En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y no hacer lugar a la nulidad del procedimiento realizado en el establecimiento, formulada por la Defensa oficial.
En el marco de los presentes actuados se encuentra siendo investigada la presunta comisión de la contravención consistente en “colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos o privados de acceso público”, prevista y reprimida por el artículo 57 del Código Contravencional (texto consolidado por Ley N° 6347), infracción directamente relacionada con la protección a la integridad personal y el medio ambiente.
El recurrente planteó la nulidad del procedimiento en el entendimiento de que el establecimiento industrial denunciado no se encuentra abierto al público y el acceso al mismo sería a través de una puerta que se encuentra cerrada, aspecto que a su criterio, demostraría que las autoridades habrían excedido la potestad que les otorga la ley para un caso como el presente, en supuesta violación a la garantía de la inviolabilidad del domicilio (art. 18 CN, art. 13.8 CCABA).
Ahora bien, el marco constitucional de protección ambiental ha quedado reforzado a partir de que nuestro país suscribió y ratificó el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que entró en vigencia el 22 de Abril de 2021 y vino a fortalecer la teoría del derecho ambiental, relacionado al ámbito de los derechos humanos.
Asimismo, no puede soslayarse que el artículo 32 de la Ley N°25675 (Ley General del Ambiente) establece que: “El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”, receptando de esta manera el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual prevé la amplitud en el acceso a la tutela jurisdiccional en aquéllas causas vinculas al ambiente. Así, dicha norma crea un piso protector mínimo, que regula las cuestiones ambientales, desplazando a cualquier norma local que dificulte el acceso a la justicia en este tipo de causas.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución que tuvo por incumplida la sentencia dictada.
En efecto, no puede omitirse la trascendencia que el derecho de acceso a la información tuvo en la resolución de esta contienda que refiere a una cuestión de carácter esencialmente ambiental.
El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan (CSJN, “Asociación Derechos Civiles c/ E.N. PAMI DTO 1172/03 s/ Amparo ley16986”, 04/12/2012, Fallos: 335:2393) evidenciando la relación intrínseca existente entre el mencionado derecho y la democracia.
Esa vinculación es la que permite la participación ciudadana en los asuntos públicos cuya dimensión dependía de la adquisición de los conocimientos necesarios que el mentado derecho garantizaba sin siquiera tener que acreditar un interés legítimo o una afectación para su ejercicio (cf. CSJN, “Cippec c/ EN M° Desarrollo Social Dto 1172/03 s/ Amparo Ley 16986”, C.830. XLVI. REX. 26/03/2014, Fallos, 337:256, considerando 12; CIDH, caso “Claude Reyes vs. Chile”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, en particular párrafos 75 a 77).
Ese lazo, además, obliga a las autoridades públicas a respetar las políticas de publicidad y transparencia que deben regir en toda su actividad, siendo aplicable en esta materia el principio de máxima divulgación de la información sujeto a un sistema restringido de excepciones (CSJN, “Savoia Claudio Martin c/EN -secretaría legal y técnica (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986”, sentencia del 7 de mayo de 2019). Ello, a fin de que las personas pudieran ejercer el control democrático de las gestiones de Gobierno, y así cuestionar, indagar y considerar si se daba un adecuado cumplimiento de las funciones públicas (CSJN, “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF SA s/ amparo por mora”; CAF 037747/2013/CS001, 10/11/2015, Fallos, 338:1258).
Resulta también de aplicación el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (en cuanto refiere a la participación ciudadana como el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales a través del acceso adecuado a la información que el Gobierno disponga en la materia y el fomento de la intervención de los particulares en la adopción de decisiones); y el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur aprobado por la Ley N° 25.841 (cuyo Preámbulo reafirmó el convencimiento de los beneficios de la participación de la sociedad civil en la protección del medio ambiente).
También el Acuerdo de Escazú adoptado mediante la Ley N° 27.566, cuya base es el principio N° 10 de la Declaración de Río.
Sobre dichas bases normativas vinculadas al valor de la información y al necesario y garantizado acceso a la misma (y, en particular, a la información ambiental), se pone de resalto la importancia que este derecho reviste para un eficiente mantenimiento del arbolado público en el ámbito de la Ciudad por parte de la Administración conforme las previsiones del Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires.
Ello así, no resulta atinado pretender que esta obligación se encuentra satisfecha sin demostrar acabadamente el cumplimiento de los compromisos asumidos en las reglas jurídicas que rigen la materia.
