La Policía Federal Argentina, en sus funciones de policía de seguridad (art. 16, Ley Nº 12), está habilitada para evitar y perseguir las infracciones a una ley dictada por la Legislatura Local, y puede impulsar el inicio de la instrucción.

La Ley Orgánica de la Policía Federal (Decreto Ley Nº 333/58 ratificado por la Ley Nº 14467), define en qué consiste la función de “policía de seguridad” (arts. 3, inc. 1º; 4, inc. 1º y 34): prevenir (evitar) delitos de competencia de los jueces de la Nación, velar por el mantenimiento del orden público y de las buenas costumbres garantizando la tranquilidad de la población, todo ello de acuerdo a las leyes y reglamentos respectivos.
En el marco de esta tarea, las fuerzas de seguridad están habilitadas a cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente, así como a interrogar testigos (art. 184, incs. 2 y inciso 7 del Código Procesal Penal de la Nación, respectivamente). La posibilidad de realizar esta tarea sin orden judicial previa, no sólo se desprende de los términos en que está definida la función de policía de seguridad en la ley orgánica citada, sino también del artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación que dispone en su parte pertinente que la policía deberá investigar por iniciativa propia los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.

La Ley Nº 24.588 dispone expresamente que el Gobierno Nacional seguirá ejerciendo en esta Ciudad su competencia en materia de seguridad y protección de personas y bienes y que la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo las funciones a las que alude la Ley Nº 12 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional (art. 7). De aquí que, en lo pertinente, resulte aplicable la ley orgánica de esta fuerza (Decreto Ley Nº 333 /58 ratificado por Ley Nº 14.467).

La circunstancia de que las Leyes nº 538 y 916 hayan establecido al Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires como autoridad de aplicación, que regula los juegos de apuesta, no implica en modo alguno la exclusión de la Policía Federal Argentina como institución facultada por intermedio de sus agentes para prevenir contravenciones como la prevista por el artículo116 de la Ley Nº 1472- , ya que ninguna de dichas leyes sostienen tal aserto.
En efecto, en los artículos 17 y 18 de la Ley Nº 538, consigna todas las funciones y facultades de la autoridad de aplicación en materia de juegos de apuestas, y en momento alguno autoriza a que ésta lleve a cabo funciones de “prevención ante la comisión de contravenciones de juego - a cargo de la Policía Federal Argentina-, sin perjuicio de tener la obligación de denunciar ante la justicia competente las transgreciones a la ley - cfr. inc. j del art.17-.
En tal entendimiento la Ley Nº 12 en su artículo 16 establece claramente quienes son los facultados para prevenir las contravenciones “en general” sin efectuar ningún tipo de distinción, consignado expresamente y con suma claridad que “...La prevención de las contravenciones está a cargo de la autoridad que ejerza funciones de policía de seguridad o auxiliar y de la justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires...”.

Si bien se reconoce el ejercicio del poder de policía en cuanto a atribución reglamentaria que detenta el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que comprende la administración, explotación, recaudación y control de todos los juegos y apuestas y de azar previstos por la Ley Nº 538 (art. 1, Ley Nº 916), ello no comprende la actividad de prevención ante la comisión de contravenciones de acción pública, que la ley contravencional ha puesto en cabeza exclusiva de las autoridades policiales y del Ministerio Público Fiscal.

La Ley Orgánica de la Policía Federal (Decreto Ley Nº 333/58 ratificado por la Ley Nº 14467), define en qué consiste la función de “policía de seguridad” (artículoss 3, inciso 1º; 4, inciso. 1º y 34): prevenir (evitar) delitos de competencia de los jueces de la Nación, velar por el mantenimiento del orden público y de las buenas costumbres garantizando la tranquilidad de la población, todo ello de acuerdo a las leyes y reglamentos respectivos.
En el marco de esta tarea, las fuerzas de seguridad están habilitadas a cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente, así como a interrogar testigos (art. 184, incs. 2 y inciso 7 del Código Procesal Penal de la Nación, respectivamente). La posibilidad de realizar esta tarea sin orden judicial previa, no sólo se desprende de los términos en que está definida la función de policía de seguridad en la ley orgánica citada, sino también del artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación que dispone en su parte pertinente que la policía deberá investigar por iniciativa propia los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.
Por su parte, la Ley Nº 24.588 dispone expresamente que el gobierno nacional seguirá ejerciendo en la ciudad su competencia en materia de seguridad y protección de personas y bienes y que la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo las funciones a las que alude la Ley Nº 12 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional (artículo 7).

En el caso, atento a la práctica acreditada de que niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal son alojados en sedes policiales -aún por escasas horas- con fines de identificación o alojamiento en espera, corresponde requerir al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación se sirva disponer que los mismos sean alojados a disposición de la Justicia de la Ciudad lo sean en las seccionales que más respeten los estándares legales mínimos de nuestra legislación local. Ello así, toda vez que las Seccionales de la Policía Federal Argentina dependen orgánicamente de dicho Ministerio.

La Policía Federal Argentina tienen el deber de prevenir aquellas conductas que presuntamente infrinjan el Código Contravencional de naturaleza penal que rige en nuestra ciudad, porque así lo dispone el artículo 16 de la Ley de Procedimientos Contravencional. Esta obligación de evitar la comisión de esas conductas se complementa con la de hacerlas cesar cuando son flagrantes. En ese tránsito, imperan las garantías de libertad establecidas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la citada materia, en correspondencia con las disposiciones de la Constitución Nacional Argentina.
Al propio tiempo, la Ciudad de Buenos Aires como Estado Autónoma en un pie de igualdad con el resto de las Provincias Argentinas, tiene atribuciones legislativas para dictar su código contravencional y su propio régimen de faltas, como así también regular el procedimiento para las materias citadas y para el proceso penal.
Ejerce el poder de policía propio de cualquier Estado Autónomo, materializándose transitoriamente y hasta tanto se supere el ilegítimo obstáculo constituido por la Ley 24.588 (Ley Cafiero), a través de la Policía Federal Argentina; sin perjuicio de la creación reciente de la policía local.
En el esquema institucional descripto, la garantía de libertad para sus habitantes como parte de la inviolable dignidad de las personas impuesta por el artículo 13 de la Constitución local, se materializa y efectiviza con el funcionamiento y actividad legítima de los operadores de su sistema penal: policía de seguridad, integrantes del ministerio público y jueces.
Dentro de ese accionar lícito, es indudable que aún la mera interceptación en la vía pública –que no han sido ninguno de los casos denunciados- debe ser incluida. La libertad física constituye el derecho sustancial objeto de protección, mientras que bajo el concepto sintético de seguridad personal se alude a las obligaciones positivas del Estado que le imponen a éste crear estructuras y tomar recaudos idóneos para evitar que alguien se vea amenazado de ser privado de su libertad de manera ilegal o arbitraria; entre las cuales, se destaca el control judicial inmediato de las causas de la detención y, aún más, la acción de habeas corpus para examinar la legalidad de la "amenaza" de privación de libertad.

