Las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso. (v.gr.: Fallos 310:112).

Para que resulte admisible la acción de amparo, la amenaza
o lesión a un derecho debe revestir de actualidad o
inminencia, y estos elementos deben observarse no sólo al
inicio de las actuaciones, sino que deben mantenerse
vigentes hasta el momento de fallar.
En esta línea, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que las decisiones en materia de amparo deben
atender a la situación fáctica y jurídica existente en el
momento de ser dictadas (Fallos 300:844), "teniendo en
cuenta no sólo los factores iniciales sino también los
sobrevinientes, sean agravantes o no" (Fallos 304:1020).

Tanto la normativa nacional -Ley Nº 24240- como local -Ley Nº 757- en materia de defensa del consumidor regula una audiencia conciliatoria en el marco del procedimiento administrativo sancionador, y prevén que en caso de arribarse a un acuerdo cese la potestad sancionadora de la Administración.
Ahora bien, aun cuando este instituto y sus respectivos efectos están contemplados expresamente en el ámbito administrativo, considero jurídicamente plausible su aplicación por vía analógica de primer grado en el proceso judicial.
Sentado lo anterior, advierto que los efectos de un acuerdo conciliatorio en el marco de un procedimiento administrativo sancionador en defensa del consumidor –cese de la potestad sancionadora estatal– son también aplicables, bajo determinadas circunstancias, al proceso contencioso administrativo en el cual se discute la legitimidad de una multa impuesta por la autoridad de aplicación.
Ello así en tanto y en cuanto se respete la finalidad de la legislación sobre la materia, esto es, el resguardo de los derechos del consumidor. A tales efectos, debe tenerse en cuenta que el concepto de consumidor incluye no sólo al denunciante sino también a todos los que pudieron haber resultado afectados por los hechos investigados. Por tanto, la potestad sancionadora solamente se extingue cuando todos los consumidores, hayan sido parte del acuerdo. De otro modo se violaría la finalidad protectoria de la ley de defensa del consumidor y no sería procedente la analogía.
La única persona involucrada en el conflicto ha sido parte del acuerdo conciliatorio y no se advierten otros afiliados que pudieran haber sido afectados por los hechos del caso.
Así las cosas, satisfecha la pretensión del único interesado afectado por los hechos denunciados, no cabe sino concluir que la potestad sancionatoria de la administración se ha extinguido por circunstancias sobrevinientes al dictado de la disposición de la Administración que impuso una sanción pecuniaria, lo cual determina su anulación.

En el caso, el accionante no ha indicado en su presentación la fecha en que habría tomado conocimiento del hecho que intenta introducir como nuevo a la luz de lo dispuesto en el artículo 293 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, esto es, el fallo recaído en la causa penal —cuya firmeza se desconoce—, ni ha acompañado constancias de su notificación que permitan establecer tal extremo.
En tales condiciones no corresponde hacer lugar a la pretensión incoada por el actor por no cumplir con la carga de demostrar el requisito de procedencia que establece la norma en cuestión.
Sin embargo, y si bien por norma la sentencia resuelve sobre el derecho de las partes contrapuestas teniendo en consideración la situación establecida al momento de interposición de la demanda, razones de economía procesal aconsejan contemplar, al momento de dictarse el fallo que decide sobre el fondo del asunto, las circunstancias sobrevinientes que hubieren modificado la situación de hecho o de derecho (conf. art. 145 CCAyT) siempre que se demuestre su directa vinculación con el thema decidendum, en resguardo del principio de congruencia.

El objeto del amparo por mora es que se ordene a la administración pública ante una mora irrazonable que emita el acto o pronunciamiento correspondiente.
En consecuencia, es procedente que la demandada haya acompañado en este expediente copia del acto administrativo dictado, en tanto resulta ser la constancia de que se ha cumplido con el objeto de esta acción.
Sabido es que en los juicios debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente al momento de dictar sentencia, atendiendo no sólo a las circunstancias iniciales sino también a las sobrevinientes, que resulten de las actuaciones producidas.
Establecido lo que precede, entiende el Tribunal que la cuestión ha devenido abstracta.

En el caso, corresponde anular el dictamen mediante el cual el Fiscal fundamentó su oposición a convocar a una mediación y todo lo actuado en consecuencia, debiéndose efectuar un nuevo informe previo a la mediación y recabar la opinión de la víctima a fin de verificar la posible viabilidad del mecanismo alternativo de marras.
En efecto, la denunciante se presentó ante la Fiscalía y se efectuó un nuevo informe de asistencia del cual surge que las partes siguen conviviendo y la relación continua mejorando, inclusive ella se encuentra embarazada por segunda vez y ha adquirido redes de contención con su familia de origen.
Tres días después de practicado este nuevo informe, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 73 del Código Procesal Penal, oportunidad en la que el Juez rechazó el planteo nulificante que motivó el presente recurso.
Se advierte que el dictamen fiscal no resultó inmotivado, antojadizo o arbitrario, ya que valoró las circunstancias aportadas anteriores a la fecha de este último informe, particularmente la dependencia de la denunciante hacia el imputado y que las partes habían retomado la convivencia hacía escasamente un mes, aunado a la falta de redes de contención de la denunciante. Estas consideraciones llevaron al Fiscal a estimar que no sería conducente arribar a una mediación en ese entonces.
Sin embargo, al momento en que se llevó a cabo la audiencia del artículo 73 del Código Procesal Penal, la situación de convivencia amena entre las partes mantenía su progreso interrumpido por casi cuatro meses, sin perjuicio de lo cual el Fiscal fundó su negativa en el informe anteriorpara oponerse a la mediación.
Ello así, la oposición al mecanismo alternativo se basó en circunstancias totalmente desactualizadas con respecto a las constancias del legajo y la evolución del conflicto subyacente por lo que corresponde anular el dictamen fiscal y lo actuado en consecuencia.

