En el caso, el mero hecho de que la infracción falta de precio se haya constatado respecto de un solo producto no puede eximir de responsabilidad a la actora. Esta situación, en todo caso, podría ser tenida en cuenta por la autoridad de aplicación a los efectos de graduar la sanción.
En efecto, lo que podría plantearse ante este Tribunal es la falta de razonabilidad entre el ilícito cometido y la sanción aplicada, pero no la inexistencia del ilícito cuando se han dado los extremos previstos por la normativa para que éste se configure.

Debe tenerse presente que una regla básica de la hermenéutica jurídica es que en los casos en que la norma no distingue, el intérprete tampoco debe hacerlo. En este caso, la Resolución 434-SCI-94, complementaria de la Ley de Lealtad Comercial, no efectúa una distinción respecto de la cantidad de productos que deben ser exhibidos sin su precio para que se configure la infracción. El actor, por su parte, no ha planteado la inconstitucionalidad de la norma. Consecuentemente, considero que este Tribunal no podría determinar que la falta de precio en un solo producto (entre todos los que exhibe la actora) pueda eximirla de la responsabilidad que la norma claramente le impone. Si así lo hiciera, estaría sustituyendo la voluntad del legislador, que ha sido expresada claramente en la norma.

Sabido es que los hipermercados como la actora poseen en sus góndolas una extensa variedad de productos. En este caso, se le imputa a la recurrente ofrecer a la venta un solo producto (que implica una multiplicidad de unidades idénticas) sin exhibir su precio.
En este contexto, considero que de la falta de exhibición de precio respecto de un solo producto no puede inferirse acabadamente la culpa de la actora, es decir, no puede afirmarse que la empresa ha sido negligente o imprudente en el cumplimiento de los deberes que la ley le impone. Esta conducta a mi entender, es insuficiente para exteriorizar la culpa de la recurrente. (Del voto en disidencia del Dr. Horacio Corti)
Poseer en góndola tan solo un producto que no exhiba su precio, desde mi punto de vista, no resulta suficiente para formular el reproche que realizó la Administración (en definitiva: no se está ante una acción típica, por ausencia de culpabilidad).(Del voto en disidencia del Dr. Horacio Corti).

Corresponde multar a un supermercado por infracción a la ley de lealtad comercial si se comprobó que tenía mercadería lista para la venta sin la exhibición del precio, pues tal incumplimiento atenta contra el fin mismo de la reglamentación vigente, consistente en proteger al público consumidor permitiéndole la comparación de precios y productos en forma inmediata
Para cumplir con el objetivo de esta resolución se hace indispensable que el precio de los bienes ofertados se exhiba en todo momento, sin que sean atendibles las razones que invoca para fundar la imposibilidad material de controlar esa circunstancia.
Con relación a la constante variación que sufren los precios, la empresa podría adecuarlos durante las horas en que el comercio permanece cerrado y, en caso de que la modificación se lleve a cabo mientras el supermercado se encuentre abierto al público, debe ser realizada en forma tal que no se viole el mencionado derecho de los consumidores.

En el caso, poseer en góndola tan solo cuatro productos que no exhiben su precio, desde mi punto de vista, no resulta suficiente para multar a la apelante. (en definitiva: no se está ante una acción típica, por ausencia de culpabilidad).
Si bien sostuve en la causa “Día Argentina S.A. c/G.C.B.A. s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC n.º 482/0, sentencia del 18 de octubre de 2004 que, en principio, no tiene entidad eximente la invocación defensiva referente al exiguo porcentaje de artículos en infracción (CNPenal Económico, Sala I, in re “Guerrero de Louge, Susana E. T.”, sentencia del 27 de marzo de 1984), la cantidad de productos ofrecidos sin exhibir el precio (en esa causa se trataba de diecinueve mercaderías) denotaba, al menos, una clara omisión del deber de cuidado de la actora y por lo tanto justificaba la sanción aplicada. (Del voto en disidencia del Dr. Horacio G.A. Corti).

En el caso, no tiene entidad eximente la invocación defensiva referente al exiguo porcentaje de artículos en infracción (CNPenal Económico, Sala I, in re Guerrero de Louge, Susana E. T., sentencia del 27 de marzo de 1984), ya que la cantidad de productos ofrecidos sin exhibir el precio (se trata de diecinueve mercaderías, que implican, a su vez, cada una de ellas, una multiplicidad de unidades idénticas) denotan, al menos, una clara omisión de su deber de cuidado.

Los usos y prácticas que generalmente se implementan en la actividad que desarrolla la actora ––cuya observancia es reconocida por la legislación comercial en cuanto “las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar los actos o convenciones mercantiles” (cfr. Código de Comercio, Título preliminar, item V) –– indican que el precio de adquirir un producto comercializado como un conjunto de varias unidades es comparativamente menor al valor individual de cada unidad o, a lo sumo, igual.
Al exhibir para la venta al público el “pack” de seis unidades con la leyenda “un litro gratis!!!!!!” del producto a $ 6,69 y cada unidad a $ 1,04, la firma ha contradicho la costumbre prevaleciente en su rubro.
Es evidente que el comportamiento de la empresa puede confundir al consumidor en el momento de decidir si adquiere el producto en “Packs” de varias unidades o en su presentación individual, pues ––contrariamente a lo que es habitual de acuerdo a las costumbres mercantiles–– lo primero le resultará comparativamente más costoso que lo segundo.
Si bien la actora tiene el derecho de determinar a su criterio el precio de sus productos, la firma debía adecuar los términos de sus estrategias de venta a las exigencias del régimen jurídico, cuidando de garantizarle al consumidor su derecho a una elección racional y fundada respecto de los bienes o servicio que se exhiben a la venta.

La Ley Nº 1493 ha sido dictada, por parte de la Legislatura, en ejercicio de sus innegables facultades en materia de derechos del consumidor y del usuario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires —art. 46 CCABA—. Así, es claro que, por expresa disposición constitucional, la Ciudad se encuentra habilitada para legislar, en el ámbito de su jurisdicción, en defensa de los consumidores y usuarios.
Como ha dicho este Tribunal antes de ahora, el artículo 45 de la Ley Nº 24.240 debe, de manera necesaria, ser leído en el contexto previo dado por los artículos 41 y 42 de ese ordenamiento normativo. Así, el primero sostiene la aplicación nacional y local de la ley y el segundo, las funciones concurrentes entre ambas jurisdicciones. En consecuencia, una lectura distinta del artículo 45, no guardaría coherencia ni integración con las normas señaladas y no tendría sentido a la luz de aquellas disposiciones. Una exégesis distinta resultaría incompatible con el diseño constitucional del artículo 75 inciso 12 y con la autonomía reconocida en el artículo 129 a esta Ciudad (esta Sala in re “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, RDC 1693/0, del 27/9/07).
De este modo, la Ley Nº 1493 no hizo más que imponer a los grandes supermercados la obligación de enviar vía correo electrónico los precios correspondientes a un listado de productos; ergo, forzoso resulta concluir que, con ello, en modo alguno invadió la atribución —puesta exclusivamente en cabeza del Congreso de la Nación— de dictar legislación sustancial o de fondo (art. 75, inc. 12, CN).
En consecuencia, siendo evidente que los deberes establecidos en dicha norma constituyen un uso legítimo de las facultades constitucionales con que cuenta la Ciudad en la materia que aquí se trata. Cabe agregar que en este mismo sentido se ha expedido la Sala I in re “Asociación de Supermercado Unidos c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, del 13/9/07.

El artículo 22 de la Resolución Nº 7-SCDYDC-02, complementaria de la Ley Nº 22.802 no ofrece dudas de que establece en relación a los establecimientos del ramo gastronómico el deber de exhibir los precios mediante listas ubicadas en los lugares de acceso y en el interior del local.
La norma contiene el vocablo “y”, que expresa en forma más que evidente la necesidad de que se den ambos extremos para concluir que se cumplió con la norma.
De ello se desprende, que no se trata de una opción a favor de la empresa de comidas de exhibir el listado de precios dentro del local o en su acceso –según su preferencia y conveniencia– sino que la reglamentación ordena que se deben colocar listados de precios en los dos sitios.
Es decir, la existencia de listados de considerable tamaño, cantidad, y ubicación estratégica en el interior del local de comidas, no releva a la empresa del deber de hacer lo mismo en el ingreso del establecimiento. Dentro de esta línea argumental entiendo que, la colocación de fotos de los productos en el interior del local permiten, sin lugar a dudas, que los consumidores conozcan con más detalles las características de los menúes ofrecidos –antes de realizar el pedido–, pero de ninguna manera alcanzan el objetivo que persigue la pauta aquí infringida. Axial pues, surge a todas luces que la finalidad de la misma es informar a los consumidores, precisamente, acerca del valor de los productos ofrecidos antes del ingreso a un establecimiento gastronómico.
Por ese motivo, no bastará con que el particular pueda hacerlo una vez que se encuentre en su interior, toda vez que la previsión está dirigida a los potenciales compradores a fin de que cuenten con una información objetiva, global, detallada y confeccionada acerca de los productos –en este caso particularmente el precio– con anterioridad al ingreso al local gastronómico.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la actora, por infracción al artículo 22 de la Resolución Nº 7-SCDyDC-02, complementaria de la Ley Nº 22.802.
Si bien es cierto que de acuerdo a que la empresa actora opera bajo la forma de autoservicio, o sea, que con dicha operatoria los consumidores efectúan sus pedidos directamente en la caja, donde se les informa el precio al momento de pagar y no con posterioridad al consumo –como sucedería en el caso de tratarse de la modalidad tradicional de servicio de mesa– ello tampoco logra satisfactoriamente la finalidad del plexo jurídico citado que, en definitiva, pretende preservar la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca tanto los derechos de los consumidores como el de los competidores.
En ese sentido, omisiones como la examinada - falta de exhibición de la lista de precios en el ingreso al local-, pueden producir desvíos o captación de potencial clientela por medio de métodos contrarios a la lealtad que debe reinar en las relaciones comerciales, pudiendo condicionar al consumidor una vez que se encuentra dentro del local de comidas. Así como también le veda la posibilidad de controlar y/o consultar el precio.
A mayor abundamiento, la norma en análisis no especifica diferencia alguna, conforme las distintas modalidades de ejecución de la actividad lucrativa gastronómica, que habilite otro tipo de razonamiento.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la estación de servicios por considerar que el cartel donde se exhibían los diversos precios, estaba en infracción al artículo 2º de la Resolución Nº 7-SCDyDC-02 (reglamentaria de la ley 22.802) ya que dichos precios no contaban con el símbolo monetario correspondiente, es decir pesos ($).
Cabe tener en cuenta que el artículo 2º de la mencionada norma exige que quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales deben expresar sus precios en moneda de curso legal y forzoso en el país, es decir, en pesos. Asimismo, agrega que podrán ofrecerse bienes o servicios en moneda extranjera los cuales deberán ser exhibidos en caracteres menos relevantes.
Conforme lo expuesto, considero que del artículo citado no surge que deba colocarse el signo pesos ($) en el cartel de exhibición de precios, sino que éste último debe ser expresado, sin excepción, en moneda de curso legal y forzoso de la República, cuestión que en el "sub lite" se encuentra cumplimentada. Máxime, en este particular caso, cuando no existe otra indicación numérica con la que pueda confundirse, tal como la cantidad de litros (como podría ocurrir en los surtidores de combustible) o inclusive ante la especificación de precios en otra moneda.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 2º, párrafo primero, de la Resolución Nº 7-SCDYDC-02, complementaria de la Ley Nº 22.802, que obliga a quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios, exhibir sus precios con sujeción, entre otras pautas, a las siguientes: indicar el precio en moneda de curso legal y forzoso -pesos-, valorado al contado en dinero en efectivo y correspondiente al importe total que efectivamente deberá abonar el consumidor final.
El principal agravio de la empresa sancionada se centra en que sus ventas no se encuentran bajo la órbita de las efectuadas a consumidores finales sino que se trata de ventas mayoristas no encontrándose en consecuencia obligada en los términos del artículo 2º de la resolución achacada. Para acreditar tal extremo acompañó las constancias de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, AFIP).
Ahora bien, la inscripción ante la AFIP, la realiza el propio contribuyente mediante una declaración jurada sobre su actividad a los fines sólo impositivos. Tan es así que el mero otorgamiento no habilita al ejercicio y frente a una inspección del organismo, si se detecta el ejercicio de una actividad distinta a la declarada en la inscripción, puede procederse a la determinación de oficio o a su sanción, según los casos.
En consecuencia, la sola inscripción en la AFIP no es suficiente a los efectos de demostrar que la firma no realizaba venta al público en general. No puede dejar de advertirse que la empresa no ha aportado otros documentos ni pericia contable que permita aseverar que ello no es así y la prueba producida en ese sentido no ha resultado determinante.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 2º, párrafo primero, de la Resolución Nº 7-SCDYDC-02, complementaria de la Ley Nº 22.802, que se refiere a exhibir el precio de venta al público.
El derecho a la información bien puede situarse en el centro de los derechos sustanciales del consumidor. Y ello es así, toda vez que resulta imprescindible a fines de hacer posible el ejercicio de otros derechos tales como la libertad de elección (art. 42 CN y 46 CCABA); esto es, en definitiva, decidir de manera fundada luego de conocer y poder valorar toda la información necesaria respecto de las condiciones comercialización, dentro de las cuales el precio tiene un rol absolutamente determinante; factor sustancial que permite la comparación entre productos y marcas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 22, de la Resolución Nº 7-SCDYDC-02, complementaria de la Ley Nº 22.802, que obliga -entre otras previsiones- a los establecimientos gastronómicos a que exhiban sus precios mediante listas ubicadas en lugares de acceso.
Ello así, puesto que la finalidad de la norma referida es la de informar a los consumidores, precisamente, acerca del valor de los productos ofrecidos antes del ingreso a un establecimiento gastronómico estando esta previsión dirigida a los potenciales compradores a fin de que cuenten con una información objetiva, global, detallada y confeccionada acerca de los productos ––en este caso particularmente el precio–– con anterioridad al ingreso al local.
En este sentido cabe señalar que la colocación de fotos de los productos en el interior del local permiten, sin lugar a dudas, que los consumidores conozcan con más detalles las características de los menúes ofrecidos ––antes de realizar el pedido––pero de ninguna manera alcanzan el objetivo que persigue la pauta aquí infringida,.
Dentro de este marco, cabe destacar -también- que tanto la Ley de Defensa del Consumidor como la de Lealtad Comercial sancionan infracciones formales. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley, sin que pueda ser causa exculpatoria el hecho que haya mediado error” (conf. Cám. Apel. Cont. Adm. Fed, Sala II, Capesa SAICFIM c/Sec. de Com. e Inv. – Disp. DNCI Nº 137/97, 18/12/1997).

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 22, de la Resolución Nº 7-SCDYDC-02, complementaria de la Ley Nº 22.802, que obliga -entre otras previsiones- a los establecimientos gastronómicos a que exhiban sus precios mediante listas ubicadas en lugares de acceso.
En cuanto al agravio referido a que la empresa opera bajo la forma de autoservicio, entiendo que si bien es cierto que de acuerdo a dicha operatoria los consumidores efectúan sus pedidos directamente en la caja, donde se les informa el precio al momento de pagar y no con posterioridad al consumo ––como sucedería en el caso de tratarse de la modalidad tradicional de servicio de mesa–– ello tampoco logra satisfactoriamente la finalidad del plexo jurídico citado que, en definitiva, pretende preservar la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca tanto los derechos de los consumidores como el de los competidores.
Por ello, omisiones como la examinada, pueden producir desvíos o captación de potencial clientela por medio de métodos contrarios a la lealtad que debe reinar en las relaciones comerciales, pudiendo condicionar al consumidor una vez que se encuentra dentro del local de comidas. Así como también le veda la posibilidad de controlar y/o consultar el precio.
A mayor abundamiento, la norma en análisis no especifica diferencia alguna, conforme las distintas modalidades de ejecución de la actividad lucrativa gastronómica, que habilite otro tipo de razonamiento.

En el caso, corresponde confirmar la disposición administrativa, en cuanto impone a la denunciada una multa pecuniaria por infracción a la normativa que resguarda el derecho de información al consumidor.
Ello así, atento a que se constató, por parte de la Autoridad Administrativa, que los carteles indicadores de precios ubicados en la playa de estación de servicio carecían del signo monetario exigido.
Cabe señalar que del artículo 2º, párrafo primero de la Resolución Nº 7-SCDyDC-02, se advierte que si bien el texto de la norma no establece en términos literales que los precios deben expresares en signo “$”, lo cierto es que la moneda de curso legal y forzoso de la República Argentina es el peso y que, además, se expresa a través del signo “$”. De modo que la interpretación razonable del mandato normativo y en cumplimiento de su propio texto es que el precio debe indicarse precedido por el signo $. En tal sentido, cabe señalar que la norma cuestionada exige que el precio (o valor nominal de venta) se exprese en peso y ello sólo es posible mediante el símbolo correspondiente a dicha moneda ($).
Por otro lado, el fin que persigue la norma es informar del modo más preciso y claro posible al consumidor, de allí que el cuadro que mejor cumple con ese fin es aquel que indique el monto precedido por el signo pesos, esto es, el tipo de moneda y el valor. Es decir, el deber que impone el artículo 2 de la Resolución referida, tiene por objeto garantizarle al consumidor su derecho a ser informado de una de las características esenciales del producto exhibido, en este caso, el valor cierto del precio y es evidente que para cumplir con el objetivo de la norma no basta con la sola indicación del precio sino que resulta indispensable que junto al valor de venta se exprese de manera clara e inequívoca la moneda correspondiente.
A su vez, el criterio hermenéutico de integración con los otros textos normativos, nos conduce a igual conclusión. En efecto, el artículo 1º del Decreto Nº 2128/91 establece que “a partir del 1º de enero de 1992 tendrán curso legal los billetes y monedas que emitirá el Banco Central de la República Argentina, que circularán con la denominación pesos y con el símbolo $....”.
Así pues del análisis literal, teleológico y armónico del ordenamiento referido, cabe concluir que “el precio” al que hace alusión esta última debe ser expresado con el símbolo $.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impone a la empresa una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 5 de la Resolución Nº 7 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor del año 2002, complementaria de la Ley Nº 22802-Lealtad Comercial- por haberse constatado que tanto los productos exhibidos en la vidriera, como aquellos exhibidos en el interior del local no poseían el precio de venta a la vista.
Ello así, atento a que del análisis del acta de infracción puede concluirse que los precios de los productos (zapatillas) se encontraban en su interior o debajo de ellos, por lo tanto de ninguna manera puede acreditarse que dichos precios hayan sido colocados de tal forma que pudiesen ser vistos a simple vista.
En ese sentido, cabe destacar, a modo de ejemplo, que los precios ubicados en las suelas de los productos en cuestión, no pueden ser observados por los consumidores a simple vista, dado que para poder hacerlo deben tomar las zapatillas y darlas vuelta.
Por otra parte, el citado artículo 5 dice que: “La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo”.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por la parte actora, con el objeto de impugnar la determinación de oficio de la Administración sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En efecto, no obran en el expediente constancias tendientes a acreditar la imposibilidad de trasladar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al precio final del pasaje. Ello, aún cuando la actora sostiene –en lo sustancial– que el Estado Nacional, al fijar una tarifa que no contempla en su composición al mencionado gravamen, impide la traslación del tributo local, convirtiéndolo en una gabela análoga al Impuesto a las Ganancias, y violando así el Régimen de Coparticipación Federal.
Ahora bien, si bien se encuentra acreditado que el Estado Nacional establece bandas tarifarias con topes máximos y mínimos, y que las empresas de transporte interjurisdiccional alcanzadas por la norma se encuentran obligadas a fijar el precio de los pasajes dentro de dichos valores (conf. decreto 2407/2002), lo cierto es que la actora no ha logrado probar aquello que sirve de sostén a su argumento principal, que es precisamente la imposibilidad de trasladar al precio del pasaje el impuesto cuestionado. De esta manera, no puede sostenerse sin una adecuada composición de costos, que la empresa se haya visto imposibilitada de trasladar el tributo local, máxime cuando la alícuota para el caso –conforme la resolución determinativa de oficio– es del 1,5%, frente al 40% de incremento inicial de la tarifa fijada por el Estado, con la posibilidad –dependiendo del caso– de adicionarle entre un 10% y un 85% posteriormente.
La existencia de una banda tarifaria dentro de la cual la empresa puede fijar el valor, le da la posibilidad a ésta de trasladar el Impuesto a los Ingresos Brutos, circunstancia que diferencia este caso de aquellos en los cuales hay una tarifa única decidida por el Estado.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por la parte actora, con el objeto de impugnar la determinación de oficio de la Administración sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Al respecto, no se encuentra controvertido que bajo la vigencia del Decreto N° 958/1992 los servicios de tráfico libre y ejecutivos tenían un régimen de tarifa libre, y que a partir del Decreto N° 2407/2002 se establecieron bandas tarifarias con mínimos y máximos que restringieron la facultad de las compañías de transporte alcanzadas por la norma para fijar los precios de los pasajes.
Ello así, no cabe aceptar una correlación mecánica entre todos los sistemas de fijación pública de tarifas y la imposibilidad de trasladar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Corresponde a los jueces atenerse a la especificidad de cada régimen jurídico y a las circunstancias concretas que revela cada caso sometido a examen.
Así, en este expediente, el régimen tarifario no es rígido, presenta una clara flexibilidad al sólo establecer límites mínimos y máximos y, a la vez, no se ha producido ninguna prueba que acredite la imposibilidad de incluir en esa banda la incidencia del tributo.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por la parte actora, con el objeto de impugnar la determinación de oficio de la Administración sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En efecto, no obran en el expediente constancias tendientes a acreditar la imposibilidad de trasladar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al precio final del pasaje. Ello, aún cuando la actora sostiene –en lo sustancial– que el Estado Nacional, al fijar una tarifa que no contempla en su composición al mencionado gravamen, impide la traslación del tributo local, convirtiéndolo en una gabela análoga al Impuesto a las Ganancias, y violando así el Régimen de Coparticipación Federal.
En efecto, aun suponiendo que efectivamente se encontrara acreditada en el caso la analogía con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "in re" “Transportes Automotores La Estrella S.A. c/Provincia de Río Negro”, sentencia del 29/11/2005, y “El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/Provincia de Buenos Aires”, sentencia del 3/5/2007, lo cierto es que las bandas tarifarias son fijadas por el Estado Nacional, y toda vez que el Impuesto a las Ganancias es un impuesto federal, la accionante debería haber efectuado el cuestionamiento intentado en dicho ámbito.
En otras palabras, es en esa jurisdicción en donde la actora debería haber cuestionado la falta de previsión, en la conformación de dichos valores, del tributo local trasladable. Así pues, si por ese motivo se hubiese producido una ruptura del artículo 9º, inciso b) de la Ley de Coparticipación, ello deberá ser compensado, en todo caso, por el Gobierno Federal, y no el local.

Por unanimidad, los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reunidos en pleno, en lo referente al alcance del artículo 2°, párrafo primero de la Resolución N° 7-SCDyDC-02, decidimos que es necesario que el precio incluya expresamente el signo monetario ($).
En efecto, la reforma constitucional del año 1994 reconoció en su artículo 42 el derecho sustancial a la información adecuada y veraz para el consumidor o usuario. El artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aseguró a los ciudadanos el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna.
En este marco normativo debe ponderarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, con relación a la interpretación de los contratos de consumo, que "la situación de quien se dedica a comercializar un producto haciendo de ello su profesión no es equiparable a la del comprador profano o a la del consumidor, pues en éstos resulta plausible tutelar el derecho a la información, a raíz de la desigualdad que exhiben en relación a aquel" -conf. "Frigorífico Avícola S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía Secretaría de Estado de Comercio Interior s/ ordinario", 1998, Fallos: 321:3345.
Sobre el punto, se ha sostenido que en materia de información, existe una asimetría entre el nivel cognoscitivo del proveedor y el consumidor o usuario, encontrándose este déficit agravado en cierta categoría de personas que por su edad (niños y ancianos), sector socioeconómico particularmente desinformado o condicionado, por su situación de vulnerabilidad (discapacidad o enfermedad) o por un estado de coyuntural hipo suficiencia (turistas), estos merecen además de una tutela diferenciada, por la que deben especialmente velar las autoridades públicas -conf. Rusconi, Dante; Manual del Derecho del Consumidor, Editorial Abeledo Perrot 2009, p.192.
Debe destacarse también, que la exhibición de precios en otra moneda no inhibe la obligación principal de expresarlos siempre en moneda de curso legal, de donde se infiere que la colocación del signo pesos ($) es indispensable a efectos de no provocar equívocos en los consumidores al momento de identificar la moneda a la que se está refiriendo el precio publicado.

