada con la creación de la representación abusiva), como así también el tiempo transcurrido entre unos y otros (casi tres años entre el primero y el último).
En relación con ello, la Defensa postuló que no era posible establecer un concurso ni real ni ideal de un mismo tipo penal,entendiendo que el error radica en no interpretar que el artículo 128 del Código Penal, en sus 4/5 párrafos, es una misma conducta y no como se interpreta la actual redacción, de varias conductas independientes.
Puesto a resolver, entendemos que el A-Quo ha dado razones atendibles al definir la tipificación de las conductas y la relación concursal de éstas, que las críticas ensayadas en el recurso no logran rebatir.
Si lo que se cuestiona es la relación entre el delito continuado y los hechos de producción, consideramos ajustada la aplicación de las reglas del concurso material, según lo establecido en el artículo 55 del Código Penal. En este sentido, se trata de hechos independientes entre sí, donde si bien la afectación opera sobre el mismo bien jurídico, no se verifica ni una similar manera de ejecución en unos y otros y, sobre todo, tampoco podría encontrar algún calce la idea de unidad de resolución entre ellos, sino que queda claro que existieron conductas distintas en cada uno de los casos.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado y, en consecuencia, disponer que dos de los hechos atribuidos al encartado concurran de forma real con el delito continuado, conformado por los primeros dos sucesos por los que el encartado fue condenado por el delito de facilitación de pornografía infantil (art. 128 CP).
Conforme las constancias de autos, el Juez tuvo por probado que el aquí imputado resultó autor penalmente responsable de las conductas todas vinculadas con distintas infracciones al artículo 128 del Código Penal, más precisamente y en lo que aquí respecta, la tenencia y facilitación, a través del programa informático “Emule”, de cientos de archivos con contenido de explotación sexual infantil.
Consideró el Judicante, que el delito continuado y permanente conformado por los hechos "1" y "2", de facilitación, concurría de forma ideal con los hechos "3" y "4", de tenencia con fines inequívocos de distribución o comercialización de imágenes y videos de pornografía infantil, y de tenencia de imágenes del mismo carácter.
No obstante, a mi entender, los hechos "3" y "4" no están en concurso ideal con el delito continuado constituido por los sucesos "1" y "2", ni lo están, tampoco, entre ellos.
En efecto, en los primeros hechos (hechos 1 y 2), se trata de una facilitación de contenido de pornografía infantil, en el tercero (hecho 3), de tenencia con fines inequívocos de distribución y, en el cuarto, de simple tenencia (hecho 4). Esas conductas resultan manifiestamente distintas: en la primera, se requiere que el sujeto activo haya puesto a disposición de terceros el contenido en cuestión, en la segunda, sólo se exige que el/la autor/a tuviera ese contenido con el objeto inequívoco de distribuirlo o comercializarlo, en la última, basta con la simple tenencia. Esas diferencias, a su vez, se reflejan en las escalas penales de los tipos en cuestión, en tanto la facilitación prevé, en la actualidad, una pena de tres (3) a seis (6) años de prisión, la tenencia con fines, una de seis (6) meses a dos (2) años, y la simple tenencia establece una escala de cuatro (4) meses a un (1) año.
Asimismo, las conductas en cuestión también resultan diferentes en la medida en que implican decisiones diferentes, en los términos del tipo subjetivo de los delitos en cuestión. En ese sentido, no se requiere la misma voluntad para facilitar un archivo a través de una plataforma como “Emule” (P2P), que para simplemente tener una imagen con contenido de pornografía infantil en un dispositivo de su propiedad, ni puede hablarse, en esos términos, de un objetivo común.
Por otro lado, e independientemente de las diferencias que existen entre las conductas por las que el encausado ha sido condenado –en sus aspectos objetivo y subjetivo–, lo cierto es que los hechos en cuestión tampoco coinciden en forma temporal –ni siquiera parcialmente–, lo que, de igual modo que en el caso anterior, obliga a descartar el concurso ideal, que requiere la ya mencionada unidad de acción.
En consecuencia, entiendo que los últimos dos hechos, esto es, los hechos "3" y "4", deben concurrir de forma real con el delito continuado constituido por los sucesos "1" y "2". Ello, en razón de que, según lo normado por el artículo 55 del Código Penal, existirá un concurso real cuando una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituya una pluralidad de delitos (D’ALESSIO, Andrés José, DIVITO, Mauro A., Código Penal, comentado y anotado, Tomo I, ed. La Ley, pág. 597). (Del voto en disidencia del Dr. Saez Capel)

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado y, en consecuencia, disponer que dos de los hechos atribuidos al encartado concurran de forma real con el delito continuado, conformado por los primeros dos sucesos por los que el encartado fue condenado por el delito de facilitación de pornografía infantil (art. 128 CP).
Conforme las constancias de autos, el Juez tuvo por probado que el aquí imputado resultó autor penalmente responsable de las conductas todas vinculadas con distintas infracciones al artículo 128 del Código Penal, más precisamente y en lo que aquí respecta, la tenencia (hechos 3 y 4) y facilitación (hechos 1 y 2), a través del programa informático “Emule”, de cientos de archivos con contenido de explotación sexual infantil.
Consideró el Judicante, que el delito continuado y permanente conformado por los hechos "1" y "2", de facilitación, concurría de forma ideal con los hechos "3" y "4", de tenencia con fines inequívocos de distribución o comercialización de imágenes y videos de pornografía infantil, y de tenencia de imágenes del mismo carácter.
Sin embargo, el delito continuado no es el único modo en el que las conductas que resultan pasibles de ser subsumidas en el artículo 128 del Código Penal pueden entrelazarse. Por el contrario, las figuras descritas admiten la posibilidad de concurso de delitos, ya sea ideal o real, entre las conductas propias de la norma en cuestión, o bien, entre ellas y otros delitos. Y ello es, en efecto, lo que sucede con los hechos "3" y "4".
Así, entiendo que los últimos dos hechos (hechos 3 y 4), deben concurrir de forma real con el delito continuado constituido por los sucesos "1" y "2".
Ello, en tanto el concurso real requiere, para su configuración, la unidad de sujeto a quien se le atribuye, como autor o partícipe; la comisión o intervención en varios hechos; una pluralidad de sucesos cometidos de forma simultánea o sucesiva; la independencia de esos sucesos, en el sentido de que no estén vinculados unos con otros de modo tal que reciban normativamente un tratamiento unitario, y que cada uno constituya una lesión distinta de la misma o de diversas normas penales; la pluralidad de infracciones o lesiones jurídicas, en tanto cada uno de los hechos debe encuadrar independientemente en un tipo delictivo, sea el mismo o no; la inexistencia de una sentencia condenatoria por alguno de los hechos que concurren; la inexistencia de una norma específica que tipifique como delito único una pluralidad de hechos, y que respecto de ninguno de esos sucesos se haya extinguido la acción penal (BAIGÚN, David y ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, tomo 2, ed. Hammurabi, pág. 618).
En el caso en cuestión tales requisitos se encuentran cumplidos: el encartado ha sido condenado como el autor, tanto del delito continuado que engloba las conductas "1" y "2" (facilitación de pornografía), como de los hechos "3" y "4" (tenencia y tenencia con fines); existe una pluralidad de sucesos cometida de forma sucesiva, y extendida en el tiempo; cada uno de esos sucesos, a su vez, constituye una lesión distinta de los diversas conductas que han sido tipificadas penalmente por el artículo 128 del Código Penal, y todas ellas constituyen, en esa medida, una pluralidad de infracciones o lesiones jurídicas; no existe una norma específica que tipifique como delito único una pluralidad de hechos como la que aquí se estudia y, finalmente, no se ha producido la extinción de la acción penal, ni existe una sentencia condenatoria anterior respecto de ninguno de esos hechos. (Del voto en disidencia del Dr. Saez Capel)

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado y, en consecuencia, aplicar la Ley N° 26.388 al delito continuado atribuido al encartado (hechos 1 y 2).