En el caso, sin perjuicio de la declaración de incompetencia del presente amparo, y en función de lo establecido en los artículos 179 del Código Contencioso Administrativo y Tributario y 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional -Ministerio de Seguridad- que arbitre los medios necesarios para mantener el personal policial que regularmente se encuentra afectado al servicio público de subterráneos y premetro hasta el día 8 de abril del año en curso inclusive.
Ello se justifica por el inminente vencimiento del plazo por el cual se dispuso la asignación de efectivos de la Policía Federal Argentina, para la custodia de las personas y de los bienes afectados a la prestación del servicio, como así también en la dilación temporal -agravada por la proximidad de una gran cantidad de días inhábiles- entre la remisión de la causa y su asignación al magistrado, finalmente, competente.
Esa facultad prevista en los artículos mencionados reposa en la prudencia en el ejercicio de la función judicial y, naturalmente, en el fundamento mismo sobre el cuál se asienta todo pronunciamiento cautelar; esto es evitar que el eventual reconocimiento que se formule en la sentencia de mérito, carezca de todo tipo de virtualidad por la consumación de un daño grave o irreparable. Como lo precisó el Dr. Fenochietto “… se privilegia el peligro en la demora, ante la urgencia sobre el vicio de incompetencia” (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –comentado, anotado y concordado con los Códigos provinciales-, 2001, Buenos Aires, Astrea, T. I, p. 723).
La medida se adopta por motivos de excepción y sin pretender profanar la jurisdicción del juez competente. Tan sólo es una decisión provisoria tomada con la convicción de que el perjuicio, en caso de no hacerlo, sería más gravoso que ejercer esta atribución con prudencia.
Sin embargo, esa misma razón es la que inclina al Tribunal a dictar esta medida e impone fijarle un término de vigencia hasta el día 8 de abril del año en curso (inclusive), en el que se entiende la causa estará radicada por ante el juez competente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del procedimiento de detención y requisa de los imputados.
En efecto, la Defensa y la Asesora Tutelar se agravian en que la detención, en la que se les secuestró un revólver a los encartados en la vía pública, se habría llevado a cabo a partir de dos llamados al 911 que no fueron posteriormente verificados por el Ministerio Público Fiscal, pues este último no habría logrado identificar a los supuestos denunciantes.
Ello así, si la Defensora y la Asesora Tutelar pretendían demostrar, acaso, que las llamadas al 911 habían sido simuladas por la propia Policía, no alcanza para ello con señalar que el Ministerio Público Fiscal no logró contactar a los denunciantes. No se trata de la prueba de una acusación, sino de la que acredita el peligro que justificaba la detención y requisa – más allá de que el mismo elemento probatorio pudiera servir para demostrar el ilícito enrostrado: aquí se lo valora a los fines de legitimar o no la injerencia policial –.
Así las cosas, las recurrentes pretenden aplicar aquí las estrictas reglas probatorias necesarias para condenar a una persona, cuando en realidad se trata de determinar si "ex ante" existía un riesgo tal que justificara la injerencia de los funcionarios.
Por tanto, entendemos que las dos llamadas son elementos suficientes para legitimar la detención y requisa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del procedimiento de detención y requisa de los imputados.
En efecto, la Defensa y la Asesora Tutelar se agravian en que la detención, en la que se les secuestró un revólver a los encartados en la vía pública, conlleva una violación del procedimiento establecido para la detención y la requisa, pues no se habría dado la situación fáctica que justifica tales injerencias ni se habría convocado a los testigos de actuación.
Ello así, la actuación de la Policía ante dos denuncias telefónicas en las que se daba cuenta de la presencia de un grupo de tres jóvenes, de los cuales uno tenía un arma, constituyen elementos positivos que permiten presumir razonablemente que puede estarse ante la presencia de un hecho delictivo y que justifican la detención y requisa de los ahora imputados para comprobar, o bien descartar, que tenían el arma y, eventualmente, neutralizar el peligro, garantizar la seguridad pública y asegurar la prueba.
Con relación a la falta de testigos, tal como lo expresó el Fiscal ante esta instancia al emitir su dictamen, seguir el procedimiento dispuesto en el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad, en cuanto exige invitar a las personas a mostrar sus efectos, habría implicado elevar el riesgo que se pretendía neutralizar, pues habiendo sido convocados los Policías por la presencia de personas armadas, invitarlos a mostrar el arma cargada podía tener consecuencias dañosas. Y, del mismo modo, solicitar la presencia de testigos en un caso de tales características implicaría un peligro al que no se puede exponer a ningún ciudadano.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, el Defensor Oficial considera que el requerimiento de elevación a juicio impretado por el Ministerio Público Fiscal, carece de elementos probatorios suficientes para considerar que su asistido cometió el hecho que se le imputa, ya que no se han recabado en la etapa de la investigación penal preparatoria elementos de convicción que permitan corroborar suficientemente tal acto.
Ello así, la conducta fue encuadrada en la contravención prevista por el artículo 111 del Código Contravencional local y se fundó en el acta contravencional en donde el preventor da cuenta de la infracción labrada en presencia de dos testigos hábiles y el informe describiendo el procedimiento; la declaración del agente dando cuenta del estado de alcoholismo del imputado y las circunstancias del hecho; las actas de secuestro y del inventario del automotor; el informe de dominio y copia del título de aquel; copia de la cédula de identificación del automotor y del documento nacional de identidad. Finalmente ofreció para el debate la declaración del imputado, la declaración de distintos testigos que se encontraron presentes al momento del hecho (personal de la PFA y el numerario del Cuerpo de Agentes de Tránsito del GCBA) y la incorporación por lectura de distintas pruebas.
Por tanto, el requerimiento de juicio cuestionado cumple con los requisitos mínimos exigidos por el artículo 44 de la Ley N° 12, a efectos de ser considerado un instrumento válido.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la Fiscalía y en consecuencia, disponer que el procedimiento de desalojo de los ocupantes del predio deberá ser ejecutado exclusivamente por la Policía Metropolitana, con la cooperación de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, en los términos establecidos en el acuerdo homologado por la CSJN en el precedente “Acumar".
En efecto, no comparto la interpretación efectuada por la Fiscalía al artículo 108 del Código de Procedimiento Penal de la Ciudad, de acuerdo a la cual una vez librada la orden de allanamiento por el juez y puesta la misma “en cabeza” del Fiscal, éste poseería una suerte de “cheque en blanco” para decidir el quién y el cómo se ejecutará la orden, dentro de los únicos límites de fecha, hora y objeto.
El artículo 108 del citado código, titulado “Causales para el allanamiento”, establece -en lo que aquí interesa- que: “…el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las fuerzas de seguridad que estime pertinente…”. Así, es el juez quien autoriza a disponer de la fuerza pública, es a él a quien también compete decidir la fuerza pública que habrá de intervenir, de acuerdo a las leyes, reglamentaciones vigentes y al contexto en que se expida dicha autorización. Por ello, el agravio de la Fiscalía, en este aspecto, será rechazado.
Idéntica solución corresponde adoptar en cuanto pretende que la Policía Federal actúe bajo la subordinación de la Policía Metropolitana.
Ello así, por cuanto la subordinación pretendida no se encuentra prevista en norma o reglamento legal vigente alguno. Menos aún, podría justificársela al amparo de una norma procesal de la Ciudad (como lo es el art. 108 del CPPCABA), pues del esquema constitucional federal surge que el legislador local no posee facultad ni competencia a tales efectos.
No obstante lo expuesto, y sin desconocer que de acuerdo a la Ley N° 2894 la Policía Metropolitana es la que posee jurisdicción natural para auxiliar a la justicia local, no encuentro óbice legal alguno para autorizar –a contrario de lo decidido por la Jueza interviniente- y dadas las particularidades del caso, la cooperación de las fuerzas de seguridad nacionales, en los términos del precedente“Acumar”, Convenio suscripto el 17 de mayo de 2011 en el marco del expediente de la CSJN nº A.254. XLVII (“Acumar s/ urbanización de villas y asentamientos precarios, legajo de actuaciones ocupación predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela Villa Soldati CABA s/ actuaciones elevadas por el Juzgado Federal de Quilmes”) entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, homologado por el Alto Tribunal el 18 de mayo del mismo año, sin que ello implique ningún tipo de subordinación a la fuerza local.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la Fiscalía y en consecuencia confirmar la orden de desalojo impuesta por la Magistrada de grado con la aclaración que la Policía Metropolitana deberá actuar con la colaboración de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, en los términos establecidos en el acuerdo homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Acumar".
Entiendo que es facultad de los jueces locales la decisión de reunir en forma alternada, conjunta o por separado la intervención de las tres fuerzas de seguridad, dado que las mismas actúan en idéntica área territorial.
En efecto, al momento de expedirme en la causa (causa nº 59095-01 “Inc. de apelación en autos NN (Av. Riestra y Portela) s/ infr. art. 181 CP”) sostuve que, la Policía Metropolitana tiene la facultad de actuar como fuerza de seguridad y auxiliar de la justicia conforme surge del artículo 34 de la Constitución de la Ciudad y de la Ley N° 2894. Asimismo, expresé que dicha legitimación de la Policía de la Ciudad no implicaba relevar, por varias razones, a la Policía Federal Argentina de sus obligaciones en materia de seguridad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos hasta que el Estado local no tenga autonomía plena en estos aspectos. Ello así, pues la facultad para intervenir como fuerza de seguridad y auxiliar de la justicia local en el territorio porteño surge de la Ley N° 24.588 y sus modificatorias. La modificación al artículo 7 de dicha ley solo legitimó la decisión local de crear una fuerza de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo local, pero en manera alguna desplazó a la Policía Federal de su obligación de continuar actuando hasta la derogación de esta ley nacional.
Señalé, respecto a la actuación de la Gendarmería Nacional, que ello surge del juego armónico de la Ley de facto N° 19.349 y del Decreto 2099/2010, por el cual se instruyó al Director Nacional de Gendarmería y al Prefecto Nacional Naval para que con carácter de muy urgente, profundicen las actividades prevencionales en el marco de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, a fin de movilizar mayor cantidad de recursos humanos y materiales, para ser empleados en refuerzo de la seguridad ciudadana.
En cuanto al rol de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería, la colaboración de dichas fuerzas federales se sustenta legalmente en las normas citadas supra, sin implicar ello subordinación alguna.
Es conteste con ello, en cuanto a la coordinación y colaboración inter fuerzas, el Convenio arribado en el marco de la causa “Acumar s/ urbanización de villas y asentamientos precarios, legajo de actuaciones ocupación predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela Villa Soldati CABA s/ actuaciones elevadas por el juzgado federal de Quilmes”, del día 17 de mayo de 2011 entre la, entonces, Ministra de Seguridad de la Nación, el señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad, el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos, la Sra. directora General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y la intervención del Presidente y la Sra. Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la Fiscalía y en consecuencia, disponer que el procedimiento de desalojo de los ocupantes del predio deberá ser ejecutado exclusivamente por la Policía Metropolitana, con la cooperación de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, en los términos establecidos en el acuerdo homologado por la CSJN en el precedente “Acumar".
Comparto plenamente el criterio que al respecto expuso la Magistrada interviniente, especialmente en las consecuencias derivadas de la particular interpretación del artículo 108 Código Procesal Penal de la Ciudad que efectuara el Miisterio Púlbico Fiscal, considerándose dueño de la orden impartida por el Juez, al punto de modificarla en vez de cumplirla en su condición de delegado responsable de su ejecución, en el estricto alcance que el único habilitado para emitirla por el Constituyente ha establecido.
En efecto, entiendo que es facultad exclusiva y excluyente del Juez de grado, fijar las condiciones en que habrá de practicarse la diligencia por él ordenada; es decir, el modo, la oportunidad, su objeto e inclusive, la autoridad a quien le es encomendada.
El Ministerio Público Fiscal no puede, "per se", designar a otra distinta a la que haya asignado el magistrado que ordena el allanamiento, limitándose su función a realizarla por sí o a delegar en una persona determinada mas no en encomendar a otra fuerza policial distinta de la establecida por éste.
Sin perjuicio de lo expuesto, no alcanzo a comprender cuál es el agravio para el Ministerio Público Fiscal que el juez disponga que la diligencia sea realizada por la policía local, en tanto ésta –a diferencia de lo verificado en la causa conocida como “La Veredita”, no ha manifestado su incapacidad por el momento para hacerse cargo de la ejecución de la misma, más allá de lo demostrado en la tarde del 28/02/2014 (Causa Sala I, Nº 59095-01-CC/10 “Inc. de apelación en autos NN (Av. Riestra y Portela) s/infr. art. 181 inc. 1 CP”, rta. 15/04/2011).
Si la fuerza requerida -no el fiscal que no la representa-, solicita a su responsable político y/o al juez que se requiera el auxilio federal por carecer de capacidad operativa -tal como, insisto, aconteció en la causa “la veredita” supra citada- y en función de ello la Sala I que integro originalmente designó como autoridad responsable a la Policía Federal y/o a la Gendarmería Nacional-, se configura el supuesto previsto por la Ley de Seguridad Interior y resulta ésta de plena aplicación. Mientras ello no ocurra, rigen las previsiones de la Ley N° 2894. Lo propio, respecto del convenio suscripto en el marco del Expte. CSJN Nº A.254. XLVII, (“Acumar”) entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, homologado por el Alto Tribunal en 18/05/02011, que finalmente fuera implementado en aquella causa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad de la detención y requisa del imputado.
En efecto, la Defensora Oficial destacó que no se encontraban configurados ni la flagrancia, ni los motivos urgentes que impone a estos efectos los artículos 112 y 152 del Código Procesal Penal de la Ciudad, ni se contó con una expresa autorización judicial.
Ello así, respecto al incumplimiento de los requisitos legales exigidos, toda vez que la situación de flagrancia, que habilitó al personal policial actuante, surge de las manifestaciones que hace la denunciante, quien se acercó corriendo al Suboficial de la Policía Federal Argentina, expresándole que su ex pareja la había amenazado con un cuchillo, encontrándose el mismo a unos metros del lugar, señalándole la ubicación. Que por ese motivo se aproxima al sujeto y en presencia de dos testigos hábiles, invitó al sujeto a que exhibiera sus pertenencias, extrayendo de la mochila que portaba una navaja con hoja replegable, confeccionando las correspondientes actas.
Por lo expuesto, se encuentran verificados y cumplidos "prima facie" los requisitos legales en los presentes actuados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad de la detención y requisa del imputado.
En efecto, la Defensa cuestiona la detención de su asistido, sobre la base de la supuesta demora, momento en que se realizó el acta de detención, y la comunicación con la Fiscalía.
Ello así, la tardanza apuntada por la Defensora Oficial, aparece más que justificada por parte del personal policial actuante en el tiempo que le demandó la realización de las providencias necesarias para iniciar la causa por amenazas (art. 149 bis CP), tales como el acta de detención, declaración de los testigos convocados para prestar colaboración en el procedimiento policial, acta de secuestro y declaración de la damnificada, no advirtiéndose retardo infundado, ni lentitud insubsistente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto absolvió al imputado.
En efecto, la Fiscalía se agravia por considerar que el pronunciamiento en el que se absolvió al encartado por el delito de amenazas (art. 149 bis CP), era arbitrario por descartar de plano el análisis de contundentes elementos de prueba y por falta de valoración de los dichos de la damnificada desde una perspectiva de género.
Así las cosas, la sentenciante no se ha limitado a considerar insuficiente el testimonio de la denunciante para entender acreditado el hecho, sino que ha señalado ciertas inconsistencias en su relato que necesariamente condicionan su valor probatorio. En esta medida, la circunstancia de que la denunciante diera distintas versiones de lo ocurrido, conduce razonablemente a sospechar de la veracidad de su testimonio.
Ello así, el contenido preciso de lo manifestado por el imputado, de lo cual depende que su conducta pueda ser calificada como ilícito en sentido penal, contravencional, o meramente civil -o ser comprendida incluso como lícita-, depende de la declaración de una víctima que no ha actuado con coherencia al exponer lo sucedido ante las distintas autoridades públicas que tomaron intervención en el caso (basta confrontar lo expresado en el contexto inmediato de la incidencia -frente a agentes de la Línea de colectivos y de la Policía Federal Argentina- y lo manifestado con posterioridad -a partir de la presentación ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-). Se suma a ello la constatación, conjuntamente realizada por la "A-quo", de que uno de los sucesos denunciados, no tuvo lugar, dado que el informe de la empresa telefónica indica que, la llamada a la que se hace mención, no se realizó.
Por tanto, corresponderá confirmar la sentencia absolutoria.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso la prisión preventiva del imputado en orden al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 168, 170, 173, y 283 del CPPCABA).
En efecto, la Defensa plantea dudas en cuanto a los motivos por los cuales fuera aprehendido el encartado, en tanto el vecino que efectuó el llamado que originara el desplazamiento del personal policial al lugar refirió a un masculino con bermuda azul y pelo largo, siendo interceptado el acusado con una bermuda negra y no azul.
Así las cosas, la presente causa se inicia con el llamado de un vecino a la Policía Federal quien manifestó que en la calle se encontraba un individuo armado, de pelo largo y vestido con campera -y no una bermuda- azul. Fue así que según las constancias obrantes en la presente, el preventor, fue desplazado al lugar y observó la presencia de un masculino cuya descripción coincidía con la narrada por el denunciante, motivo por el cual procedió a impartir la voz de alto a fin de su identificación. El aprehendido manifestó no poseer identificación alguna y, al girar, el Oficial observó que en su cintura poseía un arma de fuego, la que posteriormente fue secuestrada. Todo ello de acuerdo al relato efectuado por la prevención.
En consecuencia, el hecho de que la descripción de la vestimenta aportada por el Departamento Federal de Emergencia no coincidiera exactamente con la que efectivamente llevaba puesta el imputado, lo cierto es que al momento de arribar al lugar, el preventor consideró que el individuo poseía las mismas características que las que le fueran aportadas. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que de acuerdo a las circunstancias del caso, el lugar y el horario en que se habrían suscitado los hechos, el denunciante podría haber confundido fácilmente el color de la vestimenta al momento de acudir a la prevención.
Por tanto y en esta etapa del proceso, no cabe hacer lugar al planteo defensista, pues sin perjuicio del posible error en el color de la bermuda, los restantes elementos permiten afirmar la autoría del imputado con el grado de provisoriedad propio de esta etapa del proceso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la declaración de incompetencia de la Justicia local solicitada por la Fiscal de grado a la que adhiriera la Defensa Oficial.
En efecto, las presentes actuaciones se incian a partir de la prevención efectuada por un agente de la Policía Federal Argentina, quien refirió la entrevista que mantuvo con el encargado de un local bailable, quien le relató que instantes antes había sacado a un grupo de personas de su establecimiento ya que se estaban peleando, continuando la gresca en la calle. Que una de estas personas fue hasta su auto que estaba a pocos metros y volvió con un arma en la mano para luego efectuar una serie de disparos.
Ello así, el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional se declaró incompetente afirmando que el tipo penal previsto en el artículo 104 del Código Penal exige que el disparo sea orientado hacia donde se encuentra una persona o un grupo de personas, lo que no ha podido acreditarse en el caso, con lo cual la conducta podría subsumirse en el artículo 87 del Código Contravencional de la Ciudad.
Así las cosas, cabe señalar que, si bien, el encargado de la discoteca afirmó haber escuchado que los disparos habían impactado en las paredes o el suelo, lo cierto es que posteriormente refirió que luego de escuchar el primero comenzó a correr y, al percibir otros dos, se escondió detrás de un automóvil que estaba estacionado, de lo que cabe inferir que no vio hacia donde se dirigían los proyectiles. Asimismo, obran imágenes seriadas que fueron solicitadas por la Fiscalía y que no permiten apreciar hacia donde se dirigían los disparos.
Por tanto, cabe concluir, tal como lo hizo el Juez Nacional, que no obra indicio alguno que permita sostener "prima facie" la comisión del delito previsto en el artículo 104 del Código Penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la entrega de la pistola al imputado y, en consecuencia, ordenar la remisión de esa arma reglamentaria secuestrada a la Policía Federal Argentina.
En efecto, la Defensa refiere que el Juez de grado se limita únicamente a manifestar que la portación estaría vencida, sin manifestar el motivo por el cual deniega la devolución solicitada, cuando su asistido resulta ser legítimo usuario, poseer la autorización de tenencia vigente, siendo el arma en cuestión su arma reglamentaria y estar registrada a su nombre, ya que resulta ser personal retirado de la Policía Federal Argentina.
Así las cosas, si bien en autos se ha decidido arribar a una solución alternativa del conflicto -mediación- entre la denunciante y el encartado, lo cierto es que el arma en cuestión habría sido la utilizada por el ex Sargento de policía para efectuar dos disparos al automóvil que utilizaba la denunciante, los que impactaron en el cristal de la ventana lado conductor, ocasionando la ruptura del vidrio del asiento del conductor en su parte delantera y trasera, toda vez que el impacto de los proyectiles ocasionaron dos orificios, los que luego de traspasar el asiento, provocaron dos orificios más en la parte central trasera del suelo del vehículo en cuestión, y uno en la parte inferior del asiento trasero en el lateral derecho.
Siendo así, no cabe hacer lugar a la restitución del arma solicitada por el recurrente, toda vez que aquella es una pistola reglamentaria que pertenece a la Policía Federal Argentina.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de allanamiento, desalojo e inmediato reintegro de la posesión de la finca.
En efecto, la Querella entiende que la Magistrada de grado rechazó el desalojo del inmueble, pese a que a su criterio se hallan acreditadas tanto la verosimilitud del hecho, a partir de la existencia de los medios comisivos previstos por el tipo penal investigado.
Así las cosas, del informe de la División Balística de la Policía Federal Argentina, en relación a la pericia realizada sobre el ingreso al inmueble, ha concluido que no se detectaron huellas de efracción idóneas para identificar elemento y/o herramienta alguna, la puerta de rejas no presentaba mecanismos de cerradura, no se halló cadena alguna trabando las puertas y la puerta de vidrio no presentaba mecanismos de cerradura. Además, se destaca que en los alojamientos fue dable advertir restos de óxido y telas de araña, lo cual es indicativo de que desde hacia un lapso de tiempo considerable no habían albergado cerradura alguna.
Por tanto, la petición del querellante se sustenta solamente en sus dichos en relación a que el ingreso a la finca se habría suscitado violentando las cerraduras de la reja exterior, dos trabas, dos candados y la cerradura de la puerta de acceso, circunstancias que no permiten tener, hasta el momento, por acreditado el delito con el grado requerido para hacer lugar a la medida cautelar en cuestión.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de falta de participación criminal.
En efecto, la Defensa expuso que no es posible admitir la “tenencia compartida”.
Al respecto, se les imputa a los encartados el hecho ocurrido en la puerta de un garage de esta Ciudad, momento en el cual tenían dentro de la esfera de su custodia y sin la debida autorización legal, una pistola descargada. Dicha circunstancia fue constatada por el personal de la Policía Federal quien, mientras recorría su radio jurisdiccional, observó la presencia cuatro personas, sentadas en la puerta del mencionado estacionamiento, realizando una especie de "pasamanos".
Así las cosas, de la descripción del hecho surge, entonces, que los encartados habrían tenido el arma en sus esferas de custodia en distintos momentos cada uno.
Ello así, en contra de la crítica de la recurrente, aquí no se presenta una acusación por “tenencia compartida” pues se reprochan tenencias sucesivas.