En el caso corresponde declarar abstracto el objeto de la causa debido a que la pretensión del actor ha perdido actualidad, sumado a que ha transcurrido un prolongado lapso sin que el actor realice actos tendientes a hacer avanzar el proceso.
Tampoco obran elementos que permitan estimar que la pretensión esgrimida resulta actual y que pueda dictarse a su respecto una sentencia válida.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, el prolongado lapso transcurrido sin que el actor manifieste interés en la prosecución del proceso y que, en este tipo de juicios, en todos los casos debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia, tomando en consideración no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, que resulten de las actuaciones producidas (conf. doc. CSJN, Fallos: 247:466, 253:346, 292:140, 300:844, 304:1020, 307:291, 311:787, entre muchos otros), el Tribunal concluye que las cuestiones pendientes de decisión devinieron abstractas y, por ende, corresponde disponer el archivo de las actuaciones.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar laexcepción de cosa juzgada.
La Defensa señala que el Ministerio Público Fiscal investigó la misma conducta por una denuncia de LOTBA SE a la misma agencia por el artículo 301 bis del Código Penal, la cual fue archivado por inexistencia de delito. Entiende que dicha circunstancia implica una violación al principio constitucional de "ne bis in ídem" y sobre esta base postula la excepción de cosa juzgada.
La Magistrada aclara que no se trató del mismo período temporal al aquí investigado y que, siendo que el archivo se dispuso en virtud del artículo 199, inciso "d" del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no causaba estado pues podía ser reabierto.
Ahora bien, de las constancias obrantes en la presente surge que el caso tuvo por objeto determinar si la quí imputada, en su carácter de titular del local donde funcionaba una agencia de Lotería Nacional Sociedad del Estado, habría captado apuestas de carácter ilegal, volcándolas en el sistema oficial e incrementando notablemente el nivel de recaudación desde junio de 2017; caso que fue archivado en el año 2018 por falta de prueba (art. 199, inc. d CPPCABA).
Ello nos permite sostener, por un lado, que no existe identidad del objeto de la persecución pues se trata de distintos lapsos temporales y, por otro, que la causa podía ser reabierta en virtud del artículo 203 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que otorga dicha posibilidad para los casos archivados por -entre otros- el artículo 199, inciso "d" del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “cuando se individualice a un/a posible autor/a, cómplice o encubridor/a del hecho, aparecieran circunstancias que fundadamente permitieran modificar el criterio por el que se estimó injustificada la persecución…”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que mandó llevar adelante la ejecución de sentencia iniciada por el coactor, con el objeto de que el alcance de la condena dictada –esto es, que se garantice en términos efectivos el derecho a una vivienda adecuada, hasta tanto se cumplan los objetivos generales y específicos de los programas sociales originarios- se extienda a su grupo familiar actual, integrado por su nueva concubina y la hija recién nacida de ambos con quienes convive desde el séptimo mes de embarazo en el Hotel donde el presentante ya residía.
Manifestó que a partir del nacimiento de su nueva hija pudo hacerse cargo del costo del alojamiento de su concubina y de su hija, pero a partir de entonces ya no pudo hacerlo por carecer de los medios necesarios. Al respecto, puso de relieve que sigue padeciendo la situación de acentuada precariedad económica vigente hasta la sentencia que hizo lugar al amparo. Así las cosas, requirió la asistencia del PAFSIT (Programa de Atención a Familias Sin Techo) para abonar la suma adeudada al hotel, pero no obtuvo respuesta.
Surge de autos que, al interponer la demanda, el grupo familiar del actor estaba integrado por su concubina y los hijos menores de esta última. Asimismo surge que la referida falleció, en tanto que sus hijos viven actualmente con sus abuelos.
En efecto, la pretensión del codemandante debe ser acogida favorablemente ya que la condena conforme la cual la accionada debe garantizar al actor el derecho a una vivienda adecuada, comprende a su núcleo familiar.
El hecho de que este último se haya modificado durante el trámite del proceso no autoriza a dispensarle un trato diferente, en tanto subsisten las condiciones que llevaron al Tribunal a admitir la pretensión amparista.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que mandó llevar adelante la ejecución de sentencia iniciada por el coactor, con el objeto de que el alcance de la condena dictada –esto es, que se garantice en términos efectivos el derecho a una vivienda adecuada, hasta tanto se cumplan los objetivos generales y específicos de los programas sociales originarios- se extienda a su grupo familiar actual, integrado por su nueva concubina y la hija recién nacida de ambos con quienes convive desde el séptimo mes de embarazo en el Hotel donde el presentante ya residía.
En efecto, la nueva familia formada por el coactor es igualmente digna de la protección integral prevista por los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 37 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una solución contraria podría conducir finalmente separar a la niña recién nacida de su padre, toda vez que éste vive en el Hotel Residencial del Sur al amparo de la decisión firme recaída en autos, pero ha manifestado su imposibilidad de seguir haciéndose cargo del alojamiento de su familia.
Esa consecuencia vulneraría la protección específica prevista a favor de los menores por el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se apartaría ostensiblemente del interés superior del niño (artículos. 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño y 2 de la Ley N°114), el cual constituye la consideración primordial que debe atender este Tribunal al resolver la cuestión planteada.
Hacer lugar al su pedido aparece como la única manera de cumplir acabadamente la sentencia firme con relación al actor, es decir, garantizar en términos efectivos –para él y su grupo familiar- el derecho a una vivienda adecuada, hasta tanto se cumplan los objetivos generales y específicos de los programas sociales originarios; circunstancia que torna procedente la ejecución de sentencia promovida, en los términos que surgen del pronunciamiento apelado.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que hizo lugar a la ejecución de sentencia iniciada por el coactor, con el objeto de que el alcance de la condena dictada –esto es, que se garantice en términos efectivos el derecho a una vivienda adecuada, hasta tanto se cumplan los objetivos generales y específicos de los programas sociales originarios- se extienda a su grupo familiar actual, integrado por su nueva concubina y la hija recién nacida de ambos con quienes convive desde el séptimo mes de embarazo en el Hotel donde el presentante ya residía.
El grupo familiar del coactor estaba constituido por él, su concubina (fallecida) y los hijos menores de esta última que actualmente viven con sus abuelos.
Pero en su presentación, el codemandante inició la ejecución de sentencia con el objeto de que el alcance de la condena se extienda a un nuevo grupo familiar.
Tal como lo ha señalado anteriormente este Tribunal “...el objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza objetiva para el Juez, que por aplicación del principio de congruencia, no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión” (esta Sala, in re “Linser S.A.C.I.S. c/ G.C.B.A. – Htal. General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez – Dirección Gral. de Compras y Contrataciones s/ Cobro de pesos”, exp. 2397, consid. XIII; “Cecconi, Leandro Luis c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, EXP 4346/0).
Así las cosas, la ejecución de sentencia intentada deviene claramente improcedente –toda vez que por este medio se procura, en realidad, modificar los términos de la pretensión inicial- por lo que corresponde hacer lugar a los agravios vertidos por la apelante y revocar el pronunciamiento recurrido. (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, por medio de la cual se dispuso no tener por cumplido el taller impuesto, prorrogar la suspensión del proceso a prueba y sustituir la regla de conducta que se ha tornado de imposible cumplimiento por otra, que guarde alguna relación, en la medida de lo posible, con la temática que dio origen al presente proceso.
Se agravia la defensa porque el incumplimiento de la pauta de conducta resultó ajeno a la voluntad de su defendido, quien siempre demostró su apego a la regla de derecho, y en este sentido entiende que debe tenerse por cumplida la suspensión del proceso a prueba y dictar el sobreseimiento de su asistido.
Ahora bien, la solución pretendida por la defensa oficial excede de aquella que prevé la ley, toda vez que para sobreseer al imputado es necesario que haya dado cumplimiento a las obligaciones asumidas. En este sentido, la letra de la ley dispone dos caminos ante la situación de que aquellas no sean satisfechas, esto es, la continuación del proceso o la extensión de la duración de la “probation”.
Así las cosas, no pueden desconocerse los avatares por los que han transitado los procesos a partir de la emergencia sanitaria decretada y es en este contexto en el que deberá replantearse la sujeción del presunto contraventor a un proceso con el fin de que cumpla una regla a la que si bien se obligó voluntariamente y ha demostrado intención de llevar a cabo, se ha tornado de imposible cumplimiento.
A tales efectos, esa pauta podrá reemplazarse por otra a determinar por la Jueza de grado, que también deberá fijar un plazo para que se lleve a cabo, que guarde alguna relación, en la medida de lo posible, con la temática que dio origen al presente proceso.

En el caso, corresponde concluir que la cuestión propuesta en el presente incidente ha devenido de conocimiento abstracto.
El recurso de queja por apelación denegada fue interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la providencia de grado que denegó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó la citación del Estado Nacional en calidad de tercero.
Sin embargo, en la presente causa se ha dictado sentencia de fondo rechazando la demanda y conforme lo manifestado por el Ministerio Público de la Defensa los actores ya no residen en nuestro país, situación que motivó al Sr. Asesor ante la Cámara desistir del recurso oportunamente deducido contra dicha resolución.
Ello así, la cuestión propuesta en este incidente ha devenido de conocimiento abstracto por lo que nada corresponde decidir.