En efecto, es necesario reconocer que asiste razón a la Defensa en cuanto afirma que, al inicio del delito de facilitación que se le atribuye (art. 128 CP), se encontraba vigente la Ley N° 26.388, que preveía para el delito en cuestión, una escala penal que iba de los seis (6) meses a los cuatro (4) años de prisión. Con posterioridad (abril de 2018), por otra parte, se sancionó la Ley N° 27.436, que modificó la redacción del artículo 128 del Código Penal por la que rige actualmente, y que establece, para el tipo penal mencionado, un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) años de prisión.
Es decir, en autos, nos hallamos frente a la problemática de que, como ya fuera establecido, los hechos "1" y "2" constituyen un delito continuado, que comenzó a cometerse en vigencia de la Ley N° 26.388 y se consumó ya bajo la órbita de la Ley N° 27.436.
Ahora bien, del juego de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 2° del Código Penal, surge que, en principio, la ley aplicable será aquella que estuviera vigente al momento del hecho, y que, en caso de que esa ley fuere distinta a la vigente al momento de pronunciarse el fallo, o bien, en un tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Y si bien resulta claro que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 2° del código de fondo, “es indisputable que la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente, sin distinciones” (CSJN, CN 1574/2014/RH1, “Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario", consid. 9 del voto de los Dres. Highton de Nolasco y Rosenkrantz), lo cierto es que no son pacíficas la doctrina y la jurisprudencia al establecer cuál es la ley penal aplicable, en un caso de delito continuado y permanente que, como este, inicia bajo el amparo de una norma, que resulta más benigna para el imputado, y finaliza tras la sanción de otra, que, comparativamente en cuanto a la sanción penal en abstracto, lo perjudica.
Así las cosas, con el objeto de zanjar la cuestión y determinar cuál debe ser la ley aplicable a este caso, considero conveniente analizar la doctrina que, en los últimos tiempos, ha ido sentando la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto. En ese sentido, en el precedente “Granillo Ocampo”, la mayoría entendió que correspondía aplicar la ley vigente al momento en que se comenzó la ejecución del hecho, por resultar aquella más benigna.
En esa misma línea, en el fallo “Muiña”, los Dres. Highton de Nolasco y Rosenkrantz advirtieron que el tribunal no tenía una doctrina establecida respecto de la aplicación de la ley más benigna a delitos permanentes, y que tampoco la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había expedido sobre ese punto, y luego consideraron que “la interpretación adecuada del art. 2° del Código Penal es que resulta también aplicable a los delitos permanentes. En efecto, si el legislador, a quien le compete realizar las distinciones valorativas que pudieran corresponder, hubiera considerado que el art. 2° del Código Penal no debía aplicarse a los delitos permanentes por cualquier razón, habría hecho la salvedad pertinente que no hizo y que el Poder Judicial, en virtud de la materia que aquí se trata –penal– no puede hacer” (CSJN, CN 1574/2014/RH1, consid. 10 del voto de los Dres. Highton de Nolasco y Rosenkrantz).
Al respecto, entiendo correcta la afirmación realizada por los Dres. Highton de Nolasco y Rosenkrantz en cuanto a que, si el legislador no hubiera querido que ese artículo se aplicara a los delitos permanentes, habría hecho la salvedad pertinente –como sucede, por ejemplo, con el artículo 63 del CP– , y no la hizo.
Así, teniendo ello en miras, es que entiendo que, en este caso concreto, la ley que debe aplicarse al delito continuado constituido por los hechos "1" y "2" es la Ley N° 26.388, que se encontraba vigente al momento en que los delitos comenzaron a cometerse y que es, además, la más benigna para el condenado. (Del voto en disidencia del Dr. Saez Capel)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de restitución del inmueble, y declarar extinguida por prescripción la acción penal con respecto a la encartada y, consecuentemente, declarar su sobreseimiento.
Se investiga si desde una fecha aún no precisa, hace más de cinco años, las dos acusadas ingresaron a la propiedad violentando la puerta de entrada y cambiando la cerradura, despojando de la posesión y la propiedad al denunciante, conducta que fue subsumida en el tipo penal de usurpación (art. 181,inc. 1°, CP).
El Fiscal y la Qurella apelan, y sus agravios parten de considerar que dado el carácter permanente del delito de usurpación y que en el caso no ha cesado de cometerse en virtud de que el inmueble continúa ocupado ilegítimamente, el plazo de prescripción de la acción no ha comenzado a operar, agregan que se trata de un delito de ejecución continuada.
Sin embargo, la doctrina mayoritaria considera que el delito de usurpación es de carácter instantáneo, aunque sus efectos sean permanentes, y así lo ha sostenido esta Sala en anteriores precedentes (cfr. causa n.º 14261-05/CC/2012, caratulada “Incidente de Apelación de Eduardo D. Butof en autos Piazzale, Daniel Gastón y otros s/ infr. art. 181 inc. 1 CP’ - Apelación”, rta.: el 17/6/2014, con cita de: Froment / Cassani, en: Baigún / Zaffaroni [dir.], Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, tomo 7, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 756).
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En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de restitución del inmueble, y declarar extinguida por prescripción la acción penal con respecto a la encartada y, consecuentemente, declarar su sobreseimiento.
En efecto, tengo dicho que la usurpación es un delito de consumación permanente, por lo que el plazo de prescripción recién puede comenzar a contabilizarse cuando el injusto ha dejado de cometerse. (Del voto en disidencia del Dr. Franza).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de restitución del inmueble, y declarar extinguida por prescripción la acción penal con respecto a la encartada y, consecuentemente, declarar su sobreseimiento.
En efecto, no puede soslayarse que el bien jurídico afectado por el tipo penal en trato -el derecho de dominio sobre un determinado inmueble- continúa siendo afectado mientras el sujeto activo permanece realizando la acción típica, por lo tanto no puede considerarse que la consumación sea instantánea.
Por lo tanto, asiste razón al apelante en su recurso, ello en tanto el despojo acontecido hace aproximadamente cinco años, ha continuado ejecutándose, al menos, hasta el momento de celebración de la audiencia en primera instancia, es decir, a fines del año pasado, con lo que a todas luces, en virtud de la interpretación "supra" expuesta, la acción penal no se encontraría prescripta en autos. (Del voto en disidencia del Dr. Franza).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de restitución del inmueble, y declarar extinguida por prescripción la acción penal con respecto a la encartada y, consecuentemente, declarar su sobreseimiento.
En efecto, tratándose un ilícito de consumación permanente, no se encuentra prescripto, por lo que es menester entonces ingresar en el planteo de restitución del inmueble en los términos del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, de los elementos probatorios recabados se desprende con claridad que se encuentran presentes los requisitos necesarios para el dictado de una medida de esta naturaleza.
Ello así, pues surge de los comprobantes obrantes en autos que el inmueble se encuentra a nombre de una cooperativa y que, además, dicha persona jurídica obtuvo un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad otorgado para la compra de ese inmueble.
Con respecto a la materialidad del hecho, el cuadro probatorio reunido en las actuaciones permite acreditar, con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, que quien se encuentra imputada en la causa sería aquella persona que habría desplegado la conducta tipificada en el artículo 181 incidente 1° del Código Penal, utilizando violencia, habida cuenta que violentó la puerta de entrada y cambió la cerradura de un inmueble del cual no disponía su legítima posesión.
Por otra parte, también se ha constatado verosimilitud en el derecho de quien solicitó la aplicación de la medida cautelar, lo que se desprende de los dichos del Fiscal de grado vertidos en la audiencia celebrada en primera instancia.
