El artículo 19 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor se refiere al cumplimiento puntual y efectivo de aquellas cuestiones que hayan sido objeto del acuerdo.
En el caso, se trata del precio a abonar por el servicio prestado por la empresa. La misma infringió las previsiones del artículo indicado dado que, más allá de la existencia de un error en la facturación en perjuicio del cliente, es evidente la presencia de un daño, pues la asunción de tal equívoco tuvo su origen en la denuncia efectuada por el cliente ante la Dirección de Defensa del Consumidor y no con anterioridad, en el marco de la relación privada cliente- empresa.

La manera común de la extinción de los contratos, es el cumplimiento del mismo, mas existen modos anormales de conclusión de aquellos.
Entre los modos anormales de extinción de los contratos encontramos la resolución, la rescisión y la revocación de los contratos; pero cada una de las causales tienen un sentido semántico preciso y determinado.
Si bien reconocemos que las tres actúan como causas de extinción del contrato, y hasta han sido confundidas con la nulidad, debemos aclarar que los tres institutos funcionan para deshacer un vinculo contractual existente y válido; en cambio, la nulidad, impide la existencia y los defectos del contrato por causas anteriores o contemporáneas a su celebración, es decir, hablamos de nulidad cuando hay un defecto o vicio que hace que el contrato celebrado no pueda producir las consecuencias jurídicas para lo que oportunamente estaba convenido o para lo que había sido celebrado, pero el impedimento, —anterior o contemporáneo a la celebración del contrato— vicia el acuerdo celebrado dando lugar a la nulidad del mismo.

La forma más habitual de extinguir un contrato es su cumplimiento. Sin embargo, existen los denominados modos “anormales” las que, entre otras, se encuentran la rescisión, la resolución y la revocación.
Tales institutos tienen un sentido preciso y determinado y, en consecuencia, no deben ser confundidos.
Así, a través de la rescisión, las partes pueden -de común acuerdo- extinguir total o parcialmente las obligaciones creadas por ellas o retirar los derechos reales que se hubieren dado o transferido. No actúa en forma retroactiva sino para el futuro.
Por su lado, la revocación puede ser definida como una causal de ejercicio unilateral, es decir, por una sola de las partes, en los casos que la ley autoriza, sea en forma amplia o limitada.
En último término, la resolución es causal anormal de extinción del contrato proveniente de una estipulación legal o convencional que, ante el acaecimiento de un hecho ulterior o futuro a la celebración del contrato, faculta a una o ambas partes a dejarlo sin efecto (conf. Centanaro, Esteban, Contratos. Parte general, Educa, Buenos Aires, 2008, p. 603 y ss.).

En el caso, corresponde rechazar la oposición a la prueba formulada por la demandada.
Con la prueba informativa requerida, la actora pretende demostrar el cumplimiento contractual y del servicio, ya que -afirma- el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confunde el objeto de la sanción y habría excedido los límites de su competencia.
Por otra parte, con la labor del perito ingeniero, intenta demostrar el cumplimiento del mantenimiento de las fallas denunciadas, de acuerdo con el sistema de notificación establecido en el contrato y que las deficiencias alegadas se corresponden con el normal uso de las instalaciones u obedecen a actos vandálicos.
A fin de garantizar un control judicial suficiente en los denominados “recursos directos” es fundamental el derecho de ofrecer y producir la prueba que las partes involucradas en la controversia consideren conveniente. Teniendo en cuenta que en este tipo de proceso rige la amplitud probatoria, no se advierte impedimento alguno para la producción de la prueba ofrecida.

En el caso, corresponde rechazar la oposición a la prueba formulada por la demandada.
La revisión judicial de las sanciones administrativas no puede quedar reducida al aspecto que se vincula con la correcta aplicación de las normas jurídicas por el órgano competente, sino que, teniendo en cuenta que los procesos judiciales se integran, al menos en una instancia, con la faz “de hecho” y con la “de derecho”, esa revisión ha de considerar el examen de los hechos, aspecto esencial que no puede debatirse solamente en la órbita administrativa sin que los principios sentados por la Corte Suprema en antiguos precedentes sean transgredidos (Fallos, 247:646).