En el caso, corresponde declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público de la Defensa contra la resolución de grado que rechazó el amparo interpuesto resultando inoficioso expedirse sobre el recurso.
En efecto, tal como señalaron el Señor Asesor Tutelar y la Señora Fiscal (ambos ante la Cámara), en este tipo de juicios, debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia, tomando en consideración no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, que resulten de las actuaciones producidas (conf. doc. CSJN, Fallos: 247:466, 253:346, 292:140, 300:844, 304:1020, 307:291, 311:787, entre muchos otros).
Ello así, atento que la parte actora ya no reside en el país, frente a las nuevas circunstancias fácticas informadas cabe concluir que su recurso de apelación ha perdido actualidad y, por tanto, ello justifica declarar que el tratamiento de los agravios devino abstracto.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto revocó la suspensión del proceso a prueba respecto del imputado.
Conforme surge de la causa, el 08 de octubre de 2019 la Magistrada de grado, suspendió el proceso a prueba en favor del encausado por el plazo de un año, estableciendo las siguientes pautas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar cualquier cambio de ésta, 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que el Tribunal, la Fiscalía y la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba le hicieren, 3) abstenerse de mantener contacto por cualquier medio con la denunciante y su familia, y 4) asistir al taller de “Convivencia Urbana”, dictado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, ante la presentación de informes de seguimiento de las pautas de conducta, surgía que el probado no había realizado el taller al que se aludió en el párrafo anterior. Finalmente, la “A quo” resolvió revocar la suspensión del proceso a prueba oportunamente otorgada al nombrado, ordenando, en consecuencia, la continuación del proceso.
Ahora bien, en primer lugar, no puede perderse de vista que al momento en el cual la Magistrada de grado dispuso la prórroga del plazo de la “probation”, ella misma destacó que el encausado había cumplido con tres de las cuatro pautas de conducta fijadas, y que sólo restaba la asistencia al taller de “Convivencia Urbana”. Es más, la “A quo” concedió una prórroga de 6 meses para que el probado pudiese cumplir con dicha pauta, siempre que ello fuera posible teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio.
En estos términos, no puede soslayarse el informe emanado de la Oficina de Control de Suspensión de Juicio a Prueba, del cual surge que el imputado se encontraba inscripto en el taller a comenzar el día 25 de marzo de 2020, el cuál nunca pudo iniciarse por la disposición de aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesta por el Gobierno Nacional. Asimismo, de dicho informe también se desprende que el probado ha manifestado a través de su Defensa que es una persona muy mayor (84 años) que no tiene acceso a tecnologías que le posibiliten la asistencia al taller de forma virtual, viéndose imposibilitado de cursarlo por razones de fuerza mayor.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto revocó la suspensión del proceso a prueba respecto del imputado.
Conforme surge de la causa, el 08 de octubre de 2019 la Magistrada de grado, suspendió el proceso a prueba en favor del encausado por el plazo de un año, estableciendo las siguientes pautas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar cualquier cambio de ésta, 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que el Tribunal, la Fiscalía y la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba le hicieren, 3) abstenerse de mantener contacto por cualquier medio con la denunciante y su familia, y 4) asistir al taller de “Convivencia Urbana”, dictado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, ante la presentación de informes de seguimiento de las pautas de conducta, surgía que el probado no había realizado el taller al que se aludió en el párrafo anterior. Finalmente, la “A quo” resolvió revocar la suspensión del proceso a prueba oportunamente otorgada al nombrado, ordenando, en consecuencia, la continuación del proceso.
Sin embargo, no puede soslayarse el informe emanado de la Oficina de Control de Suspensión de Juicio a Prueba, del cual surge que el imputado se encontraba inscripto en el taller a comenzar el día 25 de marzo de 2020, el cuál nunca pudo iniciarse por la disposición de aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesta por el Gobierno Nacional. Asimismo, de dicho informe también se desprende que el probado ha manifestado a través de su Defensa que es una persona muy mayor (84 años) que no tiene acceso a tecnologías que le posibiliten la asistencia al taller de forma virtual, viéndose imposibilitado de cursarlo por razones de fuerza mayor.
En efecto, puede evidenciarse que las dificultades expuestas por el encausado para realizar el taller de “Convivencia Urbana” (de manera presencial por la situación de salubridad pública y de manera virtual por sus carencias tecnológicas) podrían transformarse en una traba de acceso a la justicia si se utilizan como fundamento para revocársele la “probation” que oportunamente se le concediera, vulnerando de forma directa el “corpus iuris” mencionado anteriormente.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto revocó la suspensión del proceso a prueba respecto del imputado.
Conforme surge de la causa, el 08 de octubre de 2019 la Magistrada de grado, suspendió el proceso a prueba en favor del encausado por el plazo de un año, estableciendo las siguientes pautas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar cualquier cambio de ésta, 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que el Tribunal, la Fiscalía y la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba le hicieren, 3) abstenerse de mantener contacto por cualquier medio con la denunciante y su familia, y 4) asistir al taller de “Convivencia Urbana”, dictado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, ante la presentación de informes de seguimiento de las pautas de conducta, surgía que el probado no había realizado el taller al que se aludió en el párrafo anterior. Finalmente, la “A quo” resolvió revocar la suspensión del proceso a prueba oportunamente otorgada al nombrado, ordenando, en consecuencia, la continuación del proceso.
Sin embargo, no puede pasarse por alto que el probado, a través de su Defensa, ofreció la modificación de la pauta de conducta mediante la realización de una donación de dinero a una entidad de bien público, circunstancia que no fue atendida por la “A quo”.
Como puede observarse, el imputado no fue responsable de su imposibilidad para asistir al taller de “Convivencia Urbana”, sino que ello fue consecuencia de la situación de salud pública que afecta a todo el planeta y de sus dificultades, tanto materiales como de conocimientos técnicos. Es más, lejos de querer desligarse de las responsabilidades que asumió cuando le fuera concedida la suspensión del proceso a prueba, ofreció reemplazar la pauta que era de imposible cumplimiento con otra que sí le fuese posible realizar.

En el caso, corresponde declarar abstracta la cuestión debatida en autos y dejar sin efecto la condena dispuesta en la sentencia de grado que ordenaba al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a que suministre la información requerida por la actora en su demanda vinculada a la conformación de mesas de trabajo para la elaboración de propuestas consensuadas para el inicio del ciclo escolar lectivo 2021.
Ahora bien, la variación en las medidas y recomendaciones de orden sanitario a partir de la evolución de la situación epidemiológica (Covid-19) y su efectiva influencia en el desarrollo de las actividades educativas, permiten concluir que la cuestión debatida en la causa carece, en los términos con que fue expuesta en el escrito de inicio, de actualidad.
Nótese que de acuerdo con la situación epidemiológica actual y las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Ciudad (a partir del avance en el grado de vacunación y la baja de índices de mortalidad y de casos de Covid-19), las medidas vigentes para las clases presenciales no contemplan, para la organización de los establecimientos educativos, la conformación de grupos burbuja, ni el uso de tapaboca en las/os estudiantes. De tal modo, las actividades desarrolladas en los establecimientos educativos retomaron su dinámica habitual previa a la pandemia, con las consideraciones pertinentes respecto de las estrategias de cuidado, limpieza, desinfección y las modificaciones dispuestas para el manejo de casos sospechosos y confirmados (v. Resolución Conjunta Nº 2/SSCPEE/2022 y su anexo, IF-2022-10820616-GCABA-SSCPEE).
Así las cosas, en atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que indica que las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas aun cuando sean sobrevinientes a la interposición del recurso (Fallos: 298:33; 301:693; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891), la cuestión debatida en autos ha devenido de conocimiento abstracto (Fallos: 320:2603).