Además, entiendo que se configura en autos el peligro en la demora como segundo requisito de la procedencia legítima de la medida cautelar, ello porque el propietario se encuentra impedido de acceder y disponer libremente del inmueble, lo que evidentemente le ocasiona un perjuicio económico, vulnerándose el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional.
En conclusión, observo que la encausada se encuentra plenamente consciente de los hechos que se les endilgan y del derecho que asiste al propietario del inmueble presuntamente usurpado, por lo que entiendo acreditados -con el grado de probabilidad exigido para la investigación penal preparatoria- los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, y corresponde, por lo tanto, hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Querella y, en consecuencia, revocar la resolución atacada en todos sus términos. (Del voto en disidencia del Dr. Franza).

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazó los planteos de nulidad del requerimiento de juicio introducido por la Defensa, vinculados con la falta de imprecisión temporal.
El Magistrado, para así decidir, sostuvo que el requerimiento de juicio fiscal cumple satisfactoriamente con todas las previsiones del artículo 218 del ritual. Consideró que se consignaron los fundamentos que justifican la remisión a juicio, se calificó el hecho con el grado de provisoriedad que esta etapa requiere y se ofrecieron las pruebas de las que la Fiscalía intentará valerse durante el debate. Asimismo, indicó que la imprecisión a la que alude la Defensa no puede ser analizada en forma aislada toda vez que el delito que se le imputa al encartado es un delito continuado y cualquier pago parcial no implica su cese. Agregó que, al tratarse de un delito continuado, continúa cometiéndose.
Ahora bien, en lo específicamente referido al delito previsto en el artículo 1º de la Ley de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar se ha señalado que: “la mayor parte de la doctrina afirma que es un delito de carácter permanente. Por consiguiente, su consumación se prolonga en el tiempo, a partir del comienzo de la omisión dolosa del obligado a la prestación alimentaria, y solo se interrumpe por el cumplimiento del deber, por falta de poder económico para hacerlo, por cesar la obligación por imperio legal o por el dictado de sentencia condenatoria firme por ese delito. El estado de consumación es susceptible de prolongarse mientras la obligación continúe sin cumplirse” (Código Penal de la Nación, Tomo III, Leyes Especiales, comentado y concordado, dirigido por Andrés D´Alessio, p. 141, Bs. As., La Ley, 2010).
Consecuentemente, puede concluirse que la ampliación del plazo durante el cual se reprocha el incumplimiento resulta una característica propia al delito que se investiga sin que se pueda advertir a partir de esta circunstancia que la pieza acusatoria tenga potencialidad de afectar el derecho constitucional a una defensa en juicio adecuada.
Es decir, el delito investigado se renueva mes a mes con cada obligación y el estado de consumación es susceptible de prolongarse mientras la obligación continúe sin cumplirse, sin que surja en el caso que la conducta endilgada hubiere cesado.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazó los planteos de nulidad del requerimiento de juicio introducidos por la Defensa, vinculados con la falta de imprecisión temporal.
El Magistrado, para así decidir, sostuvo que el requerimiento de juicio fiscal cumple satisfactoriamente con todas las previsiones del artículo 218 del ritual. Consideró que se consignaron los fundamentos que justifican la remisión a juicio, se calificó el hecho con el grado de provisoriedad que esta etapa requiere y se ofrecieron las pruebas de las que la Fiscalía intentará valerse durante el debate. Asimismo, indicó que la imprecisión a la que alude la Defensa no puede ser analizada en forma aislada toda vez que el delito que se le imputa al encartado es un delito continuado y cualquier pago parcial no implica su cese. Agregó que, al tratarse de un delito continuado, continúa cometiéndose.
Ahora bien, de las constancias del legajo se desprende que la Fiscal, ha efectuado una relación circunstanciada del hecho consistente en el incumplimiento de deberes de asistencia familiar que se le atribuye al imputado, describió en qué consistía y desde cuándo se estaría llevando a cabo, pues desde la fecha consignada, conforme la declaración de la denunciante, ella se estaría haciendo cargo de la manutención de su hijo, y su familia la estaría ayudando, porque no recibe nada del imputado.
Por otra parte, el acusado no ha aportado ningún comprobante de pago que demuestre lo contrario, ni ha efectuado descargo alguno en relación a este punto. Por lo que la descripción efectuada permite al encausado ejercer su derecho de defensa frente a la imputación, la que por otra parte se mantuvo desde la intimación del hecho sin que en dicha oportunidad haya efectuado planteo alguno al respecto.
De este modo, la pieza procesal en cuestión resulta válida y no se vislumbra que sea violatoria del derecho de defensa, -tal como pretendiera sostener la Defensa-, ni tampoco que medie un perjuicio efectivo que justifique el pronunciamiento de la nulidad.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró la nulidad de la decisión del Fiscal en cuanto dispuso archivar parcialmente las actuaciones.
En efecto, corresponde señalar que, a diferencia de lo afirmado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, es evidente que la imputación original resulta mucho más beneficiosa para ambos encartados, en tanto debe aplicarse no sólo el Régimen Procesal Penal Juvenil, sino también las previsiones de fondo de la Ley N° 22.278.
El archivo dispuesto también contradice la norma especializada que permite el archivo de las imputaciones a personas menores de edad cuando ello implique una mejor solución al conflicto o al futuro del imputado.
El juzgamiento por hechos subsumibles en un delito continuado en la que un tramo de la ejecución corresponde a un tiempo en que los imputados eran menores de 18 años, al momento de ser juzgados deben serlo por las previsiones de la Ley N° 22.278 (que resulta ser la ley mas benigna) y que, en caso de una eventual condena no sólo permite la reducción de la misma a la escala de la tentativa, sino incluso la no aplicación de la pena.
Asimismo, el Régimen Procesal Penal Juvenil también es más beneficioso que régimen procesal de adultos, en tanto tiene como norte la solución alternativa del conflicto.
Entre dichas soluciones se encuentra el archivo de las mismas, pero este archivo no puede ser utilizado de forma tal que en vez de tender a la solución del conflicto, agrave la situación procesal del imputado, tal como resulta en la presente causa.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto rechazó los planteos de nulidad.
El Fiscal, al día siguiente de haber imputado de los hechos a los encartados, y en oportunidad de celebrarse las audiencias de prisión preventiva, limitó temporalmente la imputación desde que los encartados alcanzaron la mayoría de edad, archivando, en consecuencia, parcialmente estos actuados.
La Defensa persigue la nulificación de la intimación de los hechos y de lo actuado con posterioridad, dado que en ese acto procesal le fueron atribuidos a los encausados hechos que, en parte, habrían sido cometidos mientras aquéllos eran menores de edad, omitiéndose la aplicación del Régimen Procesal Penal Juvenil.
Sin embargo, si bien la parte recurrente sostuvo que la redeterminación de la acusación no resultaba posible en tanto el suceso investigado versa sobre un delito de los denominados por la doctrina como continuado, lo cierto es que nada impide que durante el trámite del proceso, la imputación pueda modificarse, conforme lo establece el artículo 98 del Código Procesal Penal tal como ha ocurrido en el caso de autos.
Máxime teniendo en cuenta que el delito continuado no es otra cosa que hechos independientes y escindibles -que configuran, en rigor, cada uno de ellos un delito autónomo-, que un mismo autor reitera o repite y que, por razones de política criminal, ficcionalmente, se consideran como una unidad. Pero ello no implica en absoluto que no pueda excluirse de la imputación conformada por ellos cierto tramo.

En el caso, corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto condenó al imputado a dos meses de prisión, cuyo cumplimiento dejó en suspenso por encontrarlo autor responsable del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal y, en consecuencia, disponer su absolución.
Se le atribuyó al encartado el “haberse presentado los días 3, 7 y 13 de mayo de 2020 en el domicilio de la denunciante, desobedeciendo de esa manera la prohibición acercamiento dispuesta por la justicia civil”.