Por unanimidad, los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reunidos en pleno, en lo referente al alcance del artículo 2°, párrafo primero de la Resolución N° 7-SCDyDC-02, decidimos que es necesario que el precio incluya expresamente el signo monetario ($).
En efecto, si bien el texto de la norma no establece en términos literales que los precios deben expresarse en signo "$", lo cierto es que la moneda de curso legal y forzoso de la República Argentina es el peso y que, además, se expresa a través del signo "$".
De modo que la interpretación razonable del mandato normativo y en cumplimiento de su propio texto es que el precio debe indicarse precedido por el signo $.
En tal sentido, cabe señalar que la norma cuestionada exige el precio (o valor nominal de venta) se exprese en pesos y ello sólo es posible mediante el símbolo correspondiente a dicha moneda ($).
Por lado, el fin que persigue la norma es informar del modo más preciso y claro al consumidor, de allí que el cuadro que mejor cumple con ese fin es aquel que indique el monto precedido por el signo pesos, esto es, el tipo de moneda y el valor. Es decir, el deber que impone el articulo 2° de la Resolución N° 7-SCDyDC-02, tiene por objeto garantizarle al consumidor su derecho a ser informado de una de las características esenciales del producto exhibido, en este caso, el valor cierto del precio y es evidente que para cumplir con el objetivo de la norma, no basta con la sola indicación del precio sino que resulta indispensable que junto al valor de venta se exprese de manera clara e inequívoca la moneda correspondiente.
Así pues del análisis literal, teleológico y armónico del artículo 2° del párrafo primero de la Resolución N° 7 -SCDyDC-02, cabe concluir que "'el precio" al que hace alusión esta última debe ser expresado con el símbolo $.

Por unanimidad, los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reunidos en pleno, en lo referente al alcance del artículo 2°, párrafo primero de la Resolución N° 7-SCDyDC-02, decidimos que es necesario que el precio incluya expresamente el signo monetario ($).
En efecto, el precio legal al que se refiere la Resolución N° 7-SCDyDC-02 conforma una unidad conceptual de dos elementos: un número que expresa lo cuantitativo del precio y el signo ($) que le da un sentido monetario específico a ese número. Es la combinación de estos dos elementos lo que deja en claro que el precio del producto es una determinada cantidad de pesos.
No me parece pertinente considerar que el signo monetario "va de suyo" cada vez que se expone un número como valor de un producto.
En realidad, hace explícito diversos aspectos que "van de suyo" es una de las estrategias jurídicas básicas del derecho al consumidor.
Y es que el sistema de protección al consumidor se basa, en lo que respecta a la información, en hacer explícito de forma clara y detallada un sin número de facetas de la práctica comercial a fin de que puedan ser fácilmente accesibles para todos los consumidores y evitar así cualquier tipo de duda a su respecto.
Dicho de otra forma, hacer claramente visible lo implícito de ciertas relaciones sociales es una de las claves jurídicas de la protección del consumidor.
No puedo obviar destacar, al tratar este asunto, la importancia simbólica que tiene hoy en día reafirmar, en las diferentes ramas del derecho, la crucial significación jurídico-política que tiene la existencia de una moneda nacional, en lo términos de los incisos 6, 11 y 19 del articulo 75 de la Constitución Nacional.
Así como no hay un Estado Nacional sin una renta pública, tampoco lo hay sin una moneda también nacional de curso legal emitida por su Banco Central.

Por unanimidad, los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reunidos en pleno, en lo referente al alcance del artículo 2°, párrafo primero de la Resolución N° 7-SCDyDC-02, decidimos que es necesario que el precio incluya expresamente el signo monetario ($).
En relación con la cuestión planteada, como integrante de la Sala Il, he considerado que la falta del signo pesos en el cartel indicador de precios no constituye una infracción a los artículos 2° y 18 de la Resolución N° 7-SCDyDC-02.
Así voté (al adherir al voto del Dr. ESTEBAN CENTANARO en los autos "ESSO Petrolera Argentina SRL e/GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" RDC 2156/0, sentencia del 26 de febrero de 2010), por considerar que de la normativa en análisis no surge qua deba colocarse el signo pesos en el cartel de exhibición de precios, sino solo la obligación de que sea expresado -sin excepción- en moneda de curso legal y forzoso de la República.
Sin embargo, un nuevo análisis de la cuestión me lleva a reflexionar sobre la razonabilidad de la opinión expresada por la mayoría de mis colegas.
En ese sentido, sin perjuicio de advertir que desde un punto de vista estrictamente literal, las diversas interpretaciones señaladas reflejan una racionalidad jurídica equivalente, coincido en que, en la óptica teleológica, la hermética propuesta se condice en mayor medida con la axiología de la Ley N° 24.240.
En efecto, la finalidad de la norma es garantizar al consumidor que será informado del modo más preciso y claro posible. De manera tal que coincido en que el cuadro que mejor satisface esa exigencia es aquel que indique el monto precedido por el signo pesos, esto es, el tipo de moneda y el valor.
Es que lo que en definitiva determina el contenido de la cuestión es la mayor garantía al consumidor, su derecho a ser informado de una de las características esenciales del producto exhibido, que, en el caso, se traduce en el valor cierto del precio. Por ello, concuerdo en que para cumplir con ese objetivo, se requiera junto a la indicación del precio, se exprese de manera clara e inequívoca la moneda correspondiente.

Por unanimidad, los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reunidos en pleno, en lo referente al alcance del artículo 2°, párrafo primero de la Resolución N° 7-SCDyDC-02, decidimos que es necesario que el precio incluya expresamente el signo monetario ($).
En efecto, el deber de informar, ha sido definido como el deber jurídicamente impuesto al sujeto poseedor de la información, en virtud del cual esta constreñido a transmitir a la otra parte de la relación todo aquello que resulte necesario y útil para la toma de decisión respecto del acto de consumo, para evaluar los riesgos propios de la contratación, para optimizar el aprovechamiento de los intereses en juego y para evitar los daños que eventualmente deriven del intercambio de bienes y servicios. Para el operador jurídico, un primer centro de atención viene dado por el momento en que los bienes y servicios se ofrecen al público, donde los empresarios (productores, importadores, distribuidores, etc.) se disponen a atraer y enlazar al consumidor. Es el momento previo a la concreción del acto de consumo propiamente dicho. En esta etapa del intercambio -donde la concreción del negocio es una mera expectativa para el proveedor y una eventualidad para el consumidor, o bien, cuando ya ha comenzado a expresarse un interés particular de las partes por concretar el acto de consumo-, este deber de información se orienta a una finalidad específica y es en función de ésta que habrá de juzgarse el cumplimiento satisfactorio de dicha obligación.
En ese orden de ideas, debe recordarse que, en el ámbito del derecho del consumo se habla de la denominada forma "ad luciditatem" o informativa, cuyo fin es garantizar al contratante más débil que Ilegará a sus manos información suficiente sobre una serie de extremos del contrato que celebra (Diaz Alahart, Silvia, "La forma ad luciditatem en la contratación con consumidores" en Obligaciones y contratos en los abores del SIglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. Roberto M López Cabana, Ameal, Oscar J. (dir.) - Tanzi, Silvia Y. (coord,), p. 635), extremos estos que son variados, dependiendo de cada contrato en particular. Y en distintos casos no solamente en los contratos, sino antes, en la oferta del contrato, o en una información obligatoria previa a la contratación (CENTANARO, ESTEBAN, Contratos - Parte general; Educa, Buenos Aires, 2008, pág 311/312).
Esa información obtenida a través del respeto de esa forma le permite al contratante hacer varias cosas, así, puede contrastar Ias condiciones de su contrato con las que le ofrecen en el mercado otros comerciantes para similares productos o servicios; otorgar un consentimiento lúcido, al saber con exactitud a qué se obliga y cuál es la contrapartida que obtiene, reequilibrar su posición contractual por medio del conocimiento de las disposiciones legales destinadas a protegerlo, disposiciones cuyo contenido se encuentra siempre entre las menciones obligatorias que ha de contener el contrato.
En este contexto, y luego de un nuevo estudio de la cuestión sentenciada en los autos "ESSO Petrolera Argentina SRL c/GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" RDC 2456/0, del 26 de febrero de 2010, considero que corresponde entender que la Resolución N° 7-SCDyDC-02, reglamentaria de la Ley N° 22.802, exige que conste expresamente el signo pesos en el precio, en aras a la claridad que exige la forma "ad luciditatem" que rige los contratos de consumo, como el del caso "sub examen".

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa, en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria por infracción al artículo 7° de la Resolución N° 7/2002 se la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, y de la Ley Nº 22.802 -Lealtad Comercial-.
En efecto, el argumento de la actora conforme el cual sostiene que desconocía la obligación de tener que exhibir en cartel las tarifas telefónicas, será desestimado.
Así, debe recordarse que en el Código Civil de la Nación se estableció la obligatoriedad de las leyes para todos aquellos que habitasen el territorio de la República.
Por otra parte, cuadra señalar que este tema es regido en nuestro sistema jurídico por dos principios, el de obligatoriedad de la ley y el de territorialidad. El principio de obligatoriedad de las normas que integran el ordenamiento jurídico es abarcativo de todas las normas de carácter general dictadas por los órganos competentes.
Por su parte, el principio de territorialidad se vincula con la idea de soberanía del Estado y de ámbito de validez de las normas del ordenamiento.
De este modo, lo establecido en las leyes se aplicará dentro del territorio del Estado, a todos los habitantes, sin distinción (confr. arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa, en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria por infracción al artículo 7° de la Resolución N° 7/2002 se la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, y de la Ley Nº 22.802 -Lealtad Comercial-.
En efecto, el argumento de la actora conforme el cual sostiene que desconocía la obligación de tener que exhibir en cartel las tarifas telefónicas, será desestimado.
Particular relevancia adquiere el principio de “ignorantia juris non excusat” que emana del artículo 20 del Código Civil de la Nación. Se trata de una presunción “juris et de jure” que establece que las normas son obligatorias luego de su publicación. Sería ilógico suponer que todos los ciudadanos conocieran el contenido de la totalidad de las normas pero más irrazonable sería que, por esta razón, aquellas se dejaran de aplicar o se dispensara de su cumplimiento a quien simplemente alegara el error de derecho. Tal supuesto echaría por tierra la vigencia de los principios de obligatoriedad y territorialidad de la ley.
En efecto, la ignorancia sólo serviría de excusa si estuviera expresamente autorizada en la norma (confr. art. 20 "in fine" citado); situación que no se configura en este caso por cuanto no se licenciaba este supuesto en la norma cuyo desconocimiento arguyó la recurrente (confr. Resolución Nº 7/2002 y Ley N° 22.802).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa, en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria por infracción al artículo 7° de la Resolución N° 7/2002 se la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, y de la Ley Nº 22.802 -Lealtad Comercial-.
En efecto, el argumento de la actora conforme el cual sostiene que desconocía la obligación de tener que exhibir en cartel las tarifas telefónicas, será desestimado.
Es que la finalidad perseguida con el dictado de los artículos 42 y 46 de las constituciones Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, ha sido promover la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Por lo tanto, pretender ampararse en el desconocimiento de la norma para violar una garantía constitucional resulta atentatorio de la finalidad tuitiva que se establece en la ley suprema y en las normas dictadas en consecuencia.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que le impuso a la empresa actora una multa de $5.000 por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240 -LDC-, toda vez que no contaba con un menú en sistema Braille.
La Ley N° 66 y su Decreto N° 1.097/05, son claros en cuanto a la obligatoriedad de la exhibición de los productos ofrecidos y sus precios en una carta en sistema Braille para los consumidores no videntes.
Esta obligación se encuentra vinculada con la necesidad de brindar al usuario no vidente la información detallada, veraz y completa sobre el servicio, lo que se relaciona directamente con la protección del consumidor.
A su vez, estas normas se condicen con lo preceptuado en la Constitución Nacional, no solo en la parte que dispone el derecho de los consumidores y usuarios a una información adecuada sino también a condiciones de trato equitativo y digno; al igual que la Constitución local que dispone la Ciudad asegura un trato equitativo y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna.
Para completar el cuadro normativo, corresponde señalar que la regla interpretativa que rige en materia de defensa del consumidor es la que se dispone en el artículo 3° de la Ley.
De modo tal que el conjunto normativo tiende a la protección del consumidor, en el caso, a que con anterioridad a efectuar su elección o compra conozca la variedad de productos disponibles y su precio, lo cual resulta esencial para concretar la operación de que se trata, caso contrario se estaría vulnerando el derecho a la información.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que le impuso a la empresa actora una multa de $5.000 por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240 -LDC-, toda vez que no contaba con un menú en sistema braille.
En efecto, la mera manifestación de la recurrente referida a que la obligación prevista en la Ley N° 66 no habría sido exigida no implica por sí la configuración de un supuesto de desuetudo o desuso derogatorio, puesto que no denota, sin más, la existencia del presupuesto psicológico -requisito este último propio de una costumbre "contra legem"-.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que le impuso a la empresa actora una multa de $5.000 por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240 -LDC-, toda vez que no contaba con un menú en sistema braille.
En efecto, no sirve como dirimente la alegación sobre la reducida cantidad de proveedores de ese servicio que demoró la adquisición de los menúes en Braille a pesar de la buena predisposición de la empresa, pues ello se ponderó en el Decreto Reglamentario N° 1.097/05, para lo cual a efectos de conseguir la implementación del objetivo perseguido por la Ley N° 66 en un plazo real y concreto, se dispuso que los requisitos y características que debían reunir las cartas menú para las personas no videntes entraría en vigencia a los ciento ochenta 180 días contados a partir de la publicación del mentado Decreto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ocurrió el 02/08/05 (BOCBA N°2.245), es decir 9 años antes de que se efectuara la inspección.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que le impuso a la empresa actora una multa de $5.000 por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240 -LDC-, toda vez que no contaba con un menú en sistema braille.
En efecto, no puede excusarse el cumplimiento de la Ley N° 66 en la implementación de un sistema sustituto -en el caso que personal del local auxilie al consumidor no vidente- y sostener con ello que no se perjudicó a ninguno.
Frente a tal comprobación y no hallándose cuestionada la validez del acta mencionada, corresponde a la actora la acreditación de que concurrió alguna causal eximente de su responsabilidad, lo que no se ha conseguido probar en este caso.
Así pues, tal como ha quedado demostrado, el derecho a estar informado que asiste a los usuarios y consumidores no videntes se concreta en el caso bajo estudio con la puesta a disposición de una carta-menú en Braille que le permita conocer la oferta gastronómica del local por sí mismo. La existencia de personal de la empresa para asistirlo, si bien puede resultar un complemento útil, no reemplaza la exigencia de la norma.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que le impuso a la empresa actora una multa de $5.000 por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240 -LDC-, toda vez que no contaba con un menú en sistema braille.
La actora planteó la ilegalidad de la sanción por superar el monto que disponía la Ley N° 66 ante el incumplimiento de lo allí normado.
Ahora bien, la empresa estuvo advertida -desde el comienzo- de la imputación que se efectuaba por la violación a los artículos 4º de la LDC y 1º de la Ley N° 66. No parece, entonces, irrazonable ni exagerada la graduación de la multa impuesta.
No escapa de mí, con referencia al monto de las unidades de multa: ni que la Ley N° 66 establece el tope máximo de 40 unidades de multa y que, al momento de la inspección, la unidad fija era la prevista por la entonces aplicable Ley N° 4242 (publicada en el BOCABA del 12/07/12), ni tampoco que, con posterioridad, el régimen de dicha ley se integró al de faltas (conf. Anexo I, sección 5º, Cap. 1º, Punto 5.1.9).
De todos modos, la aludida integración de las leyes N° 66 y N° 24.240 permiten a la Autoridad de Aplicación graduar las multas integrando, precisamente, los parámetros de ambas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-, y ordenó su publicación en un diario de difusión masiva.
El hecho que motivó la sanción fue la exhibición en góndola de repelentes de mosquitos sin su precio correspondiente.
La actora considera excesivo el rigorismo con el que la Dirección se había desempeñado, desvirtuándose la finalidad perseguida por la ley, ya que eran muchos los clientes que transitaban por la tienda en la que se verificó la falta y ello podía ocasionar que los precios se cayeran o fueran retirados por clientes, siendo repuestos en el momento en que algún empleado se percatara de su ausencia.
En este contexto, es dable señalar que las sanciones que se imponen en las normas que, en este caso, aplicó la Administración tienen carácter punitivo y no reparatorio de un daño, lo que implica que verificada una infracción a la ley corresponde la aplicación de la multa respectiva.
Al respecto, cabe recordar que las infracciones administrativas son formales, por cuanto no requieren que se produzcan un daño concreto para configurar su existencia, sino que basta con que se compruebe la conducta del presunto infractor que contravenga a lo dispuesto en la norma.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-, y ordenó su publicación en un diario de difusión masiva.
El hecho que motivó la sanción fue la exhibición en góndola de repelentes de mosquitos sin su precio correspondiente.
La actora remarcó que el hecho de haberse constatado la falta de precio solo en 11 unidades de un mismo producto, demostraba que lo sucedido no era una práctica habitual tendiente a burlar las disposiciones y los fines impuestos por la ley.
En efecto, carece de importancia la cantidad de unidades en las cuales se constató la falta de exhibición de precios para considerarse configurada la infracción. En todo caso, dicha circunstancia podría ser tenida en cuenta al momento de graduarse la sanción, pero en forma alguna puede importar su inexistencia.
En este punto, es dable recordar que la Ley N° 4.827 tiende a asegurar la correcta exhibición de precios y condiciones de comercialización, complementando a la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial.
Integra de esta forma el bloque normativo protector de los derechos de los consumidores, ya que, en definitiva intenta garantizar al consumidor su derecho a ser informado de manera clara y precisa sobre los productos y servicios que se ofrecen.
Habida cuenta de ello, la recurrente no logró demostrar haber cumplido con las exigencias de la Ley N° 4.827, reconociendo, inclusive, las circunstancias verificadas en el acta que dio origen a este procedimiento.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-, y ordenó su publicación en un diario de difusión masiva.
El hecho que motivó la sanción fue la exhibición en góndola de repelentes de mosquitos sin su precio correspondiente.
La actora considera que existe una redundancia en la imputación que le fue formulada.
Al respecto, de la lectura de los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827, puede concluirse en que cada uno de ellos regula distintas formas en la que debe cumplirse el deber de exhibir los precios, sin que pueda otorgarse a alguno de ellos el carácter de norma general y a otro el de específica.
Así, mientras en el artículo 2° se establece la moneda en la que deben expresarse los precios, en el artículo 4° se determina la obligación de fijarlos por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Por su parte, en el artículo 5° se ordena que la exhibición se haga sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público, si se trata de bienes muebles.
Todas ellas son las formas requeridas en la ley citada para el cumplimiento de la obligación de exhibir los precios, contemplada en su artículo 1°. Ello, en consonancia con la Ley N° 22.802, de Lealtad Comercial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-, y ordenó su publicación en un diario de difusión masiva.
El hecho que motivó la sanción fue la exhibición en góndola de repelentes de mosquitos sin su precio correspondiente.
La actora se quejó por cuanto en la resolución impugnada se tuvo en cuenta la naturaleza del producto al momento de establecer el monto de la sanción.
Ahora bien, la situación de preocupación sanitaria por la propagación de la enfermedad del Dengue y virus Zika (reconocida por la recurrente), y el estado de desprotección de los consumidores ante posibles abusos en los precios, integran “las demás circunstancias relevantes del hecho” descriptas en el artículo 16 de la Ley N° 757.
Por lo demás, la zona geográfica en la que se sitúa el local se encuentra prevista en la normativa a los fines de evaluar “la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización” (art. 16, inc. e), mientras que la cuantía del perjuicio obtenido se encuentra prevista como parámetro para la graduación de la sanción, conforme se encuentra establecido en el inciso a) del artículo referido.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-, y ordenó su publicación en un diario de difusión masiva.
El hecho que motivó la sanción fue la exhibición en góndola de repelentes de mosquitos sin su precio correspondiente.
En virtud de las normas en las cuales se basó la Dirección para dictar la resolución cuestionada, estimo que la sanción no resulta desproporcionada, toda vez que se encuentra dentro los mínimos y máximos fijados en la Ley N° 4.827, la Ley N° 22.802, la Ley N° 757, y la Ley N° 24.240, y no ha sido demostrado cuál es el motivo que la torna irrazonable.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa una sanción pecuniaria, por la infracción al artículo 9° de la Ley Nº 22.802.
En efecto, corresponde analizar en primer término el agravio referido a la infracción al artículo mencionado.
Adelanto que el agravio no tendrá favorable acogida. De las constancias obrantes en autos surge expresamente la diferencia de precio de determinados productos, resultante de la comparación entre el valor presentado en la góndola y el efectivamente facturado en la línea de cajas. En efecto, en el Acta de Infracción y la documental respaldatoria se advierten discrepancias en los precios.
En este sentido, y más allá de la interpretación que realiza la parte actora en su recurso, lo cierto es que, a mi entender, el supuesto de autos se encuadra en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 22.802. De este modo, la presentación inexacta del precio de ciertos productos en la góndola en relación con el precio de caja –tal como fue acreditado– conlleva, cuando menos y de modo indefectible, a error en los términos en los cuales el consumidor entiende que se llevará a cabo la relación de consumo, los cuales resultarán, pues, sustancialmente diferentes.
Así los hechos, teniendo en cuenta la protección constitucional del consumidor en materia de acceso a la información adecuada y toda vez que la defensa opuesta se limitó, simplemente, a argumentar respecto de la inaplicabilidad de la norma en cuestión y aducir que las discrepancias fueron producto de errores cometidos por los operarios.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827.
De las constancias obrantes en autos surge expresamente la omisión en la exhibición de precios de una serie de productos, en evidente contradicción a lo establecido normativamente.
En efecto, en el Acta de Infracción y la documental respaldatoria se advierte el detalle de los dieciocho (18) productos puestos a disposición del consumidor sin la debida exhibición de su correspondiente precio. En tal sentido, cabe señalar que, a diferencia de lo señalado por la recurrente, no se trata, como afirmó, de dieciocho unidades de la misma marca sino de productos diferentes y de marcas distintas.
A su vez, la parte actora se limitó a aducir que los precios pueden caerse o desprenderse producto del tránsito de los consumidores pero no arrimó prueba alguna o esbozó argumento que respalde tal aseveración o permita desvirtuar lo evidenciado por el acta de infracción mencionada.
En este sentido, y más allá de la interpretación que realiza la parte actora en su recurso sobre la redundancia de la imputación, lo cierto es que, a mi entender, los hechos analizados en autos encuadran en los términos de los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley Nº 4.827. De este modo, la omisión en la presentación del precio de ciertos productos en la góndola en las condiciones exigidas por la ley –tal como fue acreditado– conlleva, cuando menos y de modo indefectible, a incertidumbre en los términos en los cuales se llevará a cabo la relación de consumo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802 (de Lealtad Comercial).
Al respecto, tengo para mí que mediante el acta de inspección se comprobó que, en el establecimiento en cuestión, una serie de productos exhibían en góndola precios distintos a los que con posterioridad eran efectivamente facturados en la línea de cajas.
En consecuencia, no es posible compartir la interpretación que efectúa la empresa denunciada, en tanto no escapa de mí que esta presentación inexacta de precios en la que incurrió, implica necesariamente la posibilidad de que un consumidor sea inducido a error, engaño o confusión en la adquisición de mercaderías, lo que claramente se enmarca en lo previsto por el artículo 9° de la ley citada.
A mayor abundamiento, aun cuando lo anterior no alcance a endilgar de responsabilidad a la recurrente, lo cierto es que esta no aportó elementos probatorios que permitan desvirtuar lo anteriormente señalado, sino que se limitó simplemente a argumentar la inaplicabilidad de la norma en crisis.
En consecuencia, y dado el especial carácter protectorio que posee el régimen constitucional del consumidor corresponde rechazar el agravio aquí examinado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, la sancionada reconoció que el producto que comercializa presentó una diferencia perjudicial para los consumidores entre el precio exhibido en la góndola y el informado en la caja registradora.
Ello así, la presentación errónea del precio del producto pudo, indefectiblemente, “inducir a error, engaño o confusión” a los consumidores (art. 9° de la ley N° 22.802).
Por lo expuesto, al no encontrarse controvertida la materialidad de la conducta imputada en la disposición atacada, y toda vez que el recurrente no logró demostrar que la autoridad de aplicación hubiera efectuado una aplicación incorrecta de las normas aplicables, corresponde la solución antedicha.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor en virtud de la cual se impuso a la actora una multa de $30.000, por infracción al artículo 9 de la Ley N° 22.802.
La recurrente se agravia por cuanto considera que el mencionado artículo es inaplicable al caso dado que versa sobre publicidad y promoción mediante premios.
Ahora bien, de las constancias obrantes en autos surge expresamente la diferencia de precio de determinados productos, resultante de la comparación entre el valor presentado en la góndola y el efectivamente facturado en la línea de cajas.
En este sentido, y más allá de la interpretación que realiza la parte actora en su recurso, lo cierto es que, a mi entender, el supuesto de autos se encuadra en los términos del artículo 9° de la Ley Nº 22.802. De este modo, la presentación inexacta del precio de ciertos productos en la góndola en relación con el precio de caja –tal como fue acreditado– conlleva, cuando menos y de modo indefectible, a error en los términos en los cuales el consumidor entiende que se llevará a cabo la relación de consumo, los cuales resultarán, pues, sustancialmente diferentes.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor en virtud de la cual se impuso a la actora una multa de $ 30.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
La recurrente se agravia por el "quantum" de la sanción aplicada.
Ahora bien, cabe recordar que cuando la Administración impone una sanción en los términos del inciso a) del artículo 18 de la Ley Nº 22.802, debe considerar los supuestos contemplados en el artículo 49 de la Ley Nº 24.240, además de los establecidos en el artículo 19 de la Ley Nº 757, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso.
En este contexto, además, es preciso contemplar que para que el particular pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada es necesario que el órgano administrativo explicite cuáles han sido los antecedentes y las razones que, en el caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. Esto no es sino una aplicación particular del requisito de motivación que deben cumplir los actos administrativos.
En el caso, la Administración –entre los considerandos de la disposición sancionatoria impugnada– consideró a los efectos de la graduación del monto de la multa, el incumplimiento constatado, la posición en el mercado de la sumariada, la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta, y la zona geográfica en la que se sitúa el comercio.
En tales términos, la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De modo que, no puede deducirse que la autoridad de aplicación hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción de multa a la empresa actora, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827, que regula la exhibición y publicidad voluntaria de precios en la Ciudad de Buenos Aires.
Ello así, en cuanto al agravio referido a la supuesta “redundancia de la imputación”, la recurrente sostiene que, en atención al incumplimiento constatado, la autoridad administrativa tan sólo debería haberle imputado la falta relativa al artículo 4° de la ley ya que, a su criterio, no deberían resultar aplicables al caso, ni el artículo 2° ni el 5° de la referida norma.
Ahora bien, en el articulado de la norma precitada es posible identificar claramente tres obligaciones distintas en relación a la exhibición de precios: la obligación general de exhibir los precios (artículo 4°), el deber de expresarlos en moneda de curso legal (artículo 2°) y, para el caso de bienes muebles, de exhibir su valor sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería (artículo 5°).
Entre estas tres obligaciones no existe una relación de género y especie, por eso, la aplicación de una multa por infringir los tres deberes, no constituye una imputación redundante.
En este caso, se vieron incumplidas todas estas obligaciones por la ausencia total del valor de los productos ofrecidos, cuestión que la compañía debería haber tenido en cuenta al momento de controlar la mercadería puesta en venta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria, por infracción a los artículos 2° y 5° de la Resolución N° 7/SCDyDC/02, atento a que no se exhibían algunos precios.
Con relación a la supuesta falta de notificación del alcance de la imputación y el plazo para presentar su descargo, cabe resaltar que las actas labradas por los inspectores constituyen prueba suficiente de lo que en ellas se afirma, salvo que sean desvirtuadas por otras pruebas (cf. arts. 17, inc. d, Ley N° 22.802 y 12, inc. e, Ley N° 757). A tal fin, la parte actora solo ofreció el testimonio de la empleada del local, quien aseguró no tener conocimiento de inspección alguna, y de la propia firmante del acta, quien ya no trabajaría en el negocio, y que expresó que no recordaba haber visto que se entregue algún papel al encargado o al dueño del local. Los testimonios son vagos, insuficientes para refutar los términos del acta. En particular, es llamativo que no se haya dado oportunidad a la testigo de negar haber recibido copia del acta, o al menos explicar quiénes se encontraban en el local entonces o en qué circunstancias la inspectora le requirió su identificación.