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, y en consecuencia mantener la suspensión del proceso a prueba y prorrogar por el término de seis meses la “probation”, a los efectos de que finalice de cumplir las reglas de conducta allí impuestas.
Conforme surge de las constancias de autos, la Jueza de primera instancia revocó el instituto de suspensión del proceso a prueba oportunamente concedido en favor del encausado, en orden al delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar (Ley N° 13.944)
En consecuencia, la Defensa se agravió y sostuvo que, sin perjuicio de las irregularidades respecto a la fijación del domicilio y los supuestos incumplimientos, su asistido explicó la problemática que atraviesa al encontrarse desocupado, señalando que cada vez que obtiene alguna suma de dinero se la destina a su hijo. Atento ello, la recurrente concluyó que si bien su asistido ha incurrido en varios incumplimientos, ellos no fueron en absoluto voluntarios.
Ahora bien, del análisis de las constancias del legajo, cabe tener en cuenta que de las pautas de conducta, consistentes en la realización de trabajos de utilidad pública y del taller, fueron afectadas por la imposibilidad de realizarlas en forma presencial durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por otra parte, el encausado cumplió las tareas comunitarias establecidas. En cuanto al taller de Reflexiones sobre Niñez y Adolescencia, se informó que no iba a haber cupos para realizarlo en forma virtual durante todo el 2021. En atención a ello, poco antes de que se revocara la “probation” se lo inscribió en el taller "lado B" que dicta la Defensoría.
Así las cosas, en el caso, y teniendo en cuenta las diversas circunstancias que influyeron para que el probado termine de cumplir con las reglas impuestas, no puede concluirse que existía por parte del imputado un accionar manifiesto e injustificado de apartarse de las reglas acordadas, que justifique revocar el beneficio, sin considerar otorgar al menos una prórroga para que pueda finalizar su cumplimiento o teniendo en cuenta su situación económica, adecuar las pautas allí establecidas.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, y en consecuencia mantener la suspensión del proceso a prueba y prorrogar por el término de seis meses la “probation”, a los efectos de que finalice de cumplir las reglas de conducta allí impuestas.
Conforme surge de las constancias de autos, la Jueza de primera instancia revocó el instituto de suspensión del proceso a prueba oportunamente concedido en favor del encausado, en orden al delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar (Ley N° 13.944).
En consecuencia, la Defensa se agravió y sostuvo que, sin perjuicio de las irregularidades respecto a la fijación del domicilio y los supuestos incumplimientos, su asistido explicó la problemática que atraviesa al encontrarse desocupado, señalando que cada vez que obtiene alguna suma de dinero se la destina a su hijo. Atento ello, la recurrente concluyó que si bien su asistido ha incurrido en varios incumplimientos, ellos no fueron en absoluto voluntarios.
Ahora bien, en relación a los pagos efectuados, si bien no resulta claro cuántos realizó el probado, pues presentó diversos recibos de los cuales no se puede determinar claramente si ese dinero fue recibido por la denunciante, lo que sí se pudo establecer es que no logró cumplir con la totalidad.
Al respecto, cabe mencionar que en la audiencia prevista por el artículo 323 Código Procesal Penal de la Ciudad, el nombrado refirió que se quedó sin trabajo, que realiza trabajos ocasionales, changas. En este sentido, del informe socio ambiental efectuado por la Dirección de Asistencia Técnica de la Defensoría General, se desprende que el encausado realiza actividades laborales precarias e informales y que obtiene ingresos para la mínima subsistencia, siendo estos destinados a cubrir sus necesidades básicas inmediatas.
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expresado por el imputado acerca de la situación económica que atraviesa, por la falta de trabajo, dicha circunstancia no permite concluir una voluntad manifiesta, considerable e injustificada, con entidad tal para revocar la suspensión del proceso a prueba, pues allí, manifestó cuales fueron las causas sobrevinientes que le impidieron dar cumplimiento con las pautas de conducta asumidas oportunamente, y la reparación del daño ofrecida.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso revocar la suspensión del proceso a prueba oportunamente concedido en favor del encausado.
La Defensa se agravió y sostuvo que, sin perjuicio de las irregularidades respecto a la fijación del domicilio y los supuestos incumplimientos, su asistido explicó la problemática que atraviesa al encontrarse desocupado, señalando que cada vez que obtiene alguna suma de dinero se la destina a su hijo. Atento ello, la recurrente concluyó que si bien su asistido ha incurrido en varios incumplimientos, ellos no fueron en absoluto voluntarios.
Ahora bien, en autos el imputado no ha demostrado desapego a los compromisos, sino una situación de gran vulnerabilidad social, acreditada por un informe social no refutado por las partes. En este sentido, el informe ambiental realizado por la Dirección de Asistencia Técnica de la Defensoría General, consignó: “…En cuanto a su situación ocupacional actual desarrolla actividades laborales informales y precarias, obteniendo ingresos para la mínima subsistencia siendo estos destinados a cubrir sus necesidades básicas inmediatas…se concluye que el defendido atraviesa situación de vulnerabilidad social de larga data…”.
En efecto, los incumplimientos constatados no son tales si se repara en que el mencionado informe demostró que el imputado no tuvo posibilidad real de dar cumplimiento al compromiso asumido. Y que la inactividad previa a la pandemia que se alega en el cumplimiento de las restantes reglas no fue reprochada oportunamente pero claramente obedeció a la constatada situación de vulnerabilidad social que lo aquejó. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que rechazó la cuestión previa introducida por la Fiscalía y estableció que el juicio oral y público fijado puede celebrarse con la participación del imputado de manera virtual.
En la actualidad, el Código Procesal de la Ciudad contempla la posibilidad de llevar adelante audiencias de forma virtual, pese a lo cual, considero que ello se sigue erigiendo como una alternativa que la legislación brinda a los sujetos del proceso, que queda condicionada a la decisión fundada del Magistrado interviniente y la conformidad de las partes, puesto que el ambiente natural de desarrollo del juicio oral o el juicio por jurados es un espacio donde todos los que deban participar lo hagan de forma presencial (in re “Ruisoto”). Máxime cuando, como en el caso bajo examen, el imputado se encontraría fuera del país, de modo que claramente no se encuentra sometido a la jurisdicción del Tribunal.
Esta circunstancia resulta ser de suma relevancia puesto que la ausencia del país de imputado pone en riesgo la realización de los fines del proceso.
Nótese que “…al imputado se le imponen también sujeciones fundadas exclusivamente en homenaje a la tutela del interés social, en cuanto la colectividad aspira a la efectiva realización del derecho penal integrador por encima de todo interés o voluntad individual o de un grupo…” (Clariá Olmedo, Jorge A. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo II, 1ª ed. 1ª reimp. – Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, pág. 438).
Y en el caso, si bien no puede decirse que el encartado se haya sustraído del proceso, sí se habría colocado en una posición donde -en rigor- no se encuentra sometido debidamente a este proceso que se inició en su contra.
Esta situación adquiere especial relevancia puesto que, de ser condenado en las presentes actuaciones, “… habrá de someterse a la pena impuesta. Esto implica, necesariamente, una restricción a la libertad individual, fundada en una posible confirmación jurisdiccional de la imputación y, ocurrido esto, en la necesidad de la completa actuación de la ley penal…” (ibidem pág. 439).
Por ello, si bien en esta causa no pesaba sobre el imputado una restricción para abandonar este país, y de forma previa a la celebración de la audiencia de juicio, por intermedio de su Defensor hizo saber que se encontraba en los Estados Unidos de América, las circunstancias de que haya “penetrado” a dicho país -conforme indicó su Defensor- y que -tal como informó la Fiscalía no obren registros en la Dirección Nacional de Migraciones de su salida de la Argentina, permiten inferir que el ejercicio eficaz de la potestad punitiva estatal puede verse seriamente afectada. A tal punto esto es así, que no existe certeza del lugar donde se encuentra, no habría posibilidad de una adecuada identificación de su persona para asegurar que quien se conecte a la audiencia sea el imputado y que se encuentra rebelde para la justicia argentina en otro proceso judicial.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que rechazó la cuestión previa introducida por la Fiscalía y estableció que el juicio oral y público fijado puede celebrarse con la participación del imputado de manera virtual.
En efecto, en cuanto a la realización de las audiencias virtuales, en los precedentes “Arévalo” (nº 56822/2019-2) y “Ruisoto” (nº 8801/2020-1) del registro de la Sala I, entendí
-sintéticamente- que la realización de las audiencias virtuales no importaba, per se, la afectación de garantía constitucional alguna.
En este sentido, aclaré que la elección de la modalidad a desarrollar el juicio debía ser analizada por el juez en cada caso concreto “evaluando las características propias del supuesto específico que le toque intervenir, en base a su complejidad, cantidad de asistentes, prueba a producirse…” (in re “Ruisoto”).
No obstante, en el caso bajo examen por las particularidades que presenta, no es posible celebrar el debate bajo la modalidad virtual, con el imputado residiendo –posiblemente- en el exterior del país.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación de la parte actora y confirmar la sentencia de grado que declaró abstracta la presente acción.
La actora cuestiona que el Juez de grado haya declarado abstracto el objeto de la presente acción en virtud de que haya culminado el concurso cerrado del que habría sido privada de participar.
Entendió que la resolución de grado 1) el fallo cuestionado no se ajustó a derecho al haber declarado abstracto el objeto de la cuestión, en virtud de que ha quedado probado en autos la existencia del vicio que afectó al Concurso de conformidad con la sentencia de segunda instancia que confirmó la medida cautelar que decidió su suspensión; sostuvo además que el Juez de grado que pasó por alto lo solicitado en torno a la reapertura del referido concurso a los efectos de permitir su participación o bien, la convocatoria a uno nuevo.
Sin embargo, y si bien en el incidente cautelar se dispuso hacer lugar a la medida solicitada, lo cierto es que acontecieron hechos que tuvieron inmediata incidencia en el objeto propio de la presente acción.
En efecto, sin perjuicio de los derechos que pudieran asistir a la parte actora y que eventualmente podrá canalizar por la vía procesal que considere pertinente, y habiéndose producido una modificación en la situación fáctica existente a la fecha del dictado de la presente, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido, con costas por su orden.

