No es nulo el testimonio en cuya acta no se encuentre la fecha, atento a que la ausencia de ésta es una cuestión de aptitud probatoria que además es eventualmente reproducible en la etapa procesal oportuna.

No se compadece con el sistema acusatorio previsto en el artículo 13 inciso 3º de la Constitución de la Ciudad la decisión del fiscal de poner en conocimiento del magistrado la circunstancia de que un testigo habría aportado un elemento probatorio. Estas atribuciones le son propias al acusador en el marco de una investigación preliminar.

En el caso, considero que el hecho de que una persona haya sido atacada por otra que le provocó lesiones dentro de un polideportivo que se encuentra en la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no encuadra en el supuesto de uso general de los bienes públicos por parte de los particulares que surge de la propiedad común de los mismos (conf. Esteban Centanaro, Qué es el comodato, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, pág. 126), sino que se trata de una relación contractual atípica y gratuita.
Asimismo, surge de las declaraciones testimoniales, que el ingreso al parque Polideportivo no es libre sino que quien desea utilizar las instalaciones del mismo, desarrollar una actividad deportiva o asistir a un evento de los que allí se organizan, debe atravesar el control de vigilancia ubicado en la única puerta de acceso.
Por su parte, la accionada se atribuye el carácter de explotadora del predio, lo cual sumado a lo anterior pone en cabeza de ella el deber de seguridad en favor de quienes ingresan al parque en la confianza de que aquélla ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos, máxime si al mentado polideportivo concurren familias.
En consecuencia, se trata de un contrato innominado entre quien ofrece un espacio para el esparcimiento, la recreación y las prácticas deportivas, por una parte, y quienes asisten al mismo pagando un “bono de contribución voluntaria” a modo de “boleto de ingreso”, por la otra, entre cuyas cláusulas implícitas por razón de su misma naturaleza, debe considerarse comprendida la que atañe a la seguridad personal de los concurrentes.

Si bien el artículo 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación –que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad propia del procedimiento contravencional impide una revisión de los aspectos probatorios que dependen exclusivamente del principio de inmediación.
En este sentido, cabe destacar que la Alzada no puede valorar de nuevo los testimonios desarrollados en la audiencia de debate, sin escucharlos, en la medida que no se logró un contacto directo con los medios de información y las personas, tal como lo hizo el magistrado de grado, debiendo efectuar el control de logicidad del razonamiento del a quo.

La doctrina judicial no descalifica al testigo único. La máxima testis unus testis nullus no tiene vigencia en nuestro ordenamiento. Ahora bien, una declaración así debe ser corroborada con otros medios de prueba y evaluarse en su totalidad, según las reglas de la sana crítica.

En el caso, corresponde hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la propietaria del ómnibus donde se produjo el siniestro y contra el conductor, con motivo de haber provocado lesiones a una dependiente de la actora y atento a que ha sufragado a aquélla la pertinente licencia médica con goce de haberes.
La mera circunstancia de que exista un único testigo del siniestro, a la postre dependiente de la actora, no empece a tener por acreditado que la lesión que motivó la licencia se produjo dentro del interno de propiedad de la empresa de transporte demandada. Ello, toda vez que tal testimonio es concordante con otros elementos de prueba, los que, entrelazándose con el relato de los hechos, van formando convicción al Tribunal sobre lo efectivamente acaecido.
Una pauta fundamental que el juez debe seguir a la hora de valorar al testigo consiste en la determinación del grado de convicción que le ofrece el testimonio en función de la mayor o menor verosimilitud de los hechos que expone, así como también a la mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y recordarse (Conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Lexis N° 2507/004573).
En definitiva, la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. La concordancia que puede descubrirse entre el mayor número, y en definitiva, las reglas de la sana crítica, han de señalar caminos de interpretación del juzgador (Conf. Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial ...", T. III, pág. 365 y sus citas).

En el caso, corresponde hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la propietaria del ómnibus donde se produjo el siniestro y contra el conductor, con motivo de haber provocado lesiones a una dependiente de la actora y atento a que ha sufragado a aquélla la pertinente licencia médica con goce de haberes.
La mera circunstancia de que exista un único testigo del siniestro, a la postre dependiente de la actora, no empece a tener por acreditado que la lesión que motivó la licencia se produjo dentro del interno de propiedad de la empresa de transporte demandada. Ello, toda vez que tal testimonio es concordante con otros elementos de prueba, los que, entrelazándose con el relato de los hechos, van formando convicción al Tribunal sobre lo efectivamente acaecido.
En cuanto al testigo protagonista o dependiente, es obvio que no pueden ser descartados de plano ni ser sospechados de mendacidad por la sola circunstancia de haber sido uno de los protagonistas del hecho o por mantener una relación de dependencia con el litigante que ofrece su testimonio.
De todos modos, la valoración debe ser extremadamente estricta, toda vez que es natural en el hombre tergiversar los hechos si su exposición real puede llegar a comprometerlo a título personal.
Algo parecido ocurre cuando quien declara puede verse expuesto a la pérdida de su fuente de trabajo, suponiendo con fundamento una reacción desfavorable hacia su persona de parte del empleador. Ahora bien, no puede soslayarse que en este caso nos encontramos frente a un trabajador que goza de estabilidad en los términos de la Ley de Empleo Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que cualquier temor fundado de imparcialidad por riesgos de represalias debe ser adecuadamente merituado.
Se ha dicho acertadamente que el hecho de que los testigos sean empleados de una de las partes no obsta para que sus declaraciones sean tenidas en cuenta cuando se trata de deponentes necesarios en virtud de sus intervenciones personales y directas en la operatoria que originó el pleito, actuación que les permitió acceder al efectivo conocimiento de los hechos (Conf. CNCom., sala C, 25/02/2005, "Wal Mart Argentina S.A. c. Personal Marketing S.A.", DJ 2005-2, 281).

En el caso, corresponde revocar la sentencia condenatoria de grado.
En efecto, la circunstancia de haber sido desistidos los testigos ofrecidos por el Fiscal ha impedido corroborar en forma adecuada y con razonable control por parte de la Defensa la cuestionada exactitud de las actas que originaron el procedimiento que, en tales condiciones, no pueden válidamente ser consideras plena prueba de las faltas reprochadas y que la firma acusada ha negado expresamente.
Ello así, se pretende garantizar el derecho de la defensa a cuestionar la imputación, mediante el contra interrogatorio de los testigos característico del principio de oralidad bajo el cual debe desarrollarse el procedimiento (art. 28 de la ley 1.217). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la sentencia condenatoria de grado.
En efecto, resulta irrazonable basar una condena por faltas que no son admitidas por la firma imputada, exclusivamente en el valor probatorio de actas de comprobación en las que se prescindió de indicar las señas que permitan individualizar a los testigos que necesariamente hubo –y que eran fácilmente identificables, para los funcionarios que las labraron, dado el carácter fijo y, relativamente prolongado, de las faltas reprochadas–. Máxime cuando el fiscal, sin razones atendibles, desiste de producir la prueba testimonial que oportunamente ofreciera. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación contra la sentencia de grado que condena a la empresa infractora.
En efecto, la redacción del artículo 3 de la Ley Nº 1217 indica que sólo debe hacerse constar la presencia de testigos cuando éstos hubieran presenciado la acción u omisión de que se trate; de no haberla presenciado, lógicamente nada existe para hacer constar sobre el particular.
Asimismo, en función del artículo 5 de dicho cuerpo normativo, rige la presunción de validez de las actas así labradas, presunción que en modo alguno ha sido desvirtuada por la defensa, cumplimentando la carga de la prueba que en tal caso pesa sobre ella.

La caducidad en la producción de la prueba testimonial se presenta como el resultado de la inactividad de la parte interesada en su producción. En particular, respecto del artículo 338 inciso 1º del Código Contencioso Administrativo y Tributario dicha inactividad se traduce en un “no hacer” identificado con la falta de citación de los testigos propuestos, que trae como consecuencia la incomparecencia de éstos. En este sentido, para que dicha inactividad sea demostrativa del desinterés del litigante, es preciso que los testigos no comparezcan por falta de citación.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia.
En efecto, si la encartada consideraba útil la declaración de
testigos a fin de desvirtuar la validez de las actas, su parte tenía plenas facultades para proponerlos. Sin embargo, si bien la misma en su descargo ofreció como prueba declaraciones testimoniales, las cuales fueron aceptadas por la Magistrada, luego en la audiencia de juicio desistió de dichas medidas probatorias. Asimismo, la comisión de las infracciones fue presenciada por tres funcionaros de la autoridad administrativa, ninguno de los cuales fue citado por la infractora para iluminar los hechos del caso.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio respecto de uno de los hechos de amenazas simples imputadas.
En efecto, la decisión de la falta de evacuación de citas se encuentra razonablemente fundada en la circunstancia de que el imputado no explicó siquiera mínimamente sobre qué aspectos o circunstancias del hecho se explayarían los testigos propuestos, ni cuál era la conexión de ellos con el evento en pesquisa, es decir, si podrían haber presenciado el hecho, o si se trataba de testigos de concepto, etc., o qué información relevante podrían aportar a la investigación.
La manda legal contenida en el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, impone al Fiscal la obligación de investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado en sus declaraciones o escritos de descargo, si bien debe ser interpretada en un sentido amplio que garantice una eficaz desarrollo de la defensa material del encausado que lo coloque en una situación de igualdad respecto de las posibilidades de producir prueba que ostenta el Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que encuentra su límite en el propio texto de la norma en cuanto la mencionada actividad debe desarrollarse respecto de aquellas diligencias “que objetivamente pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las actuaciones a juicio.”
Se advierte entonces con claridad que la llamada “evacuación de citas” requiere de un acto de valoración, -en nuestro procedimiento y en primer lugar de quien tiene a su cargo la investigación- que permita establecer con la amplitud de criterio, si las diligencias propuestas responden a los parámetros que establece la normativa reseñada, con carácter previo a ordenar su producción.
A mayor abundamiento, la falta de consignación por parte del imputado o aún de la defensa que lo asistía al acto, de los datos referidos privó al Fiscal de la posibilidad de contar con elementos para evaluar siquiera liminarmente aquello que la norma le exige y en tal sentido el rechazo a la petición en esa oportunidad deviene acertado.