La Magistrada concluyó que “se encuentran probados los hechos acecidos los días 3, 7 y 13 de mayo de 2020, logrando la Fiscalía y la Querella traer a mi conocimiento un cuadro cargoso claro, preciso y concordante que permite la condena” (sic), añadiendo expresamente que no se trató de tres ”hechos independientes” –supuesto al que refiere el artículo 54 del Código Penal- sino, estando a sus propios fundamentos, “los hechos imputados conforman un delito continuado, y no de un concurso real. En efecto, el fin perseguido por el autor, tiene en miras desobedecer la orden judicial, lo que se robustece si analizamos la cercanía en el tiempo de las situaciones imputadas”.
Ahora bien, aún cuando sean vistos como tres hechos independientes o como distintos segmentos fácticos que -a partir de un dolo unitario- componen una sola conducta con un mayor contenido de injusto (tal como sostuvo la Jueza), lo cierto es que en la conclusión de condena la Magistrada incluyó sorpresivamente que los días 3 y 7 de mayo el delito de desobediencia se configuró a partir de mensajes de texto enviados a través del servicio de mensajería instantánea Whatsapp. El primero de ellos preguntado cómo estaba el hijo en común, y el segundo remitiendo un comprobante de transferencia bancaria que realizó junto a su recibo de sueldo.
Se verifica entonces entre la acusación que en ningún momento fue modificada en los términos del artículo 242 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la sentencia de condena, una discordancia fáctica que impidió el cabal ejercicio del derecho de defensa, tal como denuncia la recurrente “pese a que a partir del impulso de los acusadores, la totalidad del proceso giró en torno a la presentación del acusado en el domicilio de la denunciante, y en base a eso el nombrado ejerció su defensa, la Jueza tuvo por acreditado los hechos a partir del envío de dos mensajes de texto que es algo bien distinto a presentarse en un domicilio”.
En definitiva, es serio y procedente el agravio presentado por la recurrente en torno a que si el encartado hubiera conocido que se lo acusaba del envío de dos mensajes de texto, la Defensa podía haber presentado prueba para contrarrestarla.

En el caso, corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto condenó al imputado a dos meses de prisión, cuyo cumplimiento dejó en suspenso, por encontrarlo autor responsable del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal y, en consecuencia, disponer su absolución.
Se le atribuyó al encartado el “haberse presentado los días 3, 7 y 13 de mayo de 2020 en el domicilio de la denunciante, desobedeciendo de esa manera la prohibición acercamiento dispuesta por la justicia civil”.
La Magistrada concluyó que “se encuentran probados los hechos acecidos los días 3, 7 y 13 de mayo de 2020, logrando la Fiscalía y la Querella traer a mi conocimiento un cuadro cargoso claro, preciso y concordante que permite la condena” (sic), añadiendo expresamente que no se trató de tres ”hechos independientes” -supuesto al que refiere el artículo 54 del Código Penal- sino, estando a sus propios fundamentos, “los hechos imputados conforman un delito continuado, y no de un concurso real. En efecto, el fin perseguido por el autor, tiene en miras desobedecer la orden judicial, lo que se robustece si analizamos la cercanía en el tiempo de las situaciones imputadas”.
Ahora bien, aún cuando sean vistos como tres hechos independientes o como distintos segmentos fácticos que -a partir de un dolo unitario- componen una sola conducta con un mayor contenido de injusto (tal como sostuvo la Jueza), lo cierto es que en la conclusión de condena la Jueza incluyó sorpresivamente que los días 3 y 7 de mayo el delito de desobediencia se configuró a partir de mensajes de texto enviados a través del servicio de mensajería instantánea Whatsapp. El primero de ellos preguntado cómo estaba el hijo en común, y el segundo remitiendo un comprobante de transferencia bancaria que realizó junto a su recibo de sueldo.
Ello así, no puede sostenerse el reproche sobre la base de los mensajes de texto que el imputado envió los días 3 y 7 de mayo de 2020, pues no integraron el sustrato fáctico de las acusaciones.
Asimismo, la pretendida desobediencia de la manda civil mediante la “pulsión del timbre” el 13/05/2020 tampoco integró, con precisión matemática, el marco fáctico que constituyó el sustrato acusatorio por parte de la querella y el Ministerio Público Fiscal a lo largo del proceso y sobre el cual la Defensa preparó su defensa.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de prescripción de la acción.
La conducta atribuida al imputado se encuentra prevista en el artículo 1° de la Ley Nº 13.944 que estipula una pena de prisión máxima de dos años, de manera que la acción respecto del tipo penal en cuestión prescribe una vez transcurrido dicho plazo legal contados a partir de la fecha del presunto hecho o desde que éste hubiera cesado.
La Defensa, durante el debate, argumentó que no resultaba procedente la ampliación de la acusaciòn formulada por la Fiscalía, pues las normas que regulan dicha posibilidad durante la celebración del debate no permitían el juzgamiento de hechos distintos, con diferentes circunstancias de tiempo y lugar a aquellos por los que fue remitida la causa a juicio. Sin embargo, el Juez le otorgó la oportunidad a la Fiscalía para ampliar dicha imputación, sin perjuicio de que la causa tal como estaba requerida se encontraba prescripta al inicio del debate. Por todo ello, la defensa solicitó la revocación de la condena y la prescripción del hecho tal como fue imputado.
Ahora bien, en el caso traído a estudio y bajo el marco jurídico del delito continuado pueden aglutinarse aquellas acciones constitutivas del delito que se le enrostra al encausado, que hayan afectado a los mismos sujetos pasivos, sobre la base fáctica de la naturaleza de los hechos investigados y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.
Los hechos que le fueron enrostrados al acusado habrían tenido lugar a partir del mes de marzo de 2018 y no habrían cesado hasta el día del inicio de la audiencia de debate oral. Esta circunstancia motivó a la titular de la acción a ampliar su acusación en el marco del juicio -de conformidad con las previsiones del artículo 242 del Código Procesal Penal de la Ciudad, oportunidad procesal en la que articuló la inclusión de todos los sucesos supuestamente posteriores a los que fueron originalmente requeridos y que, sobre la base del testimonio de la denunciante, integraban a su criterio una homogeneidad de actos de reproche penal.
Por lo tanto, tomando en consideración los principales hitos del proceso de marras, no puede advertirse en autos que hubiera transcurrido el plazo establecido en el mentado artículo 62 inciso “2” del Código Penal.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso declarar extinguida por prescripción la acción y sobreseer al encausado.
En la presente, se le imputó al encausado haber incumplido con sus deberes de asistencia familiar respecto de su hijo, en el período comprendido entre el mes de abril del año 2017 y hasta al menos el día 10 de septiembre de 2018. La Fiscalía calificó el hecho como constitutivo del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, previsto y reprimido por el artículo 1º de la Ley N° 13.944.
El Juez de primera instancia declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó al encausado. La Fiscalía y la Asesoría tutelar interpusieron recursos de apelación contra la decisión de primera instancia.
El Fiscal se agravió por considerar que el delito imputado al encausado es de aquellos de carácter continuado, por lo que, como hasta la fecha aquel no ha cumplido con la obligación alimentaria respecto de su hijo menor de edad, la conducta imputada no ha cesado y por lo tanto la acción penal no puede encontrarse prescripta.
Ahora bien, teniendo en cuenta ello, y a los efectos de la prescripción de la acción en los presentes actuados resultan de aplicación las previsiones del artículo 63 del Código Penal, pues se trata de un delito permanente y, por tanto, la prescripción de la acción comenzará a computarse desde que el delito cesó de cometerse que se produce ante el cumplimiento de las obligaciones por parte del imputado, respecto de lo cual hasta el momento no se ha incorporado prueba alguna, sino que contrariamente a ello y tal lo expuesto por el titular de la acción y la Asesoría Tutelar, existiría continuidad en la conducta por parte del acusado, o desde que su hijo cumpla los 18 años o haya finalizado su incapacidad, y por tanto cese el deber alimentario, lo que tampoco ha ocurrido.