En el caso, corresponde reducir la sanción de multa impuesta por la Administración a la empresa actora por infracción a los artículos 2° y 5° de la Resolución N° 7/SCDyDC/02, atento a que no se exhibían algunos precios.
La facultad de graduación de la multa entre el mínimo y el máximo previsto en la ley no escapa al control de razonabilidad de los actos de la Administración Pública, incluso cuando se trata de facultades discrecionales (doctrina de Fallos, 313:153 entre otros). En modo alguno la discrecionalidad implica una libertad de apreciación extralegal que obste a la revisión judicial de la proporción o ajuste de la alternativa punitiva elegida por la autoridad respecto de las circunstancias comprobadas, de acuerdo con la finalidad de la ley (Fallos, 329:3617).
En cuanto a la exigencia de motivación del acto administrativo, conviene recordar que en el ámbito de las facultades discrecionales de la Administración es donde aquel requisito deviene imprescindible y que, si bien no existen formas rígidas para su cumplimiento, estas deben adecuarse a su índole particular (Fallos, 324:1860 y 329:4577, entre otros), lo que excluye fórmulas carentes de contenido o expresiones de manifiesta generalidad. En la disposición cuestionada, la Administración precisó los elementos considerados a efectos de tener por probada la infracción, pero al graduar la sanción solo afirmó que la empresa no era reincidente y que estimaba “… el incumplimiento constatado, la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta, la posición en el mercado de la infractora, siendo relevante a los fines de su determinación la zona geográfica en la que se sitúa el comercio…”. Según las constancias de autos se trata de una sociedad que explotaba un local en una zona comercial transitada, pero que dista de ser una de las principales de la Ciudad, y no hay elementos en el texto de la resolución que permitan intuir a qué se refiere el funcionario al aludir a la posición en el mercado de la sociedad. En este contexto, la vaguedad del argumento de la Dirección impide acordar en la razonabilidad de la multa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora, por infracción a los artículos 5° y 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, cabe poner de resalto que la recurrente no se agravió específicamente de la aplicación del artículo 5° de la ley, sino solamente de la del artículo 9°. En consecuencia, corresponde determinar si, en el caso bajo análisis, aquella infringió lo dispuesto en esta última norma.
Al respecto, la empresa aduce que esta última norma no resulta aplicable a su conducta porque exige que se trate de una publicidad o de una promoción donde se ofrezca algún tipo de premio y que haya dolo en la conducta del agente, hipótesis éstas que no tienen lugar en el caso.
Sin embargo, considero que el hecho de que la empresa haya exhibido en góndolas productos con precios diferentes –particularmente, inferiores- de los estipulados en la línea de cajas, resulta suficiente para encuadrar su conducta en lo dispuesto por la norma mencionada. Es que, en lo pertinente, la norma en cuestión prohíbe “…la realización de cualquier clase de presentación […] que mediante inexactitudes […] pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de[l] […] precio […] de bienes muebles…”. En efecto, sin hesitación alguna, los productos en cuestión son “bienes muebles”, su exhibición en góndolas es una “clase de presentación”, y la diferencia entre el precio allí exhibido y el estipulado en la línea de cajas constituye una “inexactitud” que, especialmente cuando el precio de góndola es menor al de caja –como sucede en el caso- “pued[e] inducir a error, engaño o confusión respecto de[l] […] precio”.
Un temperamento similar ha sido adoptado por las otras Salas de esta Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario en casos análogos al que nos ocupa (Sala II, “Jumbo Retail Argentina SA c/ GCBA”, Exp. D3214/2016-0, 22-03-2018; Sala I, “INC S.A. c/ Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y otros”, Exp. D2528/2016-0, 28-02-2018; entre otros).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora, por infracción a los artículos 5° y 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, cabe poner de resalto que la recurrente no se agravió específicamente de la aplicación del artículo 5° de la ley, sino solamente de la del artículo 9°. En consecuencia, corresponde determinar si, en el caso bajo análisis, aquella infringió lo dispuesto en esta última norma.
Al respecto, la empresa aduce que esta última norma no resulta aplicable a su conducta porque exige que se trate de una publicidad o de una promoción donde se ofrezca algún tipo de premio y que haya dolo en la conducta del agente, hipótesis éstas que no tienen lugar en el caso.
En cuanto a la alegada exigencia de dolo en el obrar, esta Sala tiene dicho sobre la infracción prevista en el artículo 9° de la ley que “para que se verifique la infracción imputada en esta causa, no se exige que quien ofrece un servicio o producto tenga la intención de incumplir deliberadamente con las formas exigidas por las normas, pues basta solo con realizar de forma descuidada su tarea, a la luz de los deberes que la ley fija para equilibrar la relación de consumo. En definitiva, se está ante ilícitos que sólo exigen un obrar culposo, donde resulta claro que aquél que realiza la acción prohibida no tiene, para decirlo de forma sencilla, una ‘voluntad maliciosa’" (cfr. voto del doctor Centanaro, al que adherí, "in re" “Metronec S.A. c/ GCBA”, Exp. RDC 3235/0, sent. 08/04/2016; con cita del fallo de la Sala I "in re" "Día Argentina S.A. c/ GCBA”, Exp. RDC 482, sent. 18/10/2004).
A mayor abundamiento, cabe destacar que en el caso se encuentran en juego diversos derechos de los usuarios y consumidores, de raigambre constitucional, tales como el derecho a la protección de sus intereses económicos, a una información, transparente, adecuada, veraz y oportuna, y a la libertad de elección (arts. 42 de la Constitución Nacional y 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que resultan indubitablemente lesionados al exhibirse en las góndolas productos con precios inferiores a los estipulados en la línea de cajas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora, por infracción a los artículos 5° y 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, corresponde determinar si la sanción impuesta resulta excesiva o desproporcionada. Considero que no, por los siguientes motivos.
Por un lado, la Administración graduó la sanción impuesta teniendo en cuenta el incumplimiento constatado, la posición en el mercado de la sumariada y la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta, todas ellas pautas expresamente contempladas en el artículo 16 de la Ley N° 757 (actual art. 19, conforme texto consolidado Ley N° 6.017), invocado por aquella. Además, para determinar esas pautas consideró como un factor relevante la zona geográfica en la que se sitúa el comercio. Considerando tales criterios, el monto de la multa impuesta ($ 20.000) no luce como excesivo.
La circunstancia de que se haya tratado sólo de “algunos productos” no enerva el temperamento precedentemente expuesto, pues para que se configure la infracción, alcanza con que se trate de un solo producto. Por consiguiente, al haber más de un producto involucrado, el incumplimiento constatado y la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta son mayores. Ello, sin perjuicio de destacar que la cantidad de productos en infracción no determina por sí sólo el grado de perjuicio potencial para los consumidores, pues éste depende también de la posición de la empresa en el mercado, pauta que fue invocada por la autoridad administrativa para graduar la sanción.
En este marco, considerando que la graduación de las sanciones es una facultad que compete, en principio, a la Administración, puesto que no noto que exista una irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta ni el alegado carácter excesivo o desproporcionado, estimo que corresponde confirmar el monto de la multa impuesta en la disposición recurrida.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora, por infracción a los artículos 5° y 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, corresponde determinar si la sanción impuesta resulta excesiva o desproporcionada. Considero que no, por los siguientes motivos.
Por un lado, la Administración graduó la sanción impuesta teniendo en cuenta el incumplimiento constatado, la posición en el mercado de la sumariada y la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta, todas ellas pautas expresamente contempladas en el artículo 16 de la Ley N° 757 (actual art. 19, conforme texto consolidado Ley N° 6.017), invocado por aquella. Además, para determinar esas pautas consideró como un factor relevante la zona geográfica en la que se sitúa el comercio. Considerando tales criterios, el monto de la multa impuesta ($ 20.000) no luce como excesivo.
Ello así, el monto de la multa se encuentra considerablemente más próximo al mínimo previsto en el artículo 18 de la Ley N° 22.802 (sustituido por art. 62 ley N° 26.993, B.O. 19/09/2014) (de $ 500) que al máximo que prevé dicha norma ($ 5.000.000). En vista de ello, el argumento de la empresa referido a su carácter de no reincidente no es una razón de peso para conmover lo dicho hasta aquí; máxime desde que, en caso de reincidencia, el artículo 19 de la misma ley agrava la sanción duplicando la escala tanto en el mínimo como en el máximo.
En este marco, considerando que la graduación de las sanciones es una facultad que compete, en principio, a la Administración, puesto que no noto que exista una irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta ni el alegado carácter excesivo o desproporcionado, estimo que corresponde confirmar el monto de la multa impuesta en la disposición recurrida.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4827.
En efecto, la actora argumenta que la disposición impugnada adolece de un vicio en su causa, en tanto no referencia adecuadamente sus antecedentes de hecho. Añade que los clientes del local suelen desplazar la etiqueta de los precios, resultando imposible corregir este defecto de inmediato, dada la enorme cantidad de productos en exhibición.
Estas alegaciones no bastan, sin embargo, para apartarse de la valoración oportunamente efectuada por la Administración. La empresa debe asegurarse de que todos los productos comercializados en su establecimiento tengan siempre el precio a la vista, conforme a la normativa vigente (cfr. mi voto en “COTO Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, expte. RDC 657/0, sentencia de 16/05/2006, Sala II). Además, no resulta convincente la explicación dada por la empresa –arguyendo que las obleas fueron corridas por la mano de los mismos clientes–, especialmente si se considera que la ausencia de precios detectada por los inspectores comprendía, no productos pequeños y fáciles de mover sobre los estantes, sino treinta y cinco microondas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4827.
En efecto, la actora se agravia porque la disposición no hace alusión a los elementos de hecho y derecho que la motivan, ni especifica el bien jurídico afectado por la violación imputada.
Entiendo que el acto se encuentra adecuadamente motivado. Además de mencionar la conducta imputada a la sancionada y la normativa infringida, esto es, los artículos citados, la disposición aclara que la infracción es de naturaleza culposa, debiendo haber adoptado la sumariada todas las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos de la ley vigente; rechaza la aplicabilidad de la doctrina de la bagatela y recalca la importancia del deber de información para la defensa del consumidor, a fin de evitar que se lo induzca a error o engaño.
El cuestionamiento relativo a la falta de afectación al bien jurídico tutelado por las Leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial no puede tener recepción favorable, en tanto la infracción endilgada es de carácter formal, por lo que se configura con la sola violación de la norma, sin necesidad de probar un perjuicio concreto sobre consumidores individualizados (cfr. mi voto en “Arcos Dorados S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, sentencia de 2/12/2008, expte. RDC 2147/0, Sala II).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto sin su precio correspondiente.
La actora se agravia por cuanto considera que ningún particular sufrió error, engaño o confusión y mucho menos perjuicio.
En este contexto, es dable señalar que las sanciones que se imponen en las normas que, en este caso, aplicó la Administración tienen carácter punitivo y no reparatorio de un daño, lo que implica que verificada una infracción a la ley corresponde la aplicación de la multa respectiva.
Al respecto, cabe recordar que las infracciones administrativas son formales, por cuanto no requieren que se produzcan un daño concreto para configurar su existencia, sino que basta con que se compruebe la conducta del presunto infractor que contravenga a lo dispuesto en la norma.
Lo expuesto permite concluir en que carece de importancia la cantidad de unidades en las cuales se constató la falta de exhibición de precios para considerarse configurada la infracción. En todo caso, dicha circunstancia podría ser tenida en cuenta al momento de graduarse la sanción, pero en forma alguna puede importar su inexistencia.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto, sin su precio correspondiente.
La actora se agravia por cuanto considera que ningún particular sufrió error, engaño o confusión y mucho menos perjuicio.
Ahora bien, sólo corresponde analizar si existió o no, infracción a las leyes que protegen al consumidor, independientemente del perjuicio producido por su violación. En este sentido, se ha considerado que “Lo que sanciona la Ley de Defensa del Consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario- consumidor. Se trata de infracciones formales donde la verificación de tales hechos, hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley...” (cfr. “CAPESA S.A.I.C.F.I.M c/Sec. de Com. e inv.”, C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, 18/12/97).
Habida cuenta de ello, la recurrente no logró demostrar haber cumplido con las exigencias tanto de la Ley N° 4.827 como de la Ley N° 22.802, reconociendo, inclusive, las circunstancias verificadas en el acta que dio origen a este procedimiento.
En esa línea de ideas, si la recurrente pretendía desacreditar el contenido del acto administrativo en virtud del cual fue sancionada, por cuanto entendió que el acta de constatación no hacía prueba adecuada de los hechos que habían sido constatados, debió ofrecer la prueba pertinente a los fines de desvirtuar la presunción de validez del acta referida (conf. art. 301, del CCAyT).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto, sin su precio correspondiente.
La actora considera que existe una redundancia en la imputación que le fue formulada.
Al respecto, de la lectura de los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827, puede concluirse en que cada uno de ellos regula distintas formas en la que debe cumplirse el deber de exhibir los precios, sin que pueda otorgarse a alguno de ellos el carácter de norma general y a otro el de específica.
Así, mientras en el artículo 2° se establece la moneda en la que deben expresarse los precios, en el artículo 4° se determina la obligación de fijarlos por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Por su parte, en el artículo 5° se ordena que la exhibición se haga sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público, si se trata de bienes muebles.
Todas ellas son las formas requeridas en la ley citada para el cumplimiento de la obligación de exhibir los precios, contemplada en su artículo 1°. Ello, en consonancia con la Ley N° 22.802, de Lealtad Comercial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto sin su precio correspondiente.
La actora se agravia por cuanto considera que ningún particular sufrió error, engaño o confusión y mucho menos perjuicio.
Encuentro interesante, destacar sobre el punto lo expresado al respecto por Comadira, quien ha entendido que “[e]l fin al cual debe propender todo acto administrativo en tanto acto estatal es el bien común, considerado no como una simple suma de intereses individuales coincidentes, sino como un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones e individuos el logro más pleno y más fácil de su propia perfección” (Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada, Tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2007, p. 205).
Pues bien, entiendo que el razonamiento de la empresa no resulta ser acertado, toda vez que el acto administrativo dictado resulta ser la consecuencia de una inspección llevada a cabo por personal de la Administración en el uso de sus facultades de control y fiscalización, conferidas por los artículos 13, 14, 17 y concordantes de la Ley N° 22.208.
Así las cosas, encuentro que lo esgrimido por la recurrente no encuentra asidero jurídico alguno, a causa de que la multa impuesta justamente lo que busca es sancionar al comerciante o al prestador del servicio por la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto sin su precio correspondiente.
La actora se agravia de la graduación de la multa impuesta.
Al respecto, en concordancia con lo resuelto en los autos “Inc SA c/ GCBA s/Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, EXP 2552/2016-0 del 31/07/17 –voto del Dr. Fernando E. Juan Lima, al cual adherí–, corresponde recordar que, en virtud del poder disciplinario propio de la Administración, la gravedad de las faltas cometidas en materia de apreciación discrecional, así como también la graduación de actos administrativos dictados en ejercicio de facultades disciplinarias, se limitan a controlar la legitimidad del comportamiento de la Administración dentro del orden jurídico y, en tanto no surja de la relación de proporción directa entre la sanción y la falta imputada una clara y manifiesta irrazonabilidad por parte de la autoridad de aplicación, estas decisiones no son modificables (conf. C.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala IV, “Pugente, José c/ Estado Nacional” 16/03/83 y 10/03/87, “Korb, Hector Orlando y otro”, Sala III, 04/10/88, “Vacchina, Oscar Armando”; Sala II, 03/06/99, “Elías, Enrique c/ Facultad de Agronomía, LL Supl. Jur. Derecho Administrativo 03/07/00).
Ahora bien, conforme a la naturaleza del caso, el marco normativo sobre el cual se basó la Administración para fijar la multa cuestionada, está compuesto por el artículo 16 de la Ley N° 757 (actual art. 19, conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y por los artículos 18 y 19 de la Ley N° 22.802.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto sin su precio correspondiente.
La actora se quejó por cuanto en la resolución impugnada se tuvo en cuenta la naturaleza del producto al momento de establecer el monto de la sanción.
Ahora bien, la situación de preocupación sanitaria por la propagación de la enfermedad del Dengue y virus Zika (reconocida por la recurrente), y el estado de desprotección de los consumidores ante posibles abusos en los precios, integran “las demás circunstancias relevantes del hecho” descriptas en el artículo 16 de la Ley N° 757 (actual art. 19, conforme texto ordenado Ley N° 6.017).
Por lo demás, la zona geográfica en la que se sitúa el local se encuentra prevista en la normativa a los fines de evaluar “la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización” (art. 16, inc. e -actual art. 19, conforme texto ordenado Ley N° 6.017-), mientras que la cuantía del perjuicio obtenido se encuentra prevista como parámetro para la graduación de la sanción, conforme se encuentra establecido en el inciso a) del artículo referido.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto sin su precio correspondiente.
En virtud de las normas en las cuales se basó la Dirección para dictar la resolución cuestionada, estimo que la sanción no resulta desproporcionada, toda vez que se encuentra dentro los mínimos y máximos fijados en la Ley N° 4.827, la Ley N° 22.802, la Ley N° 757, y la Ley N° 24.240, y no ha sido demostrado cuál es el motivo que la torna irrazonable.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $65.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 22.802, y los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Los hechos que motivaron la sanción fueron: 1.- La exhibición en góndola de repelente de mosquitos con un precio diferente al de los exhibidos en el sector cajas; 2.- La exhibición en góndola de artefactos para repeler mosquitos con repuesto, sin su precio correspondiente.
La actora considera que existe una redundancia en la imputación que le fue formulada. Sostuvo que el incumplimiento en juego queda subsumido dentro de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 4.827 -y no así en los artículos 2º y 5º de esa norma-.
Aun cuando le asiste razón a la parte actora respecto a que, frente a la omisión involucrada, resultan redundantes los artículos citados en el acta de inspección, en la imputación oportunamente formulada, así como en la disposición objetada en autos, lo cierto es que tal circunstancia, bajo las particularidades de autos, no acarrea la nulidad perseguida por aquella parte.
En efecto, el agravio de la accionante pierde virtualidad en tanto esa parte no logró demostrar que la sanción aplicada requiera la configuración de tres infracciones independientes. En otras palabras, no se encuentra probado en autos que la redundancia en la normativa que la Administración entendió infringida acarree la invalidez de la multa.
Ello así, la recurrente soslayó señalar cuál sería el perjuicio concreto que la modalidad utilizada para la individualización de las normas vulneradas -y no así en la conducta reprochada- le causaría e identificar las defensas que se habría visto privada de articular y cómo aquellas habrían incidido en la solución del caso (cf. Tribunal Superior de Justicia, en lo pertinente, en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. Nº12867/15 y su acumulado “Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros. rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.”, expte. Nº12644/15, sentencia del 14/06/17).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
La empresa actora se queja por la aplicación del artículo 9º a la conducta sancionada, considerando que su accionar no encuadra dentro dicha norma atento que solamente regularía la publicidad engañosa lo que no constituiría un presupuesto de hecho de estas actuaciones.
El agravio no tendrá favorable acogida.
En efecto, conforme el Acta de Inspección se comprobó que en el establecimiento en cuestión una serie de productos exhibían en góndola precios distintos a los que con posterioridad eran efectivamente facturados en la línea de cajas.
En esa línea, el artículo 9° en cuestión tipifica conductas formales de deslealtad que tienden a falsear el contenido de una información para provocar error, engaño o confusión. La norma no comprende únicamente la publicidad engañosa sino que abarca asimismo otros comportamientos que persigan inducir a error a las potenciales interesados en adquirir un determinado producto o utilizar ciertos servicios. A tal fin lo que se prohíbe es la realización de “…cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda…”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
La empresa actora se queja por la aplicación del artículo 9º a la conducta sancionada, considerando que su accionar no encuadra dentro dicha norma atento que solamente regularía la publicidad engañosa lo que no constituiría un presupuesto de hecho de estas actuaciones.
Ahora bien, no es posible compartir la interpretación que efectúa la empresa denunciada, en tanto entiendo que la presentación inexacta de precios en la que incurrió (precio de algunos productos en góndola distinto al que se factura en caja) –circunstancia que no fue desconocida por la recurrente–, implica necesariamente la posibilidad de que un consumidor sea inducido a error, engaño o confusión en la adquisición de mercaderías, lo que claramente se enmarca en lo previsto por el artículo 9º de la Ley N° 22.802.
A mayor abundamiento, destaco que la recurrente, no ha aportado elementos probatorios que permitan desvirtuar lo anteriormente señalado, sino que se limitó simplemente a argumentar la inaplicabilidad de la norma en crisis.
Así los hechos y teniendo en cuenta la protección constitucional del consumidor en materia de acceso a la información adecuada, entiendo que corresponde desestimar el presente agravio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria de $40.000 a la empresa actora, por infracción a los artículos 5° y 9° de la Ley N° 22.802.
La empresa actora se agravia por cuanto considera que el monto de la multa resultó un ejercicio arbitrario de las potestades sancionatorias por parte de la autoridad administrativa.
Al respecto es dable recordar que el infractor a la Ley N° 22.802 se hace pasible de las sanciones previstas en su artículo 18. Ahora bien, a efectos de considerar la motivación del valor de la multa, cabe tener presente la norma referida no establece criterios para graduar la sanción de multa prevista en el inciso a) del artículo 18.
Sin embargo, es preciso recordar que dicha norma conforma un sistema protector del consumidor en conjunción con las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, tal como surge del artículo 3° de esta última, cuya función integradora configura este sistema general protectorio.
Por ello, cuando la Administración impone una sanción en los términos del inciso a) del artículo 18 de la Ley N° 22.802, debe considerar los supuestos contemplados en el artículo 49 de la Ley N° 24.240, en concordancia con los establecidos en el artículo 19 de la Ley N° 757, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una sanción pecuniaria de $40.000 a la empresa actora, por infracción a los artículos 5° y 9° de la Ley N° 22.802.
La empresa actora se agravia por cuanto considera que el monto de la multa resultó un ejercicio arbitrario de las potestades sancionatorias por parte de la autoridad administrativa.
Al respecto, es preciso contemplar que para que el particular pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada es necesario que el órgano administrativo explicite cuáles han sido los antecedentes y las razones que, en el caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. Esto no es sino una aplicación particular del requisito de motivación que deben cumplir los actos administrativos y que, en el ámbito local, se encuentra previsto expresamente en el inciso “e” del artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto N° 1510/1997-.
En tales términos, la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De acuerdo a lo expuesto, no puede deducirse que la autoridad de aplicación hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada.
Por otro lado, debe tenerse en consideración que la parte actora no explicó por qué razón el valor de la sanción resultaría desproporcionado a la infracción, ni manifestó por qué motivo resultaría elevado –máxime, teniendo en cuenta que la multa en cuestión se halla mucho más cerca del mínimo que del máximo dentro de los montos establecidos por el inciso a) del artículo 18 de la Ley N° 22.802, que fija la escala desde $500 a $5.000.000.
De acuerdo con lo expresado, no se observa que la graduación de la sanción no se encuentre debidamente motivada, pues el monto fue determinado –conforme sus fundamentos– de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico aplicable al caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa una sanción pecuniaria de $50.000, por infracción al artículo 4° de de la Ley N° 24.240.
En efecto, el denunciante explicó que había comprado dos teléfonos celulares a la recurrente por internet. Sin embargo, la operación fue cancelada unilateralmente por parte del proveedor.
Según expresa el denunciante, la empresa “… súbitamente canceló las compras (…) sin que esto sea solicitado por mí, sin argumentar ninguna razón aparente más que cambiar el precio de venta e incluso teniendo stock en las sucursales previo a la compra y posteriormente también”.
Esta afirmación se ve corroborada por la impresión del correo electrónico, en el cual la firma se limita a comunicar que la “compra fue revertida exitosamente” y a identificar los datos de la anulación.
Sólo después de formulada la denuncia, en oportunidad de realizar su descargo, la empresa adujo la existencia de un error en la publicación, que indicaba un precio irrisorio en comparación con el precio real de los bienes ofertados.
Sin embargo, aun si por hipótesis se admitiera que el error así configurado pudo justificar que la operación fuese “revertida”, ello de ningún modo releva al proveedor de brindar información adecuada al consumidor sobre las circunstancias que justificarían esa decisión. Máxime cuando el consumidor ya había manifestado su voluntad de adquirir los productos e incluso había suministrado los datos de su tarjeta de crédito y comunicado los términos en que realizaría el pago. Cabe señalar, asimismo, que conforme el artículo 7º de la ley bajo estudio, “la no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta …”.
De hecho, la propia recurrente reconoce que “las condiciones de comercialización” se encuentran comprendidas por el deber de información establecido en el artículo 4º mencionado.
En este marco, resulta evidente que, al tomar unilateralmente la decisión de dejar sin efecto la operación, la empresa debió –cuando menos– informar al consumidor las razones excepcionales –un error a ella imputable– que, según la proveedora, justificaban ese proceder excepcional.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa una sanción pecuniaria de $50.000, por infracción al artículo 4° de de la Ley N° 24.240.
En efecto, el denunciante había comprado dos teléfonos celulares a la recurrente por internet. Sin embargo, la operación fue cancelada unilateralmente por parte del proveedor.
Según expresa el denunciante, la empresa “… súbitamente canceló las compras (…) sin que esto sea solicitado por mí, sin argumentar ninguna razón aparente más que cambiar el precio de venta e incluso teniendo stock en las sucursales previo a la compra y posteriormente también”.
Ello así, no es necesario demostrar que el infractor haya obrado con dolo –esto es, con una deliberada intención de incumplir–, sino que resulta suficiente la acreditación de un obrar culposo o negligente (conf. esta Sala, autos “Banco Bansud S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, RDC 278/0, 18/6/04).
En este contexto, considero que se encuentra probada la conducta cuando menos negligente de la empresa; tanto al incurrir en error al publicar el precio de los productos, como al omitir información esencial en ocasión de comunicar al consumidor que la operación había sido “revertida”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que dispuso sancionar a la empresa con una multa de $ 5.000.- por incumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 4.827 (Ley de Exhibición y Publicidad de Precios).
En efecto, la conducta reprochada consistía en que el establecimiento gastronómico omitió exhibir el cartel obligatorio con la información sobre el cobro o no del servicio de mesa.
La empresa criticó la disposición por considerar que se la sancionó por un hecho que no le fue imputado durante el trámite del procedimiento administrativo. Es decir, entiende que el acta fue labrada por la presunta infracción a la última parte de lo establecido en la normativa señalada (tercer párrafo), cuando en la resolución impugnada se la sancionó por la totalidad de las disposiciones contenidas en aquél artículo.
Sin embargo, la recurrente siempre tuvo conocimiento de la conducta investigada (que es la prevista en el párrafo tercero), habiendo sido citada a fin de presentar su descargo y ofrecer la prueba que considerara oportuna.
Nótese que existió identidad entre la presunta omisión imputada a la empresa en la imputación de cargo y la sanción finalmente aplicada.
En ese sentido, el vicio en el procedimiento invocado por la recurrente no encuentra respaldo en las constancias obrantes en el expediente, soslayando esa parte indicar cuál sería el perjuicio concreto que esas irregularidades le habrían causado e identificar las defensas que se habría visto privada de articular y cómo aquellas habrían incidido en la solución del caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que dispuso sancionar a la empresa con una multa de $ 5.000.- por incumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 4.827 (Ley de Exhibición y Publicidad de Precios).
En efecto, la conducta reprochada consistía en que el establecimiento gastronómico omitió exhibir el cartel obligatorio con la información sobre el cobro o no del servicio de mesa.
Ello así, la empresa consideró que la normativa señalada no le resultaría aplicable por el modo de comercialización con el que opera (comida rápida o "fast food").
Cabe señalar que, conforme surge del acta de inspección, el local se encuentra catalogado bajo el rubro "Restaurante", extremo conteste con los dichos de la sancionada.
Además, en su recurso judicial, la sumariada se limita a discutir la aplicabilidad de la norma en virtud de que comercializa bajo la modalidad de autoservicio, mas no cuestiona la validez de la regulación involucrada, así como tampoco ofrece prueba tendiente a desvirtuar el hecho constatado por la Administración.
Nótese que, la actora debió haber suministrado a los consumidores la información necesaria a fin de permitirles contar con los datos necesarios para evaluar y, en su caso, controlar la regularidad de los términos bajo los cuales, en la práctica, se brinda el servicio por el que se había optado, precisamente, en función de la modalidad ofertada. El deber de explicitar, acorde con la normativa aplicable, ciertas condiciones vinculadas a los costos propios de la relación de consumo se inscribe dentro de los mecanismos de especial tutela previstos para superar la disparidad de conocimiento entre el consumidor y el proveedor o prestador del servicio. Ello así, el planteo formulado expresa la disconformidad del sancionado sin demostrar la ausencia de razonabilidad entre el recaudo exigido y el acceso a la información que la regulación busca garantizar.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827, y al artículo 9° de la Ley N° 22.802 -exhibición y publicidad de precios-.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que la actora no exhibe los precios de venta al público de mercadería ubicada en sus estanterías sin impedimento para su comercialización.
La parte actora argumentó que el hecho de haberse constatado que únicamente un reducido número de productos carecían del precio exhibido entre los cientos de productos que se exponen a la venta demuestra que no es una práctica habitual.
Ahora bien, de las constancias obrantes en autos surge expresamente la omisión en la exhibición de precios de una serie de productos, en evidente contradicción a lo establecido normativamente.
En efecto, en el Acta de Infracción se advierte el detalle de los productos puestos a disposición del consumidor sin la debida exhibición de su correspondiente precio.
Observo, asimismo, que el acta fue suscripta por un representante de la empresa inspeccionada.
Motivo por el cual el agravio de la recurrente será rechazado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $70.000.-, por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5° y 9° inciso a) de la Ley N° 4.827, y artículo 9°de la Ley N° 22.802 -exhibición y publicidad de precios.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que la actora no exhibía los precios de venta al público de mercadería ubicada en sus estanterías sin impedimento para su comercialización.
La parte actora se limitó en su escrito recursivo, a aducir que los precios pueden caerse o desprenderse producto del tránsito de los consumidores pero no arrimó prueba alguna o esbozó argumento que respalde tal aseveración o permita desvirtuar lo evidenciado por el acta de infracción, la que de esta forma constituye prueba suficiente de los hechos comprobados (cf. artículo 17, inciso d), Ley N° 22.802 y artículo 12, inciso e), Ley N° 757 -texto ordenado 2016-).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $70.000.-, por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5° y 9° inciso a) de la Ley N° 4.827, y artículo 9°de la Ley N° 22.802 -exhibición y publicidad de precios.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que la actora no exhibe los precios de venta al público de mercadería ubicada en sus estanterías sin impedimento para su comercialización.
La parte actora argumentó que el potencial consumidor no se vería perjudicado ya que ante la falta de exhibición del precio podría consultarlo con los empleados del local.
Ahora bien, no ha acreditado la recurrente que conforme la naturaleza o ubicación de los productos en cuestión, debiera recurrirse a la utilización de listas de precios.
Por su parte, debo recordar el carácter formal de las infracciones al régimen de protectorio del consumidor las que se configuran por la sola acción reprochable más allá de cuál sea su resultado (cf. Sala I, “Ediciones Alyaya S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones Expte RDC 524/0”, sentencia del 30/9/2004”, “Coto CICSA c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones Expte RDC 2923”, sentencia del 26/3/2012 y Balbín, Carlos F., “El régimen de protección del usuario y consumidor en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires", en Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentado y Anotado, 3era edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot 2012, p.1357).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $70.000.-, por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5° y 9° inciso a) de la Ley N° 4.827, y artículo 9°de la Ley N° 22.802 -exhibición y publicidad de precios.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que la actora no exhibe los precios de venta al público de mercadería ubicada en sus estanterías sin impedimento para su comercialización.
Más allá de la interpretación que realiza la parte actora en su recurso sobre la redundancia de la imputación, lo cierto es que, a mi entender, los hechos analizados en autos encuadran en los términos de los artículos 2º y 4º de la Ley N° 4.827.
De este modo, la omisión en la presentación del precio de ciertos productos en la góndola en las condiciones exigidas por la ley –tal como fue acreditado– conlleva, cuando menos y de modo indefectible, a incertidumbre en los términos en los cuales se llevará a cabo la relación de consumo.
Así los hechos y teniendo en cuenta la protección constitucional del consumidor en materia de acceso a la información adecuada, entiendo que corresponde desestimar el presente agravio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $70.000.-, por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5° y 9° inciso a) de la Ley N° 4.827, y artículo 9°de la Ley N° 22.802 -exhibición y publicidad de precios.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que la actora no exhibe los precios de venta al público de mercadería ubicada en sus estanterías sin impedimento para su comercialización.
La parte actora se agravia por la falta de fundamentación de la sanción aplicada y su graduación.
Al respecto, cabe recordar que cuando la Administración impone una sanción en los términos del inciso a) del artículo 18 de la Ley N° 22.802, debe considerar los supuestos contemplados en el artículo 49 de la Ley N° 24.240, replicados en el artículo 19 de la Ley N° 757 -texto ordenado 2016-, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso.
En este contexto, además, es preciso contemplar que para que el particular pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada es necesario que el órgano administrativo explicite cuáles han sido los antecedentes y las razones que, en el caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. Esto no es sino una aplicación particular del requisito de motivación que deben cumplir los actos administrativos.
En tales términos, la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De acuerdo a lo expuesto, no puede deducirse que la autoridad de aplicación hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $70.000.-, por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5° y 9° inciso a) de la Ley N° 4.827, y artículo 9°de la Ley N° 22.802 -exhibición y publicidad de precios.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que la actora no exhibe los precios de venta al público de mercadería ubicada en sus estanterías sin impedimento para su comercialización.
La parte actora se agravia por la falta de fundamentación de la sanción aplicada y su graduación.
Al respecto, debe tenerse en consideración que la parte actora no explicó por qué razón el valor de la sanción resultaría desproporcionado a la infracción ni manifestó por qué motivo resultaría elevado –máxime, teniendo en cuenta que la multa en cuestión se halla mucho más cerca del mínimo que del máximo dentro de los montos establecidos por el inciso a) del artículo 18 de la Ley N° 22.802, que fija la escala desde $500, a $ 5.000.000.
Asimismo, la denunciada no arrimó prueba alguna que acredite que las actuaciones reseñadas por la Administración al fundar su calificación como reincidente fueran inexistentes o ajenas a la entidad, así como tampoco desvirtuó lo expresado por la Dirección respecto de la posición que ocupa en el mercado o la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados.
De acuerdo con lo expresado, no se observa que la graduación de la sanción no se encuentre debidamente motivada, pues el monto fue determinado –conforme sus fundamentos– de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico aplicable al caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, mediante la cual se ordenó la publicación de la sanción en un diario de circulación masiva.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que la actora no exhibe los precios de venta al público de mercadería ubicada en sus estanterías sin impedimento para su comercialización.
La actora se queja porque la Administración le impuso la obligación de publicar en un diario la sanción.
Al respecto, debo señalar que si bien el artículo 21 de la Ley N° 757 -texto ordenado 2016- y el artículo 47 de la Ley N° 24.240, resultan claros en cuanto a que las sanciones deben ser publicadas en todos los casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido al respecto de forma contundente, sosteniendo que “la facultad que le asiste a la autoridad de aplicación de graduar las sanciones de acuerdo a los antecedentes del infractor y a las circunstancias del caso según el artículo 49 de la ley 24.240 se limita a la facultad de aplicar, en forma conjunta o independiente, cualesquiera de las sanciones enumeradas en cada uno de los incisos del artículo 47, mas dicha facultad no alcanza al último párrafo del mencionado precepto, el cual determina de manera imperativa que la resolución condenatoria debe publicarse en el diario de mayor circulación del lugar donde la infracción se hubiera cometido, a costa del infractor.- Dicha disposición en examen -publicación imperativa constituye una sanción accesoria insoslayable a aplicar, cualquiera fuere la sanción condenatoria principal y con prescindencia de la levedad o gravedad de la infracción cometida y sancionada. De no ser así -aplicable a todos los casos el legislador hubiera incluido a la publicación como un inciso más de los enumerados en el artículo en ciernes, convirtiéndola de ese modo en una sanción posible a aplicar, junta o independientemente con las demás.” (CSJN, "in re" “Banco Bansud S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones s/ Disposición 1242/98”; Fallos 324:1742) (cf. Sala I, “Garbarino S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Expte RDC 306/0, sentencia del 9/6/2005).
En consecuencia, dada la claridad de la norma, este agravio debe rechazarse.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $100.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° inciso a) de la Ley N° 4.827 -exhibición de precios-.
En efecto, del acta labrada por los inspectores se desprende que se constató que diversos productos se encontraban exhibidos en góndola para la venta, sin poseer el precio pertinente.
El recurrente plantea que habría exhibido el valor de los artículos en juego de modo conjunto, razón por la cual no se había logrado acreditar la omisión imputada.
Al respecto, vale recordar que la infracción imputada reviste carácter formal por lo que, la mera verificación del incumplimiento que la norma tipifica es suficiente para dar por configurada la conducta antijurídica y, consecuentemente, ella también basta para aplicar la sanción con independencia del resultado que la omisión arroje (cf. arts. 9º y 35 de la Ley 4827 y "mutatis mutandi", Sala I, en los autos “Dobilia S.A. c/ GCBA s/ Otras demandas contra la autoridad administrativa”, expte. Nº36067/0, sentencia del 29/8/14).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $100.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° inciso a) de la Ley N° 4.827 -exhibición de precios-.
En efecto, del acta labrada por los inspectores se desprende que se constató que diversos productos se encontraban exhibidos en góndola para la venta, sin poseer el precio pertinente.
Al respecto, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba en contrario (cf. artículo 17, inciso d), de la Ley N° 22.802 y artículo 12, inciso e), de la Ley N° 757 -texto consolidado-).
Así las cosas, aún cuando el recurrente señaló que los productos individualizados tenían indicado el precio correspondiente por grupo o en conjunto, lo cierto es que no ofreció prueba que permita desvirtuar la veracidad de los acontecimientos ponderados por la Administración para tener por configurada la infracción que motivó el dictado de la disposición atacada. Ello resultaba determinante para el progreso de su planteo y, no obstante, no mereció actividad probatoria alguna.
Más aún, teniendo en cuenta que al momento de labrar el acta referida, le fue consultado al gerente de la sucursal “si qu[ería] manifestar algo con relación a lo actuado”, oportunidad en la que el responsable podría haber indicado que los precios se encontraban exhibidos de forma conjunta. Sin embargo, en aquella ocasión, el gerente de la sucursal inspeccionada guardó silencio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $100.000, por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° inciso a) de la Ley N° 4.827 -exhibición de precios-.
Del acta labrada por los inspectores se desprende que se constató que diversos productos se encontraban exhibidos en góndola para la venta, sin poseer el precio pertinente.
La parte recurrente se agravió de la graduación de la sanción impuesta, limitándose a citar jurisprudencia que estimó aplicable, sin efectuar una crítica seria y fundada de la disposición impugnada.
En efecto, de la propia Disposición impugnada surge que, al momento de graduar la sanción, se tuvo en cuenta el incumplimiento constatado, las circunstancias del caso, el patrimonio de la infractora y su carácter de reincidente.
En tal sentido, la multa de $100.000 aplicada a la empresa, aparece suficientemente motivada y no luce desproporcionada, si se tiene presente, tal como fue merituado por la Autoridad de Aplicación, la conducta constatada y su carácter de reincidente. Más aún, cuando en el artículo 18 de la Ley N° 22.802 se contempla un rango para la sanción que va de $500 a $5.000.000.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora -supermercado- una multa de $65.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
No se encuentra controvertido en autos que el precio exhibido en una góndola del establecimiento de la actora no coincidía con el valor cobrado en la línea de cajas para el mismo producto. La actora sólo discute si dicha conducta encuadra dentro de las previsiones del artículo 9° de la ley mencionada.
La exhibición de un producto en la góndola de un supermercado es precisamente una forma de “presentación” de aquél susceptible de ser comprendida dentro del concepto previsto en el artículo citado. Si en dicha presentación se indica un precio determinado, que luego resulta ser otro cuando debe abonarse su valor en la línea de cajas, la conducta –incluso si tal no fue la intención del proveedor– tiene entidad suficiente para inducir a error, engaño o confusión a los potenciales consumidores. Tal diferencia implica una irregularidad que se traslada de manera directa y perjudicial sobre el cliente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora -supermercado- una multa de $65.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
La finalidad de la norma es clara. En cuanto interesa a estas actuaciones, los valores precisados en la presentación del producto deben coincidir con los que efectivamente debe abonar el consumidor. En modo alguno se ha consagrado como excepción a este principio al alegado e indemostrable “error humano” de los dependientes de la tienda.
Por otra parte, las infracciones a la Ley N° 22.802 no requieren la comprobación de un perjuicio concreto al consumidor ni que tal hubiera sido la intención de la actividad desplegada por el vendedor; alcanza con que se incurra en alguna de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción.

