En el caso corresponde revocar la decisión de la juez de grado que acepta la competencia declinada, toda vez que la calificación "prima facie" del hecho investigado debe ser la de robo (art. 164 del Código Penal), delito que no ha sido transferido a la órbita del fuero local por la Ley Nº 26.357.
En efecto, la afirmación de la Sra. Juez a quo de que el hecho investigado puede ser calificado como un concurso ideal entre hurto y amenazas, conduce a revisar la relación entre ambas figuras en el caso concreto.
Si bien la discusión sobre el concepto de violencia física como modalidad del tipo del robo no ha sido superada completamente, sí puede señalarse que la doctrina dominante acepta como violencia física la intimidación cuando ésta ha sido ejercida con el fin de inmovilizar a la víctima y apoderarse, de este modo, de la cosa. Así, p. ej., el robo con armas no requiere que ellas sean percutidas para considerar que se da una verdadera violencia física.
Por otro lado, debe evaluarse qué efectos tuvo en la víctima la violencia ejercida, dado que no basta con una mera amenaza. Así dice Donna que “en caso de haber una amenaza con virtualidad objetiva para ser intimidante, pero con la que la víctima no se siente afectada, podrá haber un concurso entre los delitos de hurto y de amenazas, pero no robo con intimidación; pues para que éste concurra es preciso que la razón que permite, facilita o asegura el apoderamiento sea el temor provocado en el sujeto pasivo por el anuncio expreso o implícito del mal” (Donna, Derecho penal, Parte especial, t. II-B, Rubinzal-Culzoni, 2001, p. 121 y s., con cita de González Rus).
Del relato de la denunciante surge que la imputada estaba retirando efectos del domicilio y los cargaba en una camioneta. Varios de ellos pertenecerían a la denunciante, quien se acercó al lugar y le dijo “no te lleves las tejas”. La acusada comenzó a agredirla con frases como “te voy a matar, te voy a prender fuego la casa”, que “llevaron a la dicente a tener temor por su integridad física”. Entonces, estas frases operaron como la “razón que permite, facilita o asegura el apoderamiento”, es decir, “el temor provocado en el sujeto pasivo por el anuncio expreso o implícito del mal”.
En conclusión, consideramos que el caso encuadra en la calificación legal de robo.

El término violencia familiar es comprensivo de aquella que ocurre entre todos los miembros de la familia y resulta un problema grave de difícil comprobación.
El abuso psicológico es el más amplio de todas las violencias porque puede incluir abusos de tipo sexual y físico causando trauma a la víctima. Este tipo de abuso es visto como manipulación entre la pareja. Mujeres señalan que el abuso verbal incluye la coerción, el aislamiento, la privación, las amenazas, la humillación y la frialdad afectiva. Asimismo, el mal trato puede, entre otros, revestir la forma de violencia psicológica.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto declara la incompetencia del Fuero Local y disponer que continúe entendiendo dicho Juzgado Penal Contravencional y de Faltas sólo por el delito de amenazas, no así respecto del delito de lesiones.
En efecto, de la denuncia realizada ante la Oficina de Violencia Doméstica se desprende que la víctima manifestó que no quiere instar la acción penal por la violencia física que denunciara, siendo que no corresponde la continuación de las presentes actuaciones por el delito de lesiones, sino sólo por el de amenazas.
Ello así, toda vez que las razones de seguridad a las que se alude para justificar la continuación del ejercicio de la acción, pese a la falta de pretensión por parte de la denunciante, no son las incluidas por el legislador como excepción al principio general, pues el artículo 72 inciso 2 del Código Penal faculta a seguir ejerciendo la acción de oficio en aquéllas dependientes de instancia privada, sólo cuando comprometen la seguridad pública.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar al pedido de allanamiento y restitución del inmueble efectuado por el Sr. Fiscal de grado.
En efecto, del análisis de la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente surge claramente que no existen indicios suficientes sobre la presencia de alguno de los medios comisivos previstos por el tipo penal investigado en el artículo 181 inciso 1º del Código penal -violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad-. Por el contrario, los testimonios recogidos y los documentos aportados por la defensa dan cuenta de que habría sido el cotitular del inmueble quien permitió el ingreso y permanencia del imputado a dicho inmueble.
Ello así, el Fiscal de grado refiere a la existencia de violencia en las personas, pues de acuerdo a la denuncia efectuada por la denunciante, al ingresar al inmueble y encontrar allí al imputado éste la habría empujado y despojado de las llaves. Sin embargo, el mismo ya habría estado habitando el departamento aún desde el momento en que vivía allí el copropietario del inmueble, por lo que la referencia a un supuesto forcejeo con la denunciante no resultaría, de haber existido, un medio para lograr consumar el delito que se le atribuye, sino una acción posterior e independiente a la investigada, respecto de la cual sólo obran en las actuaciones los dichos de la denunciante.
Asimismo, en este estado del proceso, no existe la convicción necesaria sobre la verosimilitud del hecho que permita proceder a la medida prevista por el artículo 335 in fine del Código Procesal Penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado, en cuanto resolvió librar orden de allanamiento a fin de restituir el inmueble y proceder a la identificación y desalojo de las personas que lo ocupan, restituyendo el inmueble sede de la empresa, previo inventario del lugar, en el marco de la investigación de los hechos tipificados en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal.
En efecto, se desprende del caso que, si bien existe un conflicto laboral porque se adeudan salarios, el dueño del inmueble pudo constatar cuando arribó al lugar sede de la empresa comercial, que se habían cambiado las cerraduras y sacado los picaportes.
Es así que, el despojo de la fábrica en cuestión por parte de los empleados y los representantes gremiales fue llevado a cabo mediante el uso de violencia ejercida en las puertas de acceso -al cambiar cerraduras e inutilizar otras- a fin de impedir el acceso de los propietarios.
Así, y en el caso, la fuerza desplegada para remover las cerraduras (tanto las que fueron cambiadas, como las que fueron inutilizadas y los picaportes que fueron quitados), con el objetivo de despojar de la posesión del inmueble a sus propietarios –sin perjuicio de que fuera en reclamo de una deuda salarial-, permite, con el grado de provisoriedad propio de los juicios fácticos que es dable realizar en esta etapa del proceso, tener por acreditada, tal como lo hizo la Magistrada de Grado, la verosimilitud de la comisión del hecho ilícito investigado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado, en cuanto resolvió librar orden de allanamiento a fin de restituir el inmueble y proceder a la identificación y desalojo de las personas que lo ocupan, restituyendo el inmueble sede de la empresa, previo inventario del lugar, en el marco de la investigación de los hechos tipificados en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal.
En efecto, si bien no puede desconocerse que en la presente existe un conflicto laboral, el hecho que los imputados hubieran permanecido dentro de la fábrica impidiendo el ingreso a algunos de los trabajadores y a los empleadores, hayan cambiado cerraduras e intentado vender algunas máquinas lleva a presumir que su presencia en el inmueble importa actos de posesión y que la ocupación no es como mera tenencia a título de una simple medida de fuerza laboral.
La pretendida preservación de su fuente de trabajo o el presunto vaciamiento de la empresa que podrían efectuar sus propietarios, puede ser evitado por otros medios legales para preservar tanto los bienes que garantizarían el pago de salarios adeudados como la continuidad de su fuente de trabajo.
Lo hasta aquí expuesto, así como el tiempo que se encuentra ocupada la empresa, sin que se haya podido arribar a una solución alternativa por otras vías legales, confirman la necesidad de que se restituya el predio a los propietarios a fin de evitar la prolongación de la privación a la libre disposición de su propiedad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba en favor del imputado.
En efecto, la denunciante manifiesta episodios de violencia verbal y física, dichos que son contestes con los informes de asistencia de la Oficina de Asistencia a la Victima y las declaraciones de un testigo. Asimismo se denunció una reiteración de sucesos de intimidación aún mediando orden judicial de prohibición de acercamiento conforme al informe de la Oficina de Violencia Doméstica.
Ello así, la Juez de grado no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba peticionada por la defensa ya que sostuvo que los sucesos atribuidos al imputado se enmarcaban en un contexto de violencia de género que afectaba a la denunciante y que no podía soslayar el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Góngora” (“Góngora, Gabriel Arnaldo s/ recurso de hecho”, causa nº 14092, del 23 de abril de 2013) donde el Alto Tribunal rechazó la aplicación del instituto por entender que no era posible otorgarlo en ese tipo de casos, toda vez que nuestro país ha suscripto la Convención de Belem do Pará, por lo que la adopción de medidas alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral era improcedente.
Asimismo, a fin de sustentar su decisión, resaltó la oposición fundamentada del Agente Fiscal (la cual a su entender era vinculante), quien sostuvo que por razones de política criminal correspondía que el presente caso se resuelva en juicio oral. Ello en atención a la situación de riesgo de la víctima, la circunstancia que se le haya otorgado el botón de pánico, la prohibición de contacto y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional para impulsar las investigaciones con relación a ésta clase de ilícitos.

En el caso, corresponde remitir copia de la presente al Fiscal General de la Ciudad a fin de poner en su conocimiento la denuncia presentada a la Oficina de Violencia Doméstica a fin de que eventualmente tome las medidas correspondientes frente al posible incumplimiento o debido diligenciamiento de la misma por parte del Ministerio a su cargo.
En efecto, surge de la lectura de las actuaciones, que el mismo día de los hechos donde se le imputó a la encartada el haber dejado a un bebé de apenas ocho meses de edad en una estación de tren, la progenitora de la víctima de autos, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y denunció una situación de violencia hacia su persona y sus hijos por parte del coimputado (que a su vez es el padre biológico del segundo y el cuarto de los hijos nacidos de la encartada). La situación fue evaluada como de alto riesgo. Dichas declaraciones fueron reiteradas tanto en la indagatoria en la Justicia Nacional como en la audiencia del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Sin embargo, las constancias de la presente causa no dan cuenta de que el Poder Judicial a través de la actuación de sus distintos integrantes, hayan accionado del modo que mejor protegiera los derechos del niño, y eventualmente de una mujer que denunció diversas situaciones de violencia por parte del progenitor de la víctima de autos e incluso de maltrato por parte del personal policial interviniente en el hecho, a pesar del contundente informe de la Corte Suprema al inicio de la presente no se observa que se hayan tomado las medidas necesarias para investigar los hechos allí denunciados, en los términos exigidos por la "Convención de Belem do Pará".

En el caso, corresponde sobreseer a los imputados.
La presunta comisión de la usurpación se halla prima facie comprobada en función de la violencia que emplearan los intrusos sobre la puerta de ingreso para franquear el acceso a la vivienda, aprovechándose para ello de la ausencia de moradores a efectos de ingresar de manera oculta al sitio (clandestinidad).
En efecto, el suceso pesquisado se adecuó a las características típicas previstas en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal, desprendiéndose de lo actuado que el titular del inmueble fue privado ilegalmente (despojado) del libre ejercicio de la relación real con la cosa.

El tipo penal regulado en el artículo 95 del Código Penal exige para su configuración diferentes condiciones, algunas positivas otras negativas, entre las primeras, es necesario que se haya ejercido violencia sobre la persona del ofendido.
Es característico de la figura que no conste quiénes causaron las lesiones producidas pero sí es indispensable para poder atribuirlas que se haya ejercido violencia sobre la víctima.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar la excepción de atipicidad.
En efecto, la Defensa sostuvo que en autos, no era necesario producir prueba para establecer si la presunta víctima se había sentido amedrentada por la locución que le fuera proferida, de momento que las manifestaciones atribuidas a su pupilo nunca podrían integrar el universo fáctico de la figura penal en trato. Así, indicó que las frases: “...te va a salir muy caro, cualquiera por mil pesos mata a la madre, tené cuidado que alguien te puede robar” más allá de resultar ofensivas no constituyen en sí mismas amenazas desde el aspecto objetivo del tipo.
Al respecto, la locución reprochada al encausado no puede ser analizada aisladamente sino dentro del contexto en que fue vertida, esto es, inmediatamente después de haber agredido físicamente a la damnificada aumentando así el poder ofensivo de la presunta amenaza, siendo tal circunstancia susceptible de generar un amedrantamiento en su destinataria por el anuncio de un mal futuro conforme lo exige el tipo.
Es decir, no sólo debe interpretarse literalmente qué es lo que se dice, sino el modo en que se lo hace; a lo que debe adunarse que, tal como se desprende del informe interdisciplinario de situación de riesgo elaborado por profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se trataría de un conflicto de larga data, en el que habría existido violencia física, psicológica y ambiental respecto del grupo familiar conviviente que motivó con anterioridad, la radicación de una denuncia en sede Civil, con competencia en Familia, por hechos de éstas características.
De este modo, la frase mencionada "ut supra" no resulta, en este estado del proceso, completamente ajena a la tipicidad del delito de amenazas, específicamente en cuanto a la idoneidad del anuncio de un mal futuro, guardando la presente expresión adecuada relación con el contexto de violencia referido.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
En efecto, la Defensa sostuvo que la rotura del marco de una puerta con una maza y un cortafierro no configura el supuesto de “violencia” que reclama la figura penal prevista en el artículo 181 del Código Penal (usurpación), para que se pueda configurarse el delito.
Sin embargo, la fuerza desplegada contra el marco de una puerta con una maza y un cortafierro, con el objetivo de despojar de la posesión del inmueble a quien, como en el caso, detenta un derecho sobre el mismo (titular de dominio), permite tener por acreditada con el grado de provisoriedad propio de esta etapa del proceso, la tipicidad de la conducta atribuida a los imputados.
Sobre el punto, los Jueces Luis Francisco Lozano y Ana María Conde, en su voto conjunto, consideraron en cuanto a la distinción que realiza el recurrente respecto de que la violencia sólo se ejerce sobre las personas, consideraron que “… De manera tal que, desde un punto de vista semántico, la tesis debatida no se sostiene. En efecto, la lectura del artículo que viene debatida produce un recorte inexplicable a la luz del uso del lenguaje que prescribe la RAE sin hacer esfuerzo alguno en mostrar que el legislador usó las palabras con otro sentido. Por lo que no es sostenible decir que, en ausencia de violencia contra algún sujeto, se tome por sorpresa a su autor en caso de recaer castigo. No hay razones aquí para presumir que el lenguaje castellano no resulte suficiente para conocer y comprender ex ante el significado de determinada conducta para motivarse en ella conforme a derecho y, eventualmente, responder ante su infracción" (TSJ, Expte. n° 11565/14 “Incidente de restitución en autos Rojas, Lorena y otros s/ inf. art. 181 CP, entre otros).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
En efecto, la Defensa sostuvo que la rotura del marco de una puerta con una maza y un cortafierro no configura el supuesto de “violencia” que reclama la figura penal prevista en el artículo 181 del Código Penal (usurpación), para que se pueda configurarse el delito.
Sin embargo, a diferencia de lo interpretado por el recurrente, debo decir que dicha violencia puede recaer indistintamente sobre las personas o las cosas, criterio que es afirmado por la opinión dominante en la materia (cfr. por todos Froment / Cassani, Código Penal, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Baigún / Zaffaroni, Buenos Aires, 2009, t. 7, p. 747; Sala II, CAPCyF c. n.° 63178-00-2010, “Battaglia”, rta.: 11/08/11). Y esto es, sin ir más lejos, lo que ha sucedido en la hipótesis de autos dado que, al parecer, se han utilizado vías de hecho (energía desplegada contra el marco de una puerta con una maza y un cortafierros) para despojar de la posesión del inmueble a un tercero, lo que sin dudas da lugar a una vulneración a los derechos que se intentan resguardar con este tipo penal.

La mediación, por definición implica la intervención de un tercero que aproxima a las partes, por lo que no es un método que pueda corregir el desequilibrio que los hechos de violencia de género contiene intrínsecamente. Esto por cuanto la mediación exige que las partes estén situadas en una posición de igualdad que posibilite la capacidad y autonomía para lograr acuerdos. Es así que el no uso de la mediación advertida la desigualdad de partes, protege a la víctima de violencia porque a priori los acuerdos que se obtendrían podrían ser más el resultado de una imposición de la otra parte que de la libre voluntad de la primera. Es por ello que deberá valorarse en cada caso, sin perder de vista, la desigualdad que resulta esencial a este tipo de cuestiones, si existe o no igualdad de partes. Resulta obligación de los Estados la necesidad de que la víctima comprenda y sea comprendida, debe producirse una valoración global, junto a otra serie de elementos vinculados principalmente a la igualdad y a la consideración psicológica emocional de las consecuencias de agresiones de este tipo. La mediación se restringe para determinados conflictos, por su "etiología y naturaleza". Un ejemplo de estas posibles excepciones son los conflictos relacionados con la violencia de género, en que la desigualdad es evidente e insalvable entre víctima y agresor.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto hizo lugar a la medida restrictiva solicitada por el Fiscal, consistente en que el imputado se abstenga de tomar contacto con la denunciante mientras dure el presente proceso iniciado por amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa se agravió, por entender que el A-Quo prejuzgó al encuadrar los hechos investigados como violencia de género y consideró que se vulneró el principio de inocencia.
Sin embargo, una medida cautelar como la recurrida tiene como objetivo preciso y determinado tratar de evitar que se repitan situaciones de violencia física entre personas que tienen habitualmente un contacto fluído por tener hijos en común, y por su misma naturaleza, es una medida provisional que sólo puede ser impuesta luego de haberse verificado objetivamente los requisitos de su procedencia (artículo 177, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Ciudad). Ello así, la misma, podría llegar a ser modificada o incluso dejada sin efecto, motivo por el cual jamás podría ser equiparada a una sanción.

En el caso, corresponde disponer el encarcelamiento preventivo del imputado, cuyo límite temporal estará dado por la fecha en que se dicte sentencia definitiva, en una causa por amenazas (Artículo 149 bis del Código Penal).
En efecto, se encuentra probado con el grado de probabilidad exigible, tanto los hechos materia de investigación, como el cuadro de violencia de género que contextualiza las conductas reprochadas. El caso fue enmarcado en un contexto de violencia de género de larga data, ejercido tanto por el imputado como por su grupo familiar contra la denunciante, consistentes en violencia de tipo psicológica (mediante insultos, agresiones verbales, amenazas) y física (mediante lesiones). Asimismo, obran en el expediente las denuncias radicadas ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los informes interdisciplinarios de situación de riesgo, confeccionados por personal especializado. En este sentido, no se puede perder de vista que el Estado Argentino ha asumido un compromiso internacional respecto de la protección de la mujer, específicamente, mediante la Convención de Belem Do Pará -ratificada mediante la Ley N° 24.362- y que tales principios pueden incluso colegirse del ordenamiento adjetivo local, en cuanto consagra la amplitud probatoria y la sana crítica como reglas generales. Ello así, no existe medida que pueda garantizar la integridad fisica y psíquica de la víctima como el encarcelamiento preventivo del encartado hasta el dictado de la sentencia. A su vez, ni siquiera conociendo la ubicación geográfica del imputado puede garantizarse que no intentará contactarla, pues un solo incumplimiento de dicha medida pone en peligro la integridad de la víctima corriendo, además, peligro el trámite del proceso. (Del voto en disidencia del Dr. Franza).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal y en consecuencia, revocar la suspensión del juicio a prueba otorgada en favor del imputado, en una causa por amenazas (artículo 149 bis, 1° párrafo, 1° supuesto del Código Penal).
En efecto, el contexto en el cual se enmarcan los hechos endilgados al imputado, es decir, de violencia ejercida contra su ex pareja con amenazas de ocasionarle un daño fisico, inclusive interponiendo a la hija que tienen en común en el medio, configura un claro caso de violencia de género, en el cual se refleja una situación conflictiva de larga data, caracterizada por el maltrato recibido por la denunciante de parte de su ex pareja. Asimismo, tampoco puede soslayarse el hecho de que el encausado se encuentre cumpliendo actualmente con una "probation" concedida en el marco de otra causa, lo que imposibilitaría la concesión de un nuevo beneficio en los términos del artículo 76, ter párrafo 5° del Código Penal, ya que no ha expirado aún el plazo allí estipulado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto rechazó la solicitud de mediación planteada por la Defensa, en una causa por amenazas (Artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa se agravió por entender que el razonamiento efectuado por la Juez de grado resultó arbitrario por falta de fundamentación. Sostuvo que si bien se hizo mención a la importancia de la voluntad de la víctima de arribar a un acuerdo, la misma no se tuvo en cuenta.
En efecto, el Fiscal se opuso a la mediación, en cuanto consideró que el hecho se enmarcaba en un contexto de violencia de género y porque dadas las características de este tipo de relaciones conflictivas, no era posible descartar que la voluntad de la víctima estuviera viciada, oposición que aparece fundada. En este sentido, tuvo en cuenta la denuncia efectuada ante la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia como así también el correspondiente informe que evidenciaron la existencia de situaciones de violencia previa, que derivaron en una denuncia efectuada años anteriores y en la imposición de una restricción perimetral. De ella se desprende que existieron agresiones fisicas y que, en una oportunidad, fue atendida en un Hospital, como consecuencia de presuntas lesiones. Asimismo, que también ocurrieron circunstancias de maltrato psicológico y que la denunciante manifestó que se encontraba bloqueada emocionalmente, por lo que había cosas que se olvidaba o prefería no recordar, lo que claramente indicaría su condición de vulnerabilidad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió encuadrar los hechos investigados en la presente causa en la figura de resistencia a la autoridad prevista en el artículo 239 del Código Penal.
En las presentes actuaciones se le atribuye al imputado, propinar una cachetada a una agente de la Policia Federal Argentina, sin llegar a lesionarla. Dicha situación, ocurrió inmediatamente después de que la mencionada observara una situación de maltrato físico por parte del nombrado a su pareja, lo que motivó que la agente se acercara, le diera la voz de alto y le exhibiera la credencial identificatoria, a lo que éste insultándola le refirió “vos que te metés...” para luego propinarle el golpe descripto. Finalmente, ante los gritos, se apersonó en el lugar una Oficial Mayor quien junto con la Oficial de la Policia Federal lograron reducir al imputado, el cual continuaba mostrándose hostil y refería a viva voz “mañana salgo y la voy a volver a cagar a palos (en refencia a su pareja) entre otros insultos y groserías despectivas hacia el sexo femenino”. El fiscal encuadró los sucesos descritos en las figuras previstas por los artículos 237 –atentado agravado por poner las manos en la autoridad conforme lo dispuesto en el artículo 238 inc. 4°– y 149 bis –.
La Jueza de grado entendió que no podían tenerse por acreditados los presuntos dichos amenazantes que el imputado le habría proferido a su pareja, y consideró que si bien se encontraba acreditado en autos que el imputado le había propinado una cachetada a la agente de policía, sostuvo que dicha circunstancia que no se encuentra controvertida en autos. Así encuadro la conducta del imputado en la figura de resistencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal).
El Fiscal sostuvo que la Jueza había recaído en un error al recalificar los hechos objeto de investigación en la figura del artículo 239 del Código Penal.
Ello así, se ha sostenido que comete atentado quien, por los medios previstos en el artículo 237 del Código Penal, se impone (exige) al funcionario para que haga o se abstenga de hacer un acto propio de su función que no había sido dispuesto voluntariamente ni comenzado por aquel. El criterio temporal adoptado resulta esclarecedor –y es el que ha seguido la doctrina mayoritaria–, pues indica que el atentado sólo es posible antes de la ejecución del acto por el funcionario, durante su realización solo será posible la resistencia. En consecuencia, habrá resistencia a la autoridad si el sujeto se opone con violencia a la acción dispuesta por el funcionario para hacerle cumplir algo.
En ese sentido, cabe destacar que al momento de brindar su testimonio en el marco de la audiencia prevista por el artículo 173 del Código Procesal Penal, la oficial de policía explicó que vio a un masculino que le da un golpe de puño con su mano izquierda a una señora que tenía un bebé de escasos meses en brazos, momento en el que “se identifica como personal policial [y] arremete con su cuerpo para que no siguiera agrediendo a la damnificada”.
Ello así, el imputado se habría resistido –mediante el uso de la violencia física– a la conducta dispuesta por la oficial de policía –funcionaria pública en el ejercicio legítimo de sus funciones– que pretendió alejar al imputado de su pareja para evitar que éste continúe en su actitud agresiva.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la Fiscal, revocar la resolución del Juez de grado y en consecuencia, disponer la prisión preventiva del imputado.
De la lectura de las constancias de la causa, surge que en un primer momento, el Juez de grado resolvió dictar la prisión preventiva del imputado, por entender que se configuraban los riesgos procesales previstos por la norma -peligro de fuga y entorpecimiento del proceso- y ordenó que las partes tomaran contacto con la denunciante a fin de celebrar una audiencia, con el objeto de brindarle las medidas de protección pertinentes. La Fiscalía especializada en violencia de género, se opuso a dicha convocatoria y solicitó su suspensión que fue rechazada por el A-quo y llevó a cabo la audiencia en el marco del artículo 26 de la Ley N° 26.485 en las que estuvieron presentes el Juez, el Prosecretario letrado del juzgado y la víctima.
Posteriormente, mediando un pedido de excarcelación de la Defensa, el Juez de grado declaró el cese de la prisión preventiva, imponiéndole al imputado una serie de medidas restrictivas tendientes a la protección de la integridad psicofísica de la denunciante, consideró que habían cesado las circunstancias que lo habían convencido de dictar la presión preventiva 48 horas antes.
Sin embargo, existe riesgo de entorpecimiento del proceso por el contexto de violencia grave que rodea el caso, por lo que resulta necesario preservar la integridad física de la denunciante y asegurar su comparecencia y la posibilidad de brindar su testimonio al momento del debate oral y público.
En este sentido, corresponde precisar que este contexto, se ha demostrado no sólo a través de los dichos de la denunciante, sino también con el informe de evaluación de riesgo confeccionado por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, el cual arrojó como conclusión que el riesgo es alto con violencia grave y que la actitud de la víctima es de ambivalencia teniendo en cuenta que siente temor a la posible represalia del denunciado así como sentimientos de lástima hacia él.
Ello así, no es posible descartar que existe un riesgo cierto para la denunciante, quien manifestó en más de una oportunidad que se encuentra atemorizada, y que las amenazas que recibía por parte del imputado eran cotidianas.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda iniciada por el actor contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los daños y perjuicios padecidos como consecuencia del actuar ilícito de la Policía Metropolitana, durante una manifestación en el Hospital Público Psiquiátrico de la Ciudad, mientras realizaba trabajos periodísticos.
En efecto, se encuentra acreditado en la causa que en la fecha en cuestión, en las inmediaciones del Hospital se produjo un conflicto entre agentes del Gobierno local, médicos y pacientes, vinculado con el funcionamiento de un taller protegido.
También surge de las pruebas agregadas que en el momento de los incidentes el actor se encontraba en ese lugar, junto al grupo de trabajo de cronistas y camarógrafos, en el ejercicio de su trabajo periodístico.
Se encuentra probado, además, que el demandante sufrió múltiples heridas ocasionadas por el impacto y el ingreso en su cuerpo de proyectiles de goma disparados por personal de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentra fuera de debate que el modo de actuar de la Policía Metropolitana durante los hechos analizados importó una violación de las obligaciones a su cargo, tanto las impuestas por la Constitución local y las leyes vigentes como también de las pautas establecidas por el sistema internacional de derechos humanos.
En particular, surge de estos autos el incumplimiento a los deberes de asegurar la plena protección a la integridad física, psíquica y moral de las personas; de utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, proporcional y adecuada a la resistencia de los presuntos infractores; y de evitar todo tipo de actuación funcional que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda iniciada por el actor contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los daños y perjuicios padecidos como consecuencia del actuar ilícito de la Policía Metropolitana, durante una manifestación en el Hospital Público Psiquiátrico de la Ciudad, mientras realizaba trabajos periodísticos.
En efecto, la libertad de expresión se encuentra reconocida en distintos instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales que poseen jerarquía constitucional. En particular, el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe las restricciones a la libertad expresiva por vías o medios indirectos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis y ha sostenido que cuando por medio del poder público se establecen medios o efectúan acciones para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias se produce “una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática”.
En ese orden de ideas se ha expresado que “el examen cuidadoso y prudente de todos los derechos en juego, y la obligación de velar por la libertad de expresión impone contemplar con máximo rigor cualquier medida que pueda significar una ilegítima restricción al derecho de información” (Fayt, Carlos S., “La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo. Estrategias de la prensa ante el riesgo de extinción”, La Ley, Buenos Aires, 2001, pág. 6).
Así, pues, el examen del asunto debe partir de la premisa de que si se ocasionan daños a quien se encuentra desempeñando la actividad periodística en ningún caso se puede justificar el perjuicio, o eximir de responsabilidad a quien lo causó, por la asunción de los riesgos que entraña el ejercicio de dicha actividad.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que condenó a los imputados por el delito de usurpación (art. 181, inc. 3°, CP).
Para así resolver, el Juez de grado tuvo por probada la comisión del delito establecido en el artículo 181, inciso 3) del Código Penal, cuando los condenados, en horas de la noche, realizaron actos de turbación en perjuicio de la aquí denunciante y su grupo familiar, a fin de que éstos no pudieran acceder a los lugares comunes -cocina y baño-del inmueble, para lo cual procedieron a colocar una puerta de reja con candado que impedía el paso de éstos a esas dependencias.
Ahora bien, en relación al medio comisivo, el A-Quo sostuvo que existía turbación típica cuando el autor actuaba de una manera violenta y no era necesario verificar la intención de la posesión ya que solo bastaba la turbación sobre la misma que limitara los derechos que le son inherentes. En este sentido, refirió que el dolo del autor consistía en la voluntad de turbar la posesión ajena, valiéndose de la violencia material o moral, sin importar si posee o no la intención de constituirse en poseedor, y que los medios comisivos para la turbación son la violencia o las amenazas que puede recaer sobre las personas o fuerza sobre las cosas.
Así las cosas, y aunque se encuentre acreditado en autos la colocación de una reja con candado en el inmueble cuya usurpación fuera denunciada, que impidió el acceso a partes comunes del mismo -cocina y baño- a la denunciante y a su grupo familiar, turbándoles su posesión, no se ha probado que ello se hiciera por ninguno de los medios comisivos (violencia o amenazas) que requiere el tipo penal previsto en el inciso 3º del artículo 181 del Código Penal.
En efecto, la sentencia no ha podido explicar por qué la colocación de la reja debe encuadrarse dentro del medio comisivo “violencia” que requiere el tipo penal imputado. Es que, conforme la doctrina, "la única violencia que configura el robo cuando es ejercida luego del apoderamiento, es aquella que constituye una agresión contra las personas”. (Donna, Edgardo Alberto. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II-B. Rubinzal-Culzoni Editores)
En consecuencia, y si bien es cierto que la jurisprudencia mayoritaria se ha manifestado en sentido opuesto, el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa (garante del principio de legalidad previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional) obliga a adoptar la postura expuesta. Lo contrario sería admitir una amplitud del tipo penal "in malam partem" (Zaffaroni, Eugenio Raúl.Derecho Penal. Parte General. Segunda Edición. Ediar. 2005:117). (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado)

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que condenó a los imputados por el delito de usurpación (art. 181, inc. 3°, CP).
Para así resolver, el Juez de grado tuvo por probada la comisión del delito establecido en el artículo 181, inciso 3) del Código Penal, cuando los condenados, en horas de la noche, realizaron actos de turbación en perjuicio de la aquí denunciante y su grupo familiar, a fin de que éstos no pudieran acceder a los lugares comunes -cocina y baño-del inmueble, para lo cual procedieron a colocar una puerta de reja con candado que impedía el paso de éstos a esas dependencias.
Sin embargo, la colocación de una reja con candado en un inmueble no perfecciona el tipo objetivo del delito imputado, y tampoco se advierte en el caso, con las pruebas producidas, que la posesión haya sido turbada mediante amenazas.
Ello así, he tenido ocasión de escuchar al Dr. Edgardo A. Donna en una conferencia que dictara en unas jornadas de actualización organizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Aclaró allí su actual posición sobre el punto: el legislador ha distinguido la violencia contra las personas de la fuerza en las cosas en varias figuras penales. De allí que cuando alude a la violencia sin efectuar otra aclaración no es posible considerar que ha equiparado a la violencia contra las personas la mera fuerza en las cosas.
En este orden de ideas, la fuerza ejercida para colocar la reja en el inmueble no permite la subsunción típica del delito imputado, por no ser este uno de los medios comisivos exigidos por el inciso 3° del artículo 181 del Código Penal, conforme la interpretación de la expresión “con violencia” que he efectuado, por lo que corresponde revocar la sentencia apelada. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado)