Nótese que, en el caso, no podría iniciarse otra investigación por nuevos incumplimientos a partir del 10 de septiembre de 2018, pues no ha mediado sentencia firme que permita considerar la existencia de un hecho distinto. Todo lo contrario, dadas las características del delito, se trata de la continuación de un único suceso, iniciado en abril de 2017.
Siendo así, no asiste razón al Magistrado de grado al sostener que la acción penal seguida en los presentes actuados contra el imputado se halla prescripta pues, según las constancias de la causa, no habría cesado el incumplimiento en relación al menor, por lo que cabe revocar la resolución recurrida.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que declaró extinguida la acción penal por prescripción.
La Jueza consideró que ya había fenecido el plazo de prescripción de la acción en tanto el delito que se imputa tiene como pena máxima el monto de dos años de prisión (art. 1º Ley 13.944 y art. 62 inc. 2º CP), y que el único acto interruptivo que tuvo lugar fue la formulación del requerimiento de juicio que acaeció el 13 de mayo del 2020.
Ahora bien, a los efectos de la prescripción de la acción en los presentes actuados, resultan de aplicación las previsiones del artículo 63 del Código Penal, pues se trata de un delito permanente y, por tanto, la prescripción de la acción comenzará a computarse desde que el delito cesó de cometerse.
Ello así, si bien en el requerimiento de juicio se estableció como período el comprendido entre el mes de octubre de 2018 y hasta el mes de marzo de 2019, lo cierto es que conforme se desprende de las constancias de autos, el comportamiento en cuestión habría seguido consumándose.
Al respecto, la Defensa sostiene que no podría tenerse por válida una acusación, que habiendo sido delimitada temporalmente, ahora se presenta como indefinida, sin establecer cuál sería el marco temporal del hecho.
Sin embargo, se ha expresado que “la elevatoria a juicio no puede dividir un delito que el código concibe como único (continuado), ni, por ello, podría habilitar que la porción de conducta que no pudo ser temporalmente captada por ella pueda ser juzgada, como un delito independiente. Lo opuesto libraría al Fiscal el poder de decidir cuantos delitos imputar y, consecuentemente, le permitiría salirse de los márgenes de penas previstos por el legislador nacional” (del voto del Dr. Lozano, expte nro. 15672/18 Min. Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “Sipins, Carlos Tomás s/art. 1 LN 13.944”, rta. 27/11/19).
En este sentido, cabe mencionar que el artículo 242 del Código Procesal Penal de la Ciudad habilita a efectuar la ampliación de la imputación pues, si al momento de la celebración del debate se advierte que el incumplimiento persiste, en función de ello es posible extender el período, haciendo saber tal circunstancia y otorgándole la posibilidad a la Defensa de solicitar la suspensión del debate para ofrecer prueba o preparar la defensa al encartado.
Lo expuesto indica que, más allá del hito interruptivo apuntado por la Defensa, el planteo de prescripción de la acción no puede prosperar pues, sin perjuicio del período temporal indicado en la pieza requisitoria, el estado de consumación del accionar en cuestión se habría prolongado ulteriormente en el tiempo, resultando de aplicación el artículo 63 del Código Penal.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró prescripta la acción penal en la presente investigación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Conforme surge del requerimiento de juicio presentado por el titular de la acción, se reprocha al encartado la comisión de un hecho que fuera encuadrado en la figura penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ello entre octubre del año 2018 y marzo de 2019.
La Fiscalía presentó el requerimiento de elevación a juicio el 13 de mayo de 2020; el 15 de mayo de 2020 la Magistrada dispuso la vista del mencionado requerimiento a la Defensa en los términos del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
He sostenido en repetidas oportunidades que en delitos permanentes como el imputado en autos (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), el cómputo de la prescripción de la acción penal debe partir del día en que cesó su consumación, cuando dicha conducta u omisión ha sido imputada penalmente (Causa nº 19520-00/16, “A H M s/art. 1º Ley 13.944”, resuelta el 13/7/2017).
Si luego de realizada la audiencia de intimación de los hechos la Fiscalía toma conocimiento de nuevos incumplimientos, debió citar nuevamente al imputado a fin de intimarlo por el nuevo hecho (o la continuidad del mismo) que se le atribuye y ampliar la imputación fiscal originaria. Puesto que el conocimiento oportuno e integral del hecho que se le atribuye al imputado, es un requisito necesario e ineludible a fin de garantizar el ejercicio adecuado y eficaz del derecho de defensa en juicio. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró prescripta la acción penal en la presente investigación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Conforme surge del requerimiento de juicio presentado por el titular de la acción, se reprocha al encartado la comisión de un hecho que fuera encuadrado en la figura penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ello entre octubre del año 2018 y marzo de 2019.
La Fiscalía presentó el requerimiento de elevación a juicio el 13 de mayo de 2020; el 15 de mayo de 2020 la Magistrada dispuso la vista del mencionado requerimiento a la Defensa en los términos del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
He sostenido en repetidas oportunidades que en delitos permanentes como el imputado en autos (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), el cómputo de la prescripción de la acción penal debe partir del día en que cesó su consumación, cuando dicha conducta u omisión ha sido imputada penalmente (Causa nº 19520-00/16, “A H M s/art. 1º Ley 13.944”, resuelta el 13/7/2017).
La postura sostenida por la parte acusatoria, tendiente a interpretar que el imputado sigue cometiendo el ilícito por no prestar asistencia a sus hijas al día de la fecha no puede prosperar, ello en tanto la imputación formalizada mediante la presentación del requerimiento de juicio ubica la comisión del hecho endilgado entre los meses de octubre de 2018 y marzo de 2019. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró prescripta la acción penal en la presente investigación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Conforme surge del requerimiento de juicio presentado por el titular de la acción, se reprocha al encartado la comisión de un hecho que fuera encuadrado en la figura penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ello entre octubre del año 2018 y marzo de 2019.
La Fiscalía presentó el requerimiento de elevación a juicio el 13 de mayo de 2020; el 15 de mayo de 2020 la Magistrada dispuso la vista del mencionado requerimiento a la Defensa en los términos del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ahora bien, de conformidad con lo resuelto por la mayoría de esta cámara en el Acuerdo Plenario 4/17, entiendo que la vista conferida a la Defensa en los términos del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Ciudad resulta ser el acto procesal equivalente a la citación a juicio previsto en el artículo 67 inciso d) del Código Penal, con capacidad para interrumpir la prescripción.
En esta causa, ello ha sucedido el 15 de mayo de 2020.
Teniendo en cuenta que al encartado se le atribuyó un delito cuyo máximo punitivo es de dos años de prisión, entiendo que desde la fecha referida hasta la decisión aquí cuestionada había transcurrido holgadamente el plazo de dos años exigido por el artículo 62 del Código Penal sin que se hayan verificado otros actos interruptivos ni suspensivos de la prescripción. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró prescripta la acción penal en la presente investigación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Conforme surge del requerimiento de juicio presentado por el titular de la acción, se reprocha al encartado la comisión de un hecho que fuera encuadrado en la figura penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ello entre octubre del año 2018 y marzo de 2019.
La Fiscalía presentó el requerimiento de elevación a juicio el 13 de mayo de 2020; el 15 de mayo de 2020 la Magistrada dispuso la vista del mencionado requerimiento a la Defensa en los términos del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ahora bien, debo resaltar que ni la actividad procesal ejercida por la Defensa, ni que la Fiscalía entienda que el caso de autos se enmarca en un caso de violencia de género -en su modalidad de violencia económica-, modifican el plazo de la prescripción de la acción penal, instituto que viene a imponer un límite temporal a la facultad persecutoria del Estado.