En el ámbito local, la Ley N° 757 establece el procedimiento administrativo para la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los derechos de los consumidores y usuarios, reconocidos en el artículo 1° de esa norma.
En particular, dicha ley fija el procedimiento aplicable frente a infracciones constatadas en el marco de la Ley N° 4.827 de Exhibición y Publicidad de Precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. artículo 34 de la ley 4.827), normativa específica, que tiene por objeto regular la exhibición y publicidad de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una multa de $70.000.-, por infracción al artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4.827 de Exhibición y Publicidad de Precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, mediante el acta de inspección se comprobó que, en el establecimiento comercial, una serie de productos ofrecidos a la venta en góndola a consumidores y usuarios no exhibían sus precios correspondientes.
En consecuencia, no es posible compartir la interpretación que efectúa la empresa denunciada, en tanto la omisión en la que incurrió – circunstancia que no fue negada por la propia recurrente sino más bien reconocida, pero justificada, a su juicio, en la actividad de sus propios clientes –, acarrea consigo la posibilidad de que un consumidor sea inducido a error, engaño o confusión en la adquisición de mercaderías, lo que necesariamente se traduce en un incumplimiento a la normativa referida.
A mayor abundamiento, aun cuando lo anterior no alcance a endilgar de responsabilidad a la recurrente, lo cierto es que ésta no aportó elementos probatorios que permitan desvirtuar lo anteriormente señalado, sino que por el contrario, se limitó a argumentar que el acto sancionatorio carece de finalidad, en tanto –a su juicio– de la infracción acaecida, no podía válidamente extraerse que su mandante hubiese vulnerado el espíritu protectorio emergente del bloque normativo que regula los derechos del consumidor o usuario.
Así las cosas, dadas las constancias aportadas a la presente causa, advierto que lo anterior no alcanza para rebatir lo dispuesto en la resolución por la autoridad administrativa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una multa de $70.000.-, por infracción al artículo 9° inciso a) de la Ley N° 4.827 de Exhibición y Publicidad de Precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, la entidad sostiene que la graduación del monto de la multa es desproporcionada.
Al respecto, el artículo 34 de la Ley N° 4.827 establece que verificada la existencia de una infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley de Lealtad Comercial y demás disposiciones vigentes.
Así las cosas, es preciso tener en cuenta que la referida ley junto con la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156, conforma un sistema protector del consumidor que debe interpretarse de forma armónica a los efectos de cumplir con la finalidad que tienen en común, esto es, defender y proteger los derechos del consumidor.
En este claro contexto hermenéutico, se concluye que el monto fijado como sanción, se encuentra dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 18 de la Ley N° 22.802. Más aun, nótese que el monto no resulta elevado si se tienen en cuenta los límites mínimos y máximos que contempla la norma citada, lo que me lleva a rechazar el planteo de arbitrariedad en relación a la graduación de la multa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $5.000 por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que determinadas mercaderías ubicadas en el local de la actora carecían del correspondiente precio de venta.
Al cuestionar la disposición, el recurrente sostuvo que existieron irregularidades en el procedimiento administrativo previo al dictado de la disposición recurrida en tanto nunca le fue notificada el acta de infracción a los fines de poder cumplir con el descargo y ofrecimiento de prueba. Agregó que la falta de cumplimiento de los recaudos procesales, nulifica la disposición cuestionada pues —a su entender— adolece de los elementos necesarios.
Del acta de constatación se observa que inspectores del área respectiva se constituyeron en el comercio y fueron atendidos por el actor, titular del establecimiento. En esa oportunidad se constató la falta de exhibición de precios en distintos productos por lo que se imputó una presunta infracción a los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 4.827.
Asimismo, surge que finalizado el procedimiento se notificó al sumariado que disponía de 10 días hábiles para constituir domicilio, presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estimase corresponder conforme el artículo 17 de la Ley Nº 22.802.
Ahora bien, la citada norma establece en el inciso d) que "las constancias del acta labrada constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas", motivo por el cual los argumentos deben ser rechazados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $5.000 por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que determinadas mercaderías ubicadas en el local de la actora carecían del correspondiente precio de venta.
Al cuestionar la disposición, el recurrente sostuvo que existieron irregularidades en el procedimiento administrativo previo al dictado de la disposición recurrida en tanto nunca le fue notificada el acta de infracción a los fines de poder cumplir con el descargo y ofrecimiento de prueba. Agregó que la falta de cumplimiento de los recaudos procesales, nulifica la disposición cuestionada pues -a su entender- adolece de los elementos necesarios.
Ahora bien, vale destacar que el acta cumplimenta con los requisitos establecidos en la Ley Nº 757 y su Decreto Reglamentario N° 714/2010, sin que se haya individualizado vicio alguno que por afectar los derechos del recurrente, conduzca a privarla de validez.
Así las cosas, ante la ausencia de elementos de prueba idóneos y suficientes que permitan tener por válida la defensa de la parte recurrente, corresponde desestimar los cuestionamientos tendientes a invalidar el acta de infracción.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $5.000 por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que determinadas mercaderías ubicadas en el local de la actora carecían del correspondiente precio de venta.
La apelante señaló que la supuesta infracción detectada resulta inexistente dado que siempre ha cumplido con la publicación de los precios de los productos en el comercio.
Al respecto, vale recordar que la infracción imputada reviste carácter formal por lo que la mera verificación del incumplimiento que la norma tipifica es suficiente para dar por configurada la conducta antijurídica y, consecuentemente, ella también basta para aplicar la sanción con independencia del resultado que la omisión arroje (cfr. Ley Nº4827 y, "mutatis mutandis", Sala I del fuero, en los autos “Dobilia S.A. c/ GCBA s/ Otras demandas contra la autoridad administrativa”, expte. Nº36067/0, sentencia del 29/8/14).
En el caso, tanto las fotografías acompañadas por la recurrente como las declaraciones testimoniales rendidas en las presentes actuaciones, carecen de fuerza de convicción que permita dar por demostrado que al momento de la inspección los productos detallados en el acta hayan tenido el precio correspondiente tal como exige la norma.
Siendo ello así y, toda vez que los argumentos vertidos por la actora no logran desacreditar la configuración de la infracción formal bajo análisis, corresponde rechazar el presente agravio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual se le impuso a la actora una sanción pecuniaria de $5.000 por infracción a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, y 5° de la Ley N° 4.827 -exhibición y publicidad de precios-.
Motivó la sanción la circunstancia que, realizada una diligencia de inspección, se constató que determinadas mercaderías ubicadas en el local de la actora carecían del correspondiente precio de venta.
En lo que concierne a los cuestionamientos que la actora realiza al acta de infracción, ésta cumple con los requisitos impuestos por el artículo 17 de la Ley Nº 22.802 y surge, por otra parte, que la recurrente no cumplió con el supuesto de excepción previsto por la norma, es decir, la existencia de otras pruebas que desvirtúen la suficiencia de la que fuera constituida por el acta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora -supermercado- una multa de $20.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, la empresa aduce que esta norma no resulta aplicable a su conducta porque exige que se trate de una publicidad o de una promoción donde se ofrezca algún tipo de premio y que haya dolo en la conducta del agente, hipótesis éstas que no tienen lugar en el caso.
Sin embargo, considero que el hecho de que la empresa haya exhibido en góndola un producto con precio diferente –particularmente, inferior- al estipulado en la línea de cajas, resulta suficiente para encuadrar su conducta en lo dispuesto por la norma mencionada. Es que, en lo pertinente, la norma en cuestión prohíbe “…la realización de cualquier clase de presentación […] que mediante inexactitudes […] pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de[l] […] precio […] de bienes muebles…”. En efecto, sin hesitación alguna, los productos en cuestión son “bienes muebles”, su exhibición en góndolas es una “clase de presentación”, y la diferencia entre el precio allí exhibido y el estipulado en la línea de cajas constituye una “inexactitud” que, especialmente cuando el precio de góndola es menor al de caja - como sucede en el caso- “pued[e] inducir a error, engaño o confusión respecto de[l] […] precio”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora -supermercado- una multa de $20.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
En cuanto a la alegada exigencia de dolo en el obrar, esta Sala tiene dicho sobre la infracción prevista en el artículo 9° mencionado que “para que se verifique la infracción imputada en esta causa, no se exige que quien ofrece un servicio o producto tenga la intención de incumplir deliberadamente con las formas exigidas por las normas, pues basta solo con realizar de forma descuidada su tarea, a la luz de los deberes que la ley fija para equilibrar la relación de consumo. En definitiva, se está ante ilícitos que sólo exigen un obrar culposo, donde resulta claro que aquél que realiza la acción prohibida no tiene, para decirlo de forma sencilla, una ‘voluntad maliciosa’" (voto del doctor Centanaro, al que adherí, "in re" “Metronec S.A. c/ GCBA”, Exp. RDC 3235/0, sent. 08/04/2016; con cita del fallo de la Sala I "in re" "Día Argentina S.A. c/ GCBA”, Exp. RDC 482, sent. 18/10/2004).
A mayor abundamiento, cabe destacar que en el caso se encuentran en juego diversos derechos de los usuarios y consumidores, de raigambre constitucional, tales como el derecho a la protección de sus intereses económicos, a una información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y a la libertad de elección (arts. 42 de la Constitución Nacional y 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que resultan indubitablemente lesionados al exhibirse en las góndolas productos con precios inferiores a los estipulados en la línea de cajas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora -supermercado- una multa de $20.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, debe tratarse el agravio relativo a la falta de acreditación del carácter de reincidente.
Para acreditar dicho carácter, la autoridad administrativa individualizó las carátulas, los números de expedientes, las actas de infracción y las disposiciones sancionatorias respectivas.
Si bien la empresa arguye que de dicha mención no surge que tales infracciones sean “de igual especie” a la presente, lo cierto es que no niega que efectivamente lo sean. Esto debería bastar para desestimar el agravio. Pero aun si se interpretase como negativa implícita, cabe destacar que tampoco ofrece prueba alguna para acreditarlo, a pesar del deber de colaboración que pesa sobre la empresa en materia probatoria (art. 53 de la Ley 24.240, aplicable según la integración prevista en el art. 3 de la misma ley) y de ser –en dicho supuesto- una circunstancia invocada por ella (art. 301 del CCAyT). Obsérvese que para ese cometido contaba con varias opciones, tales como acompañar copia de los antecedentes citados por la autoridad administrativa, solicitar que se requiera su remisión, o pedir que se requiera informe al Registro de Infractores de la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N° 234/2001 (B.O.C.B.A. 13/03/2001).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora -supermercado- una multa de $20.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, corresponde determinar si la sanción impuesta resulta excesiva o desproporcionada. Considero que no, por los siguientes motivos.
Por un lado, la Administración graduó la sanción impuesta teniendo en cuenta el incumplimiento constatado, la posición en el mercado de la sumariada y la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta, todas ellas pautas expresamente contempladas en el artículo 16 de la Ley N° 757, invocado por aquella. Además, para determinar esas pautas consideró como un factor relevante la zona geográfica en la que se sitúa el comercio. Considerando tales criterios, el monto de la multa impuesta ($ 20.000) no luce como excesivo.
La circunstancia de que se haya tratado de “tan sólo un producto” no enerva el temperamento precedentemente expuesto, pues para que se configure la infracción alcanza con que se trate de un solo producto. Además, la cantidad de productos en infracción no determina por sí sólo el grado de perjuicio potencial para los consumidores, pues éste depende también de la posición de la empresa en el mercado, pauta que –como vimos- fue invocada por la autoridad administrativa para graduar la sanción.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora -supermercado- una multa de $20.000, por infracción al artículo 9° de la Ley N° 22.802.
En efecto, corresponde determinar si la sanción impuesta resulta excesiva o desproporcionada.
La recurrente arguye que la invocación de la “posición en el mercado” fue hecha sin contar con prueba alguna que acredite dicha posición. Sin embargo, es un hecho público y notorio, y por ende no requiere de prueba, que la actora ocupa una posición muy destacada en el ramo de supermercados en nuestro país, con sus supermercados. A mayor abundamiento, puede consultarse el sitio "web", donde se afirma: “Somos la cadena de Supermercados con mayor cobertura de Argentina. Estamos presentes en 18 provincias y contamos con más de 177 locales en todo el país, brindando empleo a más de 5000 personas” […]
Por otro lado, el monto de la multa ($ 20.000) se encuentra considerablemente más próximo al mínimo previsto en el artículo 18 de la Ley N° 22.802 (sustituido por art. 62 ley N° 26.993, B.O. 19/09/2014) (de $ 500) que al máximo que prevé dicha norma ($ 5.000.000); máxime que, en caso de reincidencia, el artículo 19 de la misma ley agrava la sanción duplicando la escala tanto en el mínimo como en el máximo.
En este marco, considerando que la graduación de las sanciones es una facultad que compete, en principio, a la Administración, puesto que no noto que exista una irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta ni el alegado carácter excesivo o desproporcionado, estimo que corresponde confirmar el monto de la multa impuesta en la disposición recurrida.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una multa de $20.000, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N°4.827.
En efecto, la actora se agravia porque la imputación de la violación a los artículos 2° y 5° de la Ley N° 4.827 resultaría redundante, atento que ya se encontrarían subsumidos en el artículo 4°.
Tuve la oportunidad de expresar mi opinión sobre un agravio idéntico al presente en los autos “INC SA c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor” Expte. Nº 2552/2016-0, del 31/07/17, Sala II (voto del Dr. Fernando E. Juan Lima, al que adherí).
Allí, la Sala II señaló que, de la lectura de los artículos mencionados, podía concluirse que cada uno regula distintas formas en las que debe cumplirse el deber de exhibir los precios, sin que pueda otorgarse a alguno de ellos el carácter de norma general y a otro el de específica.
Así, mientras que en el artículo 2° se establece la moneda en la que deben expresarse los precios, en el artículo 4° se determina la obligación de fijarlos por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Por su parte, en el artículo 5° se ordena que la exhibición se haga sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público, si se trata de bienes muebles.
Todas ellas son las formas requeridas en la Ley N° 4.827 para el cumplimiento de la obligación de exhibir los precios, contemplada en su artículo 1°; ello, en consonancia con la Resolución Nacional N° 7/2002 de Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, complementaria de la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802 (en igual sentido, ver mi voto en “INC SA c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor” Expte. Nº D3220-2016/0, del 08/08/2018, Sala II).