En el caso, corresoponde revocar la resolución dictada por el Sr. Juez "a quo" y hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesto por la actora contra el Gobierno de la Ciudad, en razón del accidente sufrido al caer de su bicicleta con motivo de un lomo de burro mal señalizado seguido de un pozo que - según afirma - le resultó imposible advertir y evitar.
En efecto, el Estado local no demostró la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no le quepa responder y, en cambio, si se corroboró el infortunio derivado del pozo ubicado en el lugar del hecho, el que se encontraba, además, sin señalización alguna.
Ello así, si bien es cierto que no existe un testigo que apreciara el instante exacto de la caída con motivo del deterioro del pavimento, no lo es menos que se encuentra suficientemente probado el desplome de la actora desde su bicicleta y al lado de un pozo de considerables características; por lo que cabe inferir en la ocurrencia del infortunio como consecuencia del mal estado de la calle. En definitiva resulta irrebatible tal conclusión cuando los dos testigos (no impugnados en la etapa de prueba) describieron el evento y las lesiones experimentadas por la demandante al tomar conocimiento prácticamente inmediato a la ocurrencia. Máxime cuando uno de ellos resultó ser dependiente del servicio de emergencia (SAME) e intervino en la asistencia.
Asimismo, los dichos de la actora, de los dos testigos, la información acompañada por el SAME, así como por el Hospital en el que fue atendida, resulta suficientemente objetiva y concordante. Por ello, conjugados tales elementos de prueba con la directiva que surge del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo y Tributario y siguiendo las pautas de apreciación de la prueba que consagra el artículo 310 del mismo cuerpo legal, entiendo que cabe tener por probado el hecho de marras, pues existen suficientes presunciones graves, precisas y concordantes que así lo ameritan (conf. esta Sala, “Petrillo, Damián Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios” EXP 5628/0, 28/07/05, mi voto).

La circunstancia de que ciertos testigos se describan como "amigos" del actor no invalida el testimonio prestado sino que, en todo caso, deberá apreciárselo con mayor rigor, máxime cuando no han sido impugnados en el momento procesal oportuno.

El juez goza de amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales. Asimismo, se ha referido que la apreciación de la eficacia del testigo debe ser efectuada atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones y aquellas no son sino las del correcto entendimiento humano, extraídas con recto criterio de la lógica y basadas en la ciencia, experiencia y observación de los demás elementos agregados a la causa, siendo así que la fuerza probatoria de la declaración de un testigo está vinculada con la razón de sus dichos y en particular con la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que es condición esencial de su validez, al punto que el propio código impone al juez exigirla y la declaración que adolece de ese vicio carece de atendibilidad (CNEsp. Civ. y Com., Sala I, “De Maio c/ Rico”, ED, 81-334; íd. “Farías Omar c/ Patiño Julio César s/ sumario”, del 09/02/83; CNCiv., Sala H, “Pereira Oscar c/ Corradi Daniel y ot. s/ daños y perjuicios”, del 25/06/93).

En el caso corresponde no hacer lugar a la negligencia de la prueba testimonial planteada, ello así, puesto que de la compulsa de las presentes actuaciones, se advierte que la actora no ha sido notificada del auto de apertura a prueba en el que se dispuso recibir la declaración de los testigos ofrecidos por su parte. Tampoco se verifica el retiro del expediente en fecha posterior a dicho acto procesal.
Por su parte, la posterior denuncia de hecho nuevo presentada por ella no presupone el conocimiento efectivo de la apertura a prueba dispuesta en autos. Ello así, por cuanto las expresiones allí vertidas en modo alguno permiten inferir que la demandante conociera la existencia de la providencia de apertura a prueba. Lo dicho impide tener por configurado un supuesto de notificación tácita contemplado por el artículo 118, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Así las cosas, la falta de notificación aludida impidió a la actora tomar conocimiento de las fechas de las audiencias fijadas para la declaración testimonial, y en consecuencia, notificar a los testigos propuestos y presentarse en la audiencia.
Es dable advertir entonces que no se encuentra acreditado en autos el desiterés y/o la inactividad de la actora para producir la prueba testimonial ofrecida oportunamente. En consecuencia, resulta improcedente la negligencia planteada por la parte demandada.

La posición jurídica del imputado en las cuestiones de violencia de género viene siendo seriamente comprometida, por una serie de prácticas que se están generalizando. En efecto, si los testigos del hecho son hijos de la pareja (o de alguno de ellos), muchas veces no se los ofrece como testigos “para no revictimizarlos”; es muy común apreciar que, en general, sólo se aportan los dichos de la denunciante como “prueba” de cargo; pero si la denunciante cambia el relato en el juicio oral como ha ocurrido en la presente causa, se imputa de todos modos el hecho descripto en el requerimiento aduciendo que los “matices” en los hechos son producto del temor, en total desconocimiento del principio de congruencia, íntimamente conectado con la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 CN); es muy común también que se presuma, en la acusación, el vínculo entre las personas, afirmándose que son o han sido familia aún cuando nunca (o rara vez) se aporta prueba autónoma de ello (vgr. la partida de matrimonio) y eso que el artículo 106 del Código Procesal Penal justamente impone, como único límite a la regla de la amplitud probatoria, la prueba relativa al estado civil de las personas).
También se presume, por lo general, en la acusación que el hecho imputado es producto de “violencia de género” que es alegada, aún cuando se trate de un hecho aislado, el imputado carezca de antecedentes o de otras denuncias en su contra. Con gran frecuencia también se atribuyen al incuso el padecimiento de todo tipo de adicciones (alcoholismo, drogadicción ), pero no suelen acompañarse de evidencias mínimas y serias sobre ello.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia condenatoria de grado.
En efecto, la audiencia de debate se ha llevado a cabo de conformidad con los ritos vigentes, teniendo las partes oportunidad de presenciar la producción de la prueba y de alegar respecto de su valor probatorio.
Asimismo, la sentencia impugnada surge con claridad cuáles fueron los fundamentos que llevaron a la Juez de grado a pronunciarse de un modo condenatorio, detallando cuáles fueron las circunstancias que lo han llevado a concluir que la conducta que se le endilgó al imputado, en base a la percepción que obtuvo de los testimonios brindados a lo largo de la audiencia, analizándolos en conjunto con la prueba documental rendida en el proceso (Del voto del Dr. Franza).

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al acta de intimación de los hechos interpuesta por la Defensa.
En efecto, el acta de intimación de los hechos cumple parcialmente con los requisitos ya que se le ha informado a la imputada la conducta que se le
atribuye, descripta con las mismas palabras empleadas en el decreto de
determinación de los hechos, su calificación legal y que obraban en su contra las
siguientes pruebas: “denuncia radicada por la testigo, seis vistas fotográficas y (los dichos de la) testigo.
Sin embargo, el fiscal ofreció como prueba, además, de las indicadas,
la declaración de los dos testigos con domicilio también en el de la denunciante, circunstancia que se omitió comunicar a la defensa al intimarle el hecho imputado y la prueba de cargo, pese a lo cual ha sido admitida para ser producida en el debate por el a quo.
Entiendo que, en tales condiciones, admitir la declaración de los mismos, en el juicio oral, pese a que no se informó que declararían y que lo harían en contra de la imputada en la oportunidad en la que ello es legalmente obligatorio, resultará sorpresiva para la defensa y ello obliga a anular parcialmente el requerimiento de elevación a juicio.

En el caso, corresponde confirmar lo resuelto por la a quo y rechazar la demanda entablada, pues no se pudo calificar al accidente de trabajo que sufriera la actora como "in itinere".
Ello así, pues de las probanzas de autos y contrariamente a lo manifestado por la actora, no logra demostrarse cabalmente que la accionante se dirigió a un Centro de Gestión y Participación, a los fines de presentarse a una asamblea extraordinaria a la que había sido convocada en ejercicio de su función sindical, por no no existir constancia alguna que diera cuenta de la existencia de la referida reunión.
A mayor abundamiento, del propio permiso de autorización de salida que se le otorgara a la actora, se extrae que este respondía a razones personales , elemento objetivo tenido en consideración por la sentenciante al resolver.
De lo precedentemente expuesto, no logra advertirse que el motivo de la modificación del trayecto por parte de la actora respondiera a una razón de índole laboral, por lo que no se logran configurar los extremos topográficos y cronológicos propios y característicos de un accidente "in itinere" pasible de reparación.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio opuesto por la Defensa.
En efecto, el recurrente consideró que dicha pieza procesal carece de un verdadero sustento probatorio. A su entender, existe una prueba única con la que se pretende justificar la realización del debate consistente en los dechos de la denunciante y se apoyó en el precedente “Machi” de esta Sala.
Ello así, cabe aclarar que no es pertinente la cita porque, además de referirse a una causa penal, se trataba de un caso en el que el Fiscal sólo había ofrecido como prueba del hecho la declaración testimonial del denunciante ante la prevención, de la que no se desprendía la existencia de testigo presencial que convalidara su relato, contando con su solitaria version en contraposición con la que había brindado el inculpado en la intimación de los hechos.
En cambio, en el presente, tal valoración no resulta acorde con las constancias del legajo, toda vez que la imputada fue hallada en flagancia luego de que el personal preventor, ante la denuncia efectuada por una vecina del lugar, se constituyera y observara que la conducta de la imputada configuraba “prima facie” la contravención prevista en el artículo 81 de la Ley Nº 1472.
Asimismo, el Sr. Fiscal de grado solicitó, en la pieza cuestionada, que se cite a prestar declaración testimonial, además de la denunciante, al preventor mencionado y a los testigos del labrado del acta, ello sumado a otras pruebas que se aprecian como suficientes para habilitar la transición del proceso a su próxima etapa.

En el caso, corresponde hacer lugar a la demanda entablada por la actora contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de obtener la reparación por los daños y perjuicios originados en el accidente que sufrió en un cementerio público, en ocasión en que cayó abruptamente al suelo producto del mal ensamble de una alcantarilla.
En efecto, el hecho ocurrió en las condiciones descriptas en la demanda, corroboradas por los testigos presenciales y por el informe del Servicio de Urgencias del Hospital que asistió a la actora luego del accidente, y por ello, atribuir la exclusiva responsabilidad del Estado local, ante la ausencia de culpa de la víctima o de un tercero por quien éste no deba responder.
Ello así, considero objetivos los dichos de los testigos presenciales. Pues, si bien no se pierde de vista que los declarantes no apreciaron el instante exacto en el que la actora tropezó con la alcantarilla, no lo es menos que sí oyeron el grito de la actora y vieron la posición final de su cuerpo sobre la alcantarilla e inclusive la ayudaron a reponerse y a pedir auxilio. Asimismo, refirieron acerca del estado del lugar y la peligrosidad que el desnivel representaba. Sin duda, se trata de testigos presenciales que han percibido a través de sus sentidos los hechos controvertidos de autos. Los testimonios son concordantes entre sí y coincidentes con la descripción de los hechos de la demanda. Por otra parte, el grado de convicción que la prueba en análisis genere debe vincularse, necesariamente, con el resto de las constancias allegadas y, asimismo, con los indicios que genere (conforme lo resuelto por esta Sala II, in re “Oliver, Nora Beatriz c/ GCBA s/ daños y perjuicio”, expte. 4055/0, 21-12-2007, cons. 13). En ese contexto, debe atribuírsele suficiente verosimilitud a los dichos de los testigos presenciales a los efectos de tener por comprobado el hecho dañoso.