En el caso, corresponde confirmar el la resolución que dispuso de la prisión preventiva del imputado por considerarlo "prima facie" autor penalmente responsable de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 189 bis, inciso 2 párrafo 3 y 149 bis primer párrafo segunda parte del Código Penal.
En efecto, si bien no se cuenta aún con la pericia del arma secuestrada, teniendo en cuenta el incipiente estado de la investigación, resulta suficiente para tener por acreditada la verosimilitud del funcionamiento y la aptitud para el disparo, el informe realizado por el encargado de armamento de la Polícia Federal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución mediante la cual no se hizo lugar a la solicitud de prescripción de la acción penal respecto del encausado y disponer que la "a quo" arbitre los medios necesarios para obtener fichas dactiloscópicas del nombrado y, luego, libre oficio a la Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de Reincidencia solicitando el registro de antecedentes a los fines de evaluar la prescripción de la acción.
En efecto, el tema a decidir, se centra en si el informe nominativo de antecedentes penales confeccionado por el Registro Nacional de Reincidencia resulta suficiente a efectos de descartar la causal interruptora del curso de la prescripción contenida en el inciso a) del artículo 67 del Código Penal: “la comisión de otro delito”.
El informe nominativo de antecedentes no resulta concluyente a efectos de descartar que hubiera operado la causal referida en el párrafo anterior.
No se han agotado las alternativas posibles para lograr obtener las fichas dactiloscópicas del encausado. Atento que se halla a derecho y fue debidamente notificado en su domicilio real en las distintas oportunidades en que fue convocado a la sede del Juzgado para retirar el oficio a tales efectos, permite descartar el agravio de la Defensa consistente en que de mantenerse el criterio de Juez, ello implicaría someter al imputado a una persecución penal indefinida.
Toda vez que hasta el momento no se encuentra fehacientemente acreditado en autos que se hallen reunidas las condiciones legales necesarias para que se declare la prescripción de la acción, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado, sin perjuicio de disponer que la "a quo", deberá arbitrar los medios para certificar de modo fidedigno los antecedentes del encausado, y volver a expedirse sobre la prescripción de la acción.
Para ello, habrá de oficiar a la Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de Reincidencia, acompañando en ambos casos un juego de fichas dactiloscópicas del nombrado. Respecto de esto último, resulta una medida de perfecto y posible cumplimiento, desde el momento en que además de hallarse establecido en el expediente el domicilio real del imputado al que puede convocarse, existen organismos a los que también podría peticionarse que informen si cuentan con fichas dactilares de aquél, como ser la Policía Federal Argentina -.que hasta hace poco tiempo era la dependencia encargada de expedir cédulas de identidad y pasaportes- y el Registro Nacional de las Personas, donde se tramitan los documentos nacionales de identidad.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto resolvió no hacer lugar al pedido de citación de tercero solicitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En efecto, no puede afirmarse que estén dadas las condiciones para citar a un tercero en los términos del artículo 88 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad porque la parte actora comparte entidad precisamente con quien el Gobierno de la Ciudad pretende citar.
La Policía Federal Argentina (PFA) es un organismo desconcentrado que opera en la órbita de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación (conf. decreto-ley N° 333/1958 y sus modificaciones), y como tal carece de personería jurídica propia diferenciada del Estado Nacional.
Es decir, que más allá de los términos confusos en que ha sido planteada la demanda, del propio poder acompañado por la accionante se observa que el letrado peticionante, si bien reviste como abogado en la P.F.A. es, en rigor, apoderado del Estado Nacional Argentino.
Es por ello que, al no verificarse en el caso la presencia de un órgano autárquico con personalidad jurídica diferenciada a la del Estado Nacional, sino como se dijo, de una desconcentración administrativa que incide en la distribución interna de funciones y competencias pero que no otorga una entidad propia (en los términos del artículo 146 inciso a) del Código Civil y Comercial), el pedido de citación de tercero que plantea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene razón de ser.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no convalidar el archivo de las actuaciones.
En efecto, la Jueza de grado, al recibir el sumario, indicó que para pronunciarse sobre la convalidación del archivo dispuesto por el titular de la acción, era necesario contar con los antecedentes actualizados del imputado, requiriendo a la Oficina de Legajos Personales de la Policía Federal Argentina y, con posterioridad, al Registro Nacional de las Personas y a la Oficina Central de Identificación del Ministerio Público Fiscal, la remisión de un juego de fichas dactiloscópicas del acusado, las que no pudieron ser obtenidas en razón de no contarse con los datos filiatorios de aquél.
Así las cosas, cabe hacer notar que de constatarse que una acción penal ha prescripto, necesariamente, debe declararse su extinción y ello corresponde, inexorablemente, a un Magistrado. Lo indicado resulta ser un requisito previo al dictado del archivo fiscal previsto por el artículo 199, inciso "b", del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Es decir, para proceder al archivo dispuesto por la norma indicada, el representante del Ministerio Público Fiscal debe, primeramente, requerir al Juez que declare la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo.
Ahora bien, en autos, las averiguaciones realizadas no permitieron comprobar si el imputado cometió, o no, otro delito, en los términos del artículo 67 del Código Penal, por lo que no puede sostenerse que la acción se encuentre prescripta, por tanto el archivo por la causal indicada no puede prosperar.
Finalmente, no podemos dejar de señalar que en la presente investigación no se han agotado las medidas que se podrían realizar a efectos individualizar al imputado, y de esa forma poder determinar fehacientemente la existencia o no de causales de interrupción de la prescripción. En este sentido, nótese, a modo de ejemplo, que podría requerírsele a la empresa, que en su momento fue empleadora del acusado, el legajo de aquél, del cual debería surgir al menos el número de DNI del encartado.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad de la investigación penal preparatoria.
En efecto, la Defensa entiende que se efectuó la desintervención y el peritaje de todos los elementos secuestrados en el domicilio del imputado sin su intervención. Agregó que ello se agravó en razón del secreto de sumario que había sido dictado.
Al respecto, más allá de la controversia de si lo realizado por la Superintendencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Federal Argentina se trata de un peritaje o de un informe, lo cierto es que tal diferenciación no incide en este pronunciamiento toda vez que no representa un acto irreproducible, garantizándose que la actuación de la asistencia técnica del imputado se desarrolle en condiciones de plena igualdad con la acusación (arts. 8.2 del CADH y 14.3 del PIDCP).
Asimismo, en el supuesto de que el acto fuera irreproducible imposibilitando el efectivo contralor de la defensa sobre dicha prueba, ello repercutirá exclusivamente en su peso probatorio y, en consecuencia, en el mérito de la acusación que oportunamente justipreciará el Magistrado de acuerdo a las reglas de la sana crítica en la audiencia de debate respectiva. Lo expuesto se aplica, del mismo modo, a la desintervención de los elementos secuestrados.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, declarar la nulidad de la investigación penal preparatoria.
En efecto, entiendo que, en el presente caso, debe declararse la nulidad de las peritaciones y operaciones técnicas que detectaron imágenes de pornografía infantil que se han agregado al legajo.
Ello así, el informe que consigna la existencia de las imágenes con pornografía infantil en el material peritado refiere diligencias que no le fue permitido controlar al imputado ni a su defensa y que no se efectuaron ante testigos, dado que no se ha adjuntado ningún acta en la que ello conste, ni se ha conservado el material peritado de modo que hoy permita reproducir la peritación de modo fehaciente (art. 267 del CPPN).
En este sentido, si bien el personal policial, al proceder a abrir las cajas que contenían los elementos secuestrados, convocó, tal como dispone la norma, a dos testigos que firmaron el acta y ante quienes se abrieron las cajas respectivas. El experto en informática de la Policía Federal quien, dos días después, informó sus hallazgos, al devolver el material peritado al tribunal, no colocó en las cajas, precinto o faja de seguridad alguna que garantice que hoy contienen lo que puso allí el personal policial.
Es decir que dichas cajas de cartón fueron cerradas sin convocar testigos y sin asegurar con fajas rubricadas su contenido.
La realización de tal pericia, sin la participación de la defensa fue efectuada "inaudita parte" y de modo irregular. El proceder registrado, impidió que el imputado pudiera procurar que se garantizara la conservación del material peritado (art. 133 CPP CABA) como así también controlar directamente la obtención de los resultados informados (art. 130 CPP CABA).
Por tanto, rige en el caso lo previsto por el artículo 99 del Código Procesal Penal local que impide usar dicha prueba y la que ha sido su consecuencia durante el juicio. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la Defensa de uno de los imputados sostuvo que la pieza acusatoria formula afirmaciones dogmáticas sin valorar la prueba recaudada y arrimada al proceso. Señala que la Fiscal de grado se limitó a oír su declaración de descargo sin escuchar los motivos por los cuales afirmaba su ajenidad a los hechos atribuidos, transformando a la audiencia de intimación del hecho en un mero acto formal.
Ahora bien, se le atribuye al encartado, entre otras cosas, el haber ingresado al estadio material pirotécnico.
Al respecto, de la apreciación de los fundamentos en los cuales se apoyan los reproches dirigidos al encartado, es posible concluir que la hipótesis acusatoria encuentra sustento suficiente en las pruebas colectadas durante la investigación preparatoria.
Ello así, con respecto a la distribución y el uso del material pirotécnico (elementos prohibidos), los mismos se corroboran con la observación de las imágenes de la transmisión televisiva así como las captadas por los camarógrafos de la Coordinación de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y por las cámaras del circuito cerrado del Club.
En este sentido, adviértase que en relación a esta imputación, la hipótesis acusatoria consiste en afirmar que el material fue introducido previo a la apertura al público de las puertas del estadio y permaneció oculto en algunos de los sectores que no lograron ser inspeccionados.
Por tanto, según esta teoría, no resulta ajeno a este hecho el imputado, que se lo puede identificar en un rol protagónico de dicha conducta, a través de la modulación efectuada por el Inspector del Grupo de Trabajo Video del Sistema de Comunicaciones Troncalizadas de la Policí Federal Argentina, dando cuenta además las imágenes que el oficial captó en ese momento a través del domo al que se hace alusión.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
En efecto, la Defensa considera que la conducta es atípica ya que los hechos no encuadran en la calificación legal del artículo 189 del Código Penal, dado que no surgen los elementos del tipo.
Al respecto, se inician estos expedientes motivo del incendio ocurrido en en el interior de un inmueble de esta Ciudad. En auxilio, se presentó el cuerpo de bomberos de la Policía Federal Argentina que extingue el foco ígneo y realizó la evacuación de las personas que se encontraban presentes en dicho edificio.
Ello así, de lo expresado en párrafo anterior se desprende que en autos, "prima facie", existió un peligro a la seguridad común de los vecinos producto del suceso, cumpliendo por tanto, las exigencias del tipo penal imputado.
Siendo así, la excepción incoada no resulta procedente, pues solo lo sería si la ausencia de encuadre típico fuera manifiesta y se desprendiera de la mera descripción efectuada en el acto promotor, lo que tal como hemos afirmado, no surge de los presentes actuados.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que no hizo lugar a la extinción de la acción por prescripción y disponer que el Tribunal de grado solicite las fichas dactilares del encausado para determinar si la prescripción se vio interrumpida.
La Juez de grado consideró que en la causa no surgen fichas dactiloscópicas del imputado lo que torna imposible verificar fehacientemente la eventual existencia, o no, de la causal de interrupción de la prescripción prevista por el artículo 67 inciso a) del Código Penal.
Así entonces entendió que no resultaba posible declarar el sobreseimiento del encausado hasta que se obtengan los informes pertinentes del Registro Nacional de Reincidencia.
En efecto, si bien no se encuentran certificados los antecedentes que pudiera registrar el encausado, lo que impediría verificar que no se ha interrumpido el curso de la prescripción de la acción penal, existen otras vías tendientes a constatar dicho extremo.
Toda vez que el encausado tiene documento, corresponde que el Tribunal solicite las fichas dactilares a la Policía Federal y/o al Registro Nacional de las Personas, medidas éstas que permitirán determinar si la prescripción se vio interrumpida.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar
a la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una mala práctica efectuada en el hospital público.
En efecto, corresponde rechazar la indemnización solicitada en concepto de pérdida de chance.
Así, el actor indicó que se encontraba con una probabilidad suficiente para ascender pero que, como consecuencia del daño, se frustró su chance de competir en igualdad de condiciones con otros oficiales para aspirar al grado de culminación de su carrera en la Policía Federal Argentina.
Cabe señalar que el actor refirió que la junta permanente contemplaba la posibilidad de ascenderlo pero que la junta permanente de reconocimientos médicos, luego de evaluarlo, consideró que no reunía los requisitos psicofísicos para el ascenso en cuestión.
Es sabido que “la pérdida de chance puede definirse como la desaparición de la probabilidad de un evento favorable, cuando esa chance aparece suficientemente seria. La expresión ‘pérdida de chance’ comprende todos aquellos casos en los cuales el sujeto afectado podría haber realizado un provecho, obtenido una ganancia o beneficio o evitar una pérdida, resultados que fueron impedidos por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido o no, creando una expectativa...” (confr. Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., “Tratado de la responsabilidad civil”, tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2004, pág. 465, citando a Mayo, Jorge, “La pérdida de la ‘chance’ como daño resarcible”, La Ley, 1989-B-105).
Cabe destacar que, al margen de meras manifestaciones, no surge de las constancias de la causa cuál es o ha sido la situación de revista del actor con posterioridad al vencimiento de la “situación de servicio pasivo” en la que se encontraba revistando al momento de iniciar las presentes actuaciones.
En este sentido, es dable recordar que en la Ley N° 21.965 para el Personal de la Policía Federal, se prevé que las alternativas a la mencionada “situación” son la de integrarse al servicio o pasar a retiro (art. 49) y, en su caso, percibir algún tipo de pensión. Sin embargo, como se dijera, no surge de autos en cuál de los escenarios descriptos puede ubicarse al actor.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar
a la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una mala práctica efectuada en el hospital público.
En efecto, corresponde rechazar la indemnización solicitada en concepto de pérdida de chance.
Cabe señalar que la falta de prueba en torno a los parámetros necesarios para verificar la procedencia de la chance que se invoca perdida.
Adviértase que, si bien es cierto que en la Ley N° 21.965 para el Personal de la Policía Federal se establece que quienes se encuentran en situación de servicio pasivo, no computan para los ascensos (art. 66), y que el actor pasó a revistar en dicha situación -como consecuencia directa del obrar ilegitimo de la demandada- lo cierto es que nada se ha probado en relación con los cargos vacantes generados en el ámbito de la fuerza policial para los que aquel quedó excluido.
Cabe advertir que tampoco ha mediado acreditación alguna relativa al cumplimiento de los restantes requisitos exigidos normativamente a tal fin.
Así las cosas, no se han aportado los instrumentos probatorios indispensables para determinar la pérdida de chance de ascensos del actor ni su frustración como consecuencia del daño padecido.
Cabe destacar que la incidencia que el siniestro ha tenido sobre el “desarrollo laboral” del actor ha quedado valorada al momento de cuantificarse la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso librar orden de allanamiento sobre el local comercial.
La Defensa sostiene que el allanamiento se ordenó sobre la premisa de que desde el sector de atención al público del local comercial de su asistido se veían piezas cuya comercialización estaba prohibida y ello no surge de las constancias del expediente. Por tanto, considera que la orden de allanamiento no se funda sobre los parámetros legalmente previstos en el Código de Procedimiento Penal de la Ciudad, y por eso violenta garantías constitucionales.
Ahora bien, para fundar la medida, la Jueza de grado contó con los elementos necesarios para proceder a librar la orden de allanamiento, pues, se había constatado la posible infracción al régimen de la venta de la Ley N° 25.761, la que se encontraba a la vista en un lugar de acceso público, lo que motivó la pertinente denuncia. Por otro lado, se dejó constancia que el local no reunía con las condiciones de seguridad e higiene, y que no todo lo exhibido como "usado" poseía el “sticker” correspondiente (cfr. art. 6 ley 25.761).
Así, conforme se desprende del allanamiento realizado en el local comercial, los Oficiales de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal Argentina destacaron que, junto con otras personas del Gobierno de la Ciudad, luego de realizar sus tareas, visualizaron “las piezas exhibidas en público tratándose de cajas de velocidades, algunas nuevas, otras usadas. De estas últimas se advierte a modo de muestreo que tienen indentificaciones, todo ello en el local comercial de mención”. Dichas identificaciones (stikers) constatadas no significan que lo hayan sido en las condiciones que refiere la ley, pues la denuncia ratificó el modo en que fueron visualizadas.
Asimismo, también surge de las actuaciones que el comercio en cuestión no se encuentra inscripto en el Registro Único de Desarmadero y Actividades Conexas (RUDAC) para desarrollar las actividades previstas en la Ley N° 25.761 –lo que comprende el almacenamiento, desarme, transporte y comercialización de autopartes usadas-, circunstancia que fue manifiesta por el propio titular del establecimiento.
Por tanto, y sin perjuicio de lo manifestado por la Defensa en cuanto a la existencia o no de los "stikers" en las autopartes expuestas para la venta en el sector al público, lo cierto es que también se visualizaron elementos que no pueden comercializarse en forma individual, lo que fundamenta la medida cautelar dispuesta.