En el caso, corresponde confirmar la disposición administrativa que impuso una multa a la empresa de supermercados de $ 1.000.000.- por infringir el artículo 9° inciso a) de la Ley N° 4.287, que impone la obligación de exhibir los precios de los productos al consumidor.
En efecto, el artículo mencionado procura que se informen los precios de manera adecauda al cliente.
Es decir, si se trata de un grupo de artículos iguales exhibidos de manera conjunta, el proveedor puede cumplir con su obligación legal, por ejemplo, con una única oblea o cartel, siempre que por este medio se transmita claramente al consumidor cuál es el precio a pagar.
Asimismo, la cantidad de elementos ofertados es relevante, pues cuanto mayor es el volumen de la mercadería sin precio, mayor es la cantidad de clientes que pueden ver afectado su derecho a la información en el marco de la relación de consumo.

En el caso, corresponde confirmar la disposición administrativa que impuso una multa a la empresa de supermercados de $ 1.000.000.- por infringir el artículo 9° inciso a) de la Ley N° 4287, que impone la obligación de exhibir los precios de los productos al consumidor.
En efecto, dentro de la información relevante que debe brindarse al público, resulta evidente que el precio del producto es un dato central. Se trata, en definitiva, del elemento que define el alcance de la obligación del comprador en el marco del contrato de compraventa (conf. art. 1123 del CCyC).
Asimismo, si la falta de indicación del precio de venta constituye una omisión inexcusable del proveedor, lo es aún en mayor medida cuando se trata de productos alimenticios, ofrecidos por uno de los principales supermercados de la plaza, en un contexto como el que atraviesa la Argentina en la actualidad.
Así, el consumidor se encuentra en una situación de clara disparidad frente al proveedor (entre otros aspectos, en el plano informativo). Esta desigualdad estructural se ve potenciada en un marco en el que, como es de público conocimiento, los precios de los bienes y servicios sufren incrementos constantes.
Por otra parte, es sabido que en las grandes ciudades, la venta minorista de alimentos se concentra en grupos reducidos de cadenas de supermercados e hipermercados. Si el consumidor se encuentra, como principio, en una situación de desigualdad estructural frente al proveedor, esta disparidad resulta de toda evidencia cuando la relación de consumo se entabla con una de las cadenas de supermercados que concentran un volumen sustancial de las ventas.
En conclusión, la falta de exhibición de los precios agrava la situación de incertidumbre en la que se encuentra el consumidor y dificulta la adopción de decisiones que atiendan debidamente a sus intereses. Entre otras consecuencias negativas, este incumplimiento obstaculiza la comparación de ofertas que da lugar a la competencia entre proveedores; competencia que permite alcanzar mejores resultados en términos de eficiencia y, en última instancia, de bienestar para los consumidores.

En el caso, corresponde confirmar la disposición administrativa que impuso una multa a la empresa de supermercados de $ 1.000.000.- por infringir el artículo 9° inciso a) de la Ley N° 4287, que impone la obligación de exhibir los precios de los productos al consumidor.
En efecto, el poder sancionador estatal busca disuadir eventuales incumplimientos, de manera eficaz. Dicha eficacia resulta particularmente relevante en el marco de las relaciones de consumo. Ello es así en razón de la debilidad estructural en la que se encuentra el consumidor frente al proveedor, y en las dificultades que habitualmente encuentra para obtener remedios legales frente a los incumplimientos de éste. Cobra entonces especial relevancia la existencia de dispositivos estatales efectivos, tanto en el plano de la prevención, como en la sanción de conductas lesivas y en la solución de controversias.
También es plausible inferir que, como sucede en el caso, si se ha persistido en la conducta infraccional, es porque las sanciones anteriores no han logrado el efecto que persigue la norma. Ello explica que la reincidencia justifique una multa más elevada.
Desde luego, esta circunstancia no conduce a admitir cualquier monto. Efectivamente, la relevancia del interés público involucrado no releva a la Administración de observar los límites constitucionales al ejercicio de la potestad sancionatoria.
Sin embargo, en este caso, la multa está más cerca del mínimo que del máximo, en una escala legal que la empresa no ha impugnado, por lo cual la Administración no ha transgredido los límites que impone el principio de razonabilidad ni ha incurrido en arbitrariedad al fijar el monto de la sanción.

En el caso, corresponde confirmar la disposición de la Administración, en la que resolvió imponer una multa de $100.000 a la empresa de supermercados por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827, de Exhibición y Publicidad de Precios al consumidor.
En efecto, en su apelación, la recurrente no desconoce que efectivamente, al momento de practicarse la diligencia de inspección, los productos en exhibición consignados en el acta carecían de sus respectivos precios de venta.
Empero, se limitó a aducir que las obleas de precios pueden verse desplazadas o caerse como consecuencia del tránsito de los consumidores, pero no arrimó prueba alguna ni esbozó argumento que respalde tal aseveración o bien permita desvirtuar lo constatado por la autoridad de aplicación.
En conclusión, la omisión de exhibir el precio de ciertos productos en góndola en las condiciones exigidas por la ley conlleva, cuando menos y de modo indefectible, a un estado de incertidumbre respecto de los términos en los cuales se llevará a cabo la relación de consumo, en flagrante contradicción con la protección del consumidor en materia de acceso a la información adecuada.

En el caso, corresponde confirmar la disposición de la Administración, en la que resolvió imponer una multa de $100.000 a la empresa de supermercados por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827 de Exhibición y Publicidad de Precios al consumidor.
En efecto, todo acto administrativo debe reunir, para su validez, los requisitos esenciales detallados en el artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (decreto de necesidad y urgencia C - Nº 1.510/1997, t.c. 2018, ley Nº 6.017). Así, los elementos detallados en la norma referida (competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad) constituyen recaudos para la validez del acto, de manera que su ausencia o la comprobación de un vicio que impida su existencia acarrean, necesariamente, su nulidad.
Si bien la recurrente consideró que la Administración no explicitó en forma clara y precisa cómo es que la empresa habría afectado el bien jurídico protegido por las Leyes de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor, el acto administrativo atacado se encuentra debidamente motivado por lo que el agravio de la recurrente no puede prosperar.

Cuando la Administración impone una sanción por violación a la Ley Nº 4.827 de Exhibición y Publicidad de Precios al consumidor, y en los términos del inciso a) del artículo 18 de la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802 (conf. art. 35, ley N° 4827, conf. t.c. por ley N° 6017), debe considerar los supuestos contemplados en el artículo 49 de la Ley N° 24.240, replicados en el artículo 19 de la Ley Nº 757 -que prevé las pautas de graduación para las infracciones-, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una multa de $5.000, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827.
En efecto, la actora alega que no podía exhibir los precios de las cámaras y de las prendas de ropa porque, en el caso de las primeras, al ser productos importados, fluctuaban semanalmente de acuerdo a la cotización del dólar, y con respecto a las segundas, se hubiera afectado la estética de la vidriera. Los clientes, no obstante, podían preguntar por los precios dentro del local.
Este argumento no puede tener favorable acogida. Más allá de no acercar prueba alguna sobre las alegadas fluctuaciones, ni la variación en el precio de los productos ni las consideraciones estéticas pueden justificar el incumplimiento de la normativa, que es clara a la hora de exigir que todos los bienes ofrecidos para la venta cuenten con una etiqueta de precio visible, horizontal y legible sobre cada unidad o grupo de unidades, o bien una lista en los lugares de acceso a la vista del público y en los lugares de venta o atención, cuando no fuera posible el etiquetamiento individual del producto (cfr. artículos 4° y 5° de la ley 4.827).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una multa de $5.000, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827.
En efecto, la actora sostiene que no se acreditó que los precios no estuvieran a la vista, ya que las actas de constatación sólo certifican la celebración del acto, su firma y fecha, pero no dan fe de su contenido.
Cabe recordar que las actas labradas por los inspectores constituyen prueba suficiente de los hechos a los que se refieren, salvo que sean desvirtuadas por otras pruebas (cfr. artículos 17, inciso d) de la ley 22.802 y 12, inciso e) de la ley 757).
La actora no aporta ningún medio de prueba tendiente a refutar el contenido del acta, e incluso tiende a corroborarlo con las afirmaciones que efectúa en su descargo y en el recurso, por cuanto al sostener que no podía exhibir el precio de las cámaras porque este fluctuaba semanalmente y que la colocación de indicadores de precio en la vidriera junto a las prendas de ropa afectaría la estética de la exposición, la empresa estaría confirmando que los productos enumerados en el acta no contaban, justamente, con etiqueta o lista de precios a la vista.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una multa de $5.000, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827.
En efecto, la actora sostiene que la afectación sufrida por el bien jurídico tutelado por la norma es insignificante, por lo que no debería aplicarse ninguna sanción.
Este cuestionamiento, sin embargo, no puede tener recepción favorable, en tanto la infracción endilgada es de carácter formal, por lo que se configura con la sola violación de la norma, sin necesidad de probar un perjuicio concreto sobre consumidores individualizados (cfr. mi voto en “Arcos Dorados S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, sentencia de 2/12/2008, expte. RDC 2147/0, Sala II).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa actora una multa de $40.000, por infracción a los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N°4.827.
En efecto, no se encuentra controvertido en autos que distintos productos en el establecimiento carecían de la indicación de su precio de venta. Por consiguiente, difícilmente puede predicarse que la imputación carece de “basamento fáctico”, como afirma la actora.
La finalidad de la Ley N° 4.827 es clara: asegurar que los clientes tengan acceso inmediato a la información relativa al costo de los productos exhibidos para la venta. En modo alguno se ha consagrado como excepción a este principio el alegado e indemostrable “error humano” de los dependientes de la tienda, que no habrían alcanzado a colocar las indicaciones pertinentes en los productos por la cantidad de clientes que transitaban por el establecimiento.
Por otra parte, las infracciones a la Ley de Lealtad Comercial (22.802) –así como las faltas a la ley 4827– no requieren la comprobación de un perjuicio concreto al consumidor ni que tal hubiera sido la intención del vendedor. Alcanza con que se incurra en alguna de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora -servicio de transporte aéreo- de $500.000, por infracción a los artículos 2º y 22 de la Ley Nº 4.827 y 7º de la Ley Nº 24.240.
Del acta de infracción que originó el inicio de las actuaciones, surge que en un control realizado en la página "web" de la empresa de pasajes aéreos se detectó una publicidad que ofrecía pasajes aéreos “desde $9 + tasas y cargos”, lo que constituiría una presunta infracción a lo normado en los artículos mencionados.
La empresa manifestó que el aviso comprometido se encontraba exhibido en un “pop-up o ventana emergente” de su página "web" por lo que "bastaba hacer un "click" para que el eventual interesado en la oferta pudiese conocer el precio final".
Sin embargo, tanto el acta confeccionada como la captura de pantalla adjunta, dan cuenta de que en el aviso publicitario de la empresa no se exhibía el precio final a abonar por los vuelos ofrecidos, pues se indicaba el costo de cada pasaje más tasas y cargos, sin expresar el monto a pagar por esos ítems o la suma total que aquello representaba.
A su vez, el anuncio tampoco aclaraba las fechas de vigencia de lo ofrecido ni sus condiciones.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora -servicio de transporte aéreo- de $500.000, por infracción a los artículos 2º y 22 de la Ley Nº 4.827 y 7º de la Ley Nº 24.240.
Del acta de infracción que originó el inicio de las actuaciones, surge que en un control realizado en la página "web" de la empresa de pasajes aéreos se detectó una publicidad que ofrecía pasajes aéreos “desde $9 + tasas y cargos” sin expresar la suma total que aquello representaba a la vez que tampoco aclaraba las fechas de vigencia de lo ofrecido ni sus condiciones.
Al respecto, es preciso señalar –en línea con lo expuesto por la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen– que no se advierte por qué razón la manera de publicitar elegida no deba verse alcanzada por los lineamientos que los artículos citados imponen a fin de resguardar el deber de información que rige en la materia.
En tal sentido, que la obligación de explicitar, acorde con la normativa aplicable, ciertas condiciones vinculadas a los costos propios de la relación de consumo se inscribe dentro de los mecanismos de tutela especial previstos para superar la disparidad de conocimiento entre el consumidor y el proveedor o prestador del servicio (CSJN, Fallos 324:4349).