En el caso, corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de obtener una indemnización por el accidente sufrido en ocasión en que fue embestido por un automóvil debido al – según sus dichos - defectuoso funcionamiento del semáforo.
En efecto, estimo suficientemente probado que fue el accionar del mismo actor el que provocó el accidente por el que aquí se discute. De esta menera se puede tener por probado que la culpa de la víctima concurre como eximente de responsabilidad de los codemandados a tenor de lo prescripto por el artículo 1113 del Código Civil.
Ello así, no se soslayan los argumentos vertidos por la parte actora a partir de una interpretación personal y que fuera la más conveniente a su postura; sin embargo, lo cierto es que no existen medios probatorios contundentes que habiliten la convicción del Suscripto acerca del mal funcionamiento del semáforo peatonal. Así, no se pierde de vista los dichos de uno de los testigos - que resultan concordantes con el relato de los hechos que efectúa el actor -. No obstante, pueden considerarse aislados máxime cuando se trata de un testigo de conocimiento que no estuvo en el momento mismo del hecho; que pese a domiciliarse en la Provincia de Buenos Aires no se advierte qué hacía en el lugar; nada acompañó sobre algún dato adicional o en particular; y quizás, lo más trascendente, llamativamente, nunca declaró o fue mencionado en el causa penal que precedió estas actuaciones. Desde luego, tales consideraciones no lo excluyen como testigo sino que son factores a tener en cuenta en el análisis probatorio a fin de crear la convicción de los sentenciantes. En cambio, sí declararon otros dos testigos que cruzaron la avenida junto con el actor. Mientras que el primero nada dijo sobre el semáforo y su funcionamiento, el segundo ni siquiera recordaba si había semáforo peatonal. Lo que coloca de resalto que ninguno de ellos actuó con la diligencia que era esperable y, de algún modo, podría interpretarse que no había sido la falta del semáforo peatonal la razón del accidente.

En el caso, corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de obtener una indemnización por el accidente sufrido en ocasión en que fue embestido por un automóvil debido al – según sus dichos - defectuoso funcionamiento del semáforo.
En efecto, estimo suficientemente probado que fue el accionar del mismo actor el que provocó el accidente por el que aquí se discute. De esta menera se puede tener por probado que la culpa de la víctima concurre como eximente de responsabilidad de los codemandados a tenor de lo prescripto por el artículo 1113 del Código Civil.
Ello así, con relación a la causa penal que precedió las presentes actuaciones- en la que los aquí codemandados fueron sobreseídos-, significativo resulta la ubicación del accidente en el croquis confeccionado por la Policía Federal. En efecto, los restos de vidrios se ubican a un lado de la senda peatonal por lo que resulta elocuente que el actor no cruzó por la zona habilitada a tal fin sino en forma oblicua, tal como fuera descripto por los testigos.
Asimismo, no caben dudas acerca de la existencia de un obrar negligente e imprudente del actor en el desenlace del hecho dañoso. En efecto, se aprecia que lejos de tomar una actitud prudente y sensata se aventuró a cruzar una avenida de importante caudal de tránsito arriesgando su vida y la de sus semejantes. Palmarios son los dichos de los testigos en este sentido que no dudaron en decir que intentaron transponer la vía de circulación comenzando un cruce “en diagonal” hacia la senda peatonal. Claramente, estos datos difieren con lo dicho en la demanda, afirmaciones y conclusiones que han quedado huérfanas de sustento probatorio. Asimismo, en lo que se refiere a la existencia de un semáforo peatonal y su mal funcionamiento, lo cierto es que, no se puede asegurar que no funcionara o que este fuera irregular. Los testigos nada refirieron sobre los semáforos e inclusive uno de ellos desconocía directamente de su existencia.
Por ello, habiéndose constatado en la causa penal que estos funcionaban correctamente más los informes tendientes a demostrar que no hubo reclamos o reparaciones, son pruebas suficientes de su existencia y funcionamiento regular.

En el caso, corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de obtener una indemnización por el accidente sufrido en ocasión en que fue embestido por un automóvil debido al – según sus dichos - defectuoso funcionamiento del semáforo.
En efecto, estimo suficientemente probado que fue el accionar del mismo actor el que provocó el accidente por el que aquí se discute. De esta menera se puede tener por probado que la culpa de la víctima concurre como eximente de responsabilidad de los codemandados a tenor de lo prescripto por el artículo 1113 del Código Civil.
Ello así, resultan locuaces los dichos de dos testigos que describieron con precisión que habían intentado cruzar la arteria quedándose en un primer momento sobre la doble línea amarilla separatoria de ambos sentidos de circulación no obstante haber logrado trasponer tan utilizada vía.
Asimismo, trascendentes resultan los relatos referidos al actor quien primariamente, situado sobre la doble línea amarilla, intentó cruzar haciendo unos pasos hacia adelante para, casi automáticamente, regresar sobre estos para invadir el carril de circulación próximo a la doble línea amarilla que impedía invadir la otra mano de circulación. Ante este incorrecto e imprevisto proceder y la ubicación final sobre la avenida en cuestión fue que lo embistieron, lo que resulta persuasivo de que obró imprudentemente de un modo suficiente para imponerle toda la responsabilidad por el acaecimiento del hecho, ante su notoria negligencia e imprudencia.

En el caso, corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de obtener una indemnización por el accidente sufrido en ocasión en que fue embestido por un automóvil debido al – según sus dichos - defectuoso funcionamiento del semáforo.
En efecto, estimo suficientemente probado que fue el accionar del mismo actor el que provocó el accidente por el que aquí se discute. De esta menera se puede tener por probado que la culpa de la víctima concurre como eximente de responsabilidad de los codemandados a tenor de lo prescripto por el artículo 1113 del Código Civil.
Ello así, no ha podido acreditar el accionante que el desenlace del siniestro tuviera relación con un obrar reprochable de los demandados. Máxime cuando su relato de los hechos no se condice con la prueba rendida (especialmente en sede penal donde se sobreseyó a los aquí codemandados); pues los medios probatorios existentes en el expediente penal que precedió a estas actuaciones tienden a eximir de responsabilidad a los codemandados y, en cambio, son netamente condenatorios de la conducta del actor tal como quedó reflejado en la sentencia. Ante ello, llamativo resulta la promoción de estos obrados, apuntando a una versión alternativa que no se condice exactamente con lo ocurrido según los testigos que eran los mismos compañeros de trabajo del actor. Esto es: a) No iniciaron el cruce por el lugar que era debido, haciéndolo en diagonal hacia la senda peatonal; b) No manifestaron dichos testigos que el semáforo no funcionara y se constató el buen funcionamiento según la autoridad policial; c) La conducta adoptada por todos los sujetos que intentaron transponer la avenida fue altamente negligente e imprudente; d) El demandante, en particular, se arrepintió en su descuidado cruce volviendo sobre sus pasos e invadiendo -imprevistamente- el contracarril resultando embestido, a la postre, por un automóvil que por allí circulaba para ser proyectado contra otra camioneta que se desplazaba en sentido contrario; e) Que, finalmente, el choque no se dio sobre la senda peatonal (lugar habilitado para el cruce) a tenor de los restos del impacto que fueron descriptos por la Policía Federal. Por todo ello y ante una insustancial argumentación llevada a cabo en la queja de la parte actora que además formuló una interpretación parcial de los hechos y prueba, es que mal podría ser modificada la solución arribada por el Juez de grado. En consecuencia, corresponde confirmar el rechazo de demanda.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Sr. Juez de grado en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos que habían tenido por no acreditado el accidente “in itinere” sufrido por el actor en ocasión en que se trasladaba a su lugar de trabajo, y hacer lugar a la demanda tendiente a obtener el resarcimiento del rubro incapacidad sobreviniente provocado por el mencionado accidente.
En efecto, esgrime la demandada que no habían quedado determinadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar del siniestro, a fin de poder reconocerle a la actora la indemnización prevista en la Ley de Riesgos de Trabajo. En tal sentido puso en crisis valoración de los medios probatorios realizada por el "a quo" y que motivaron la nulidad de los actos impugnados por vicios en su causa. Con respecto a los antecedentes acreditados en el sumario administrativo donde se dictó Resolución que dispuso no calificar como accidente de trabajo "in itinere" al hecho denunciado por el actor, se observa que para decidir de ese modo la Subsecretaría de Gestión Operativa de la Secretaría de Hacienda y Finanza del Gobierno de la Ciudad estimó la carencia de prueba para acreditar lo sucedido. Sin embargo, surge de las Actas agregadas al mencionado sumario, que el actor acompañó constancias de su atención médica, así como también que dichas Actas fueron suscriptas por la propia médica, que operó al actor de su codo. Además, en el recurso de reconsideración fue ofrecida la prueba testimonial sustanciada en autos y que en esa instancia le fue rechazada por considerarla extemporánea. A su vez, se encuentra remitida la historia clínica del actor de la cual surge que fue atendido en dicha institución el día del del hecho, por un accidente sufrido en la vía pública y a raíz del cual se había fracturado el codo de su brazo derecho. Aunado a ello, los testigos que presenciaron el accidente, declararon haberlo asistido sobre la avenida que conectaba su domicilio con su lugar de trabajo en el horario y en el día que daba clases. Por otra parte, el perito médico designado en autos informó que las dolencias sufridas por el actor eran similares a las que denunciaba. La valoración de estos medios de prueba con la sana crítica que caracteriza el juicio de un Magistrado me inclinan a confirmar la nulidad de los actos por vicios en su causa tal como lo dispuso el "a quo". Pues no advierto qué otra prueba necesitó el demandado para tener por acreditado el siniestro en las condiciones narradas por el actor, como tampoco fue señalada cuál es su duda con respecto al acaecimiento de esos hechos.