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado mediante la cual la "A-Quo" dictó la prisión preventiva del detenido por los delitos de amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de armas e incendio con peligro de muerte.
En efecto, en relación a la concurrencia de los riesgos procesales, cabe destacar en primer lugar lo establecido en el artículo 170 del Código Procesal Penal, el cual dispone: “Se tendrá en cuenta especialmente la escala penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que tuviese una pena máxima superior a los ocho años de privación de libertad y se estimase fundadamente que en caso de condena no procedería la condena condicional”.
En el caso de las presentes actuaciones, el imputado está gozando de una libertad condicional, de manera que si fuera hallado culpable y condenado en el presente proceso, la pena a imponer sería de efectivo cumplimiento, circunstancia que por sí sola, no puede fundar el riesgo procesal que habilita la prisión preventiva.
Sin embargo, el peligro procesal del caso no viene dado por el riesgo de fuga, sino por el de entorpecimiento del proceso. En libertad, el imputado puede intentar ejercer una influencia directa sobre su ex pareja, tal como lo afirmó la a quo en su resolución. En el contexto de violencia de género y doméstica en el que se enmarcan las conductas atribuidas, el riesgo de que el imputado tome contacto directo con su pareja para que no declare o que lo haga de forma que no lo perjudique procesalmente, representa un peligro para el desarrollo de la causa que no puede ser evitado de otra manera
En ese sentido, se sostiene que la Fiscalía ha fundado suficientemente dicho riesgo en las circunstancias concretas del hecho, el modo en que se llevó a cabo y la violencia ejercida por el autor. En particular, debe tomarse en consideración que las presuntas amenazas comenzaron ya cuando el imputado estaba próximo a recuperar su libertad (llamó a la víctima por teléfono desde el complejo penitenciario). Y, una vez libre, continuó con los actos intimidatorios. Ello así, este riesgo es suficiente para fundar la medida.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al imputado por el delito de usurpación.
La Defensa entiende que existe una contradicción por parte del Fiscal al no imputar al encausado el delito de lesiones y, sin embargo, darlas por probadas para tener por configurada la violencia ejercida como medio comisivo del delito de usurpación por expulsión.
Ahora bien, la doctrina define a la violencia, como medio comisivo para que la acción de despojo resulte típica, como “la vis física que el agente despliega sobre las personas para vencerla resistencia que oponen o impedir la que pueden oponer a la ocupación que aquél procura...” (Carlos Creus, “Derecho Penal. Parte Especial”,Tomo I, pág. 614, Ed. Astrea. 2013.) , pero en modo alguno exige para su configuración la existencia de lesiones producto de la misma.
Por ello, resulta superfluo el agravio introducido por la Defensa en cuanto a la falta de acreditación de conexión causal entre la acción que habría desarrollado el acusado y las lesiones, en tanto no es dicha figura típica la que se le atribuye en la sentencia recurrida, y su inexistencia no se traduce necesariamente en la falta de violencia como medio comisivo de la figura por la que se lo habría condenado (art. 181 CP).
Sin perjuicio de lo expuesto, podrá existir alguna duda en cuanto a la magnitud o tipo de lesiones, pero no sobre la violencia ejercida sobre las inquilinas de la morada -quiénes gozaban de la tenencia del inmueble-, como modo comisivo del artículo 181 del Código Penal, en tanto los informes médicos en ningún momento concluyen en su ausencia, sino por el contrario la disparidad denunciada por la defensa entre ambos informes, no demuestra una contradicción, en tanto sólo difieren en el grado de descripción y evolución de las lesiones, y no hace más que ratificar las mismas.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado, y en consecuencia mantener la competencia de este fuero para seguir interviniendo en las presentes actuaciones en orden a la contravención de hostigamiento (artículo 52 del Código Contravencional) y declarar la incompetencia de este fuero en razón de la materia en relación a los delitos de lesiones y abuso sexual (artículos 89, agravada por los artículos 92 y 80, incisos 1 y 11 y artículo 119, párrafo primero, del Código Penal).
En efecto, si bien sería inminente el conocimiento del delito de lesiones (artículo 89 del Código Penal) por parte de este fuero (Conforme Leyes N° 26.702 y 5.935) hasta la fecha no ha sido asumida plenamente la competencia. Las demás conductas investigadas en las presentes actuaciones encuadran en el delito de abuso sexual (artículo 119, primer párrafo, del Código Penal) que no ha sido transferido a la justicia local en virtud de los distintos convenios suscriptos, por lo cual resulta de competencia de la justicia nacional en lo criminal.
Así las cosas, aún si pensáramos que el delito de lesiones que se le endilga al imputado, próxima y eventualmente podría ser escindido del restante ilícito que el encausado habría cometido en perjuicio de la presunta víctima, teniendo especialmente en cuenta el desarrollo témporo-espacial en que las conductas se produjeron y el evidente contexto continuo de violencia física y psicológica a la que se habría sometido a la víctima, resultaría absolutamente inconveniente deslindar la investigación de las diversas acciones cometidas pues ello iría en claro detrimento de los derechos de la víctima.
Tal como ha sido interpretado por esta Sala, debe ser un solo Juez el que conozca respecto de la totalidad de los hechos aquí pesquisados, conforme a la doctrina consagrada por la Corte Suprema de Justicia Nacional en el precedente “Longhi”, y que mantuviera en “Competencia 981 XLIV, ‘Vandenberg, Ricardo’”, rta.: 02/06/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal; “Competencia 205 XLV, ‘Amarilla, Luis Alberto’”, rta.: 11/08/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal; “Competencia 955 XLV, ‘Aguilera, Raquel’”, rta.: 20/04/10, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal; y “Competencia 1062 XLIV, ‘Torres, Ernesto’”, rta.: 08/06/2010, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal, entre otros).
Más allá de ello, lo cierto es que en el caso los delitos de lesiones y abuso sexual aún no forman parte del ámbito de actuación de la justicia local, por lo que corresponde confirmar parcialmente la resolución y declarar la incompetencia de este fuero en razón de la materia y remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se desinsacule el Juzgado que corresponda intervenir en la continuidad de la presente investigación en relación a los ilícitos mencionados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso la prisión preventiva del imputado.
Para fundar su pedido, la Fiscalía argumentó que en el caso se contaba con elementos suficientes para considerar acreditada la materialidad de los hechos y la autoría del imputado, como así también la existencia del peligro de fuga (por la pena en expectativa) y el riesgo de entorpecimiento del proceso (por el constante amedrentamiento a víctimas y testigos). Sostuvo que la prisión preventiva surgía como la única herramienta eficaz ante el fracaso constatado de las medidas restrictivas dispuestas desde el inicio de las actuaciones.
Al respecto, de la declaración de la denunciante ante la Oficina de Violencia Doméstica surgen ejemplos de violencia de todo tipo: Violencia física: "[los primeros diez años] cuando tomaba se ponía violento. Tiraba algo como una mesa o un vaso y me ha llegado a pegar. Me ha dado cachetadas en la cara y piñas en la cara"; Violencia psicológica: "me decía que me quedara claro que él me iba a matar", "no le importaba si yo estaba trabajando, que él estaba camino a la peluquería y que si venía rompía todo en la peluquería' "él me mandó una foto que fue a mi casa, Sólo mandó una foto con una vela, diciendo que sólo con eso podía prender fuego toda la casa"; Violencia ambiental: arrojo de objetos, y económica: "con relación al sostenimiento económico, el progenitor no habría realizado ningún aporte económico", "ese mismo día me cortaron la luz porque no la pude pagar"; así como un marcado destrato y humillación, al hostigar a la víctima reclamando su atención pues de lo contrario publicaría fotografías y videos en los que ella aparecería en situaciones de intimidad.
La situación ventilada exhibe todas las particularidades que caracterizan a la violencia de género dentro de las relaciones interpersonales, tal el caso de lo que se ha conceptualizado como "círculo de la violencia" y sus diferentes ciclos -acumulación de tensión, estallido y luna de miel-, la subordinación de la mujer hacia el hombre y una marcada agresividad "in crescendo" desde la intervención judicial con la radicación de la denuncia.
Ello así, lo expuesto permite apreciar el acierto del fallo en punto a que los hechos investigados se inscriben dentro de un contexto de violencia que, conforme los parámetros trazados por los tratados internacionales sobre la materia y los adoptados por la Legislación interna, cabe considerar como de género, y por ello resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado en cuanto dispuso, como medida de protección, el cese de los actos de perturbación del imputado hacia la denunciante.
La Defensa sostuvo que este tipo de medidas sólo resultan procedentes cuando existe peligro en la demora, cuando exista urgencia para su imposición y que la situación no es tal, toda vez que la denunciante no se ha presentado a la Fiscalía denunciando algún episodio que sustente la petición del acusador público.
Sin embargo, de acuerdo al contexto que se desprende de las constancias en autos, surge la necesidad de que la adopción de la medida sea inmediata, ello atento que se advierte que los hechos de violencia atribuidos al encausado han sido múltiples y variados tales como sustraerse de prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hijo; el ingreso a la residencia de la denunciante y la rotura del buzón ubicado sobre la pared lateral derecha de dicha puerta; actos de violencia física y amenazas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto hizo lugar al planteo de excepción de atipicidad y sobreseyó al quien fue acusado del delito de resistencia a la autoridad.
La Fiscalía sostiene para tener por configurado el hecho típico (art. 239 CP), que en contexto en el que se cometieron los hechos se verificó la presencia de violencia ejercida por parte del imputado pues, para detener su marcha durante la persecución, el personal policial debió llevar a cabo una “maniobra policial motorizada” que concluyó en su detención.
Sin embargo, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, para que una conducta constituya resistencia a la autoridad es necesaria la presencia de la fuerza o la violencia ejercida por parte del sujeto activo.
En el caso concreto, el accionar del acusado constituyó una maniobra evasiva ante la orden de detención impartida por el personal policial, pero no existe indicio de que ello haya sido realizado a través de medios violentos.
A mayor abundamiento, cabe señalar que el método utilizado por el funcionario para evitar la fuga no importa un acto propio del sujeto activo por lo que no puede ser valorado a los efectos de la configuración del delito.
Ello así, la mera falta de acatamiento de una orden de detención, no constituye el delito de resistencia a la autoridad.

No configura el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal (resistencia a la autoridad) el no acatamiento de la orden de alto impartida por el personal preventor, si en el intento de darse a la fuga con la clara intención de evitar el accionar policial no se desplegó ningún acto de fuerza o violencia en su contra.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual se dispuso absolver al imputado, por considerar que la conducta atribuida resultó atípica, en la presente causa iniciada por el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
En efecto, se le atribuye al encartado la comisión de un hecho ocurrido en una autopista de esta Ciudad, mientras circulaba con su motocicleta, cuando fue visualizado por parte de inspectores de Tránsito y personal perteneciente a la División de Autopistas de la Policia local, quienes en el marco un control vehicular le dieron la orden de detención y pese a ello, los evadió y continuó su marcha. Ante dicha situación se inició una persecución la que finalizó cuando el imputado, al continuar su marcha sin disminuir la velocidad, perdió el control de la moto, lo que provocó que cayera al asfalto. En virtud de ello, la policía logró detenerlo y secuestrar el motovehículo señalado.
Así las cosas, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el tipo penal de desobediencia, a diferencia de lo entendido por el Judicante, no exige entre los elementos objetivos la existencia de violencia, fuerza o intimidación.
Sin embargo, contrario a lo entendido por el titular de la acción, cabe advertir que en un caso similar, la Sala I de esta Cámara sostuvo que: “el no acatamiento de la orden de alto impartida por el personal preventor, si en el intento de darse a la fuga con la clara intención de evitar el accionar policial, no se desplegó ningún acto de fuerza o violencia en su contra, no configura el delito previsto en el art. 239 del CP” (cfr. Causa N° 27651/2018-1, “Lezcano Cavaña, Pablo Martín s/ art. 239 CP”, rta. 01/02/2019).
A su vez, existe acuerdo en la doctrina en que, en supuestos como éste en que se hace caso omiso a la orden que dispone la propia detención, la conducta no configura el tipo penal de desobedecer ( Ver Baigún, D. /Zaffaroni, E. R. (dirs.), Código Penal y normas complementarias, Tomo 10, Buenos Aires, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, p.122.)
En base a lo expuesto, la argumentación del apelante no alcanza a demostrar el carácter erróneo de la fundamentación presentada por el A-Quo para arribar a un pronunciamiento absolutorio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de atipicidad.
La Defensa sostiene que no existe elemento alguno que permita sostener que el imputado haya ejercido violencia alguna sobre los agentes policiales. Simplemente, se sostiene que su asistido habría incurrido en el delito de desobediencia (art. 239 CP) por no haber acatado una orden de detención cuando circulaba a bordo de su moto vehículo.
Puesto a resolver, y si bien no desconozco la profusa jurisprudencia que señala que la autoeximición no es punible, tampoco desconozco que tal jurisprudencia corresponde a instancias procesales propias de un procedimiento que difiere sustancialmente del acusatorio establecido en nuestro fuero, cuyo control de tipicidad en la etapa intermedia se encuentra limitado conforme la normativa establecida en el artículo 195, inciso c) del Código Procesal Penal de la Ciudad. Ello, sin perjuicio del verbo típico del artículo 239 del Código Penal que se aplique en el caso concreto.
En la hipótesis de autos no se satisfacen tales extremos, pues existen hechos controvertidos sujetos a prueba que deberán ser evaluados en la oportunidad de celebrarse el juicio oral y público.
En este sentido, considero que la oportunidad para efectuar un estudio profundo de las circunstancias controvertidas que hacen a la tipicidad de la conducta, y que se deben esclarecer mediante la producción de la prueba ofrecida per las partes, es la etapa de juicio, ocasión en la que el juez que intervenga se encontrara en condiciones de resolver las cuestiones planteadas por las partes a través de los principios de inmediación y contradicción, propios del sistema acusatorio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de atipicidad.
La Defensa sostiene que no existe elemento alguno que permita sostener que el imputado haya ejercido violencia alguna sobre los agentes policiales. Simplemente, se sostiene que su asistido habría incurrido en el delito de desobediencia (art. 239 CP) por no haber acatado una orden de detención cuando circulaba a bordo de su moto vehículo.
Al respecto, sobre este tema señala Sancinetti que la existencia de dolo debe ser considerada según hechos exteriores aprehensibles per los sentidos, e inferirse del modo concreto en que el autor condujo su acción efectivamente (Sancinetti M., “Dolo y Tentativa. ¿El Resultado como un Mito? Acerca de la demostración del dolo por medio del resultado”, Doctrina Penal, año 9, nro.35, 1986, pág. 512).
En efecto, estos sucesos exteriores son los que todavía no han sido dilucidados en autos y lo que la Defensa pretende mediante esta vía procesal es adelantar una discusión respecto de los elementos de prueba recolectados, que es propia de la instancia del debate, en tanto ese es el momento oportuno y adecuado para el abordaje de esta cuestión de hecho y prueba, a la luz de los principios de oralidad, inmediatez y contradicción propios de dicho estadio procesal.
Esto se debe a que recién en ese momento se podrá realizar una valoración del evento y de la prueba colectada, actividad que es ajena al ámbito de las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción de atipicidad.
La Defensa sostiene que no existe elemento alguno que permita sostener que el imputado haya ejercido violencia alguna sobre los agentes policiales. Simplemente, se sostiene que su asistido habría incurrido en el delito de desobediencia (art. 239 CP) por no haber acatado una orden de detención cuando circulaba a bordo de su moto vehículo.
Ahora bien, de la descripción del hecho realizada por la Fiscalía se desprende que habría existido una omisión de parte del imputado a la orden que impartió el personal preventor. Dicha omisión no resulta punible dentro del ámbito penal.
De este modo, asiste razón al apelante, en tanto considero que la evasión no violenta de quien se encuentra legalmente detenido es atípica (cfr. art. 280 del Código Penal), de modo tal que no es posible continuar esta investigación en la que el imputado habría omitido detenerse ante la señal de alto, cuanto no estaba detenido.
A mayor abundamiento, no resulta ocioso reiterar el similar criterio seguido por la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional al sostener que el no acatamiento de la orden de detención efectuada por los funcionarios policiales cuando el encausado decidió darse a la fuga no se encuadraba en la figura de resistencia a la autoridad ya que no implico el empleo de intimidación o medios violentos para oponerse o trabar la ejecución del acto inherente a la fluxión publica. Y agrego, en lo que aquí interesa, que tampoco podía encuadrarse en la figura de desobediencia "pues no incurre en dicho delito quien simplemente intenta la fuga ante una orden de detención (causa 598/08 "Sandoval", resuelta el 12/12/08). Al respecto, la doctrina considera que 'no constituye desobediencia la acción del sujeto que no acató la orden policial de detener la marcha del automóvil que conducía. La falta de acatamiento no violento a la orden de detención resulta impune' (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal. Parte Especial. Ed. Rubinzal Culzoni, 2001. T III, p 89/90)" (cita online AR/JUR/52568/2015). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado mediante la cual se resolvió mantener las medidas de prohibición de acercamiento y/o contacto por parte del imputado con la denunciante y los hijos de la misma y continuar con la colocación de dispositivo de geoposicionamiento sobre su cuerpo, en el marco de las presentes actuaciones iniciadas por el delito de amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).

La Defensa solicitó la atenuación de la prohibición de acercarse a un radio de quinientos (500) metros del domicilio de la denunciante, petición que conllevaba la supresión del dispositivo de geoposicionamiento que le fuera colocado, a fin de poderse reunise con su padre de 84 años que vive en el piso de arriba de la denunciante.
Sin embargo, aunque pudiera resultar atendible la razón invocada, no debe obviarse que el presente caso tuvo inicio en virtud de un suceso, calificado "prima facie" como lesiones, en perjuicio de la denunciante durante el corriente año, valorándose en la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trataba de un caso de “alto riesgo”, que podría incrementarse de no mediar intervención, donde además se destacó la persistencia del accionar violento por parte del imputado luego de la intervención policial, lo que daría cuenta de su posicionamiento de impunidad y ausencia de contemplación de un límite externo, y en virtud de las presentaciones previas de la damnificada y otras personas ante ese Organismo.
Asimismo, se destacó en el informe interdisciplinario la situación de precariedad económica en la que se halla la víctima, que la ubicaría en un lugar de dependencia y entrampamiento, a cargo de cinco hijos.
Dicho extremo coincide con lo declarado por la propia denunciante en esa Oficina al expresar “Nosotros seguimos viviendo siempre ahí, sí. Yo siempre volví porque no tengo donde estar con los nenes. Y la relación siempre igual, no cambia en nada”, para luego referir que eran constantes los insultos, agresiones, empujones, patadas y golpes y con lo expresado por las hijas de la nombrada.
Así las cosas, el panorama reseñado denota el grado de violencia padecido, la dependencia hacia la persona del agresor y la imposibilidad por parte de la damnificada de impedir estas situaciones que la perjudican y que repercuten negativamente en todo el núcleo familiar.
Ello así, se considera prudente mantener las cautelares impuestas a efectos de evitar eventuales sucesos de violencia contra la denunciante y su núcleo.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado mediante la cual se resolvió mantener las medidas de prohibición de acercamiento y/o contacto por parte del imputado con la denunciante y los hijos de la misma y continuar con la colocación de dispositivo de geoposicionamiento sobre su cuerpo, en el marco de las presentes actuaciones iniciadas por el delito de amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa solicitó, solicitó la atenuación de la prohibición de acercarse a un radio de quinientos (500) metros del domicilio de la denunciante, petición que conllevaba la supresión del dispositivo de geoposicionamiento que le fuera colocado, a fin de poder tener contacto con su padre de 84 años que vive en el piso de arriba del inmueble donde habita la denunciante.
Sin embargo, aunque pudiera resultar atendible la razón invocada, no debe obviarse que el presente caso tuvo inicio en virtud de un suceso, calificado "prima facie" como lesiones, en perjuicio de la denunciante en mayo del corriente año, valorándose en la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trataba de un caso de “alto riesgo”, que podría incrementarse de no mediar intervención, donde además se destacó la persistencia del accionar violento por parte del imputado luego de la intervención policial, lo que daría cuenta de su posicionamiento de impunidad y ausencia de contemplación de un límite externo, y en virtud de las presentaciones previas de la damnificada y otras personas ante ese Organismo.
Asimismo, cabe mencionar que a raíz de esa presentación, el Juzgado Civil interviniente le impuso al encausado la prohibición de acercamiento respecto de su domicilio y de su persona, en el lugar que se encuentre, y por cualquier medio, por el plazo de tres meses, cautelar de la que el imputado fue debidamente notificado.
Sin embargo, en junio del año en curso la presunta víctima denunció al imputado por un nuevo hecho, esta vez, por haber atacado y lesionado a su hijo en el interior de su vivienda pese a estar vigente la restricción decretada en la Justicia Civil, ordenándose su detención.
De este modo, y aún sin entrar en detalle de las diversas denuncias contra el encartado que se radicaran con anterioridad ante la Oficina de Violencia Doméstica por parte de otros familiares de este, que se ventilaran en la audiencia, lo cierto es que en el marco del presente y a la luz de las constancias del legajo, se advierte que de acceder a lo peticionado no podría garantizarse ni prevenirse los posibles acercamientos hacia la víctima o los hijos de esta.
Así las cosas, en el entendimiento de que las medidas restrictivas dispuestas en esta órbita judicial (que son monitoreadas con el dispositivo de geoposicionamiento) han dado -por el momento-resultado positivo en aras de resguardar la integridad física y psíquica de la supuesta víctima, y sus hijos, se considera prudente mantener las cautelares impuestas a efectos de evitar eventuales sucesos de violencia contra la denunciante y su núcleo.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado mediante la cual se resolvió mantener las medidas de prohibición de acercamiento y/o contacto por parte del imputado con la denunciante y los hijos de la misma y continuar con la colocación de dispositivo de geoposicionamiento sobre su cuerpo, en el marco de las presentes actuaciones iniciadas por el delito de amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
En efecto, no puede olvidarse que los hechos objeto del proceso tuvieron lugar en el marco de un conflicto de violencia familiar y de género calificado como de “alto riesgo”; y que la Ley de Protección de la Mujer otorga al Juez amplias facultades para adoptar medidas que busquen evitar nuevos hechos de violencia contra la mujer, que es lo que aquí se persigue.
En ese sentido, la Ley N° 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, a la que ha adherido la Ciudad de Buenos Aires mediante la Ley N° 4.203), establece un catálogo de medidas preventivas tendientes a resguardar la integridad física y psíquica de la víctima de actos de esa índole.
Así las cosas, en lo que aquí interesa, el artículo 26 de la norma mencionada establece que durante cualquier etapa del proceso el/la Juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de esa norma.
Ello así, se considera prudente mantener las cautelares impuestas a efectos de evitar eventuales sucesos de violencia contra la denunciante y su núcleo.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado mediante la cual se resolvió mantener las medidas impuestas al imputado y no hacer lugar a la solicitud de mediación efectuada por la Defensa, en el marco de las presentes actuaciones iniciadas por el delito de amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa solicitó que se revoque el decisorio en crisis y que se convoque a la denunciante y a su asistido a un proceso conciliatorio con la finalidad de resolver el conflicto.
Sin embargo, cabe advertir que el uso de esos procedimientos debe regularse estrictamente y permitirse únicamente cuando una evaluación anterior por parte de profesionales especializados garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y supervivientes y no existan indicadores de nuevos riesgos para éstos.
En efecto, en el caso de las presentes actuaciones, conforme lo determinaran los equipos interdisciplinarios que evaluaron y valoraron la situación como de “alto riesgo” en un tiempo cercano, lo que a su vez fuera admitido por la denunciante al realizar las respectivas denuncias y tras mantenerlas en esta judicatura, y tal como expresaran los testigos que declararon en autos, es clara la situación de vulnerabilidad y el grado de dependencia que la denunciante posee en relación a su agresor, pese al peligro que ello conlleva en su integridad psicofísica, extremo que desaconseja la posibilidad de arribar a un instituto conciliatorio por cuanto no se verifica que las partes se hallen en igualdad de condiciones para pactar libremente, siendo éste un presupuesto básico para intentar una solución alternativa como la pretendida.
En el caso, si aún con la intervención policial y jurisdiccional primigenia los hechos de violencia se reeditaron, se considera entonces que dejar en manos de las partes la resolución del conflicto no parece ser la respuesta adecuada, por lo que habrá de rechazarse el recurso también en relación a este agravio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al encausado como autor penalmente responsable del delito de amenazas simples.
La Defensa cuestionó que el presente se trate de un caso inmerso en cuestión de violencia de género.
Sin embargo, las profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entrevistaron a la víctima refirieron que existía un indicador de riesgo ALTO.
Se aseveró que la situación de la denunciante era preocupante atento que por su corta esas vivía situaciones críticas desde que era muy chica; que era víctima de violencia verbal, psicológica y física.
Estas manifestaciones de los profesionales cobran especial relevancia en relación al contexto y abonan los elementos detallados en la audiencia durante dos horas por la propia denunciante en su exposición.
En este sentido cabe señalar que fueron minuciosamente descriptos los hechos violentos, de manera detallada y clara.
No puede dejar de señalarse que la denunciante y el condenado iniciaron su relación cuando ella tenía tan solo 13 años de edad y que se trata de una mujer con una historia de violencia en su vínculo primario y con muy escasas redes de contención.
Que desde el inicio de la relación existió un componente de dominación por parte del acusado y dependencia económica y que de su relato surgen varios sucesos violentos, tales como golpes en la panza durante el embarazo, episodios de encierro y abuso sexual.
Ello así, en atención a la prueba incorporada al debate, no cabe duda alguna de que el hecho investigado tuvo lugar en un contexto de violencia de género, con componentes de dependencia económica, violencia física, psicológica, simbólica y social.
Tal como se reseñaron anteriormente, varios son los elementos que permiten tener por acreditada la situación de vulnerabilidad de la denunciante y el sometimiento a cuestiones de violencia de género que ameritan que el caso sea analizado bajo dicha perspectiva.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de atipicidad.
La Defensa refiere que el delito atribuido a su pupila (art. 239 CP) se configuraba con el empleo de intimidación o fuerza contra la acción de un funcionario público para hacer cumplir algo y, que en el caso, no se había desplegado una violencia idónea para impedir el ejercicio de las funciones del personal policial, el cual había procedido a la aprehensión de la imputada utilizando la fuerza mínima indispensable. Entendió por ello que la atipicidad resultaba manifiesta y solicitó que se revoque la resolución en tanto había rechazado este planteo.
Ahora bien, conforme las constancias en autos, se le ha imputado a la encartada tornarse violenta al recibir la voz de alto, propinando golpes de puño y empujones al personal policial, originándose un forcejeo, conducta que no se advierte que no se subsuma en la figura reprochada, ni que sea manifiestamente atípica. Claramente se le atribuye resistir violentamente la voz de alto y su propia detención.
Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó la excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso dictar la prisión preventiva al imputado, por la posible comisión de los delitos de homicidio, lesiones y amenazas simples (art. 269 y siguientes del Código Procesal Penal y arts. 79, 89 y 149 bis del Código Penal), durante todo el trámite de la causa hasta el dictado de sentencia definitiva.
En punto a la materialidad del evento, la Defensa afirmó que dicho escenario no había podido ser reconstruido, por cuanto solo se contaba con el testimonio de la presunta víctima de las lesiones y amenazas, y dicho relato no se hallaba dotado de la objetividad e imparcialidad necesarias para sostener la autoría de su defendido. Agregó que con relación al homicidio endilgado no sólo no se comprobó un claro designio homicida por parte de su asistido, sino que además tampoco existían pruebas que pudieran acreditar el accionar reprochado
Sin embargo, en cuanto a la materialidad de la conducta objeto de reproche, de la compulsa de los actuados obra el relato del preventor quien acudió al lugar donde se perpetraron los hechos. Allí entrevisto personalmente al damnificado y observó a la segunda víctima ensangrentado en la región de la cabeza y detuvo al imputado, el cual, según refiriera intento resistirse y fugarse del sitio.
Asimismo, el funcionario público solicito asistencia medica de una ambulancia y el medico a cargo diagnosticó que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, por lo cual dispuso su traslado al hospital, cuadro que posteriormente habría provocado su deceso.
Por otra parte, el hecho de que el testigo se trate de uno de los damnificados del evento, ello no le quita veracidad a sus dichos. Así las cosas, la Jueza de grado entendió demostrada la existencia del suceso investigado con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso y la participación del imputado en carácter de autor.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad y, en consecuencia, sobreseer a la imputada.
La Defensa al solicitar la atipicidad manifestó que el niño había comentado a su madre que su padre habría ejercido violencia física contra él. También, que durante el ASPO (aislamiento obligatorio durante la pandemia) mientras se encontraba en casa de su madre, luego de una conversación con aquél, terminó profundamente alterado, y no quiso hablar más con él.
En virtud de ello, la acusada se puso en contacto con su abogada para que le brindara asesoramiento respecto de qué hacer. Luego, recibió la notificación de la demanda interpuesta por el aquí querellante en el Juzgado Civil, a la que respondió denunciando el hecho de violencia del que habría sido víctima el menor de edad, y solicitando medidas de protección para él y para ella misma.
En esa oportunidad, la acusada manifestó que en el marco de una conferencia brindada por el Presidente de la Nación, el niño le pidió si no podía pedirle al Presidente que le dijera a su padre que dejara de golpearlo. Y añadió que le dijo que tenía que contarle un secreto, que ella no se lo podía contar a nadie, a excepción del Presidente, y que su padre le había propinado un golpe en la cara porque no quería realizar la tarea escolar.
A la vez, añadió que en una oportunidad anterior, su hijo le había manifestado que el padre lo había golpeado en las nalgas, y que, en virtud de eso ella había intervenido, y le había manifestado expresamente a su ex pareja que “se trataba de la última vez”.
A consecuencia de ello, el Juzgado Civil de mención dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del Querellante respecto de la aquí acusada y luego estableció la misma medida respecto del hijo y, finalmente, ambas resoluciones fueron confirmadas por la Salade la Cámara de Apelaciones en lo Civil.
En virtud de esos elementos, y de las características del tipo penal que le fue imputado a la acusada, la Jueza de grado consideró que la conducta investigada resultaba atípica, por lo que hizo lugar a la excepción y sobreseyó a la nombrada.
El Fiscal apeló esa decisión, en el entendimiento de que la atipicidad no resultaba manifiesta, y el Querellante, por su parte, también impugnó ese decisorio, en tanto consideró que aquél era inequitativo, violatorio de los derechos del niño, y que no encontraba correlato en la realidad, ni en la prueba aportada al legajo.
Ahora bien, uno de los requisitos que debe presentarse para la configuración del tipo penal en cuestión es la ilegalidad de la conducta llevada a cabo por el sujeto activo del delito.
Asimismo, el interés superior del niño debe prevalecer por sobre el derecho de visita del padre o madre no conviviente, cuando el primero de ellos se encuentre de algún modo amenazado.
En virtud de lo expuesto, coincidimos con la Magistrada de grado, en cuanto a que la imputada no ha actuado con la ilegalidad requerida para la configuración del tipo.
Ello, en la medida en que, tal como surge de sus presentaciones ante este fuero, así como ante el fuero civil, la imputada decidió interrumpir el contacto de su hijo menor de edad con su ex pareja y padre de aquél, porque el propio niño así se lo solicitó, y en el entendimiento de que su integridad psicofísica estaba en peligro. Y, por lo demás, ello fue avalado tanto por la Jueza Civil de primera instancia, como por la Sala de la Cámara de Apelaciones de ese fuero, al momento en que tuvieron que intervenir.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad y, en consecuencia, sobreseer a la imputada.
En efecto,el comportamiento de la imputada, fundado en la sospecha absolutamente razonable de que su hijo estaba siendo víctima de violencia a manos de su padre, no sólo no aparece como ilegal o ilegítimo, sino que, a su vez, era el exigible a un/una progenitor/a responsable, en función del interés superior del niño.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad y, en consecuencia, sobreseer a la imputada.
En efecto, es necesario tener en cuenta que la denunciada tenía sobrados motivos para considerar verídico el relato de su hijo -repecto de que su padre había ejercido violencia física contra él-, toda vez que en el año 2015 ella misma ha sido objeto de un grave hecho de violencia de género, por el que el aquí Querellane fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, por el delito de lesiones graves, agravadas por el vínculo.
Asimismo, coincidimos con la "A quo" en cuanto a que también desde la óptica del tipo subjetivo del delito se advierte de manera palmaria la atipicidad de la conducta llevada a cabo por la imputada, toda vez que el impedimento del contacto no fue caprichoso, ni respondió a una intención de esta de obstruir el vínculo paterno-filial de forma desmotivada, sino que, por el contrario, tuvo como norte preservar la salud psicofísica de su hijo, así como su interés superior.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad y, en consecuencia, sobreseer a la imputada.
En efecto, de los presentes actuados surge la voluntad de la imputada de acudir ante la autoridad judicial con el objeto de obtener una respuesta estatal que garantizara la protección de su hijo menor de edad -quien le había dicho que su padre ejerció violencia física contra él-, y, por consiguiente, la ausencia del elemento volitivo que requiere el tipo penal del artículo primero de la Ley N° 24.270 para su configuración.
Cabe añadir que esta Sala tiene dicho que “el fuero penal es la última "ratio"… Siendo así, el Juez penal debe limitar al mínimo su intervención y tratar de evitar que intervengan en esta cuestión simultáneamente ambos fueros.”
Así, entendemos, por una parte, que la conducta que se le ha imputado a la acusada en el marco de los presentes actuados resulta manifiestamente atípica y, por otra, que no es este el ámbito, ni el fuero, en el que el conflicto intra-familiar que se observa en el caso debe ser tratado, ni resuelto.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presentara una solución para atender el derecho a la vivienda del grupo actor (inc. 3º, del art. 25 de la Ley 4.036). Asimismo, que, hasta tanto quedara adjudicado el alojamiento, los efectos de la medida cautelar dictada en autos o de cualquier otra que la modificara o ampliara en el futuro mantendrán su vigencia.
En efecto, grupo familiar actor (una mujer y tres niños, que atravesaron situaciones de violencia doméstica) ha probado que se encuentra en situación de vulnerabilidad social.
La actora, está sola a cargo del cuidado de sus tres hijos menores de edad. Residen en un departamento de esta ciudad, cuyo canon locativo asciende a veintitrés mil pesos ($23000) mensuales. Contrajo una deuda de alquiler y que se encontraba en inminente riesgo de ser desalojada.
Argumentó que era beneficiaria del programa habitacional establecido por el Decreto N° 690/06 pero que le resultaba insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Había gestionado un aumento en sede administrativa y que le fue denegado.
Informó que se encontraba desempleada y al exclusivo cuidado de sus hijos, situación que limita su capacidad de generar ingresos.
Sus ingresos se componían del subsidio habitacional que percibe en virtud de la medida cautelar dictada en autos, del programa “Ciudadanía Porteña – Con Todo Derecho” y de la cuota alimentaria que recibe del padre de sus hijos. Agregó que concurre a una iglesia a retirar mercadería y que la familia paterna de sus hijos suele hacerle llegar mercadería y ropa.
Indicó que había padecido violencia de género, psicológica, física, sexual y económica; y que el consecuente riesgo de vida no había cesado, que efectuó la denuncia respectiva.
Así, dado que la parte actora no ha logrado superar las condiciones de precariedad que en su momento sustentaron su inclusión en los programas habitacionales y perdura su situación de vulnerabilidad, es claro que subsiste la obligación del Gobierno de garantizar su acceso a la vivienda. Tal es, por lo demás, la propia voluntad legislativa, formulada en la Ley N° 3.706 y más tarde por la 4.036.
La interrupción, la insuficiente asistencia a la parte actora o la opción de que ello se provea a través de la red de hogares, no resulta adecuada al alcance de tal derecho, además de presentarse como regresiva.
Cabe señalar que la red de hogares de la Ciudad no provee a las personas de un lugar donde vivir, no constituye una red de viviendas; se trata de espacios físicos en donde las personas simplemente son albergadas.
En efecto, la parte actora tiene derecho a que la accionada le brinde el acceso a una vivienda digna y segura que garantice la privacidad y el distanciamiento físico.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada, disponiendo que la protección a otorgar consista en asignar al grupo actor fondos suficientes para acceder a una solución habitacional y brindar asistencia en los términos de las Leyes Nº 1.265, N°1.688 y N°4.036.
La Jueza de grado ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice en forma efectiva el derecho a la vivienda del grupo familiar actor, sin que se contemple la posibilidad de que sean derivados a la red de hogares y paradores; a los fines del cumplimiento de lo dispuesto dispuso que el demandado podrá optar por continuar abonando el subsidio – en virtud del Decreto Nº 690/06 y sus modificatorios el cual deberá ser suficiente para acceder a un alojamiento acorde a las necesidades de la amparista.
En efecto, concurren los requisitos necesarios para acceder a la tutela cautelar peticionada.
La parte actora está constituida por una mujer de treinta y dos años a cargo de sus tres hijos menores de edad.
La actora nació en el Estado Plurinacional de Bolivia y a sus 18 años migró hacia Argentina en busca de mejorar su situación económica.
La relación mantenida con el padre de su primera hija no prosperó ya que al segundo mes de embarazo las abandonó; agregó que nunca realizó el reconocimiento registral de la niña, como tampoco contribuyó con los deberes alimentarios o de cuidado; luego comenzó una relación con el padre de sus otros dos hijos.
La actora manifestó haber sufrido violencia de género por parte de sus dos parejas.
Con respecto a su primera pareja, mencionó que desde el comienzo la relación estuvo signada por violencia psicológica, a la que luego se le agregó la violencia física.
Por su parte, con respecto a su segunda pareja adujo que al iniciar la convivencia comenzaron las agresiones psicológicas, seguidas posteriormente de violencia física.
Manifestó además que la violencia sexual también estuvo presente en dicha relación, no solo hacia ella, sino también hacia una de sus hijas. Este suceso motivó denuncia ante la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del cual se ordenó la entrega de un dispositivo anti pánico.
Ello así, cabe sostener que se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener por configurada prima facie la situación de “vulnerabilidad social” de la parte actora.