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora -servicio de transporte aéreo- de $500.000, por infracción a los artículos 2º y 22 de la Ley Nº 4.827 y 7º de la Ley Nº 24.240.
La recurrente cuestionó la graduación de la multa, se quejó por estimar que aquella resultó excesiva, arbitraria y desproporcionada.
Sin embargo, la disposición cuestionada da cuenta de que, en la oportunidad de graduar la sanción, se tuvieron en cuenta las pautas establecidas en la Ley Nº 757, tales como la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar perjudicados por la conducta descripta, la posición de la sumariada en el mercado, la masividad de la publicidad en los medios de comunicación y otras circunstancias relevantes del hecho.
Asimismo, aun cuando en el artículo 16 de la Ley Nº 757 se establece “la cuantía del beneficio obtenido” como un parámetro que debe tenerse presente al momento de aplicar y graduar la sanción, lo cierto es que se trata, entre otras, de una pauta de carácter no excluyente –según surge del propio texto de la ley– para fijar el tipo y grado de la pena (esta Sala, en los autos “Wal Mart Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, expte. Nº147/0, sentencia del 29/8/03; “Forest Car S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, expte. Nº3712/0, sentencia del 26/2/15; “Amx Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, expte. Nº3670/0, sentencia del 11/7/14; entre otros).
A su vez, la recurrente no demuestra que la graduación de la multa carezca de razonabilidad o que ella resulte contraria a lo dispuesto por las normas aplicables para quienes ofrezcan productos o servicios sin informar el precio final a abonar o los términos y condiciones de la oferta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la empresa actora -servicio de transporte aéreo- de $500.000, por infracción a los artículos 2º y 22 de la Ley Nº 4.827 y 7º de la Ley Nº 24.240.
La recurrente cuestionó la graduación de la multa, se quejó por estimar que aquella resultó excesiva, arbitraria y desproporcionada.
Sin embargo, la disposición cuestionada da cuenta de que, en la oportunidad de graduar la sanción, se tuvieron en cuenta las pautas establecidas en la Ley Nº 757, tales como la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar perjudicados por la conducta descripta, la posición de la sumariada en el mercado, la masividad de la publicidad en los medios de comunicación y otras circunstancias relevantes del hecho.
Así las cosas, la recurrente no demuestra que la graduación de la multa carezca de razonabilidad o que ella resulte contraria a lo dispuesto por las normas aplicables para quienes ofrezcan productos o servicios sin informar el precio final a abonar o los términos y condiciones de la oferta.
Es que, frente al régimen según el cual quedó impuesta la sanción y, en virtud del bien jurídico que aquel busca proteger, la mera invocación de la irrazonabilidad de la multa cuestionada, impide considerar reunidos los recaudos necesarios para estimarla desproporcionada. Para ello, la empresa recurrente debió aportar elementos que, en virtud de los parámetros de graduación establecidos en la normativa aplicable, demuestren que la sanción impuesta no guarda proporción con el modo en que las Leyes Nº 4.827 y Nº 24.240 han regulado los bienes jurídicos tutelados, ni con las circunstancias del hecho tenidas en cuenta para su estimación. Respecto de ambas cuestiones, los argumentos esgrimidos así como las constancias obrantes en autos, por su generalidad e insuficiencia, impiden admitir la defensa articulada.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda promovida por la empresa de transporte actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa mediante la cual se determinó de oficio la deuda en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos –ISIB- correspondiente a los períodos regidos por el Decreto N° 2407/2002, y aplicó una multa.
Contra la sentencia de la anterior instancia el Gobierno demandado interpuso recurso de apelación, motivo por el cual la Sala III del fuero revocó dicha sentencia, rechazando la demanda promovida. Interpuestos por las partes los recurso de inconstitucionalidad, queja y extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN- declaró procedente el recurso extraordinario. Devueltas las actuaciones, el Tribunal Superior de Justicia, revocó la sentencia dictada por la Sala III, en lo atinente a la interpretación y aplicación del artículo 9º inciso b) de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, y reenvió la causa a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme el lineamiento dado por la CSJN.
Llegadas las actuaciones a este Tribunal, corresponde destacar que la CSJN dispuso que respecto a los anticipos involucrados “...deviene aplicable la doctrina de V.E. vertida en la causa (…) `Transportes Automotores La Estrella S. A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad´, sentencia del 6/3/2012, en cuanto estableció que `cuando el impuesto provincial a los ingresos brutos no es trasladable -por no estar contemplada su incidencia en el precio fijado mediante tarifa oficial-, su determinación conduce a que sea inexorablemente soportado por el contribuyente, hipótesis en la cual el gravamen queda excluido de la previsión del artículo 9º, inciso b, párrafo cuarto, de la ley 20.221 (texto según ley 22.006, modificada por la ley 23.548), y encuadrado en el párrafo segundo del mismo artículo, en cuyo texto se plasmó el principio básico que privilegió el legislador, consistente en la prohibición de mantener o establecer impuestos locales sobre la materia imponible sujeta a imposición nacional coparticipable´”.
A su vez, la CSJN expuso que con relación a las disposiciones del Decreto N° 2407/2002 “...no asiste razón a la demandada en cuanto afirma (...) que el referido decreto al fijar las bandas tarifarias, constituidas por un límite mínimo y máximo de los precios para cada categoría de servicios, dentro de la cual las operadoras se puedan mover libremente en función de la demanda observada y las distancias de los viajes, `permitió contemplar en la tarifa la inclusión de la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad´, toda vez que al ser los máximos también fijados por el Estado Nacional le impide a la empresa actora trasladar la carga impositiva local”.
Así las cosas, la pretensión del fisco local, por el período en juego, resultó ilegítima en la medida que, según lo resuelto por la CSJN, vulneró lo dispuesto en el artículo 9º, inciso b) de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
En consecuencia, corresponde desestimar los agravios del Gobierno demandado a este respecto y confirmar, por los períodos fiscales involucrados, lo resuelto en primera instancia.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda promovida por la empresa de transporte actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa mediante la cual se determinó de oficio la deuda en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos –ISIB- correspondiente a los períodos regidos por el Decreto N° 958/1992, y aplicó una multa. Ello así, sólo respecto de los ingresos provenientes de servicios calificados como públicos, no así de los proveniente de los servicios de tráfico libre.
Contra la sentencia de la anterior instancia el Gobierno demandado interpuso recurso de apelación, motivo por el cual la Sala III del fuero revocó dicha sentencia, rechazando la demanda promovida. Interpuestos por las partes los recurso de inconstitucionalidad, queja y extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN- declaró procedente el recurso extraordinario. Devueltas las actuaciones, el Tribunal Superior de Justicia, revocó la sentencia dictada por la Sala III, en lo atinente a la interpretación y aplicación del artículo 9º inciso b) de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, y reenvió la causa a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme el lineamiento dado por la CSJN.
Llegadas las actuaciones a este Tribunal, corresponde destacar que la CSJN sostuvo que la doctrina vertida en la causa “Transportes Automotores La Estrella S. A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad”, sentencia del 6/3/2012, resultaba aplicable para resolver los anticipos comprometidos, aunque sólo “... para los ingresos provenientes de aquellos servicios calificados como públicos, ya que, en cuanto a los demás, el gravamen era susceptible de ser incorporado al precio cobrado por la empresa”.
Ello, toda vez que la normativa aplicable para ese entonces fijaba que para la prestación del servicio público debía respetarse el valor tarifario máximo, mientras que para la prestación del servicio de tráfico libre y el servicio ejecutivo, la tarifa era propuesta por el prestador (v. Decreto 958/1992 y contestación de oficio de la Comisión Nacional de Transporte).
En suma, según las probanzas rendidas en estas actuaciones, únicamente los ingresos provenientes del servicio prestado como servicio público -es decir, por el recorrido Capital Federal-Gálvez- se encuentran alcanzados por la doctrina de la CSJN y, por tanto, solo con respecto a ellos resulta improcedente la pretensión del fisco tendiente a perseguir el cobro del ISIB.
En cambio, según lo resuelto por la CSJN, a distinta solución corresponde arribar con relación a los ingresos derivados de la prestación del servicio de tráfico libre, puesto que, en ese caso, la normativa aplicable le permitía al prestador fijar libremente el precio del pasaje por lo que, consecuentemente, el gravamen resultaba susceptible de ser incorporado en el precio que cobraba la contribuyente.
Entonces, por los períodos en juego y respecto a los ingresos provenientes del servicio de tráfico libre, asiste razón a Gobierno demandado respecto a la legitimidad de la pretensión del fisco local.
Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios del demandado y revocar, en lo pertinente, la decisión de grado en los términos aquí expuestos.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora, y confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición y publicidad de precios) y ordenó su publicación en un diario de circulación Nacional.
La actora señaló que la causa del acto administrativo impugnado se encontraba viciada por no haberse identificado correctamente el hecho imputado en el acta de infracción, y por entender que sí había cumplido con lo normado por el inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827.
Sin embargo, el acto administrativo en crisis correctamente identificó sus antecedentes y normativa al expresar que la autoridad de aplicación había inspeccionado un local comercial de una cadena de supermercados ubicado en esta Ciudad constatado, mediante correspondiente acta, que la inspeccionada exhibía en góndolas determinados productos sin exhibir sus precios, e imputado por la presunta infracción al inciso 9 del artículo 9 de la Ley Nº 4.827. Asimismo se advirtió que los productos identificados en el acto recurrido se corresponden con los detallados en la referida acta de infracción.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora, y confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición y publicidad de precios) y ordenó su publicación en un diario de circulación Nacional.
La actora argumentó que, a pesar de toda la diligencia puesta para reponer en forma constante las obleas de precios extraviadas, le era imposible advertir instantáneamente cada vez que un consumidor, al consultar los precios, involuntariamente deslizaba o quitaba las etiquetas de su posición original.
Sin embargo, esta defensa había sido ya instada en su descargo durante el procedimiento administrativo y fue adecuadamente ponderada en la Disposición cuestionada.
En efecto, la DGDyPC sostuvo que no resultaba eficiente a los fines de lograr su exculpación atribuir la responsabilidad de ausencia de precios al accionar de los potenciales consumidores que frecuentaban el local comercial y que la sumariada no había ofrecido prueba alguna a los efectos de desvirtuar lo constatado por el funcionario interviniente en el acta.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora, y confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición y publicidad de precios) y ordenó su publicación en un diario de circulación Nacional.
En efecto, la recurrente no ha arrimado ni ofrecido prueba tendiente a acreditar la inexistencia de infracción a la normativa sobre exhibición de precios.
Según lo dispuesto por el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido tiene la carga de probarlo.
En este caso, la actora no ha desplegado actividad probatoria suficiente para acreditar tal extremo.
Asimismo, se destaca que según la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que adquiere especial relevancia cuando se trata de relaciones de consumo, la parte que está en mejores condiciones fácticas para producir la prueba vinculada a los hechos controvertidos de la causa, es quien soporta el "onus probandi".
En el mismo sentido, se ha dicho, respecto de esta parte en mejores condiciones con relación al material probatorio, que su deber procesal de colaboración se acentúa, siendo portadora de una carga probatoria más rigurosa que su contraparte.
Ello así, era la actora, en su calidad de proveedora, quien se encontraba en mejores condiciones para producir prueba a los efectos de acreditar sus dichos y, sin embargo, no desplegó esfuerzo probatorio alguno.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora, y confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición y publicidad de precios) y ordenó su publicación en un diario de circulación Nacional.
La recurrente sostuvo que el acto se encontraba viciado en su motivación, puesto que la DGDyPC no había explicitado en forma concreta y precisa de qué modo el supermercado había afectado el bien jurídico protegido por la norma, es decir, la defensa de los consumidores.
Sin embargo, al constatar el contenido del acto en crisis, se observa que el mismo se encuentra debidamente fundamentado.
En efecto, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor detalló en los considerandos del acto cuestionado, la conducta imputada, la normativa infringida y rechazó los argumentos de la sumariada tendientes a su exculpación. También señaló que la Constitución de la Ciudad protegía el derecho de los consumidores y usuarios a la libertad de elección y el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna en su artículo 46.
Asimismo, en la parte dispositiva de la resolución en análisis se expresó que la omisión de exhibir precios podía inducir a error, engaño o confusión con respecto del precio del producto que se pretendía adquirir.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora, y confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición y publicidad de precios) y ordenó su publicación en un diario de circulación Nacional.
La recurrente sostuvo que el acto se encontraba viciado en su motivación, puesto que la DGDyPC no había explicitado en forma concreta y precisa de qué modo el supermercado había afectado el bien jurídico protegido por la norma, es decir, la defensa de los consumidores.
Sin embargo, el cuestionamiento relativo a la falta de afectación al bien jurídico tutelado por las Leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial no puede tener acogida favorable.
Ello así, toda vez que la infracción analizada es de carácter formal, ésta se configura con la sola violación de la norma, sin necesidad de acreditar un perjuicio concreto sobre consumidores individualizados.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora, y confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición y publicidad de precios) y ordenó su publicación en un diario de circulación Nacional.
La recurrente afirmó que la multa impuesta resultaba desproporcionada y excesivo.
Sin embargo, la DGDyPC aplicó las pautas de graduación previstas en la normativa de Defensa del Consumidor, de manera razonable y de conformidad con los límites allí establecidos.
En efecto, se le imputó a la actora la infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley 4.827 y refirió que de acuerdo al artículo 35 de dicha ley, aquélla era pasible de las sanciones previstas en la Ley Nº 22.802.
Por su parte, la Ley Nº 22.802 prevé, entre otras opciones de sanciones, multa de $ 500 a $ 5.000.000 (artículo 18, inciso a).
Dado que esta norma no establece parámetros de graduación para las sanciones a aplicar, es correcto recurrir a los criterios establecidos en otras normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, tales como el artículo 49 de la Ley Nº 24.240 y el artículo 19 de la Ley Nº 757 (conforme pauta de integración normativa reglada por el artículo 3 de la Ley Nº 24.240).
En la Disposición cuestionada, se observa que, a los efectos de graduar la sanción aplicada, se expuso que la Ley Nº 22.802 establecía los parámetros mínimos y máximos de la sanción de multa y que, en el caso concreto, debía tenerse en cuenta el estado de desprotección en que se encontraban los consumidores ante posibles abusos en el manejo de los precios, resultante de su falta de exhibición, la posibilidad de que los consumidores pudieren haber resultado engañados por dicha conducta, la posición en el mercado de la infractora, y otras circunstancias de hecho.
También ponderó que el supermercado sancionado era reincidente en los términos de la Ley Nº 757.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora, y confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición y publicidad de precios) y ordenó su publicación en un diario de circulación Nacional.
La recurrente afirmó que la multa impuesta resultaba desproporcionada y excesiva.
Sin embargo, la recurrente no arrimó prueba alguna a los efectos de rebatir su calificación como reincidente.
De tal modo, la sanción bajo examen no puede ser considerada irrazonable o desproporcionada, considerando la naturaleza de la infracción cometida y el incumplimiento a la normativa de las relaciones del consumo constatado.
Ello así, no se verifica en el presente caso el exceso de punición alegado por la actora por lo que además debe rechazarse su pedido subsidiario de reducción de la multa.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la sociedad sancionada y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- que le impuso una sanción de multa por infracción al artículo 9 de la Ley N° 22.802.
La recurrente se agravia por cuanto entiende que la conducta imputada mediante el acta y Disposición en crisis no se identificaría con la prevista en la regulación aplicable. Afirmó que se le imputa un tipo sancionatorio que no se corresponde con la conducta llevada a cabo. Sostuvo que el precio de los productos “no constituye (como lo requiere la norma imputada) una presentación, una publicidad, ni una propaganda del producto” y que “la conducta descripta es, a lo sumo, un error, pero nunca la inducción a error o falsedad…”.
Ahora bien, el hecho sancionado (esto es, la diferencia de precios entre góndola y caja) queda encuadrado claramente en el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, por cuanto esta dispone que queda prohibida la realización de “cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto del precio de bienes muebles, inmuebles o servicios”.
Es decir, a diferencia de lo sostenido por la actora, el acta sí hace constar una presentación, como es en el caso la exhibición de precios en góndola. Al ser comprobado en caja la diferencia de valores, queda demostrada la inducción al error o engaño que regula el artículo 9 de la Ley Nº22.802.

En cuestiones relacionadas con el precio de venta al público, la naturaleza tuitiva de las normas regulatorias –Resolución Nº 7/2002, sustituía por la Resolución Nº 2/2005 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor- queda claramente establecida: el precio final a abonar por el cliente en caja debe corresponderse con aquel que está exhibido en góndola salvo que resulte menor, en cuyo caso no habría menoscabo al patrimonio del consumidor.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la sociedad sancionada y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- que le impuso una sanción de multa por infracción al artículo 9 de la Ley N° 22.802.
La recurrente se agravia sobre la irrazonabilidad de la multa impuesta.
Sin embargo, en casos como el de autos, se busca proteger los derechos de los consumidores; siendo –en el particular- el derecho a la información y los intereses económicos, los bienes jurídicos protegidos.
Estos derechos forman parte de aquellos específicamente protegidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando prevé que los consumidores tendrán derecho a una “información adecuada y veraz” y a la protección “de sus intereses económicos” y artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (“acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna” y protección del “patrimonio de los consumidores”)
Dicho esto, no surge de manera palmaria la irrazonabilidad argüida por la recurrente con relación al monto de la multa impuesta ni acompaña argumentos ni prueba para lograr el convencimiento suficiente para hacer lugar a su agravio.
Ello así, no se vislumbra que la graduación de la sanción impuesta mediante la disposición en crisis, a la luz del artículo 19 de la Ley N° 757 (T.C. Ley N°6.347), resulte de una irrazonabilidad manifiesta que merezca su tacha de nula por quebrar el principio de proporcionalidad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $150.000 por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición de precios) y ordenó su publicación.
En efecto, respecto al agravio de la falta de correspondencia de la infracción imputada con el régimen normativo aplicable, cabe señalar que el acta de infracción constata que los productos enumerados se encuentran “sin exhibir precio en forma individual por góndola o listado", es decir, no constaba precio alguno que permitiera individualizar a los productos y su correspondiente valor.
La recurrente a lo largo de su escrito ataca la imputación que se le realiza relativa a no colocar los precios de manera individual en cada producto. Sin embargo, no es esa la conducta que la DGDyPC le imputa, sino la de no tener exhibido ningún precio, ya sea sobre cada producto, en la góndola o en un listado.
De manera contraria a la que argumenta la sancionada, la conducta imputada es la ausencia de exhibir -en cualquiera de los formatos permitidos- los precios de los productos reseñados en el acta en constatación. Y, en este punto, la recurrente no logra contradecir en sus dichos ni acompañar prueba suficiente que desvirtúe lo acreditado mediante el acta.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $150.000 por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición de precios) y ordenó su publicación.
En su recurso la actora sostiene que "maneja diariamente un "stock" de más de diez mil artículos con su consecuente ubicación física, movimientos rotarios por venta y reposición, rotulado y control de "stock", por lo tanto la supuesta falta de exhibición de precios de productos en góndolas, no constituiría un hecho significante y relevante".
Por otro lado, dice “no habiéndose transgredido el espíritu y finalidad de la Ley N° 22.802 ni de sus resoluciones reglamentarias, que son las que motivan la sanción impuesta, ni habiéndose causado perjuicio o daño alguno a los consumidores, mal puede entenderse que mi mandante se encuentre en infracción".
Cabe recordar que, el legislador, al sancionar la Ley N° 24.240, diseñó un sistema protectorio del consumidor que excede dicha norma legal y que se ha denominado por un vasto sector de la doctrina como “Estatuto del Consumidor” y que se integra no solo con la mencionada ley y sus normas reglamentarias sino también con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y la Lay N° 22.802 de Lealtad Comercial (cf. Art. 3 Ley Nº 24.240).
Lo que se busca proteger no es otra cosa más que los derechos de los consumidores; siendo –en el particular- el derecho a la información, el bien jurídico protegido. Y no es, este, cualquier derecho, sino que es uno de aquellos específicamente protegidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando prevé que los consumidores tendrán derecho a una “información adecuada y veraz” y por el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad (“acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $150.000 por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición de precios) y ordenó su publicación.
En su recurso la actora sostiene que "maneja diariamente un "stock" de más de diez mil artículos con su consecuente ubicación física, movimientos rotarios por venta y reposición, rotulado y control de "stock", por lo tanto la supuesta falta de exhibición de precios de productos en góndolas, no constituiría un hecho significante y relevante".
Ahora bien, la relevancia o irrelevancia de la conducta de la sancionada no debe ser medida en base a su tráfico comercial diario sino en base a la protección de los derechos de la parte vulnerable de la relación de consumo, esto es, el consumidor.
Por eso, no puede asistirle razón a la recurrente en cuanto sostiene que no se ha producido daño alguno a los consumidores y que no se han recibido quejas por parte de estos en cuanto a la ausencia de exhibición de los precios. Aceptar esta tesitura implicaría, por un lado, desnaturalizar la función protectoria preventiva que debe llevar a cabo la DGDyPC en tanto autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 y, por el otro, negar (en el marco del ámbito revisor de esta instancia) la función que le cabe a la jurisdicción no solo en la aplicación del ordenamiento jurídico sino en la protección de los derechos fundamentales que aquel consagra.
Dicho esto, no surge de manera palmaria la irrazonabilidad argüida por la recurrente con relación al monto de la multa impuesta, ni acompaña prueba para lograr el convencimiento suficiente para hacer lugar a su agravio.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $150.000 por infracción al inciso a) del artículo 9 de la Ley Nº 4.827 (exhibición de precios) y ordenó su publicación.
En su recurso la actora se agravia del monto de la sanción impuesta, y sostiene que "maneja diariamente un "stock" de más de diez mil artículos con su consecuente ubicación física, movimientos rotarios por venta y reposición, rotulado y control de "stock", por lo tanto la supuesta falta de exhibición de precios de productos en góndolas, no constituiría un hecho significante y relevante".
Ahora bien, tal como se desprende del acto administrativo atacado, la actora resulta reincidente en los términos de los artículos 19 de las Leyes Nº 22.802 y Nº 4.827.
Así, no se vislumbra que la graduación de la sanción impuesta mediante la Disposición en crisis, a la luz del artículo 16 de la Ley N° 757, resulte de una irrazonabilidad manifiesta que merezca su tacha de nula por quebrar el principio de proporcionalidad.
Por ello, el agravio en tratamiento debe ser también rechazado.

En el caso, corresponde confirmar la disposición administrativa que le impuso al supermercado recurrente una multa de $ 193.515, por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley Nº 4.827 (exhibición de precios) y le ordenó publicar la disposición sancionatoria.
La recurrente se agravia por considerar que el acta de Infracción sólo se mencionan los productos, lo que resulta insuficiente para demostrar la infracción que se le imputa, al no estar acreditado que los productos en cuestión estuvieran exhibidos en forma singular y no en conjunto como suele hacer la empresa, en función de lo dispuesto en los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827, así como la necesidad de que el inspector haya obtenido testigos del hecho que se le imputa.
Sin embargo, se advierte que el acta –que no ha sido desvirtuada– le imputa la ausencia de precios y no un incumplimiento en el modo de exhibir los precios, al señalar que la sumariada dispone para la venta y alcance del público la mercadería allí consignada “(…) sin su correspondiente precio de venta…”.
En tales términos, la recurrente no acredita haber cumplido con la exhibición de los precios indicativos de los productos detallados en el acta en cuestión, la que inclusive da cuenta que el gerente del establecimiento, ante la constatación de la infracción, se limitó a manifestar: “es mercadería que se recibió nueva en el día”.
En el presente, la parte actora ni ha impugnado la autenticidad ni ha ofrecido prueba alguna con el fin de desvirtuar los hechos a los que da cuenta el acta de constatación atacada, por lo que no cabe a este Tribunal la valoración de aquella y, más allá de los disensos doctrinarios relativos a las cargas probatorias, lo cierto es que el alcance del artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, –CCAyT– tampoco ha sido discutido por la parte actora.

En el caso, corresponde confirmar la disposición administrativa que le impuso al supermercado recurrente una multa de $ 193.515, por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley Nº 4.827 (exhibición de precios) y le ordenó publicar la disposición sancionatoria.
La recurrente se agravia por la irrazonabilidad y desproporción que tendría el acto cuestionado en relación al monto de la multa impuesta.
No obstante ello, no ha acreditado cuáles serían las razones que tornarían desproporcionada tal sanción.
En este sentido, sus argumentos se limitaron a mencionar la disparidad entre la cantidad de productos individualizados sin precio y el monto de la sanción, sin justificar de qué manera ello constituiría una desproporción en la suma consignada.
A su vez, la recurrente no explicó por qué razón el valor de la sanción resultaría desproporcionado a la infracción ni manifestó por qué motivo resultaría elevado –máxime, teniendo en cuenta que la multa impuesta se halla más cerca del mínimo que del máximo de los montos establecidos por el inciso a) del art. 18 de la Ley Nº 22.802, que fija la escala desde “pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones ($ 5.000.000)”–
En este marco, considerando que la graduación de las sanciones es una facultad que compete a la Administración, y puesto que no se advierte irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, ni el alegado carácter desproporcionado, corresponde confirmar el monto de la multa impuesta.