Si se dejase exclusivamente en manos de la Administración lo que concierne a la prueba de los hechos, parte fundamental del debate quedaría fuera del examen judicial, sin que el sancionado tuviese oportunidad de reclamar por la posible violación de sus derechos. Fácil es concluir que una indebida fijación de los hechos no puede ser subsanada con una acertada selección de las normas jurídicas porque sería equivocado el presupuesto de que entonces se habría partido en el acto de juzgar (voto de Luis M. Boffi Boggero en Fallos, 244:548).
A fin de garantizar el control judicial suficiente en los denominados “recursos directos” es fundamental el derecho de ofrecer y producir la prueba que las partes involucradas en la controversia consideren conveniente.
Teniendo en cuenta entonces la amplitud probatoria que exige la materia y que la prueba ofrecida no luce superflua o inconducente, corresponde abrir la causa a prueba, pues no es admisible prescindir de medidas que pueden eventualmente revestir importancia para valorar la legalidad y razonabilidad de la sanción cuestionada.

En el caso, corresponde revocar parcialmente el pronunciamiento de grado, y en consecuencia, rechazar la acción de amparo colectivo iniciada por los actores -diputado y ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires-, con la finalidad que se declare la nulidad absoluta e insanable del Decreto N° 72/2017 que dispuso el aumento del cuadro tarifario de peajes de Autopistas de la Ciudad.
En efecto, la solicitud de la empresa concesionaria al Gobierno local, acogida mediante el Decreto N° 72/2017, aludió al restablecimiento de la ecuación económico-financiera del contrato de concesión. Tal reclamo se traduce en que se mantenga intangible la relación ingresos-egresos inicial de la empresa, so pena de incurrir en incumplimiento de sus deberes contractuales.
Al respecto, vale aclarar que dicha ecuación no consiste en la afectación de la utilidad, sino en el desfasaje del equilibrio inicial (relación entre el costo –no solo sobre la prestación del servicio público, sino también sobre el capital a invertir en maquinarias, útiles, combustibles, jornales, etc.– y el valor de las tarifas).
En este orden de ideas, el equilibrio económico del contrato, su mantenimiento y restablecimiento de ser necesario, constituye un derecho del contratista, y un deber legal de la Administración.
A su vez, la necesidad de compensar los desequilibrios contractuales encuentra también su razón de ser en el principio de la igualdad ante las cargas públicas, conectado con la necesidad de mantener la continuidad de los servicios públicos y la realización de la obra pública, pese al cambio producido en las circunstancias originariamente convenidas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que impuso a la empresa actora multas por incumplimiento en la prestación del servicio de recolección domiciliaria de residuos (omisión de vaciado de contenedores y por omisión de levantamiento de bolsas de residuos), conforme el artículo 59, inciso 10, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003.
En efecto, corresponde rechazar el agravio de la actora sosteniendo que la sanción aplicada no es válida porque fue dispuesta con posterioridad a la fecha de finalización del contrato de concesión.
Cabe señalar que la aplicación de multas no tiene como único horizonte la subsanación de irregularidades y el compelimiento al contratista para que cumpla con sus deberes, sino que también tiene un objetivo disuasorio, en el sentido de que su imposición se dirige a evitar que tanto el concesionario del caso de que se trate como aquellos sujetos que en el futuro contraten con la Administración incurran en conductas de similares características.
Por lo demás, si se admitiera que las sanciones pecuniarias pierden razón de ser una vez concluido el plazo de vigencia del acuerdo, los contratistas podrían no encontrar motivos para cumplir con sus deberes al encontrarse próxima la conclusión de aquel.