En efecto, si el representante del Ministerio Público Fiscal no llevó a cabo actos tendientes a evitar el transcurso del plazo fatal, no es una cuestión que pueda ser achacada a la Defensa sin tergiversar no sólo la obligación del Estado en investigar y juzgar en un plazo razonable, sino también el derecho de defensa en juicio del imputado y el principio de legalidad (art. 18 CN). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción formulado por la Defensa.
Conforme surge del requerimiento de juicio presentado por la Fiscalía, se le imputó al encausado haber omitido desde el mes de enero de 2017 - hasta el día de la fecha – el día 21 de noviembre de 2017, prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos menores de edad (art. 1º de la Ley N° 13.944).
La Defensa oficial planteó la extinción de la acción penal por prescripción por entender que desde la presentación del requerimiento de juicio transcurrió el plazo temporal que habilita el reproche sosteniendo la aplicación de los artículos 59, 62.2 y 67.c, todos ellos del Código Penal.
Ahora bien, con relación a esta cuestión, la Sala que originariamente integro posee el consolidado criterio en cuanto a que la figura prevista en el artículo 1 de la Ley N° 13.944, es considerada por la mayor parte de la doctrina como un delito de carácter permanente, y por tanto “… su consumación se prolonga en el tiempo a partir del comienzo de la omisión dolosa del obligado a la prestación alimentaria, y sólo se interrumpe por el cumplimiento del deber, por falta de poder económico para hacerlo, por cesar la obligación por imperio legal, es decir, la circunstancia de haber cumplido el menor 18 años de edad o, si tiene más, cesado su incapacidad, o por el dictado de sentencia condenatoria firme por ese delito. El estado de consumación es susceptible de prolongarse mientras la obligación continúe sin cumplirse…” (D’Alessio, Andrés JoséDirector y Divito, Mauro A.- Coordinador; “Código Penal de la Nación- Comentado y Anotado”- Tomo III, Ed. La Ley, pág 141).
En este sentido, lo que como afirmamos se produce ante el cumplimiento de las obligaciones por parte del imputado, respecto de lo cual –hasta el momento- no se ha incorporado prueba alguna, sino que contrariamente a ello y tal lo expuesto el Asesor Tutelar de grado, existiría continuidad en la conducta por parte del encausado; o desde que los hijos cumplan los 18 años, y por tanto cese el deber alimentario, lo que tampoco ha ocurrido.
Al respecto, cabe mencionar que el artículo 243 del Código Procesal Penal de la Ciudad, habilita a efectuar la ampliación de la imputación pues, si al momento de la celebración del debate se advierte que el incumplimiento persiste, en función de ello, es posible ampliar el período por el cual se considera que se extendió, haciendo saber tal circunstancia y otorgándole la posibilidad a la Defensa de solicitar la suspensión del debate para ofrecer prueba o preparar la defensa al encartado.
En conclusión, siendo así, la acción penal seguida en los presentes actuados no se halla prescripta pues no habría cesado el incumplimiento en relación a los menores de edad.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar a los imputados.
La Defensa particular reclama una modificación de la ley aplicable al caso, dado que esta advierte que según el fallo quedó configurado un delito continuado que comenzó a cometerse en vigencia de la ley 26.388 y se consumó en vigencia de la ley 27.436. Por tal motivo, sostiene que debió contemplarse, por estricta aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Código Penal, la escala penal prevista en la redacción anterior del tipo, por resultar más benigna.
Concretamente, en la situación del primer imputado, el delito se inició el 29 de enero de 2017 y se extendió hasta el 21 de octubre de 2018. En el caso del segundo imputado, el inicio tuvo lugar el 5 de febrero de 2016 y se extendió hasta el 22 de noviembre de 2018.
En esos períodos de tiempo, efectivamente, se promulgó, el 21 de marzo de 2018, la ley 27.436, que aumentó la pena mínima y máxima del delito tipificado en el primer párrafo del artículo 128, del Código Penal. Asimismo, en el último párrafo se estableció que todas las escalas penales previstas en esa norma se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuera menor de trece años.
Respecto del principio en el que las defensas fundaron su petición, se encuentra previsto el primer párrafo del artículo 2 del Código Penal, esta norma menciona tres momentos: a) el tiempo de cometerse el delito, b) el del fallo, y c) el lapso intermedio entre ambos.
Teniendo en cuenta ello, debe advertirse que el caso que se nos presenta en esta causa escapa de la hipótesis del citado artículo 2 del Código Penal, que plantea únicamente el supuesto de un cambio de leyes entre el tiempo de comisión del delito y el de la condena o, eventualmente, el intermedio.
En virtud de ello, toda vez que no se trata de un caso de “sucesión de leyes”, sino de coexistencia de leyes, en virtud de la naturaleza jurídica del delito continuado. Por ello, la aplicación de la nueva redacción del artículo 128 del Código Penal, no infringe el principio de legalidad, en lo que hace a la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal.
De tal forma, esta solución resulta acorde con el principio de culpabilidad y, desde otra óptica, no hiere el de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional) puesto que no puede equipararse la situación de quien cesó de cometer el delito, una vez que la conminación penal se tornó más severa, con la de quien lo continuó cometiendo a pesar de ello.
Dicho en otras palabras, parece razonable distinguir la situación de aquel que ha completado una maniobra delictiva bajo una ley más benigna, de la de aquel que ha mantenido su voluntad delictiva incluso luego de su reemplazo por la regla más gravosa.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar a los imputados.
La Defensa del imputado se agravió por el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de la pena mínima prevista en el artículo 128, 1º párrafo, agravado en los términos del 5º párrafo del Código Penal (según ley 27.436).
En primer lugar, cabe destacar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional al que debe arribarse solo como ultima ratio cuando la repugnancia de la norma, o el acto cuestionado, con la cláusula constitucional comprometida resulte indudable y su incompatibilidad inconciliable (Fallos: 249:51; 264:364; 315:923; 319:3148 y 322:842, entre muchos otros).
Así de la lectura del actual artículo 128 surge que la norma prohíbe, en su primer párrafo, “una sucesión de verbos típicos con los que se procura alcanzar todo lo que configuraría la cadena de elaboración y comercialización de la pornografía infantil” (RIQUERT, Marcelo, “Ciberdelitos”, 2ª ed., Hammurabi, 2020, pág. 263).
Por eso, al estar enlazado ese comportamiento con "eslabones" —típicos— previos, concomitantes y posteriores, la identificación de una tendencia trascendente al hecho de la facilitación, se hace imprescindible para la imputación plena de la figura.
Esta modalidad, que procura abarcar todo lo que configuraría la cadena de elaboración y comercialización (siguiendo una práctica asumida por el legislador en otras ocasiones, como por ejemplo en la ley 23.737), fue introducida por la Ley Nº 26.388, denominada “ley de delitos informáticos”, ante el avance de la pornografía infantil a través de la web.
El Estado Argentino en cumplimiento de compromisos internacionales (Convención de los Derechos del Niño –ratificada por ley 23.894–; Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; Convención sobre los Derechos del Niño –ratificada por ley 25.763–; Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia –ratificado por ley 27.411–), avanzó en una legislación de política criminal represiva contra la ciberdelincuencia, especialmente aquella vinculada a material con contenido de explotación o abuso sexual infantil.
Por lo demás, respecto a lo establecido por el Protocolo Facultativo antes mencionado, en su artículo 3º, respecto de la necesidad de que todo Estado Parte reprima la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil y establece que deberá castigarse ese delito con “penas adecuadas a su gravedad”.
En base a lo señalado, la Defensa no logra demostrar la supuesta falta de correspondencia existente entre el bien jurídico lesionado por la conducta por la que resultó condenado y la intensidad de la privación de bienes jurídicos que aquel sufriría a causa de la comisión de dicha conducta.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar a los imputados, en orden al delito previsto en el artículo 128 inciso 1, 2 y 5 del Código Penal.