En el caso, corresponde confirmar la disposición administrativa que le impuso al supermercado recurrente una multa de $ 193.515, por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley Nº 4.827 (exhibición de precios) y le ordenó publicar la disposición sancionatoria.
La recurrente se agravia por considerar que el acta de Infracción sólo se mencionan los productos, lo que resulta insuficiente para demostrar la infracción que se le imputa, al no estar acreditado que los productos en cuestión estuvieran exhibidos en forma singular y no en conjunto como suele hacer la empresa, en función de lo dispuesto en los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 4.827, así como la necesidad de que el inspector haya obtenido testigos del hecho que se le imputa.
Sin embargo, se advierte que el acta –que no ha sido desvirtuada– le imputa la ausencia de precios y no un incumplimiento en el modo de exhibir los precios, al señalar que la sumariada dispone para la venta y alcance del público la mercadería allí consignada “(…) sin su correspondiente precio de venta…”.
En tales términos, cabe señalar que el artículo 17 inciso d) de la Ley de Lealtad Comercial (Ley N° 22.802) dispone expresamente que las constancias del acta labrada constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas por lo que queda a cargo de la interesada efectuarlo con otros elementos, tal como se sostuvo en la disposición atacada al considerar que “el Acta constituye un documento público y da plena fe de los hechos constatados en ella, revistiendo la presunta infracción carácter formal, para cuya configuración y sanción sólo se requiere la simple constatación”.
En función de ello, correspondía a la parte actora desvirtuar la presunción legal prevista en la norma, circunstancia que no se verifica en el presente.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora –supermercado- y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $193.515) por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 4.827 (exhibición de precios).
La actora realiza un cuestionamiento vinculado a la causa del acto en crisis y señala que en el acta de infracción de marras no se identificó correctamente el hecho imputado y que su parte sí cumplió con la norma.
Ahora bien, en la Disposición atacada se destaca que al momento de labrarse el acta de constatación, el inspector le preguntó a quién lo atendió (al subgerente) si deseaba agregar algo, a lo cual aquel respondió que “[era] mercadería que [había] entr[ado] hac[ía] poco y que por la pandemia y el poco personal que ha[bía] no [habían] alcanza[do] a poner los precios que falta[ban]”. Es decir que la propia sumariada admitió haber incurrido en la infracción constatada.
Cabe señalar que la imputación de autos no se fundó en la forma en que la sumariada exhibía sus precios (de forma individual o por grupo de productos) sino en su ausencia.
Respecto de la validez y valor probatorio del acta de constatación se destaca que aquella cumple con los requisitos previstos por el artículo 4° de la Ley Nº 757, y que de conformidad con lo establecido por el inciso e) del artículo 12 de dicha norma, las constancias del acta labrada por el inspector actuante constituyen prueba suficiente de los hechos comprobados, salvo prueba en contrario.
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora –supermercado- y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $193.515 por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 4.827 (exhibición de precios).
La actora cuestiona la motivación del acto, al expresar que no se había transgredido el espíritu ni la finalidad de la Ley de Lealtad Comercial ni ocasionado daño alguno y que, por lo tanto, mal podía considerarse que su parte hubiera infringido la normativa aplicable.
Al respecto, según entiende la Corte Suprema “[s]i bien no existen formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de motivación explícita del acto administrativo -la cual debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo- no cabe la admisión de fórmulas carentes de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad o, en su caso, circunscribirla a la mención de citas legales, que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en los actos concretos (CSJN, “in re” “Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia de la Nación s/ juicios de conocimiento en general”, sentencia del 14/6/2001, Fallos, 324:1860, Dictamen del Sr. Procurador Fiscal al que remitió la Corte).
Así, al constatar el contenido del acto en crisis, se observa que el mismo se encuentra debidamente fundamentado.
En efecto, la DGDyPC luego de detallar en los considerandos del acto cuestionado la conducta imputada, la normativa infringida y que la sumariada no había aportado ni ofrecido prueba alguna tendiente a desvirtuar lo verificado por el funcionario interviniente, destacó la importancia del derecho a la información en el marco de las relaciones de consumo. Así, precisó que, a los fines de garantizar los derechos previstos por los artículos 42 de la Constitución Nacional y 46 de la Constitución local y en tanto la omisión de exhibir precios podía inducir a error, engaño o confusión con respecto del valor del producto que se pretendía adquirir, resultaba indispensable que quienes comercializaran productos y servicios informaran a los consumidores sus precios, de la forma que la ley exigía.
Por lo tanto, corresponde rechazar el agravio.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora –supermercado- y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $193.515 por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 4.827 (exhibición de precios).
En efecto, el planteo relativo a la falta de afectación al bien jurídico tutelado por las leyes de defensa del consumidor y de lealtad comercial no puede tener acogida favorable.
Ello así, toda vez que la infracción analizada es de carácter formal, por lo cual se configura con la sola violación de la norma, sin necesidad de acreditar un perjuicio concreto sobre consumidores individualizados.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora –supermercado- y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $193.515 por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 4.827 (exhibición de precios).
La actora se agravias al sostener que el monto de la multa impuesta resultaba desproporcionado, excesivo e irrazonable.
Ahora bien, como parámetros de graduación para las sanciones a aplicar, es correcto recurrir a los criterios establecidos tanto en el artículo 58 del Decreto Nº 274/2019 como en otras normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, tales como el artículo 49 de la Ley Nº 24.240 y el artículo 19 de la Ley Nº 757 (conf. pauta de integración normativa reglada por el artículo 3 de la Ley Nº 24.240).
En la Disposición cuestionada, se observa que, a los efectos de graduar la sanción aplicada, la DGDyPC expresó que el Decreto Nº 274/2019 establecía los valores mínimos y máximos de la sanción de multa, que a la fecha, la unidad móvil equivalía a $55,29 (conf. Resolución Nº 151/2021 de la Secretaría de comercio del Interior) y que, en el caso concreto, debía tenerse en cuenta: 1) el incumplimiento constatado; 2) el estado de desprotección en el que se encontraban los consumidores ante posibles abusos en el manejo de los precios, resultantes de su falta de exhibición; 3) la potencialidad de consumidores que pudieron haber resultado engañados; 4) la cantidad de productos que se encontraban sin precio de venta; 4) la posición en el mercado de la infractora, toda vez que la sumariada era una empresa de primera línea de supermercados e hipermercados en la Ciudad; y 5) su carácter de reincidente.
En atención a ello, se desprende que el monto de la sanción aplicada a la infracción se ajusta a la normativa indicada y, de hecho, se corresponde con los criterios plasmados en la normativa reseñada.
Asimismo, debe señalarse que la recurrente no arrimó prueba alguna a los efectos de rebatir su calificación como reincidente.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora –supermercado- y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una multa de $193.515 por infracción al inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 4.827 (exhibición de precios).
La actora se agravias al sostener que el monto de la multa impuesta resultaba desproporcionado, excesivo e irrazonable.
Si bien la actora planteó que en la Disposición en crisis se había efectuado una ponderación netamente subjetiva de su posición de mercado, por no obrar en el expediente prueba alguna al respecto, lo cierto es que la DGDyPC se limitó a señalar que la actora era “[u]na empresa de primera línea con una importante red supermercados e hipermercados en la Ciudad de Buenos Aires”, más no efectuó consideraciones específicas de carácter económico, o en relación con el giro comercial de la empresa, sin sustento probatorio.
A todo evento, cabe ponderar que la propia demandante respalda dicha afirmación en su sitio "web", al postular lo siguiente: “Somos uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina...".
Por último, el monto de la multa impuesta se halla mucho más cerca del mínimo que del máximo, en la escala prevista por el Decreto N° 274/2019.
De tal modo, la sanción bajo examen no puede ser considerada irrazonable o desproporcionada, considerando la naturaleza de la infracción cometida y el incumplimiento a la normativa de las relaciones del consumo constatado.
Por ello, no se verifica en el presente caso el exceso de punición alegado por la actora.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso directo interpuesto por la parte actora y declarar la nulidad de la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
El denunciante inicia la causa contra el supermercado ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor por infracción al artículo 7 de la ley 24.240, y relató que el día 3 de diciembre de 2013 concurrió a uno de los locales del supermercado denunciado, y decidió comprar un producto que se encontraba como oferta de la semana, sin embargo, indicó que al momento de acercarse a la caja para chequear el producto, se le informó que el precio que había observado en la góndola, no se correspondía con el producto a contratar, sino que correspondía a uno de menor capacidad, pero de la misma marca, que habló con el supervisor pero sin atender a su planteo.
En efecto, surge de las actuaciones que durante la tramitación del sumario administrativo, existió, cuando menos, una demora injustificada de casi 4 años y 8 meses para el dictado de la intimación efectuada el 18 de julio de 2019.
A ello debe agregarse que no se advierte la existencia de una cuestión técnica o compleja a que pueda atribuirse una dilación de tal entidad; máxime teniendo en consideración que la autoridad de aplicación, en aquella Providencia, solo tuvo por presentada la prueba documental adjuntada por la sumariada.
Luego con fecha 18 de septiembre de 2019, El Gerente Operativo de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor Ministerio de Jefatura de Gabinete, emitió su dictamen sugiriendo sancionar a la actora con multa por haber incurrido en infracción al artículo 7 de la ley 24240, y finalmente, el día 20 de septiembre de 2019 se dictó el acto sancionatorio aquí recurrido.
En ese contexto, y más allá del modo en que la actora encuadró la cuestión en su recurso, lo cierto es que la demora apuntada –que aparece como atribuible únicamente a la autoridad de aplicación– exhibe que en el presente caso no se respetaron razonables pautas temporales.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso directo interpuesto por la parte actora y declarar la nulidad de la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
El denunciante inicia la causa contra el supermercado ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor por infracción al artículo 7 de la ley 24.240, y relató que el día 3 de diciembre de 2013 concurrió a uno de los locales del supermercado denunciado, y decidió comprar un producto que se encontraba como oferta de la semana, sin embargo, indicó que al momento de acercarse a la caja para chequear el producto, se le informó que el precio que había observado en la góndola, no se correspondía con el producto a contratar, sino que correspondía a uno de menor capacidad, pero de la misma marca, que habló con el supervisor pero sin atender a su planteo.
En efecto, no puede decirse que transcurrió el plazo de prescripción, en tanto el hecho que motivó la denuncia –fecha del intento fallido de compra por incumplimiento de mantener el precio publicado en góndola– se produjo el 3 de diciembre de 2013 y el denunciante presentó denuncia formal ante la DGDyPC el 11 de noviembre del 2014.
Lo cierto es que ninguna referencia se hace en el recurso al tiempo transcurrido entre la comisión de la infracción y el inicio de las actuaciones administrativas.
Por ello, entiendo que la apelante confunde el tiempo que demandó el trámite administrativo con el plazo que prevé la ley para que se inicie el procedimiento ante la Administración.
La administración, entonces, no puede sancionar sin la previa sustanciación de un procedimiento administrativo encaminado a comprobar la infracción.
Resulta claro que en el sub examine, la autoridad de aplicación debía sustanciar ese procedimiento. Pero, indudablemente, no de cualquier modo, sino con la adecuada observancia del debido proceso para las actoras (artículo 18 CN). La garantía del debido proceso y el derecho de defensa comprenden el derecho instrumental de toda persona a obtener un pronunciamiento dentro de plazos razonables.
En tales condiciones, el temperamento adoptado –según el cual el plazo de prescripción no se computa durante la sustanciación de las actuaciones sumariales– no significa que la administración pueda prolongar indefinidamente los plazos procedimentales generando una situación de desprotección e inseguridad jurídica respecto de los sumariados porque, en dicho trámite, la administración debe observar la garantía del plazo razonable.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso directo interpuesto por la parte actora y declarar la nulidad de la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
La falta atribuida se remonta al mes de diciembre de 2013 y la denuncia ante la DGDyPC que dio inicio a las actuaciones administrativas fue el 11 de noviembre de 2014.
El día, 10 de diciembre de 2014 se celebró sin existo la audiencia conciliatoria, y el 18 de agosto de 2015 la denunciante presentó pronto despacho en sede administrativa.
La imputación por presuntos incumplimientos a la Ley N° 24.240 en particular, al artículo 7, se efectuó el 18 de julio 2019.
El 2 de agosto de 2019 la denunciada solicitó tomar vista del expediente y con fecha 5 de ese mismo mes y año la imputada presentó su descargo. Allí planteó la prescripción del procedimiento en los términos del artículo 50 de la ley 24.240, y en subsidio efectuaron su descargo y ofreció prueba documental. Con fecha 17 de septiembre de 2019 se dictó la providencia mediante la cual se tuvo por presentado el descargo de la imputada, se agregó la prueba documental aportada y se pasaron las actuaciones a resolver.
La reseña cronológica descripta que surge de la compulsa de las actuaciones da cuenta de que, durante la tramitación del sumario administrativo, existió, cuando menos, una demora injustificada de casi 4 años y 8 meses para el dictado de la intimación efectuada el 18 de julio de 2019.
A ello debe agregarse que no se advierte la existencia de una cuestión técnica o compleja a que pueda atribuirse una dilación de tal entidad; máxime teniendo en consideración que la autoridad de aplicación, en aquella Providencia, solo tuvo por presentada la prueba documental adjuntada por la sumariada.
Luego con fecha 18 de septiembre de 2019, El Gerente Operativo de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor Ministerio de Jefatura de Gabinete, emitió su dictamen sugiriendo sancionar al supermercado con multa de pesos cincuenta mil ($50.000) por haber incurrido en infracción al artículo 7 de la ley 24240.
Finalmente, el día 20 de septiembre de 2019 se dictó el acto sancionatorio aquí recurrido.
En ese contexto, y más allá del modo en que la actora encuadró la cuestión en su recurso, lo cierto es que la demora apuntada –que aparece como atribuible únicamente a la autoridad de aplicación– exhibe que en el presente caso no se respetaron razonables pautas temporales en los términos desarrollados.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso directo interpuesto por la parte actora y declarar la nulidad de la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
En cuanto al planteo referido a que el plazo de prescripción descripto en el artículo 50 de la Ley N° 24.240 se encuentra cumplido, considero que asiste razón a la parte actora.
Corresponde señalar que el artículo mencionado –según el texto vigente al momento de la infracción endilgada– establecía que “[l]as acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”.
Cabe destacar que “La prescripción es la extinción de las acciones derivadas de un derecho por su abandono por el titular durante el término fijado por la ley. Requiere por lo tanto de dos elementos: la inacción del titular y el transcurso del tiempo” (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2009, p. 612).
En cuanto al comienzo del curso de prescripción, resulta menester destacar que “la ley no contiene disposiciones al respecto, por lo que habrá de estarse a las disposiciones generales” … “El cómputo comienza desde que es exigible, pero se requiere un tiempo útil. Esto significa que la acción debe poder presentarse ante los estrados jurisdiccionales, y si faltase algún elemento importante, no sucede el tiempo útil” (Lorenzetti, Ricardo Luis, op. cit, p. 613/614).
En el presente caso, el hecho que origina la sanción de autos (intento fallido de compra por incumplimiento de mantener el precio publicado en góndola) se produjo el 3/12/2013 y el denunciante presentó la denuncia ante la DGDyPC el 11/11/2014.
El día 10/12/2014 se celebró sin existo la audiencia conciliatoria.
La imputación por presunto incumplimiento al artículo 7° de la ley Nº 24.240 es de fecha 18/07/2019.
El 17/09/2019 se tuvo por presentado el descargo de la imputada y pasaron las actuaciones a resolver.
Luego, el 20/09/2019 mediante la disposición impugnada se sancionó al supermercado con una multa de pesos cincuenta mil ($50.000) por infracción al artículo 7 de la ley 24.240.
Tomando en consideración las fechas referidas en los párrafos que anteceden y, de acuerdo al plazo dispuesto en el ya citado artículo 50 de la Ley nº 24.240, entre la fecha en que se efectuó la denuncia y el momento en que se dictó la disposición, había transcurrido con creces el término fijado en la norma.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora y confirmar la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
Del detalle cronológico del expediente administrativo, surge que a partir de un análisis global del procedimiento, no se advierte la configuración de una demora injustificada en la tramitación de las actuaciones administrativas, que amerite declarar su nulidad al amparo del derecho al debido proceso consagrado por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8.1 de la CADH.
En segundo término, cabe ponderar que, en su recurso, el supermercado se ha limitado a citar el concepto de plazo razonable para ligarlo a una supuesta vulneración de su derecho de defensa. Empero, de la revisión de las actuaciones administrativas surge que una vez imputada por la supuesta infracción a los artículos 7 de la Ley Nº 24.240, la recurrente presentó su descargo en tiempo y forma, ofreció su versión de los hechos y ofreció prueba documental para respaldar sus dichos.
Por lo expuesto, al amparo de la normativa y jurisprudencia aplicables y ponderadas las constancias probatorias de la causa, la generalidad del planteo de la recurrente, su conducta en oportunidad de presentar su descargo y pruebas, no se advierte que la duración de las actuaciones administrativas colisione con la garantía de plazo razonable ni haya vulnerado el derecho de defensa de la apelante. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio aquí estudiado. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Mántaras).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora y confirmar la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
Cabe recordar que el denunciante explicó que intentó comprar una Cava de la marca "TOP House" para 28 botellas por la suma de pesos novecientos sesenta y nueve ($969.-), conforme cartel promocional, puesto en góndola por la propia sumariada. No obstante, no pudo efectuar la compra pues al momento de intentar abonarla se le informó que “el precio no era ese” sino que ese monto correspondía a la cava de 16 botellas, y que el supervisor del local le hizo saber que “no es como decía el cartel la oferta”.
El supermercado negó haber incumplido los deberes a su cargo en su vínculo con el denunciante. Puntualmente, sostuvo que dio estricto cumplimiento a los requisitos exigidos con relación a la oferta de sus productos, a tal fin desconoció la documentación aportada por la denunciante (presunto cartel exhibido), e insistió en que el producto que se encontraba en oferta era la cava con capacidad para 16 botellas, conforme publicidad que adjunta (revista semanal). Asimismo arguyó que “[l]a publicación de un precio irrisorio en un cartel exhibidor solo podría haber sido producto de la equivocación que, en consecuencia, implicaría un vicio en el consentimiento, lo cual invalida la oferta o el contrato, según el caso”.
Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, lo cierto es que el supermercado no acreditó haber cumplido con lo normado por la Ley de Defensa del Consumidor respecto de la “Oferta” ofrecida.
Al respecto cabe indicar que la oferta en la ley de defensa del consumidor tiene carácter firme, es decir que aquel que la formuló se encuentra obligado a ella, por el solo hecho de haberla formulado. Ello implica que una vez presentada la oferta al público ella se vuelve vinculante, o de obligado cumplimiento, no pudiendo el proveedor, en principio, dar marcha atrás, ya que una vez aceptada la oferta por el consumidor, se perfecciona el contrato. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Mántaras).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora y confirmar la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
Cabe recordar que el denunciante explicó que intentó comprar una Cava de la marca "TOP House" para 28 botellas por la suma de pesos novecientos sesenta y nueve ($969.-), conforme cartel promocional, puesto en góndola por la propia sumariada. No obstante, no pudo efectuar la compra pues al momento de intentar abonarla se le informó que “el precio no era ese” sino que ese monto correspondía a la cava de 16 botellas, y que el supervisor del local le hizo saber que “no es como decía el cartel la oferta”.
Cabe destacar que los agravios esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes para demostrar los vicios que endilga al acto recurrido.
Nótese que, por un lado, alegó que no se han valorado adecuadamente los hechos y probanzas de la causa e insiste en desconocer la documental aportada por el denunciante (cartel de oferta en góndola), pero luego, aduce en su defensa que dicha publicación “[…] solo podría haber sido producto de la equivocación […]”.
Luego intenta exonerar su proceder infracto, acompañado como documental el semanario de ofertas vigente a la fecha de los hechos, empero dicho argumento tampoco resulta apto para refutar la valoración de los hechos efectuada por la Directora General de la DGDyPC. Recuérdese que allí se sostuvo que se trataba de dos canales publicitarios distintos —publicidad en la revista semanal y en el punto de venta a través de la exhibición de un cartel— y que no se había logrado demostrar con las probanzas de la causa que ambos medios transmitían idéntico mensaje publicitario con el mismo nivel de información y detalle del producto ofertado. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Mántaras).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora y confirmar la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
Cabe recordar que el denunciante explicó que intentó comprar una Cava de la marca "TOP House" para 28 botellas por la suma de pesos novecientos sesenta y nueve ($969.-), conforme cartel promocional, puesto en góndola por la propia sumariada. No obstante, no pudo efectuar la compra pues al momento de intentar abonarla se le informó que “el precio no era ese” sino que ese monto correspondía a la cava de 16 botellas, y que el supervisor del local le hizo saber que “no es como decía el cartel la oferta”.
Cabe destacar que los agravios esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes para demostrar los vicios que endilga al acto recurrido.
En lo referido a la alegada configuración de un supuesto error obstativo (es aquel que recae sobre la declaración de la voluntad, esta se ha formado correctamente sobre un exacto conocimiento de la realidad, pero se expresa de forma errónea, y así se declara una voluntad que el sujeto no tiene, o que al menos es distinta a la que tiene), debe adelantarse que tampoco habrá de prosperar.
Sin embargo, debe señalarse que no podría pretenderse que cualquier error en la publicación de una oferta produzca un vicio que provoque la nulidad, como tampoco puede exigirse al consumidor que reconozca por si la existencia de cualquier error en la oferta.
Entonces, puede concluirse que para que el oferente se exonere de las responsabilidades a su cargo será necesario que pueda corroborarse la existencia de un error esencial (artículo 265 CCyCN), y además que dicho error sea reconocible por el destinatario, es decir tan manifiesto que el consumidor pudo haberlo conocido (artículo 266 CCyCN).
En dicho marco, el apelante tampoco logró demostrar que la publicación que diera origen a la oferta incumplida ostentara un error esencial de tal magnitud que fuera reconocible por el consumidor ni que justifique su nulidad.
A partir de lo hasta aquí expuesto, se observa que el supermercado no ha acompañado ni ofrecido pruebas tendientes a acreditar la inexistencia de los incumplimientos denunciados, ni ha demostrado la improcedencia de los argumentos y la prueba documental presentados por aquel.
Vale recordar que, según lo dispuesto por el artículo 301 del CCAyT, la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido tiene la carga de probarlo. En este caso, la actora no ha desplegado actividad probatoria suficiente para acreditar sus afirmaciones.
Asimismo se destaca que, según la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que adquiere especial relevancia cuando se trata de relaciones de consumo.
En el mismo sentido, se ha dicho, respecto de esta parte en mejores condiciones con relación al material probatorio, que su deber procesal de colaboración se acentúa. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Mántaras).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora y confirmar la disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que resolvió sancionar a la actora (supermercado) con una multa de $50.000 por infracción al artículo 7° de la Ley N° 24.240.
Cabe destacar que el acto en crisis imputó a la actora la infracción al artículo 7 (negativa injustificada de venta en las condiciones y términos ofertados) de la Ley Nº 24.240.
La Ley Nº 24.240 prevé, entre otras opciones de sanciones, multa de $ 100 a $ 5.000.000 (artículo 47, inciso b). Como parámetros de graduación deben observarse los criterios establecidos en el artículo 49 de la Ley Nº 24.240 y el artículo 19 de la Ley Nº 757.
En la Disposición cuestionada, se observa que, a los efectos de graduar la sanción aplicada, la DGDyPC expresó tendrá en cuenta que la protección establecida en el artículo en análisis tiende a resguardar la legitima expectativa creada en el consumidor a partir de las ofertas realizadas por los proveedores y velar por su efectivo cumplimiento. Además se dijo que el incumplimiento de la oferta genera un efecto nocivo por parte de los proveedores de bienes y/o servicios, en tanto origina una frustración en el consumidor quien ha perdido tiempo y s encuentra obligado a reclamar el cumplimiento de aquello que ha sido comprometido para captar su atención y ulterior elección.
A su vez, meritó que la sumariada era reincidente y estimó que ello reflejaba una reiteración de conductas violatorias de la normativa de la Ley Nº 24.240 y un comportamiento disvalioso de la infractora en el desarrollo de su actividad profesional.
En ese orden de ideas, señaló que la normativa de Defensa del Consumidor tenía un carácter tuitivo de derechos cuyo fin era fomentar un estándar de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y disuadir a proveedores de conductas no deseadas.
En atención a ello, se desprende que el monto de la sanción aplicada a las infracciones se ajusta a la normativa indicada y, de hecho, se corresponde con los criterios plasmados en el artículo 49 de la Ley Nº 24.240 y el artículo 19 de la Ley Nº 757.
Asimismo, debe señalarse que la recurrente no arrimó prueba alguna a los efectos de rebatir su calificación como reincidente.
De tal modo, la sanción bajo examen no puede ser considerada injustificada, irrazonable o desproporcionada, considerando la naturaleza de las infracciones cometidas y el incumplimiento a la normativa de las relaciones del consumo verificado.
En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el agravio aquí analizado. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Mántaras).