En el caso, corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de percibir una indemnización por el accidente que sufrido en la vía pública, en ocasión en la que cayó abruptamente al suelo al pisar una tapa metálica que se encontraba suelta en el lugar de una contratapa de desagüe o alcantarilla.
En efecto, de la totalidad de la prueba producida no puede tenerse por comprobado el hecho indicado como generador del daño. Sucede, que los datos aportados por la testigo no alcanzaron para explicar qué sucedió con la tapa metálica cuando la actora la pisó, es decir, si ésta se levantó –como indicó la accionante- o si funcionó como un obstáculo, etc.
Ello así, la actora demandó al Gobierno de la Ciudad con fundamento en que al pisar una tapa de la vereda ésta se levantó porque estaba suelta, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al piso. Tal extremo no resulta acreditado y ello, a su vez, impide identificar la existencia del factor de atribución; pues al no resultar claro cuál fue el defecto de la tapa que provocó su caída, no es posible distinguir cual habría sido la omisión del estado local que lo haría responsable del daño sufrido.

En el caso, corresponde atribuir responsabilidad en un 40% a la parte actora y un 60% al Gobierno de la Ciudad, en el acaecimiento del accidente motivo de la presente demanda de daños y perjuicios, en ocasión en que el automóvil del actor colisionó con una ambulancia en una intersección de esta Ciudad que no estaba señalizada.
En efecto, surge que la conducta del actor, al no respetar las normas de tránsito que prevén la prioridad de paso del automotor que circulaba por la mano derecha (es decir, la ambulancida de la demandada), fue causa coadyuvante para la producción del infortunio. Ello, toda vez que de las periciales referenciadas surge que ambos rodados llegaron prácticamente simultáneos a la bocacalle donde se produjo el choque. No obstante, ello no resulta suficiente para excluir la responsabilidad de los demandados, toda vez que la ambulancia llevaba una velocidad mínima de 47 km/h, cuando la máxima permitida era de 30 km/h para las encrucijadas urbanas sin semáforo, por lo que constituyó igualmente causa eficiente del daño. En tal sentido, los demandados no han probado debidamente en autos que la ambulancia iba con las luces y sirenas encendidas, conforme lo afirmaran al contestar demanda, lo que no pudo constatar el perito ingeniero designado en autos ni la pericia de la causa penal. Y, en cuanto a las declaraciones testimoniales, solo uno de los testigos manifestó haber oído un toque de sirena, sin embargo otros dos testigos (declaración de la causa penal) declararon no haber escuchado nada.

En el caso, corresponde rechazar el reclamo por lucro cesante en la presente demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de percibir una indemnización por el daño sufrido en su rodado en ocasión en que se desprendió la rama de un árbol y cayó sobre él (que se encontraba estacionado) provocándole diversos daños.
En efecto, de las probanzas aportadas y ofrecidas en esta causa, ninguno de los extremos mencionados por la parte actora para fundar la procedencia de este ítem resarcitorio ha quedado debidamente acreditado. Sólo se probó por dichos de los testigos que la actora tenía un bar en la calle del siniestro, sin embargo no acreditó la accionante los ingresos diarios netos provenientes de esa actividad y principalmente tampoco probó que se haya visto privada de trabajar tres días completos, tal como lo alegó en la demanda, por los inconvenientes que le ocasionó el siniestro. No determinó su horario de trabajo ni especificó qué trámites le insumieron horas incompatibles con su actividad comercial.

En el caso, corresponde rechazar el reclamo por daño moral en la presente demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de percibir una indemnización por el daño sufrido en su rodado en ocasión en que se desprendió la rama de un árbol y cayó sobre él (que se encontraba estacionado) provocándole diversos daños.
En efecto, de las constancias obrantes en la presente causa no puede corroborarse con meridiana certeza que los contratiempos sufridos por la actora a causa del siniestro no hayan sido mas que meras molestias sin llegar a provocarle una lesión concreta a sus legítimas afecciones. Ni un solo testigo mencionó el estado de ánimo de la actora, como tampoco se practicaron pericias tendientes a facilitar la dilucidación de este extremo; por lo que el agravio no prospera.

En el caso, corresponde no hacer lugar al reclamo por daño moral efectuado por la actora, en la presente acción por cobro de pesos interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad por despido injustificado. Sostuvo la peticionante que el perjuicio moral se vio traducido en dos facetas diferentes: la personal, que con el despido quedó sin dinero para afrontar sus gastos cotidianos; y la profesional con respecto a sus pares y subordinados, por la vergüenza padecida.
En efecto, no quedó acreditado el daño invocado, como tampoco los padecimientos espirituales que podrían justificar un resarcimiento, ni por vía directa ni presuntiva. Ello así, la actora invoca haber sufrido un daño personal y profesional por el que ni siquiera ofreció prueba tendiente a acreditar la aflicción emocional supuestamente padecida. Obsérvese que la prueba testimonial fue desistida y no instó una pericia psicológica que hiciera eco de su estado. A su vez, no toda perturbación o incomodidad es resarcible, sino aquella que deriva una lesión a un interés extrapatrimonial del damnificado, que como se ha señalado, no ha quedado probado en este caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad interpuesto por la Defensa.
En efecto, el planteo que realiza la Defensa a saber que se vio impedida de conocer quién es la persona que iría a declarar al juicio, interrogar sobre sus vínculos con la denunciante y su asistido, verificar la credibilidad de su testimonio y contrainterrogar, no logra demostrar un perjuicio cierto y actual. Porque siendo el juicio oral el ámbito natural en el que la defensa tendrá la posibilidad de efectuar el correspondiente contraexamen de los testigos que proponga la acusación en su requerimiento de juicio, deviene estéril cualquier reclamo tendiente a obtener la posibilidad de ejercer un control previo de evidencia no definitiva ni irreproducible que no ha sido siquiera ofrecida para su producción en debate.
Así, en consonancia con ello, el artículo 96 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consagra el derecho de la defensa y querella a participar de todos los actos formales de la investigación preparatoria. Y siendo que en nuestro ordenamiento procesal penal local la única evidencia que debe ser formalizada a los efectos de su oportuno control es la que resulte definitiva o irreproducible -en cuyo caso operan las previsiones del (art. 98 CPPCABA), para todo el resto de los elementos que sean colectados por la acusación rigen las reglas de la desformalización ya que su debido control se ejerce durante la etapa posterior de juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad de las declaraciones testimoniales brindadas en sede de la fiscalía por no haber estado presente el abogado Defensor.
En efecto, no se advierte que dicho plateo afecte la garantía constitucional de defensa en juicio alegada por el recurrente, ya que el criterio de interpretación de la nulidad es de orden restrictivo y en cada caso debe realizarse la valoración de si procede o no el planteo efectuado.

En el caso, corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora contra el Gobierno de la Ciudad, con el objeto de percibir una indemnización por la mala praxis médica que medió en su parto llevado a cabo en un hospital público y cuyo descenlace fue el fallecimiento de su hijo recién nacido.
En efecto, a tenor del resto del material probatorio existente, encuentro que las contradicciones entre los testimonios y la deposición de la accionante resultan coincidentes en esencia. Es decir, todos concuerdan en una deficiente atención médica, lo que se corrobora con la defectuosa confección de la Historia Clínica que no puede generar presunciones en favor del Gobierno de la Ciudad, quien tenía a su cargo el adecuado registro del diagnóstico, tratamiento y evolución de la paciente. Asimismo, hay concordancia con respecto a la inexistencia de camas disponibles y en cuanto a que la parturienta tuvo que esperar largo tiempo hasta ser debidamente hospitalizada. Los detalles en cuanto a las diferencias de horarios que surgen de las declaraciones resultan en efecto menores y no quitan convicción a los relatos, que por otra parte encuentran apoyo en otras constancias de la causa, así como en las presunciones que a su respecto cabe inferir siguiendo las reglas de la sana crítica.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia absolutoria.
En efecto, la conducta atribuida al imputado, a saber frases amenazantes y mensajes de texto enviados a través de su teléfono celular a la presunta víctima ( art. 149 bis CP) no resulta típica desde el punto de vista jurídico penal ya que la prueba producida en el debate no hizo más que demostrar el problema que vive esta ex pareja a diario y las situaciones de conflicto y violencia que se suscitan entre ellos; además en la audiencia de inmediación ( art. 284 CPPCABA) no fue posible determinar si efectivamente existió la amenaza ya que los testigos presenciales no lo han corroborado, mas aún, varios testimonios dan cuenta de la situación de conflicto que atraviesa dicha relación. Con lo cual, y en virtud del principio constitucional que rige en materia penal “in dubio pro reo” corresponde la absolución del imputado.
Asimismo, sobre el contenido de los mensajes de textos, el “a quo” refirió que no sólo el contenido de los mismos no posee carácter amenazante sino que además no puede afirmarse que haya sido el imputado quién los envió, motivos por los cuales también se inclina por la absolución.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso la extracción de testimonios a fin de investigar la posible comisión del delito de falsedad ideológica previsto en el ( art. 293 CP).
En efecto, más allá de las discrepancias existentes en las declaraciones asentadas y las vertidas en la audiencia de juicio ( informes realizados por los agentes de la OFAVIT y del CIJ); ellas no resultan suficientes para sustentar una investigación en los términos del artículo 293 del Código Penal, pues no existe elemento alguno que permita siquiera inferir o presumir que aquellas actuaron dolosamente, como así tampoco que lo asentado no haya sido lo relatado en aquellas oportunidades.
Dicho artículo, sanciona la conducta consistente en “insertar o hacer insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
Sin perjuicio de ello y mas allá de las consideraciones efectuadas en relación al delito de falsedad ideológica, coincidimos con el a quo en cuanto resolvió anoticiar al Sr. Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que tome conocimiento de lo acontecido en estas actuaciones respecto del trabajo llevado a cabo por las oficinas de Asistencia a la Víctima y al Testigo y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

En el caso, corresponde confirmar la sanción impuesta por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a la empresa actora por un día de incumplimiento en los plazos máximos de reparación de 3 (tres) luminarias apagadas.
En efecto, con respecto a la prueba testimonial, cabe aclarar que ella resulta insuficiente para tener por acreditados los hechos alegados por la actora. Si bien, los testigos, empleados de la empresa actora, explicaron el funcionamiento de los reclamos y se manifestaron respecto a la realización de las reparaciones que se debaten en autos, entiendo que las declaraciones, deben ser dejadas de lado al no crear la suficiente convicción del suscripto sobre la forma en que sobrevino el hecho.
Asimismo, la prueba informativa señala -sobre la base de la documentación arrimada a autos por la actora- que la anomalía se atendió dentro de los plazos contractuales, que la información correspondiente al libro de novedades se encuentra informatizada y agregó que el mismo no permite editar registros pasados desde la interfase a usuarios para garantizar su fidelidad e inalterabilidad. Así las cosas, entiendo que si como se aprecia del informe, los propios informantes reconocen la inexistencia de antecedentes en sus archivos, resulta entonces inadmisible la prueba informativa a los fines de acreditar el cumplimiento que se dice realizado.