En este sentido, debemos tener presente que la escala penal prevista en abstracto para un delito constituye un marco dentro del que el juzgador se encuentra habilitado a efectuar distinciones de conformidad a un juicio de ponderación en el caso concreto que, lejos de obstaculizar la consideración de la magnitud de afectación del bien jurídico, justamente la posibilita (cf. CNCF, Sala II, Causa Nro. FCB 27987/2014/TO1/CFC1 “Váquez, César y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 204/21, rta. 4/3/2021).
Sentado lo expuesto, no se advierte que exista, en abstracto, desproporción alguna entre la escala penal prevista y el monto de pena impuesta. Lo cierto es que en el fallo se impuso al imputado el mínimo de la escala penal contemplada para el delito enrostrado.
Asimismo, respecto de los cuestionamientos vinculados al principio de igualdad, debe ser considerado que opera sobre situaciones que axiológicamente se entiendan alcanzadas por la misma ratio iuris —que en materia de ilícitos penales y consecuencias jurídicas atribuidas no solo remiten a la naturaleza de los bienes jurídicos y su grado de afectación, sino también, como en el caso bajo a examen, al interés del Estado en obtener cierto resultado fáctico y expresivo—.
La garantía de la igualdad consagrada en la Constitución Nacional consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas. No se trata de la igualdad absoluta o rígida sino de la igualdad para todos los casos idénticos, lo que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de los que se les concede a otros en las mismas circunstancias, pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquéllas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación (Fallos: 321:3630).
Por lo demás, debemos recordar que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al poder judicial quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 313:410; 318: 1256).
En función de lo dicho, entendemos que los agravios presentados en el recurso no logran conmover las conclusiones del fallo, en cuanto a que las penas mínimas previstas en el artículo 128 del Código Penal, se encuentran a resguardo del embate constitucional propiciado.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar a los imputados, en orden al delito previsto en el artículo 128 inciso 1, 2 y 5 del Código Penal.
En efecto, en este caso nos hallamos frente a la problemática de que, como ya fuera establecido, el hecho atribuido a los imputados constituye un delito continuado, que comenzó a cometerse en vigencia de la Ley Nº 26.388 y finalizó una vez vigente la Ley Nº 27.436.
Y si bien resulta claro que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 2 del Código Penal de la Nación, “es indisputable que la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente, sin distinciones”,
Ahora bien, con el objeto de zanjar la cuestión y determinar, finalmente, cuál debe ser la ley aplicable a este caso, considero conveniente analizar la doctrina que, en los últimos tiempos, ha ido sentando la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto.
En el fallo “Muiña”, se entendió que “la interpretación adecuada del artículo 2° del Código Penal es que resulta también aplicable a los delitos permanentes. En efecto, si el legislador, a quien le compete realizar las distinciones valorativas que pudieran corresponder, hubiera considerado que el artículo 2° del Código Penal no debía aplicarse a los delitos permanentes por cualquier razón, habría hecho la salvedad pertinente que no hizo y que el Poder Judicial, en virtud de la materia que aquí se trata –penal– no puede hacer”.
En igual sentido, añadieron que “aún si existiese alguna duda respecto de la aplicabilidad del art. 2° del Código Penal a delitos como el castigado por la sentencia cuya validez se discute en autos, esta debe resolverse en favor del imputado debido a que en el proceso interpretativo en materia penal debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos” (…) “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. Por lo demás, entiendo correcta la afirmación, en cuanto a que, si el legislador no hubiera querido que ese artículo se aplicara a los delitos permanentes, habría hecho la salvedad pertinente –como sucede, por ejemplo, con el artículo 63 del Código Penal–, y no la hizo.
Así, teniendo ello en miras, es que entiendo, en este caso concreto, la ley que debe aplicarse al delito continuado constituido por el hecho atribuido a los imputados, es la Ley Nº 26.388, que se encontraba vigente al momento en que los delitos comenzaron a cometerse y que es, además, la más benigna para los condenados. (Voto en disidencia del Dr. José Saez Capel).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar a los imputados, en orden al delito previsto en el artículo 128 inciso 1, 2 y 5 del Código Penal.
En el presente caso ambos imputados, fueron considerados autores penalmente responsables del delito de facilitación de material de explotación sexual infantil (hecho 1), en concurso real con la tenencia de material de explotación sexual infantil (hecho 2), ambos agravados por ser las víctimas menores de 13 años de edad (arts. 128 incisos 1º, 2º y 5º, y 55 del Código Penal).
Por su parte las Defensas de los mismos cuestionan la calificación legal de los hechos, precisamente, la comprobación de los elementos exigidos por la figura penal en la que fueran subsumidas las conductas atribuidas. Ambas plantean que sus defendidos no facilitaron archivos con dicho contenido. Y que por lo tanto sus conductas resultan atípicas.
Ahora bien, en cuanto al tipo objetivo corresponde señalar que la circunstancia de que no se haya acreditado a qué cantidad de usuarios del programa pudo haberse facilitado o divulgado el material que los imputados compartían, no impide tener por configurado el tipo objetivo del delito atribuido, pues ha sido suficientemente probado que los archivos se encontraron en condiciones de ser descargados por otras personas de la red.
Con relación al aspecto subjetivo de la figura en cuestión, es a partir del propio funcionamiento del sistema eMule, que permitía una utilización sencilla e intuitiva, al punto que de la configuración de su pantalla se podían divisar las barras de progreso de la acción de “descarga” a la par de la de “subida”, presentando un formato de fácil visualización de las acciones que simultáneamente realiza; todo lo cual indicaba que ambos imputados no podían desconocer que los archivos que descargaban a través de esa plataforma, otro usuario los tomaba e iniciaba el proceso de “subida”.
Tampoco podían desconocer la naturaleza de los archivos que descargaban y ponían a disposición de la red, en razón de los criterios de búsqueda empleados para descargarlos, los que resultaban expresamente ilustrativos, como así también los nombres de los archivos que finalmente habían descargado.
Por lo demás, los elementos de prueba resultaron contundentes respecto a la naturaleza de los archivos en cuestión, es decir, a las producciones que los imputados facilitaron o bien tuvieron en su poder, todas ellas relacionadas con niños y niñas, en algunos casos de muy corta edad, involucrados en actividades sexuales explícitas, siendo abusados y/o accedidos carnalmente por adultos o exhibiendo sus partes genitales con fines netamente sexuales. Por lo que la aplicación de la agravante prevista en el quinto párrafo del artículo 128, del Código Penal, resultó ajustada para ambas conductas atribuidas a los dos acusados, toda vez que entre las representaciones de explotación sexual de las niñas víctimas se hallaban menores de trece años.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de excepción por prescripción de acción penal y, en consecuencia, declarar extinguida la acción y disponer el sobreseimiento del imputado.
En el presente caso la Defensa planteó la prescripción de la acción penal y solicitó que se declarara su extinción en virtud de lo normado en el artículo 59, inciso 3, del Código Penal. En sustento de su pretensión, argumentó que desde el 6 de agosto de 2021 (fecha en que la Querella presentó su requerimiento de juicio) habían transcurrido dos años, un mes y nueve días, excediendo así el plazo de dos años previsto por los artículos 62 y 67 del Código Penal para que opere la prescripción de la acción penal.
Ante esto tanto la Querella como la Fiscalía, se agraviaron al entender que la comisión del delito permanente no había cesado y que, por eso, no ha comenzado a correr el curso de la prescripción. Para fundar su impugnación, sostuvo que, si bien el delito previsto en el artículo 1 de la Ley Nº 13.944 es de los denominados de carácter continuado, en su opinión resultaría erróneo extraer de dicha denominación que poseen un plazo de prescripción especial.