Una consecuencia de esas características sería inadmisible, por despojar de toda virtualidad al régimen de sanciones de un contrato administrativo y alentar una performance deficiente por parte de los sujetos prestadores de servicios.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que impuso a la empresa actora multas por incumplimiento en la prestación del servicio de recolección domiciliaria de residuos (omisión de vaciado de contenedores y por omisión de levantamiento de bolsas de residuos), conforme el artículo 59, inciso 10, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003.
En efecto, respecto a la alegada inaplicabilidad de la multa debido a la finalización del contrato de concesión, surge tanto de las constancias de autos como de lo indicado por el señor Fiscal de Cámara y lo dispuesto en la Ley N° 4120 de Servicio Público Higiene Urbana, que en las fechas en las que se constataron las deficiencias, el contrato se encontraba plenamente vigente.
En ese contexto, la actora no aporta argumentos que justifiquen apartarse de su aplicación. Hacer lugar al planteo alentaría el incumplimiento de los contratos y desnaturalizaría la función de la competencia sancionatoria.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente a la oposición a la prueba informativa opuesta por la demandada.
La actora inició recurso directo con el objeto de impugnar la resolución que aplicó una
multa de doscientos cuarenta y un mil pesos ($241.000) por incumplimiento de los plazos contractuales para reparar una luminaria en suspensión apagada.
Con la prueba informativa requerida, la actora pretende demostrar la alegada arbitrariedad de la multa y el posible exceso de punición.
El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se opuso a la prueba informativa ofrecida.
El expediente administrativo se encuentra agregado en forma digital a los presentes, razón por la que corresponde admitir la oposición planteada al respecto.
Ahora bien, la actora solicita las resoluciones en las que el Ente aplicó sanciones a fin de demostrar el cambio de criterio y la aplicación de la máxima sanción que prevé el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 652/15.
En esta línea, teniendo en cuenta que en este tipo de proceso rige la amplitud probatoria, no se advierte impedimento alguno para su producción.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y en consecuencia, revocar la resolución de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada.
En efecto, el Juez de grado ordenó al GCBA a “…que en forma inmediata disponga la provisión, a través de los organismos pertinentes, de al menos dos baños químicos en el lugar donde funciona la feria de artesanos y manualistas ´Parque Alberdi´, sita en ´(...), del barrio de Mataderos, durante los días domingos y feriados, y/o cualquier otro día en que se disponga el funcionamiento de dicha feria.”
El GCBA se agravia por considerar que hay ausencia de verosimilitud del derecho para el dictado de la medida cautelar, por cuanto si bien en un tiempo se proveyeron baños químicos a la feria, ello fue como consecuencia de un acuerdo de carácter excepcional adoptado en el marco de la pandemia Covid-19.
En efecto, se advierte que los criterios de reapertura asumidos habrían sido consecuencia del contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020, previéndose por ello que aquellos tendrían carácter excepcional y mientras durara la emergencia sanitaria y las necesidades de aislamiento social.
En este contexto, en principio no sería arbitraria la conducta del GCBA que, con fundamento en la Resolución N° RESOL-2022-205-GCABA-MEPHUGC (que dejó sin efecto la Resolución N° 936-GCABA-2021), interrumpió la provisión de baños para la Feria Parque Alberdi.
Por lo expuesto, asiste razón al GCBA en tanto que, de un análisis acotado de las constancias incorporadas al momento se advierte que la resolución cuestionada habría considerado la situación sanitaria y, a su vez, las partes habrían prestado conformidad a los excepcionales criterios de reapertura establecidos en el acuerdo de "Regreso a la Actividad -Ferias Mutualistas durante la Pandemia causada por COVID-19".

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado mediante la cual el Juez de grado se declaró incompetente para entender en autos.
El actor promovió demanda con el objeto de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios generados por un supuesto incumplimiento de los términos de bases y condiciones de una promoción. Solicitó la entrega de un televisor o, de no ser posible, su equivalente en dinero, con más la suma de un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos ($1.465.000) en concepto daño material y daño moral y la aplicación de una multa civil.