En el caso de las medidas cautelares, el principio de preclusión cede únicamente ante la verificación del cambio operado en los motivos considerados para hacer lugar a la resolución preventiva.
De lo contrario, si no es posible esa comprobación una vez transcurridos los plazos legales para su impugnación, la tutela provisoria mantiene su vigencia y su mutabilidad no puede ser invocada para revertir los efectos del instituto cautelar.
De acuerdo con lo expuesto, ante la denuncia de nuevas circunstancias por parte del obligado a cumplir la tutela cautelar, corresponde al Juez adentrarse al tratamiento de sus planteos tendientes a obtener el levantamiento de la tutela preventiva.
Ello, sin perjuicio de la procedencia o no de su petición.

En el caso, corresponde rechazar al recurso de apelación deducido por el recurrente y, en consecuencia, desestimar el pedido de levantamiento de la tutela cautelar dictada en autos.
La recurrente sostiene que la resolución apelada omitió considerar los cambios producidos en la situación fáctica y jurídica sucedidos con posterioridad a la decisión que imposibilitaban el cumplimiento de ese resolutorio y tornaron el fallo en irrazonable y arbitrario.
Vale la pena destacar que la decisión cautelar consentida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo levantamiento solicitó, ordenó al demandado que se abstuviera “de agravar y/o socavar y/o desfavorecer el vínculo que contractualmente refleja la situación laboral que mantiene a la fecha con los Agentes de Tránsito”.
Los términos utilizados por la A-quo sin lugar a dudas perseguían el objetivo de resguardar, cautelarmente, el vínculo laboral de los actores durante la sustanciación del proceso, máxime cuando dicho fallo fue adoptado en fecha cercana al vencimiento de los contratos.
Los motivos sobre los cuales el recurrente sustentó su pedido de levantamiento de la cautelar refirieron a dos cuestiones puntuales: por un lado, los agentes que fueron desvinculados al 31 de diciembre de 2019 y que (pese a la cautelar vigente, las denuncias de incumplimiento realizadas por la amparista y la recepción favorable de aquellas por el tribunal de grado y por esta Alzada) permanecieron hasta el día de hoy sin ser reincorporados; y, por el otro, el traslado de los quinientos dos (502) agentes que pertenecían a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito a la Dirección General Coordinación Operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad.
En otras palabras, el alcance con el que ha sido planteado el agravio demuestra que las circunstancias sobre las que sustentó el pedido de levantamiento de la cautelar se relacionaron a las cuestiones acaecidas con respecto a tales grupos de agentes.
Nótese que no es posible otra interpretación si sus argumentos invocaron la Ley N° 6301 (en cuanto impedía realizar nuevas contrataciones o designaciones) y el Decreto N° 735/2020 (disminución de los fondos de coparticipación de la Ciudad).
Obviamente, tal planteo se vinculaba a los cesados al 31 de diciembre de 2019 pues los restantes mantuvieron hasta la actualidad su vínculo contractual laboral con el Gobierno con motivo del resolutorio cautelar del 1° de noviembre de 2019.
A su turno, la invocación de las reformas estructurales y de funciones operadas por los Decretos N° 463/2019 y 472/2020 tuvo como objetivo justificar el traslado de los quinientos dos (502) agentes de tránsito a otras dependencias.

En el caso, corresponde rechazar al recurso de apelación deducido por el recurrente y, en consecuencia, desestimar el pedido de levantamiento de la tutela cautelar dictada en autos.
El apelante sustentó la disminución de la necesidad presencial de agentes de tránsito en el hecho de haber culminado la construcción de diversas obras realizadas durante los años 2017 y 2019.
Sin embargo, el Gobierno no expuso tales argumentos cuando se dictó la cautelar el 1° de noviembre de 2019; no explicó por qué no ejerció oportunamente su derecho de defensa si sabía que ese hecho provocaría una pronta disminución de la necesidad de los recursos humanos por cuyos derechos se reclamaba en este proceso.
El accionado tampoco acreditó que se trataban de contratos temporales con fines específicos.
Ello así, es dable afirmar que estos fundamentos no constituyeron cuestiones sobrevinientes a la decisión cautelar y que esta situación no importó una alteración sustancial idónea de las circunstancias fácticas o jurídicas que justificaron oportunamente la adopción de la tutela preventiva.

En el caso, corresponde rechazar al recurso de apelación deducido por el recurrente y, en consecuencia, desestimar el pedido de levantamiento de la tutela cautelar dictada en autos.
El apelante requirió el levantamiento de la cautelar dictada en autos con relación a los agentes cesados al 30 de diciembre de 2019 que continuarían sin ser reincorporados. A su respecto, el demandado invocó la Ley N° 6301 que –a su entender- imposibilitaría llevar a cabo nuevas contrataciones o designaciones de personal.
Sin embargo, la invocación de la imposibilidad de realizar nuevas designaciones de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento durante el plazo de vigencia de la Ley N° 6301 (esto es, desde el 12 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de ese mismo año) no podía ser invocada respecto del colectivo de agentes cesados al 30 de diciembre de 2019.
Si el Gobierno hubiera acatado cabalmente la decisión cautelar dispuesta el 1° de noviembre de 2019 (que el mismo consintió), ninguno de los contratos existentes entre el GCBA y los agentes que conformaban el Cuerpo de Agentes de Tránsito podría haber finalizado el 31 de diciembre de 2019 como consecuencia del vencimiento del plazo de vigencia.
Asimismo, si el accionado hubiera reincorporado a los agentes cesados por el vencimiento del término de la contratación tal como ordenara la decisión cautelar adoptada, tampoco hubieran existido motivos para invocar la imposibilidad de realizar nuevas designaciones previstas en el artículo 15 de la Ley N° 6301, no vigente al momento en que se dedujo la apelación.
En otras palabras, los cambios operados en materia de empleo (imposibilidad de contratación) por una norma posterior (Ley N° 6301) a los fallos judiciales que ordenaron al obligado abstenerse de “[…] de agravar y/o socavar y/o desfavorecer el vínculo que contractualmente refleja la situación laboral que mantiene a la fecha con los Agentes de Tránsito” (sentencia del 1° de noviembre de 2019, consentida por el demandado) y reincorporar a los cesados ilegítimamente (decisorio del 27 de enero de 2020, confirmado por esta Sala el 21 de abril de ese mismo año), no pudieron razonablemente ser invocados para justificar el pedido del levantamiento de la tutela preventiva oportunamente concedida.
Ello así, tal como sostuviera el Sr. Fiscal en su dictamen, la prohibición de realizar nuevas contrataciones no se exhibía incompatible con el alcance de la tutela precautoria acordado oportunamente por esta Sala.