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $50.000 por infracción del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4827 (productos se encontraban a la venta sin exhibir sus respectivos precios) y se ordenó la publicación de la disposición condenatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 757.
En efecto, correspon de rechazar el agravio expuesto por la recurrente, vinculado con la falta de comisión de la infracción imputada. La empresa, a lo largo de su escrito, se limita a desconocer la falta de exhibición de precios y mencionar que hay diversos métodos alternativos para conocer el valor de cada uno de los bienes.
El argumento de la empresa no logra contradecir lo acreditado en el acta de constatación en tanto constituye un mero desconocimiento sin presentar prueba alguna que ponga en crisis los hechos corroborados por los inspectores.
De acuerdo con lo prescripto por el artículo 17 inciso d) de la Ley N° 22.802: “[l]as constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo (…) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas”. De manera similar, el art. 9 inc. e de la ley local 757 refiere que: “[l]as constancias del acta labrada por el inspector actuante (…), constituyen prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.”
Por ello, y toda vez que la apelante no logró desvirtuar el contenido del acta de infracción en tanto le imputa no exhibir los precios de una serie de productos, corresponde rechazar este argumento.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $50.000 por infracción del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4827 (productos se encontraban a la venta sin exhibir sus respectivos precios) y se ordenó la publicación de la disposición condenatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 757.
En efecto, corresponde rechazar el agravio expuesto por la recurrente, vinculado con la falta de comisión de la infracción imputada. La empresa, a lo largo de su escrito, se limita a desconocer la falta de exhibición de precios y mencionar que hay diversos métodos alternativos para conocer el valor de cada uno de los bienes.
En relación con la existencia de otros medios de publicidad de los precios, cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 9 de la ley 4827, “Los Supermercados, Supermercados Totales o Hipermercados, y Autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, conforme los define la Ley Nº 18.425 ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las formas o variantes que pudieran adquirir dichos establecimientos, deben: a) Exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá corresponder al importe total que deba abonar el consumidor final. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no fuera posible, deberán utilizarse listas de precios. En los casos en que la exhibición deba realizarse mediante listas, la existencia de las mismas deberá informarse en el lugar donde los productos se encuentren exhibidos, mediante un cartel que consigne: "lista de precios a disposición del público ubicada en...".
Así, no sólo no ha sido probado que en la sucursal inspeccionada se encuentren disponibles los eventuales canales alternativos de consulta de precio informados por la recurrente, sino que además estos no cumplirían con lo establecido por la ley.
En estas condiciones, corresponde rechazar el agravio en tratamiento.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $50.000 por infracción del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4827 (productos se encontraban a la venta sin exhibir sus respectivos precios) y se ordenó la publicación de la disposición condenatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 757.
La empresa alega un exceso de punición en la sanción impuesta.
Creo importante recordar que, el legislador, al sancionar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), diseñó un sistema protectorio del consumidor que excede dicha norma legal y que se ha denominado por un vasto sector de la doctrina como “Estatuto del Consumidor” y que se integra no solo con la LDC y sus normas reglamentarias sino también con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial (cf. Art. 3 LDC).
Por ello, en casos como el de autos, lo que se busca proteger no es otra cosa más que los derechos de los consumidores; siendo –en el particular- el derecho a la información, el bien jurídico protegido. Y no es, este, cualquier derecho, sino que es uno de aquellos específicamente protegidos en el art. 42 de la Constitución Nacional, cuando prevé que los consumidores tendrán derecho a una “información adecuada y veraz” y art. 46 de la CCABA (“acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”)
De allí que la relevancia o irrelevancia de la conducta de la sancionada no debe ser medida en base a su tráfico comercial diario sino en base a la protección de los derechos de la parte vulnerable de la relación de consumo, esto es, el consumidor. Por eso, no puede asistirle razón a la recurrente en cuanto sostiene que no se ha producido daño alguno a los consumidores y que no se han recibido quejas por parte de estos en cuanto a la ausencia de exhibición de los precios. Aceptar esta tesitura implicaría, por un lado, desnaturalizar la función protectoria preventiva que debe llevar a cabo la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor en tanto autoridad de aplicación de la LDC en el ámbito de la CABA y, por el otro, negar (en el marco del ámbito revisor de esta instancia) la función que le cabe a la jurisdicción no solo en la aplicación del ordenamiento jurídico sino en la protección de los derechos fundamentales que aquel consagra.
Dicho esto, no surge de manera palmaria la irrazonabilidad argüida por la recurrente con relación al monto de la multa impuesta ni acompaña prueba para lograr el convencimiento suficiente para hacer lugar a su agravio.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $50.000 por infracción del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4827 (productos se encontraban a la venta sin exhibir sus respectivos precios) y se ordenó la publicación de la disposición condenatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 757.
La empresa alega un exceso de punición en la sanción impuesta.
Con relación al carácter de reincidente de la empresa, cabe mencionar que mientras el acto administrativo citó varias causas para fundar aquella condición, la recurrente se limitó a señalar que no se encontraban firmes sin acompañar ninguna prueba para ello.
Sobre la supuesta falta de relación de las sanciones referidas por la Administración con la que aquí se discute, vale indicar que la ley 757 no requiere que sean de idéntica naturaleza sino que basta con haber sido sancionado por una infracción a las Leyes 24.240 y 22.802 -y sus modificatorias- e incurrir en otra presunta infracción.
Así, no se vislumbra que la graduación de la sanción impuesta mediante la Disposición en crisis, a la luz del artículo 16 de la Ley N° 757, resulte de una irrazonabilidad manifiesta que merezca su tacha de nula por quebrar el principio de proporcionalidad.
Por ello, el agravio en tratamiento debe ser rechazado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $110.580 por infracción del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4827 (productos se encontraban a la venta sin exhibir sus respectivos precios) y se ordenó la publicación de la disposición condenatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 757.
En efecto, correspon de rechazar el agravio expuesto por la recurrente, vinculado con la falta de comisión de la infracción imputada. La empresa, a lo largo de su escrito, se limita a desconocer la falta de exhibición de precios y mencionar que hay diversos métodos alternativos para conocer el valor de cada uno de los bienes.
El argumento de la empresa no logra contradecir lo acreditado en el acta de constatación en tanto constituye un mero desconocimiento sin presentar prueba alguna que ponga en crisis los hechos corroborados por los inspectores.
De acuerdo con lo prescripto por el artículo 4 de la Ley 757: “[l]a comprobación de una infracción durante una inspección ordenada de oficio, se formalizará mediante acta labrada por triplicado por el inspector actuante donde conste, en forma concreta y precisa, el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida..”. A su tiempo, el art. 9 inc. e de la misma norma refiere que: “[l]as constancias del acta labrada por el inspector actuante (…), constituyen prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.”
Por ello, y toda vez que la apelante no logró desvirtuar el contenido del acta de infracción en tanto le imputa no exhibir los precios de una serie de productos, corresponde rechazar este argumento.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $110.580 por infracción del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4827 (productos se encontraban a la venta sin exhibir sus respectivos precios) y se ordenó la publicación de la disposición condenatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 757.
En efecto, correspon de rechazar el agravio expuesto por la recurrente, vinculado con la falta de comisión de la infracción imputada. La empresa, a lo largo de su escrito, se limita a desconocer la falta de exhibición de precios y mencionar que hay diversos métodos alternativos para conocer el valor de cada uno de los bienes.
En relación con la existencia de otros medios de publicidad de los precios, cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 9 de la ley 4827, “[l]os Supermercados, Supermercados Totales o Hipermercados, y Autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, conforme los define la Ley Nº 18.425 ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las formas o variantes que pudieran adquirir dichos establecimientos, deben: a) Exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá corresponder al importe total que deba abonar el consumidor final (...)".
Así, no sólo no ha sido probado que en la sucursal inspeccionada se encuentren disponibles los eventuales canales alternativos de consulta de precio informados por la recurrente, sino que además estos no cumplirían con lo establecido por la ley.
En estas condiciones, corresponde rechazar el agravio en tratamiento.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $110.580 por infracción del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 4827 (productos se encontraban a la venta sin exhibir sus respectivos precios) y se ordenó la publicación de la disposición condenatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 757.
La empresa alega un exceso de punición en la sanción impuesta.
Creo importante recordar que, el legislador, al sancionar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), diseñó un sistema protectorio del consumidor que excede dicha norma legal y que se ha denominado por un vasto sector de la doctrina como “Estatuto del Consumidor” y que se integra no solo con la LDC y sus normas reglamentarias sino también con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial (cf. Art. 3 LDC).
Por ello, en casos como el de autos, lo que se busca proteger no es otra cosa más que los derechos de los consumidores; siendo –en el particular- el derecho a la información, el bien jurídico protegido. Y no es, este, cualquier derecho, sino que es uno de aquellos específicamente protegidos en el art. 42 de la Constitución Nacional, cuando prevé que los consumidores tendrán derecho a una “información adecuada y veraz” y art. 46 de la CCABA (“acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”)
De allí que la relevancia o irrelevancia de la conducta de la sancionada no debe ser medida en base a su tráfico comercial diario sino en base a la protección de los derechos de la parte vulnerable de la relación de consumo, esto es, el consumidor. Por eso, no puede asistirle razón a la recurrente en cuanto sostiene que no se ha producido daño alguno a los consumidores y que no se han recibido quejas por parte de estos en cuanto a la ausencia de exhibición de los precios. Aceptar esta tesitura implicaría, por un lado, desnaturalizar la función protectoria preventiva que debe llevar a cabo la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor en tanto autoridad de aplicación de la LDC en el ámbito de la CABA y, por el otro, negar (en el marco del ámbito revisor de esta instancia) la función que le cabe a la jurisdicción no solo en la aplicación del ordenamiento jurídico sino en la protección de los derechos fundamentales que aquel consagra.
Dicho esto, no surge de manera palmaria la irrazonabilidad argüida por la recurrente con relación al monto de la multa impuesta ni acompaña prueba para lograr el convencimiento suficiente para hacer lugar a su agravio.
Con relación al carácter de reincidente de la empresa, cabe mencionar que mientras el acto administrativo citó varios antecedentes administrativos para fundar aquella condición, la recurrente se limitó a señalar que no se encontraban firmes sin acompañar ninguna prueba para ello.
Sobre la supuesta falta de relación de las sanciones referidas por la Administración con la que aquí se discute, vale indicar que la ley 757 no requiere que sean de idéntica naturaleza sino que basta con haber sido sancionado por una infracción a las Leyes 24.240 y 22.802 -y sus modificatorias- e incurrir en otra presunta infracción.
Así, no se vislumbra que la graduación de la sanción impuesta mediante la Disposición en crisis, a la luz de los arts. 18 y 19 de la ley 757, resulte de una irrazonabilidad manifiesta que merezca su tacha de nula por quebrar el principio de proporcionalidad.
Por ello, el agravio en tratamiento debe ser rechazado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por actor y confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción al artículo 9°, inciso a) de la Ley Nº4827.
El supermercado sancionado afirma la existencia de vicio en la causa del acto administrativo sancionador; arguye que la falta de identificación en el Acta labrada en ocasión de la inspección realizada de uno de los productos involucrados en la imputación configura un vicio en la causa, dado que la ausencia de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado de una imputación determina la nulidad de dicho acto y, en consecuencia, de su posterior sanción.
Sin embargo, este agravio, en adición a su confusa formulación, carece de todo sustento fáctico, toda vez que, además de que la recurrente no aclara a qué producto se refiere con su aserto, lo cierto es que en el caso no hubo, con posterioridad a la inspección, un desdoblamiento temporal entre el labrado del acta de infracción y el acto de imputación (y su notificación).
En efecto, en el cuerpo del mismo Acta, luego de detallarse los productos que presuntamente se encontraban a la venta sin exhibición de su respectivo precio, se expresó que el supuesto infractor quedaba “legalmente notificado” y disponía de “diez días hábiles para constituir domicilio, presentar su descargo por escrito y ofrecer las pruebas que estime corresponder en su defensa".
Esto se compadece con lo previsto en el artículo 4° de la Ley Nº757 de procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario.
Si la intención de la actora fue decir que la “imputación” como tal involucraba un producto que no había sido incluido en el “acta”, su argumento no tiene asidero.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por actor y confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción al artículo 9°, inciso a) de la Ley Nº4827.
El supermercado sancionado afirma la existencia de vicio en la causa del acto administrativo sancionador; arguye que la falta de identificación en el Acta labrada en ocasión de la inspección realizada de uno de los productos involucrados en la imputación configura un vicio en la causa, dado que la ausencia de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado de una imputación determina la nulidad de dicho acto y, en consecuencia, de su posterior sanción.
Sin embargo, estas aseveraciones parten de una mera valoración subjetiva o no están vinculadas en modo alguno con hechos o datos concretos.
Lo primero puede predicarse de la afirmación de que los productos presuntamente hallados sin precio eran “tan solo diecisiete (17)”.
Lo segundo puede sostenerse respecto del aserto de que el personal del supermercado estaba a punto de finalizar un “procedimiento de control de obleas” y de la insinuación de que habría mediado culpa de los consumidores que inintencionadamente deslizarían o quitarían las etiquetas con el precio de los productos.
Ello así, el acto impugnado cuenta con un basamento fáctico y jurídico suficiente y que los agravios expresados en este punto no son atendibles.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por actor y confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción al artículo 9°, inciso a) de la Ley Nº4827.
El supermercado sancionado afirma que la motivación del acto es insuficiente e inadecuada, pues “no se relaciona en modo alguno con los extremos que conformarían en concreto la conducta reprochada”. Arguye que no fueron expresadas las razones concretas por las que se concluyó que era responsable de la afectación al bien jurídico protegido por la norma. Enfatiza que esta omisión vulnera, entre otros, su derecho de defensa y el principio de in dubio pro administrado.
Sin embargo, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor puso de relieve que, con arreglo al artículo 17, inciso d) de la Ley Nº22.802 –de lealtad comercial-, el acta labrada constituía prueba suficiente de los hechos endilgados, mientras que la sumariada no había “aportado ni ofrecido prueba a fin de desvirtuar lo constatado por los funcionarios intervinientes”.
Al contrario de lo sostenido por la empresa, en el acto impugnado fueron claramente exteriorizadas las razones que motivaron la decisión sancionatoria.
No se me escapa que la previsión a la que alude la Dirección para justificar el valor probatorio del acta es, en realidad, una disposición de la ley nacional que, en rigor, no versa sobre una cuestión material o de fondo, sino procedimental.
Ahora bien, aunque la Ley Nº4827 no contiene un artículo semejante, sí lo tiene la Ley Nº757, a la que hace remisión directa, en materia sancionatoria, el artículo 35 de la primera.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por actor y confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción al artículo 9°, inciso a) de la Ley Nº4827.
El supermercado sancionado afirma que la motivación del acto es insuficiente e inadecuada, pues “no se relaciona en modo alguno con los extremos que conformarían en concreto la conducta reprochada”. Arguye que no fueron expresadas las razones concretas por las que se concluyó que era responsable de la afectación al bien jurídico protegido por la norma. Enfatiza que esta omisión vulnera, entre otros, su derecho de defensa y el principio de in dubio pro administrado.
Sin embargo, corresponde estar a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) de la Ley Nº757; de acuerdo a la norma, el contenido de las actas de infracción se presume cierto a menos que otras probanzas arrimadas al expediente tengan la contundencia suficiente para desvirtuar esa presunción.
En este sentido, el supermercado sancionado no ha aportado –ni en esta instancia ni en sede administrativa- elemento alguno que permita refutar lo afirmado en el Acta de infracción, la que, por lo demás, cumple con los recaudos formales exigidos en el artículo 4° de dicha ley.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por actor y confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción al artículo 9°, inciso a) de la Ley Nº4827.
El supermercado sancionado cuestiona el monto de la pena, al que califica de irrazonable, excesivo, arbitrario y desproporcionado. Dice que, si la obligación presuntamente incumplida consiste en exhibir precios de cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería expuesto al público, entonces “no podría nunca considerarse una infracción individual por cada producto sin su precio de venta, siempre que todos ellos estén dentro de un mismo grupo”. Expresa que hay una “enorme disparidad entre la cantidad de productos constatada en el acta y los utilizados por la autoridad para determinar el monto de la sanción”.
Sin embargo, con sus dichos, la actora parece esbozar una crítica al acto sancionatorio basada en que, por su intermedio, se la habría sancionado individualmente por cada unidad encontrada a la venta sin precio visible, omitiendo considerarse que cada una de ellas pertenecía a “grupos” de mercadería.
No obstante, en el Acta de infracción no solo se mencionó las distintas cantidades de artículos hallados en esas condiciones, sino también el producto al que correspondían, con detalle de la respectiva marca y peso.
Indudablemente, lo que la Ley Nº4827 procura, en lo que a este caso concierne, es que el consumidor pueda saber, antes de tomar la decisión de comprar un artículo, cuál es el precio que va a tener que pagar por él.
Sobre esas bases, entiendo que el agravio vertido por la actora encubre un argumento falaz que desvirtúa el espíritu de la ley.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por actor y confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción al artículo 9°, inciso a) de la Ley Nº4827.
En efecto, no hay razones para hacer lugar al pedido de reducción del monto de la multa, que se encuentra mucho más próximo al mínimo que al máximo de la escala prevista en el artículo 18, inciso a) de la Ley Nº22.808 y aparece como razonable en vista de las circunstancias del caso.
Al fijarlo, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor tuvo en cuenta una serie de factores puntuales detallados en el acto administrativo sancionatorio.
Asimismo, sostener que en el caso no se probó el perjuicio causado a los consumidores porque estos no habrían realizado reclamos y solo se habrían visto impedidos de conocer los precios de los productos “por escasos minutos”, la recurrente nuevamente hace una manifestación sin sustento concreto y reconoce, en definitiva, que cometió la infracción.

En el caso, corresponde confirmar la Disposición Administrativa por la cual la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- sancionó a la actora –supermercado- con multa por infracción al artículo 7º de la Ley Nº 24.240.
En la denuncia, la consumidora relató que se dirigió a una sucursal del supermercado actor a fin de aprovechar una promoción consistente en una devolución del 30% por la compra de productos de pescadería y carne vacuna. Adquirió una pieza de salmón ahumado, pero al momento de abonar el producto no le fue entregado el descuento correspondiente a la promoción vigente.
La actora expuso que la promoción resultaba aplicable únicamente a productos frescos y que, al tratarse el salmón ahumado de un producto procesado, la promoción no le resultaba aplicable. Sin embargo, más allá de las afirmaciones de la recurrente en este aspecto, lo cierto es que la exclusión apuntada no fue detallada en la promoción en cuestión. No surge de autos que la empresa haya acompañado documentación alguna que acredite sus dichos. Por el contrario, de las fotografías agregadas a la denuncia puede observarse que ninguna aclaración se realiza respecto de la exclusión apuntada por la recurrente.
Por otro lado, tal como fuera oportunamente señalado por la autoridad de aplicación, la distinción de los diferentes productos incluidos en una promoción, en función del modo de elaboración o conservación que la empresa implementa, no puede presumirse conocida por los consumidores.
En virtud de lo expuesto, toda vez que no se observa que de los términos de la promoción cuestionada surgiera limitación o excepción alguna que excluyera el producto adquirido por la consumidoras, es dable concluir que la denunciante pudo verse inducida a asumir que dicho producto se encontraba contemplado en la oferta publicitada.

En el caso, corresponde confirmar la Disposición Administrativa por la cual la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- sancionó a la actora –supermercado- con multa por infracción al artículo 7º de la Ley Nº 24.240.
En la denuncia, la consumidora relató que se dirigió a una sucursal del supermercado actor a fin de aprovechar una promoción consistente en una devolución del 30% por la compra de productos de pescadería y carne vacuna. Adquirió una pieza de salmón ahumado, pero al momento de abonar el producto no le fue entregado el descuento correspondiente a la promoción vigente.
Ahora bien, el hecho de que el producto adquirido por la denunciante se encontrase o no en la sección donde la promoción se encontraba publicitada, resulta irrelevante, teniendo en cuenta que los términos de la misma nada decían respecto de la exclusión del salmón ahumado de la oferta, siendo razonable asumir que se encontraría incluido, teniendo en cuenta que se trata de un producto del mismo origen que aquellos ubicados en la sección de pescadería donde la promoción sí se habría encontrado publicitada.
Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la recurrente tampoco acreditó que la promoción se encontrase publicitada -conforme aseguró- únicamente en los sectores mayoritariamente afectados a la misma.
En este punto vale recordar lo previsto en el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario en cuanto a quién le incumbe la carga de la prueba.
En efecto, en el presente caso no surge prueba alguna que haya sido acompañada por la recurrente que acredite sus dichos, sino que se limitó a afirmar que el salmón ahumado se encontraría en un sector diferente de aquel en que la promoción estaba publicitada. Asimismo, no adjuntó constancia alguna que permita brindar precisiones sobre los términos y condiciones de la oferta, limitándose a negar que el producto en cuestión se encontrase incluido.

En cuestiones relacionadas con los derechos de los consumidores, es dable remarcar que a fin de resguardar el deber de información, la Ley Nº 24.240 impone a las empresas proveedoras la obligación de indicar, con precisión y claridad suficiente, todos los detalles necesarios de la promoción en cuestión, de modo que los consumidores puedan arribar a una decisión informada respecto del producto que pretenden adquirir (artículo 7º).
Asimismo, dichas indicaciones deben encontrarse plasmadas siguiendo las mismas pautas utilizadas para publicitar la oferta, permitiendo así a los destinatarios de la misma evaluar los términos y condiciones impuestos para acceder al beneficio.

En el caso, corresponde confirmar la Disposición Administrativa por la cual la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- sancionó a la actora –supermercado- y la condenó al pago de una suma de dinero a favor de la denunciante en concepto de daño directo, por infracción al artículo 7º de la Ley Nº 24.240.
En la denuncia, la consumidora relató que se dirigió a una sucursal del supermercado actor a fin de aprovechar una promoción consistente en una devolución del 30% por la compra de productos de pescadería y carne vacuna. Adquirió una pieza de salmón ahumado, pero al momento de abonar el producto no le fue entregado el descuento correspondiente a la promoción vigente.
Resulta razonable afirmar que la configuración del daño directo se produjo al no procurarle a la denunciante los beneficios contenidos en la promoción publicitada, consistente en un descuento del 30% en compras futuras por la adquisición de productos de pescadería y carnicería. Beneficio del cual podría haber hecho uso de haberse respetado los lineamientos dispuestos en la Ley Nº 24.240.
Ello se traduce a la suma $38,10, conforme fuera dispuesto por la DGDyPC. No es posible soslayar, de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes actuaciones, que la empresa recurrente no ha logrado demostrar que el producto adquirido por la denunciante se encontrase excluido de la promoción en cuestión, toda vez que no ha aportado elementos suficientes que lleven al convencimiento de tal afirmación.
Por los motivos indicados, corresponde rechazar el planteo aquí analizado y confirmar la suma otorgada en sede administrativa por este ítem resarcitorio.

En el caso, corresponde confirmar la Disposición Administrativa por la cual la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- sancionó a la actora –supermercado- con multa por infracción al artículo 7º de la Ley Nº 24.240.
Vale recordar que mediante la disposición que en autos se cuestiona se le aplicó a la recurrente una sanción consistente en una multa de $35.000, agravado por considerársela infractora reincidente.
Ahora bien, en su recurso la empresa señala que el monto de la sanción no estaría motivado ni fundamentado. Sin embargo, de los argumentos expuestos por la DGDyPC surge que la misma tuvo en cuenta los supuestos contemplados en el artículo 7º y lo allí estipulado en cuanto a que la no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de la Ley.
Asimismo, la autoridad de aplicación destacó que “…la graduación pertenece al ámbito de [sus] facultades discrecionales…”. Por otro lado indicó que el “…quantum fue fijado dentro de la escala prevista a los efectos de graduarla, entre el mínimo y el máximo que establece el artículo 47 de la Ley 24.240”. Finalmente, la DGDyPC tuvo en consideración que, conforme sus registros, la empresa actora era reincidente.
Atento lo expuesto, del recurso interpuesto no se desprende la expresión de un agravio concreto que se le haya causado, sino que se trata de argumentaciones genéricas que solo demuestran una mera disconformidad con la sanción arrimada.

En el caso, corresponde confirmar la Disposición Administrativa por la cual la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- sancionó a la actora –supermercado- con multa por infracción al artículo 7º de la Ley Nº 24.240.
Vale recordar que mediante la disposición que en autos se cuestiona se le aplicó a la recurrente una sanción consistente en una multa de $35.000, agravado por considerársela infractora reincidente.
Ahora bien, en su recurso, la empresa no aporta argumentos que rebatan los extremos considerados por al DGDyPC para determinar el monto, sino que se limita a denunciar una falta de motivación, la cual no se encuentra configurada. Nótese que la Administración explicitó cuales fueron las pautas que determinaron la aplicación de la multa y su graduación, encontrándose a resguardo la posibilidad de un adecuado ejercicio del derecho de defensa.
En tal sentido, teniendo en cuenta las normas en las cuales se basó la DGDyPC para dictar la resolución cuestionada, estimo que la sanción resulta razonable puesto que, al momento de ser fijada, la Administración ha tenido en cuenta los máximos y mínimos fijados en la Ley -$5.000.000 y $100, respectivamente- y demás circunstancias.
En consecuencia, dado que la recurrente no ha logrado demostrar cuáles serían los motivos que tornaría a la multa desproporcionada, corresponde rechazar el planteo en análisis.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por una cadena de supermercado contra la disposición que le impuso una multa de un millón de pesos por la presunta infracción al artículo 9, inc. a) de la Ley Nº 4827 luego de que agentes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) inspeccionaran una de sus sucursales y constataran que una serie de productos exhibidos para la venta carecían de sus correspondientes precios.
En efecto, en las relaciones de consumo, el deber de información se presenta como de esencial cumplimiento para que el vínculo que se establece resulte ajustado a derecho. Ello es así, dado que el régimen de tutela de los consumidores y usuarios tiene raigambre constitucional (cf. art. 42 CN y 46 de la CCABA) y ha sido reglamentado por Ley de Defensa del Consumidor (LDC), norma que, junto a la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Defensa de la Competencia y otras normas específicas, conforman un bloque de legalidad en la materia.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por una cadena de supermercado contra la disposición que le impuso una multa de un millón de pesos por la presunta infracción al artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 4827 luego de que agentes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) inspeccionaran una de sus sucursales y constataran que una serie de productos exhibidos para la venta carecían de sus correspondientes precios.
La actora se agravió por cuanto alega haber cumplido con la finalidad de las normas aplicables al caso.
Sin embargo, se advierte que la omisión de exhibir precios en la que incurrió –circunstancia que no fue negada por la actora y que endilgó a la conducta de sus propios clientes-, lleva consigo la posibilidad de que los consumidores sean inducidos a error, engaño o confusión en la adquisición de mercaderías, lo que necesariamente se traduce en un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9, inciso a) de la Ley 4827.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por una cadena de supermercado contra la disposición que le impuso una multa de un millón de pesos por la presunta infracción al artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 4827 luego de que agentes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) inspeccionaran una de sus sucursales y constataran que una serie de productos exhibidos para la venta carecían de sus correspondientes precios.
La actora se agravió por cuanto no existió queja alguna de los clientes sobre la falta de precios de la mercadería exhibida en góndola ni por los precios de los productos adquiridos lo cual verifica que de su parte no existió incumplimiento ni transgresión de la norma, ni causó perjuicio o daño alguno a los consumidores.
Sin embargo, corresponde recordar que la conducta que se le imputa a la parte actora encuadra dentro de las denominadas infracciones formales, en las cuales, la apreciación objetiva de la conducta contraria a la ley hace nacer por sí, la responsabilidad del infractor.
Por ello, en casos como el presente, la infracción no requiere la comprobación de un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en algunas de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción, con prescindencia de la producción de un resultado (cf. Fallos: 324:2006).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por una cadena de supermercado contra la disposición que le impuso una multa de un millón de pesos por la presunta infracción al artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 4827 luego de que agentes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) inspeccionaran una de sus sucursales y constataran que una serie de productos exhibidos para la venta carecían de sus correspondientes precios.
La actora se agravió por cuanto el monto de la multa impuesta resulta discrecional, infundado, arbitrario y desproporcionado respecto de los hechos del caso.
Sin embargo, en el caso, el quantum de la multa fue fijado por la DGDyPC ponderando las circunstancias del caso y la reincidencia de la parte actora en prácticas violatorias de la Ley de Lealtad Comercial. A su vez, el monto resulta acorde a las circunstancias probadas en la causa y ajustado a la escala establecida legalmente.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por una cadena de supermercado contra la disposición que le impuso una multa de un millón de pesos por la presunta infracción al artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 4827 luego de que agentes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) inspeccionaran una de sus sucursales y constataran que una serie de productos exhibidos para la venta carecían de sus correspondientes precios.
La actora planteó la caducidad de la instancia administrativa en los términos del artículo 17, inciso f) de la Ley de Lealtad Comercial (LLC), por cuanto la autoridad de aplicación no habría emitido resolución definitiva dentro del plazo allí establecido.
Sin embargo, corresponde rechazar el planteo de caducidad de las actuaciones administrativas toda vez que, con independencia del carácter ordenatorio del plazo establecido en el artículo 17, inciso f) de la LLC, de las constancias de la causa surge que la disposición cuestionada fue dictada dentro del término de 20 días hábiles posteriores al cierre de las diligencias sumariales, previsto en dicha norma (Del voto por sus fundamentos del Dr. Fastman).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por una cadena de supermercado contra la disposición que le impuso una multa de un millón de pesos por la presunta infracción al artículo 9, inc. a de la Ley Nº 4827 luego de que agentes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) inspeccionaran una de sus sucursales y constataran que una serie de productos exhibidos para la venta carecían de sus correspondientes precios.
La actora planteó la caducidad de la instancia administrativa en los términos del artículo 17, inciso f) de la Ley de Lealtad Comercial, por cuanto la autoridad de aplicación no habría emitido resolución definitiva dentro del plazo allí establecido.
Sin embargo, la caducidad de instancia se encuentra regulada en diferentes ordenamientos procesales con la finalidad de sancionar la falta de impulso de parte interesada en el marco de un proceso judicial, extremo que no se presentaba en el caso.
En efecto, si bien en los procedimientos sancionatorios pueden ser aplicados principios penales, la caducidad del procedimiento no está prevista.
No hubo instancia que impulsar por parte interesada sino, únicamente, la actividad que debía llevar adelante la autoridad de aplicación de conformidad con el procedimiento que le era aplicable. En este último aspecto, ha de indicarse que no resultaba de aplicación el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como erróneamente lo señala quien apela, sino la ley local N°757. Ello, de conformidad con las facultades propias de legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sus propias normas procedimentales y, lo establecido en el art. 35 de la ley 4.827 (Del voto por sus fundamentos de la Dra. Macchiavelli Agrelo).