En el caso, corresponde confirmar la sanción impuesta por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a la empresa actora por incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria encendida en horario diurno conforme los artículos 2, 3, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
En efecto, de las constancias de la causa surge que las partes disienten con respecto al reclamo que originó sanción impuesta, toda vez que el Ente sostiene que refiere a una luminaria, mientras que la actora alega que corresponde a otra luminaria de la misma calle, pero a otra altura. Como prueba de ambas posiciones se observa que el Ente Único Regulador de los Servicios Público acompañó el Fomulario de denuncia ante la empresa actora, mientras que este último adjunto sus constancias informáticas obrantes en el expediente.
Ello así, lo primero que advierto es que la actora ha procedido a registrar con errores el reclamo del Ente y en esta instancia pretende excusarse de soportar dicho error sin dar justificativo válido. Efectivamente, si tal como contesta uno de los testigos a la segunda pregunta que le fuera realizada, existen fallas en la comunicación entre el Ente y la empresa actora “… como direcciones incorrectas o poco claras y motivos de reclamos equivocados…”, bien podrían tomarse medidas para mejorar esta cuestión, pero de lo que no hay dudas es que el Ente ha individualizado en su reclamo la luminaria impropiamente encendida en horario diurno. No obsta señalar que la actora tiene la obligación de mantener en correcto funcionamiento todas las luminarias existentes en su zona de actuaciones, y en el caso cuanto menos se observa que aquella que originó la denuncia no fue arreglada sino luego de varios días de constatado el desperfecto.

En el caso, corresponde confirmar la sanción impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a la emrpesa de medicina prepaga por infracción a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 24.240.
En efecto, la autoridad de aplicación analizó la documentación acompañada y concluyó que de ella no constaba que la denunciante efectivamente hubiera recibido la misiva que informaba las opciones para el cambio de cobertura (mantener el precio y abonar copagos por determinados servicios o mantener la prestación y abonar una cuota mayor), de modo que la empresa no acreditó su facultad para modificar, como lo hizo, las condiciones del servicio.
Asimismo, si bien la firma acompañó copia de la nota que envió a su afiliados en la que informó sobre las dos opciones, en la que se observa un cuadro comparativo sobre ciertas prestaciones y su modificación en la cobertura según el plan, lo cierto es que no hay constancia alguna de que ese texto haya sido remitido y recibido por la denunciante. Tampoco se cuenta con elemento probatorio alguno que demuestre que se le enviaron los dos cupones de pago por el mismo período para que ella abonara según la opción elegida. Del mismo modo, la declaración testimonial prestada en sede administrativa ilustra sobre el procedimiento general llevado a cabo para comunicar a los usuarios el aumento de la prestación y las posibilidades de cobertura pero no aporta certeza sobre la situación particular que aquí se debate. En cuanto a la prueba aportada ante esta instancia, de la pericia realizada no surge un dato preciso sobre la efectiva recepción por parte de la denunciante de la nota en cuestión ni las dos facturas, aunque si informó sobre la emisión de dos cupones recibo a nombre de la denunciante emitidos en el período anterior al denunciado, con vencimiento en el período denunciado, junto con los demás datos que allí detalla.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad interpuesto por la Defensa respecto de una de las actas de infracción.
En efecto, de la lectura de dicha acta de infracción, se desprende que el inspector ha suscripto el acta y ha consignado su nombre, por lo que cabe afirmar que la identificación fue suficiente, con lo cual se dio cumplimiento con lo normado en el artículo 3 de la Ley Nº 1217 ya que establece los requisitos del acta de comprobación en materia de faltas, la que debe contener entre otros recaudos: “g)…Identificación, cargo y firma del funcionario/a que verificó la infracción”. .
Ello así, no se aprecia cuál es el perjuicio que la omisión del número de legajo y el cargo del inspector en la copia del acta le ocasionaron al impugnante , pues no pudo demostrar en qué forma dicha omisión obstaculizó su derecho de defensa en juicio, máxime teniendo en cuenta que la defensa no ha ofrecido como prueba testimonial la declaración de los agentes que labraron las actas para que fueran convocados al debate, momento en que ese derecho fue ejercido plenamente, con lo cual se colige que los planteos del recurrente resultan meras afirmaciones dogmáticas que carecen de sustento jurídico fáctico siendo que dicha ley no prevé para tal falencia la sanción de nulidad.

En el caso, corresponde confirmar lo resuelto en primera instancia, en cuanto se hizo lugar a la demanda interpuesta como consecuencia de un accidente en la vía pública.
En este sentido, el juez a quo señaló que “la damnificada sufrió lesiones al caerse en la vereda, debido a baldosas rotas y levantadas frente a dicha dirección”. Agregó que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía conocimiento del mal estado de la acera ‘por corte de raíces’, por los reiterados reclamos de los vecinos del lugar”, sin perjuicio de ello, “a la fecha del accidente la acera seguía sin repararse”.
De acuerdo con las constancias del caso, el sentido de la mecánica del hecho ––es decir, la manera como el accidente se produjo–– y el nexo causal se encuentran suficientemente acreditados.
En efecto, de los dichos de un testigo surge que “en esa época... la vereda era un desastre” (....) Asimismo, vió a la actora “caída quejándose fuertemente, se había lastimado el tobillo, y la ayudamos con un señor, la tuvimos que llevar arriba, la ayudamos con una persona no conocida porque el esposo es discapacitado en las dos piernas...
Si bien en su declaración no explicitó que “la vio caer” sino que la vió caída, lo cierto es que el curso normal y ordinario de las cosas (art. 901 CC) indica que la actora tropezó por el mal estado de conservación de la acera, aspecto que no se encuentra controvertido por la demandada.

En el caso, corresponde hacer lugar a la demanda promovida por los actores contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de obtener el cobro en concepto de diferencias salariales por roles y cargos superiores ocupados en el Teatro Colón.
En efecto, no se requiere de una investigación exhaustiva para advertir que el tipo de actividad desplegada por las actoras hacía a la habitualidad de las tareas desarrolladas en el coliseo. De modo tal, que las labores por ellas efectuadas no eran distintas de aquellas desempeñadas por el personal de planta del teatro, lo que se corrobora tanto por la declaración de un testigo, como de los contratos de locación de servicios y las planillas donde constan las funciones en las que actuaron y el rol desempeñado en cada una de ellas, las horas de ensayo, etc. y el informe del perito. En estas condiciones, en virtud de los principios de igualdad (art. 16 CN), de propiedad, de igual remuneración por igual tarea (art. 14 CN) y el principio que veda el enriquecimiento sin causa; considero que la solución que resuelve el presente litigio de manera justa y razonable, es la aplicación del Decreto Nº 977/98 para el pago del suplemento a las actoras por desempeño de roles de mayor jerarquía durante el período no prescripto.

En el caso, corresponde admitir el planteo de caducidad de la prueba testimonial formulado por el Gobierno de la Ciudad demandado.
En efecto, conforme surge de las constancias de autos, se advierte que si bien se activó la citación al testigo propuesto por la parte actora, éste no concurrió a la audiencia prevista y el letrado de la actora no efectuó acto alguno para obtener su comparecencia para la segunda citación, que en el caso, hubiera importado requerir “las medidas de compulsión necesarias”, conforme lo ordena el artículo 338 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad . Tampoco asistió el letrado de la empresa actora ni consta en autos reserva de interrogatorio para el testigo. En consecuencia, y en atención a la solicitud efectuada por el letrado de la demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 338 y 343 de la Ley Nº 189, corresponde tener a la parte actora por desistida del testigo propuesto.
A mayor abundamiento, corresponde advertir que no escapa a este Tribunal, que desde la apertura de la causa a prueba hasta la última citación a prestar testimonial, el Tribunal fijó –a pedido de la parte actora- ocho (8) fechas de audiencia y sus correspondientes supletorias para la declaración del mismo testigo. En ninguna de ellas compareció el testigo mencionado. Por ello, dadas las circunstancias y la actitud procesal asumida por la actora ante la incomparecencia del testigo citado –solicitar que se fije nueva fecha para tomar declaración testimonial sin comparecer él mismo a las audiencias ni dejar pliego y sin requerir medidas de compulsión necesarias- no cabe mas que presumir el desinterés de su parte en la producción de la prueba señalada.

La jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, sent. del 4/7/08, expte. 852/0, y sus citas).

En el caso corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado mediante la cual en el marco de una audiencia, se rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio opuesto por la Defensa.
En efecto, se agravia la defensa porque, a su criterio, la decisión en crisis vulneraría las garantías de defensa en juicio, debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de razonabilidad de los actos del poder público (arts. 1, 18 y 28 de la C.N.).
Ello, por cuanto entiende que se ha tenido por válido un requerimiento fiscal carente de fundamentación, el que será sustento de la acusación a la que deba ser sometido su pupilo en un juicio oral.
Según la Defensa las declaraciones testimoniales prestadas vía telefónica y sin respetar las formalidades destinadas a asegurar el contralor de la prueba testimonial de cargo -que los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan al imputado- resultaron ser sustento del requerimiento de juicio formulado por el titular de la acción, lo que vulneraba la garantía de defensa en juicio del imputado.
En primer lugar, cabe destacar que los informes telefónicos obrantes en el presente legajo pueden considerarse simples constancias de investigación que por sí solas no pueden ser esgrimidas para fundamentar la elevación de las actuaciones a juicio oral y público.
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que los elementos de prueba en que se sostiene el requerimiento de elevación a juicio deben ser evaluados en cada caso concreto a estudio y para que proceda la declaración de nulidad debe resultar evidente la liviandad de la investigación.
Sentado lo anterior y conforme el criterio de interpretación restrictivo que se impone en materia de nulidades, en este caso, en que se ofreció el testimonio de siete personas, así como prueba documental e instrumental, se ajusta a derecho el decisorio que rechazó la nulidad del requerimiento de juicio formulado por la fiscalía pues cumple íntegramente con lo dispuesto por el artículo 206 Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado mediante la cual en el marco de una audiencia, se rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio opuesto por la Defensa.
En efecto, el planteo de la Defensa ronda en torno a la falta de prueba, efectuando un análisis minucioso de los dichos de los testigos, del contenido de los informes periciales y/o técnicos, para concluir que no existen pruebas de cargo en contra de su pupilo.
Lo cierto y concreto es que la valoración que la Defensa efectúa de la prueba, no es propia de este estadio procesal, pareciera que la Defensa pretende oponerse a la elevación a juicio de la causa, como lo establece el artículo 349 del Código Procesal Penal Nacional, que ya no rige en la materia en el ámbito de la ciudad.
Cabe aclarar, que las declaraciones testimoniales prestadas vía telefónica no tienen valor como testimoniales propiamente dichas, sino como informes preliminares que sirven de sustento a la imputación, pero no pueden ser valorados por un magistrado, mientras no se produzcan en su presencia o no se lleven a cabo de modo que puedan ser incorporados al debate como prueba (es decir con la intervención de todas las partes).
Tal como lo señalara la magistrada de grado, será el debate el momento en el cual deberán los testigos propuestos depondrán y las partes podrán interrogarlos y contra interrogarlos, luego de lo cual el magistrado que intervenga analizará sus dichos con el resto de la prueba que se produzca y definirá si existen elementos o no para aseverar que el imputado realizó los hechos que se le atribuyen.