En el caso, corresponde rechazar al recurso de apelación deducido por el recurrente y, en consecuencia, desestimar el pedido de levantamiento de la tutela cautelar dictada en autos.
El apelante requirió el levantamiento de la cautelar dictada en autos con relación a los agentes cesados al 30 de diciembre de 2019 que continuarían sin ser reincorporados. A su respecto, el demandado invocó la Ley N° 6301 que –a su entender- imposibilitaría llevar a cabo nuevas contrataciones o designaciones de personal.
Sin embargo, el Decreto N° 210/2020 (al reglamentar el artículo 15 de la Ley N° 6301), entre sus excepciones previó las necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y, en ese marco, incluyó “las contrataciones propiciadas bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios que hubieren iniciado su tramitación con anterioridad a la promulgación de la Ley” (inciso i).
A continuación, debe destacarse que la Ley N° 6301 excluyó de la prohibición de realizar nuevas designaciones a “las contrataciones propiciadas bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios que hubieren iniciado su tramitación con anterioridad a la promulgación de la Ley” (inciso i).
Por lo tanto, es razonable sostener que existiendo, por un lado, un mandato cautelar vigente que fue desatendido por el obligado; y, por el otro, una decisión judicial posterior que admitió favorablemente la denuncia de incumplimiento de aquella tutela (deducida por la actora) y ordenó al Gobierno la reincorporación de los agentes cuanto menos en las condiciones existentes al 1° de noviembre de 2019; dicha situación quedó razonablemente incluida en el supuesto del inciso i) del Decreto N° 210/2020.
Ello así, la invocación de la Ley N° 6301 no puede servir para fundar el levantamiento de la medida cautelar oportunamente concedida.

En el caso, corresponde rechazar al recurso de apelación deducido por el recurrente y, en consecuencia, desestimar el pedido de levantamiento de la tutela cautelar dictada en autos.
El apelante requirió el levantamiento de la cautelar dictada en autos con relación a los agentes cesados al 30 de diciembre de 2019 que continuarían sin ser reincorporados. A su respecto, el demandado invocó la Ley N° 6301 que –a su entender- imposibilitaría llevar a cabo nuevas contrataciones o designaciones de personal.
Sin embargo, dicha norma no impide la reinstalación de los agentes cesados, argumento esbozado por el apelante para justificar su pretensión.
Si bien habilita la revisión de las contrataciones de servicio (sin desprenderse claramente si los contratos de locación de obra y servicios que mantienen con los trabajadores se hayan incluidos en dicho concepto ya que luego alude a los contratistas, proveedores y concesionarios) lo cierto es que –en la especie- no se acreditó haber procedido de acuerdo con las pautas allí previstas (dictamen de la Procuración y demostración de la conveniencia económica para el interés público).
Asimismo corresponde añadir que la emergencia económica y financiera fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022 mediante el artículo 9° de la Ley N° 6507. El artículo 14 de este plexo normativo contiene términos análogos a los previstos en el artículo 14 de su antecesora —descriptos más arriba—. Por ende, le cabe a aquella (Ley N° 6507) las mismas conclusiones a las que se arribó precedentemente con relación a la Ley N° 6384.

En el caso, corresponde rechazar al recurso de apelación deducido por el recurrente y, en consecuencia, desestimar el pedido de levantamiento de la tutela cautelar dictada en autos.
La decisión cautelar consentida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo levantamiento solicitó, ordenó al demandado que se abstuviera “de agravar y/o socavar y/o desfavorecer el vínculo que contractualmente refleja la situación laboral que mantiene a la fecha con los Agentes de Tránsito”.
El recurrente sostuvo que la disminución del porcentaje de coparticipación nacional que percibe la Ciudad agravó la situación económica producida por la pandemia COVID-19.
Sin embargo, tal como sostuvo el Sr. Fiscal ante la Cámara en su dictamen, la mención genérica del Decreto N° 735/PEN/2020 no resulta suficiente para poner en evidencia su pretendida gravitación en el caso.
Al respecto, cabe recordar –con relación a este agravio en particular- que la expresión de agravios “[...] tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado [...] sin ella en nuestra legislación no hay juicio de apelación” (cf. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires, 1993, T. 1, pág. 939, § 1; con cita de Carnelutti, Sistema, III, pág. 639).
En otras palabras, sin perjuicio del estado actual de la crisis vivida por el Covid- 19 y de la vigencia del agravio como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos”, por un lado,; y, por el otro, más allá de las consecuencias que presumiblemente pudieron generar la disminución de los fondos de coparticipación que ese decreto y las normas nacionales posteriores vinculadas produjeron, lo cierto es que la falta de un adecuado desarrollo y de prueba (dicho esto en términos cautelares) sobre los efectos que aquella norma aparejaría respecto del vínculo que el demandado mantiene con el colectivo actor, no bastaría para habilitar el levantamiento de la cautelar que tuvo por objeto resguardar la fuente de empleo de trabajadores amparados por la cláusula sexta del Acta de Negociación Colectiva N° 29/2019, estipulación que habilitó a dar inicio a todos los trámites legales y/o convencionales necesarios a los efectos de incorporar progresivamente a aquellos Agentes de Tránsito que cumplan con dichos requisitos, priorizando la antigüedad de los mismos”; y donde se consensuó que las primeras incorporaciones comenzarían a efectivizar a partir de Enero del año 2020 para lo cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos tomará los recaudos, presupuestarios necesarios”.