En el caso, corresponde confirmar la decisión impugnada, en cuanto resolvió rechazar la excepción por manifiesto defecto en la pretensión de atipicidad articulada por la Defensa (art. 207, inc. C, del CPPCABA, a contrario sensu).
La Defensa de grado en su impugnación sostuvo que el taponamiento denunciado no configura el supuesto de “violencia” que reclama la figura penal prevista en el artículo 181 del Código Penal, inciso 3, para que pueda configurarse el delito, destacando que no se ejerció violencia contra ninguna persona.
Sobre este punto, cabe señalar que no compartimos la postura del recurrente con relación a los alcances del término “violencia”, consignado en el mencionado artículo. En principio, cabe recordar que la conducta prevista y reprimida por el artículo 181 del Código Penal, inciso 3, del Código Penal refiere al que, por violencia o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.
De esta forma, lo que se investiga, en el caso, es la fuerza desplegada para taponear el ventiluz, a voluntad y a sabiendas del resultado dañoso que ello generaría, lo que pudo haber restringido el ejercicio pleno de la posesión o tenencia del inmueble de los denunciantes en razón del peligro de derrumbe que habría creado, teniéndose por acreditada, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa del proceso, la tipicidad de la conducta atribuida a los imputados y el uso del medio comisivo previsto normativamente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso hacer lugar a la excepción de atipicidad y dictar el sobreseimiento de los encausados (art. 195 inc. “c” y art. 197 in fine del CPP).
Se le atribuye a los encausados el delito de resistencia a la autoridad, y luego, en el de desobediencia, ambas conductas previstas y reprimidas por el artículo 239 del Código Penal.
La Fiscal se agravio de la resolución, por considerar que para la procedencia del planteo de atipicidad se requiere que la atipicidad sea manifiesta, es decir “patente” o “clara”, tal como lo requiere el artículo 195 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ahora bien, tal como surge de la descripción del hecho, habría existido una omisión de parte de los encausados de cumplir la orden que impartió el personal preventor, no obstante dicha omisión no resulta punible dentro del ámbito penal.
En este sentido, el artículo 239 del Código Penal establece que “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
Al analizar dicho artículo, D´Alessio señala que “(…) tampoco es típico el desoír la orden de la propia detención, lo que estaba expresamente previsto en la Ley N° 17.567. Antes de las reformas introducidas por la ley mencionada y –luego- por la Ley N° 21.338, cuando la fórmula legal vigente era idéntica a la actual, la doctrina y la jurisprudencia ya habían adoptado este criterio, siguiendo la idea de Soler, quien sostenía que considerar punible la desobediencia a la orden de la propia detención importaba tanto como derogar implícitamente la impunidad de la fuga sin violencia sobre las personas ni fuerza sobre las cosas que, por exclusión, consagra el artículo 280 del Código Penal” (Código Penal de la Nación, comentado y anotado, 2da Edición actualizada y ampliada, T. II parte especial, La Ley, pag. 1185/6).
En definitiva, si bien la conducta atribuida a los acusados resulta criticable en tanto generó peligro para ellos y para terceros, entiendo que ese reproche no corresponde que sea efectuado en el ámbito penal, debiendo hacerse lugar a la excepción planteada de atipicidad manifiesta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso hacer lugar a la excepción de atipicidad y dictar el sobreseimiento de los encausados (art. 195 inc. “c” y art. 197 in fine del CPP).
Se le atribuye a los encausados el delito de resistencia a la autoridad, y luego, en el de desobediencia, ambas conductas previstas y reprimidas por el artículo 239 del Código Penal.
La Fiscal se agravio de la resolución, por considerar que para la procedencia del planteo de atipicidad se requiere que la atipicidad sea manifiesta, es decir “patente” o “clara”, tal como lo requiere el artículo 195 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
La conducta atribuida a los encausados inicialmente dentro del delito de resistencia a la autoridad y, posteriormente, en el delito de desobediencia. Ambas conductas previstas y reprimidas por el art. 239 del CP. Dicho artículo prescribe que: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Ahora bien, se ha dicho que “el delito se configura…cuando hay oposición del sujeto activo a la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios violentos, que se ejerce sobre él, con el fin de impedirle su acción u obligarlo a hacer algo, siempre dentro del ámbito legal…” (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, Ed. Rubinzal-Culzoni, págs. 58/9, Buenos Aires / Sta. Fe, 2008).
Es decir, para que una conducta constituya resistencia a la autoridad es necesaria la presencia de la fuerza o la violencia ejercida por parte del sujeto activo, y en el presente caso, tal y el accionar de los encausados constituyó una maniobra evasiva ante la orden de detención impartida por el personal policial, pero no existe indicio alguno de que ello haya sido realizado a través de medios violentos.
En definitiva, el no acatamiento de la orden impartida por el personal preventor, si en el intento de darse a la fuga con la clara intención de evitar el accionar policial, no se desplegó ningún acto de fuerza o violencia en su contra, no configura el delito resistencia a la autoridad.

En el caso, corresponde declarar la conexidad subjetiva de la presente causa iniciada por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar con la que tramita por el delito de lesiones.
En efecto, nos encontramos ante los mismos protagonistas y ambas causas se encuentran en un mismo estadio procesal inicial; asimismo, en ambas situaciones se advierten situaciones de violencia física (lesiones) y económica (la presente causa) dentro de un contexto de género o familiar, con lo cual para poner un cierto grado de ajuste sobre el asunto, que debe formularlo la acusación, considero apropiado que se acumulen las causas ya que no se advierte que con ello se produzcan demoras en el trámite, sino muy por el contrario, se procurará llegar a una solución integral de la conflictividad señalada en un solo proceso para evitar por un lado la revictimización de la damnificada y por otro el dictado de resoluciones contrapuestas.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suministre a la amparista en el marco del Programa Habitacional Atención para Familias en Situación de Calle, el monto necesario que le permita al grupo familiar actor acceder a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, disponiendo además que la protección a otorgar consista en asignar al grupo actor fondos suficientes para acceder a una solución habitacional adecuada y brindar asistencia en los términos de las Leyes Nº 1265, N°1688 y N°4036.
En efecto, del informe elaborado por la Secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires se destaca que las situaciones de violencia de género experimentadas por la actora han producido múltiples daños en su recorrido vital. Específicamente en materia económica y laboral, la violencia ejercida por parte de sus dos primeras parejas produjo un cercenamiento de sus posibilidades de empleo y desarrollo personal. Debió atravesar múltiples carencias y realizar esfuerzos desmedidos para solventar gastos y cuidado para sus hijos. El daño económico acaecido tras escapar de su última pareja y la pérdida de sus pertenencias al dejar su hogar fue imprevisto tanto como impactante, dejando a la consultante en situación de calle. A pesar del tiempo transcurrido, aún no ha logrado recuperarse económicamente, alquilar por sus propios medios una vivienda y tampoco proveerse del mobiliario necesario.
Agrega la Licenciada que, para el caso de la actora una vivienda digna resulta fundamental, tanto para su desarrollo personal como para llevar adelante una vida con seguridad y libertad.
En tal sentido recomendó que “corresponde atender las siguientes consideraciones: 1. La actora ha padecido violencia de género en sus tipos psicológica, física, económica-patrimonial por parte de distintas parejas; 2. La consultante tuvo que abandonar su vivienda por motivos de violencia de género; 3. La actora no tiene hogar propio, ni ingresos suficientes para procurarse una vivienda digna para ella y su hijo y 4. La situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio le ha impedido, finalmente, insertarse laboralmente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió no hacer lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por la Defensa, y dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del encausado con la damnificada.
La Defensa se agravió y sostuvo que el ilícito de lesiones leves es de instancia privada, siendo que la denunciante no pudo dar una explicación respecto a la instancia de la acción, y que el caso ha sido judicializado por terceros.
Ahora bien, los hechos investigados forman parte de un contexto de violencia de género y doméstica en los cuales el imputado agredió física y verbalmente a la víctima en reiteradas oportunidades. Dichos sucesos habían sido denunciados, pero el estado de vulnerabilidad de la damnificada provocó la imposibilidad de entrevistarla en su momento, por lo que no se pudo profundizar la investigación. Por su parte el accionar aquí ventilado fue subsumido en el delito de lesiones agravadas normadas en los arts. 89 y 92 del C.P. Sobre el particular, el art. 72 CP si bien clasifica el ilícito previsto en el art. 89 CP como una infracción cuya acción es dependiente de instancia privada, establece que se procederá de oficio cuando “mediaren razones de seguridad o interés Público”.
Por otro lado, en el caso, al arribar los preventores al lugar del hecho la víctima manifestó que el imputado la había golpeado, y luego fue trasladada al hospital donde el personal médico le realizó tres puntos de sutura en la cabeza. Sin embargo, la nombrada se retiró antes de que el personal policial pudiera tomarle declaración testimonial. A su vez, durante la investigación, la Fiscalía no logró localizarla pese a diversas diligencias realizadas.
Sobre este punto cabe mencionar, como lo hiciera la Magistrada de grado, que no es que se le consultó a la víctima y ésta decidió no instar sino que luego de ocurridos los hechos no logró ser ubicada y la Fiscal prosiguió con la investigación, intentó localizarla, y presentó, finalmente, el requerimiento de elevación a juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió no hacer lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por la Defensa, y dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del encausado con la damnificada.
La Defensa se agravió y en lo atinente a las medidas de
protección fijadas expuso que resultaba llamativo que la Sra. Jueza, tras
recibir el requerimiento de elevación a juicio se demorara casi nueve meses en
imponer nuevas medidas restrictivas, lo cual desacredita cualquier
manifestación como la intentada por la Magistrada en torno a una supuesta
situación de peligro o riesgo respecto de la denunciante. Agregó que lo
llamativo es que no se informaron nuevos episodios, ni por parte de la fiscalía
interviniente, ni por la intervención de la Oficina de Asistencia a la Víctima
del Ministerio Público Fiscal. Muy por el contrario, desde el inicio del
presente legajo a la fecha no se han registrado motivos que ameriten su
dictado.
Ahora bien, los hechos investigados forman parte de un contexto
de violencia de género y doméstica en los cuales el imputado agredió física y
verbalmente a la víctima en reiteradas oportunidades. Dichos sucesos habían
sido denunciados, pero el estado de vulnerabilidad de la damnificada provocó la
imposibilidad de entrevistarla en su momento, por lo que no se pudo profundizar
la investigación.
Sobre el particular cabe mencionar que si bien las medidas no
fueron peticionadas por las partes, la Ley 26.485 (Ley de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, a la que ha adherido
la Ciudad de Buenos Aires mediante la ley 4.203) faculta al juez interviniente
a fijarlas -incluso- de oficio.
En este escenario, en razón del marco de violencia de género en
el que ha sido enmarcado el accionar traído a estudio, cabe concluir que
resultan de aplicación en el caso las previsiones de dicha ley. A su vez, del
contexto de violencia descripto se advierte que las medidas en cuestión son las
conducentes para neutralizar el peligro al que la damnificada podría hallarse
expuesta, no vislumbrándose otras herramientas tendientes a protegerla en forma
integral.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada disponiendo que la protección a otorgar consista en asignar al grupo actor fondos suficientes para acceder a una solución habitacional y brindar asistencia en los términos de las Leyes Nº 1265, N°1688 y N°4036.
En efecto, la amparista es una mujer de treinta (30) años, quien se encuentra a cargo de sus 3 hijas menores de edad que conforman un grupo familiar monoparental con jefatura femenina.
La actora manifestó haber sufrido violencia de género (psicológica, física, sexual y económica) por parte de su ex pareja, cuya última denuncia derivó en una orden de prohibición de acercamiento en cualquier lugar en donde se encuentre y en cualquier domicilio donde resida.
La actora relató que vivió en un barrio popular de esta ciudad alquilando viviendas, pero por falta de ingresos suficientes para afrontar el costo del canon locativo debieron abandonar las mismas, ya que el monto percibido en concepto de subsidio habitacional no era suficiente; luego de ello la familia quedó en situación de calle y al tomar conocimiento que se estaba llevando a cabo una toma realizada por un grupo de vecinas y al evaluar las posibilidades de cuidado mutuo y cierta estabilidad que podía encontrar, decidió instalarse en el lugar. Posteriormente fue desalojada careciendo de un domicilio fijo y solicitando resguardo a diferentes conocidos.
La amparista describe que desde el mes mayo de 2022, reside en un inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires por el que abona un alquiler mensual de veinticinco mil pesos ($25.000) y detalla que por parte del subsidio habitacional solo percibe dieciséis mil pesos ($16.000), manifestando que no cuenta con los recursos económicos para abonar un alquiler por sus propios medios y teme quedar en situación de calle junto a sus hijas.
Ello así, la situación particular descripta permite verificar que, en principio, la parte actora se halla en situación de vulnerabilidad a la que el ordenamiento jurídico reseñado concede protección. Más aún, es acreedora –ab initio- de la protección permanente (en palabras del Tribunal Superior de Justicia, “alojamiento”), en tiempo y suficiencia, y asistencia, por aplicación del marco jurídico referido y, más puntualmente, de las reglas de las Leyes N°4036 y N°1688, referida a la prevención y asistencia a las víctimas de la violencia familiar y doméstica.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada disponiendo que la protección a otorgar consista en asignar al grupo actor fondos suficientes para acceder a una solución habitacional y brindar asistencia en los términos de las Leyes Nº 1265, N°1688 y N°4036.
En efecto, en el informe social adjunto a la demanda se concluye que amparista y sus hijas conforman un grupo familiar monoparental con jefatura femenina, que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad económica y social, no sólo por el desempleo de la única adulta que lo integra y la escasez de los ingresos percibidos, sino que dicha situación es agravada por la presencia de una niña que, por su esta vital, presenta altos niveles de dependencia.
La citada es el único sostén de su hogar, sin contar con apoyo económico por parte de su red familiar, y habiendo atravesado reiteradas situaciones de violencia de género, las cuales impactaron negativamente en el desarrollo de un proyecto de vida autónomo.
Asimismo, en el informe realizado por Secretaría Letrada de Género y Diversidad, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del relato de la amparista, se afirmó que “desde temprana edad los derechos de la actora han sido vulnerados. De pequeña hubo de insertarse en el mercado laboral por cuestiones de sobrevivencia familiar; privándola esto de su derecho a la educación. El trabajo infantil no es cualquier tarea realizada por un niño o niña, son labores que exigen muchas horas de dedicación, para las que son demasiado jóvenes, que ponen en riesgo su salud y bienestar. Posteriormente, ya como adulta, fue víctima de la violencia que sobre ella perpetraba su pareja situación que la hubo colocado en varias ocasiones ante la disyuntiva de someterse a la violencia de su esposo para no perder un sitio de vivienda o renunciar a ello y quedar en situación de calle junto a sus hijas. En este contexto, los episodios de violencia padecidos fueron socavando su autoestima y acortando sus posibilidades, tanto laborales como de vivienda digna; limitando, también, la cobertura de las necesidades básicas de sus hijas. El derecho a una vivienda digna resulta fundamental no solo para la supervivencia sino también para llevar una vida con seguridad. Su vulneración impacta en otros derechos fundamentales, tales, como el derecho a un empleo y a la educación, los cuales la consultante se encuentra imposibilitada de llevarlos a cabo”
Finalmente, es dable señalar que de las constancias anejadas a la causa se desprende que ese diligenció un oficio dirigido a la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, solicitando que arbitre las medidas pertinentes para garantizar el alojamiento del grupo familiar actor, el cual, no habría merecido respuesta por parte de la requerida.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada disponiendo que la protección a otorgar consista en asignar al grupo actor fondos suficientes para acceder a una solución habitacional y brindar asistencia en los términos de las Leyes Nº 1265, N°1688 y N°4036.
En efecto, corresponde que se garanticen al grupo actor las prestaciones materiales, técnicas y económicas necesarias para que supere la situación de vulnerabilidad social acreditada -"prima facie"- en autos (conforme artículo 21 de la Ley N°4036).
En ese escenario, resulta pertinente aclarar que cuando se discute el umbral mínimo de los derechos, existe la consecuente obligación estatal de asegurar su satisfacción al menos en ese nivel esencial.
No es plausible sostener la existencia de un derecho –que por cierto no es lo mismo que una directriz o una mera aspiración-, sin reconocer, a la vez, la existencia de obligaciones correlativas que posibiliten su ejercicio.
Son necesarias, pues, prestaciones estatales dirigidas a materializar condiciones básicas que permitan la realización de la autonomía personal, más allá del modo en que las personas decidan ejercer dicha autonomía.
Es que, como señaló Nino, existen ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida que las personas pudieran proponerse (“Ética y Derechos Humanos”, 2ª ed., Bs. As., Astrea, 1989, p. 223).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado tiene el deber de “…generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana…” y “…de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 17/6/05, párr. 162).
En lo que respecta específicamente a la problemática habitacional, en este estado inicial del proceso corresponde que la asistencia consista en los fondos necesarios para alcanzar la protección permanente (“alojamiento”) de la que el grupo actor –"ab initio"-resulta acreedor (artículo 20 inciso 2 de la Ley N°4036 y artículo 2.c de la Ley N°1688).
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también deberá brindar asistencia psíquica, jurídica, económica y social (sin perjuicio de las restantes modalidades de asistencia previstas en el artículos 2.c y 16 de la Ley N°1688, Ley N°4036 y Ley N°1265).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada disponiendo que la protección a otorgar consista en asignar al grupo actor fondos suficientes para acceder a una solución habitacional y brindar asistencia en los términos de las Leyes Nº 1265, N°1688 y N°4036.
En efecto, el frente actor se conforma por un grupo familiar monoparental con jefatura femenina, compuesto por la amparista quien se encuentra a cargo de la crianza, cuidado y manutención de sus 3 hijas menores de edad.
La actora no cuenta con trabajo remunerado fuera del hogar ni tiene una red familiar de contención que pueda brindarle apoyo económico.
Su trayectoria vital muestra que desde pequeña debió trabajar para subsistir y que se vio impedida de poder asistir a la escuela y formarse. No posee ingresos que le permitan solventar las necesidad básicas suyas y de su familia.
Asimismo, ha atravesado reiteradas situaciones de violencia de género por parte de su ex pareja, cuya última denuncia derivó en una orden de prohibición de acercamiento.
Así entonces, a partir de los elementos de juicio agregados a la causa cabe sostener que se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener por configurada prima facie la situación de “vulnerabilidad social” del grupo actor mereciendo particular atención la situación de violencia que ha atravesado la parte actora.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada disponiendo que la protección a otorgar consista en asignar al grupo actor fondos suficientes para acceder a una solución habitacional y brindar asistencia en los términos de las Leyes Nº 1265, N°1688 y N°4036.
En efecto, el peligro en la demora aparece acreditado por cuanto en las circunstancias de autos la falta de asistencia habitacional a la parte actora supondría la continuidad, al menos hasta el dictado de una sentencia definitiva, de las circunstancias antedichas, esto es, la perduración de su situación de vulnerabilidad social.
Entonces, a partir de las circunstancias fácticas descriptas, a efectos de cubrir las necesidades de la actora, que se encontraría incluida dentro de los grupos previstos en las Leyes N°1265, N°1688 y N°4036 que se les asignan derecho a obtener asistencia, deberá brindarse a la parte actora la asistencia psicológica, jurídica, económica y social que le es reconocida en el sistema jurídico.

En el caso, corresponde rechazar el recurso planteado por la demandada y en consecuencia, confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que arbitrara los mecanismos constitucionales a fin de proveer a la actora una ubicación habitacional configuradora del “derecho a la vivienda adecuada”. En el caso de que la solución consistiera en una prestación económica, debía satisfacer íntegramente sus necesidades. Asimismo, ordenó a la demandada que colaborara en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis con una evaluación del avance o dificultades en la obtención de tal fin.
El grupo familiar actor ha probado que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. La actora tiene tres hijos mayores de edad y uno menor, quienes la ayudan en todo lo que pueden. No obstante, aclaró que pretendía convivir con su hijo menor, dado el vínculo estrecho que conservan.
Reside en un departamento de dos ambientes ubicado en un barrio de esta ciudad, cuyo canon locativo en octubre del corriente ascendía a treinta y cinco mil pesos ($35.000).
Si bien solicitó en varias oportunidades el aumento en la cuota del subsidio que percibía en el marco del programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, dichos pedidos no tuvieron favorable acogida. El subsidio fue readecuado en virtud de la medida cautelar concedida en autos y confirmada por mayoría de esta Sala.
Sus ingresos se encuentran compuestos por el subsidio habitacional, el beneficio obtenido de los programas “Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho” y “Ellas Hacen” y lo percibido por las tareas que realiza como empelada doméstica de manera esporádica.
De las constancias documentales acompañadas a la causa, surge que la actora fue víctima de abusos sexuales y padeció episodios de violencia física y psicológica, por los que actualmente concurre al servicio de terapia psicológica.
La actora se encuentra estudiando 1°, 2° y 3° grado dentro del programa “Ellas Hacen”.
Dado que la parte actora no ha logrado superar las condiciones de precariedad que en su momento sustentaron su inclusión en los programas habitacionales y perdura su situación de vulnerabilidad, es claro que subsiste la obligación del Gobierno de garantizar su acceso a la vivienda. Tal es, por lo demás, la propia voluntad legislativa, formulada en la Ley N° 3706 y más tarde por la 4036.
La interrupción, la insuficiente asistencia a la parte actora o la opción de que ello se provea a través de la red de hogares, no resulta adecuada al alcance de tal derecho, además de presentarse como regresiva.
Cabe señalar que la red de hogares de la Ciudad no provee a las personas de un lugar donde vivir, no constituye una red de viviendas; se trata de espacios físicos en donde las personas simplemente son albergadas.
En efecto, la parte actora tiene derecho a que la accionada le brinde el acceso a una vivienda digna y segura que garantice la privacidad y el distanciamiento físico de acuerdo con los parámetros estipulados en los considerandos anteriores.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación en estudio y confirmar la decisión de grado, cuanto dispuso no hacer lugar al planteo nulidad de la suspensión de juicio a prueba.
La Querella se agravió y argumentó que la presunta víctima en estos actuados nunca brindó su consentimiento con respecto a la suspensión del proceso a prueba que le fuera otorgada al aquí imputado, sobre todo en un caso que involucra violencia de género. En este punto, hizo alusión esencialmente a la normativa de forma que regula la suspensión del proceso a prueba en el ámbito penal y contravencional, para concluir que en ambos supuestos el instituto contempla una amplia participación de la víctima.
Ahora bien, de lo expuesto anterior surge con claridad que al momento en que se concedió al imputado el beneficio de suspensión de juicio a prueba la denunciante aún no se encontraba constituida como querellante, pretensión que formuló con posterioridad a que el auto de suspensión a prueba se encontrara firme.
En este sentido, el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contravencional consigna sobre el particular que: “El damnificado o damnificada por alguna contravención no es parte en el proceso ni tiene derecho a ejercer en este fuero acciones civiles derivadas del hecho. Tiene derecho a ser oído por el o la Fiscal, a aportar pruebas a través de este y a solicitar la conciliación o autocomposición. Toda autoridad interviniente debe informarle acerca del curso del proceso, especialmente de la facultad de constituirse en parte querellante, cuando correspondiere”.
Al respecto, como bien señala el Fiscal ante instancia, no caben dudas que la querellante efectivamente participó del proceso, y fue escuchada previo a homologar el acuerdo. En este sentido, se advierte que el planteo del recurrente no constituye otra cosa que una mera discrepancia con lo resuelto por el “A quo".

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, confirmar la decisión de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el amparista y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgue el monto suficiente para acceder a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En efecto, surge que el actor es un hombre de 43 años, que conforma un hogar de tipo unipersonal, sin red de contención social ni familiar que pueda asistirlo económicamente. El amparista cuenta con certificado de discapacidad por una enfermedad mental por la que, según relató, permaneció internado en varias oportunidades y que debe realizar un tratamiento con medicamentos y alimentario. También señaló que la medicación provoca consecuencias en su cuerpo, ya que no reacciona del mismo modo, le tiemblan las manos y posee menor rapidez en sus movimientos. Asimismo, indicó que teme salir a la calle y estar en contacto con otros por lo que se alejó de sus amistades y permanece gran parte de su tiempo dentro de su habitación. Asimismo, detalló que recientemente sufrió un ataque de pánico por lo que recibió atención médica y luego permaneció un tiempo en la vivienda de su madre hasta que mejoró su salud.
De los informes sociales se desprende que a lo largo de su infancia y adolescencia el actor fue víctima de violencia tanto física como psicológica por parte de su padrastro y que por esa razón se trasladó junto a su familia desde otra provincia hacia esta Ciudad. También surge que tiene una hija de 20 años con la que mantiene contacto telefónico y que posee vínculo con su madre y hermanos.
El actor detalló que comenzó su trayectoria laboral a los 10 años de edad lustrando zapatos y realizando tareas de jardinería para colaborar con la economía familiar, que luego de trasladarse junto a su familia hacia esta Ciudad se insertó al mercado laboral como ayudante de albañil, de piletero, de cocina y que finalmente se desempeñó como cocinero. Mencionó que efectuó aquella actividad hasta que en el año 2016 sufrió una crisis relacionada con sus problemáticas de salud mental y de epilepsia que le impidieron continuar efectuando tareas laborales. Dijo que actualmente se encuentra desempleado y que, si bien concurrió a entrevistas laborales, no logró superarlas debido los efectos que tiene la medicación que ingiere.
Sus ingresos provienen de programas sociales.
En lo relacionado a su situación habitacional, surge que el actor transitó situaciones de calle pero que en la actualidad alquila una habitación en un departamento en el que tiene que compartir el baño y la cocina con otras familias, por el que abona $25.000, que cubre parcialmente con el dinero que recibe del programa social. Sin embargo, se adjuntaron constancias de las que surge que debido a la falta de recursos económicos acumuló una deuda de $39.000 por lo que podría ser desalojado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, confirmar la decisión de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el amparista y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgue el monto suficiente para acceder a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En efecto, en uno de los informes sociales agregados en autos se destacó que el actor atraviesa una situación de vulnerabilidad social y que “se halla excluido del mercado laboral formal, y por lo tanto de los derechos contemplados en el sistema de seguridad social. Respecto a la posibilidad de generar de modo autónomo ingresos se destaca que su bajo nivel de instrucción, su edad y sus 3 problemáticas de salud se convierten en obstáculos reales para su incorporación en el mercado laboral si se consideran la dinámica y exigencias que éste impone, teniendo en cuenta a su vez que si bien ha mantenido una búsqueda laboral activa, su estado de salud no le permitió superar las entrevistas o periodos de prueba.…de no adecuarse el monto o de ser interrumpida la intervención estatal el entrevistado atravesaría una situación de vulnerabilidad aún más crítica que la actual, en tanto no cuenta con recursos económicos propios para solventar los gastos habitacionales, ni con una red familiar de contención que le brinden un real apoyo tanto emocional como económico para revertir su situación”.
Mención especial merece la situación de violencia a la que refiere el actor en la documentación incorporada la causa. En efecto, el amparista relató haber atravesado situaciones de violencia familiar física a temprana edad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, confirmar la decisión de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el amparista y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgue el monto suficiente para acceder a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En efecto, la decisión de grado se limitó a resolver sobre la prestación habitacional, por la parte actora.
No obstante ello, tal como lo he venido sosteniendo en los precedentes “DLB C/ GCBA y otros sobre amparo (ART. 14 CCABA)”, expte. 45534/2012-0; “P. C., M. I. y otros C/ GCBA S/ Amparo Habitacionales y otros subsidios”, expte. 7432/2017-0; “C. S., L. C. C/ GCBA S/ Amparo Habitacionales y otros subsidios”, expte. 69120/2017-0, entre muchos otros, entiendo —en términos liminares— que, en casos como el de autos donde la situación de vulnerabilidad debe ser analizada en su integralidad, dado que las circunstancias de precariedad que la parte atraviesa en los diversos órdenes de su vida -del cual el habitacional no es más que uno de ellos- coadyuvan a agravar el ejercicio de su derecho a un nivel de vida adecuado, el principio de congruencia debe ser flexibilizado.
En efecto, tratándose de un colectivo al que el ordenamiento jurídico reconoce especial tutela, las interpretaciones y respuestas jurídicas deben tener en cuenta la protección que los derechos involucrados exigen en términos de efectividad.
De modo que, si bien el objeto específico es la vivienda, los derechos que hacen la vida digna, la seguridad, la salud, el nivel de vida adecuado, entre otros, “…están entrelazados de modo que la resolución del tribunal debe ser integral y no sólo parcial porque sólo así es plausible garantizar el derecho específico bajo análisis, dado… el carácter interdependiente de los derechos fundamentales”.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, confirmar la decisión de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el amparista y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgue el monto suficiente para acceder a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En efecto, la situación particular en la que se encuentra el actor permite verificar que, en principio, se halla en situación de vulnerabilidad a la que el ordenamiento jurídico reseñado concede protección.
Más aún, es acreedor –ab initio- de la protección permanente (en palabras del TSJ, “alojamiento”), en tiempo y suficiencia, por aplicación del marco jurídico referido y, más puntualmente, de las reglas de la Ley N° 4036 y Nº 1688 referidas a la prevención y asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica, y de asistencia.
Resulta claro que, en el presente caso, el derecho a la vivienda no se encontraría satisfecho ni siquiera en su umbral mínimo; en particular si se tiene en cuenta la situación de violencia descripta, la discapacidad y la problemática de salud que presenta el amparista, limitaciones que lo excluirían del mercado laboral, y que no cuenta con recursos suficientes para revertir la problemática habitacional.
En este marco, es razonable afirmar que al momento no cuenta con herramientas para superar la situación de vulnerabilidad estructural y de exclusión.
Ello así, cabe sostener que se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener por configurada prima facie la situación de “vulnerabilidad social” del actor y, consecuentemente, la verosimilitud del derecho.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, confirmar la decisión de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el amparista y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgue el monto suficiente para acceder a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En efecto, el actor es un hombre de 43 años de edad que según surge de los elementos adjuntados a la causa padece de epilepsia y psicosis de origen no orgánico no especificada, que realiza un tratamiento medicamentoso que limita sus posibilidades de acceder a un empleo.
De tal modo, de acuerdo a lo indicado por el amparista, se encuentra desocupado, no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos de alojamiento y fue víctima de violencia intrafamiliar.
La verosimilitud en el derecho surge, pues, de la subsunción de la situación de vulnerabilidad reseñada en los preceptos establecidos en la Ley N° 4036, extremo que, en principio, encuadraría en el orden de prioridades establecido por el Tribunal Superior de Justicia.
El peligro en la demora aparece acreditado por cuanto en las circunstancias de autos la falta de asistencia habitacional a la parte actora supondría la continuidad, al menos hasta el dictado de una sentencia definitiva, de las circunstancias antedichas, esto es, la perduración de su situación de vulnerabilidad social.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, la sentencia recurrida en todo cuanto dispuso condenar al imputado por ser considerado autor penalmente responsable del delito de amenazas con armas (art. 149 bis, 1° párr., 2° parte, Código Penal) a la pena de un año y seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo, con costas (arts. 5, 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P., y arts. 260, 263 y 355 del CPPCABA).
La Defensa ante esta instancia postuló la atipicidad de la conducta, dado que por el estado de intoxicación alcohólica que poseía su defendido al momento de los hechos no contaba con el dolo que exige la figura, puesto que le impedía comprender la entidad de lo que decía y de los hechos. Además, sostuvo que la presunta amenaza no tuvo el factor intimidante que el tipo penal requiere.
No obstante, no solo que la Defensa no hace un desarrollo claro de su agravio, sino que tampoco surge de las probanzas del debate ninguna que nos conduzca a dudar sobre el pleno conocimiento y voluntad que tenía el imputado. Ello, puesto que aquél llevó a cabo un accionar amenazante frente a la exigencia de su hija de que dejara de tomar alcohol, con la clara intención de poder continuar haciéndolo e incluso debió pararse e ir a buscar la cuchilla que estaba sobre la mesada. En definitiva, no hay dudas de que cualquiera sea la cantidad de alcohol ingerida por el acusado, ello no le impidió llevar adelante una acción final tendiente a amedrentar a su hija, la que le exigía que dejara de beber.
Ahora bien, respecto al restante agravio introducido por la recurrente relacionado a la falta de temor que habría producido la conducta del encausado en su hija, dado que le permitió pernoctar en su hogar, y además, puesto que no llamó al 911 de manera inmediata, también debe ser descartado. Tal como efectivamente lo destacó la Fiscalía ante esta cámara, ambos extremos fueron debidamente respondidos en la sentencia impugnada, sin que la recurrente ofrezca nuevos argumentos que rebatan la decisión y permitan revocarla. De igual modo, respecto al pernocte del imputado en el domicilio de su hija luego de haberla amenazado, consideramos que esto no puede ser tomado como un indicio de ausencia de temor en la víctima, toda vez que la aludida relató específicamente que ella le pidió a su padre que se vaya y él se negó a hacerlo, quedándose en contra de su voluntad.
A mayor abundamiento, cabe traer a colación aquí lo declarado por la referida la víctima, quien puntualmente manifestó que a los seis o siete años sufrió abuso sexual por su padre, así como también violencia física y psicológica.