En el caso corresponde decretar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y sobreseer al imputado.
En efecto, si bien es correcto sostener que en la requisitoria a juicio se argumenta a favor de transitar hacia la siguiente etapa procesal, no puede ser ignorado que el hecho imputado por el acusador estatal, carece de la prueba suficiente que demuestre prima facie su existencia.
En concreto, no hay constancia que acredite mínimamente la producción de las amenazas presuntamente recibidas por la víctima en su teléfono celular, dado que no han sido transcriptas por el personal policial o fiscal, a lo que se suma que el mentado teléfono le fue sustraído a aquélla como consecuencia de un robo.
Por otro lado, los restantes elementos de prueba producidos y ofrecidos no contribuyen a solucionar ese déficit probatorio.
Por lo tanto, ante la evidente falta de prueba sobre el comportamiento denunciado, corresponde decretar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio (artículo 71 y concordantes del C.P.P.C.A.B.A.), y por ende disponer el sobreseimiento del encartado, con respecto al hecho imputado en dicha requisitoria.(Del voto en disidencia del Dr. Bosch)

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la defensa.
En efecto, el impugnante planteó la nulidad en virtud de que el Fiscal de grado basó su imputación en la entrevista psiquiátrica de la imputada ante los profesionales de la salud, debido a que ello, atenta contra contra la garantía prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
Sin embargo, sucede que la aludida “entrevista psiquiátrica” no fue sindicada por la Fiscalía para sostener su pedido de incompetencia ni la decisión del Juez se fundamenta en los dichos de la encausada ante los profesionales, sino que los medios de prueba valorados constituyen una fuente independiente de la objetada por la Defensa.
Por tanto, el acusador tuvo en cuenta las vastas declaraciones recibidas mas no el examen confidencial que refiere el Sr. Defensor en la presentación recurrida.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y de todo lo actuado en consecuencia (art. 71 y concordantes del CPPCABA).
En efecto, la vindicta pública no citó a ninguno de los testigos nombrados por el imputado –más allá de la facultad de los ascendientes de abstenerse de testificar (conf. art. 122, inc. “c”, CPPCABA)- ni produjo material de convicción alguno a fin de verificar la veracidad o falsedad de los dichos del aludido. En la pieza procesal atacada se limitó a expresar que el descargo del imputado “…no es más que un vano y falaz intento por mejorar su situación procesal” .
Así las cosas, se advierte que la no evacuación de citas pertinentes y útiles introducidas por el encartado vulnera el deber legal prescripto por el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad y el principio de objetividad que debe caracterizar el desempeño procesal del acusador público (art. 5 del CPPCABA).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por los actores (padres, hermanos e hija menor) por el accidente de trabajo ocurrido a su familiar que le produjo la muerte.
En efecto, es útil establecer que el parque de diversiones donde trabajaba la víctima, brindaba un servicio de entretenimiento, poniendo a disposición del público un conjunto de juegos que poseían diversos grados de riesgos, razón por la cuál la seguridad sobre el estado, funcionamiento y uso de los aparatos es un elemento central en la prestación del referido servicio.
Aquel deber le impone al Organizador (en este caso el Gobierno de la Ciudad) la obligación de reglamentar la puesta en funcionamiento de cada atracción para garantizar al usuario una utilización segura del divertimento.
En este mismo sentido, la práctica que se implemente para resguardar el buen funcionamiento de los juegos debe también preveer pasos que preserven de modo adecuado la seguridad del operador de la maquina. En tal sentido recuerdo que es obligación de todo empleador garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, procesos y operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores (cfr. art. 75 de la ley 20.744; doctr. causa “R. de C. R. E. c/ G.C.B.A.”, causa Nº EXP 3125 sentencia del 17/12/2004, Sala I).
Ahora bien, de las declaraciones testimoniales del administrador general del parque, surge que para la organización resultaba una práctica habitual la participación activa de los empleados en el procedimiento de pre-apertura de las atracciones. Entonces, aparece una práctica ilegitima de la organización que el propio administrador del parque reconoce. Ante esta situación es la organización quien debe responder por el accidente sufrido por el trabajador que acomodó su conducta a las prácticas irregulares de la organización.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, se le imputó al encartado el haberse sustraído de prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos.
Así las cosas, la Defensa sostiene que el requerimiento de elevación a juicio carece de los fundamentos exigidos por el artículo 206 inciso "b" del Código Procesal Penal de la Ciudad. En este sentido, señaló que, aun si se tuviera como cierto que su pupilo, no abonó la cuota alimentaria pautada, nunca se acreditó que el mismo contara con los medios para afrontarla, por lo tanto no se encuentra probado el dolo de abstracción de la obligación.
Ello así, el planteo de nulidad del requerimiento de juicio se basa en un análisis de los elementos probatorios reunidos por la acusación que es ajeno a esta etapa del proceso, cuando menos en la medida en que es insuficiente para demostrar la arbitrariedad de la pretensión de la fiscalía. En consecuencia, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, durante la investigación se ha reunido diversa prueba testimonial e informativa relativa tanto a la omisión atribuida al imputado, como a su capacidad para cumplir con sus deberes legales –en función de su desempeño laboral, aunque sea durante ciertos períodos-.
Por tanto, y dado que el requerimiento fiscal cumple con la totalidad de las formalidades establecidas en el artículo 206 del Código Procesal Penal local, el auto recurrido será confirmado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso la prisión preventiva del imputado en orden al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 168, 170, 173, y 283 del CPPCABA).
En efecto, la Defensa sostiene que para la imposición de la medida se requiere acreditar la verosimilitud de los hechos, lo que no sucede en el caso.
Ello así, si bien el impugnante indicó que no queda claro dónde estaba ubicada el arma al momento de la requisa ni cómo fue posible que el preventor la visualizara y que determinara que estaba cargada y con cuántas balas, lo cierto es que de la declaración del Oficial, el día de los hechos surge que en momentos en que interceptó al imputado, éste "se dio vuelta tocándose la cintura y en ese momento (…) pudo observar que el mismo portaba un arma de fuego”, lo que fuera volcado luego en el acta de aprehensión y que se condice con su declaración en el marco de la audiencia del artículo 173 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Asimismo, surge de la declaración de la Oficial Ayudante quien señaló haber arribado al lugar una vez que el encartado se hallaba ya aprehendido, observando sobre la vereda un arma de color negra con cinta adhesiva negra en la empuñadura y con un tambor con ocho cartuchos a bala, datos obrantes asimismo en el acta de secuestro del arma. Dichas características se condicen con las vistas fotográficas agregadas al expediente
Por tanto, el cuestionamiento de la Defensa en relación a la materialidad del hecho no logra desvirtuar el plexo probatorio recolectado hasta el momento.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a las nulidades de los requerimientos de juicio.
El apelante argumentó que el requerimiento del fiscal se basa en las declaraciones de la Sra. R. N. L., y M. N. F., entre las cuales surgen claras contradicciones en cuanto a cómo fueron los hechos, ya que F., mencionó claramente que la señora P., en las dos oportunidades referidas, nunca la había amenazado.
En efecto, el Fiscal le otorgó gran importancia al relato de las damnificadas.
La verosimilitud del testimonio de la denunciante, se encuentra respaldada por las declaraciones testimoniales prestadas por M. N. F.y la Sra. M. E. V y, si bien fue entrevistada por teléfono, luego fue oída personalmente.
Esta reseña permite asignar suficiente fuerza probatoria al testimonio de la denunciante y verosimilitud suficiente para, junto con los restantes testimonios, avanzar en el trámite de la causa, en pos de la realización del debate, aun prescindiendo de los dichos atribuidos a la Sra. E., con quien sólo se mantuvo contacto telefónico.
Ello así, las declaraciones de las víctimas han sido coincidentes en lo esencial, a lo largo del proceso y encuentran a su vez correlato en los restantes testimonios producidos.

En el caso, corresponde rechazar el recurso y confirmar la resolución que no hizo lugar a las nulidades de los requerimientos de juicio.
El apelante argumentó que el requerimiento del fiscal se basa en las declaraciones de la Sra. R. N. L., y M. N. F., entre las cuales surgen claras contradicciones en cuanto a cómo fueron los hechos, ya que F., mencionó claramente que la señora P., en las dos oportunidades referidas, nunca la había amenazado.
En efecto, las pruebas reseñadas resultan suficientes para fundar el requerimiento fiscal de juicio, resultando la disconformidad sobre el sentido y el alcance de estas diligencias una cuestión controvertida que tendrá su natural ámbito de discusión al momento del debate, donde los principios de oralidad, inmediatez y contradicción garantizarán el pleno ejercicio de los derechos de las partes.
Ello asi, no se han afectado los derechos que hacen a la defensa de todo imputado, que se relacionan directamente con su intervención en el proceso y que se traducen, principalmente, en la garantía de ser debidamente oído y de hacer valer las pruebas que estime convenientes.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la Defensa sostiene que no existen pruebas suficientes que justifiquen la remisión a juicio, motivo por el cual el requerimiento es infundado.
Así las cosas, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, no sólo se cuenta en autos con los dichos de la denunciante relativos a la omisión endilgada al imputado. Durante la investigación se ha reunido diversa prueba informativa referente a su capacidad para cumplir con sus deberes legales en función de la percepción de salarios y asignaciones familiares, aunque sea durante ciertos períodos comprendidos en la imputación (cfr. informe de la AFIP e Informe del ANSES). De la misma manera, se encuentra acreditado el vínculo con las copias de las partidas de nacimiento, y la discapacidad de los niños con los certificados correspondientes.
Por tanto, no se observa falencia alguna que conlleve a decretar la nulidad de la pieza cuestionada por falta de fundamentación.