En el caso, corresponde rechazar al recurso de apelación deducido por el recurrente y, en consecuencia, desestimar el pedido de levantamiento de la tutela cautelar dictada en autos.
En efecto, el pedido de levantamiento de la cautelar debe necesariamente sustentarse en nuevas circunstancias que no fueron ponderadas al momento de admitir la tutela provisional.
La mayoría de actos administrativos invocados por el recurrente fueron dictados con anterioridad a la sentencia cautelar originaria.
Por eso, las reglas contenidas (y repetidas) en tales actos administrativos no pueden constituir las nuevas circunstancias que habilitarían el análisis propuesto por el apelante.
Ello así, el planteo de la Administración basado en el carácter transitorio del vínculo contractual laboral y la falta de estabilidad que lo habilitaban a no renovar los contratos cuando se tornaban innecesarios, no resulta un argumento válido y suficiente para justificar el levantamiento de la medida cautelar.
Los planteos sobre los cuales el demandado sustentó el pedido de levantamiento de la tutela no lograron demostrar que –respecto del grupo de agentes delimitado en el decisorio y contra quien se dirigió la pretensión que nos ocupa (trabajadores cesados el 30 de diciembre de 2019 y agentes transferidos)- hayan cesado los motivos que se tuvieron oportunamente en cuenta para el otorgamiento de la protección preventiva.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.
Se inició acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de que se ordenara la suspensión de la firma de un convenio urbanístico hasta tanto se cumpliera con el estudio diagnóstico y la evaluación de impacto final que establece el Plan Urbano Ambiental, con el procedimiento dispuesto por la Ley N°123 y con la instancia de participación ciudadana obligatoria a través de la convocatoria a audiencia pública.
Posteriormente, la Administración acompañó en autos la Resolución N°230/22 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, mediante la que se denegó “desde el punto de vista urbanístico la propuesta para suscribir Convenio Urbanístico con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos de conformidad a lo establecido en el artículo 10.9 del Código Urbanístico, aprobado por Ley Nº 6.099 y su modificatoria".
Con motivo de tal presentación, y a pedido de la parte actora, el Juez de grado declaró abstracta la cuestión planteada, impuso las costas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atento que la Resolución N°230/22 había sido dictada con posterioridad al inicio del proceso, por lo que la actora había podido creerse con derecho a peticionar en la forma en la que lo hizo.
El recurrente sostuvo que la propuesta de convenio había sido rechazada en sede administrativa dentro de las facultades regladas y discrecionales que eran propias de las autoridades competentes por lo cual no correspondía que soportara las costas del proceso.
En efecto, la Ciudad cuenta con un procedimiento a los efectos de analizar las propuestas y, eventualmente, aprobar o rechazar la firma de un convenio urbanístico.
Tal ordenamiento impone que la propuesta urbanística debe respetar la Ley del Plan Urbano Ambiental.
La pretensión introducida en autos persigue la observancia de las previsiones de la referida ley en cuanto al procedimiento que debe seguir la Administración.
Contrariamente a lo señalado por el Juez de grado, no se advierten razones para litigar, porque la cuestión traída a estudio se encontraba bajo examen de la Administración de acuerdo al procedimiento establecido.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.
Se inició acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de que se ordenara la suspensión de la firma de un convenio urbanístico hasta tanto se cumpliera con el estudio diagnóstico y la evaluación de impacto final que establece el Plan Urbano Ambiental, con el procedimiento dispuesto por la Ley N°123 y con la instancia de participación ciudadana obligatoria a través de la convocatoria a audiencia pública.
Posteriormente, la Administración acompañó en autos la Resolución N°230/22 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, mediante la que se denegó “desde el punto de vista urbanístico la propuesta para suscribir Convenio Urbanístico con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos de conformidad a lo establecido en el artículo 10.9 del Código Urbanístico, aprobado por Ley Nº 6.099 y su modificatoria".
Con motivo de tal presentación, y a pedido de la parte actora, el Juez de grado declaró abstracta la cuestión planteada, impuso las costas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atento que la Resolución N°230/22 había sido dictada con posterioridad al inicio del proceso, por lo que la actora había podido creerse con derecho a peticionar en la forma en la que lo hizo.
El recurrente sostuvo que la propuesta de convenio había sido rechazada en sede administrativa dentro de las facultades regladas y discrecionales que eran propias de las autoridades competentes por lo cual no correspondía que soportara las costas del proceso.
En efecto, la promoción del presente amparo con anterioridad a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se expidiera acerca de la admisibilidad del proyecto urbanístico luce prematuro, en tanto intentó denunciar una omisión manifiestamente arbitraria o ilegal por parte de la Administración (conforme artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires) antes de que tal conducta hubiera podido tener lugar y que, en los hechos, no ocurrió.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) contra la resolución que dispuso -en la etapa de ejecución de sentencia -la inaplicabilidad de la Resolución 499/2020 respecto de la actora.
En efecto, la actora inició acción de amparo a fin de requerir la readecuación de su carga horaria laboral diaria y semanal como enfermera del turno franquero a la que se hizo lugar ordenando al GCBA que así lo dispusiera conforme los términos que de ella surgen y que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 499/2020, la actora podía prestar tareas en dìas hábiles de manera excepcional mientras durara la emergencia sanitaria.
El GCBA se agravió por considerar que el planteo resultaba extemporáneo por cuanto la aplicación de la citada resolución quedó firme en la sentencia de fondo que así lo dispuso y ahora, en esta etapa del proceso, se pretende modificar al solicitar al juzgado de origen que precise el alcance de sus términos.
Al respecto, cabe señalar, que compartimos lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara en cuanto expuso que “… teniendo en cuenta que las circunstancias particulares que surgen en esta incidencia, donde la actora denuncia que actualmente trabaja también como enfermera en un Hospital zonal de la Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12.00 hs. a 18.00 hs., no fueron materia de debate en la sentencia de fondo y es recién ahora que puede evaluarse la razonabilidad de la aplicación de la Resolución N° 499/2020 al caso concreto, entiendo que los agravios planteados respecto de la extemporaneidad del planteo no pueden prosperar”.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado que aplico sanciones conminatorias –astreintes- en forma personal a la Sra. Ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde recordar que en este tipo de juicios, en todos los casos, debe fallase con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia, tomando en consideración no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes que resulten de las actuaciones producidas (cfr. doc. Corte Suprema de Justicia en Fallos: 311:787, entre muchos otros).
Ello así, se advierte que con posterioridad a la sentencia –del año 2018– la parte actora instó la ejecución de astreintes a tenor de un pronunciamiento que reconoció el derecho de los niños y niñas de nivel inicial y primario que habitaban en la villa 31 y 31 bis a obtener el transporte escolar, en las condiciones acreditadas al momento de ser emitida -es decir, en el año 2010–.
En efecto, debe recordarse que –en la oportunidad antedicha– la Magistrada de grado consideró que las falencias del servicio de transporte escolar implementado por la demandada, la ausencia de “…una política de acción para garantizar el acceso a la educación de toda persona sin distinción…” y “…la exclusión y grado de vulnerabilidad de los niños y niñas residentes en estos núcleos urbanos…”, afectaban el derecho fundamental de acceso a la educación y se correspondía con una situación colectiva que involucraba a todos los niños y niñas residentes en las villas 31 y 31 bis.
Sin embargo, las consecuencias de aquel pronunciamiento no podrían ir más allá de las condiciones oportunamente evaluadas por la Jueza de grado para expedirse del modo en que lo hizo. Aun así, la parte actora plantea un supuesto incumplimiento –continuo y permanente– de la sentencia dictada en el año 2010, soslayando la presencia de nuevas situaciones fácticas. Basta para ilustrar esta afirmación considerar –entre otros acontecimientos– la urbanización de las villas 31 y 31 bis (conf. Ley Nº 3.343 y Ley Nº 6.129), la construcción del Polo Educativo Mugica y la implementación del boleto estudiantil gratuito (Ley Nº 5.656).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado que aplico sanciones conminatorias –astreintes- en forma personal a la Sra. Ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el año 2010 la Magistrada de grado hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la actora y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realizara un relevamiento de la cantidad de menores de edad en nivel inicial y primario que habitaban en las villas 31 y 31 bis, detallando el establecimiento educativo al que concurrían, distancia con respecto a su domicilio, si gozaban del servicio de transporte escolar gratuito y en qué condiciones; asimismo, requirió que se informara si había niños o niños con capacidades diferentes y si accedían a un servicio de transporte adecuado. Una vez cumplido lo anterior ordenó que se “provea la cantidad de micros necesarios para el transporte escolar de los menores residentes en los mencionados asentamientos”.