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la demandada y en consecuencia, confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presentara una propuesta para hacer frente a la obligación de brindarle a la parte actora un alojamiento en condiciones adecuadas.
La actora (39 años), es una mujer trans que alegó encontrarse en situación de vulnerabilidad. Reside en una casa en un barrio de esta ciudad y abona en concepto de alquiler diecisiete mil pesos ($17.000) mensuales.
Si bien solicitó en varias oportunidades el aumento en la cuota del subsidio que percibía en el marco del programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, dichos pedidos no tuvieron favorable acogida.
Con posterioridad a la medida cautelar dictada en autos, el Gobierno local indicó que a partir de septiembre del corriente la actora percibiría diecisiete mil pesos ($17.000).
Sus ingresos se completan con lo percibido a través del programa “Potenciar Trabajo”.
Presenta problemas de gastritis y se encuentra en tratamiento por su consumo problemático de sustancias psicoactivas en un hospital público.
Alegó que no contaba con redes de contención y que no había logrado incorporarse al mercado laboral formal, desempeñándose desde su juventud como trabajadora sexual. Agregó que estuvo expuesta a situaciones de violencia por parte de personal policial como así también por hombres que residen en el barrio donde trabajaba, y que estuvo privada de la libertad. Sus antecedentes penales afectaban directamente su posibilidad de inserción en el mercado laboral.
Dado que la parte actora no ha logrado superar las condiciones de precariedad que en su momento sustentaron su inclusión en los programas habitacionales y perdura su situación de vulnerabilidad, es claro que subsiste la obligación del Gobierno de garantizar su acceso a la vivienda. Tal es, por lo demás, la propia voluntad legislativa, formulada en la Ley N° 3706 y más tarde por la 4036.
La interrupción, la insuficiente asistencia a la parte actora o la opción de que ello se provea a través de la red de hogares, no resulta adecuada al alcance de tal derecho, además de presentarse como regresiva.
En relación con esto último, debe ponerse de manifiesto que la red de hogares de la Ciudad no provee a las personas de un lugar donde vivir, no constituye una red de viviendas; se trata de espacios físicos en donde las personas simplemente son albergadas.
De modo tal, y dada la conducta asumida por la Administración en el marco de este proceso, cabe desestimar su recurso.
En estos términos, se establece que la parte actora tiene derecho a que la accionada le brinde el acceso a una vivienda digna y segura que garantice la privacidad y el distanciamiento físico.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
En efecto, atento que el actor procura la tutela de diversos derechos constitucionales cuya titularidad le corresponde, cabe entonces emplear cierta flexibilidad en el examen de la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la medida precautoria requerida, a efectos de evitar que se produzca un daño luego irreparable.
En sustento de la verosimilitud del derecho se han invocado diversos derechos de raigambre constitucional (derecho a la vivienda, a la salud, y a la dignidad de la persona humana).
El caso involucra además, los derechos de una persona con discapacidad a quien –en el orden internacional, nacional y local– se le reconoce una protección especial y agravada.
Cabe señalar que los derechos invocados por el amparista en su escrito inicial, se inscriben dentro de la categoría de los denominados “derechos sociales”, que son reconocidos de manera expresa en diversos tratados internacionales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
En efecto, los derechos invocados por el amparista en su escrito inicial, se inscriben dentro de la categoría de los denominados “derechos sociales”, que son reconocidos de manera expresa en diversos tratados internacionales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional.
A la luz de las obligaciones asumidas en el plano internacional, pesa sobre las autoridades públicas el deber de garantizar –cuanto menos– un nivel mínimo de efectiva vigencia para los derechos reconocidos en los tratados internacionales.
Un aspecto esencial para el cumplimiento de esta obligación de garantizar un umbral mínimo de efectividad es, precisamente, reconocer debida prioridad “[a] los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una atención especial”.
Consecuentemente, “[l]as políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás” (Observación General N° 4, párrafo 11). Este deber es concordante con el establecido en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en cuanto establece que, al resolver el déficit habitacional, las autoridades públicas deben dar prioridad “[a] las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
En efecto, los derechos invocados por el amparista en su escrito inicial, se inscriben dentro de la categoría de los denominados “derechos sociales”, que son reconocidos de manera expresa en diversos tratados internacionales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional.
A nivel infraconstitucional, la Legislatura de la Ciudad se ha ocupado especialmente de la protección de los derechos sociales de personas en particular situación de vulnerabilidad social.
La Ley Nº 4036 para la Protección de los Derechos Sociales, que tiene por objeto “[l]a protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional”.
La norma define a la “vulnerabilidad social” como la condición social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. Al propio tiempo, considera “personas en situación de vulnerabilidad social” a aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos (conf. art. 6°).
Para las personas con discapacidad, se garantiza, entre otras cosas, el pleno goce de sus derechos “de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional Nº 22.431, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 447” (art. 22). En particular, dispone que a fin de garantizar su “acceso al cuidado integral de la salud, su integración social, su capacitación y su inserción laboral”, el Gobierno local deberá, entre otras medidas, “2. Brindar alojamiento para aquellas personas con discapacidad que se hallen en situación de vulnerabilidad social […].”

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
En efecto, los derechos invocados por el amparista en su escrito inicial, se inscriben dentro de la categoría de los denominados “derechos sociales”, que son reconocidos de manera expresa en diversos tratados internacionales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional.
El Decreto Nº 690/06 aprobó el programa “Atención para Familias en Situación de Calle”. Este programa –luego modificado por los Decretos Nº 960/08, Nº 167/11, 293/13, 637/16, 108/19, 148/21 y 248/22– tiene por objetivo brindar asistencia a familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por tales a aquéllas que se encuentran en forma transitoria sin vivienda o refugio a consecuencia de desalojos, o por otras causas. Así, se previó el otorgamiento de subsidios, a fin de mitigar una comprobada situación de emergencia habitacional, fortaleciendo el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales (art. 3º).
Como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto Nº 248/22, el subsidio para la “Atención para Familias en Situación de Calle” fue elevado a “una suma total de hasta pesos ciento noventa y cinco mil ($195.000) y, a partir del 1° de octubre de 2022, de hasta pesos doscientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y seis ($243.756), abonado en un máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, cada una de hasta Pesos dieciséis mil doscientos cincuenta ($16.250), y a partir del 1° de octubre de 2022 de veinte mil trescientos trece ($20.313)”.
Integran también el marco normativo en el que se inscribe la litis la Ley Nº 1265 de Protección y Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar y Doméstica y la Ley Nº 1688 de Prevención de la Violencia Familiar y Doméstica.
Conforme dicha normativa, la Ciudad debe garantizar y ofrecer programas y servicios tendientes a “proveer asistencia integral a las personas víctimas de violencia familiar y doméstica, para evitar y, en su caso, superar las causas de maltrato, abuso y todo tipo de violencia familiar y doméstica”, incluyendo alojamiento cuando se considere necesario (cfr. Art. 20 de la Ley Nº 1265 y 2º de la Ley 1688).

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
En efecto, el actor es titular del derecho de acceso a una vivienda digna; los restantes elementos de juicio reunidos con la presentación en trámite también permiten establecer -con carácter provisional- la existencia de una situación de vulnerabilidad social que no le permite superar su estado de emergencia habitacional por sus propios medios.
De la documental surge que el amparista es un hombre de 34 años, que cuenta con certificado de discapacidad.
En el marco del informe social el actor relató no haber conocido a su padre biológico y haber transitado su infancia y el comienzo de la adolescencia junto a su madre, la pareja de ella y sus 4 hermanos. Su progenitora falleció cuando tenía 13 años de edad, circunstancia que determinó su ingreso a diferentes institutos de niños y adolescentes hasta que cumplió 18 años. Todo el grupo familiar fue victima de violencia por parte de la pareja de su madre.
Cabe mencionar que solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat la adecuación del monto del subsidio habitacional de modo tal que le permitiese cubrir íntegramente el costo mensual del alojamiento, pero no obtuvo una respuesta favorable.
Así, la profesional que realizó el informe social consideró que el actor se encuentra en situación de vulnerabilidad social, excluido tanto del mercado formal como informal de trabajo debido a su problemática de salud y bajo nivel instructivo, dependiendo de los recursos económicos que le proveen los programas sociales, cuyos montos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades de subsistencia diaria.
Entonces, acreditados los considerables obstáculos que enfrenta el amparista para poder procurarse una vivienda por sus propios medios, adquiere especial entidad la reiterada doctrina que afirma que no corresponde extremar el rigor de los razonamientos al apreciar los recaudos que habilitarían la concesión de la tutela anticipada, cuando se encuentra en juego la subsistencia misma de una persona.
En efecto, resulta una conclusión evidente y hasta innecesaria que la carencia de un espacio digno donde habitar, importa, generalmente, la afectación de otras dimensiones de la existencia del ser humano, como ser su desarrollo personal, su integridad psicofísica, su salud, y –en definitiva– su dignidad, máxime cuando se trata – como en el caso del actor– de una persona que presenta complicaciones en su estado de salud.
Demostrada en principio la existencia de un derecho suficientemente verosímil a una vivienda digna –cuya titularidad corresponde al amparista–, existe una correlativa obligación del Gobierno local de brindar la asistencia habitacional necesaria para su tutela adecuada, de acuerdo con el deber de garantía contenido en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad –en especial, cuando se trata de individuos en situación de pobreza crítica-.
En este contexto, frente al panorama de exclusión social que enfrenta la amparista, y toda vez que la normativa aplicable le reconoce el derecho a un alojamiento, la omisión del Gobierno local de garantizar tal derecho importaría un incumplimiento de sus deberes específicos de actuación.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
En efecto, de la documentación e informe presentados surge claramente que el amparista se encuentra en situación de vulnerabilidad social, carecería de fuentes de ingresos que le permitan afrontar el pago de una vivienda por sus propios medios y sería inminente su situación de calle –debido a la deuda de alquiler que habría contraído por falta de pago–.
En función de estas consideraciones, se presenta en autos un temor fundado de que, en caso de no otorgarse la tutela requerida, el estado de cosas actual derive en un daño irreparable para el actor.
Tales consideraciones, permiten tener por configurado, en el presente caso, la existencia del recaudo del peligro en la demora.
Cabe concluir entonces que, ante el proceder en principio omisivo del Gobierno local, a fin de garantizar los efectos del proceso y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es necesario recurrir al instituto cautelar y asegurar, por ese medio, la tutela preventiva de los derechos invocados por el amparista frente a los evidentes riesgos del acaecimiento de un perjuicio irreparable.
En tales condiciones, y teniendo presente la necesidad de flexibilizar en el caso la aplicación del principio de congruencia (a la luz de expresas garantías constitucionales y convencionales que exigen a todos los órganos del estado adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar) corresponde rechazar el recurso de apelación del Gobierno local.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
De la documental surge que el amparista es un hombre de 34 años, que cuenta con certificado de discapacidad.
En el marco del informe social el actor relató no haber conocido a su padre biológico y haber transitado su infancia y el comienzo de la adolescencia junto a su madre, la pareja de ella y sus 4 hermanos. Su progenitora falleció cuando tenía 13 años de edad, circunstancia que determinó su ingreso a diferentes institutos de niños y adolescentes hasta que cumplió 18 años. Todo el grupo familiar fue victima de violencia por parte de la pareja de su madre.
Así, la profesional que realizó el informe social consideró que el actor se encuentra en situación de vulnerabilidad social, excluido tanto del mercado formal como informal de trabajo debido a su problemática de salud y bajo nivel instructivo, dependiendo de los recursos económicos que le proveen los programas sociales, cuyos montos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades de subsistencia diaria.
Cabe sostener que se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener por configurada prima facie la situación de “vulnerabilidad social” del actor.
Mención especial merece la situación de violencia a la que refiere el actor en la demanda y en la documentación incorporada junto con aquella.
En efecto, el amparista relató haber atravesado situaciones de violencia familiar física a temprana edad.
Ahora bien, el marco regulatorio que protege a las víctimas de violencia doméstica y sexual es particularmente amplio (ley n° 1265, ley n° 1688, entre otras).
La Ley N° 1688 impone una “atención especializada que… tenderá a la resolución de fondo del problema, respetando la dignidad y la individualidad…” (art. 8°) y “La asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica… desde centros de atención inmediata y desde centros integrales de atención” (art. 9°). Estos últimos, conforme el artículo 18, deben contar con atención psicológica y tratamiento para la víctima; asesoramiento jurídico gratuito; y asistencia social -facilitando el acceso de la víctima a albergues y a los beneficios de programas de empleo y vivienda existentes en caso de ser necesario- estableciendo la preferencia de las víctimas de agresiones en la adjudicación de viviendas públicas y empleo.
Además, el compromiso local asumido con la materia se observa también, en principio, en la Ley N° 2952 por medio de la cual se aprobó el “Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la Atención de Casos de Violencia Doméstica” donde se acordó que “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procurará brindar la prestación de servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos especializados gratuitos en los Hospitales, Centros de Salud, Dirección General de la Mujer y otros Centros especializados de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta las necesidades de mujeres, varones, adolescentes y niños y niñas, para los casos derivados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y/o por orden de juez competente” (cláusula primera)".
Por último, se establece la prioridad de las personas que padezcan este tipo de situaciones en los programas de capacitación laboral y de estímulo a la creación de proyectos propios, conforme la Ley N° 1892.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
En casos como el de autos donde la situación de vulnerabilidad debe ser analizada en su integralidad, dado que las circunstancias de precariedad que la parte atraviesa en los diversos órdenes de su vida -del cual el habitacional no es más que uno de ellos- coadyuvan a agravar el ejercicio de su derecho a un nivel de vida adecuado, el principio de congruencia debe ser flexibilizado.
En efecto, tratándose de un colectivo al que el ordenamiento jurídico reconoce especial tutela, las interpretaciones y respuestas jurídicas deben tener en cuenta la protección que los derechos involucrados exigen en términos de efectividad. De modo que si bien el objeto específico es la vivienda, los derechos que hacen la vida digna, la seguridad, la salud, el nivel de vida adecuado, están entrelazados de modo que la resolución del tribunal debe ser integral.
De allí que, si bien no desconozco que los artículos 145 y 147 del Código de rito disponen que las decisiones de los jueces deben recaer exclusivamente sobre las pretensiones deducidas en el juicio y que el juez -por aplicación del principio de congruencia- no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión, considero que la aplicación del principio de congruencia no puede derivar en un excesivo rigor formal.
La situación particular descripta permite verificar que, en principio, el actor se halla en situación de vulnerabilidad a la que el ordenamiento jurídico reseñado concede protección. Más aún, es acreedor de la protección permanente (en palabras del TSJ, “alojamiento”), en tiempo y suficiencia, por aplicación del marco jurídico referido y, más puntualmente, de las reglas de la Ley N° 4036 y N° 1688 referidas a la prevención y asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica, y de asistencia en los términos descriptos precedentemente.
En efecto, resulta claro que, en el presente caso, el derecho a la vivienda no se encontraría satisfecho ni siquiera en su umbral mínimo; en particular si se tiene en cuenta la situación de violencia descripta, la discapacidad y la problemática de salud que presenta el amparista, limitaciones que lo excluirían del mercado laboral, y que no cuenta con recursos suficientes para revertir la problemática habitacional. En este marco, es razonable afirmar que al momento no cuenta con herramientas para superar la situación de vulnerabilidad estructural y de exclusión.
A partir de los elementos de juicio agregados al expediente electrónico, cabe sostener que se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener por configurada en principio la situación de “vulnerabilidad social” del actor y, consecuentemente, la verosimilitud del derecho.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, como medida cautelar, le asigne al actor fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar dicha protección.
Cabe señalar que el peligro en la demora ––con la entidad de perjuicio inminente o irreparable para el particular, en los términos del art. 177, CCAyT–– resulta de la circunstancia de que demorar el otorgamiento de asistencia habitacional a la demandante supondría la continuidad, al menos hasta el dictado de la sentencia definitiva, de las circunstancias antedichas, esto es, la perduración de su situación de vulnerabilidad.
Resta agregar que tampoco se advierte –en el marco de este análisis cautelar– que la tutela preventiva concedida pueda vulnerar el interés público.
En este sentido es relevante considerar que la medida ordenada adopta una solución que respeta el preferente grado de protección que las normas convencionales y legales reconocen a la parte actora, mediante prestaciones que el Estado se encuentra obligado a satisfacer en razón de los compromisos que se desprenden del marco normativo aplicable.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto no accedió a la petición fiscal en razón de encontrarse en trámite el mismo planteo en el expediente civil sobre medidas precautorias y, en consecuencia, disponer las medidas cautelares de manera urgente, consistentes en: 1) declarar la inhibición general de bienes del acusado y 2) imponerle la prohibición de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente (inc. b.1 de la Ley 26.485).
En el presente, el eje principal que contribuye a configurar la urgencia en la aplicación de las medidas mencionadas, son el interés superior de los dos niños hijos de la denunciante y del acusado, al que se debe adunar el contexto de violencia de género en el que se circunscribió el caso, particularmente las modalidades de violencia económica, psicológica y física en la que podría encontrarse inmersa la nombrada y que merecen una respuesta apropiada.
En tal sentido, en punto al interés superior del niño aflora con relevancia la “Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente” -adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 e incorporada a partir de la reforma Constitucional del año 1994 en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional-, a partir de la cual el Estado Nacional se comprometió a reconocer a todas las personas menores de dieciocho años como sujetos plenos de derecho y a adoptar todas las decisiones siguiendo al “interés superior del niño, niña y adolescente” como criterio hermenéutico primordial para revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
Del mismo modo, debe igualmente ponderarse la Opinión Consultiva OC- 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puntualmente en cuanto a que "Los niños no deben ser considerados objetos de protección segregativa sino sujetos de derechos, deben recibir protección integral y gozar de todos los derechos que tienen las personas adultas, además de un grupo de derechos específicos que se les otorgan por la particularidad de que los niños se encuentran en desarrollo" y la Observación General Nº 14/2013 del Comité de los Derechos del Niño, en cuanto a que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial.
Asimismo, debe tomarse también en cuenta lo dispuesto en diversos tratados internacionales que, si bien no se encuentran íntimamente vinculados a la niñez, como ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 24.1), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10.3) y en el artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, disponen que todo niño, tiene derecho a protección, cuidado y ayudas especiales.
El cuerpo normativo internacional se complementa con la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2005 que, a la par de la Convención, tiene como principio fundamental conforme su artículo 1°: “... la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño”.
Por su parte, el artículo 3º de la norma, establece que se entiende por “interés superior del niño” a la “máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos tanto en la normativa nacional como internacional".
De esta forma, queda prístina la jerarquía constitucional del derecho de todo niño a que se tutele su interés superior -Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño-, esto es, la máxima satisfacción -integral y simultánea- de los derechos y garantías reconocidos en su favor por el ordenamiento jurídico, para lo cual debe respetarse el derecho del menor al pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio familiar, social y cultural (artículo 3, inciso c) de la Ley 26.061).
Incluso debe mencionarse lo previsto por el artículo 27 de la Convención citada, al prever que: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”.
En el orden local, la normativa hasta aquí mencionada se complementa con las disposiciones de la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la decisión de grado.
El Juez de grado ordenó al demandado, como medida cautelar, asignar a la parte actora fondos suficientes y brinde asistencia para alcanzar el acceso a una vivienda en condiciones dignas, a través de un programa habitacional; en forma alternativa dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá dar cumplimiento a lo ordenado a través de otro medio diferente al subsidio, siempre que no sea un parador u hogar, y que garantice la satisfacción del contenido mínimo del derecho, conforme a los parámetros de adecuación establecidos por la Observación General 4º del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En efecto, la actora se encuentra separada del padre de su hijo desde el 2019 luego de que éste, en un episodio de violencia física, intentó ahorcar a su hijo; estuvo casada con el padre de su hijo por 20 años, habiendo vivido – incluso posteriormente a su separación– reiterados episodios de violencia psicológica por parte de aquél.
Se desprende del informe social elaborado por el personal de la Secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual que su ex pareja "comenzó a desarrollar conductas que expresaban una arbitraria e incomprensible intolerancia repentina hacia la consultante manifestada a través de gritos, humillaciones y maltratos psicológicos diversos. Este tipo de estallidos imprevistos inhibían a la consultante de todo comportamiento de autoprotección, dejándola en un estado de vigilancia y alerta permanente. Luego de las agresiones sobrevenía un periodo de calma, constituyendo ello una característica propia de dinámicas relacionales que pueden interpretarse bajo lo que se ha identificado como ciclo de la violencia y que la asistida consideraba signos de armonía y cariño”. Además se hace referencia “…hubo de enfrentar la violencia económica” toda vez que “…el agresor no tenía empleo y era ella quien, a pesar de la gestación y el puerperio, continuó trabajando para procurar ingresos familiares. No obstante, era su marido quien controlaba los gastos del hogar y manejaba el uso del dinero según su propio arbitrio.” y, continua el relato expresando que “La aparición de eventos de violencia física se dio, según fuera referido, tras el nacimiento de su segundo hijo y se expresó bajo la forma de golpes en la cara, empujones e, incluso, intento de ahorcamiento” y “los episodios de violencia se tornaron frecuentes a partir del momento en que el hijo mayor de la pareja se inició en el consumo problemático de sustancias. Mientras que la actora pretendía cuidarlo, ayudarlo a sostener un tratamiento de salud y su trayectoria escolar, hechos que no eran bien recibidos por su hijo quien, apoyado por su padre, se sumaba al maltrato del último”.

La violencia no tiene género pero, el género mujer sí tiene una violencia específica que es la mayormente extendida, construida sobre las base de referencias socioculturales.
Por ello las mujeres, por el solo hecho de serlo, pueden padecer violencia basada en su género.
Sólo para poner en contexto ello, resulta útil señalar que al menos una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Esto lo convierte en una pandemia mundial, según lo ha expresado las Naciones Unidas, que recuerda que la violencia provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos.
Es por esta razón que, precisamente, existen normas internacionales que buscan evitar y restablecer las condiciones de desigualdad que históricamente padecen las mujeres para no ser víctimas de discriminación y violencia.
En efecto, resulta evidente que frente a este indudable flagelo al que se enfrentan históricamente las mujeres, existen numerosas normas cuyo propósito es erradicar la discriminación y la violencia contra ellas, como condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.
No existen, por tanto, dudas que las “Mujeres” son sujeto de especial tutela para lo cual se reconoce el derecho a una vida libre de violencia, el goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