Ahora bien, más allá de la discusión doctrinaria referida a si el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es de carácter permanente o continuado, existe consenso en que “el carácter continuado trae consecuencias en relación con la prescripción de la acción, pues dado que la omisión típica se prolonga en el tiempo, se debe comenzar a computar su plazo una vez que dicha conducta haya cesado, tal como lo establece el artículo 63 del Código Penal, o bien desde que el menor cumpla dieciocho años de edad (art. 1º de la Ley nº 13.944), o al cumplirse la obligación” (D’Alessio, Andrés José -Director- y Divito, Mauro A. -Coordinador-, “Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado”, Tomo III, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 142/143).
En efecto, a los fines de la prescripción de la acción en los delitos continuados o permanentes, resulta dirimente el período temporal en el que se habría cometido la conducta delictiva, tal como haya sido delimitado por la acusación. Sobre esto, la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia local (en el caso “Sipins, Carlos Tomás s/ art. 1, LN nº 13.944”) resolvió que, en este tipo de casos, el curso de la prescripción de la acción penal debe ceñirse al periodo del incumplimiento delimitado en el requerimiento de juicio y que, si la Fiscalía pretende ampliar la acusación incluyendo periodos posteriores, sólo puede ejercer esa facultad siempre que la acción penal no haya prescripto.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de excepción por prescripción de acción penal y, en consecuencia, declarar extinguida la acción y disponer el sobreseimiento del imputado.
En el presente caso la Defensa planteó la prescripción de la acción penal y solicitó que se declarara su extinción en virtud de lo normado en el artículo 59, inciso 3, del Código Penal. En sustento de su pretensión, argumentó que desde el 6 de agosto de 2021 (fecha en que la Querella presentó su requerimiento de juicio) habían transcurrido dos años, un mes y nueve días, excediendo así el plazo de dos años previsto por los artículos 62 y 67 del Código Penal para que opere la prescripción de la acción penal.
Ante esto tanto la Querella como la Fiscalía, se agraviaron al entender que la comisión del delito permanente no había cesado y que, por eso, no ha comenzado a correr el curso de la prescripción.
Ahora bien, debemos recordar que la Fiscalía, en su requerimiento de juicio, delimitó el período del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar que le atribuye al imputado entre noviembre de 2018 hasta, por lo menos, el 11 de mayo de 2021; mientras que la Querella lo extendió desde la misma fecha de inicio hasta la fecha en que presentó su propio requerimiento de juicio (6 de agosto de 2021, momento que sindicó como “hasta la actualidad”).
Es decir, que la Fiscalía y la Querella tenían la posibilidad de ampliar formalmente la acusación, para incluir períodos posteriores a los descriptos en sus respectivos requerimientos, hasta el 6 de agosto de 2023, fecha en que transcurrirían los dos años para que operase la prescripción de la acción de acuerdo a la calificación jurídica del delito atribuido (arts. 1º Ley nº 13.944 y 62 inciso 2 del C.P.). Y lo cierto es que, desde la presentación del requerimiento de la Querella (último acto interruptivo del curso de la prescripción, conforme el art. 220, última parte del CPPCABA), no lo han hecho.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de excepción por prescripción de acción penal y, en consecuencia, declarar extinguida la acción y disponer el sobreseimiento del imputado.
En el presente caso la Defensa planteó la prescripción de la acción penal y solicitó que se declarara su extinción en virtud de lo normado en el artículo 59, inciso 3, del Código Penal. En sustento de su pretensión, argumentó que desde el 6 de agosto de 2021 (fecha en que la Querella presentó su requerimiento de juicio) habían transcurrido dos años, un mes y nueve días, excediendo así el plazo de dos años previsto por los artículos 62 y 67 del Código Penal para que opere la prescripción de la acción penal.
Ante esto tanto la Querella como la Fiscalía, se agraviaron al entender que la comisión del delito permanente no había cesado y que, por eso, no ha comenzado a correr el curso de la prescripción.
Ahora bien, del análisis de las presentes actuaciones se pone en evidencia que han transcurrido más de dos años desde el último acto interruptivo de la prescripción sin que el caso haya avanzado, pese a que el propio imputado no concurrió a la audiencia que se había fijado para tratar la suspensión del juicio a prueba en su favor y a que, desde entonces, no justificó su inasistencia perdió contacto con su Defensa y se desconoce su paradero.
Al menos desde que esta Sala resolvió el recurso que la Defensa había dirigido contra el rechazo de la excepción de atipicidad, el caso se encontraba en condiciones de avanzar hacia la etapa intermedia. Sin embargo, la Fiscalía insistió en impulsar el trámite hacia la celebración de una audiencia de "probation" por la que el propio imputado no había mostrado ningún interés, y el Juzgado la postergó en sucesivas oportunidades.
Por su parte, la Querella, más allá de requerir mayor celeridad y de informar la “situación de indefensión económica extrema” en que se hallaba por ser “el único sostén del hogar”, en lugar de ampliar su acusación y evitar la prescripción del tramo del delito que había precisado en su requerimiento, limitó sus pretensiones a que se anticipara la celebración de la audiencia de suspensión del juicio a prueba a fechas anteriores a las convocadas por el Juzgado.
Este escenario, más allá de ilustrar sobre la falta de interés del encausado en sujetarse al proceso, permite afirmar que la prescripción de la acción ha operado como consecuencia de la falta de proactividad de los operadores intervinientes, que teniendo motivos fundados para ampliar la acusación (en el caso de la Fiscalía o la Querella) o para impulsar el avance del proceso hacia el juicio oral y público (en el caso del Juzgado), nada han hecho para evitar este desenlace. Ni la Fiscalía ni la Asesoría Tutelar han receptado las manifestaciones de la Querella que permitían inferir la continuidad en la comisión del delito por parte del imputado; ni tampoco la acusadora privada, más allá de los cuestionamientos que dirigió en sus escritos hacia el modo en que se estaba tramitando el caso, encauzó su pretensión de una manera que permitiera el avance del proceso de otra forma.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de excepción por prescripción de acción penal y, en consecuencia, declarar extinguida la acción y disponer el sobreseimiento del imputado.
En el presente caso la Defensa planteó la prescripción de la acción penal y solicitó que se declarara su extinción en virtud de lo normado en el artículo 59, inciso 3, del Código Penal. En sustento de su pretensión, argumentó que desde el 6 de agosto de 2021 (fecha en que la Querella presentó su requerimiento de juicio) habían transcurrido dos años, un mes y nueve días, excediendo así el plazo de dos años previsto por los artículos 62 y 67 del Código Penal para que opere la prescripción de la acción penal.
Ante esto tanto la Querella como la Fiscalía, se agraviaron al entender que la comisión del delito permanente no había cesado y que, por eso, no ha comenzado a correr el curso de la prescripción.
Ahora bien, resta señalar que las expresiones de la Querella en sus sucesivos escritos, en el sentido de que la denunciante seguía siendo el único sostén del hogar, no pueden ser entendidas como una ampliación formal de la acusación (aunque sí como un indicio que podría haber sido tomado en cuenta para que las acusadoras obraran de ese modo), porque los escritos en las que fueron insertadas estas manifestaciones no tenían específicamente el objeto de impulsar la continuación del trámite procesal hacia el debate, sino que, por el contrario, estaban dirigidos a lograr que se alcanzara una salida alternativa al juicio oral (la suspensión del juicio a prueba).
Si bien de las afirmaciones de la Querella se puede inferir la continuidad del delito luego de la requisitoria a juicio, sus expresiones no contienen la descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos con el grado que debe exigirse para la formulación de una imputación específica (cfr. art. 219 del CPPCABA). Es por todo lo expuesto que, no mediando interrupciones del curso de la prescripción desde el 6 de agosto de 2021 (dado que el trámite del proceso no ha avanzado y el imputado no registra antecedentes), corresponde concluir que la falta de activación en la tramitación de este proceso por parte de todos los intervinientes, ha provocado la prescripción de la acción penal.