Ahora bien, la parte actora plantea un supuesto incumplimiento –continuo y permanente– de la sentencia dictada en el año 2010, soslayando la presencia de nuevas situaciones fácticas. Basta para ilustrar esta afirmación considerar –entre otros acontecimientos– la urbanización de las villas 31 y 31 bis (conf. Ley Nº 3.343 y Ley Nº 6.129), la construcción del Polo Educativo Mugica y la implementación del boleto estudiantil gratuito (Ley Nº 5.656).
Lo expuesto demuestra que la improcedencia de la imposición de astreintes en los términos que surgen del pronunciamiento apelado, omitió ponderar el impacto que las medidas antes aludidas habrían tenido. Ello así “…en función de la complejidad de los objetivos fijados…” y toda vez que se omitió “… explicitar de qué manera fue evaluada la eficacia de su implementación, en relación con la permanencia de la situación generadora del conflicto que venían denunciando los actores” (conf. Corte Suprema de Justicia “in re” “Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, sentencia del 13/05/2021, Fallos 344:1102).
Por ello, cabe concluir en que la interpretación efectuada por la parte actora excede lo sentenciado por cuanto, aun frente a las características propias de los procesos colectivos, la eficacia de la sentencia favorable dictada en la causa solo pudo abarcar a los integrantes de la clase afectada mientras subsistan las condiciones relevadas al tiempo del pronunciamiento.
En función de lo dicho hasta aquí, no cabe más que interpretar que la resolución dictada el 25/03/2010 se refirió a una situación fáctica que –al momento en que se aplicaron las sanciones bajo estudio, el 11/07/2018, y en razón de las nuevas circunstancias fácticas– habría sido sustancialmente modificada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que mantuvo la prisión preventiva hasta la celebración del juicio oral y público y dispuso que su cumplimiento sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria, bajo monitoreo mediante tobillera electrónica (arts. 11 y 32, incs. “a” y “c”, LEP).
El Fiscal en su apelación se agravió de la modalidad de prisión domiciliaria otorgada cuando se hizo lugar a su pedido de extensión del plazo de la medida, por entender que no variaron las condiciones tenidas en cuenta cuando se la ordenó por primera vez.
Sin embargo, de las constancias de la causa se desprende que las circunstancias ponderadas al decretarse originalmente la prisión preventiva no se han mantenido inalteradas.
Por el contrario, la magnitud de la intervención quirúrgica a la que ha sido recientemente sometido el imputado, en la que se le amputó la pierna, la consecuente rehabilitación que aquél requerirá, la comprobada dificultad de la autoridad policial para asegurar atención médica en tiempo oportuno y la mora de la administración penitenciaria para dar ingreso al encartado en un establecimiento carcelario, demuestran que mantener las condiciones originales de cumplimiento de la prisión preventiva impedirían al encartado tratar adecuadamente su dolencia.
Sin perjuicio de ello, no puede soslayarse que la propia naturaleza de las medidas cautelares (no causan estado) y las herramientas previstas en los artículos 184, 185 y concordantes del Código Procesal Penal de la Ciudad privan de agravio al recurrente, en tanto, eventualmente, en virtud de circunstancias sobrevivientes que tornen necesario agravar el modo de ejecución de la cautela personal, podría fundarse y requerirse esa medida.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que mantuvo la prisión preventiva hasta la celebración del juicio oral y público y dispuso que su cumplimiento sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria, bajo monitoreo mediante tobillera electrónica (arts. 11 y 32, incs. “a” y “c”, LEP).
El Fiscal en su apelación se agravió de la modalidad de prisión domiciliaria otorgada cuando se hizo lugar a su pedido de extensión del plazo de la medida, por entender que no variaron las condiciones tenidas en cuenta cuando se la ordenó por primera vez.
Sin embargo, de las constancias de la causa se desprende que las circunstancias ponderadas al decretarse originalmente la prisión preventiva no se han mantenido inalteradas.
Por el contrario, la magnitud de la intervención quirúrgica a la que ha sido recientemente sometido el imputado, en la que se le amputó la pierna, la consecuente rehabilitación que aquél requerirá, la comprobada dificultad de la autoridad policial para asegurar atención médica en tiempo oportuno y la mora de la administración penitenciaria para dar ingreso al encartado en un establecimiento carcelario, demuestran que mantener las condiciones originales de cumplimiento de la prisión preventiva impedirían al encartado tratar adecuadamente su dolencia.
Finalmente, en torno a la falta de constatación del domicilio en el que se cumple el encierro, se advierte que el encartado fue trasladado a la finca sita en esta Ciudad, luego de haberse comprobado la viabilidad técnica del monitoreo electrónico y tras instalarse el dispositivo pertinente.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto encuadró el hecho en el tipo penal de abuso sexual simple (art. 119 CP) y no hizo lugar a los pedidos de la Fiscalía y de la Asesoría Tutelar de calificarlo en la figura de sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
La Asesoría Tutelar sostuvo que no sólo el acto en sí determina que se trate de un comportamiento gravemente ultrajante, sino también el elemento contextual en el que se produce. Indicó que el abuso se perpetró en el consultorio del médico pediatra que debía velar por la salud del niño, y en lugar de ello, abusó de él, lo cual impactó severamente en la psiquis del éste, que fue sorprendido por una situación que lo colocó en una posición de mucha mayor indefensión y vulnerabilidad. Agregó que las edades de la víctima y del imputado, como así también su rol de médico pediatra, son elementos que deben ser tenidos en cuenta en la calificación del acto.
El Fiscal de Cámara, por su parte, coincidió con la Asesora Tutelar, en relación a que el hecho constituyó un sometimiento sexual gravemente ultrajante.
Ahora bien, esta forma agravada de abuso sexual, fijada por el legislador en el párrafo 2° del artículo 119 del Código Penal alude a que el abuso gravemente ultrajante puede obedecer a dos motivos, la duración que haya tenido o a las circunstancias de su realización.
Se ha expresado que el primer supuesto requiere que el acto se prolongue temporalmente, lo que puede deberse a que dura más tiempo del normal requerido para la realización del abuso, o que se trate de una modalidad reiterada, o continuada a través del tiempo. Mientras que, respecto del segundo, la cualidad de “gravemente ultrajante” requerida por el tipo penal se da frente a aquellos actos sexuales que objetivamente tienen una desproporción con el tipo básico y que producen en la víctima una humillación más allá de lo que se verifica con el abuso en sí. Frente a estos casos, lo determinante no es la sensibilidad extrema de la víctima, sino el carácter objetivo del acto. Vale decir, que tampoco queda al arbitrio del juez lo que considera “gravemente ultrajante”, sino lo que conforme a la experiencia general excede el límite de desahogo sexual y se le agrega un contenido sádico al autor (CNCCC, Sala I, “D de M, R F s/abuso sexual”, reg. nº 1319/2017, del voto del Dr. Bruzzone).
Sobre el segundo supuesto -circunstancias de realización-, “Esta variante prevé la realización de un acto único que resulte altamente dañoso para el sujeto pasivo, ya sea por el carácter degradante de la conducta o por el peligro que ella trae aparejada para la víctima. Gavier los define como actos, que, en sí mismos, son intrínsecamente escandalosos, humillantes, peligrosos y de un alto contenido vejatorio para la víctima”. (cf. E. A. Donna, Derecho penal, parte especial, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2007, T. I, pág. 551).
En este punto, no puede sostenerse que tales circunstancias se encuentren presentes en el caso.
Nótese que el manoseo de la zona genital del menor con su mano “en forma deseosa” y con sentido libidinoso, aprovechándose de su relación médico paciente, en el consultorio, no puede calificarse como altamente vejatorio, que importe un sometimiento y humillación mayor que justifique apartarse de la figura básica, que constituye un abuso sexual.
Siendo así, cabe agregar que la edad de la víctima al momento del hecho, tampoco define la calificación de gravemente ultrajante pues para que se aplique, se deben valorar además las particulares circunstancias indicadas, relativas a la duración y las características de los actos, las que tal como señalamos aquí no se dan.
A ese respecto, se ha expresado que “… la edad de la niña al momento del hecho no define la calificación de gravemente ultrajante, sino que califica el acto como ultraje, en el sentido de la norma de abuso prevista por el artículo 119, párrafo 1° del Código Penal. Cuando se trata de actos de significado sexual, el verbo ultrajar -cuya raíz es la voz latina "ultra"- implica ir más allá de lo permitido. De modo que todo acto de esa naturaleza realizado sobre una persona que no lo consiente, o que no está en capacidades madurativas o psíquicas de consentirlo, es un ultraje. La calificación del artículo 119, párrafo 2° del Código Penal, no califica al hecho por ser simplemente un “ultraje”, sino por ser “gravemente ultrajante” (CNCC, Sala I, “C G, J A s/abuso sexual”, reg. nº 951/201814, del voto del juez García).