La violencia basada en género, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CorteIDH-, se erige sobre un sistema de dominación patriarcal fuertemente arraigado en estereotipos de género, y constituye una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.
La cultura predominantemente binaria, ha ido asignando y moldeando roles no equilibrados basados en los estereotipos de género y, es precisamente aquí donde sientan sus bases las desigualdades y, también, las violencias basadas en el género cuando, por caso, las mujeres intentan salirse de esos roles, pues rompe con las expectativas culturales en ellas depositadas.
Es así que crecemos y nos desenvolvemos en una sociedad que transmite roles asociados al género, lo que a su vez tiene lugar porque existen vehículos culturales que posibilitan que ese círculo no deje de girar.
A través de estos medios culturales, se transmiten mandatos y se proyectan expectativas sobre lo que cada género debe hacer o cumplir dentro de la sociedad. Es así que las mujeres, en este escenario, quedan condicionadas en su proyecto de vida en desigualdad de condiciones en comparación con los varones. Los accesos, pues, no son los mismos.
De esta manera, lo que las normas intentan tutelar es la desigualdad estructural y la violencia cuando ello es derivado por la sola condición del género mujer.
Tales normas no le son ajenas a las mujeres trans sino que deben ser aplicadas bajo las particularidades del caso cuando la discriminación y la violencia se basa en la identidad o expresión del género al romper y desafiar las expectativas de un modelo cultural intolerante basado en estereotipos o prejuicios individuales.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
En efecto, al interpretar el alcance del derecho que cabe dar a la parte actora, encuentro que la intención legislativa no se ciñe únicamente a brindar albergue a las mujeres vulnerables víctimas de violencia sino, también, a las mujeres trans. Es que, en mi opinión, y como se señalara, el origen de la discriminación y de las violencias basadas en el género, aun con particularidades propias, sientan raíces en los mismos estereotipos y prejuicios que circundan en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Sea la mujer que se sale de su rol o la intolerancia a la diversidad corporal o por la expresión o identidad de género -y más allá de las diferencias con que cada una debe ser abordada al solo efecto de brindar una respuesta más adecuada y efectiva-, lo cierto es que ello comparte un modo de pensar, sentir y conducirse en común y que, en determinados contextos, da paso a la discriminación y la violencia.
En tales términos, no encuentro motivos, para interpretar que la legislación local solo se ciñe a dar respuesta diferenciada a las mujeres que padecen violencia y no a las mujeres trans.
Interpretar lo contrario es someterse a la arrogancia del positivismo jurídico que deja de lado el concepto de interpretación evolutiva ya referenciado, al que precisamente la CorteIDH acudió al sostener que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
En efecto, no está en duda, que las mujeres trans tienen derecho al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género (art. 1° Ley 26.743).
Pero, lo que no debe perderse de vista, es que cuando la discriminación y la violencia es consecuencia del género o de la expresión o identidad del género, se trate de una mujer o, como en el caso, de una mujer trans, la protección del estado en ningún caso debe ser interpretada como limitada puesto que, en definitiva, todo el andamiaje normativo hoy existente tiene por finalidad dar adecuada respuesta a quienes la padecen y lograr de ese modo la erradicación a futuro de este fenómeno que tiene raigambre estructural en nuestras sociedades.
Por lo antes expuesto, encuentro que la solución a que refiere el artículo 20 inc. 3 de la Ley Nº 4.036 incluye a la parte actora. Por este motivo, tiene un derecho vulnerado que debe ser atendido en tanto que el GCBA, al prestarle asistencia social limitada, no satisface el acceso que el Juez de grado en su sentencia adecuadamente ordenó.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
El GCBA se agravió por entender que la sentencia altera el principio republicano de gobierno y que su postura trasciende los programas habitacionales para intentar incursionar en otros programas destinados a otros fines.
Sobre ello, cabe destacar que esta decisión en modo alguno altera el principio republicano de división de poderes, ni invade la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, sino que establece los alcances de las obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico. Y es que, reconocida la vulnerabilidad y el derecho de la parte actora, cabe precisar si el Poder Ejecutivo cumplió con lo dispuesto en el ordenamiento vigente.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
En efecto, la vulnerabilidad de la actora no viene discutida por el GCBA, quien a su vez la reconoció oportunamente, ya que habría evaluado su situación y la habría incluido tanto en el Programa “Ciudadanía Porteña – Con Todo Derecho” como en el Programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, ambos destinados al acompañamiento de familias en estado de vulnerabilidad social. Siendo ello así, tal condición -la de vulnerabilidad- ya habría sido valorada por el GCBA al momento de otorgar el beneficio y esa situación no parece haberse modificado por el momento, en tanto el GCBA continuaría abonando el programa y tampoco indica que dicha situación de vulnerabilidad haya sido superada o bien, que tenga otras prioridades que atender.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Al respecto, para determinar el alcance de las prestaciones, cabe tener en cuenta el hecho de que la actora posee una dificultad de inserción en el mercado laboral formal por su identidad trans.
En efecto, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de la parte actora y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, el GCBA omite explicar de qué modo lo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia sería irrazonable como afirma, o bien, excede las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
Concretamente, en su recurso, el GCBA se limita a indicar que la decisión atacada prescinde del derecho aplicable y omite considerar que las soluciones habitacionales son de carácter transitorio, sin advertir que en virtud de la vulnerabilidad acreditada de la actora y conforme las normas reseñadas, tiene a su cargo una obligación concreta de asistirlos, incluyendo un alojamiento.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
El GCBA manifestó que la sentencia alteró el principio republicano de gobierno.
Al respecto, cabe destacar que la decisión jurisdiccional fue requerida por la parte actora, que se encuentra legitimada para peticionar como lo hace y en el marco de una controversia concreta. Asimismo, la decisión se limitó a aplicar el derecho vigente.
Por tanto, no se advierte que la decisión que aquí se revisa pueda significar una indebida intromisión en las facultades de la Administración, dado que se limitó a verificar que se cumpla el orden de prioridades previsto en la inteligencia de los artículos 17, 20 y concordantes de la CCABA y ordenar el restablecimiento de la prelación vulnerada.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Ello así, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y el sistema de fuentes legales analizado y, fundamentalmente, el contenido de la prueba producida durante la tramitación de este proceso, tales extremos permiten considerar a la amparista dentro de los sectores de la población que tanto el constituyente como el legislador local, decidieron priorizar y a quienes se encuentran dirigidos las prestaciones como la peticionada por la parte actora. Es que, en efecto, la asistencia estatal se presenta, en el caso, como la herramienta indispensable para asegurar su derecho a la vivienda.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesto por la actora -a fin de que se le aumente el subsidio habitacional que percibía- y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación.
Para así decidir el Juez de grado consideró que de las constancias anexadas al expediente surge que, se trata de un grupo familiar compuesto por una mujer migrante trans de 36 años, que fue víctima de violencia de género, que cuenta con escasos ingresos, que perciben ayuda estatal, que no posee lazos de contención social ni familiar que puedan asistirla y que por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
En efecto, ante los hechos y circunstancias de este caso, no resulta irrazonable la decisión de la instancia anterior que ordenó a la parte demandada que le presente a la amparista una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación, en tanto se encuentra dentro de los grupos de especial protección previstos en la Ley N° 4.036.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de atipicidad por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad (art. 207 inc. c, CPP) y no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Defensa (arts. 79 y ss, CPP).
En la presente, se le atribuye al encausado no prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija. El Fiscal destacó además “…que los hechos relatados no fueron aislados, sino que por el contrario tuvieron lugar en un contexto de violencia de género y doméstica de tipo económica y física…” lo que sostuvo en hechos que fueron juzgados ante un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional. Tales sucesos fueron calificados por la Fiscalía bajo la conducta de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1, Ley Nº 13944) ocurridos en un contexto de violencia de género.
La Defensa Oficial planteó la excepción de atipicidad del hecho atribuido a su asistido, por considerar que no reunía los elementos del tipo penal ya que la conducta requería que fuera cometida con dolo directo y su asistido nunca tuvo intención de incumplir con sus deberes hacia su hija sino que se vio impedido de hacerlo por no contar con medios económicos al encontrarse sin trabajo.
Ahora bien, en lo concerniente al análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe señalar, inicialmente, que el Código Procesal Penal de la Ciudad prevé, en su artículo 208, las excepciones de previo y especial pronunciamiento, esto es, una serie de circunstancias que, por su naturaleza extraordinaria, suspenden o finalizan el proceso, sin la necesidad de introducirse en el conocimiento del fondo de la cuestión. El supuesto del inciso “c” se refiere al supuesto en que se verifica un manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, inexistencia del hecho, o falta de participación criminal, respecto de la conducta descripta en el decreto de determinación del hecho o en el requerimiento de juicio.
En este tipo de cuestiones, la vía procesal intentada sólo resulta procedente cuando la atipicidad de la conducta denunciada resulta en forma clara de la misma descripción efectuada en la determinación del hecho o en el requerimiento de juicio, y por regla general, no habilita la discusión sobre cuestiones subjetivas, ni hechos controvertidos ni la producción de prueba, como las que plantea la recurrente en este caso.
En estas condiciones, al confrontar la conducta descripta en el requerimiento de juicio con la norma recién transcripta se advierte que los hechos que se le adjudican al encausado en estos actuados se ajustan, en principio y con el grado de provisionalidad propio de esta instancia, en el tipo penal referido, en tanto se trata de omisiones del nombrado con respecto a su deber de garante de la subsistencia de su hija menor de edad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de atipicidad por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad (art. 207 inc. c, CPP) y no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Defensa (arts. 79 y ss, CPP).
En la presente, se le atribuye al encausado no prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija. El Fiscal destacó además “…que los hechos relatados no fueron aislados, sino que por el contrario tuvieron lugar en un contexto de violencia de género y doméstica de tipo económica y física…” lo que sostuvo en hechos que fueron juzgados ante un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional. Tales sucesos fueron calificados por la Fiscalía bajo la conducta de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1, Ley Nº 13944) ocurridos en un contexto de violencia de género.
La Defensa Oficial planteó la excepción de atipicidad del hecho atribuido a su asistido, por considerar que no reunía los elementos del tipo penal ya que la conducta requería que fuera cometida con dolo directo y su asistido nunca tuvo intención de incumplir con sus deberes hacia su hija sino que se vio impedido de hacerlo por no contar con medios económicos al encontrarse sin trabajo.
En esa línea de pensamiento, se deduce claramente en la presente causa que se enfrentan dos posiciones diferentes sobre lo que habría sucedido, cada una de las cuales se funda en sus respectivos elementos probatorios, cuyo análisis excede notablemente el acotado margen de la excepción intentada.
A modo de conclusión, se observa entonces que la atipicidad introducida por la Defensa no aparece en modo evidente o manifiesto, sino que las razones alegadas por la recurrente guardan relación con cuestiones de hecho y prueba, que demandan un análisis más amplio, por lo cual necesariamente deben ser planteadas y discutidas en el juicio oral y público, donde se manifiestan en su expresión máxima los principios de oralidad, contradicción e inmediación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de atipicidad por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad (art. 207 inc. c, CPP) y no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Defensa (arts. 79 y ss, CPP).
La Defensa planteó la nulidad del requerimiento de juicio y de todos sus actos consecuentes, debido a que la Fiscalía no cumplió con la evacuación de citas prevista normativamente a pesar de su deber de objetividad, sin demostrar un perjuicio actual y concreto en sustento de su pretensión. Asimismo, solicitó la declaración testimonial de la hermana del imputado, esencialmente a fin de ilustrar sobre circunstancias tales como la gran colaboración que ella le prestaría al nombrado en función de las carencias económicas que éste enfrenta y con respecto a la manutención y el cuidado de los otros tres niños que éste
Al rechazar dicha medida, el Ministerio Público Fiscal explicitó que “... Respecto de la evacuación de citas de la hermana del encausado solicitada por la Defensa, no ha lugar a su declaración, por no resultar útil en esta etapa del proceso. Ello por cuanto su testimonio, por impertinente, no podría incidir en modo alguno en la situación procesal del encausado y/o en la remisión de las actuaciones a juicio (conf. art. 179 CPPCABA). Sin perjuicio de ello, la Defensa podrá solicitar la incorporación de dicho testimonio al momento de realizar el ofrecimiento de prueba conforme lo establece el artículo 221 del Código Procesal Penal de la Ciudad”.
En este sentido, se observa que la Fiscalía detalló los motivos por los cuales entendía que en el presente la convocatoria de la testigo en esta instancia del proceso no modificaría la situación procesal del imputado ni el sustento probatorio de la acusación para llevar el caso a juicio, por lo cual no puede considerarse que se haya apartado deliberadamente de su deber de evacuar citas, ni de su deber de objetividad en los términos de los artículos 6 y 180 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Es de destacar, al mismo tiempo, que, en el marco de la igualdad de armas que informa el procedimiento penal local, la propia Defensa también se halla facultada para entrevistar, sin mayores formalidades, a los testigos que estime corresponder a la luz de su teoría del caso. Por último, se advierte también que la declaración de la testigo en cuestión ha sido ofrecida por la Defensa para la etapa del juicio, por lo cual, de conformidad con el criterio sostenido, será en dicha instancia donde ambas partes podrán producir la prueba que estimen conducente de acuerdo con sus respectivas pretensiones procesales.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto no hizo lugar a la excepción de atipicidad.
En la presente, se le atribuye al encausado no prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija. El Fiscal destacó además “…que los hechos relatados no fueron aislados, sino que por el contrario tuvieron lugar en un contexto de violencia de género y doméstica de tipo económica y física…” lo que sostuvo en hechos que fueron juzgados ante un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional. Tales sucesos fueron calificados por la Fiscalía bajo la conducta de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1, Ley Nº 13944) ocurridos en un contexto de violencia de género.
Ahora bien, más allá de los fundamentos vertidos por la Fiscalía en su requerimiento, se advierte que no ha explicado cómo pretende demostrar que el encausado durante el período que se le reprocha como incumplido, tuvo la posibilidad material de asistir económicamente a su hija y no lo hizo, incurriendo de esta manera en una omisión susceptible de ser subsumida en el tipo penal previsto en el artículo 1 de la Ley Nº 13944. En este sentido, el mencionado artículo sanciona “…a los padres, que aún sin mediar sentencia civil, se sustrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hijo menor de 18 años o de más si estuviere impedido”.
La doctrina nos señala que es necesario para su configuración “…que el sujeto obligado frente a la situación típica generadora del deber de actuar haya tenido la posibilidad real y efectiva de cumplir con el mandato de acción, la que debe darse al momento en el que es necesaria la intervención del obligado a actuar. Este elemento debe ser considerado como una capacidad individual de acción referida al individuo que en el caso concreto debe actuar…ya que solo puede reunir la condición del injusto la omisión de una acción que hubiera sido posible a éste. Ello presupone que hubiera sido factible para el autor hacer lo exigido…pues no tiene objeto afirmar que alguien ha omitido algo que no podía realizar” (D’Allesio, Andrés José y Otro, Código Penal de la Nación, comentado y anotado, Tomo III, Leyes Especiales Comentadas, 2da. Edición Actualizada y Ampliada. Ed. La Ley. 2010, págs. 151).
De tal forma, la conducta que se le imputa al acusado y por la que se lo pretende llevar a juicio no reúne los requisitos típicos requeridos por la norma para su configuración, esto es, que el nombrado teniendo la posibilidad de asistir a su hija, por propia voluntad haya eludido su cumplimiento; ya que la Fiscalía a pesar de su esfuerzo requirente no ha ofrecido elementos de cargo con los se demuestre mínimamente que el encausado, en el período reclamado, contaba con la posibilidad concreta y efectiva de dar cumplimiento a la conducta de asistencia que se le reprocha haber omitido deliberadamente. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde declarar de nulidad del requerimiento de elevación a juicio (art. 77 conforme art. 219 inc. b, CPPCABA a contrario sensu).
En la presente, se le atribuye al encausado no prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija. El Fiscal destacó además “…que los hechos relatados no fueron aislados, sino que por el contrario tuvieron lugar en un contexto de violencia de género y doméstica de tipo económica y física…” lo que sostuvo en hechos que fueron juzgados ante un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional. Tales sucesos fueron calificados por la Fiscalía bajo la conducta de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1, Ley Nº 13944) ocurridos en un contexto de violencia de género.
Conforme surge de las constancias de autos, el imputado presentó un descargo, brindó su versión de los hechos y solicitó ciertas medidas de prueba a la Fiscalía a fin de demostrar sus dichos. No obstante, la Fiscalía, sin evacuar las citas y sin valorar sus dichos formuló, el respectivo requerimiento de juicio.
Ahora bien, corresponde mencionar que el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Ciudad dispone que: “El Fiscal deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado en sus declaraciones o en sus escritos de descargo, que objetivamente pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las actuaciones a juicio”.
Así, los datos proporcionados por el imputado en la oportunidad del artículo 173 del Código Procesal Penal de la Ciudad o, como en el caso, en el descargo presentado posteriormente, deben ser evacuados por el Fiscal a fin de que la investigación abarque la mayor cantidad de elementos posibles, en orden a alcanzar la verdad objetiva del hecho.
En efecto, es un deber del investigador – y no del imputado y su Defensa – comprobar la verdad o no de los hechos y circunstancias mencionadas por el declarante y que tienen alguna relación con la responsabilidad que se le atribuye a aquél, y que pueden ser de utilidad para establecer la veracidad respecto de los hechos y circunstancias que fundamentarían, fáctica o jurídicamente, la existencia o inexistencia de esa responsabilidad. De este deber se desprende ni más ni menos la objetividad con la que el representante de la vindicta pública debe actuar en el caso concreto (art. 6 del CPPCABA) que, inclusive, lo obliga a producir prueba durante la etapa de investigación preliminar que pueda incidir en la situación legal del enjuiciado y, eventualmente, en la remisión o no de las actuaciones a juicio.
En el caso en análisis, al formular la Fiscalía el requerimiento de juicio, no ha explicado cómo ha quedado demostrado a su entender que el imputado se encontraba en la posibilidad material de asistir económicamente a su hija y a pesar de ello no lo hizo. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde declarar de nulidad del requerimiento de elevación a juicio (art. 77 conforme art. 219 inc. b, CPPCABA a contrario sensu).
En la presente, se le atribuye al encausado no prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija. El Fiscal destacó además “…que los hechos relatados no fueron aislados, sino que por el contrario tuvieron lugar en un contexto de violencia de género y doméstica de tipo económica y física…” lo que sostuvo en hechos que fueron juzgados ante un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional. Tales sucesos fueron calificados por la Fiscalía bajo la conducta de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1, Ley Nº 13944) ocurridos en un contexto de violencia de género.
La Defensa ha acreditado que la Fiscalía omitió considerar el descargo de su asistido, como también a ese mismo fin citar a prestar declaración a la hermana del imputado, quien podía dar cuenta de su situación socioeconómica del nombrado, su marco temporal y las razones y dinámica de la asistencia brindada por la declarante durante el período temporal en el que se sustentó el reproche Fiscal.
Así las cosas, en el requerimiento de elevación a juicio presentado en el caso en análisis, la Fiscalía no dio fundamentos para incumplir la manda legal de evacuar las citas efectuadas por el imputado que entendió irrelevantes e inútiles, esto es, el testimonio solicitado tendiente a acreditar las circunstancias alegadas en su descargo. Tampoco valoró sus dichos de modo alguno, dado que no expuso los motivos por los que concluía que lo expresado por el encausado se trataba solo de una justificación y no de la posible realidad transitada por el imputado durante el transcurso del ilícito que le era reprochado.
Por lo que se puede apreciar, no hay alegación de cargo alguna que haya llevado a la Fiscalía a descartar las pruebas ofrecidas por la Defensa. Lo que surge claramente es que la Fiscalía ha eludido tratar debida y objetivamente los elementos de prueba ofrecidos por la recurrente sin dar razones concretas y de contraste con la prueba de cargo por las que se las consideraba a aquellas irrelevantes e inútiles.
En efecto, al omitir considerar los extremos invocados por el imputado y la prueba ofrecida en su descargo vulneró el principio de objetividad que debe caracterizar su desempeño procesal (art. 6 del CPPCABA). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación de la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó se garantice el acceso a una vivienda digna al grupo actor, disponiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo, brinde asistencia en los términos de las Leyes N° 1265, 1688 y 4036.
El peligro en la demora ––con la entidad de perjuicio inminente o irreparable para el particular, en los términos del art. 177, CCAyT–– resulta de la circunstancia de que demorar el otorgamiento de asistencia habitacional a la demandante supondría la continuidad, al menos hasta el dictado de la sentencia definitiva, de la perduración de su situación de vulnerabilidad.
Tampoco se advierte que la tutela preventiva concedida pueda vulnerar el interés público. En este sentido es relevante considerar que la medida ordenada adopta una solución que respeta el preferente grado de protección que las normas convencionales y legales reconocen a la parte actora, mediante prestaciones que el Estado se encuentra obligado a satisfacer en razón de los compromisos que se desprenden del marco normativo analizado en este voto.
Así, cabe concluir que existen elementos suficientes para considerar reunidos ––con la provisoriedad propia de este estadio del análisis–– los recaudos señalados precedentemente, que hacen procedente la tutela cautelar solicitada.
En suma, corresponde que se garanticen al grupo actor las prestaciones materiales, técnicas y económicas necesarias para que supere la situación de vulnerabilidad social acreditada -prima facie- en autos (conf. art. 21 de la ley 4036).
Cabe aclarar que cuando se discute el umbral mínimo de los derechos, existe la consecuente obligación estatal de asegurar su satisfacción al menos en ese nivel esencial. En efecto, no es plausible sostener la existencia de un derecho –que por cierto no es lo mismo que una directriz o una mera aspiración-, sin reconocer, a la vez, la existencia de obligaciones correlativas que posibiliten su ejercicio. Son necesarias, pues, prestaciones estatales dirigidas a materializar condiciones básicas que permitan la realización de la autonomía personal, más allá del modo en que las personas decidan ejercer dicha autonomía.
En lo que respecta específicamente a la problemática habitacional, en este estado inicial del proceso corresponde que la asistencia consista en los fondos necesarios para alcanzar la protección permanente (“alojamiento”) de la que el grupo actor –ab initio- resulta acreedor (conf. art. 20 inc. 2 de la ley 4036 y art. 2.c de la ley 1688).
Asimismo, el GCBA también deberá brindar asistencia psíquica, jurídica, económica y social (sin perjuicio de las restantes modalidades de asistencia previstas en el art. 2.c y 16 de la ley 1688, ley 4036 y ley 1265). En ese aspecto, póngase en conocimiento de la amparista que también tiene a disposición los servicios que se brindan en el Centro de Justicia de la Mujer del CMCABA, en el que puede requerirse la intervención pertinente de las distintas áreas especializadas en el abordaje, acompañamiento y asistencia a mujeres que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación de la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó se garantice el acceso a una vivienda digna al grupo actor, disponiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo, brinde asistencia en los términos de las Leyes N° 1265, 1688 y 4036.
El grupo familiar actor está compuesto por una mujer (41 años), y su hija menor de edad, residen en una habitación de hotel en el barrio de Parque Patricios, por la cual debe abonar la suma de treinta y cuatro mil pesos ($34.000) en concepto de alquiler.
Cabe señalar que la actora manifestó haber sido víctima de violencia de género durante más de tres años por parte del padre de su hija. Indicó que realizó la correspondiente denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
El informe elaborado por la Secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa- se señala que la actora "ha sido víctima de violencia de género, de distintos tipos, que continúan afectando su vida actual. Esta violencia, en su manifestación psicológica y física, aún le genera sentimientos de angustia que se expresan físicamente. Por otro lado, la violencia en su manifestación económica, por parte del progenitor de su hija, determina para ella severas dificultades para mejorar su situación actual.”
Con respecto a la hija de la actora, se indicó que “Ha manifestado conductas tales como gritos, terror de contacto, evasión social, que podrían responder a la ocurrencia de un ataque contra la integridad sexual durante la infancia”.
En lo atinente a la situación económica del grupo familiar, la actora señaló que se encuentra desempleada. Al respecto, relató que a raíz de la pandemia fue despedida del laboratorio en el que se desempeñaba en el sector de mantenimiento. Asimismo, refirió que también perdió las “changas” de limpieza que realizaba los fines de semana. Indicó que sus ingresos provienen del programa “Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho” y subsidio habitacional del programa “Atención para Familias en Situación de Calle”.
La verosimilitud en el derecho surge, pues, de la subsunción de la situación de vulnerabilidad reseñada en los preceptos establecidos en la ley n° 4036, extremo que, en principio, encuadraría en el orden de prioridades establecido en el precedente del Tribunal Superior de Justicia.
El peligro en la demora aparece acreditado por cuanto en las circunstancias de autos la falta de asistencia habitacional a la parte actora supondría la continuidad, al menos hasta el dictado de una sentencia definitiva, de las circunstancias antedichas, esto es, la perduración de su situación de vulnerabilidad social.
Entonces, a partir de las circunstancias fácticas descriptas, a efectos de cubrir las necesidades del grupo actor, que se encontraría incluida dentro de los grupos previstos en las leyes 1688 y 4036 que se les asignan derecho a obtener asistencia, deberá brindarse a la parte actora la asistencia psicológica, jurídica, económica y social que le es reconocida en el sistema jurídico.
Así, toda vez que la sentencia de primera instancia le ordenó al GCBA que garantice el acceso a una vivienda digna a la actora y a su hija sin que se contemple la posibilidad de que sean derivados a la red de hogares y paradores, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA. Ello, sin perjuicio de señalar que, a efectos de cubrir las necesidades de la parte actora, que se encontraría -prima facie- incluida dentro de los grupos a los que las previsiones de las leyes 1688 y 4036 les asignan derecho a una asistencia, que incluye alojamiento, el subsidio a otorgar deberá ser suficiente para alcanzar dicha protección. Las cuestiones que se susciten a partir de las medidas destinadas a dar cumplimiento a la condena serán objeto de tratamiento ante la primera instancia. Asimismo, póngase en conocimiento de la amparista que también tiene a disposición los servicios que se brindan en el Centro de Justicia de la Mujer del CMCABA, en el que puede requerirse la intervención pertinente de las distintas áreas especializadas en el abordaje y acompañamiento a mujeres que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación de la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó se garantice el acceso a una vivienda digna al grupo actor, disponiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo, brinde asistencia en los términos de las Leyes N° 1265, 1688 y 4036.
En sustento de la verosimilitud del derecho se han invocado diversos derechos de raigambre constitucional (vgr. derecho a la vivienda, a la salud, y a la dignidad). Además, el caso involucra los derechos de una persona que ha sido víctima de violencia de género, por lo que merece, de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable, una protección más intensa.
Cabe señalar que los derechos invocados por la amparista en su escrito inicial, se inscriben dentro de la categoría de los denominados “derechos sociales”, que son reconocidos de manera expresa en diversos tratados internacionales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 CN, gozan de jerarquía constitucional.
Habiendo quedado acreditado que la actora y su hija son titulares del derecho de acceso a una vivienda digna y que la normativa local le reconoce expresamente el derecho a un alojamiento; los restantes elementos de juicio reunidos hasta el momento en autos también permiten establecer –con carácter provisional– la existencia de una situación de vulnerabilidad que no les permite superar su estado de emergencia habitacional por sus propios medios.
Así, el grupo actor se compone de una mujer (41 años) y su hija menor de edad, que manifestó haber sufrido violencia de género durante más de tres años por parte del padre de su hija. Existen dos causas de violencia familiar iniciadas por la actora.
Indicó que se encuentra desempleada, que como consecuencia de la pandemia fue despedida del laboratorio en el que se desempeñaba y perdió las “changas” de limpieza que realizaba los fines de semana.
Asimismo, refirió percibir como únicos ingresos monetarios el programa “Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho” y el subsidio habitacional en el marco del programa “Atención para Familias en Situación de Calle”.
Residen en una habitación de hotel por la cual debe abonar la suma de treinta y cuatro mil pesos ($34.000) en concepto de canon locativo.
En cuanto a la situación de salud del grupo familiar, mencionó que padece arritmia con alta capacidad funcional y artrosis en su rodilla izquierda y su hija no presenta problemas de salud.
De las constancias de la causa, surge que en julio del corriente desde la Defensoría patrocinante se libró un oficio dirigido al Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat de la CABA, solicitando el aumento del subsidio habitacional y el pago extraordinario de su deuda por alquileres impagos, sin embargo, no mereció respuesta por parte de la demandada.
Cabe concluir a la luz del panorama apuntado, que las personas cuyas vidas discurren en semejantes condiciones de exclusión, deben enfrentar un obstáculo casi insalvable para poder procurarse, por sus propios medios, una vivienda digna. A ello debe agregarse que el acceso a la vivienda cumple un rol fundamental para la protección y prevención de la violencia de género.
Demostrada entonces la existencia de un derecho suficientemente verosímil a una vivienda digna —cuya titularidad corresponde a la parte actora—, existe una correlativa obligación del GCBA de brindar la asistencia habitacional necesaria para su tutela adecuada, de acuerdo con el deber de garantía contenido en el artículo 31 de la CCABA —en especial, cuando se trata de individuos en situación de pobreza crítica— y que ha atravesado, como en el caso, situaciones de violencia de género.
En este contexto, toda vez que la normativa aplicable reconoce a personas de las características de la amparista el derecho a un alojamiento, la omisión del GCBA de garantizar tal derecho importaría un incumplimiento de sus deberes de actuación frente al panorama de exclusión social que enfrenta.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación de la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó se garantice el acceso a una vivienda digna al grupo actor, disponiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo, brinde asistencia en los términos de las Leyes N° 1265, 1688 y 4036.
En efecto, de la documentación e informe adjuntos surge claramente que la actora se encuentra desempleada, que fue víctima de violencia de género, se encuentra sola al cuidado de su hija menor de edad y carece de fuentes de ingresos suficientes que le permitan afrontar el pago de una vivienda por sus propios medios. Ciertamente, la prolongación de esa situación en el tiempo sólo podría redundar en un empeoramiento de su actual estado de vulnerabilidad.
En función de estas consideraciones, se presenta en autos un temor fundado de que, en caso de no otorgarse la tutela requerida, el estado de cosas actual derive en un daño irreparable para diversos derechos de la parte actora, frente a su interdependencia con el derecho a una vivienda digna (salud, trabajo, educación, etc.), lo cual permite tener por configurado, en el presente caso, la existencia del recaudo del peligro en la demora.
En virtud de ello, corresponde asimismo poner en conocimiento de la demandante que tiene derecho a recibir las prestaciones reparadoras y preventivas previstas en Ley Nº 1265 de Protección y Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar y Doméstica, la Ley Nº 1688 de Prevención de la Violencia Familiar y Doméstica, así como la Ley N° 4203, pudiendo –a tales fines– requerir al GCBA que cumpla con su obligación de proveerle asistencia psicológica, jurídica, económica y social, en los términos previstos en la normativa referida.

En el caso, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a presentar una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista y que, hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, se mantengan los efectos de la medida cautelar dictada en autos.
En efecto, del informe psicológico realizado a la actora se advierte que ha sido víctima de violencia doméstica física, sexual y psicológica por más de 30 años y que si bien en la actualidad la asistida pudo abandonar el hogar compartido con su agresor, su personalidad con rasgos dependientes, baja autoestima, sentimientos de culpa y comunicaciones telefónicas que aún mantiene con él mismo, la posicionan en un lugar de extrema vulnerabilidad y posibilidad de darle una nueva oportunidad a su aún esposo en la fase de arrepentimiento.
En las conclusiones del último informe social la profesional sostuvo que la amparista se halla en condiciones de vulnerabilidad social.
En el informe se resalta que la actora “ha sido víctima de violencia de género/doméstica de larga data, afectando esta situación todo su devenir cotidiano y hasta incluso, su entorno más cercano (ej. problemáticas con sus hijos). La entrevistada no solo ha sufrido múltiples consecuencias físicas y mentales, sino también sociales que perduran al día de la fecha” y en lo que respecta a la situación habitacional “depende directamente del beneficio del subsidio habitacional del cual es titular, la ausencia del mismo ocasionaría un mayor retroceso en su calidad de vida. Finalmente, se presenta como imprescindible continuar con las acciones iniciadas a fin de dar una solución integral y definitiva a la problemática de la presentante.

En el caso, corresponde Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, condenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que incluya alojamiento y que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, el demandado deberá mantener los efectos de la medida cautelar dictada en autos.
En efecto, se discute sobre los derechos de un grupo familiar monoparental con jefatura femenina, conformado por mujer de treinta y nueve años (39) años, que se encuentra a cargo de sus dos hijos de diez (10) años, nueve (9) y diecinueve (19) años.
Del informe pericial como de la demanda se desprende que la actora fue víctima de violencia de género en sus tipos, psicológica, física y económica patrimonial, por parte de uno de los progenitores de sus hijos, a tal punto que realizó diferentes denuncias y se vio obligada a cambiar de vivienda en numerosas ocasiones.
La actora manifestó que su ex pareja le impedía trabajar, relacionarse con otras personas y salir; entre otros sometimientos a los que ella estuvo expuesta durante la relación. Asimismo, la accionante señaló que los episodios de violencia que tuvo que padecer fueron tantos y tan graves, que la llevaron a tomar la decisión de llevar a su hijo mayor con su abuelo a fin de evitar que sea testigo de la violencia que circulaba en su hogar.
Por último, relató que, con el embarazo de su tercer hijo, la severidad de los episodios agresivos aumentó (insultos, zamarreos, empujones y golpes), período caracterizado por la consultante como `desesperante´ (sufrió contracciones uterinas, dolores gástricos constantes y angustia).
En el año 2017, luego una feroz golpiza, la consultante radica la primera denuncia contra su ex pareja y obtuvo la medida cautelar de restricción perimetral, medida que no detuvo las agresiones hasta que la Fiscalía interviniente dictó una orden de allanamiento de la vivienda tras la búsqueda del agresor, quien no se encontraba ya en el domicilio.

En el caso, corresponde Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, condenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que incluya alojamiento y que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, el demandado deberá mantener los efectos de la medida cautelar dictada en autos.
En efecto del informe elaborado por la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa, se desprende que la actora ha sido víctima de violencia doméstica de tipo psicológica, económica-patrimonial y física, según Ley Nº 26.4855, impactando ello en su vida personal.
No hay dudas respecto a que la violencia en su modalidad doméstica es la primera y principal causa de reducción en la calidad de vida, daño y muerte para las mujeres con serios efectos secundarios. En el caso particular de la consultante, puede indicarse que la intermitencia de las agresiones de su ex pareja produjeron un estado de nerviosismo y temor constantes, incluyendo síntomas como dolores gástricos, angustia permanente y dificultades durante sus embarazos.
Además, la sensación de miedo por su integridad física y la de sus hijos resultó un obstáculo para la gestión de denuncias e intentos de separación. Los períodos sin agresiones revitalizaban la posibilidad de cambio y la esperanza de una vida libre de violencia junto a su pareja; sin embargo, el carácter cíclico de la violencia fue aislando a la amparista alejándose cada vez más de una posible salida.
Señala la profesional que no puede soslayarse el efecto negativo de la violencia de tipo económica-patrimonial en el caso de la consultante.
Por un lado, la prohibición de trabajar la alejó del mercado laboral por un período de doce años. Concluyó afirmando la profesional firmante del informe que "la situación de vida de esta consultante constituye un caso paradigmático en términos de la necesidad de considerar que el derecho a una vivienda adecuada necesariamente debe ser considerado en interrelación, indivisibilidad e interdependencia con los derechos económicos sociales y culturales. Una vivienda digna resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida con seguridad. Eso hace del derecho a la vivienda un derecho compuesto, cuya vulneración acarrea la de otros derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a una vida libre de violencia”

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora a fin de que se declarase su nulidad de la Resolución que dispuso su cesantía con la consecuente reinstalación en el cargo, y el pago de los salarios caídos.
En el sumario administrativo se concluyó que el agente había vulnerado las obligaciones establecidas en los artículos 10 incisos a) y c) de la Ley Nº 471 y que había conculcado el principio general de buena conducta al que estaban sometidas las partes en el marco de una relación de empleo público.
En efecto, las conductas del actor resultaban suficientes para generar una sanción disciplinaria de tipo segregativo, por encontrarse conculcado el principio general de buena conducta al que estaban sometidas las partes en una relación de empleo público.
Los vicios en el procedimiento alegados por el actor en su escrito de inicio no han podido ser adecuadamente demostrados, ya que, efectivamente, el actor –debidamente notificado– no presentó el descargo previsto en el artículo 18 del Reglamento de Sumarios Administrativos, ni ofreció prueba en esa oportunidad, motivo por el cual es correcto lo señalado en el acto administrativo impugnado, en cuanto se sostiene que el actor no ejerció aquellas facultades.
Por otra parte, tampoco ejerció su derecho a alegar pese a encontrarse debidamente notificado.
Ello así, en la medida en que –de conformidad con las constancias analizadas– no se advierte que el demandante se hubiera visto privado de ejercer sus defensas, presentar sus argumentos y producir prueba, o bien que hubiera sufrido alguna limitación o menoscabo en el ejercicio de estas facultades, el planteo referido a la violación del debido proceso debe ser rechazado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora a fin de que se declarase su nulidad de la Resolución que dispuso su cesantía con la consecuente reinstalación en el cargo, y el pago de los salarios caídos.
El actor plantea la nulidad del acto impugnado sobre la base de la existencia de vicios en su causa y motivación del acto segregativo.
En efecto, debe recordarse, en este sentido, que la causa de todo acto administrativo debe sustentarse “en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable” (artículo 7° inciso “b” de la Ley de Procedimientos Administrativos).
El actor fundamentó su planteo anulatorio en la falta de prueba que sustentara la decisión adoptada, ya que las declaraciones testimoniales efectuadas en el marco del sumario habían sido efectuadas en función de los dichos de terceros. Destacó también que varios testigos declararon no haber presenciado ningún hecho de agresión verbal, y que otros sólo se habían anoticiado de los supuestos hechos sin ser testigos presenciales de la situación.
Sin embargo, si bien el recurrente sostiene que las declaraciones consideradas en el marco del procedimiento sancionatorio fueron efectuadas tomando como base los dichos de terceros, ello no resulta ajustado a las constancias obrantes en el sumario, ya que los denunciantes no resultaban terceros sino testigos presenciales y directos de los hechos denunciados, que fueron tenidos por acreditados para fundamentar la sanción expulsiva impuesta.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora a fin de que se declarase su nulidad de la Resolución que dispuso su cesantía con la consecuente reinstalación en el cargo, y el pago de los salarios caídos.
El actor plantea la nulidad del acto impugnado sobre la base de la existencia de vicios en su causa y motivación del acto segregativo.
Afirmó que las declaraciones testimoniales efectuadas en el marco del sumario habían sido efectuadas en función de los dichos de terceros. Destacó también que varios testigos declararon no haber presenciado ningún hecho de agresión verbal, y que otros sólo se habían anoticiado de los supuestos hechos sin ser testigos presenciales de la situación.
El actor afirmó que por las características físicas de la oficina donde prestaban tareas no resultaba posible que hubiera sucedido la mecánica de los hechos tal cual había sido descripta por los denunciantes.
Sin embargo, los relatos de los denunciantes resultan concordantes con el resto del cuadro probatorio, y, en especial, con las declaraciones de sus superiores quienes ratificaron los dichos de los denunciantes, describieron el ambiente que se vivía en la repartición, recordaron y describieron los momentos inmediatamente posteriores a las amenazas e insultos proferidos por el agente y dieron cuenta de los antecedentes del aquí actor.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora a fin de que se declarase su nulidad de la Resolución que dispuso su cesantía con la consecuente reinstalación en el cargo, y el pago de los salarios caídos.
El actor plantea la nulidad del acto impugnado sobre la base de la existencia de vicios en su causa y motivación del acto segregativo.
Afirmó que las declaraciones testimoniales efectuadas en el marco del sumario habían sido efectuadas en función de los dichos de terceros. Destacó también que varios testigos declararon no haber presenciado ningún hecho de agresión verbal, y que otros sólo se habían anoticiado de los supuestos hechos sin ser testigos presenciales de la situación.
Sin embargo, no debe perderse de vista que la demostración de la existencia de sucesos como los aquí debatidos suponen, esperablemente, que la declaración de las víctimas sea el elemento central de prueba, que luego debe ser corroborado por otras constancias probatorias.
Y ello es, justamente, lo que ocurrió en el presente caso, ya que si bien los testigos presenciales de los hechos aquí debatidos fueron quienes a su vez denunciaron al actor, sus testimonios se vieron luego corroborados por las declaraciones de sus superiores, y también por testimonios de compañeros de trabajo que interactuaron con los damnificados inmediatamente luego de las agresiones sufridas y dieron cuenta de su estado de ánimo, o bien escucharon gritos que provenían del sector.
De esta forma, sin perjuicio de que también obran en el sumario administrativo –y en las declaraciones efectuadas en sede judicial– testimonios de agentes que afirman no haber visto ni oído ningún altercado o situación, los hechos imputados fueron corroborados con suficiente precisión, y los testigos dieron cuenta de las circunstancias en las cuales se produjeron, de lo relatado por las víctimas y también de su estado anímico luego de los acontecimientos.
Ello así, la valoración que realizó la demandada de la conducta del actor, resulta ajustada a derecho y los cuestionamientos en torno a la causa y motivación del acto administrativo impugnado deben ser rechazados.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta.
La Jueza de grado ordenó al demandado que continuara adoptando las medidas necesarias a fin de que se otorgara al grupo familiar actor alojamiento en condiciones dignas o los fondos suficientes para solventarlo, lo que debería ser mantenido mientras la demandada no demostrara fehacientemente que la situación de vulnerabilidad socioeconómico haya cesado. Asimismo, dispuso que la demandada -por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat- evaluara al grupo familiar, colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis, debiendo remitir un informe trimestral al juzgado. Declaró la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el artículo 1° del Decreto 108/19, la Resolución 124/MHYDHGC/17 y sus respectivas modificatorias al artículo 5 del Decreto 690/06, en lo que hace al impedimento de renovación del subsidio habitacional.
En efecto, la actora ha probado que se encuentra en situación de vulnerabilidad social; reside con sus dos hijos en un departamento ubicado en esta ciudad, cuyo canon locativo en febrero del corriente ascendía a cincuenta y cinco mil pesos ($55 000) mensuales.
Aclaró que tiene otro hijo, quien convive con el grupo familiar en intervalos de quince días al mes y los restantes convive con su padre.
La amparista trabaja en un emprendimiento de serigrafia desde una organización no gubernamental que funciona como cooperativa y además se encuentra al cuidado de sus hijos. Sus ingresos se componen de la Asignación Universal por Hijo, del programa “Potenciar Trabajo” y de una pensión no contributiva por discapacidad de su hija.
Del informe social agregado en autos surge que la actora se separó de su ex pareja cuando lo denunció en la Oficina de Violencia Doméstica por haber padecido episodios de violencia sexual, física, psicológica, simbólica y económica. Desde ese momento se dictaron medidas de protección hacia ella y sus hijos, que se encuentran vigentes en la actualidad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta.
La Jueza de grado ordenó al demandado que continuara adoptando las medidas necesarias a fin de que se otorgara al grupo familiar actor alojamiento en condiciones dignas o los fondos suficientes para solventarlo, lo que debería ser mantenido mientras la demandada no demostrara fehacientemente que la situación de vulnerabilidad socioeconómico haya cesado. Asimismo, dispuso que la demandada -por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat- evaluara al grupo familiar, colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis, debiendo remitir un informe trimestral al juzgado. Declaró la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el artículo 1° del Decreto 108/19, la Resolución 124/MHYDHGC/17 y sus respectivas modificatorias al artículo 5 del Decreto 690/06, en lo que hace al impedimento de renovación del subsidio habitacional.
En efecto, la actora ha probado que se encuentra en situación de vulnerabilidad social.
De las presentaciones efectuadas por la actora, se observa que en la causa donde tramitó la denuncia por violencia familiar, su ex pareja habría amenazado de muerte al grupo familiar por lo que la Jueza a cargo de la causa dispuso la implementación de una consigna policial personal no uniformada en el domicilio de la actora y el otorgamiento del botón antipánico, así como la búsqueda de paradero del agresor.
Surge además que la actora ingresó a un refugio del que luego egresó para comenzar a residir nuevamente en el departamento que habitaba anteriormente. Destacó que egresó del refugio ya que se logró ubicar el paradero de su ex pareja y, a partir de dicho momento, se le colocó la tobillera que permite su monitoreo por la División de Dispositivos de Geolocalización de la Policía de la Ciudad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta.
La Jueza de grado ordenó al demandado que continuara adoptando las medidas necesarias a fin de que se otorgara al grupo familiar actor alojamiento en condiciones dignas o los fondos suficientes para solventarlo, lo que debería ser mantenido mientras la demandada no demostrara fehacientemente que la situación de vulnerabilidad socioeconómico haya cesado. Asimismo, dispuso que la demandada -por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat- evaluara al grupo familiar, colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis, debiendo remitir un informe trimestral al juzgado. Declaró la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el artículo 1° del Decreto 108/19, la Resolución 124/MHYDHGC/17 y sus respectivas modificatorias al artículo 5 del Decreto 690/06, en lo que hace al impedimento de renovación del subsidio habitacional.
En efecto, en los juicios de amparo debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta no solo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las actuaciones producidas (Fallos: 316:2016).
Dadas las circunstancias fácticas del caso, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en el caso “Sztern, María Eugenia c/ GCBA y otros s/ amparo”, expte. 9814/13, del 15/04/14”, la situación de la actora expuesta precedentemente conlleva que se destaque el marco protectorio del ordenamiento jurídico hacia las víctimas de violencia de género
A través de la Ley Nº4203, en adhesión a la Ley Nº26485, se estableció que los tres poderes del Estado deben adoptar las medidas necesarias y ratificar en sus actuaciones el respeto del derecho a la igualdad entre mujeres y varones, para lo que deberán garantizar, entre otros, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz a los servicios creados con ese fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº4036 prevé que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará acciones destinadas a “brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de violencia doméstica y/o sexual.
En esa línea, la Ley Nº1265 establece el deber de la Ciudad de “garantizar la prestación gratuita de programas para la prevención, protección, y asistencia integral de las personas involucradas en esta problemática y la coordinación de los servicios sociales públicos y privados para evitar y, en su caso, superar las causas de maltrato, abuso y todo tipo de violencia familiar y doméstica”. En la misma sintonía, para el cumplimiento de esos objetivos, la Ley 1688 compromete el accionar estatal a promover acciones que tiendan a “(…) asistir a las víctimas de violencia familiar y doméstica desde una perspectiva física, psíquica, jurídica, económica y social, incluyendo alojamiento cuando sea necesario (…)” y el acceso a los centros de atención integral e inmediata.
En ese marco, mediante la sanción de la Ley Nº2952 la Ciudad coopera activamente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la atención de casos de violencia doméstica, reforzando la prestación gratuita de servicios especializados. En tanto, el Consejo de la Magistratura creó la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica y el Centro de Justicia de la Mujer (mediante la Res. Pres. 1074/17 y Res. CM 173/18, respectivamente) como ámbitos de atención y contención de personas inmersas en esta problemática.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta.
La Jueza de grado ordenó al demandado que continuara adoptando las medidas necesarias a fin de que se otorgara al grupo familiar actor alojamiento en condiciones dignas o los fondos suficientes para solventarlo, lo que debería ser mantenido mientras la demandada no demostrara fehacientemente que la situación de vulnerabilidad socioeconómico haya cesado. Asimismo, dispuso que la demandada -por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat- evaluara al grupo familiar, colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis, debiendo remitir un informe trimestral al juzgado. Declaró la inconstitucionalidad de la modificación introducida por el artículo 1° del Decreto 108/19, la Resolución 124/MHYDHGC/17 y sus respectivas modificatorias al artículo 5 del Decreto 690/06, en lo que hace al impedimento de renovación del subsidio habitacional.
En efecto, la actora no ha logrado superar las condiciones de precariedad que en su momento sustentaron su inclusión en los programas habitacionales y perdura su situación de vulnerabilidad, es claro que subsiste la obligación del Gobierno de garantizar su acceso a la vivienda. Tal es, por lo demás, la propia voluntad legislativa, formulada en la Ley Nº3706 y más tarde por la Ley Nº4036.
La interrupción, la insuficiente asistencia a la parte actora o la opción de que ello se provea a través de la red de hogares, no resulta adecuada al alcance de tal derecho, además de presentarse como regresiva.
En relación con esto último, debe ponerse de manifiesto que la red de hogares de la Ciudad no provee a las personas de un lugar donde vivir, no constituye una red de viviendas; se trata de espacios físicos en donde las personas simplemente son albergadas.
Ello así, la parte actora tiene derecho a que la accionada le brinde el acceso a una vivienda digna y segura que garantice la privacidad y el distanciamiento físico de acuerdo con los parámetros estipulados en los considerandos anteriores. A su vez, el domicilio deberá ser reservado y la dirección del grupo familiar no podrá ser pública.
Por último, en atención a los hechos de violencia involucrados en la causa, póngase en conocimiento de la actora que puede disponer de los servicios que se brindan en el Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires a fin de requerir la intervención de áreas especializadas en el abordaje y acompañamiento de mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia, confirmar la medida cautelar que le ordenó que reingresara al grupo familiar actor al programa reglamentado por el Decreto 690/06 (modif. por Decreto 155/23) y otorgara el dinero necesario para solventar el costo íntegro de un alojamiento con más la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) en concepto de retroactivo.
Cabe tener por acreditado, mediante las constancias arribadas a la causa hasta el momento, lo expuesto por la parte actora en su demanda con relación a su situación de vulnerabilidad social.
Se trata de un grupo familiar compuesto por la actora y sus hijos (18 años y 15 años), que residen en una vivienda en un barrio de esta Ciudad, cuyo canon locativo ascendía a mayo del corriente a treinta mil pesos. Sostuvo que contrajo una deuda de alquiler por ciento veinte mil pesos y que se encontraba en inminente riesgo de ser desalojada.
Al momento de iniciar la demanda, manifestó que formó parte en calidad de actora de otra causa en un recurso de amparo y que había sido incorporada por medida cautelar al programa habitacional “Atención Para Familias en Situación de Calle”. Mencionó, que en la mentada causa -que tiene sentencia firme del 22 de mayo de 2013- su grupo familiar había sido excluido de los alcances de la sentencia, pero a pesar de ello y ante su grave situación de vulnerabilidad el GCBA continuó abonando el subsidio hasta diciembre de 2022 por un monto mínimo. Por tales motivos, solicitó su reincorporación al referido programa mediante oficios librados por la Defenría, pero no obtuvo respuesta por parte de la administración local.
De las constancias de la causa y de los dichos de la actora, se desprende que sufrió episodios de violencia psíquica, física y económica ejercida por el padre de uno de sus hijos y que desencadenó en una denuncia ante la Oficina de Violencia de Genero (OVSD) y medidas restrictivas.
Se encuentra desempleada y su único ingreso proviene de la Asignación Universal por Hijo.
El grupo familiar carece de obra social o prepaga, y se atiende en el sistema público.
Indicó que nunca fue escolarizada, que fue obligada a trabajar en su adolescencia y que en la actualidad realiza un taller de alfabetización en un espacio comunitario en su barrio. Con relación a sus hijos, se encuentran escolarizados.
Cabe mencionar que el bajo nivel de instrucción que posee la actora constituye un factor que condiciona el acceso al mercado formal del trabajo.
En suma, la verosimilitud en el derecho surge, pues, de la subsunción de la situación de vulnerabilidad reseñada en los preceptos legales aplicables al caso.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia, confirmar la medida cautelar que le ordenó que reingresara al grupo familiar actor al programa reglamentado por el Decreto 690/06 (modif. por Decreto 155/23) y otorgara el dinero necesario para solventar el costo íntegro de un alojamiento con más la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) en concepto de retroactivo.
De las constancias de la causa y de los dichos de la actora, se desprende que sufrió episodios de violencia psíquica, física y económica ejercida por el padre de uno de sus hijos y que desencadenó en una denuncia ante la Oficina de Violencia de Genero (OVSD) y medidas restrictivas.
Se encuentra desempleada y su único ingreso proviene de la Asignación Universal por Hijo.
El grupo familiar carece de obra social o prepaga, y se atiende en el sistema público.
Indicó que nunca fue escolarizada, que fue obligada a trabajar en su adolescencia y que en la actualidad realiza un taller de alfabetización en un espacio comunitario en su barrio. Con relación a sus hijos, se encuentran escolarizados.
El peligro en la demora resulta de las circunstancias de que demorar el otorgamiento de asistencia habitacional a la demandante supondría la continuidad, al menos hasta el dictado de la sentencia definitiva, de su situación de vulnerabilidad.
Cabe agregar que tampoco se advierte -en este marco cautelar de análisis- que su concesión implique una grave afectación del interés público.
Por último, en atención a los hechos de violencia involucrados en la causa, póngase en conocimiento de la actora que puede disponer de los servicios que se brindan en el Centro de Justicia de la Mujer del CMCABA a fin de requerir la intervención de áreas especializadas en el abordaje y acompañamiento de mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