El Legislador de la Ciudad procuró dar una protección más amplia a la indemnidad de los domicilios garantizada por la Constitución Nacional, al omitir incorporar un artículo análogo al 227 del Código Procesal Penal de la Nación que autoriza allanamientos sin orden judicial en casos excepcionales.
En este sentido, a diferencia de lo que autoriza el Código Procesal Penal de la Nación, al que puede acudir el mismo personal policial cuando actúa en colaboración con las autoridades nacionales en la investigación de delitos federales, el Código Procesal Penal de la Ciudad sólo autoriza en los casos "graves o urgentes" a que el juez, que admita el previo pedido fundado fiscal, adelante el auto que así lo autoriza por cualquier medio de comunicación, con la debida constancia del Actuario (art. 108 CPP CABA). Pero no autoriza a prescindir, incluso en tales casos graves o urgentes, del previo control jurisdiccional.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la excepción de atipicidad incoada por la Defensa.
Respecto del arma de guerra cuya tenencia ilegal se le enrostra al encausado, la Defensa manifestó que la misma estaba registrada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) a nombre del acusado, y su credencial de legítimo usuario se hallaba vencida. Frente a tal circunstancia aseveró que el comportamiento resulta atípico dado que la conducta endilgada no afecta la seguridad pública, es decir, no se verifica en el caso lesividad o afectación al bien jurídico protegido por la norma.
Ahora bien, conforme se desprende de las constancias en autos, al momento en que el arma en cuestión fue encontrada -tras el examen domiciliario- hacía por lo menos un año y siete meses que había culminado el permiso en cuestión, lo que en principio indica la voluntad de detentarla en forma ilegítima, máxime tratándose el encausado de un comisario inspector retirado de la Policía Federal Argentina, que posee conocimiento respecto de la normas y reglamentaciones que rigen la materia.
De este modo, la ausencia de las licencias habilitantes correspondientes constituye "prima facie" el elemento normativo que configura la ilegitimidad requerida por el tipo legal del artículo 189 bis, apartado 2°, 2do párrafo, del Código Penal, y en tanto se trata de un delito de peligro abstracto, la verificación de tal extremo es susceptible de afectar el bien jurídico “seguridad pública”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual se declaró la nulidad de la medida dispuesta por la Fiscalia de extraerle fichas dactiloscópicas al imputado, y la supresión de todos los registros que existan en el Registro Nacional de Reincidencia y en la Policia Federal Argentina originados en la tramitación de las presentes actuaciones iniciadas por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido (Artículo 111 del Código Contravencional).
En efecto, de acuerdo a la normativa vigente, en el ámbito contravencional, en principio, se habilita únicamente a solicitar al Registro Contravencional, en forma previa a dictar sentencia, la información sobre antecedentes contravencionales.(Artículos 48 al 50 del Código Contravencional y artículo 54 de la Ley de Procedimiento Contravencional)
Por otro lado, la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326) en su artículo 7° expresamente determina que "los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo a requerimiento judicial o del interesado/a. Nunca informa acerca de acciones extinguidas ni de penas impuestas después de un año de su pronunciamiento, plazo que se extiende a dos años en caso de contravenciones por faltas de tránsito".
Asimismo, cabe señalar que existe el derecho a no sufrir injerencias por parte del Estado cuando ello no se encuentra fundado en una ley. Lo expuesto se deriva del principio de reserva de ley consagrado en los artículos 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, del principio consagrado en las normas de jerarquía constitucional que fueron transcriptas se deriva, entonces, que la regla general es el derecho a la libertad, el que podrá ser restringido únicamente mediante una prohibición establecida por ley.
Ello así, al no existir una disposición legal específica, aplicar el procedimiento utilizado en el presente caso vulnera el principio de reserva de ley.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual se declaró la nulidad de la extracción de fichas dactiloscópicas al imputado, y la supresión de todos los registros que existan en el Registro Nacional de Reincidencia y en la Policía Federal Argentina originados en la tramitación de las presentes actuaciones (cfr. art. 114 CC CABA).
En efecto, existe el derecho a no sufrir injerencias por parte del Estado cuando ello no se encuentra fundado en una ley. Lo expuesto se deriva del principio de reserva de ley consagrado en los artículos 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Constitución Nacional.
En este sentido, del principio consagrado en las normas de jerarquía constitucional que fueron transcriptas se deriva, entonces, que la regla general es el derecho a la libertad, el que podrá ser restringido únicamente mediante una prohibición establecida por ley.
Sentado ello, al no existir una disposición legal específica, aplicar el procedimiento utilizado en el presente caso vulnera el principio de reserva de ley, máxime cuando la Fiscalía tampoco justificó debidamente por qué deberían utilizarse de manera analógica las reglas penales en este proceso.
En este sentido, de acuerdo a la normativa vigente, en el ámbito contravencional, en principio, se habilita únicamente a solicitar al Registro Contravencional, en forma previa a dictar sentencia, la información sobre antecedentes contravencionales (cfr. arts. 48 al 50 del CC CABA y art. 54 LPC).
Asimismo, la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326) en su artículo 7° expresamente determina que "los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo a requerimiento judicial o del interesado/a. Nunca informa acerca de acciones extinguidas ni de penas impuestas después de un año de su pronunciamiento, plazo que se extiende a dos años en caso de contravenciones por faltas de tránsito".

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hace lugar al planteo de incompetencia.
Se atribuye al imputado el haber golpeado a personal policial en el interior de la estación Retiro de esta Ciudad, provocándoles lesiones en el rostro; el hecho fue encuadrado en el delito previsto y reprimido en el artículo 239 del Código Penal.
El Fiscal, con posterioridad, solicitó que se declare la incompetencia por considerar que siendo que el hecho fue cometido contra personal de la Policía Federal Argentina, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, el caso excedería el ámbito de competencia del fuero en razón de la materia y correspondería que sea remitido a la Justicia Criminal y Correccional.
Ahora bien, la competencia local del delito de resistencia o desobediencia ha sido transferida únicamente cuando fueran cometidos contra sus funcionarios públicos. A partir de ello cabe analizar si quienes resultaron agredidos y que pertenecen a la fuerza policial federal, cumplían funciones de seguridad locales o funciones reservadas a la órbita federal por tratarse de la seguridad del transporte interjurisdiccional, y si ello "per se" determina la competencia federal.
En este orden de ideas, cabe afirmar que no es suficiente que, por que en el lugar se lleve a cabo el transporte interjurisdiccional de pasajeros, cuya seguridad se encuentra a cargo de la fuerza federal, por sí solo determine la competencia del fuero de excepción, pues no surge en qué forma el presunto delito contra los preventores habría afectado algún interés federal.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la resolución de grado que rechazó la medida cautelar solicitada a fin de que se innove en su situación, y comience a percibir el salario que alega le corresponde y, en particular, lo referido al suplemento vinculado a su antigüedad ante el traspaso a la Ciudad de parte del personal de la Policía Federal Argentina conforme “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en las Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires bajo la Resolución 298/LCBA/15)
En efecto, el memorial presentado no constituye una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida, limitándose a disentir con lo decidido sin efectuar un desarrollo crítico que demuestre a esta instancia la existencia del presunto error de juicio que atribuye al pronunciamiento de grado.
El Juez de grado denegó la medida cautelar solicitada por considerar que no se encontraban acreditados los presupuestos de admisibilidad. Destacó que, según propios dichos del actor, la complejidad de la cuestión tornaba difícil apreciar en el estado liminar del proceso la verosimilitud del derecho y sostuvo que, para dilucidar la situación planteada, se debe realizar un análisis exhaustivo de la cuestión, situación que excede el marco cautelar. A su vez, advirtió que el actor no acreditó de un modo adecuado el menoscabo salarial o el tratamiento desigual que alega.
La Jueza de grado señaló además que la actora no acreditó el perjuicio inminente que pudiera ocasionarle la falta de cobro del suplemento por antigüedad que reclama ya que no se acredita una merma en su salario, sino la posibilidad de una ampliación del mismo.
Sin embargo, la parte actora no expuso argumentos tendientes a rebatir dicha conclusión sino que su planteo pone en evidencia que su estudio exigiría, entre otras cosas, analizar diversa normativa y ponderar complejos cálculos matemáticos que exceden el marco de un estudio preliminar de las actuaciones.
El recurrente no rebatió las conclusiones arribadas por el Juez de grado en cuanto a que, a partir de los elementos de prueba agregados, no se encuentra acreditado el menoscabo salarial alegado sino una ampliación del mismo.
Ello así, no se encuentran satisfechas las exigencias de fundamentación requeridas para sostener el recurso y, por lo tanto, corresponde declararlo desierto (artículos 236 y 237 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario).

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar el pronunciamiento de grado que declaró la incompetencia del Fuero para continuar el trámite de la presente causa, y dispuso su remisión a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Cabe señalar que no se controvertido el carácter de persona aforada al fuero federal que detenta la codemandada Policía Federal Argentina – Ministerio de Seguridad – Estado Nacional, quien a su vez ha manifestado expresamente su voluntad de hacer valer ese derecho, en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, si bien el Gobierno local se agravió por considerar que no se configuraba en el caso un litisconsorcio pasivo necesario –motivo por el cual estimó que las pretensiones contra cada uno de los codemandados podían ser resueltas de manera separada– y el magistrado de grado, por su parte, consideró que se trataba de un litisconsorcio facultativo pasivo con base en obligaciones concurrentes, lo cierto es que, en atención a los hechos y las singulares particularidades que rodean el presente caso, se observa que los acontecimientos y las diversas intervenciones de los codemandados resultan, en principio, de análisis y apreciación inescindibles.
En efecto, dado que la alegada intervención sucesiva de los codemandados respecto del hecho dañoso alegado podría –eventualmente– incidir en el análisis del desarrollo de los acontecimientos debatidos y sus consecuencias, no corresponde –tal como se afirmó en la instancia de grado– desagregar a ninguno de los sujetos demandados en un proceso diferente.
De acuerdo con estas circunstancias, corresponde confirmar la sentencia apelada, en la medida en que la solución contraria podría tener por consecuencia el dictado de sentencias contradictorias, en diferentes jurisdicciones, en relación con los mismos hechos debatidos.
La decisión que se adopta procura –por un lado– tutelar el derecho de tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa de todos los sujetos que intervienen en la presente contienda, y –por el otro– tiene en consideración que el propio actor no se opuso al planteo efectuado por la Policía Federal Argentina (Ministerio de Seguridad – Estado Nacional) como si lo hizo al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la resolución de grado en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la demandada y declaró prescripto el reclamo por los fondos que eventualmente pudieran reconocerse con los dos años contados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo.
El actor se agravia sosteniendo que no resultan aplicables a los trabajadores los plazos previstos en el artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación y que el instituto de la prescripción debía interpretarse de forma restrictiva y cuestionó la aplicación por analogía del código mencionado, por considerar que no puede válidamente aplicarse a los reclamos de materia laboral.
El memorial presentado por la parte actora no constituye una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida, limitándose a disentir con lo decidido por el magistrado de grado sin efectuar un desarrollo crítico que demuestre a esta alzada la existencia del presunto error de juicio que atribuye al pronunciamiento recurrido.
Cabe indicar que los argumentos introducidos por el apelante no resultan suficientes para desvirtuar lo resuelto por el magistrado de grado en tanto no constituye una crítica concreta y razonada de la decisión objetada.
En efecto, insisten en sostener que las normas del Código Civil y Comercial de la Nación no son válidamente aplicables a los reclamos en materia laboral, sin exponer una argumentación idónea que permita refutar el examen normativo ni la interpretación formulada en la sentencia en crisis.
Frente a ello, la reedición de una defensa ya tratada por la jueza de grado sin mostrar el desacierto del pronunciamiento cuestionado impide considerar que se ha formulado una crítica idónea para suscitar la revisión pretendida
Así pues, se advierte que el memorial presentado no resulta hábil para conmover el pronunciamiento atacado, en la medida en que sus fundamentos no resultan suficientes a fin de cumplir con los recaudos exigidos por la ley procesal como indispensable recaudo de admisibilidad de la apelación.
En efecto, no se encuentran satisfechas las exigencias de fundamentación requeridas para sostener el recurso (arts. 236 y 237, CCAyT).