En el caso, corresponde rechazar la demanda incoada por el actor, empleado del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, con el objeto de que se tome nota de su efectiva situación de revista y se le abone en forma retroactiva el suplemento por conducción regulado por los Decretos N° 986/2004 y Nº 583/2005 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El déficit probatorio, impide el progreso del planteo bajo estudio.
En este sentido, si bien las declaraciones rendidas en la causa coinciden en cuanto a que el actor se encontraba ejerciendo tareas como capataz y que se encargaba de organizar el trabajo de una cuadrilla de aproximadamente cinco empleados, lo cierto es que ante la ausencia tanto de otras constancias que permitan ratificar los testimonios brindados, así como de todo otro indicio probatorio coincidente con los hechos invocados, la eficacia que el actor pretende atribuir a las declaraciones en cuestión queda desvirtuada y ellas carecen de la fuerza de convicción necesaria para admitir la procedencia del reclamo formulado en estas actuaciones. En este punto, se ha dicho que “la apreciación de la eficacia del testigo debe ser efectuada atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones y aquellas no son sino las del correcto entendimiento humano, extraídas con recto criterio de la lógica y basadas en la ciencia, experiencia y observación de los demás elementos agregados a la causa, siendo así que la fuerza probatoria de la declaración de un testigo está vinculada con la razón de sus dichos y en particular con la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que es condición esencial de su validez, al punto que el propio código impone al juez exigirla y la declaración que adolece de ese vicio carece de atendibilidad (CNEsp. Civ. y Com., Sala I, “De Maio c/ Rico”, ED, 81-334; íd. “Farías Omar c/ Patiño Julio César s/ sumario”, del 09/02/83; CNCiv., Sala H, “Pereira Oscar c/ Corradi Daniel y ot. s/ daños y perjuicios”, del 25/06/93).” (Sala II CAyT en autos “Baiman Norberto c/ GCBA” Expte. Nº 26329/0. Del voto de Dr. Esteban Centanaro con adhesión de Dra. Nélida M. Daniele, sentencia del 30/08/2011).

La jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, sent. del 4/7/08, expte. 852/0, y sus citas).

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado y en consecuencia, anular el requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, se le imputó a la encartada el haber dejado a sus dos hijos, de 8 y 5 años de edad respectivamente, encerrados bajo llave y con el teléfono desconectado, en el interior de la vivienda. Tal circunstancia habría sido advertida por el padre de los menores, quien se presentó en el inmueble y, tras encontrar la puerta cerrada, su hijo mayor le habría pedido ayuda manifestándole que tenían hambre y que querían ir al colegio. Este comportamiento fue calificado por el Fiscal de grado como constitutivo del delito de abandono de personas agravado por el vínculo, artículos 106 y 107 del Código Penal.
Así las cosas, la Defensa sustenta la tacha invalidante en la falta de evacuación de las citas que formulara su pupila al momento de prestar declaración en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ello así, la encausada negó el comportamiento atribuido y expuso que ese día los nenes no habían concurrido al colegio porque estaban enfermos. Que se encontraban al cuidado de su hermana menor, quien bajó a comprar y en ese momento el papá de sus hijos entró al edificio pues tenía la llave de la puerta de entrada, que ella se quedó afuera y no lo enfrentó porque conocía las denuncias por violencia de género que existían en su contra y le temía.
En tal sentido, vale destacar que el Ministerio Público Fiscal no citó a ninguna de las personas nombradas por la imputada en su relato ni produjo material de convicción alguno a fin de verificar la veracidad o falsedad de los dichos de la aludida.
Frente a este panorama consideramos que la Fiscalía no realizó medidas de pruebas suficientes tendientes a dilucidar la cuestión, lo que hubiera permitido corroborar o descartar el comportamiento atribuido. En consecuencia, la hipótesis acusatoria no encuentra solidez suficiente para transitar hacia la siguiente etapa, en razón del prematuro estado de la investigación, extremo que imposibilitará el éxito del debate en las circunstancias apuntadas.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Asesor Tutelar respecto de las Ordenanzas N° 41.247 y las siguientes, así como de los acápites del Código de Planeamiento Urbano en cuanto a la determinación del Área Reserva Ecológica.
En efecto, recuérdese que “…la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y es sólo, en consecuencia, practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere. Que, consecuentemente, se ha declarado también que la gravedad de tales declaraciones judiciales de inconstitucionalidad debe estimarse como una ultima ratio del orden jurídico. De tal manera que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera” (Fallos: 260:154).
Ello así, no hay elementos suficientes en la causa para concluir en la irrazonabilidad de las normas atacadas. Así, más allá de la prueba colectada en autos tendiente a demostrar que habría habido algunas familias radicadas en ese predio con anterioridad a la afectación del predio a la reserva ecológica, lo cierto es que, no hay elementos concluyentes al respecto, sino algunos testimonios.
Como consecuencia, no es posible desvirtuar la constitucionalidad de la Ordenanza N° 41.247/86 y luego del Código de Planeamiento Urbano, con tan escasos elementos.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto condena a la firma infractora, atento a que no se han admitido las testimoniales ofrecidas por la defensa.
Ello así, al proveer la prueba ofrecida por las partes, respecto a la testimonial ofrecida por la defensa el magistrado de grado sostuvo que “respecto de la demás prueba testimonial ofrecida no corresponde hacer lugar a su producción por superfluas de conformidad con lo dispuesto por el art. 45 de la ley 1217”.
En efecto, al rechazar la prueba testimonial sin una fundamentación suficiente, se ha prescindido del respeto de los componentes que debe incluir todo juicio que, comprende la acusación, defensa, prueba y sentencia como constitutivas del debido proceso constitucionalmente garantizado, ya que la omisión de producir la prueba ofrecida por la firma imputada obra en detrimento de su derecho de defensa. Es un deber del Estado garantizar la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas. De esa garantía derivan verdaderos derechos que hacen a la defensa de todo encausado, que se relacionan directamente con su intervención en el proceso y que se traducen, principalmente en la garantía de ser debidamente oído y de hacer valer las pruebas que estime convenientes. Asimismo derecho a ser oído no debe ser entendido como un acto formal, por el contrario, ello implica que el infractor tiene derecho a defenderse de los hechos que se le atribuyen y a que se produzcan las pruebas necesarias para rebatir la acusación que se le efectúa. También a que se valore apropiadamente la prueba producida en su descargo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que resolvió no convocar a prestar declaración testimonial a quienes confeccionaron las actas de comprobación de las faltas por las que se aplicara la sanción.
En efecto, conforme el sistema vigente en la materia, en función de la presunción establecida en el artículo 5° de la Ley N°1217 (que prescribe que el acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos del art. 3° se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de las mismas), resulta carga del infractor demostrar, con objetivos elementos de convicción suficientes, que los hechos no ocurrieron como obran descriptos en los mentados instrumentos. Ello, impone que el magistrado de juicio, deberá ser muy prudente al momento de decidir la admisibilidad o no de la prueba ofrecida por la defensa, limitándose a rechazarla en los taxativos supuestos previstos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Procedimiento de faltas.
Atento el tiempo transcurrido desde el labrado de las actas, y siendo de público conocimiento que los inspectores labran a diario un número importante de Actas lo que torna poco probable que puedan recordar la circunstancia de cada una de ellas, salvo que se haya producido algún hecho que lo destaque, es evidentemente inconducente citar los funcionaros, ya que obviamente no podrán recordar su intervención.
Ello así y, teniendo en cuenta además que la defensa, intimada a que justificara la pertinencia de los 72 testigos ofrecidos, no efectuó manifestación alguna que se estime relevante, la denegatoria de la prueba testimonial se vislumbr fundada.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor, con el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente-enfermedad de trabajo sufrido.
En efecto, teniendo en consideración que las declaraciones testimoniales coinciden en señalar que las tareas del actor en dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consistían en cargar y descargar muebles, corresponde evaluar la conducta seguida por el Gobierno local respecto de tales deberes de seguridad. Al respecto, si bien los testigos de la causa señalaron que contaban para trabajar con fajas de seguridad, guantes y cascos - no con montacargas-, uno de ellos –cuyos dichos no fueron cuestionados por las codemandadas- aclaró que éstos elementos se empezaron a usar con más regularidad a partir del episodio del actor, ya que antes se alegaba que no había plata en caja chica.
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no negó en su escrito de contestación ni en su alegato, la afirmación que efectuara el actor en su demanda respecto de que no le entregaron elementos adecuados para la conservación de su salud como fajas, guantes para levantar cosas de gran porte ni montacargas, siendo todo hecho a fuerza humana.
Sobre esta base entiendo que hay elementos probatorios suficientes para considerar que el Gobierno omitió proveer al actor de los debidos elementos de seguridad conforme las tareas que desarrollaba configurándose así una falta de servicio que, de ocasionar un daño, haría procedente la responsabilidad civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor, con el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente-enfermedad de trabajo sufrido.
En relación al daño, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió porque en su entender la realidad de la causa mostraba que en autos no se había probado la existencia de la enfermedad –accidente en sí–, ni su forma de ocurrencia.
Ello así, advierto asimismo que el daño guarda un nexo de causalidad adecuada con las labores desarrolladas por el actor sin las suficientes medidas de seguridad. Ello surge no solo de las conclusiones a las que arriba el perito médico (las cuales la recurrente no logró desvirtuar de manera contundente), sino que independientemente de las críticas que le merece dicho informe, lo cierto es que en el campo de las relaciones laborales, y por virtud de los preceptos constitucionales -arts. 14 "bis", CN y 43, CABA-, el trabajador tiene derecho a “la reparación de todo daño a su integridad psicofísica que guarde un nexo causal adecuado con el trabajo, fuese éste el factor exclusivo, directo o inmediato, o no. Ello incluye en el ámbito de tutela, por ejemplo, los supuestos en que por razones laborales se viese agravada o acelerada una enfermedad que ya padecía el trabajador, o para cuya adquisición éste se encontraba predispuesto” (votos de los Ministros Fayt y Petrachi, "in re" “Silva, Facundo Jesús c. Unilever de Argentina SA”, del 18/12/07 consid. 5).
Por otro lado, la vinculación causal entre la probada lesión que sufre el actor –hernia de disco– y las tareas de carga y descarga de muebles que desarrollaba en los talleres protegidos del Hospital Público cobra mayor verosimilitud si se tiene en cuenta que el Decreto N° 49/2014 modificatorio del Decreto N° 658/96, incluyó dentro del listado de enfermedades profesionales cubiertas por el Sistema de Riesgos del Trabajo previsto en el artículo 6°, inciso 2, apartado a), de la Ley Nº 24.557 a la “Hernia Discal Lumbo-Sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario”, identificando como actividades laborales que pueden generar exposición a dicha enfermedad las “tareas que requieren de movimientos repetitivos y/o posiciones forzadas de la columna vertebral lumbosacra que en su desarrollo requieren levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados” (Decreto 49/2014 art. 1 Anexo I).
En virtud de todo lo hasta aquí señalado, no encuentro fundamento para apartarme de la conclusión a la que arribara la Sentenciante de grado en cuanto a que se habría configurado una transgresión del deber de seguridad implícito que tiene el empleador sobre el trabajador, y ella tiene un nexo de causalidad adecuado con el daño sufrido por el accionante.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, sin dejar de reconocer que la instrucción podría haberse llevado a cabo con mayor precisión, asiste razón a la "A-quo" en cuanto a que no existe norma alguna que exija que las pruebas obtenidas en la pesquisa deban ser reproducidas en la Fiscalía.
Sin perjuicio de ello, del sumario prevencional utilizado como fundamento para requerir de juicio surge que las actuaciones se iniciaron con la declaración de un Oficial quien relató las circunstancias que motivaron su intervención. Que este relato fue concordante con los testimonios de los demás preventores, como así también de las presuntas víctimas.
Así las cosas, las actuaciones cumplidas por los funcionarios policiales que procedieron como auxiliares de la justicia en cumplimiento de obligaciones ineludibles (art. 86 CPPCABA) lo fue bajo la dirección del propio Fiscal, quien conservó y ejerció el contralor del proceso y de las diligencias a lo que se aduna que el procedimiento no ha sido objetado, de modo que no es posible quitarle valor como fundamento de la requisitoria.
De este modo, la pieza procesal en cuestión resulta válida, y, fundamentalmente, no se ha demostrado que medie un perjuicio efectivo que justifique el pronunciamiento de la nulidad.