En el caso, corresponde revocar la decisión del Magistrado de grado, en cuanto dispuso la prosecución de la investigación, en éste fuero local y ordenar la inmediata remisión de las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.
El Fiscal de grado, solicitó la declaración de incompetencia en razón de la materia, de este fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Ello en tanto entendió que los hechos denunciados en autos configurarían el tipo penal de homicidio agravado, por haber sido cometido contra una mujer en contexto de violencia de género artículo 80, inciso 11 del Código Penal.
Por su parte, el Magistrado de instancia, interpretó que la decisión sería prematura, toda vez que aún no se había avanzado en la investigación, y que no se encontraba acreditado que en autos los hechos pudieran configurar ilícito penal alguno, por lo que rechazó la petición del Titular de la acción.
Ahora bien, se habrá de compartir la postura del Fiscal de primera instancia.
Los argumentos utilizados por el Judicante, para decidir como lo hizo, no se advierten suficientemente razonables.
Las constancias probatorias arrimadas al legajo, no dejan traslucir la inexistencia de un desarrollo en la investigación que, si bien debe reputarse incipiente, no permite afirmar que no nos encontramos frente a hechos que podrían encuadrar en una figura delictiva.
Ello así, las lesiones sufridas por la víctima, presentan dudas lógicas, teniendo en cuenta que su hijo, quien la llevara al nosocomio, refirió que fueron producto de una caída desde una escalera, pero la profesional médica que la atendió, adujo que tales lesiones no coincidirían con esa versión, y que al preguntarle a aquella que le había pasado, la nombrada habría manifestado que resultó golpeada por un muchacho.
Sumado, a la constancia probatoria aportada por el Ministerio Público Fiscal, en la cual, a través del testimonio de la doctora interviniente, consistente en la transcripción de un audio que le habría enviado la enfermera, haciendo saber que había sido testigo de la agresión física producida por parte el hijo de la víctima hacia su madre.
Por lo expuesto, no se aprecia que la investigación llevada adelante por la Fiscalía interviniente, resultara incapaz o insuficiente como para demostrar que en autos podríamos encontrarnos frente a la posibilidad de que se hubiera cometido un delito, ni que la presunta calificación del mismo, que fuera propuesta por la acusación, se encuentre fuera de la órbita de los delitos transferidos a este fuero local.
Por lo que corresponde, revocar la resolución del Magistrado de grado.

En el caso, corresponde revocar la decisión del Magistrado de grado, en cuanto dispuso la prosecución de la investigación, en éste fuero local y ordenar la inmediata remisión de las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.
El Fiscal de grado, solicitó la declaración de incompetencia en razón de la materia, de este fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Ello en tanto entendió que los hechos denunciados en autos configurarían el tipo penal de homicidio agravado, por haber sido cometido contra una mujer en contexto de violencia de género artículo 80, inciso 11 del Código Penal.
Por su parte, el Magistrado de instancia, interpretó que la decisión sería prematura, toda vez que aún no se había avanzado en la investigación, y que no se encontraba acreditado que en autos los hechos pudieran configurar ilícito penal alguno, por lo que rechazó la petición del Titular de la acción.
Ahora bien, se habrá de compartir la postura del Fiscal de primera instancia.
Ello, en virtud de la pesquisa desarrollada por el representante del Ministerio Público Fiscal, resulta posible afirmar que los hechos aquí relatados podrían configurar un ilícito penal para el cual esta justicia que merece continuar siendo investigado y respecto del cual esta justicia local carece de la competencia material.
En ese sentido, no se advierte que la calificación sea prematura, en tanto la denuncia realizada por la médica tratante de la víctima resulta suficiente para ello, al menos, con el grado de provisoriedad propio de la etapa procesal en la que se encuentra el legajo.
Si bien, todos los juzgados que forman parte del fuero penal, en esta Ciudad, tienen competencia para intervenir en causas donde se investigue cualquier delito, no puede soslayarse que legislativamente, por una cuestión funcional, se ha ido ordenando de forma progresiva la transferencia de los delitos que se encontrarán bajo la órbita de este fuero local.
Por todo ello, teniendo en cuenta que en el caso de autos, el hecho se subsume, a primera vista, en un único tipo penal cuya transferencia a éste fuero no se ha efectuado, consideramos que resulta más competente para intervenir la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

En el caso, corresponde confirmar la decisión del Magistrado de grado, en cuanto dispuso la prosecución de la investigación, en éste fuero local.
El Fiscal de grado, solicitó la declaración de incompetencia en razón de la materia, de este fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Ello en tanto entendió que los hechos denunciados en autos configurarían el tipo penal de homicidio agravado, por haber sido cometido contra una mujer en contexto de violencia de género artículo 80, inciso 11 del Código Penal.
Por su parte, el Magistrado de instancia, interpretó que la decisión sería prematura, toda vez que aún no se había avanzado en la investigación, y que no se encontraba acreditado que en autos los hechos pudieran configurar ilícito penal alguno, por lo que rechazó la petición del Titular de la acción.
Ahora bien, más allá de la calificación legal mencionada, y de que el tipo penal de homicidio y sus agravantes, no se encuentran previstos en las Leyes Nº 25.752, Nº 26.357 ni la Nº 26.702, la decisión dictada por el Juez de grado debe ser confirmada.
Sin perjuicio de que el artículo 8 de la Ley Nº 24.588 limitó la potestad de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existen fundamentos razonables que permitan mantener ese indebido cercenamiento de las facultades de jurisdicción.
Así, arribo a la conclusión de que no existen cuestiones de competencia entre el fuero local y la órbita nacional, sino, razones institucionales que demoran la transferencia plena del tratamiento de todos los delitos ordinarios a la Justicia de la Ciudad, cuya secuela será la disolución definitiva del fuero Criminal y Correccional Nacional.
Por lo que corresponde confirmar la decisión adoptada. (Del voto en disidencia del Dr. Vázquez)

En el caso, corresponde confirmar la decisión del Magistrado de grado, en cuanto dispuso la prosecución de la investigación, en éste fuero local.
El Fiscal de grado, solicitó la declaración de incompetencia en razón de la materia, de este fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Ello en tanto entendió que los hechos denunciados en autos configurarían el tipo penal de homicidio agravado, por haber sido cometido contra una mujer en contexto de violencia de género artículo 80, inciso 11 del Código Penal.
Por su parte, el Magistrado de instancia, interpretó que la decisión sería prematura, toda vez que aún no se había avanzado en la investigación, y que no se encontraba acreditado que en autos los hechos pudieran configurar ilícito penal alguno, por lo que rechazó la petición del Titular de la acción.
Ahora bien, la competencia material de la Ciudad de Buenos Aires para juzgar delitos, es propia por mandato constitucional, conforme el artículo 129 de la Constitución Nacional y el artículo 6 de la Constitucion de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no luce acertado renunciar a ella automáticamente, en favor de una justicia que, irrevocablemente, está destinada a desaparecer.
Asimismo, en pos de una mejor y más eficiente administración de la justicia local, destaco la importancia de evitar futuras contiendas negativas de competencia, siempre y cuando el trámite de la investigación pueda continuar en el fuero local sin atentar contra las garantías constitucionales del justiciable.
En consecuencia, no encuentro impedimentos constitucionales, institucionales o administrativos, que me impidan afirmar que el trámite de las actuaciones debe continuar en el fuero local. (Del voto en disidencia del Dr. Vázquez)

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto dispuso revocar la suspensión del proceso a prueba otorgado al imputado.
En el presente caso, los hechos por los cuales el proceso fue suspendido habían sido encuadrados por la fiscalía como constitutivos de los delitos de lesiones, violación de domicilio y daños, todos ellos cometidos en un contexto de violencia de género. Allí se fijan pautas de conductas que luego fueron incumplidas por el imputado por lo cual la A quo decidió revocarlo.
La Defensa ante esto presenta recurso en base a que el incumplimiento en las pautas de conductas, no se encontraba acreditado con el grado de certeza que se requiere para no violar la presunción de inocencia y la garantía del juicio previo.
Al caso que aquí nos convoca, creo poder afirmar sin duda que el suceso que motivó la intervención de este cuerpo colegiado se encuentra acreditado con el grado de convicción necesario para que la revocación resulte plausible.
En este sentido, adviértase que respaldan tal hipótesis las declaraciones de la damnificada quien ante el personal preventor y en sede policial narró, que el imputado le habría aplicado los dos cachetazos en su rostro, las vistas fotográficas en las que se observan las lesiones sufridas por la nombrada como consecuencia de esa agresión, la declaración testimonial del personal policial preventor y las actas labradas a partir de su intervención. Además, robustece el grado de probabilidad de la ocurrencia del hecho la estrecha vinculación que existe entre este suceso con aquel por el que aquí se discute la revocatoria; se trata de una “evidencia de contexto” que no puede desatenderse.
Ahora bien, corresponde es evaluar si tal suceso puede interpretarse como un incumplimiento de la pauta “mantener un trato cordial y respetuoso con la damnificada”.
Aquí, más allá de la definición o etimología de las palabras, el sentido social de las conductas como herramienta hermenéutica indica que aplicar dos cachetazos en el rostro a una persona, del modo y en las circunstancias relatadas, es todo lo opuesto a lo que dispone esa pauta de conducta; más aún, representa su transgresión por antonomasia, si nos atenemos a los motivos por los cuales le había sido impuesta y las razones que lo condujeron a ello.
Una agresión de esa naturaleza no puede más que traducirse como un menoscabo de la integridad física y psicológica de la damnificada, que reafirma y reproduce las pautas valorativas que emanan de las estructuras que conforman los sistemas patriarcales, es decir, como un acto de violencia de género.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar peticionada por el actor en el marco del presente recurso judicial de revisión contra la Resolución que dispuso su cesantía.
La cesantía del actor fue declarada con sustento, por un lado, en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12, incisos b, f, y h del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/2011, vigente a la fecha de los hechos, y aprehendidas por el artículo 74, inciso e, del mentado Convenio; y, por el otro, por haber incurrido en actos de violencia contra la mujer, conducta definida en el artículo 4° y en los tipos de esta, determinados en el artículo 5°, incisos 1 y 2 de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Ley N° 4203.
La medida segregativa fue impuesta por haber el recurrente agredido físicamente a una colega en el interior de la habitación de los choferes de ambulancia del Hospital donde se desempeñaban tirándola en una cama e intentando subírsele encima,produciéndose un forcejeo, lo que produjo varias lesiones.
De las constancias agregadas a la causa, surgiría que los argumentos sobre los cuales el demandante apoyó su pretensión cautelar serían: la insuficiencia de la prueba testimonial para verificar los hechos que se le imputaron; la ausencia de ponderación de los antecedentes obrantes en su legajo personal (concepto e inexistencia de antecedentes disciplinarios); y la falta de sentencia firme en la causa penal iniciada con motivo de los mismos acontecimientos que dieron motivo al sumario. Cabe destacar que el actor, además, sostuvo que la denunciante “mal interpretó un saludo o una broma, desvirtuándola”; que manifestó haber “sido agredida y maltratada, caratulando el hecho como ‘abuso’”; pero que se trató de “una confusa situación que derivó en una escena que no hubiera querido vivir”.
En efecto, los argumentos del accionante referidos a que los hechos fueron mal interpretados por la denunciante y que se trató de una broma, no encuentran (en términos provisionales) sustento en las constancias de la causa.
Los sucesos motivaron la denuncia de la víctima ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual; en cumplimiento de lo dispuesto por el Fiscal a cargo de la investigación, el Cuerpo Médico Forense habría examinado a la denunciante a fin de informar sobre el modo de producción y tiempo de curación de las lesiones que poseía en su cuerpo.
Cabe agregar que algunos colegas de la denunciante fueron, "prima facie", contestes en que presentaba una herida (“rayón/excoriación”) en uno de sus brazos.
Ello así, se desprende "ab initio" la existencia de aquella lesión.
Además, es preciso observar que si bien el actor negó en general el hecho imputado; en principio, no desmintió —en particular— haber cerrado la puerta con llave; y haber apagado las luces.
Solamente arguyó que no se configuró una situación de violencia y de abuso sexual, pues los hechos ocurridos habrían sido un juego, una broma.
Así las cosas, corresponde señalar que la sanción adoptada por la Administración —al menos en esta instancia cautelar— no reflejaría un accionar arbitrario en desmedro de los derechos del accionante, sino —por el contrario— se manifestaría como una decisión razonable a partir de la ponderación de las constancias obrantes en el sumario.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar peticionada por el actor en el marco del presente recurso judicial de revisión contra la Resolución que dispuso su cesantía.
La cesantía del actor fue declarada con sustento, por un lado, en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12, incisos b, f, y h del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/2011, vigente a la fecha de los hechos, y aprehendidas por el artículo 74, inciso e, del mentado Convenio; y, por el otro, por haber incurrido en actos de violencia contra la mujer, conducta definida en el artículo 4° y en los tipos de esta, determinados en el artículo 5°, incisos 1 y 2 de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Ley N° 4203.
La medida segregativa fue impuesta por haber el recurrente agredido físicamente a una colega en el interior de la habitación de los choferes de ambulancia del Hospital donde se desempeñaban tirándola en una cama e intentando subírsele encima, produciéndose un forcejeo, lo que produjo varias siguientes lesiones.
En efecto, el dictamen Fiscal advirtió que “[…] la ocurrencia de un hecho en la fecha aludida, con los agentes mencionados, no habría sido desconocida por el actor, sino que este negaría su relevancia en los términos destacados por la denunciante”.
En otras palabras, si bien el demandante habría intentado minimizar los sucesos, al menos en este estado cautelar de la causa, sus esfuerzos no resultaron suficientes para demostrar que su proceder con relación a la víctima no constituyera la falta administrativa imputada que avalara la sanción aplicada.
Así las cosas, corresponde señalar que la sanción adoptada por la Administración —al menos en esta instancia cautelar— no reflejaría un accionar arbitrario en desmedro de los derechos del accionante, sino —por el contrario— se manifestaría como una decisión razonable a partir de la ponderación de las constancias obrantes en el sumario.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar peticionada por el actor en el marco del presente recurso judicial de revisión contra la Resolución que dispuso su cesantía.
La cesantía del actor fue declarada con sustento, por un lado, en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12, incisos b, f, y h del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/2011, vigente a la fecha de los hechos, y aprehendidas por el artículo 74, inciso e, del mentado Convenio; y, por el otro, por haber incurrido en actos de violencia contra la mujer, conducta definida en el artículo 4° y en los tipos de esta, determinados en el artículo 5°, incisos 1 y 2 de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Ley N° 4203.
La medida segregativa fue impuesta por haber el recurrente agredido físicamente a una colega en el interior de la habitación de los choferes de ambulancia del Hospital donde se desempeñaban tirándola en una cama e intentando subírsele encima, produciéndose un forcejeo, lo que produjo varias siguientes lesiones.
De las constancias agregadas a la causa, surgiría que los argumentos sobre los cuales el demandante apoyó su pretensión cautelar serían: la insuficiencia de la prueba testimonial para verificar los hechos que se le imputaron; la ausencia de ponderación de los antecedentes obrantes en su legajo personal (concepto e inexistencia de antecedentes disciplinarios); y la falta de sentencia firme en la causa penal iniciada con motivo de los mismos acontecimientos que dieron motivo al sumario. Cabe destacar que el actor, además, sostuvo que la denunciante “mal interpretó un saludo o una broma, desvirtuándola”; que manifestó haber “sido agredida y maltratada, caratulando el hecho como ‘abuso’”; pero que se trató de “una confusa situación que derivó en una escena que no hubiera querido vivir”.
En efecto, el demandante cuestionó la cesantía por considerarla una decisión desproporcionada en tanto, en el acto administrativo, no se había evaluado su trayectoria y la falta de antecedentes.
Sin embargo, esa afirmación no se condice —ab initio— con las apreciaciones realizadas en la resolución impugnada donde los antecedentes del presentante habrían sido oportunamente sopesados por la Administración al aplicar la medida segregativa, más allá de la disconformidad del actor respecto de las conclusiones a las que arribó.
Por ende, dicho en términos provisionales, los planteos del actor no condicen con lo plasmado en los considerados de la sanción; no habiendo logrado el recurrente demostrar —prima facie— la desproporcionalidad que achaca a la Resolución que dispuso la cesantía que recurre.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por el actor peticionada en el marco del presente recurso judicial de revisión contra la Resolución que dispuso su cesantía.
La cesantía del actor fue declarada con sustento, por un lado, en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12, incisos b, f, y h del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/2011, vigente a la fecha de los hechos, y aprehendidas por el artículo 74, inciso e, del mentado Convenio; y, por el otro, por haber incurrido en actos de violencia contra la mujer, conducta definida en el artículo 4° y en los tipos de esta, determinados en el artículo 5°, incisos 1 y 2 de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Ley N° 4203.
La medida segregativa fue impuesta por haber el recurrente agredido físicamente a una colega en el interior de la habitación de los choferes de ambulancia del Hospital donde se desempeñaban tirándola en una cama e intentando subírsele encima, produciéndose un forcejeo, lo que produjo varias siguientes lesiones.
El actor criticó que se hubiera dispuesto su cesantía cuando la causa penal no se encontraba todavía concluida.
Sin embargo, en el marco de la causa penal iniciada por la denuncia de la víctima se condenó al demandante como coautor penalmente responsable del delito de abuso sexual, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional; (sentencia no firme atento el recurso articulado por el aquí accionante).
Debe observarse, también, que la Resolución atacada expresamente hizo referencia a aquel proceso; y, por lo tanto, como señala la señora Fiscal de Cámara en su dictamen, el accionado lo tuvo en cuenta al momento de resolver (aunque no lo hubiera entendido como una limitación para proseguir el sumario, reconocer la configuración de una falta administrativa y aplicar la sanción consecuente).
Es dable recordar, en este marco, lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley N° 471 prevé que “[l]a sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal. […] La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor o menor gravedad, luego de dictada la sentencia definitiva”.
Conforme la regla transcripta, en principio, la ausencia de sentencia penal firme no obstaría la aplicación de la cesantía ante la inobservancia de conductas administrativas previstas en el ordenamiento vigente referidas al mantenimiento de una actitud ética y correcta en el ejercicio del servicio profesional que se ejerce.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por el actor peticionada en el marco del presente recurso judicial de revisión contra la Resolución que dispuso su cesantía.
La cesantía del actor fue declarada con sustento, por un lado, en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12, incisos b, f, y h del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/2011, vigente a la fecha de los hechos, y aprehendidas por el artículo 74, inciso e, del mentado Convenio; y, por el otro, por haber incurrido en actos de violencia contra la mujer, conducta definida en el artículo 4° y en los tipos de esta, determinados en el artículo 5°, incisos 1 y 2 de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Ley N° 4203.
En efecto, se comparte con lo expuesto en el dictamen Fiscal en que no surge de autos que el derecho de defensa del actor no hubiera sido asegurado durante el procedimiento sancionador.
Esta Sala ha sostenido, en anteriores precedentes, que el peticionante de una medida cautelar no puede quedar relevado del deber de comprobación de la verosimilitud de su derecho, para lo cual debe arrimar los elementos idóneos para producir convicción en el ánimo del Tribunal sobre la apariencia de certeza o credibilidad (in re, “Stagnaro, José c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos”, Expediente N° 176/0; “C., A. A. c/ G.C.B.A. y otros s/ Amparo, Expediente Nº 8311/0, entre otros; v. también Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada).
En otras palabras, si bien es cierto que las medidas cautelares no exigen un examen de certeza respecto del derecho invocado, limitándose a la verificación de la apariencia de tal, también es verdad que —tal como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación— “[…] quien lo solicita tiene la carga de acreditar ‘prima facie’, entre otros extremos, la existencia de verosimilitud en el derecho invocado, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que la justifiquen” (CSJN, “Galera Lucas c/ Provincia de Córdoba, sentencia del 11 de marzo de 2003).

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por el actor peticionada en el marco del presente recurso judicial de revisión contra la Resolución que dispuso su cesantía.
La cesantía del actor fue declarada con sustento, por un lado, en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12, incisos b, f, y h del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/2011, vigente a la fecha de los hechos, y aprehendidas por el artículo 74, inciso e, del mentado Convenio; y, por el otro, por haber incurrido en actos de violencia contra la mujer, conducta definida en el artículo 4° y en los tipos de esta, determinados en el artículo 5°, incisos 1 y 2 de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Ley N° 4203.
En efecto, el actor no pudo justificar —en este estado inicial de la causa— la configuración de la verosimilitud del derecho.
Ante la falta de verosimilitud del planteo propuesto a conocimiento del Tribunal, resulta innecesario expedirse sobre el peligro en la demora (esta Sala, in re “Eg3 Red S.A. c/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar”, expediente Nº 5467/0; “Malacalza, Alberto c/ G.C.B.A. s/ Otros procesos incidentales”, expediente Nº 5764/1; “Máxima S.A. AFJP c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos”, expediente N° 9775/0, entre otros).
Sin perjuicio de lo manifestado, debe destacarse (solo a mayor abundamiento) que el actor no justificó ninguna circunstancia que, de modo fehaciente y evidente, demostrara la existencia de "periculum in mora".
Ello así, no se encuentra acreditada la configuración de los recaudos de procedencia de la medida cautelar requerida.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a presentar una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que incluya alojamiento, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista y brindarle a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes manteniendo los efectos de la medida cautelar de autos hasta tanto se instrumente el cumplimiento de la presente condena.
En efecto, la parte actora está constituida por una mujer de treinta y ocho (38) años, que se encuentra a cargo de sus cuatro (4) hijos de catorce (14), diez (10), diez (10) y doce (12) años.
Conforme surge del informe social acompañado en autos, la amparista ha sido víctima de violencia de género ejercida por su ex- pareja y padre de sus cuatro hijos. Al respecto, se indicó que ha sufrido agresiones de tipo verbal, psicológica y física, que la llevaron a realizar una denuncia, a raíz de la cual se dictó una medida de restricción de acercamiento.
Del referido informe se desprende que el Equipo Técnico Interdisciplinario perteneciente al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ha solicitado turnos para tratamiento psicológico para los hijos de la amparista, toda vez que “…se considera necesario que sean incorporados al ámbito terapéutico, dada la compleja y delicada situación familiar que atraviesan y que se ve reflejado en la conducta de los mismos”. En particular, respecto de una de las niñas, se requirió el otorgamiento del turno de forma urgente en virtud de “las crisis que la niña presenta en el ámbito escolar”.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a presentar una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que incluya alojamiento, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista y brindarle a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes manteniendo los efectos de la medida cautelar de autos hasta tanto se instrumente el cumplimiento de la presente condena.
En efecto, el análisis fáctico y las pruebas producidas en autos confirman que el grupo familiar se encuentra entre los grupos de personas de pobreza crítica que tienen acordado atención prioritaria en los planes de gobierno creados especialmente para superar esa condición (artículos 11, 17 y 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).
En los términos que emanan de la decisión del Tribunal Superior de Justicia adoptada en los autos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘K.M.P. c/ GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)’”, expte. nº 9205/12, con fecha 21/03/2014, la parte actora tiene derecho a que la accionada le brinde asistencia que incluya alojamiento en las condiciones previstas en la normativa mencionada en el considerando que antecede para las mujeres víctimas de violencia doméstica y/o sexual.
En efecto, a tenor de la normativa internacional, constitucional, e infraconstitucional aplicable y la interpretación que de ella han hecho los tribunales (CSJN, Fallos: 318:514, 319:1840, 321:3555, 328:2056, 330:3248, 328:3399 y 336:1024, entre otros), el derecho que asiste a la actora es a que la accionada le brinde asistencia que incluya alojamiento (Leyes Nº 1688, Nº1265 y Nº4036). Ello, de acuerdo a como esta Sala ha decidido en el precedente “M. T. G. M. c/ GCBA s/ amparo”, del 3 de noviembre de 2015, entre otros.
Ello así, a efectos de cubrir las necesidades de la parte actora, que se encontraría incluida dentro de los grupos previstos en las Leyes N°1688, Nº1265 y 4Nº036 que les asignan derecho a obtener asistencia, deberá brindarse a la parte actora la asistencia psicológica, jurídica, económica y social que le es reconocida en el sistema jurídico.