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso y confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que le reconozca e integre a la remuneración normal y habitual del actor el “Suplemento por Antigüedad de Servicio”, el “Suplemento previsto por el Decreto N° 2744/93” y el “Suplemento por Título Universitario” desde su traspaso de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCGBA).
En este sentido, el Juez de primera instancia a argumentó que para calcular los haberes de la actora, el GCBA tuvo en cuenta las pautas previstas, principalmente, en los artículos 31, 33 y 34 del Decreto Reglamentario N° 47/17, el cual resultaba de aplicación para el personal transferido desde la PFA a la esfera de la PCGBA. En ese contexto, concluyó que de la prueba producida surgía que la parte actora percibió los conceptos “Suplemento por Antigüedad de Servicio” y “Suplemento por Título Universitario” mientras ejerció funciones en la PFA y hasta su traspaso a la PCGBA, momento en el cual empezaron a aplicarse las normas locales para los agentes transferidos. En tal sentido, constató que desde el momento en el que se efectivizó su traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, la parte actora no padeció un menoscabo en su salario”.
La actora se agravia por considerar que la diferencia salarial que observa el Juez obedece a la mayor carga horaria impuesta al personal transferido de la Policía Federal, que los suplementos por antigüedad y por título se otorgaron por una ley federal y ahora se derogan por un decreto provincial; que los suplementos requeridos se incluyeron en el concepto sueldo como una suma fija y no como un porcentual, lo que a su criterio no permite su actualización cuando el sueldo sea mayor, lo que implica en los hechos hacerlo desaparecer y negar su reconocimiento; que se contraría lo dispuesto en el art. 11 de la Ley Nº 24.588 y en el Convenio de Transferencia; que los arts. 32 y 35 del Decreto N° 47/17 reconocen a los ex Policía Metropolitana el total de la antigüedad de servicio en la fuerza de origen atento que se liquida íntegramente en sus haberes como rubro independiente por fuera del sueldo, lo que provoca un trato desigual respecto del personal que fue transferido de la Policía Federal.
Estos argumentos no rebaten la decisión apelada, sino que los fundamentos expuestos constituyen reproches genéricos que únicamente reflejan una discrepancia con las normas aplicadas y la valoración de la prueba efectuada en el caso.
Esto es así en la medida de que la parte actora reitera, al igual que en su escrito de demanda, que no percibe los suplementos por “antigüedad de servicio” y “título” de forma autónoma. Sin embargo, tales manifestaciones no se hacen cargo de que el Juez examinó detalladamente la cuestión y entendió que tanto el suplemento “Antigüedad de Servicio” como el “Suplemento por Título” se le están liquidando conforme al régimen vigente, concretamente, arts. 31 inc. c) y 33 del Decreto Nº47/17.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso y confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que le reconozca e integre a la remuneración normal y habitual del actor el “Suplemento por Antigüedad de Servicio”, el “Suplemento previsto por el Decreto N° 2744/93” y el “Suplemento por Título Universitario” desde su traspaso de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCGBA).
En este sentido, el Juez de primera instancia a argumentó que para calcular los haberes de la actora, el GCBA tuvo en cuenta las pautas previstas, principalmente, en los artículos 31, 33 y 34 del Decreto Reglamentario N° 47/17, el cual resultaba de aplicación para el personal transferido desde la PFA a la esfera de la PCGBA. En ese contexto, concluyó que de la prueba producida surgía que la parte actora percibió los conceptos “Suplemento por Antigüedad de Servicio” y “Suplemento por Título Universitario” mientras ejerció funciones en la PFA y hasta su traspaso a la PCGBA, momento en el cual empezaron a aplicarse las normas locales para los agentes transferidos. En tal sentido, constató que desde el momento en el que se efectivizó su traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, la parte actora no padeció un menoscabo en su salario”.
La actora se agravia por considerar que la diferencia salarial que observa el Juez obedece a la mayor carga horaria impuesta al personal transferido de la Policía Federal, que los suplementos por antigüedad y por título se otorgaron por una ley federal y ahora se derogan por un decreto provincial; que los suplementos requeridos se incluyeron en el concepto sueldo como una suma fija y no como un porcentual, lo que a su criterio no permite su actualización cuando el sueldo sea mayor, lo que implica en los hechos hacerlo desaparecer y negar su reconocimiento; que se contraría lo dispuesto en el art. 11 de la Ley Nº 24.588 y en el Convenio de Transferencia; que los arts. 32 y 35 del Decreto N° 47/17 reconocen a los ex Policía Metropolitana el total de la antigüedad de servicio en la fuerza de origen atento que se liquida íntegramente en sus haberes como rubro independiente por fuera del sueldo, lo que provoca un trato desigual respecto del personal que fue transferido de la Policía Federal.
Al respecto, cabe señalar que el agravio alegado respecto a que el Decreto N°47/17 vulnera lo previsto en el art. 76 de la Ley Federal Nº 21.965, debe ser desestimado.
Al respecto, cabe mencionar que la Ley Federal mencionada enumera los suplementos, pero no indica cómo deben ser liquidados. Por lo demás, tampoco se advierte afectación a la Ley N° 24.588 ni al Convenio de Transferencia desde que no se comprobó privación alguna, dado que la antigüedad, como así también el suplemento por título, están siendo percibidos por la parte actora, solo que fueron integrados al sueldo básico de conformidad con lo dispuesto en las normas mencionadas, al margen de que por lo dispuesto en el art. 33 del Decreto Nº47/17 se le está computando la antigüedad, como suplemento, desde su ingreso a la PCGBA.
Todo ello, conforme las normas vigentes, que no han sido cuestionadas.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso y confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que le reconozca e integre a la remuneración normal y habitual del actor el “Suplemento por Antigüedad de Servicio”, el “Suplemento previsto por el Decreto N° 2744/93” y el “Suplemento por Título Universitario” desde su traspaso de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCGBA).
En este sentido, el Juez de primera instancia a argumentó que para calcular los haberes de la actora, el GCBA tuvo en cuenta las pautas previstas, principalmente, en los artículos 31, 33 y 34 del Decreto Reglamentario N° 47/17, el cual resultaba de aplicación para el personal transferido desde la PFA a la esfera de la PCGBA. En ese contexto, concluyó que de la prueba producida surgía que la parte actora percibió los conceptos “Suplemento por Antigüedad de Servicio” y “Suplemento por Título Universitario” mientras ejerció funciones en la PFA y hasta su traspaso a la PCGBA, momento en el cual empezaron a aplicarse las normas locales para los agentes transferidos. En tal sentido, constató que desde el momento en el que se efectivizó su traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, la parte actora no padeció un menoscabo en su salario”.
La parte actora no rebate el principal argumento del Juez de grado referido a que no se demostró un perjuicio económico concreto en la forma en que la parte actora percibe ahora su remuneración.
En efecto, más allá que la diferencia horaria aumentara su salario como Policía de la Ciudad, la parte actora no logró rebatir la ausencia del perjuicio económico a que refiere el Juez de grado.
En concreto, porque no especifica el monto del perjuicio ni establece de manera precisa de qué cálculo ello es consecuencia, por lo que en definitiva no logra poner en evidencia en qué consiste su agravio.
De igual manera, la parte actora indica que el perjuicio radica en que el monto por antigüedad que antes era variable pasó a ser una suma fija, no fundamentando, como se dijo, cómo ello le ha generado un concreto perjuicio económico.
Iguales consideraciones refiere al suplemento por título sin indicar de manera concreta en qué consiste o cual es la proporción del perjuicio económico que le causa la forma en que ahora es liquidado.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso y confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que le reconozca e integre a la remuneración normal y habitual del actor el “Suplemento por Antigüedad de Servicio”, el “Suplemento previsto por el Decreto N° 2744/93” y el “Suplemento por Título Universitario” desde su traspaso de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCGBA).
En este sentido, el Juez de primera instancia a argumentó que para calcular los haberes de la actora, el GCBA tuvo en cuenta las pautas previstas, principalmente, en los artículos 31, 33 y 34 del Decreto Reglamentario N° 47/17, el cual resultaba de aplicación para el personal transferido desde la PFA a la esfera de la PCGBA. En ese contexto, concluyó que de la prueba producida surgía que la parte actora percibió los conceptos “Suplemento por Antigüedad de Servicio” y “Suplemento por Título Universitario” mientras ejerció funciones en la PFA y hasta su traspaso a la PCGBA, momento en el cual empezaron a aplicarse las normas locales para los agentes transferidos. En tal sentido, constató que desde el momento en el que se efectivizó su traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, la parte actora no padeció un menoscabo en su salario”.
La actora se agravia por considerar que los artículos 32 y 35 del Decreto 47/17 reconocen a los ex Policía Metropolitana el total de la antigüedad de servicio en la fuerza de origen atento que se liquida íntegramente en sus haberes como rubro independiente por fuera del sueldo, lo que provoca un trato desigual respecto del personal que fue transferido de la Policía Federal.
Dicho planteo no puede prosperarl. Ello es así porque de la sentencia surge que el Juez no encontró en la causa elementos que le permitieran tener por acreditado un trato diferenciado entre los agentes transferidos desde la PFA y los transferidos desde la Policía Metropolitana y esta cuestión no fue debidamente rebatida por la parte actora, sino que en su expresión de agravios se limitó a citar la normativa que consideró aplicable a la cuestión y a realizar cálculos hipotéticos sin referirse a pruebas concretas compañadas en la causa.
Estas omisiones de fundamentación en el recurso de apelación de la parte actora a no son menores, en tanto la expresión de agravios debe ser una crítica, esto es un juicio impugnativo; concreta, esto es precisa y determinada; y razonada, vale decir, expresar los fundamentos que sustentan los agravios; lo cual exige ineludiblemente precisar punto por punto los errores y omisiones que se atribuyen al fallo en crisis, pues así lo establece el artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (CCAyT).
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha reiterado que, si la parte recurrente no formula, como es imprescindible, una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el juez, corresponde declarar la deserción del recurso, puesto que los motivos expuestos en el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los argumentos fácticos y jurídicos dados por el tribunal para llegar a la decisión impugnada (Fallos: 329:5198, 322:2683 y 316:157, entre otros).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y revocar la medida cautelar dispuesta en la instancia de grado.
El Juez de grado hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la empresa actora y suspendió los efectos de la Disposición y los Dictámenes cuestionados, hasta que se cumpliera el plazo del artículo 7° del Código Contencioso, Administrativo y Tributario a partir del acto que agote la vía administrativa con relación al recurso administrativo presentado por la parte actora.
La Disposición en cuestión impuso el uso del servicio de comunicación electrónica denominado e-911 a todos los prestadores de seguridad privada habilitados a brindar los servicios descritos en el artículo 439, punto 2, inciso d, de la Ley N°5688; mediante los Dictámenes cuestionados se intimó a la empresa actora a que adecue parte de sus servicios al sistema e-911 bajo apercibimiento de avisar a sus clientes y la aplicación de sanciones.
En efecto, puede inferirse "prima facie" que el sistema automático de alarma por radiofrecuencia dispuesto en la Disposición recurrida por la actora solo está previsto para entidades financieras.
La propia empresa explica que el servicio está destinado a la protección de objetivos de alto riesgo y que ha probado mejorar la seguridad de las entidades financieras a partir de su implementación.
Ello así, no luce manifiestamente irrazonable que la normativa limite el servicio a determinados objetivos, y que la recepción y respuesta a las alarmas brindada por el Gobierno responda a sus prioridades y recursos.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y revocar la medida cautelar dispuesta en la instancia de grado.
El Juez de grado hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la empresa actora y suspendió los efectos de la Disposición y los Dictámenes cuestionados, hasta que se cumpliera el plazo del artículo 7° del Código Contencioso, Administrativo y Tributario a partir del acto que agote la vía administrativa con relación al recurso administrativo presentado por la parte actora.
La Disposición en cuestión impuso el uso del servicio de comunicación electrónica denominado e-911 a todos los prestadores de seguridad privada habilitados a brindar los servicios descritos en el artículo 439, punto 2, inciso d, de la Ley N°5688; mediante los Dictámenes cuestionados se intimó a la empresa actora a que adecue parte de sus servicios al sistema e-911 bajo apercibimiento de avisar a sus clientes y la aplicación de sanciones.
En efecto, en uno de los dictámenes cuestionados se intimó a la empresa a regularizar la situación del sistema de alarmas de mercados, consorcios, sedes de asociaciones, etc.; es decir, dependencias para las que, en principio, parece previsto el uso de alarmas sin vinculación automática con el sistema público de emergencias.
Asimismo, si bien el artículo 10 de la Resolución N°776/19 dispuso que las instalaciones en operación al momento de su publicación se consideraban aprobadas, no hay información en el expediente acerca de cuándo se instalaron los sistemas de alarma en los objetivos cuya regularización fue requerida, ni tampoco si tales servicios se ajustaban a la normativa vigente.
En síntesis, los dictámenes cuestionados parecen dirigidos a ordenar a la empresa que adecue a la normativa vigente la situación de algunos de sus clientes.
Por lo demás, cabe resaltar, la Disposición N°112/20 no prohibió el uso de las alarmas por espectro radiofónico, sino que habría definido requisitos de comunicación entre las prestadoras de servicio de alarma y el sistema de emergencia de la Ciudad.

En el caso, corresponde rechazar la apelación deducida por el Estado Nacional y confirmar el decisorio de grado que rechazó el planteo de nulidad de notificación interpuesto por la referida parte.
En efecto, el planteo de nulidad deducido por la recurrente se dirige a cuestionar la notificación de su citación como tercero por haber sido diligenciado el oficio previsto en el artículo 9° de la Ley N° 23.566 ante la mesa de entradas de la Policía Federal (en lugar de la mesa receptora del Ministerio de Seguridad de la Nación en cuya órbita aquel se encuentra).
Esencialmente, sus agravios se centraron en que el traslado de la demanda debía ingresar por ante el citado Ministerio pues este era quien dictaba el apoderamiento correspondiente que autoriza al servicio jurídico de la Fuerza de Seguridad a presentarse en estos actuados –mediante sus letrados apoderados- a contestar la demanda deducida, en representación del Estado Nacional.
Sin embargo, la apelante no desarrolló ningún argumento que aludiera a las defensas que se vio imposibilitada de oponer y, consecuentemente, ninguna mención de eventuales perjuicios a su parte fue formulada.
En otras palabras, tal como expone el Dictamen Fiscal, “[...] la recurrente no ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto e individualizable, ni expuso cuáles fueron las defensas que se vio privada de presentar a efectos de poder acceder al planteo de nulidad deducido en estos autos”.
Más aún, el escrito por medio del cual la apelante dedujo múltiples excepciones evidencia que tuvo ocasión de tomar oportunamente conocimiento del objeto de la pretensión instaurada.

