La doctrina recaída en los pronunciamientos "Bernasconi" y "Guerrero de Louge" no resulta automáticamente aplicable a una causa en la que no resulta posible determinar con precisión por qué razón se efectuó el revalúo del inmueble, ya que dichas sentencias recayeron en sendos procesos de conocimiento articulados por la vía del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los que existió amplitud de debate y prueba. (Del voto por sus fundamentos del Dr. Horacio G. A. Corti).

La sola indicación de que de la ejecución de una diferencia en la contribución inmobiliaria se basa en "adecuar empadronamiento", no resulta suficiente para sostener que en los supuestos en que se procede a "adecuar [el] empadronamiento" de los inmuebles, las causas que originan el revalúo se deban, automáticamente, a errores imputables a la Administración. (Del voto por sus fundamentos del Dr. Horacio G. A. Corti).

Para determinar la procedencia del cobro retroactivo de la tasa por alumbrado, barrido y limpieza, no hay dolo o culpa por parte del actual contribuyente por errores en el empadronamiento originados en ampliaciones no denunciadas, cuando las mejoras fueron llevadas a cabo cuando éste no aun era propietario de la finca.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por el Sr. Juez aquo, en cuanto encuentra responsable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios ocasionados a la parte actora, por su proceder sumamente irregular, respecto a la pretensión de cobro del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza en forma retroactiva, atento a la creación de una partida unificada.
A partir del relato de las constancias del expediente administrativo, se puede apreciar que efectivamente existió una expropiación parcial del inmueble y, si bien se dieron de bajas las partidas individuales al 1º de enero de 1992, la Administración obró en forma irregular puesto que, al margen de la anulación de tales partidas, siguió remitiendo las boletas durante más de seis años (hasta marzo de 1998).
No obstante ello, en mayo de 1998 unificó las partidas en una (partida matriz) asignando un importe total por todo el inmueble omitiendo situaciones particulares como que el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era titular de una unidad y que existían propietarios jubilados quienes se encontraban exentos de tributar tal impuesto.
Además, de esta unificación en una suerte de impensado condominio, resulta altamente reprochable el inaudito proceder del Gobierno local que tomando una liviana intervención en el caso, estuvo lejos de brindar una solución ajustada. Pues, no efectuó un análisis crítico de la situación fáctica que se presentaba, y se limitó a realizar un cálculo de los importes adeudados (conforme su unificación) al año 1992, pretendiendo con tal proceder una doble tributación que resulta inconcebible.
En efecto, anuló las partidas individuales y unificó en una partida global sin efectuar un estudio del especial caso; no contempló que era titular de una de las unidades; involucró a propietarios jubilados que se encontraban exentos del pago del tributo; sin explicación alguna remitió la boleta a nombre de un titular omitiendo al resto de los copropietarios o interpretando una suerte de condominio que claramente no existía; pretendió cobrar dos veces el mismo impuesto.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la acción meramente declarativa interpuesta por la parte actora, con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de la pretensión del cobro retroactivo por diferencias en la contribución de Alumbrado, barrido y limpieza territorial en concepto de "adecuacion de empadronamiento" correspondiente a la partida del inmueble de su propiedad.
Ello así, atento a que las modificaciones ralizadas (abertura en medianera, abertura para ubicar escalera caracol para la unión de las U.F.) no revisten entidad para alterar la superficie del inmueble ni dan lugar a una recategorización que modifique la base a tributar. En efecto, las modificaciones introducidas no constituyen una variación que en los términos del artículo 193 del Código Fiscal del año 1999 (texto vigente a la época de la adecuación del empadronamiento) “dé lugar a la revisión del avalúo existente”.
En este sentido, surge de la propia documental aportada por la demandada que tanto en el registro de empadronamiento (base año 1984), como en el registro de empadronamiento modificado, se mantiene la misma categoría, es decir, categoría D.
En consecuencia, no se advierten diferencias entre el empadronamiento originario y el último empadronamiento en cuanto a la superficie cubierta y el destino constructivo.
A la luz de lo expuesto, las circunstancias señaladas demuestran la ausencia de culpa grave o dolo en la conducta del actor, por lo que sólo es posible concluir que el error en los padrones de la Dirección de Rentas no puede ser imputado al contribuyente sino a la propia actuación del Estado local.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la medida cautelar dictada por la Jueza de grado mediante la cual le ordenó adoptar los recaudos pertinentes que permitieran acceder a los actores, en forma inmediata y preventiva, a una vivienda o, en su defecto, que se materialicen las acciones tendientes a que se efectivizaran las obras y refacciones imprescindibles para evitar los riesgos y deficiencias edilicias y así crear condiciones habitacionales dignas, seguras y adecuadas del inmueble que ocupan en un barrio popular de esta Ciudad.
El grupo familiar actor inició acción de amparo con el objeto de que se les ofreciera una solución habitacional definitiva, en un barrio popular de esta Ciudad, de conformidad con la Ley N°6.129 (Capítulo VIII) y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que viven, situación agravada por la pandemia.
Relataron que por Resolución N°399/17 se dispuso un nuevo operativo censal de las unidades funcionales que no habían sido contempladas por la Resolución N°59/17 en el que fueron relevados, circunstancia que, en su criterio, los tornaría beneficiarios de una solución habitacional definitiva en los términos del artículo 30, inciso a) de la Ley N°6.129.
En efecto, atento que no hay controversia entre las partes en lo relativo a la necesaria reconstrucción de la vivienda que ocupa la actora, tal como surge de los informes de ambas partes (informe de perito arquitecta presentado por la actora e informe producido por la Dirección General de Mejoramiento de Vivienda en virtud de la medida para mejor proveer dispuesta), corresponde rechazar el recurso de apelación.