En efecto, para determinar la competencia debe atenderse de modo principal a la exposición de los hechos realizada en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (conf. Fallos 313:1467, 328:73, 329:5514, entre muchos otros).
Del escrito de inicio se desprende con claridad que las compras que dieron lugar a la participación en el sorteo se hicieron en la provincia de Chubut, provincia en la que el actor reside y desde donde efectuó las acciones para participar del sorteo que impugna.
Además, la cláusula segunda de las bases y condiciones que acompañó el actor dispone que la promoción era válida exclusivamente en las sucursales de determinada cadena de supermercados que el organizador tenía emplazadas en la Provincia de Chubut.
A su vez, según la cláusula 10, los premios iban a ser entregados dentro del ámbito geográfico en la que el participante hubiera obtenido el código para concursar.
Ello así, corresponde confirmar la sentencia apelada. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios interpuesta por los hijos y herederos de quien fuera en vida "Artista y Director de escena" contratado para la obra "Pelleas el Melisande" para la temporada 2018, por el Ente Autárquico Teatro Colón (EATC).
En efecto, las manifestaciones que realiza la parte actora sin elementos concretos que avalen su postura, se enmarcarían en el ámbito del derecho de autor y la propiedad intelectual, ajeno a la materia propuesta en la presente causa que se basa en el alegado incumplimiento contractual -que no ha sido probado- y los daños que hubieran podido derivarse de ello.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios interpuesta por los hijos y herederos de quien fuera en vida "Artista y Director de escena" contratado para la obra "Pelleas el Melisande" para la temporada 2018, por el Ente Autárquico Teatro Colón (EATC).
Al respecto, cabe recordar que es sobre los accionantes que pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del artículo 303 del CCAyT pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión.
En efecto, cabe concluir que el recurso de la parte actora no hace más que reflejar lo que sostuvo en su demanda, que no estuvo acompañada del debido respaldo probatorio para que pueda prosperar, carencia que tampoco ha logrado ser revertida durante la tramitación del proceso, y que no se modifica con el recurso propuesto ante esta instancia.
En este sentido, cabe estar a lo resuelto por el juez de grado que concluyó que de la compulsa del expediente no se puede constatar que el artista contratado haya realizado actos que acrediten el cumplimiento del contrato ni que aquél haya tenido principio de ejecución.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la recurrente a abonar los intereses correspondientes a la mora en el pago de la factura reclamada.
La demandada sostiene que la sentencia apelada soslayó que la factura en cuestión no podía abonarse hasta que la contratista no concurriera a suscribir el acta de recepción definitiva de la obra y que el mismo día de su firma la actora renunció a percibir intereses y cualquier otra compensación.
Sin embargo, ni la Ley Nº2809, ni su Decreto Reglamentario Nº127/14 supeditan el pago del precio redeterminado a la recepción definitiva de la obra.
Tampoco se estableció esa condición en el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Privada en el marco del cual se emitieron las facturas reclamadas. Tampoco surge de las actas de redeterminación de precios.
La única condición a la que se sujeta ese pago es la actualización de la garantía por parte del contratista (artículo 6 inciso f del Anexo I del Decreto Nº127/14) y no es materia de controversia en el presente caso.
A ello se agrega que el Decreto Nº326/17, reglamentario de la Ley Nº2095 de compras y contrataciones de esta ciudad y vigente en aquel momento, establece en el artículo 118 que cuando en las Cláusulas Particulares se prevea el ‘pago contra entrega’ se entiende que el pago debe efectuarse después de operada la conformidad definitiva de la recepción”.
Tal como señaló el Juez de grado y no ha sido controvertido en el recurso, no se advierte que en el pliego se haya estipulado esa previsión.
Ello así, carece de sustento lo sostenido por la demandada al decir que no podía abonar la factura en cuestión porque la actora no había concurrido a suscribir el acta de recepción definitiva.