En el caso, corresponde rechazar la apelación deducida por el Estado Nacional y confirmar el decisorio de grado que rechazó el planteo de nulidad de notificación interpuesto por la referida parte.
En efecto, el planteo de nulidad deducido por la recurrente se dirige a cuestionar la notificación de su citación como tercero por haber sido diligenciado el oficio previsto en el artículo 9° de la Ley N° 23.566 ante la mesa de entradas de la Policía Federal (en lugar de la mesa receptora del Ministerio de Seguridad de la Nación en cuya órbita aquel se encuentra).
Sin embargo, si bien el oficio diligenciado por el demandante fue presentado en la Mesa de Entradas y Salidas de la Policía Federal y no del Ministerio de Seguridad, se advierte que —mediante la Resolución N° Resol-2022- 241-APN-MSG, suscripta por el Ministro de Seguridad de la Nación el 3 de mayo de 2022— se resolvió atribuir el carácter de “Representantes en Juicio del Estado Nacional”, en aquellas “[...] causas en que la Policía Federal Argentina sea parte, como actora, demandada u otra participación que pudiera corresponder, para la correcta defensa de los intereses institucionales; a los Abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina, cuya nómina se detalla en el Anexo que obra como IF-2022-35777469-APN-SSYPC#MSG” (artículo 1°) y, entre las que se encuentra la letrada actuante .
La misma letrada adujo actuar con sustento en la disposición del Ministerio de Seguridad (Resolución N° Resol-2022-241-APN-MSG) que le asignó, entre otros, la representación judicial de la Policía Federal Argentina, que se hallaba vigente y en cuyo sustento peticionó ser tenida por parte.
A mayor abundamiento, si bien la apelante adjuntó una constancia de donde surgiría que la Coordinadora de Gestión Judicial del Ministerio de Seguridad habría derivado al Director General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina unas actuaciones para que el servicio jurídico a su cargo o el delegado del Cuerpo de Abogados del Estado, asumiera la defensa del Estado Nacional, dicho documento consta fechado con anterioridad a la emisión de la citada Resolución Ministerial.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia que rechazó la demanda iniciada con la finalidad que se le reconozca e incorpore a su haber la antigüedad de origen en la Policía Federal Argentina, el suplemento por título universitario, y el instituido por el Decreto Nacional N° 2744/1993, todo ello con las consecuentes diferencias salariales retroactivas.
Conforme lo establecido por los artículos 236 y 237 del Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT-, debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas, indicando las partes de la sentencia cuestionada que se consideran equivocadas, con el objeto de demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que ocasiona [esta Sala, en los autos “B. S. y otros contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)”, Expte. N°39254/2010-0, sentencia del 4/6/20].
Ahora bien, trasladados los postulados antes mencionados al supuesto de autos, cabe adelantar que las manifestaciones del actor no resultan suficientes para satisfacer los recaudos exigidos en el artículo 236 del CCAyT.
En efecto, sus planteos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos brindados en la sentencia atacada y no resultan idóneos para conmover lo allí decidido. Por el contrario, de su escrito solo se advierte una mera disconformidad con lo resuelto por el Sr. Juez “a quo”, sin desvirtuar fundadamente los aspectos que, según su criterio, comportarían un error en la decisión.
Respecto de los suplementos “título universitario” y el establecido por el Decreto Nº 744/1993, toca recordar que el Magistrado de grado, luego de citar y analizar la normativa aplicable al caso -en particular, la Ley Nº 5688 y su Decreto Reglamentario Nº 47/2017- y la prueba producida en autos, concluyó en que “…tanto el suplemento del decreto nacional nro. 2744/1993 como el ‘suplemento por título’ han sido absorbidos por el ‘salario regularizado en fuerza de origen’ y ‘el salario conformado en fuerza de origen’ respectivamente, y, en definitiva, fueron subsumidos en el ‘salario conformado en Policía de la CABA’ de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31 del anexo I del decreto nro. 47/2017”.
Frente a ello, el actor omitió especificar en qué consistió el error de interpretación atribuido al sentenciante y señalar qué prueba obrante en la causa impondría arribar a un resultado diverso al adoptado.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia que rechazó la demanda iniciada con la finalidad que se le reconozca e incorpore a su haber la antigüedad de origen en la Policía Federal Argentina, el suplemento por título universitario, y el instituido por el Decreto Nacional N° 2744/1993, todo ello con las consecuentes diferencias salariales retroactivas.
Conforme lo establecido por los artículos 236 y 237 del Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT-, debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas, indicando las partes de la sentencia cuestionada que se consideran equivocadas, con el objeto de demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que ocasiona [esta Sala, en los autos “B. S. y otros contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)”, Expte. N°39254/2010-0, sentencia del 4/6/20].
Ahora bien, trasladados los postulados antes mencionados al supuesto de autos, cabe adelantar que las manifestaciones del actor no resultan suficientes para satisfacer los recaudos exigidos en el artículo 236 del CCAyT.
En efecto, sus planteos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos brindados en la sentencia atacada y no resultan idóneos para conmover lo allí decidido. Por el contrario, de su escrito solo se advierte una mera disconformidad con lo resuelto por el Sr. Juez “a quo”, sin desvirtuar fundadamente los aspectos que, según su criterio, comportarían un error en la decisión.
En lo que se refiere al rubro “antigüedad de servicio”, toca recordar que el Magistrado de grado mencionó que “…el régimen salarial que se aplica al personal que, como el actor, integraba la Policía Federal Argentina y fue transferido a la Policía de la CABA contempló la antigüedad en la fuerza de origen que pasó a conformar el salario de los agentes transferidos”.
Asimismo, destacó que no había sido acreditado en las presentes actuaciones que la liquidación de haberes de los agentes transferidos provenientes de la Policía Federal Argentina hubiese incumplido el deber de preservar su nivel salarial, de conformidad con lo estipulado en la cláusula décimo primera del Convenio de Transferencia.
Frente a ello, el actor omitió especificar en qué consistió el error de interpretación atribuido al sentenciante y señalar qué prueba obrante en la causa impondría arribar a un resultado diverso al adoptado.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia que rechazó la demanda iniciada con la finalidad que se le reconozca e incorpore a su haber la antigüedad de origen en la Policía Federal Argentina, el suplemento por título universitario, y el instituido por el Decreto Nacional N° 2744/1993, todo ello con las consecuentes diferencias salariales retroactivas.
Conforme lo establecido por los artículos 236 y 237 del Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT-, debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas, indicando las partes de la sentencia cuestionada que se consideran equivocadas, con el objeto de demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que ocasiona [esta Sala, en los autos “B. S. y otros contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)”, Expte. N°39254/2010-0, sentencia del 4/6/20].
Ahora bien, trasladados los postulados antes mencionados al supuesto de autos, cabe adelantar que las manifestaciones del actor no resultan suficientes para satisfacer los recaudos exigidos en el artículo 236 del CCAyT.
En efecto, sus planteos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos brindados en la sentencia atacada y no resultan idóneos para conmover lo allí decidido. Por el contrario, de su escrito solo se advierte una mera disconformidad con lo resuelto por el Sr. Juez “a quo”, sin desvirtuar fundadamente los aspectos que, según su criterio, comportarían un error en la decisión.
En cuanto a la alegada desigualdad de trato entre el personal proveniente de la Policía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana, el “a quo” consideró que no se había probado que “…la normativa reglamentaria que establece ciertas diferencias sobre el modo en que se calcula la retribución por antigüedad del personal que pertenecía a una u otra fuerza resulte irrazonable o que le cause un perjuicio de algún tipo a sus derechos”.
En este orden de ideas, vale destacar que a través del Decreto Nº 47/2017 se adaptó un mecanismo para establecer que la remuneración de los agentes transferidos resultase equivalente o mejor a la que percibían en la fuerza de origen, no surgiendo de la normativa aplicable que el Gobierno local se hubiese obligado a continuar liquidando los distintos suplementos del mismo modo al efectuado por la Policía Federal Argentina.
A ello, debe sumarse que para el cálculo del suplemento por “antigüedad de servicio” -tanto para el personal proveniente de la fuerza federal como aquel de la Policía Metropolitana- se computarían únicamente los años prestados en la Policía de la Ciudad (esta Sala, “in re” “Salia, Raúl Ernesto contra GCBA y otros sobre empleo público [excepto cesantía o exoneraciones] - empleo público - diferencias salariales”, Exp. Nº55513/2017-0, del 15/12/22 y “Palomeque, Leonardo Raúl contra Ministerio de Justicia y Seguridad y otros sobre empleo público [excepto cesantía o exoneraciones] - empleo público - diferencias salariales”, Exp. Nº2021/2018-0, del 8/8/22).
En tales condiciones, la orfandad de su planteo trunca toda posibilidad de rebatir el pronunciamiento en el aspecto cuestionado.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto impuso las costas al actor vencido, en la presente acción iniciada finalidad que se le reconozca e incorpore a su haber la antigüedad de origen en la Policía Federal Argentina, el suplemento por título universitario, y el instituido por el Decreto Nacional N° 2744/1993, todo ello con las consecuentes diferencias salariales retroactivas.
El actor en sus agravios solicitó que se revocase la sentencia y se lo eximiera de las costas por tratarse “…de un hecho novedoso (…) relacionado con materia específicamente del derecho del trabajador, que (…) consideró vulnerado”. Destacó que “[l]os principios laborales conllevan la gratuidad que consagra el artículo 20 de la LCT [(Ley de Contrato de Trabajo)], en cuanto al beneficio de la gratuidad en los procedimiento judiciales…”.
Ahora bien, entiendo prudente aclarar que las disposiciones de la Ley Nº 20.744 no resultan aplicables a los dependientes del Gobierno de la Ciudad de conformidad con lo que se dispone en el artículo 2º de la citada norma y en el artículo 4º de la Ley Nº 471.
Asimismo, la finalidad del beneficio de gratuidad alegado por el actor es facilitar al trabajador el acceso a la justicia, pero de modo alguno implica la eximición de las costas del proceso.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto impuso las costas al actor vencido, en la presente acción iniciada finalidad que se le reconozca e incorpore a su haber la antigüedad de origen en la Policía Federal Argentina, el suplemento por título universitario, y el instituido por el Decreto Nacional N° 2744/1993, todo ello con las consecuentes diferencias salariales retroactivas.
El actor en sus agravios solicitó que se revocase la sentencia y se lo eximiera de las costas por tratarse “…de un hecho novedoso (…) relacionado con materia específicamente del derecho del trabajador, que (…) consideró vulnerado”. Destacó que “[l]os principios laborales conllevan la gratuidad que consagra el artículo 20 de la LCT [(Ley de Contrato de Trabajo)], en cuanto al beneficio de la gratuidad en los procedimiento judiciales…”.
Ahora bien, cabe señalar cabe señalar que las costas son, en nuestro régimen procesal, corolario del vencimiento (artículo 64 del Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT-).
De ese modo, la justificación de la condena en costas está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, haciendo su imposición al deber del juez de condenar al derrotado. Por lo tanto, el vencido debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho quien debe salir incólume del proceso.
Quien hace necesaria la intervención del tribunal por su conducta -acción u omisión- debe soportar el pago de las costas que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos.
Asentado lo anterior, es dable memorar que la pretensión de la parte actora consistió en el reconocimiento y la incorporación a su haber del rubro “antigüedad de servicio”, de los suplementos “título universitario” y el creado por el Decreto Nacional Nº 2744/1993, más el pago de las diferencias salariales devengadas, con sus respectivos intereses y costas; demanda que fue rechazada por el “a quo”.
En este escenario, no encuentro motivos suficientes para apartarme del principio objetivo de la derrota.
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio bajo análisis.

En el caso, corresponde declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia que rechazó la demanda interpuesta con el objeto de que se le reconozca e integre a la remuneración, el suplemento por antigüedad de servicio en la fuerza de origen, y se abonen las diferencias salariales respectivas.
Los agravios de la actora no resultan suficientes para satisfacer los recaudos exigidos en el artículo 238 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
En efecto, los planteos formulados por el apelante no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos brindados en la sentencia atacada y no resultan idóneos para conmover lo allí decidido. Por el contrario, de su escrito de expresión de agravios solo se advierte una mera disconformidad con lo resuelto por el “a quo”, sin desvirtuar fundadamente los aspectos que, según su criterio, comportarían un error en la decisión.
Conforme surge de la reseña normativa efectuada en la sentencia de grado y de la prueba informativa aportada, el régimen aplicable a los agentes transferidos a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contempló la antigüedad en la fuerza de origen. Asimismo, analizados dichos medios probatorios, se concluyó que el salario de la agente se incrementó luego del traspaso. De este modo, no se advierte que se haya incumplido con el deber de preservar los haberes dispuesto en el Convenio de Transferencia.
En suma, la apelante soslayó especificar qué elementos obrantes en la causa permitirían arribar a un resltado diverso al adoptado en la decisión de grado.

En el caso, corresponde declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia que rechazó la demanda interpuesta con el objeto de que se le reconozca e integre a la remuneración, el suplemento por antigüedad de servicio en la fuerza de origen, y se abonen las diferencias salariales respectivas.
Los agravios de la actora no resultan suficientes para satisfacer los recaudos exigidos en el artículo 238 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
En efecto, y conforme la alegada desigualdad, cabe efectuar una distinción entre el suplemento por antigüedad que perciben todos los agentes de la Policía de la Ciudad, y el adicional que contempla la antigüedad en la fuerza de origen.
En primer término, la retribución del personal de la Policía de la Ciudad incluye el suplemento por antigüedad, el que es equivalente al 2% del sueldo básico por cada año de servicio cumplido, computándose a tal fin únicamente los años de servicio prestados en la Policía de la Ciudad (conf. art. 9 del Anexo del Decreto Nº 47/2017). Dicho suplemento se liquida según la fórmula allí descripta, independientemente de la fuerza de origen (conf. art. 33, inc. c) y art. 35, inc. b)).
A su vez, en los incisos a) y b) del artículo 33 se determinó cómo se va a retribuir la antigüedad en la fuerza de origen para los agentes provenientes de la Policía Federal. En el inciso a) se estableció que el monto que el agente hubiera percibido en concepto de antigüedad a la fecha de enero 2017 se incorporará al “Salario conformado en Policía de la Ciudad” por la diferencia con el “Salario conformado final”, si este último resultara inferior. En cambio, en el inciso b) se estableció el supuesto en el cual el “Salario conformado final” resultase superior al “Salario conformado en policía de la Ciudad” o existiera un saldo. En ese caso, se debe abonar el “Suplemento Residual por Antigüedad en la Fuerza de Origen”.
Así las cosas, el Gobierno local también indicó que aquel rubro se liquida al personal proveniente de la Policía Metropolitana siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 35, inciso a). En ambos supuestos, la norma estipula que dicho suplemento “… es remunerativo, bonificable y ajustable por los porcentajes de ajuste que se apliquen al sueldo básico” (conf. art. 33, inc. b) y art. 35, inc. a).
A este respecto, el Gobierno informó en autos que la actora se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el inciso a) del artículo 33, y que no percibe el “Suplemento residual por Antigüedad en la Fuerza de Origen”.
De lo expuesto se desprende que la antigüedad en la Policía de la Ciudad se calcula de la misma forma tanto para los agentes que provienen de la Policía Metropolitana, como de la Policía Federal. Por su parte, en lo que respecta a la antigüedad en la fuerza de origen, dichas sumas se integraran al sueldo básico, o bien, formaran el “Suplemento Residual por Antigüedad en la Fuerza de Origen”, según corresponda. En tal caso, tampoco se advierte la desigualdad alegada puesto que, en rigor, las diferencias dependerán del salario percibido y la antigüedad en la fuerza de origen.
En tales condiciones, la orfandad de su expresión de agravios trunca toda posibilidad de rebatir el pronunciamiento en el aspecto cuestionado.