No basta con alegar que se cuenta con un sistema informático de libre acceso cuando dicho mecanismo no cumple con los principios de máxima divulgación y publicidad; y, además, contiene la información de manera no sistematizada; hechos que constituyen una valla para que los datos allí volcados sean asequibles y comprensibles para los vecinos que no cuentan con conocimientos especializados en sistemas informáticos.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que rechazó la acción intentada, habilitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que proceda con la ejecución del acto administrativo (extraer el árbol ficus de la vereda), y ordenó al Gobierno local que reponga el árbol cuya extracción fue establecida.
En efecto, en modo alguno implica desconocer el principio general previsto en la Ley Nº 3263, que exige “[p]roteger e incrementar el arbolado público urbano existente (conf. artículo 1°) como así tampoco soslayar los principios generales protectores del medio ambiente (Ley Nº 25675 y “Acuerdo de Escazú” –aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 27.566).
Por el contrario, debe destacarse que la Jueza de grado ordenó el reemplazo del ejemplar en cuestión, lo cual la demandada deberá cumplir colocando otro cuya especie resulte permitida para la plantación lineal según el Plan Maestro, lo que además, cabe indicar, no fue controvertido por la recurrente.
A su vez, conforme la normativa en la materia (arts. 14 y 15 de la Ley Nº 3263 y del Plan Maestro), interpretados de modo armónico importan que al reemplazar una árbol (lo que conlleva obviamente su extracción), la Administración deberá procurar –en la medida en que ello resulte técnicamente viable– su trasplante a una ubicación adecuada para la especie.
En síntesis, no se advierte que la decisión adoptada por la Jueza grado produzca una afectación al medio ambiente, toda vez que, al ejemplar que se debe trasplantar se suma su reemplazo por un nuevo espécimen acorde para la zona en cuestión.

En el caso, corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, y disponer que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se abstenga de extraer el árbol (ficus) ubicado en la vereda del edificio en cuestión.
Toda vez que no ha quedado acreditado en estas actuaciones que el espécimen cuestionado hubiera causado daños, adquieren relevancia los principios generales protectores del derecho a un medio ambiente sano y adecuado.
La Ley N° 25.675 —Ley General del Ambiente— estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (artículo 1°). Entre los objetivos de la política ambiental nacional, el texto legal examinado (en cuanto aquí interesa) incluye: “a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; […] e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; […] h) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma […]” (artículo 2°).
A su vez, dicha política se sustenta —entre otros— en los siguientes postulados: a) principio de prevención, conforme el cual, las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que pueden producirse sobre el ambiente; b) principio precautorio, según el cual, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente; c) principio de subsidiaridad, en virtud del cual el Estado –a través de las distintas instancias administrativas- tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales; d) principio de equidad intergeneracional, que obliga a los responsables de la protección ambiental a velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras (artículo 4°).
Debe mencionarse también que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como “Acuerdo de Escazú”) –adoptado el 4 de marzo de 2018 y aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 27.566–, también establece los principios de no regresividad y progresividad en materia ambiental; así como la aplicación del principio pro persona (incisos c y k, artículo 3°).
Dicho ello y a todo evento, cabe recordar que la Ley Nº 3263, en su artículo 3°, inciso e), destaca la función del árbol en el ecosistema y sus consecuencias sobre la salud física y psíquica de la comunidad.
En efecto, no puede desconocerse la transcendencia de los especímenes arbóreos en la fotosíntesis y su carácter imprescindible para la calidad de vida de los seres humanos.
Por su parte, la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que según recomendaciones internacionales, la cantidad de espacio verde por habitante en una ciudad es de aproximadamente 10 metros cuadrados y que la Ciudad tiene un poco más de 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante Cabe agregar que, de acuerdo con diversas fuentes, hasta 2018 , en la Ciudad de Buenos Aires había 6,09 metros cuadrados de superficie de espacio verde por habitante -incluyendo plazoletas, plazas y parques hasta veredones y canteros-.
Todo lo expuesto, permite advertir sin mayores esfuerzos que existe un evidente déficit de árboles en la Ciudad de Buenos. Por ello, a partir de los principios protectores del medio ambiente puede concluirse que la desaparición de un ejemplar arbóreo cuando, como en el caso bajo estudio, no ha causado daños ni constituye un peligro para las personas y/o los bienes, resulta una medida que no recepta en su mejor luz los fines, objetivos y fundamentos que dan sentido a tales principios. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo C. Mántaras).