En el caso, corresponde confirmar la decisión adoptada por la Jueza de grado, en cuanto dispuso dictar la prisión preventiva del imputado.
Se le imputan al encartado, las figuras encuadradas bajo las figuras previstas en el artículo 184, inciso 1, inciso 5, artículo 89 y artículo 239 del Código Penal.
La Defensa, entendió que no se había logrado acreditar la materialidad de los hechos endilgados a su defendido, toda vez que la prueba sobre la que se sustenta la imputación resultaría insuficiente.
Sobre la imputación por daños, refirió que no se contaba con un peritaje técnico que determine la gravedad de los daños causados, sumado a que no se han secuestrado dichos elementos, ni individualizado y tampoco se aportó información relativa a la reparación de los módulos de vidrio presuntamente afectados.
Ahora bien, de las actuaciones obrantes en autos se puede colegir, con el grado de certeza propio de esta instancia del proceso, que la hipótesis Fiscal, tal como afirmó la Magistrada de grado, resulta razonable y concordante con el caudal probatorio recabado hasta el momento, y que esta etapa exige.
Consideramos que, las medidas pretendidas por la Defensa, en modo alguno obstan a la acreditación de la materialidad de los hechos, los cuales resultan suficientemente probados, en la etapa preliminar en que se halla la presente causa.
Ello así, se cuenta con cuatro grabaciones de los llamados efectuados desde la Secretaría de Inclusión Social a emergencias el día de los hechos, de las cuales surge que el aquí imputado se encontraba en un estado violento, golpeando a personas y rompiendo el mobiliario.
Asimismo, obran las declaraciones testimoniales de los preventores que se constituyeron en el lugar.
Todo ello, resulta suficiente para esta etapa procesal, a fin de tener por configurada la materialidad de los daños y la participación que le cupo al imputado en ellos, con el grado de verosimilitud necesaria para esta instancia del proceso, así como su encuadre bajo los agravantes de los incisos 1 y 5 del artículo 184 del Código Penal.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo promovida y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento ordenando además que, brinde a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes y que, hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada.
En efecto, la actora es una mujer trans que sufrió violencia física, psicológica y sexual por parte de su ex pareja que era compañero de trabajo en una organización territorial en la que se desempeñaba como operadora, así como violencia de género psicológica (con denigraciones, intimidaciones, y amenazas) y económica por parte de su ex jefe en la referida organización.
La Oficina de Violencia Domestica y de Género del Consejo de la Magistratura elaboró un informe en el que da cuenta de que la amparista se acercó al Centro de la Justicia de la Mujer y Géneros a fin de efectuar una denuncia contra su ex pareja y ex jefe.
Surge además que luego de la ruptura del vínculo, el agresor se acercó a su domicilio y la golpeó, la ahorcó y abuso sexualmente de ella en un contexto de consumo exacerbado de sustancias psicoactivas y alcohol”. Episodio que fue seguido de amenazas e insultos denigrantes y en virtud del cual, la amparista requirió de atención médica urgente dadas las lesiones que sufriera.
A la vez mencionó que cuando el agresor tomó conocimiento de la intención de la amparista de denunciar tales hechos, “la amenazó telefónicamente” diciéndole que si abría la boca la iba a pasar mal, que iban a bajar la plata de los planes y que gracias a él ella cobraba un sueldo y vivía, que luego de ello, procedió a quitarle su puesto de trabajo en la organización y darle de baja de los programas sociales de los que participaba (Potenciar Trabajo y Ticket Social).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo promovida y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento ordenando además que, brinde a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes y que, hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada.
En efecto, en el informe interdisciplinario practicado en autos se señala que “la entrevistada dio cuenta de un entramado de violencias de todo tipo perpetradas por parte de los denunciados (su ex pareja y su ex jefe), en un marco de ejercicio de poder asentado en un despliegue de masculinidad hegemónica por parte de los mismos, basado en prácticas de manipulación y correctivas, intimidaciones, amenazas, uso de la fuerza física para amedrentarla, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad psicosocial y económica”.
A partir del relato de la entrevistada, los profesionales entendieron que su historia se encontraba signada por diferentes tipos de violencia, tales como, psicológica emocional, física, económica, sexual, simbólica, y de odio por su identidad sexual.
Asimismo, dada las características de los agresores, el informe concluyó que la situación era de RIESGO ALTO en virtud de la posibilidad de que los episodios de violencia se reiteraran.
También en el informe socioambiental se da cuenta de que la actora fue víctima de abuso sexual que fue oportunamente denunciado, y por el que se le otorgó un botón anti pánico y se dispuso la restricción de acercamiento de su agresor.
En su apreciación profesional, la licenciada observò que la actora “se encuentra reponiéndose de un hecho de violencia sexual extremo, cuyo curso judicial sigue en trámite”.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo promovida y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento ordenando además que, brinde a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes y que, hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada.
En efecto, en el relato de la actora, así como en los informes acompañados, se da cuenta de que los episodios de violencia sufridos le generaron un creciente miedo, que la condujo a encerrarse en su hogar y sufrir depresión ya que recibía amenazas de muerte.
Incluso como consecuencia del miedo y la desvalorización a su persona que le genera la violencia padecida, la actora ha considerado quitarse la vida en varias oportunidades.
En ese sentido también se menciona que se encuentra realizando tratamiento psicológico y psiquiátrico y que ante episodios agudos, acude a una guardia de salud mental.
Asimismo, la amparista refirió que, desde niña, cuando ya sentía que lo que el mundo exterior percibía de su persona no coincidía con la propia percepción que tenía de ella, comenzó a sentirse denigrada y maltratada, tanto por conocidos, familiares como por la sociedad en su conjunto.
A su vez, debió alejarse de sus padres y actualmente solo de manera esporádica mantiene contacto telefónico con su madre, quien reside en otra Provincia.
En el informe social acompañado se menciona que “la identidad trans (de la entrevistada) la expone a una permanente desigualdad y exclusión social, debiendo vivenciar continuos episodios de discriminación, en especial en lo concerniente al mercado de trabajo e inmobiliario”. Agrega que la parte actora, “siendo niñe vivenció maltrato” y que desde que “transicionó también sufrió experiencias de transodio que se sostienen hasta la actualidad”.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo promovida y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento ordenando además que, brinde a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes y que, hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada.
En efecto, la actora señalo que a partir del episodio de violencia del que fue víctima se encontraba desempleada y sin ingresos a excepción de los trabajos que esporádicamente realiza relacionados con su formación vinculada al acompañamiento terapéutico de personas con movilidad reducida.
Agregó que se desarrolló laboralmente “como auxiliar terapéutico y como trabajadora sexual, aunque sostiene que este último no fue elegido por ella, sino impuesto por la falta de oportunidades, pese a que busca empleo diariamente”.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo promovida y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento ordenando además que, brinde a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes y que, hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada.
En efecto, la actora reside en una habitación de hotel cuyo canon mensual no lograba cubrir dada su falta de ingresos. En virtud de ello, al momento de la interposición de la demanda, había acumulado una deuda y había sido intimada verbalmente a abandonar el lugar en reiteradas oportunidades, lo que la colocó en una inminente situación de calle.
De acuerdo al informe social de autos, se comprueba empíricamente “que la asunción de una identidad de género distinta a la asignada al nacer Implica múltiples exclusiones” y en las que se da cuenta de las precarias condiciones de vida en las que vive la población trans dados sus obstáculos estructurales en el acceso al mercado laboral y a la riqueza.
Particularmente, destacó que la amparista está excluida del mercado laboral y que en la esfera habitacional “presenta indicadores de necesidades básicas insatisfechas” y que aún en esas condiciones habitacionales precarias, su permanencia estaba en riesgo.
Agregó que la “violencia de género sufrida por la actora no sólo imprimió marcas subjetivas y relacionales, sino que implicó el empobrecimiento material” y que “sin el ingreso del Programa "Potenciar Trabajo, no logra cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, no llega siquiera a garantizar la seguridad alimentaria”, encontrándose por debajo de la línea de la indigencia.
Concluyó señalando que la amparista “se encontraba en inminente situación de calle”, siendo “urgente una intervención en materia habitacional que supere esta emergencia”.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, confirmar la resolución de grado condenar al demandado a presentar una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que incluya alojamiento, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista y a brindarle -más allá de soluciones habitacionales- un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes.
En efecto, la actora es una mujer a cargo de su hija de nueve (9) años de edad que manifestó haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hija.
Relató que conoció al padre de su hija a sus 19 años de edad y que al poco tiempo de relación iniciaron la convivencia. Destacó que durante los nueve años que duró el vínculo sufrió violencia de género.
Indicó que situaciones de golpes y vejaciones la colocaron en un lugar de sumisión y abandono de su persona.
Señaló que con el nacimiento de su hija, las agresiones físicas mermaron por un tiempo, pero la violencia psicológica era tal que se vio obligada a abandonar su trabajo y limitarse a la crianza de la niña.
Refirió que con la ayuda y contención emocional de su tía y una de sus hermanas, logró denunciar a su agresor lo que motivó el dictado de las medidas cautelares de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento.
Sin embargo, a pesar de dichas medidas, la amparista manifestó que su ex pareja continuó hostigándola de diversas formas. Así, por ejemplo, relató que se presentaba en su domicilio en días y horarios imprevistos, le enviaba mensajes de texto amenazándola de muerte, e incluso se negó a realizar el aporte dinerario en concepto de manutención de su hija. Frente a ello, la actora se vio en la necesidad de solicitar un embargo de sueldo, lo que empeoró la situación con su ex pareja, que intensificó el hostigamiento y las agresiones.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso convertir en prisión preventiva la actual detención que se encuentra cumpliendo el imputado.
Los hechos investigados fueron encuadrados en los delitos previstos en el artículo 90 en función del artículo 92 por su remisión al artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, artículo 142 inciso 1 y 2 del Código Penal, artículo 183 y 239 del mismo cuerpo normativo, en concurso real entre sí, debiendo el imputado responder en calidad de autor.
La Defensa Oficial se agravió respecto de la valoración de los riesgos procesales efectuada por el Magistrado de grado, específicamente, la relativa a la constatación en el caso del riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Asimismo, esgrimió que la resolución en crisis se fundaba en la necesidad de aplicar el encierro preventivo por riesgo de reiteración delictiva, lo que resultaba inadmisible desde el punto de vista convencional en tanto dotaría al instituto de características propias de la pena.
En punto al examen de proporcionalidad de la medida, dijo que no se había motivado suficientemente acerca de la necesidad de la cautelar y que, en cambio, esa parte había ofrecido la aplicación de una medida menos gravosa, ya sea a través de una pulsera de geoposicionamiento o de arresto domiciliario.
Ahora bien, el concepto de proporcionalidad, indica que hay que atender a la relación que debe guardar la medida dictada con la pena que le puede ser impuesta a la persona sometida a proceso penal.
En ese sentido, la Ley Procesal establece criterios para determinar si existe la posibilidad de que el imputado, en una causa penal, intente eludir sus obligaciones en el proceso.
Así, el artículo 182, del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone que la sospecha deberá fundarse en la objetiva valoración de las circunstancias del caso, así como en los antecedentes y circunstancias personales del imputado.
Además de esta previsión genérica, la norma detalla circunstancias que “se tendrán en cuenta especialmente”.
En la presente causa, de apreciarse sólo las calificaciones legales apuntadas hasta el momento por el Judicante, la sanción a imponer será de cumplimiento efectivo, en atención a los antecedentes condenatorios que registra el imputado y que tuvieran como víctima a la damnificada.
Asimismo, el imputado registra varios episodios de desobediencia y se ha rechazado en dos oportunidades la solicitud de libertad condicional deducida por el encausado, en virtud del accionar que éste continuó desplegando contra la damnificada, lo que motivó, a su vez, una nueva extracción de testimonios para que se investigue la posible comisión del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
En consecuencia, el historial del conflicto, no sólo no cesó sino que fue "in crescendo", pese a las distintas intervenciones por parte de la justicia, y de los diversos organismos interdisciplinarios competentes en la materia.
Por todo ello, corresponde confirmar la decisión del Magistrado de grado interviniente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso convertir en prisión preventiva la actual detención que se encuentra cumpliendo el imputado.
Los hechos investigados fueron encuadrados en los delitos previstos en el artículo 90 en función del artículo 92 por su remisión al artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, artículo 142 inciso 1 y 2 del Código Penal, artículo 183 y 239 del mismo cuerpo normativo, en concurso real entre sí, debiendo el imputado responder en calidad de autor.
La Defensa Oficial se agravió respecto de la valoración de los riesgos procesales efectuada por el Magistrado de grado, específicamente, la relativa a la constatación en el caso del riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Asimismo, esgrimió que la resolución en crisis se fundaba en la necesidad de aplicar el encierro preventivo por riesgo de reiteración delictiva, lo que resultaba inadmisible desde el punto de vista convencional en tanto dotaría al instituto de características propias de la pena.
En punto al examen de proporcionalidad de la medida, dijo que no se había motivado suficientemente acerca de la necesidad de la cautelar y que, en cambio, esa parte había ofrecido la aplicación de una medida menos gravosa, ya sea a través de una pulsera de geoposicionamiento o de arresto domiciliario.
Ahora bien, en lo concerniente al peligro de entorpecimiento en el proceso (art. 183 CPPCABA), coincidimos con el Juez de grado en que dicho riesgo se halla sobradamente acreditado en el caso.
En este sentido, la permanencia en libertad del encausado o bajo el contralor de una medida alternativa distinta a la adoptada, podría frustrar el curso de la investigación e incluso, la realización del eventual debate, con motivo del amedrentamiento e intimidación hacia la damnificada, a efectos de que se desdiga o modifique sus dichos para que no lo perjudique, lo que ha ocurrido en el caso.
De este modo, a diferencia de lo postulado por la Defensa, en cuanto afirma que el día de los hechos la nombrada tenía el “dominio de la situación” y que decidía quién entraba al domicilio, aparece como un recorte de lo ocurrido a lo largo del día, en que tuvieran lugar los hechos, aislado del contexto de violencia de larga data y entrampamiento en el que ésta se hallaba sometida.
Cabe resaltar, que la damnificada posee un hijo menor de edad, el que era víctima-testigo de todas estas situaciones en forma reiterada,
En consecuencia, no existen dudas de que, la dinámica de este vínculo, el cual se halla inmerso en un círculo de violencia cíclico, en el que la víctima naturaliza las situaciones sufridas, sin tener cabal conciencia del riesgo que tal contexto implica, es susceptible de colocar en riesgo no sólo la integridad de la damnificada, sino también el normal desenvolvimiento y culminación del proceso.
Por todo ello, habremos de homologar el pronunciamiento en crisis.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso convertir en prisión preventiva la actual detención que se encuentra cumpliendo el imputado.
Los hechos investigados fueron encuadrados en los delitos previstos en el artículo 90 en función del artículo 92 por su remisión al artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, artículo 142 inciso 1 y 2 del Código Penal, artículo 183 y 239 del mismo cuerpo normativo, en concurso real entre sí, debiendo el imputado responder en calidad de autor.
La Defensa Oficial se agravió respecto de la valoración de los riesgos procesales efectuada por el Magistrado de grado, específicamente, la relativa a la constatación en el caso del riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Asimismo, esgrimió que la resolución en crisis se fundaba en la necesidad de aplicar el encierro preventivo por riesgo de reiteración delictiva, lo que resultaba inadmisible desde el punto de vista convencional en tanto dotaría al instituto de características propias de la pena.
En punto al examen de proporcionalidad de la medida, dijo que no se había motivado suficientemente acerca de la necesidad de la cautelar y que, en cambio, esa parte había ofrecido la aplicación de una medida menos gravosa, ya sea a través de una pulsera de geoposicionamiento o de arresto domiciliario.
Ahora bien, al igual que lo interpreta el Juez de grado, creemos que ninguna otra medida alternativa resultará suficiente a fin de neutralizar los riesgos procesales verificados en el presente caso, ello así, la reiteración de hechos perpetrados por el imputado, los que nunca cesaron pese a las condenas que se dictaran en su contra.
Asimismo, consideramos que no sería suficiente la imposición de una medida menos gravosa a la adoptada, si se tiene en cuenta las reiteradas inobservancias del nombrado respecto de las prohibiciones de contacto que se le impusieran en procesos anteriores, hallándose incluso bajo arresto domiciliario.
Dicha circunstancia revela de manera contundente que los riesgos procesales que sostuvo la Fiscalía, se encuentran suficientemente acreditados, por lo que la medida dictada es la adecuada para neutralizarlos y proteger la integridad de la víctima.
Vale señalar, que nuestro país ha suscripto distintos instrumentos internacionales por los que se obliga a prevenir, investigar, sancionar, erradicar y reparar la violencia contra la mujer por discriminación basada en cuestiones de género, donde cobra particular importancia el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Por lo que corresponde, confirmar la decisión adoptada por el Judicante.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, confirmar la resolución de grado, y ordenar que, asimismo, brinde a la actora asistencia psicológica, jurídica, económica y social, en los términos de las Leyes N° 4036, 1265 y 1688.
Dado que la presentación en análisis procura la tutela de diversos derechos constitucionales cuya titularidad corresponde a la actora, sus 5 hijos, 2 sobrinos y una nieta corresponde entonces emplear cierta flexibilidad en el examen de la concurrencia de requisitos de admisibilidad de la medida cautelar solicitada, a efectos de evitar que se produzca un daño luego irreparable.
En sustento de la verosimilitud del derecho se ha hecho referencia a diversos derechos de raigambre constitucional (vgr. derecho a la vivienda, a la salud, y a la dignidad de la persona humana).
Además, el caso involucra los derechos de una persona que ha sido víctima de violencia de género, por lo que merece, de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable, una protección más intensa.
En efecto, del examen liminar de la documental allegada se desprende que el grupo actor vivía en una precaria casa de difícil acceso por las particularidades del barrio y; que, además, no reunía las más mínimas condiciones de habitabilidad.
A su vez, relató que recibía permanentes amenazas sobre su integridad física y la de su grupo familiar, motivo por el cual necesitaba urgentemente mudarse a un lugar seguro para evitar más tragedias en su familia. En ese sentido, expuso que una de sus hermanas (madre de los sobrinos que están a su cargo en virtud de una guarda legal transitoria) había sido asesinada frente a su domicilio y que, si bien sus homicidas estaban detenidos, su entorno familiar residía en su mismo barrio y le propiciaba todo tipo de amenazas y agresiones. Asimismo, expresó que uno de sus hijos se había visto forzado a abandonar la escolaridad por el hostigamiento que sufría por parte de familiares de los detenidos que también asistían a su misma escuela.El Juzgado interviniente le había suministrado un botón antipánico.
En lo que respecta a su situación económica, de las constancias de la causa se desprende que percibe el Programa de Entrenamiento para el Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo asociado a una Cooperativa, la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta alimentar; que recibía apoyo alimentario por parte de la escuela y del Hogar.
Asimismo, manifestó que participaba de algunos talleres recreativos donde recibía apoyo emocional para la situación que atravesaban; y que todos los días almorzaban en el comedor de dicho establecimiento.
A su vez, cabe señalar que el grupo familiar actor no habría sido beneficiario del programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, a pesar de haberlo solicitado oportunamente.
Por otro lado, del informe socio-ambiental surge el padre de sus hijos mayores fue asesinado en las cercanías del barrio. Manifestó que sus otros hijos nacieron fruto de parejas esporádicas, y que no recibe apoyo económico ni afectivo para la crianza, de parte de los progenitores y; que el padre de otro de sus hijos también falleció hace cuatro años por una causa trágica. De lo allí expuesto, se desprende que el grupo familiar no cuenta con apoyo de otros familiares, ni con ingresos suficientes para hacer frente al costo de alojamiento y que se encontrarían en un estado de emergencia habitacional, por lo que se calificó a la situación del grupo familiar actor como de “extrema vulnerabilidad económica y social”.
Iácil resulta concluir entonces, a la luz del panorama apuntado, que las personas cuyas vidas discurren en semejantes condiciones de exclusión, deben enfrentar un obstáculo casi insalvable para poder procurarse, por sus propios medios, una vivienda digna.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado, en cuanto dispuso absolver al encausado por los hechos calificados como amenazas agravadas por el uso de arma (art. 149, bis, 1 párr. del CP), y, en consecuencia, condenar al imputado a la pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Podemos afirmar que los hechos que fueran imputados como lesiones acaecidas el 1/05/2020 y los acaecidos el 25/05/21, calificados también bajo la misma figura, concurren forma real y por lo tanto la escala sobre la que versa la pena a determinar va de los seis (6) meses a los cuatro (4) años de prisión (cf. arts. 55 y 89 agravado en virtud de lo dispuesto en el art. 92, todos ellos del CP).
Ahora bien, en cuanto a la pena impuesta por el primero de los sucesos, en principio, es importante destacar que de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del Código Penal, se desprende que el legislador ha adoptado un sistema de determinación de la pena mediante el cual describe circunstancias en forma no taxativa y sin fijar su contenido valorativo, es decir el mismo no establece si se tratan de atenuantes o agravantes.
En tal sentido, consideramos que los antecedentes condenatorios que posee el imputado pueden ser considerados como indicadores de la mayor o menor autodeterminación con que actuó el autor, por lo que resultan datos de utilidad para cuantificar el grado de culpabilidad y que la conducta anterior también podrá ser valorada en la medida en que se manifieste como un indicio de mayor o menor hostilidad al derecho y tenga relación con el hecho concreto (ZIFFER, Patricia, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Dirección BAIGUN y ZAFFARONI, T. II (comentario arts. 40 y 41), Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2002, p. 76 y 77), ello en tanto la propia ley prevé en su texto la valoración de antecedentes que se encuentren vinculados al caso al prever para determinar la pena la valoración de “...las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales…” (art. 41 CP).
Es posible advertir que el antecedente que posee el imputado es una condena por el delito lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, cometidas en perjuicio de la misma víctima que lo es en este caso, por lo que mal podía ser desatendida esta circunstancia a los efectos de merituar la pena, teniendo en cuenta su finalidad. En este orden, atento a la escala aplicable al caso, y a partir de lo expuesto, teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y culpabilidad, previstos constitucionalmente para la graduación de la sanción, entendemos que la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal resulta excesiva en tanto que se muestra como razonable imponer la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión por ambos hechos por los que el imputado resulta responsable penalmente, la cual entendemos que resulta adecuada a las leyes de la lógica y a los principios de la experiencia, contemplando tanto las circunstancias atenuantes como agravantes del caso concreto.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia por cuanto se resolvió disponer que la pena impuesta sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en el domicilio que el imputado diera como propio, y disponer que la pena impuesta sea cumplida en un establecimiento penitenciario.
Tal como fuera señalado por el representante del Ministerio Público Fiscal, de la propia letra de las disposiciones legales aplicables (art. 10 CP y 32 de la ley 24.660) se advierte rápidamente que H. U. no se encuentra en alguna situación de aquellas que se están contempladas en dicha norma.
Ello, independientemente de la causal de paternidad invocada. Aquí, vale aclarar que consideramos que el término “madre” que prevé textualmente la normativa, no excluye al padre sino que se relaciona con quien ostente y ejerza la responsabilidad parental del niño. Ello pues, la mentada norma tiene, como razón de ser de la prisión domiciliaria, el interés del niño, o de los niños involucrados en el caso, o bien de la persona con discapacidad en cuestión, y evitar que queden en una situación de desprotección, a diferencia de los restantes incisos, en los que la atención está puesta directamente en la persona del condenado (Causa n° 8614/20, “Roldan, Diego Germán S/ 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil y otros”, rta. el 27/04/20).
No obstante ello, y si bien no se encuentra debatido que el condenado realizaría aportes a sus hijos menores, lo cierto es que estos niños se encuentran al cuidado de su madre, que es ex pareja del imputado y con quien conviven.
Por este motivo, no se advierte en este caso particular que, el hecho que el imputado cumpla su condena intra muros conlleve a una situación de desprotección para los niños, o que le genere un riesgo físico o psíquico mayor que el que puede ocasionar el cumplimiento de una condena por un delito por parte de su progenitor. Sumado a esto, y en cuanto al aspecto económico, no se desconoce la precaria situación económica en la que se encuentra inmersa la familia, en la que la damnificada se encuentra actualmente viviendo en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género junto a los hijos menores. Sin embargo, dicha circunstancia no resulta suficiente para justificar la concesión de la detención domiciliaria.
Es así que entiendo que debe hacerse lugar a lo requerido por el Sr. Fiscal en este punto, lo que no implica vulnerar el interés superior del niño ni desconocer su derecho de tener a ambos padres juntos, sino y tal como se ha señalado dar cumplimiento a la letra de la ley.
En consecuencia, corresponde revocar el punto VI. de la sentencia de fecha 05/09/22 y disponer que la pena impuesta en el punto V. de dicho decisorio sea cumplida en un establecimiento penitenciario.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por la Defensa y confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió no hacer lugar a la modificación de la pauta de conducta consistente en cumplir con la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio de la denunciante.
El recurrente se agravió del rechazo ante la modificación solicitada y expresó que la decisión atacada generaba un perjuicio para su asistido, pues en razón de lo decidido, éste se encontraba impedido de visitar a parte de sus familiares, toda vez que el domicilio de su familia, al igual que la vivienda de la presunta víctima, se encontraba emplazado dentro del radio de trescientos metros establecido, para la prohibición de acercamiento.
Se investigan en la presente los delitos de daños y lesiones leves doblemente agravadas, por haber sido cometidas contra su pareja y mediante violencia de género, en los términos de los artículos 183 y 92 en función del artículo 89 y el artículo 80 incisos 1 y 11, todos del Código Penal, en un contexto de violencia de género, cuanto menos, física, psicológica, económica y patrimonial y simbólica (art. 4, 5 incisos 1, 2, 4 y 5, 6 inciso a), Ley Nº 26.485).
El imputado junto con su Defensa y la Fiscalía acordaron la suspensión del proceso a prueba por el término de doce meses.
Ahora bien, luce acertado el rechazo efectuado por el Magistrado de grado, de la petición de reducir la prohibición de acercamiento a cien metros, solicitada por la Defensa, ya que ésta medida ha sido impuesta como una medida restrictiva, en los términos del artículo 186, 187 y cctes. del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la vez, como medida de protección a la víctima, en los términos del artículo 26 inciso a) y b) de la Ley Nº 26.485.
Ello así, mediante su aplicación, la Fiscalía se abstuvo de solicitar la prisión preventiva del imputado y dispuso su libertad.
Sumado a ello, al solicitar la suspensión del proceso a prueba, el encartado fue puesto en conocimiento de los pormenores del instituto y de las reglas de conducta acordadas, las cuales dijo comprender, comprometiéndose a observarlas.
De esta manera, no puede desconocerse que el imputado en todo momento tuvo presente que el domicilio de sus familiares, al igual que el de la presunta víctima, se hallaba emplazado dentro del radio de trescientos metros al que se le impedía ingresar.
Por ello, la circunstancia de que sus familiares residieran en ese perímetro, no constituye una cuestión sobreviniente, sino que era una situación anterior y conocida por el probado, quien a pesar de dicha circunstancia, aceptó la aplicación de la mentada regla, sin expresar manifestaciones u oposiciones al respecto y luego de haber transcurrido casi la mitad del plazo de duración del instituto, el nombrado y su defensa solicitaron la modificación de esa prohibición.
Por lo que corresponde rechazar el recurso incoado y confirmar la sentencia de grado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por la Defensa y confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió no hacer lugar a la modificación de la pauta de conducta consistente en cumplir con la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio de la denunciante.
El recurrente se agravió del rechazo ante la modificación solicitada y expresó que la decisión atacada generaba un perjuicio para su asistido, pues en razón de lo decidido, éste se encontraba impedido de visitar a parte de sus familiares, toda vez que el domicilio de su familia, al igual que la vivienda de la presunta víctima, se encontraba emplazado dentro del radio de trescientos metros establecido, para la prohibición de acercamiento.
Se investigan en la presente los delitos de daños y lesiones leves doblemente agravadas, por haber sido cometidas contra su pareja y mediante violencia de género, en los términos de los artículos 183 y 92 en función del artículo 89 y el artículo 80 incisos 1 y 11, todos del Código Penal, en un contexto de violencia de género, cuanto menos, física, psicológica, económica y patrimonial y simbólica (art. 4, 5 incisos 1, 2, 4 y 5, 6 inciso a), Ley Nº 26.485).
El imputado junto con su Defensa y la Fiscalía acordaron la suspensión del proceso a prueba por el término de doce meses.
Ahora bien, cabe considerar que eventualmente, en caso de que se suscitaren circunstancias excepcionales, que pudieren afectar el cumplimiento de las pautas de conducta fijadas al inicio, cabría evaluar posibilidad de modificar las reglas de conducta acordadas.
Aún así, en el presente caso, concurren ciertas particularidades que llevan a concluir en la inconveniencia de la modificación solicitada, de conformidad con aquello que entendiera el Magistrado de grado.
En primer lugar, el probado conocía la circunstancia de que sus familiares vivían dentro del radio acordado para la prohibición de acercamiento, al momento de otorgarse el beneficio de la suspensión del proceso a prueba.
En segundo lugar, la abstención de acercarse a menos de trescientos metros del domicilio de la presunta víctima de los delitos de daño, lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra su pareja, y mediante violencia de género, luce atinada en el caso concreto, ya que ello guarda relación con el hecho materia de investigación y responde a la presunta actividad ilícita en que habría incurrido el encartado.
En conclusión, dicha pauta guarda relación con el hecho investigado, es útil en términos de prevención y opera como una medida de protección de la denunciante, ya que no solo le brinda cierta tranquilidad, además tiende a evitar que el imputado tome contacto con ella y se sucedan posibles ilícitos, volviéndose necesaria, máxime teniendo en cuenta que la presunta damnificada, cuando fuera informada de la posible modificación, expresó su desacuerdo por tenerle miedo al imputado y a la posibilidad de que se generen problemas.
Es por ello, que corresponde rechazar el recurso incoado y confirmar la resolución adoptada.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por la Defensa y confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió no hacer lugar a la modificación de la pauta de conducta consistente en cumplir con la prohibición de acercamiento a menos de trescientos metros del domicilio de la denunciante.
El recurrente se agravió del rechazo ante la modificación solicitada y expresó que la decisión atacada generaba un perjuicio para su asistido, pues en razón de lo decidido, éste se encontraba impedido de visitar a parte de sus familiares, toda vez que el domicilio de su familia, al igual que la vivienda de la presunta víctima, se encontraba emplazado dentro del radio de trescientos metros establecido, para la prohibición de acercamiento.
Se investigan en la presente los delitos de daños y lesiones leves doblemente agravadas, por haber sido cometidas contra su pareja y mediante violencia de género, en los términos de los artículos 183 y 92 en función del artículo 89 y el artículo 80 incisos 1 y 11, todos del Código Penal, en un contexto de violencia de género, cuanto menos, física, psicológica, económica y patrimonial y simbólica (art. 4, 5 incisos 1, 2, 4 y 5, 6 inciso a), Ley Nº 26.485).
El imputado junto con su Defensa y la Fiscalía acordaron la suspensión del proceso a prueba por el término de doce meses.
Ahora bien, la posible modificación de la regla de conducta discutida, conjuga ciertos derechos y deberes de los distintos actores, que vale la pena sopesar.
Claro está, rige el principio de inocencia del imputado y la necesidad de razonabilidad de los actos de los poderes públicos (artículos 1, 18, 28 y 75 inciso 22 CN; y, artículos 1, 10 y 13 inciso 3 CCABA), conforme enunciara la Defensa, a los que habría que agregar también el derecho de toda persona de transitar libremente por el territorio nacional (art. 14 CN).
La pauta de conducta que nos ocupa, constituye una limitación temporal, impuesta por la autoridad judicial, en el marco de un instituto que, tal como indica su denominación, vino a suspender el proceso a prueba, cuyas reglas fueron aceptadas y consentidas por el beneficiario del instituto.
En conclusión, modificar la regla de conducta cuestionada en el sentido de reducir la prohibición de acercamiento de trescientos a cien metros, conforme lo solicitado por la defensa, no resulta atinado, ya que aquello que se pretendió lograr con la restricción, no se lograría salvaguardar en caso de reducir el radio de exclusión, como ser evitar que el imputado pueda llegar a encontrarse con la denunciante.
De esta manera, es posible concluir que le asiste razón al Magistrado de primera instancia, y por ello, corresponde rechazar el recurso incoado por la Defensa.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por la Defensa y confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió no hacer lugar a la modificación de la pauta de conducta consistente en cumplir con la prohibición de acercamiento a menos de trescientos metros del domicilio de la denunciante.
El recurrente se agravió del rechazo ante la modificación solicitada y expresó que la decisión atacada generaba un perjuicio para su asistido, pues en razón de lo decidido, éste se encontraba impedido de visitar a parte de sus familiares, toda vez que el domicilio de su familia, al igual que la vivienda de la presunta víctima, se encontraba emplazado dentro del radio de trescientos metros establecido, para la prohibición de acercamiento.
Se investigan en la presente los delitos de daños y lesiones leves doblemente agravadas, por haber sido cometidas contra su pareja y mediante violencia de género, en los términos de los artículos 183 y 92 en función del artículo 89 y el artículo 80 incisos 1 y 11, todos del Código Penal, en un contexto de violencia de género, cuanto menos, física, psicológica, económica y patrimonial y simbólica (art. 4, 5 incisos 1, 2, 4 y 5, 6 inciso a), Ley Nº 26.485).
El imputado junto con su Defensa y la Fiscalía acordaron la suspensión del proceso a prueba por el término de doce meses.
Ahora bien, en los hechos, el cumplimiento de la regla bajo análisis importa un esfuerzo por parte del imputado, pues la abstención de ingresar a un radio de trescientos metros del domicilio de la presunta damnificada, lo priva a su vez, de la posibilidad de concurrir al domicilio de sus familiares, por el término de duración del instituto.
Asimismo, se encuentra en pugna el derecho de la presunta víctima, de vivir una vida libre de violencia y el derecho a la libertad y a la seguridad personales (art. 3 y 4 de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Belém do Pará-, ratificada mediante la Ley Nacional N° 24.632), como así también, el deber asumido por el Estado argentino, de obrar con debida diligencia.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la denunciante, ha manifestado temor frente a la posibilidad de que el encartado pueda circular en las inmediaciones de su vivienda, al tiempo que además, ella no cuenta con la posibilidad de evitar circular por la mentada zona,ni sería razonable exigírselo, pues precisamente reside en ese lugar, la necesidad invocada por el encartado y su Defensa, que fundaría la necesidad de reducir el perímetro de exclusión a cien metros, obedece a la pretensión de visitar a su familia en su lugar de residencia, podría solucionarse haciéndose efectiva en otro sitio, por lo que no se advierte que la prohibición establecida sea capaz de generar un perjuicio insuperable o injusto para el encartado.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
En el presente caso, se discute sobre los derechos de un grupo familiar de estructura monoparental conformado por una mujer de cincuenta y un años, que se encuentra separada de los progenitores de sus hijos y a cargo de uno de ellos, que al momento de la interposición de la presente acción era menor de edad, pero adquirió la mayoría de edad, y se presentó a estar a derecho adhiriendo a la demanda de su madre con quien continúa viviendo y estando a cargo.
Según surge de los informes acompañados en autos la actora se encuentra excluida del mercado formal de empleo y carece de ingresos suficientes para cubrir las necesidades mínimas y fundamentales del grupo familiar.
Al respecto se señala que la amparista realiza actividades de limpieza, de manera esporádica, por lo que sus ingresos económicos son insuficientes y fluctuantes. Sus ingresos fijos provienen del Programa para Atención a Familias en Situación de Calle al que ingresó como consecuencia de la medida cautelar dictada en autos y de la Asignación Universal por Hijo.
Sin embargo esos ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas del grupo familiar, en particular si se tiene en cuenta que por la habitación del hotel en el que residen deben abonar veintiún mil pesos ($21.000) en concepto de alquiler.
Respecto a la salud del grupo actor, el hijo no reporta problemáticas, pero a la actora le diagnosticaron COVID 19 y neumonía en diciembre de 2021, y en agosto del 2022 continuaba con severas secuelas, por lo que se realizaba diversos estudios médicos y seguimiento en el hospital Rivadavia, que según manifestó le implicaba “postergar en reiteradas oportunidades sus horas de trabajo, que le generan ingresos”.
Por otro lado, cabe mencionar que el hijo se encontraba cursando cuarto año del secundario.
Finalmente es preciso destacar que del informe elaborado por la Secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la CABA, surge que la amparista fue “víctima de violencia de género en su modalidad económica patrimonial” por parte de ex parejas, padres de sus hijos, y que entre 2014 y 2017 mantuvo una relación de pareja que estuvo signada por situaciones de violencia física y psicológica que se fueron agravando con el transcurso de los años, debiendo la amparista radicar la denuncia correspondiente y obtuvo una medida cautelar de restricción perimetral.
En el referido informe se da cuenta de que, tras años de trabajos informales e inestabilidad económica, hacia el 2004, la actora -quien no concluyó sus estudios secundarios- había mejorado su situación y logrado, durante un lapso de diez (10) años, cubrir la totalidad de las necesidades de su familia y llevar una vida más digna.
El informe destaca que las situaciones de violencia de género experimentadas por la actora "han producido múltiples daños en su recorrido vital. Específicamente en materia económica y laboral, la violencia ejercida por parte de sus dos primeras parejas produjo un cercenamiento de sus posibilidades de empleo y desarrollo personal. Debió atravesar múltiples carencias y realizar esfuerzos desmedidos para solventar gastos y cuidado para sus hijos. El daño económico acaecido tras escapar de su última pareja y la pérdida de sus (pertenencias) fue imprevisto tanto como impactante, dejando a la consultante en situación de calle."
En ese estado,—en el contexto del decretado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio— la Dirección de Orientación al Habitante del Ministerio Público de la Defensa requirió a la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, la incorporación del grupo familiar al programa de “Atención a Familias en Situación de Calle”, en virtud de la inminente situación de calle en la que se encontraba el grupo familiar; solicitud que no obtuvo respuesta positiva.
Mención especial merece la situación de violencia a la que refiere la parte actora, pues corresponde que sea analizada con perspectiva de género como contexto de aplicación del marco regulatorio específico.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
De la prueba anejada y de lo dicho se advierte que el grupo actor se halla en una situación de vulnerabilidad social y de exclusión estructural de la que difícilmente pueda salir y que probablemente puede agravarse con el transcurso de tiempo si se tiene en cuenta, en particular, que se trata de un grupo familiar monoparental con jefatura femenina, la situación de violencia y riesgo descripta, que la amparista no cuenta con empleo formal remunerado, ni con recursos suficientes para revertir la problemática habitacional. Tales circunstancias, analizadas en el caso con perspectiva de género, refuerzan la necesidad de protección, pues tal como lo he dicho, la asistencia brindada por la demandada debe coadyuvar a la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas.
En el contexto referido, se configura un supuesto de protección en los términos de la Ley N° 4036 – que debe ser “permanente” en el tiempo y en suficiencia, respecto de todas las personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
Ello así, pues entiendo que la Ley N° 4036 debe interpretarse a partir de sus principios rectores, esto es, la “protección integral de los derechos sociales” respecto de los “ciudadanos de la Ciudad” y priorizando el acceso de las personas en “estado de vulnerabilidad social y/o emergencia” (art. 1º).
Por eso, deseo resaltar que la citada norma no está, pues –según mi criterio- destinada sólo a determinados grupos sociales (niños, niñas y adolescentes –arts. 13 a 15-; personas con discapacidad o enfermedades incapacitantes–arts. 22 a 25-; mujeres –arts. 19 a 21- y adultos mayores de 60 años -arts. 16 y 17-, etc.). En efecto, si se analizan sus términos (en particular, a partir del principio "pro homine") se observa que el universo está definido por el género compuesto por las personas en estado de vulnerabilidad social –art. 6°– y no grupos específicos.
Ahora bien, cabe señalar que el derecho a un “alojamiento” a favor del grupo de personas definido como beneficiarios de una tutela especial por su estado de vulnerabilidad, tal como fue expuesto, implica otorgar una protección “permanente” en el tiempo y en “suficiencia”, como así también el reconocimiento a la “estabilidad”, es decir, el derecho a asentarse o establecerse de modo definitivo en un lugar.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
La posición del Gobierno local supone que una resolución como la de autos extralimita las atribuciones judiciales y, por tanto, transgrede el principio de división de poderes.
Es oportuno precisar entonces por qué –contrariamente a lo postulado por la demandada– esta decisión puede ser adoptada por el tribunal sin exorbitar sus funciones.
En suma, el principio de separación no implica que la actividad de los distintos poderes se desarrolle sin diálogo y de modo inconexo. En este sentido, la Corte Suprema ha sostenido que “la articulación conjunta de las diversas herramientas se plasma en el marco del principio de colaboración sin interferencias que debe guiar la relación entre los distintos poderes del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo” (Fallos 339:1077).
En nuestro marco constitucional, el diseño e implementación de las políticas públicas incumbe centralmente a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Estos poderes cuentan, además, con la legitimidad que proviene del sufragio directo. Ello marca una diferencia central con la posición de los jueces, quienes integramos un poder que puede describirse, como lo hace cierta literatura jurídica, como “contramayoritario”.
Tales circunstancias justifican la prudencia que debe guiar la labor del juez cuando ejerce su escrutinio sobre los términos en que las otras ramas del gobierno planifican y ejecutan las políticas públicas por razón de su legitimidad.
Sin embargo, este aspecto es sólo uno de los que informan el rol judicial.
También es cierto que, a través de los representantes elegidos democráticamente, nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado un importante conjunto de derechos y, además, les ha reconocido jerarquía constitucional. Ello ha importado asumir, en consecuencia, las respectivas obligaciones convencionales de respeto y garantía (reflejadas, por caso, en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 2 del PIDESC).
Asimismo, debe tenerse en cuenta que esos derechos son operativos y exigibles; y que éstos –en particular, los derechos sociales, como ocurre en el presente caso– requieren para su satisfacción prestaciones a cargo del Estado. En este sentido, me remito a las conclusiones del informe que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas publicó sobre la situación en la Argentina (“Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina”, del 12 de octubre de 2018, disponible en www.acnudh.org).
Pues bien, el juez debe intervenir cuando, en el marco de un caso concreto, se plantea esta discordancia entre lo que sucede efectivamente (hechos) y aquello que prescribe la ley (supuestos de hecho).