En el caso corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia rechazando la demanda iniciada con el objeto de que, en su condición de ex agente de la Policía Federal Argentina transferido a la Policía de la Ciudad, se le reconociera e integrase a su remuneración el suplemento por antigüedad de servicio, computando la antigüedad en la fuerza de origen.
En efecto, para hacer lugar al reclamo debe probarse que la implementación de las normas cuestionadas -por caso, las disposiciones del Decreto N° 47/17, reglamentario de la Ley N° 5688- implica un retroceso en la situación salarial de quien lo efectúa, pues la modificación de la forma en la que se traduce en dinero la antigüedad no puede ser analizada en forma independiente y al margen del régimen salarial.
Es que el GCBA no ha asumido obligación alguna de mantener el modo de liquidación de cada suplemento.
Por otra parte, tal como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede existir un derecho adquirido a una determinada modalidad salarial, en tanto las modificaciones que se introduzcan para el futuro importen alteraciones razonables en su composición, no lo disminuyan ni impliquen la desjerarquización respecto del nivel alcanzado en el escalafón respectivo (cf. Fallos, 312:1054; 313:978; 329:5594; entre otros).
Por eso, no es fundamento suficiente para admitir la demanda la invocación de derechos adquiridos. Por el contrario, resulta imprescindible demostrar de manera fehaciente que el nuevo régimen ha implicado una disminución respecto del salario percibido antes del traspaso.
En la presente causa, el actor no ha demostrado que el nuevo régimen le haya disminuido el salario percibido antes del traspaso. Por el contrario, tal como señaló el juez de grado y no ha sido rebatido en el recurso, del cotejo de los recibos de haberes de una y otra fuerza acompañados por la propia accionante surge no solo que no ha sufrido un menoscabo en su remuneración, sino que la misma se ha visto incrementada.
De ello se deriva que lo dispuesto en la Ley N° 24.588 -art. 11- y en el Convenio de Transferencia respectivo -cláusula transitoria Décimo Primera-, en cuanto establecen que los agentes transferidos conservarán la remuneración de origen -entendida en el sentido de su monto total, independientemente del modo en que se liquide- ha sido cumplido.
Por lo demás, el diferente modo de retribuir la antigüedad de origen entre los agentes provenientes de la PFA y los provenientes de la ex Policía Metropolitana -cfr. arts. 33 y 35 del anexo I del dto. 47/17- no basta para concluir que se violan los principios de igualdad y no discriminación, pues se trata de regímenes con composiciones salariales diferentes, sumado a que la Policía de la Ciudad es continuadora de la última de las fuerzas nombradas (v. cláusula transitoria tercera de la ley 5688), no así de la primera.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional.
Cabe señalar que el Juez de grado admitió la excepción de incompetencia incoada, no obstante lo cual ordenó la remisión de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El actor dedujo demanda de daños y perjuicios contra la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Informó que tramitó la denuncia efectuada por su parte ante un Juzgado Correccional, con motivo del hurto de mármoles y diversas canaletas de su propiedad y en el proceso penal, obra un acta de secuestro de los elementos mencionados, llevado a cabo por la Policía Federal Argentina en el año 2012.
Manifestó que, el 26 de noviembre de 2014, se declaró extinguida la acción penal por prescripción y que, en dicha resolución, se ordenó la entrega del material secuestrado; circunstancia que dio origen a diversos oficios a la Policía para que informaran sobre los bienes retenidos, sin resultado alguno.
En efecto, la apelación intentada por el Estado Nacional (tercero involucrado) no constituye una crítica concreta y razonada de la resolución apelada, sino que traduce su disenso con las conclusiones a las que arribara el magistrado de la anterior instancia, pero sin un desarrollo crítico que pusiera en evidencia los aspectos del decisorio recurrido que consideraba equivocados y sus razones.
En particular, cabe indicar que el recurrente insistió en sostener que las presente causa debía proseguir su trámite ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque sin llegar a rebatir lo decidido por el juez de la causa en cuanto sostuvo que, de acuerdo con las normas aplicables al caso y la jurisprudencia citada en la sentencia, resultaba competente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria.
Frente a ello, la reedición de una defensa ya tratada por el "a quo" sin mostrar el desacierto del pronunciamiento cuestionado impide considerar que se ha formulado una crítica idónea para suscitar la revisión pretendida.
Por las consideraciones expuestas y toda vez que el recurrente no ha conseguido demostrar el error que atribuye a la resolución apelada, corresponde declarar desierto el recurso apelación interpuesto toda vez que no se encuentran satisfechas las exigencias de fundamentación requeridas para sostener el recurso incoado (conf. arts. 238 y 239 del CCAyT).

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia que rechazó la demanda con el objeto de obtener el reconocimiento y la incorporación a su haber del suplemento por antigüedad de servicio, del suplemento instituido por el Decreto Nº 2744/93 y del suplemento por título universitario.
El régimen salarial aplicable a partir del traspaso del agente a la Policía de la Ciudad –Ley N° 5.688 y su Decreto Reglamentario N° 47/2017–, prevé la inclusión de la antigüedad en la fuerza de origen como parte del salario que percibe mensualmente en la fuerza de seguridad local (arts. 31 y 33).
A su vez, de la prueba acompañada no se advierte que hubiera padecido un menoscabo salarial a partir de su traspaso a la Policía de la Ciudad. Por el contrario, del cotejo de su último recibo de haberes en la Policía Federal –correspondiente al mes de diciembre de 2016– y el primero en la Policía de la Ciudad –de enero de 2017– se deprende que su remuneración se vio incrementada en un porcentaje que no permite advertir la afectación invocada.
En efecto, su último salario bruto en la fuerza de origen fue $ 31.390,90 y su salario neto percibido fue de $ 26.047,31, mientras que su primer salario bruto en la Policía de la Ciudad fue $ 59.946,93 y percibió como salario neto la suma de cuarenta y cinco mil veinte pesos con cincuenta y siete centavos ($ 47838,23).
De acuerdo con estas circunstancias, tampoco le resultaron aplicables a la actora los suplementos denominados “Suplemento Residual por Antigüedad en Fuerza de Origen” o el “Adicional Compensatorio”, ambos previstos por la normativa a fin evitar que los agentes transferidos vieran reducidos sus haberes
La parte accionante alega –entre otras cuestiones– que el incremento de su salario al integrar la Policía de la Ciudad se debió al aumento en la carga horaria laboral. De acuerdo a lo detallado en el considerando anterior, a fin de determinar su “Salario Conformado Final”, le fue adicionado al cálculo de su “Salario Conformado en Fuerza de Origen” el suplemento denominado “Compensación por incremento de jornada laboral”.
Sin embargo, esta diferencia no puede ser explicada únicamente por la adición de dicho rubro, desconociendo el resto de los mecanismos de cálculo establecidos en los arts. 31 y 33 del Decreto N° 47/17.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia que rechazó la demanda con el objeto de obtener el reconocimiento y la incorporación a su haber del suplemento por antigüedad de servicio, del suplemento instituido por el Decreto Nº 2744/93 y del suplemento por título universitario.
El régimen salarial aplicable a partir del traspaso del agente a la Policía de la Ciudad –Ley N° 5.688 y su Decreto Reglamentario N° 47/2017–, prevé la inclusión de la antigüedad en la fuerza de origen como parte del salario que percibe mensualmente en la fuerza de seguridad local (arts. 31 y 33).
A su vez, de la prueba acompañada no se advierte que hubiera padecido un menoscabo salarial a partir de su traspaso a la Policía de la Ciudad. Por el contrario, del cotejo de su último recibo de haberes en la Policía Federal –correspondiente al mes de diciembre de 2016– y el primero en la Policía de la Ciudad –de enero de 2017– se deprende que su remuneración se vio incrementada en un porcentaje que no permite advertir la afectación invocada.
En su expresión de agravios, la parte actora insiste con el reconocimiento del suplemento por antigüedad de servicio, y argumenta que en su caso particular, conllevaría “[p]ara el caso el 36% sobre el sueldo, por la antigüedad de 18 años en la Policía Federal Argentina, que el actor dejará de tener actualizada toda vez que el monto de la antigüedad fue absorbido por el sueldo y se transformó en una suma fija. - Se acentúa, y así lo corroboró el ´a quo´, el monto que la actora percibía como suplemento por antigüedad de servicio en la Policía Federal Argentina, se incorporó al sueldo en la Policía de Ciudad, como un monto fijo, y no como un rubro separado determinado por la aplicación del 2% (sobre el sueldo) por año de servicio en la fuerza de origen”.
En efecto, no se encuentra acreditado que al liquidar el salario de la accionante –de acuerdo con los parámetros establecidos en la normativa aplicable– el GCBA hubiera incumplido con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 24.588, puntualmente respecto al mantenimiento del nivel salarial alcanzado con anterioridad al traspaso. Ello así, toda vez que no se ha acreditado que hubiera sufrido una disminución en sus haberes.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia que rechazó la demanda con el objeto de obtener el reconocimiento y la incorporación a su haber del suplemento por antigüedad de servicio, del suplemento instituido por el Decreto Nº 2744/93 y del suplemento por título universitario.
El régimen salarial aplicable a partir del traspaso del agente a la Policía de la Ciudad –Ley N° 5.688 y su Decreto Reglamentario N° 47/2017–, prevé la inclusión de la antigüedad en la fuerza de origen como parte del salario que percibe mensualmente en la fuerza de seguridad local (arts. 31 y 33).
A su vez, de la prueba acompañada no se advierte que hubiera padecido un menoscabo salarial a partir de su traspaso a la Policía de la Ciudad. Por el contrario, del cotejo de su último recibo de haberes en la Policía Federal –correspondiente al mes de diciembre de 2016– y el primero en la Policía de la Ciudad –de enero de 2017– se deprende que su remuneración se vio incrementada en un porcentaje que no permite advertir la afectación invocada.
Si bien el accionante alega que el menoscabo a su salario fue cualitativo y no cuantitativo, esta afirmación, desvinculada de constancias probatorias que permitan tener por acreditada una retrogradación en sus ingresos, no resulta suficiente para arribar a esa conclusión. La distinta modalidad de liquidación del salario por parte de la Policía de la Ciudad respecto de la Policía Federal Argentina en cuanto a que ciertos rubros se percibían como un rubro autónomo y no como parte del salario básico no permite advertir, con la prueba aportada, una efectiva desjerarquización en su situación de revista o salario.
Asimismo, conviene dejar asentado que el Gobierno no asumió compromiso alguno en cuanto a mantener los modos de cálculo para las liquidaciones de cada suplemento.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia que rechazó la demanda con el objeto de obtener el reconocimiento y la incorporación a su haber del suplemento por antigüedad de servicio, del suplemento instituido por el Decreto Nº 2744/93 y del suplemento por título universitario.
El régimen salarial aplicable a partir del traspaso del agente a la Policía de la Ciudad –Ley N° 5.688 y su Decreto Reglamentario N° 47/2017–, prevé la inclusión de la antigüedad en la fuerza de origen como parte del salario que percibe mensualmente en la fuerza de seguridad local (arts. 31 y 33).
En lo que respecta al suplemento por título, cabe poner de manifiesto que de acuerdo con lo establecido en el art. 34 del Decreto N° 47/17, fue incorporado al denominado “Salario Regularizado en Fuerza de Origen” y –por lo tanto– quedó subsumido en el “Salario Conformado Policía de la Ciudad”, como salario final de acuerdo al art. 31, efectivamente retribuido mes a mes a la actora con sus haberes.
Asimismo, respecto del suplemento instituido por el Decreto Nacional Nº 2744/93, corresponde mencionar que de acuerdo a lo informado por la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad informó que este suplemento ya se encontraba regularizado en el Sueldo Básico de la Policía Federal del actor, y que había sido tenido en cuenta a la hora de efectuar los cálculos correspondientes.
A mayor abundamiento cabe señalar que, del recibo de haberes de la Policía Federal Argentina acompañado por el actor correspondiente al mes de diciembre de 2016, no surge la percepción del suplemento establecido por el Decreto Nº 2744/93 como un rubro diferenciado, lo que hace suponer que, efectivamente, ya había sido integrado a su salario básico con anterioridad.
En consecuencia y por los argumentos expuestos anteriormente, no cabe más que rechazar los agravios planteados por la parte actora en este sentido.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia que rechazó la demanda con el objeto de obtener el reconocimiento y la incorporación a su haber del suplemento por antigüedad de servicio, del suplemento instituido por el Decreto Nº 2744/93 y del suplemento por título universitario; y hacer lugar al agravio articulado en materia de costas, las que corresponderá distribuir en ambas instancias en el orden causado (artículo 64, parr. 2º del CCAyT).
Respecto de los gastos causídicos, debo destacar que si bien prima facie resultaría plausible el encuadre realizado por la jueza de grado al enmarcar la situación de autos en el principio objetivo de la derrota (cfr. art. 64, primer párrafo, del CCAyT), entiendo que deben ponderarse también las particularidades específicas de este caso y, en especial, la condición de agente público del actor, quien pudo razonablemente entender que se encontraba frente a una conducta lesiva de sus derechos por parte del GCBA.
A ese respecto, la doctrina ha establecido que el principio objetivo de la derrota “[…] reconoce excepción en aquellos casos en los que existe mérito para eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido. Se trata de situaciones excepcionales en las que las circunstancias de la causa permiten inferir que el perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado” (cfr. Catoyra, María et. al., “Costas” en Balbín, Carlos F., director, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2019, cuarta edición actualizada y ampliada, t. I, pp. 442).
De esta situación, se sigue que el supuesto aquí analizado debe resolverse conforme el segundo párrafo del art. 64 del CCAyT y, por ello, distribuirse las costas de primera instancia en el orden causado. A su vez, idéntica regla debe aplicarse para esta alzada.
Atento a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora únicamente respecto de las costas y, en consecuencia, éstas sean impuestas, respecto de todo el proceso, en el orden causado (art. 64, segundo párrafo, CCAyT).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por la actora en todo lo que ha sido materia de agravio, con costas, en virtud del principio objetivo de la derrota (artículo 64 del CCAyT).
En efecto, debe tenerse presente que el artículo 64 del CCAyT (t.c.) responde, como regla, al principio objetivo de la derrota. Ello es así, por cuanto establece que “[l]a parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando esta no lo hubiese solicitado”.
Como excepción, prevé que “[e]l tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
En relación con este principio, tiene dicho la doctrina que se trata, no de una sanción, sino de un resarcimiento que se impone, con prescindencia de la buena o mala fe del vencido, a favor de quien se ha visto obligado a litigar. Se explica así que, la necesidad de recurrir al procedimiento judicial en pos de la defensa de un derecho vulnerado no puede significar un daño para quien acciona o se defiende. En consecuencia, se ha entendido que las costas no constituyen un castigo para el perdedor, sino que importan solo un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el reconocimiento de su derecho, a objeto de que ellos no graviten, en definitiva, en desmedro de la integridad del derecho reconocido (ver Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, sexta edición, 2013, Tomo I, Título II, Capítulo V).
A su vez, cabe ponderar que las excepciones a este principio deben aplicarse con criterio restrictivo (esta Sala, "in re", “Figueroa, Graciela Isabel c/ GCBA s/ cobro de pesos”, Expte. Nº 766832/2016, sentencia del 28/12/2020).
En consecuencia, toda vez que en la sentencia de grado se rechazó la demanda en todas sus partes –decisión que en este voto se propicia confirmar en virtud del análisis normativo y de las acreditaciones de la causa–, que ha quedado demostrado que ni la normativa aplicable ni la prueba ofrecida y producida sustentan los argumentos y pretensiones del demandante y dado que el actor no ha aportado fundamentos sólidos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde rechazar el presente agravio. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo C. Mántaras).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda promovida a fin de que se incorpore a su remuneración mensual, normal y habitual el “Suplemento Residual por Antigüedad en Fuerza de Origen”, conforme lo establece el Decreto Nº47/2017 de la Ley 5688, más las sumas devengadas y no abonadas desde la fecha de traspaso.
En efecto, el ordenamiento jurídico prevé que la antigüedad que el agente adquiría desde el 1º de enero de 2017 sería retribuido a través del suplemento por antigüedad de servicio que equivale al dos por ciento (2%) del sueldo básico por cada año de servicio cumplido, computándose a tal fin únicamente los años de servicio prestados en la Policía de la Ciudad.
Del recibo de haberes acompañado en la demanda surge que al agente se le abona el Suplemento Antigüedad de Servicio en la Policía de la Ciudad.
A su vez de la comparación de su último recibo de haberes de la Policía Federal Argentina con el monto bruto liquidado en Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no se observa que el agente hubiera padecido un menoscabo salarial a partir de su traspaso.
Ello así, no se encuentra acreditado que al liquidar el salario de la accionante –de acuerdo con los parámetros establecidos en la normativa aplicable– el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubiera incumplido con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº24.588, en relación al mantenimiento del nivel salarial alcanzado con anterioridad al traspaso.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda promovida a fin de que se incorpore a su remuneración mensual, normal y habitual el “Suplemento Residual por Antigüedad en Fuerza de Origen”, conforme lo establece el Decreto Nº47/2017 de la Ley 5688, más las sumas devengadas y no abonadas desde la fecha de traspaso.
En efecto, si bien el accionante alega que resulta imposible que el Salario Conformado Final en Policía de la Ciudad resulte inferior al Salario Conformado Final en Policía Federal por cuanto se toma el salario del año 2016 que va a ser inferior, por cuanto “año a año los salarios aumentan conforme lo hace la inflación”, esta afirmación no presenta ninguna constancias probatorias que permitan demostrar que los resultados mencionados sean consecuencia del mero ajuste por inflación.
El actor no acompañó recibos de sueldo correspondientes a la época de su ingreso a la Policía de la Ciudad que permitieran cotejarlos con los de la Policía Federal.
En cambio, adjuntó el “informe-calculo salarial” del que surge que no existe el alegado menoscabo patrimonial.
Cabe recordar que la adopción de un modo de liquidación del salario por parte de la Policía de la Ciudad, fijado a través del Decreto Nº 47/17 que reglamentó la Ley Nº 5.688, difiere respecto al que prevé la Policía Federal Argentina -en cuanto a que ciertos rubros se percibían como un rubro autónomo y no como como parte del salario básico- pero ello no permite advertir que exista una desjerarquización en su situación de revista o salario.
Ello así, no cabe más que rechazar los agravios planteados por la parte actora en este sentido.

La Ley Nº5688, y su Decreto Reglamentario (Decreto Nº 47/17) establecieron el régimen salarial aplicable a todos aquellos agentes que desde el 1º de enero de 2017 formarían parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En relación a aquellos agentes que eran transferidos de la Policía Federal Argentina se fijaron supuestos específicos que reconocieran aquellos suplementos que pudieran percibir.
Sin embargo, cabe destacar que algunos suplementos quedaron subsumidos en otros rubros o salario básico, lo que no hace que se desconociera su existencia y su correspondiente liquidación conforme el nuevo régimen.
Respecto a la antigüedad, el régimen normativo, establece dos supuestos distintos: i) para los años de antigüedad que tuviera por el desarrollo de su labor en la Policía Federal Argentina hasta el 1º de enero de 2017; ii) desde el 1º de enero de 2017 y con posterioridad un Suplemento por Antigüedad de servicio en la Policía de la Ciudad, el cual equivale al dos por ciento (2%) del sueldo básico por cada año de servicio cumplido, computándose a tal fin únicamente los años de servicio prestados en la Policía de la Ciudad.
Respecto al primer supuesto, el ordenamiento determina el monto que el personal hubiera percibido en concepto de antigüedad al 1 de enero de 2017 (artículo 389 del inciso a) del Decreto N° 1.866/PEN/83) se incorpora al “Salario Conformado en Policía de la Ciudad" en el caso que existiera una diferencia con el "Salario Conformado Final de la Fuerza de Origen " y que éste resultara inferior. Ese saldo del monto que el personal hubiera percibido en concepto de antigüedad al 1º de enero de 2017 –si lo hubiere– conforma el “Suplemento Residual por Antigüedad en Fuerza de Origen”.
Es decir que el régimen prevé la forma a través del cual se incorpora el “Suplemento Residual por Antigüedad en Fuerza de Origen”, siempre que existiera una diferencia en los cálculos.

En el caso, corresponde hacer lugar al agravio articulado por el actor en materia de costas, las que corresponderá distribuir en ambas instancias en el orden causado.
En la sentencia de grado se rechazó la demanda promovida por el agente con imposición de costas; vale la pena destacar que se ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la referida parte.
En efecto, a fin de evaluar la imposición de costas de autos, corresponde ponderar la complejidad de la contienda suscitada en autos la cual versa sobre el cambio de régimen laboral como consecuencia de la trasferencia efectuada a la agente de jurisdicción Federal a jurisdicción local.
En efecto, tal como esta Sala tiene dicho en una causa sustancialmente análoga a la presente, la trasferencia referida “implicó que ciertos conceptos que eran liquidados a la actora mediante la aplicación de porcentajes (o, en el caso de la suma prevista en el decreto 2744/93, con un coeficiente) fuesen reemplazados por otros suplementos. A su vez, la evolución de su haber pasó a regirse por mecanismos distintos de los aplicados en su fuerza de origen. Las dificultades que supone la comparación de los regímenes salariales involucrados […] pudo llevar a la actora a la convicción de que le asistía mejor derecho” (conf. voto del Dr. Balbín al que adherí en autos “Delgado, Patricia Elena c/ GCBA y otros s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”, EXP 77929/2017-0).
Siguiendo esta línea, si bien la demandante ha resultado vencida, lo cierto es que en virtud de las complejidades que trae aparejada la comparación de regímenes salariales de distintas jurisdicciones y sumado a que, actualmente, no hay una jurisprudencia consolidada en la materia, tengo para mí que la actora pudo creerse con derecho a litigar (“Ciapponi., Marina Gabriela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)”, Expte. Nº 116490/2020-0, 28 de septiembre de 2023).
Ello así, corresponde distribuir las costas del proceso en el orden causado, por verificarse en el caso circunstancias particulares que justifican apartarse del principio general de la derrota (64, párrafo 2º del Código Contencioso, Administrativo y Tributario)

En el caso, corresponde rechazar el agravio articulado por el actor en materia de costas, las que corresponderá distribuir en ambas instancias en el orden causado.
En efecto, el artículo 64 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario (t.c. Ley Nº6588) responde, como regla, al principio objetivo de la derrota.
En relación con este principio establecido como regla general, la doctrina señala que se trata, no de una sanción, sino de un resarcimiento que se impone, con prescindencia de la buena o mala fe del vencido, a favor de quien se ha visto obligado a litigar. Se explica así que, la necesidad de recurrir al procedimiento judicial en pos de la defensa de un derecho vulnerado no puede significar un daño para quien acciona o se defiende. En consecuencia, las costas no constituyen un castigo para el perdedor, sino un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el reconocimiento de su derecho (Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, sexta edición, 2013, Tomo I, Título II, Capítulo V).
Como excepción, prevé que “el Tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
A su vez, cabe ponderar que las excepciones a este principio deben aplicarse con criterio restrictivo (“Figueroa, Graciela Isabel c/ GCBA s/ cobro de pesos”, Expte. Nº 766832/2016, sentencia del 28/12/2020).
Bajo dichas premisas, toda vez que en la sentencia de grado se rechazó la demanda en todas sus partes y dicha decisión que encuentra firme en virtud del rechazo del recurso del accionante, corresponde que afronte las costas del proceso. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Mántaras).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de grado que rechazó la acción de amparo promovida.
El objeto de la causa consiste en ordenar al Gobierno de la Ciudad que cese su actuar omisivo en relación con el cumplimiento de las competencias que en materia de seguridad pública le corresponden por imperio constitucional y legal, en el marco de las protestas que pudieran llevar adelante los ciudadanos a fin de resguardar sus derechos a la integridad física, a la libertad de expresión y a de peticionar ante las autoridades. Ello, ante la intervención de las fuerzas federales de seguridad, en su jurisdicción, producida en el marco de este tipo de manifestaciones.
En efecto, más allá de las afirmaciones de la apelante acerca de que no persigue “[...] reclamar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aire ni tampoco denunciar ilegalidades de las fuerzas federales”, lo cierto y concreto es que la pretensión de la accionante consiste en que el Poder Judicial local ordene al Gobierno de la Ciudad que ejerza debidamente sus competencias de prevención, cuidado y protección de quienes asisten a aquellos eventos, frente a la actuación de las fuerzas nacionales de seguridad. O, dicho de otro modo, y siempre en términos hipotéticos, pretende que se ordene a las autoridades competentes del Estado local —en esas circunstancias y en ejercicio de sus deberes de seguridad— que sus efectivos inhiban la actuación de los efectivos federales, cuando las protestas se desplieguen en el espacio territorial de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese entendimiento, se advierte que —a diferencia de lo sostenido de modo reiterado por la apelante— no sería posible (en los términos en que fue deducida la presente acción) eventualmente condenar al demandado a que reasuma —en esas ocasiones— sus facultades en materia de seguridad, sin ponderar las razones jurídicas por las cuales los órganos nacionales participan en ellas.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de grado que rechazó la acción de amparo promovida.
El objeto de la causa consiste en ordenar al Gobierno de la Ciudad que cese su actuar omisivo en relación con el cumplimiento de las competencias que en materia de seguridad pública le corresponden por imperio constitucional y legal, en el marco de las protestas que pudieran llevar adelante los ciudadanos a fin de resguardar sus derechos a la integridad física, a la libertad de expresión y a de peticionar ante las autoridades. Ello, ante la intervención de las fuerzas federales de seguridad, en su jurisdicción, producida en el marco de este tipo de manifestaciones.
En efecto, la apelante admite que el análisis de su petición involucra dos circunstancias (la omisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la vulneración de los derechos de los ciudadanos por la actuación de los organismos nacionales de seguridad) que —en sus propias palabras— no eran cuestiones “[...] estancas, sino integradas”.
Sin embargo, la actora no fundamentó (menos todavía, demostró) la posibilidad cierta de que los Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad pudieran verificar que las restricciones a los derechos de las personas que concurren a las manifestaciones a expresar sus ideas y a peticionar ante las autoridades pudieran ser constatadas únicamente a partir del proceder omisivo de la Administración (sin determinar la incidencia que —sobre tales limitaciones— tiene la participación, en dichos actos, de las fuerzas federales).
En otros términos, no justificó que existiera una exclusiva responsabilidad del accionado respecto de los obstáculos que —según la actora— los ciudadanos deben afrontar al ejercer su derecho a protestar en esta Ciudad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de grado que rechazó la acción de amparo promovida a fin del Gobierno de la Ciudad que cese su actuar omisivo en relación a la intervención de las fuerzas federales de seguridad, en su jurisdicción.
En efecto, para resolver la causa, es resulta necesario determinar si el accionar de las fuerzas federales en jurisdicción de la Ciudad infringe o no las normas nacionales o locales aplicables a la situación de autos (Constitución Nacional y Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ; Ley nacional N° 24.059 y su Decreto reglamentario N° 1273/1992; y Ley N° 5.688).
El objeto de autos obliga a interpretar tales normas federales de modo directo y principal, hecho que da lugar a un caso federal que, por la materia, debe ser decidido por los magistrados que integran dicho fuero (ello, sin perjuicio, además, de resultar necesaria la participación en el pleito del Estado nacional a fin de no avasallar su derecho de defensa).
Vale recordar que “la materia y las personas constituyen dos categorías distintas de casos cuyo conocimiento atribuye la Constitución Nacional a la justicia federal (art. 116), y en uno y otro supuesto dicha jurisdicción no responde a un mismo concepto o fundamento, sino que en el primero lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, Tratados y Leyes nacionales, así como las concernientes al almirantazgo y jurisdicción marítima, mientras que en el segundo procura asegurar, esencialmente, la imparcialidad de la decisión, la armonía nacional y las buenas relaciones con los países extranjeros” (CSJN, Banco Central de la República Argentina c/ Asociación Bancaria Nacional y otros s/ inhibitoria”, CAF 027533/2022/CS001, sentencia del 24 de octubre de 2023, Fallos: 346:1233, del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).
También, cabe mencionar que cuando los extremos disputados conducen, en definitiva, a la interpretación de normas concernientes a estructuras de un sistema jurídico implementado por el Estado Nacional, “[...] corresponde estar a la doctrina según la cual los casos que versan, en último término, sobre situaciones alcanzadas por normas federales, deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia” (cf. CSJN, “G., M. B. c/ SANCOR SALUD S.A. s/ Civil y Comercial -Varios”, FSA 002494/2019/CS001, sentencia del 18 de noviembre de 2021, Fallos: 344:3543, del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).
Ello así, esta Cámara de Apelaciones resulta incompetente para intervenir en autos respecto de todas las cuestiones que motivaron el inicio de la controversia.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del traslado de la demanda y el pedido de correr nuevo traslado.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
La demandada sostiene que el traslado de la demanda debe ingresar por ante el Ministerio pertinente (y no por ante la mesa de entradas de la Policía Federal Argentina), de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Demandas contra la Nación N° 3952 y el artículo 9 de la Ley Nacional N° 25.344.
Sin embargo, uno de los requisitos para que proceda la declaración de nulidad de un acto procesal, es la existencia de perjuicio y el interés jurídico en su declaración. Derivado de la antigua máxima "pas de nullité sans grief" (no hay nulidad sin daño o perjuicio), este presupuesto indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales.
El principio de trascendencia ––contenido en el actual artículo 154 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario –– enseña que la nulidad sólo puede ser declarada cuando haya un fin que la trascienda, o desde otro punto de vista, que la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio (Maurino, Alberto Luis, Nulidades Procesales, Astrea, Buenos Aires, 2001, pp. 52/53).
Es necesario recordar que las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, reservándose la sanción frente a la exteriorización de una efectiva indefensión, por cuanto el proceso no es un rito solemne y frágil que se desmorona ante la primera infracción formal, debiendo limitarse a aquellos supuestos en que el acto impugnado o viciado, ocasione un perjuicio sin que cumpla su finalidad. Ello porque frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes sobre los que pueda consolidarse el proceso (conf. Fenochietto, Carlos A. - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial, Astrea, Buenos Aires, T. I, p. 611 y 624; Palacio Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Tº IV, p. 178)”

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del traslado de la demanda y el pedido de correr nuevo traslado.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
La demandada sostiene el traslado de la demanda debe ingresar por ante el Ministerio pertinente (y no por ante la mesa de entradas de la Policía Federal Argentina); sostiene que no le fue posible ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional ), toda vez que “...tener por notificada a esta parte del traslado de una demanda mediante un oficio erróneamente diligenciado, resulta totalmente contrario a las disposiciones legales que rigen la materia”.
Sin embargo, la recurrente no ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto e individualizable, ni expuso cuáles son las defensas que se vio privada de presentar a efectos de poder acceder al planteo de nulidad deducido en estos autos.
Sobre el punto, cabe advertir que la recurrente contestó demanda y opuso excepciones de incompetencia, falta de legitimación pasiva e inhabilidad de título, planteando además la inexistencia de deuda exigible, la improcedencia de la vía ejecutiva y de la acción.
Sobre esta última presentación, cabe aclarar que la interesada no manifestó haberse encontrado imposibilitada de cumplir en tiempo y forma con el traslado por treinta (30) días oportunamente conferido por el Juzgado, más allá del acierto o error en la indicación del destinatario del oficio ordenado en los términos del artículo 9 de la Ley N° 25.344.
Ello asì, la apelación no debe prosperar, al no haberse acreditado el gravamen concreto en el derecho de defensa en juicio de la demandada, más allá de la genérica afirmación efectuada en este sentido en el recurso de apelación.