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
Los déficits que presenta la respuesta estatal a situaciones de vulnerabilidad como la aquí considerada es pertinente, habida cuenta de que el GCBA postula que el alcance de su obligación se encuentra definido por los programas sociales vigentes.
La grave problemática que se advierte en la implementación de políticas de vivienda adecuadas, difícilmente pueda ser superada, exclusivamente, a partir de pronunciamientos judiciales.
Por otro lado, no es posible soslayar las dificultades que supone acceder a la justicia para los grupos vulnerables. Como se consigna en la Exposición de Motivos de las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, “[s]i bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio".
Por otro lado, la tutela judicial llega de ordinario cuando el derecho ya está siendo vulnerado, pese a que el Estado debe intervenir oportunamente a fin de evitar que la afectación se vea consumada.
Asimismo, aun en los casos en que el derecho es reconocido judicialmente, es habitual que se presenten dificultades en el marco de la ejecución de las sentencias.
En los procesos en que la sentencia definitiva contempla una obligación específica (por ejemplo, abonar una suma de dinero determinada en concepto de indemnización), la conducta concreta exigible al demandado se encuentra establecida en el pronunciamiento judicial. Ello, en principio, excluye la posibilidad de debate acerca de qué conductas debe desplegar el obligado para dar cumplimiento a la manda judicial. En casos como el presente, sin embargo, lo que debe hacer el GCBA es brindar una solución habitacional, de modo que la demandada dispone de distintas alternativas para satisfacer el derecho conculcado.
El medio habitualmente escogido es una prestación económica que permita a la parte actora abonar un alojamiento. Sin embargo, los montos que se ordena pagar al GCBA para hacer frente al costo de la vivienda pueden con el tiempo resultar insuficientes a raíz de la evolución de los precios por razones económicas y especulativas.
Es de prever que, frente a las cambiantes circunstancias, se susciten discrepancias entre las partes en punto al alcance preciso de la obligación estatal; cuestiones que, en definitiva, habrán de ser dirimidas por el tribunal. No es difícil advertir los inconvenientes que esto presenta para las personas vulnerables. Por un lado, el hecho de que el conflicto continúe en esta órbita los obliga a acudir a sus letrados para instar la intervención judicial frente a cada nueva desavenencia con la administración. Por otro lado, el trámite procesal dificulta la obtención de una respuesta rápida pese a que el derecho ya ha sido reconocido mediante una sentencia.
No obstante estas dificultades, lo cierto es que, ante la falta de una respuesta adecuada por parte de la Administración, corresponde al Poder Judicial garantizar el derecho a la vivienda de la parte actora.
En síntesis y más allá de los déficits de las políticas públicas sobre vivienda, se impone al tribunal el deber de tutelar el derecho conculcado.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
Teniendo en cuenta la protección integral prevista en el marco normativo aplicable a favor de las personas que, como en el presente, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, desde un enfoque con perspectiva de género corresponde el otorgamiento de prestaciones reparadoras que coadyuven a la construcción de respuestas judiciales superadoras de dicha situación.
Máxime si se pondera que la violencia sufrida puede causar en las víctimas secuelas profundas sostenidas en el tiempo que dificultan la posibilidad de revertir la situación de pobreza, vulnerabilidad, asimetría y discriminación estructural que padecen, por lo que se requiere de mecanismos institucionales integrales de protección que incluyan medidas tendientes a superar las dificultades en el ejercicio pleno de sus derechos.
En suma, corresponde que se garanticen a la parte actora las prestaciones materiales, técnicas y económicas necesarias para que supere la situación de vulnerabilidad social (conf. art. 21 de la ley 4036).
En ese escenario, resulta pertinente reiterar que cuando se discute el umbral mínimo de los derechos, existe la consecuente obligación estatal de asegurar su satisfacción al menos en ese nivel esencial. En efecto, son necesarias, prestaciones estatales dirigidas a materializar condiciones básicas que permitan la realización de la autonomía personal, más allá del modo en que las personas decidan ejercer dicha autonomía.
En consecuencia, el GCBA también deberá brindar asistencia psíquica, jurídica, económica y social (sin perjuicio de las restantes modalidades de asistencia previstas en el art. 2.c y 16 de la ley 1688, ley 4036 y ley 1265).
En ese aspecto, póngase en conocimiento de la amparista que también tiene a disposición los servicios que se brindan en el Centro de Justicia de la Mujer del CMCABA, en el que puede requerir la intervención pertinente de las distintas áreas especializadas en el abordaje, acompañamiento y asistencia a mujeres que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
Teniendo en consideración la situación de exclusión estructural en que se encuentran los amparistas, cabe precisar que la obligación del Estado de garantizar a los sectores más desventajados el derecho a la vivienda, incluye el seguimiento socioambiental y el deber de generar espacios de orientación y asesoramiento conducentes para la superación de las condiciones de vulnerabilidad y emergencia.
Al respecto, la Disposición N° DI-2023-476-GCABA-DGAII —reglamentaria del Decreto N° 690/06 y modificatorios— creó el Equipo de Monitoreo e Inclusión de la persona titular del beneficio del Programa Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional, entre cuyas funciones se encuentran las de “[a]sesorar y orientar, cuando fuera solicitado por el beneficiario, sobre alternativas habitacionales a fin de superar la emergencia. c) Verificar las condiciones socioeconómicas y habitacionales de las personas titulares del beneficio, que dieron origen al apoyo económico […]. d) Realizar derivaciones a otros programas, elaborar los informes técnicos que le sean solicitados y colaborar con el correcto funcionamiento del Programa, asentando y comunicando cualquier observación que considere menester. […] f) Seguimiento y evaluación, se realizará a través de la actualización del legajo administrativo, en la cual se volcará los datos demográficos, socioeconómicos, sanitarios y educativos pertinentes. [...]” (cfr. art. 3).
En consecuencia, corresponde que el GCBA, mediante la intervención que considere pertinente, brinde a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular, y en su caso, espacios de orientación y/o asesoramiento, capacitación y formación para la búsqueda de soluciones estables y permanentes.
Por lo expuesto, considerando el ordenamiento jurídico vigente en la materia en su totalidad e interpretándolo armónicamente, corresponderá revocar la inconstitucionalidad declarada.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
La pretensión de la parte actora es que se reconozcan y garanticen sus derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado y, en definitiva, a la dignidad.
Cabe señalarse que la problemática de la violencia contra las mujeres abarca una dimensión transversal, proyectando su impacto a largo plazo sobre todos los ámbitos de la vida, entre ellos la integridad física, la salud, la alimentación, vivienda, además de la afectación a sus hijas e hijos.
En esa senda y en relación con los demás derechos debatidos en autos, es de destacarse la reglamentación del artículo 5° inciso 4 c) del Decreto reglamentario N° 1011/2010, en cuanto establece que “[e]n los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y éstos/as vivan con ellas, las necesidades de los/as menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna”.
Asimismo, existen distintos factores que agravan la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres. Desde un enfoque de interseccionalidad, podemos advertir la evidente relación entre género y pobreza la cual queda en descubierta a través de la violencia de género: “A esta relación se la conoce como ‘la feminización de la pobreza’. La violencia forma parte del análisis de la pobreza desde la perspectiva del género, al ser considerada un factor que inhabilita a las personas para gozar de autonomía en la medida que dificulta el acceso de las mujeres al mercado de trabajo”. (Famá, María Victoria y Herrera Marisa, Tensiones en el derecho de familia desde la perspectiva de género: algunas propuestas, basada en la ponencia titulada “La perspectiva de género en el Derecho de Familia o cómo el Derecho de Familia silencia al género”, presentada en el XIV Congreso Internacional de Derecho de Familia, celebrado en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, del 23 al 27 de octubre de 2006).
En este punto, me gustaría destacar el rol de los jueces como una herramienta valiosa para la construcción de un derecho más equitativo.
Así, el título destinado a Políticas Públicas de la Ley 26.485, establece que los tres poderes del Estado deben adoptar las medidas necesarias y ratificar en sus actuaciones el respeto del derecho a la igualdad entre mujeres y varones, para lo que deberán garantizar, entre otros, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándose el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz a los servicios creados con ese fin, así como realizar todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención de Belem do Pará.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
El análisis fáctico y las pruebas producidas en autos confirman que los amparistas se encuentran entre los grupos de personas de pobreza crítica que tienen acordado atención prioritaria en los planes de gobierno creados especialmente para superar esa condición (arts. 11, 17 y 31 CCABA).
Así, el grupo actor tiene derecho a que la accionada le brinde asistencia que incluya alojamiento en las condiciones previstas en la normativa mencionada en el considerando que antecede para las mujeres víctimas de violencia doméstica y/o sexual.
En efecto, a tenor de la normativa internacional, constitucional, e infraconstitucional aplicable y la interpretación que de ella han hecho los tribunales (CSJN, Fallos: 318:514, 319:1840, 321:3555, 328:2056, 330:3248, 328:3399 y 336:1024, entre otros), el derecho que asiste a la actora es a que la accionada le brinde asistencia que incluya alojamiento (leyes nº 2952 y Nº 1688). Ello, de acuerdo a como esta Sala ha decidido en el precedente “M. T. G. M. c/ GCBA s/ amparo”, del 3 de noviembre de 2015, entre otros.
Entonces, a partir de las circunstancias fácticas, a efectos de cubrir las necesidades de la actora, que se encontraría incluida dentro de los grupos previstos en las Leyes N° 1688, 1265 y 4036 que les asignan derecho a obtener asistencia, deberá brindarse a la parte actora la asistencia psicológica, jurídica, económica y social que le es reconocida en el sistema jurídico.
Ahora bien, al administrar justicia el juez no debe soslayar la voluntad legislativa y, aunque no es menos cierto que debería existir una verdadera política pública en la materia que permitiese dar soluciones integrales a las personas en situación de vulnerabilidad, no está en discusión que al GCBA corresponde el rol de garante de la satisfacción de los derechos de los grupos desaventajados. Pues bien, “ser garante no implica relevar al sujeto en sus decisiones y actuaciones, sino aportar los medios para que pueda decidir y actuar del mejor modo posible, desenvolver sus potencialidades y cumplir su destino. Se garantiza el goce y ejercicio del derecho y la libertad, a través de abstenciones y prestaciones” (Corte IDH, “Ximenes Lopes vs. Brasil”).
Así, corresponde ordenar al GCBA que presente ante el juzgado de origen una solución para atender el derecho del aquí actor que reúna las condiciones adecuadas a la situación de vulnerabilidad denunciada.
Esta decisión que debe adoptar la Administración en orden a satisfacer el derecho reclamado no puede soslayar las circunstancias que rodean la situación de quien reclama.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
En este aspecto, es preciso agregar que la obligación de asistencia del Gobierno de la Ciudad consiste en llevar adelante acciones que garanticen el desarrollo integral de la persona de que se trate. Es decir, el énfasis ha de ubicarse en la coordinación de medidas positivas mediante las cuales sean mejorados, o cuanto menos se intente mejorar, concretamente aquellos factores que acrecientan o determinan la situación de vulnerabilidad en el caso concreto.
De modo que la Administración no puede desentenderse de la necesidad de generar espacios de orientación y/o asesoramiento con el fin de lograr que, en su materialización, las respuestas generen más allá de soluciones habitacionales, los mecanismos necesarios para favorecer la generación de posibilidades de auto-sustento, como ser la inserción laboral o bien, la capacitación y formación.
Hasta tanto se provea un alojamiento al actor, los efectos de la medida cautelar dictada en autos deberán ser otorgados de manera suficiente, de forma tal que resulte adecuada a la situación de la parte actora.
Asimismo, póngase en conocimiento de la amparista que también tiene a disposición los servicios que se brindan en el Centro de Justicia de la Mujer del CMCABA, en el que puede requerirse la intervención pertinente de las distintas áreas especializadas en el abordaje y acompañamiento a mujeres que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia.
Por lo expuesto en los considerandos que anteceden, considerando el ordenamiento jurídico vigente en la materia en su totalidad e interpretándolo armónicamente, corresponderá revocar la inconstitucionalidad declarada.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
En términos generales, los derechos invocados en el escrito inicial son frecuentemente denominados por la jurisprudencia, la doctrina y los órganos de protección internacional de los Derechos Humanos como “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales".
A su vez, en el caso de autos, la argumentación desarrollada por la amparista en sustento de su pretensión, adquiere especial volumen al impugnar la conducta estatal que –según se afirma– ha derivado en la vulneración del derecho constitucional a una vivienda digna.
Se trata, ciertamente, de una pretensión plausible, por cuanto persigue la protección de un derecho expresamente reconocido por nuestra organización constitucional, en virtud de su reconocida incidencia fundamental en la generación de las condiciones necesarias para alcanzar la justicia social y el bienestar general.
En el caso de autos, los estándares y criterios que se vienen desarrollando a efectos de interpretar y definir el alcance y contenido del derecho a la vivienda, deben complementarse, a su vez, con la consideración de la obligación convencional y constitucional que exige evaluar las medidas destinadas a asegurar la operatividad y vigencia de los derechos con perspectiva de género. Ello así, por cuanto –como se viene diciendo– la amparista ha sido víctima de violencia de género.
En este sentido, no puede soslayarse que el acceso a la vivienda cumple un rol fundamental para la protección y prevención de la violencia de género.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
El grupo familiar actor es de estructura monoparental de jefatura femenina conformado por una mujer de cincuenta años, que se encuentra separada de los progenitores de sus hijos y a cargo de uno de ellos, que al momento de la interposición de la presente acción era menor de edad, pero cuando adquirió la mayoría de edad, se presentó a estar a derecho.
Según surge del informe elaborado por la Secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la CABA la historia de vida de la amparista está signada por la precariedad, la informalidad laboral y la violencia ejercida por parte de su ex pareja. Se encuentra excluida del mercado formal de empleo y carece de ingresos suficientes para cubrir las necesidades mínimas y fundamentales de su grupo familiar conviviente.
Le diagnosticaron COVID 19 y neumonía en diciembre de 2021, y en agosto del 2022 continuaba con severas secuelas, por lo que se realizaba diversos estudios médicos y seguimiento en el hospital Rivadavia, por lo que ha debido “postergar en reiteradas oportunidades sus horas de trabajo, que le generan ingresos".
En ese contexto, las situaciones de violencia de género experimentadas han producido múltiples daños en su recorrido vital, en materia económica y laboral, la violencia ejercida por parte de sus dos primeras parejas produjo un cercenamiento de sus posibilidades de empleo y desarrollo personal.
En ese contexto, la Dirección de Orientación al Habitante del Ministerio Público de la Defensa requirió a la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, la incorporación del grupo familiar al programa de “Atención a Familias en Situación de Calle”, en virtud de la inminente situación de calle en la que se encontraban. Sin embargo, tal solicitud no obtuvo respuesta positiva.
Así surge que pese a la situación de emergencia habitacional que atravesaba la actora y su hijo, el Estado local no adoptó ningún curso de acción tendiente a brindarles asistencia y protección habitacional. Tampoco habría actuado en modo alguno para posibilitar su reinserción social, a través de medidas de orientación o capacitación eficientes.
Como es evidente a la luz de los hechos descriptos, la amparista pertenece a este grupo vulnerable, que en su gran mayoría no está constituido por sujetos antisociales o marginales, sino por personas excluidas del sistema económico formal.
El escenario social hasta aquí descripto evidencia con claridad que la situación de emergencia que atraviesan la actora y su hijo es tan sólo un caso particular, que testimonia en términos más generales la trágica realidad social imperante en la Ciudad y que, de acuerdo con lo explicado, el Gobierno está obligado a modificar.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
La condena no puede consistir en simplemente ordenar al Gobierno local el pago de una prestación pecuniaria, por cuanto ello no permite, por sí mismo, alcanzar una solución habitacional definitiva para los accionantes.
Por el contrario, tratándose de un grupo familiar que integra los “grupos vulnerables” contemplados en los artículos 17 y 31 de la CCABA y en las Leyes N° 3706 y 4036 (y, que, entonces, tiene prioridad en la asignación de la asistencia estatal), y además haber padecido episodios de violencia de género, el Gobierno de la Ciudad debe hacer algo más que simplemente entregar una suma de dinero mensual.
Entonces, en primer lugar, las autoridades estatales tienen que asegurar, de manera inmediata, el acceso a un alojamiento digno y adecuado a la actora y a su hijo (conf. arts. 19 a 21 de la Ley 4036 y art. 2 de la Ley Nº 1688). La elección de los medios a implementar para cumplir con esta orden corresponde, de acuerdo con las pautas de intervención antes descriptas, al Poder Ejecutivo. El pago de un subsidio habitacional podría resultar a esos efectos adecuada sólo si el monto entregado fuera suficiente para solventar sus necesidades habitacionales concretas, de acuerdo con los valores actuales del mercado inmobiliario.
Por el otro lado, el GCBA debe generar las condiciones idóneas para que la familia receptora de la ayuda gubernamental pueda, en el futuro, superar la situación de emergencia en que se encuentra. Para ello resulta imprescindible que los diversos equipos de asistencia social dependientes del GCBA lleven a cabo un abordaje multidisciplinario de su problemática social particular a través del asesoramiento, orientación, apoyo y capacitación con el fin de lograr que, en su materialización, las respuestas produzcan más allá de soluciones habitacionales, los mecanismos necesarios para favorecer la generación de posibilidades de auto-sustento, como ser la inserción laboral o bien, la capacitación y formación.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
Las deficiencias advertidas no sólo en esta causa, sino también en las diversas decisiones jurisdiccionales e informes especializados que han sido relevados para resolver el conflicto planteado (entre ellas, la sentencia de la Corte Suprema en la causa “Q.S.”) y que evidencian el fracaso de las políticas desarrolladas a través de los planes habitacionales vigentes, la condena a imponer al GCBA también debe incluir una exhortación a evaluar la urgente implementación de programas o políticas alternativas en materia de vivienda, que haciendo una utilización más racional y eficiente de los recursos presupuestarios, propenda a instrumentar soluciones habitacionales definitivas para los grupos vulnerables.
Si bien el diseño y materialización de estas políticas excede la competencia de los jueces, de todos modos no es posible soslayar que ya existen en el ámbito de la Ciudad diversas normas en las cuales la Legislatura ha fijado las bases para la implementación de planes concretos en materia de vivienda, que – lamentablemente– no han sido nunca puestos en práctica, o bien –a lo largo del tiempo– han sido discontinuados.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la situación de violencia de género de la que fuera víctima la actora la afecta en todos los aspectos de su plan de vida, y en consecuencia la hace merecedora de una protección integral de la cual, la asistencia habitacional es solo un aspecto.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada que el monto otorgado resulte suficiente a fin de alcanzar la protección aquí reconocida. Revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de grado.
Las constancias relevadas, la normativa considerada y la jurisprudencia consultada son concordantes en determinar que el Gobierno no ha puesto en práctica ningún curso de acción dirigido a conjurar el comprobado sufrimiento de la amparista.
Entonces, la condena que habrá de imponerse debe, al menos, tratar de modificar esta situación. Porque, aunque la realidad demuestra que el sufrimiento que genera la exclusión social no puede ser totalmente eliminado, una genuina democracia social –cuyos principios estructurales rechazan las desventajas selectivas– tiene que aspirar a que, a través del accionar estatal, éste pueda ser al menos aliviado.
Sobre todo cuando, consideradas las posibilidades reales de actuación de los poderes públicos, la persistencia de la situación de padecimiento se presenta como injustificada.
Por lo expuesto en los considerandos que anteceden, considerando el ordenamiento jurídico vigente en la materia en su totalidad e interpretándolo armónicamente, corresponderá revocar la inconstitucionalidad declarada.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, y en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia en los términos previstos en las normas aplicables, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada en autos.
En el presente caso, se discute sobre los derechos de un grupo familiar conformado por la actora de 40 años (al inicio) y su hija menor de edad, que se encuentra a su cargo.
Cabe aclarar que la otra hija de la amparista desistió de la presente acción de amparo en virtud de haber alcanzado la mayoría de edad y encontrarse residiendo con su padre.
Con respecto a la trayectoria vital de la amparista, se destaca que debido a problemas familiares debió comenzar a trabajar a sus dieciséis años, por lo que no logró completar sus estudios secundarios, y que alcanzada la mayoría de edad –ante una relación conflictiva con su madre– dejó el hogar familiar y comenzó a alquilar habitaciones de hoteles familiares o departamentos.
La actora manifestó encontrarse separada de los progenitores de sus dos hijas y padecer, desde el año 2006, una enfermedad en el pulmón, consecuencia de un derrame pleural que sufriera en el último trimestre de su último embarazo, que le impide trabajar normalmente como solía hacerlo.
En ese sentido, refirió que, trabajaba limpiando casas de familia. Agregó que ante su falta de ingresos, en agosto del 2009, había quedado en la calle con sus dos hijas, y que si bien mediante la asistencia del Hospital Casa Cuna, había comenzado a percibir un subsidio por parte del GCBA, ese pago se había interrumpido, y al interponer la presente acción se encontraba nuevamente en inminente situación de calle, ya que ante la falta de pago del alquiler, el dueño del hotel donde vivía con sus hijas la amenazaba con desalojarla. Además, indica que transitó un período de convivencia con su madre, quien falleció en el año 2021, con el objetivo de colaborar con ella dado que padecía leucemia y se encontraba bajo tratamiento. Sin embargo, manifiesta que allí vivenció episodios de maltrato y violencia psicológica constante contra una de sus hijas, por lo que decidió abandonar la vivienda.
Así, la amparista fue incorporada al Programa de Familias en Situación de Calle como consecuencia de la medida cautelar.
Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la acción, es preciso analizar si perdura en la actualidad, la situación de vulnerabilidad del grupo familiar actor que motivó la interposición de esta acción.
Al respecto, de las constancias incorporadas a la causa surge que, hasta el principio de la pandemia la actora tenía su propio local de venta de artículos de higiene y limpieza en el barrio de la boca, que debió cerrar por las medidas de aislamiento, y desde entonces se encuentra desocupada, realizando trabajos ocasionales, de manera informal, en limpieza o cuidado de niños/as, y vendiendo productos de limpieza para algunos de sus anteriores clientes.
En los informes referidos, se señala que los ingresos del grupo familiar provienen básicamente de la ayuda estatal.
Actualmente, el grupo familiar reside en un hotel ubicado en la Ciudad.
En lo que concierne al estado de salud de la amparista y su hija, se destaca que la Sra. M. tuvo tuberculosis en el año 2020 y luego se contagió de COVID, quedándole como secuela de tales afecciones, cansancio, fatiga y falta de aire, que le dificultan el desarrollo de las actividades diarias.
Cabe señalar asimismo que la actora manifestó encontrarse estudiando para terminar su secundario mediante el Programa de Adultos 2000, y su hija cursaba, en septiembre 2022, 4º año del secundario en la escuela.
El derecho a la vivienda adecuada es un derecho humano ampliamente reconocido, tanto a nivel constitucional como convencional, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y necesario para elegir y materializar el propio plan de vida.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, y en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia en los términos previstos en las normas aplicables, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada en autos.
De la prueba anejada y de lo dicho se advierte que el grupo actor se halla en una situación de vulnerabilidad social y de exclusión estructural de la que difícilmente pueda superar por sus propios medios y que, en consecuencia, probablemente se agrave con el transcurso de tiempo. En este sentido, es importante tener en cuenta que se trata de un grupo familiar con jefatura femenina, las situaciones de violencia, que la amparista se encuentra excluida del mercado formal de trabajo, las diversas problemáticas de salud relatadas, que implican limitantes para la inserción laboral, y que no cuenta con recursos suficientes para revertir la problemática habitacional. Tales circunstancias, analizadas en el caso con perspectiva de género y bajo la óptica del interés superior del niño, refuerzan la necesidad de protección, pues, la asistencia brindada por la demandada debe coadyuvar a la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas.
De acuerdo con estas circunstancias, la parte actora tiene derecho a las prestaciones previstas en la Ley N° 4036, que deben ser “permanentes” en el tiempo y suficientes, por tratase de grupos especialmente vulnerables en términos sociales y económicos –vgr. personales con discapacidad o enfermedades incapacitantes, con afecciones a su salud física o mental, adultos mayores, víctimas de violencia, entre otros- (conf. esta Sala autos: “RTG y otros contra GCBA y otros sobre amparo, art. 14 CCABA”, Número: Exp. 45473/2012-0, sentencia de fecha 28 de diciembre de 2022; “A. E. M. contra GCBA por Amparo - Habitacionales y otros subsidios”, Número: Exp. 754355/2016-0, sentencia de fecha 12 de mayo de 2023; “V., E. N. y Otros Contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales”, Número: Exp. 990/2019-0, sentencia de fecha 7 de junio de 2023; “BC contra GCBA y otros sobre Amparo – Habitacionales”, Número: Exp. 4352/2020-0, sentencia de fecha 12 de abril de 2023; “L.V.,A. contra GCBA y otros sobre Amparo - Habilitaciones-otros”, Número: Exp. 5896/2020-0, sentencia de fecha 24 de abril de 2023; E., R. J. contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales, Número: Exp. 140822/2021-0, sentencia de fecha 26 de junio de 2023, etc-).
El derecho a un “alojamiento” a favor del grupo de personas definido como beneficiarios de una tutela especial por su estado de vulnerabilidad, tal como fue expuesto en los precedentes señalados, implica otorgar una protección “permanente” en el tiempo y en “suficiencia”, como así también el reconocimiento a la “estabilidad”, es decir, el derecho a asentarse o establecerse de modo definitivo en un lugar.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, y en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) presente una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia en los términos previstos en las normas aplicables, que –vale resaltar– incluye “alojamiento”, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena; b) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes; c) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada en autos.
A fin de determinar el alcance y modalidades de la asistencia estatal debida, teniendo en consideración la situación de exclusión estructural en que se encuentra la amparista y su hija, cabe precisar que la obligación del Estado de garantizar su derecho a la vivienda incluye el seguimiento socioambiental y el deber de generar espacios de orientación y asesoramiento conducentes para la superación de las condiciones de vulnerabilidad y emergencia.
Al respecto, la Disposición N° DI-2023-476-GCABA-DGAII —reglamentaria del Decreto N° 690/06 y modificatorios— creó el Equipo de Monitoreo e Inclusión de la persona titular del beneficio del Programa Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional, entre cuyas funciones se encuentran las de “[a]sesorar y orientar, cuando fuera solicitado por el beneficiario, sobre alternativas habitacionales a fin de superar la emergencia. c) Verificar las condiciones socioeconómicas y habitacionales de las personas titulares del beneficio, que dieron origen al apoyo económico […]. d) Realizar derivaciones a otros programas, elaborar los informes técnicos que le sean solicitados y colaborar con el correcto funcionamiento del Programa, asentando y comunicando cualquier observación que considere menester. […] f) Seguimiento y evaluación, se realizará a través de la actualización del legajo administrativo, en la cual se volcará los datos demográficos, socioeconómicos, sanitarios y educativos pertinentes. [...]” (cfr. art. 3).
En consecuencia, corresponde que el GCBA, mediante la intervención que considere pertinente, brinde a la parte actora un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular, y en su caso, espacios de orientación y/o asesoramiento, capacitación y formación para la búsqueda de soluciones estables y permanentes.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta, condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que i) presente en el plazo dispuesto por el señor juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora asistencia, que incluya alojamiento, que reúna las condiciones adecuadas a la situación de la amparista; ii) brinde a la parte actora, más allá de soluciones habitacionales, un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular para la búsqueda de soluciones estables y permanentes iii) hasta tanto se provea un alojamiento a la parte actora, mantenga los efectos de la medida cautelar dictada en autos en cuanto ordenó que el monto otorgado a la amparista resulte suficiente a fin de alcanzar la protección reconocida.
En efecto, se discute sobre los derechos de un grupo familiar monoparental con jefatura femenina, conformado por una mujer de cuarenta y su hija menor de edad.
De lo manifestado en el escrito de inicio y lo señalado en los informes anejados a la causa, surge que la amparista padeció violencia de género durante más de tres años por parte del padre de su hija.
Refirió que la violencia se manifestó desde el inicio de la relación y que se expresaba “…a través de conductas de control tales como el impedimento de mantener vínculos con otras personas, comunicarse por redes sociales, participar de cursos de formación y trabajar o ser vigilada cuando lo hacía”.
Luego, destacó que estos comportamientos se fueron acrecentando, y que la violencia psicológica de la que era objeto –insultos, humillaciones y trato denigrante–, se agravó con su embarazo.
Así las cosas, relató que su ex pareja intentó golpearla a pocos meses de nacida su hija, y que a ello se le sumó la violencia económica y patrimonial, ya que dejó de aportar a la economía doméstica, siendo la actora el único sostén de la familia.
Aunado a lo anterior, la amparista manifestó que padre de la niña se desentendió de sus deberes parentales, asumiendo sola su crianza y cuidado.
Cabe agregar, que en virtud de la situación de violencia descripta, la actora indicó que realizó la correspondiente denuncia ante la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se encuentran dos causas de violencia familiar en trámite ante el Juzgado Nacional.