En el caso, corresponde anular el requerimiento de juicio respecto del hecho imputado al encartado (art. 149 bis CP).
En efecto, la Defensa sustenta la tacha invalidante en la falta de evacuación de las citas que formulara su pupilo al momento de presentar su descargo.
Al respecto, cabe señalar que al solicitar la remisión a juicio, el Fiscal de grado fundó centralmente su acusación en la declaración del presunto damnificado ante la Comisaría de la Policía Federal. Allí, el denunciante mencionó que se encontraba realizando arreglos en la cochera de un edificio de esta ciudad, cuando ingresó al lugar el imputado, quien de forma repentina, luego de un intercambio verbal, le habría referido: “vos sabés que yo te voy a matar a vos, te voy a pegar dos tiros en la frente”. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, estas circunstancias habrían sido corroboradas por la declaración, también realizada en sede policial, de un testigo.
No obstante, debe señalarse que la deposición de este último no coincidió plenamente con lo relatado por el agraviado. En ese sentido, el testigo dio cuenta de una fuerte discusión entre la presunta víctima y el acusado, y que incluso debieron ser separados tras un golpe de puño y diversas agresiones verbales.
Esta versión de los acontecimientos, que presenta un hecho conflictivo en el que intervinieron dos personas, y no una amenaza unilateral y sorpresiva, fue a su vez apoyada por el descargo presentado por el encausado, quien mencionó que el día de los hechos se produjo una discusión acalorada, con exabruptos propios de un rapto de enojo y encono.
A su vez, puso en conocimiento de la Fiscalía diversos acontecimientos que dieron lugar a la formación de otras causas judiciales –en las que el ahora denunciante estaría imputado– y permitirían inferir una relación en extremo dificultosa entre los protagonistas del incidente
Frente a este panorama, la no evacuación de citas pertinentes y útiles introducidas por el acusado vulnera, en el caso en estudio, el deber legal prescripto por el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad y el principio de objetividad que debe caracterizar el desempeño procesal del acusador público (art. 5 CPPCABA).

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, la defensa sostiene que el requerimiento de elevación a juicio resulta nulo por presentar como prueba de cargo las declaraciones recibidas a dos testigos, efectuadas con posterioridad a la celebración de la audiencia de intimación de los hechos, sin que los encausados tuvieran oportunidad de defenderse.
De la descripción de los hechos que se le atribuyeran a cada uno de los imputados mediante las actas de intimación del hecho, surge que se les ha hecho saber que se encontraban pendientes de recepción las declaraciones en cuestión.
El Sr. Juez de grado, indicó que es su criterio la desformalización y amplitud probatoria. Entendió que las nulidades tienen que ver con el cumplimiento del artículo 206, atento lo cual, como rige el principio acusatorio, todo lo que existe antes del debate es una recolección de prueba, quedando a todo evento los testigos para el debate donde pueden ser interrogados.
Ello así, no se advierte de qué manera habría sido vulnerado el derecho de defensa de la recurrente en tanto las declaraciones de los testigos fueron ofrecidas para su realización en la audiencia de debate, quedando excluída del expediente de juicio la pieza documental obrante en el legajo de investigación de la que se agravia la defensa.

En el caso, corresponde anular parcialmente el requerimiento de elevación a juicio suprimiendo los elementos de prueba que no fueran oportunamente intimados.
En efecto, al momento de requerir la causa a juicio, el Fiscal invocó en contra de los imputados elementos de prueba que no fueron puestos en su cabal conocimiento.
Si bien señaló, en la audiencia llevada a cabo conforme el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad, que restaba la citación de dos personas a fin de brindar declaración testimonial, posteriormente debió informar fehacientemente a los imputados de dicho acto procesal y su contenido. Sin embargo ello no aconteció.
El proceder del fiscal contraría el principio de congruencia consagrado por la garantía constitucional de la defensa en juicio y debido proceso legal. Principio que exige la identidad entre las pruebas enunciadas en la imputación y las pruebas ofrecidas en el requerimiento, guardando coherencia lógica entre ambos.
Ello así, los elementos de prueba que han sido ocultados a los imputados en violación a lo que prevé el procedimiento, que obliga a intimárselos en esa oportunidad (conf. Art. 161 primer párrafo del CPP), no podrán ser usados en su contra. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, la acusación fiscal se basa en diversas pruebas, ofreciéndose como prueba para el juicio el testimonio de la madre de la víctima que fuera entrevistada telefónicamente.
Los dichos de la madre de la víctima volcados en el marco de un informe telefónico, no son una prueba directa del hecho, sin embargo, a los efectos de formular la acusación, sirven como indicios. Su testimonio se formalizará en el debate, oportunidad en la cual podrá ser interrogada por ambas partes, lo que permitirá al Juez decidir cual es el grado de verosimilitud que les brindará.
Ello así, la pieza acusatoria formulada por el Fiscal cumple con los recaudos exigidos por el artículo 206 del Código Procesal Penal.

En el caso, corresponde confirmar el rechazo de la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, aún prescindiendo de considerar la pericia scopométrica que relacionó los mensajes de voz almacenados en el buzón del abonado de la presunta víctima y los archivos obtenidos en ocasión de la intervención telefónica del domicilio del imputado, prueba anulada anteriormente por el Tribunal, el requerimiento de elevación menciona suficientes elementos de juicio para justificar la realización del debate.
Además de contar con las grabaciones de las llamadas en las que se habrían proferido amenazas, se han ofrecido los dichos de la denunciante, de su esposo y de la empleada doméstica quienes atendieron los distintos llamados, además de los de la ex pareja del denunciado, quien podrá identificar su voz en dichas llamadas y explicar el origen del conflicto.

En el caso, corresponde rechazar el agravio referido a la arbitrariedad de la sentencia por basarse en una errónea y arbitraria valoración de la prueba.
En efecto, los testimonios recibidos en la audiencia, a los que se agregan la prueba documental y audiovisual,conforman un plexo probatorio uniforme y sin fisuras, que permite confirmar la hipótesis acusatoria.
Ello así, de la prueba producida se desprende que durante el traslado a la Comuna, los detenidos se pusieron agresivos y a pesar de hallarse esposados se golpeaban contra el patrullero. Que como el vehículo carecía de cámara filmadora en su interior, uno de los preventores le sugirió al otro que filmara lo que ocurría en la parte trasera, por seguridad de ellos y para evitar que luego se les pudiese atribuir el haber lesionado a los detenidos.
Indicaron los preventores que el acrílico que separa el habitáculo del patrullero se encontraba indemne antes del traslado de los imputados, y que la rotura se produjo durante el traslado, producto de los golpes que le propinaron los detenidos. El personal reconoció que la video fimación corresponde a lo sucedido el dia de los hechos y en las vistas fotográficas exhibidas, reconocieron al móvil y la rajadura ocasionada en el panel divisor. Asimismo indicaron que fue uno de los imputados el que lo rompió reconociendo a quien vestía en ese momento, una prenda superior de color roja. También reconoció el experto de Criminalística, quien tomó las miestras fotográficas y practicó una inspección ocular del móvil, que la rajadura observada en la filmación es similar a la de las vistas citadas.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que condenó al infractor.
En efecto, el recurrente entiende que se ha incurrido en un vicio al encuadrar la actividad de “hotel” desarrollada en la finca cuestionada.
Así indica que de las declaraciones testimoniales surgen que los moradores viven en su domicilio desde hace largos años probando así el "corpus" del domicilio. También han expresado que tienen en ese lugar el asiento de sus afectos y de su vida civil y que tienen pensado continuar viviendo allí acreditando el “animus”, que poseen mascotas, que pueden desarrollar sin restricción alguna su vida social y que consideran el inmueble "su casa".
La queja puede ser ceñida a la presunta arbitrariedad en la valoración probatoria y, en consecuencia, a un erróneo encuadre legal.
Se examinará si el quejoso logró desvirtuar las acusaciones, a través de medios y acreditaciones idóneas al efecto de generar una convicción contraria a la plasmada en los documentos imputativos.
Si bien el enjuiciado afirmó que el inmueble de autos “se trata de una vivienda multifamiliar en la que vivo con mi familia y donde se alquilan habitaciones en el marco de la ley de locaciones urbanas 23.091 siendo la relación emergente una relación privada de locador locatario”, la norma aludida prevé que las locaciones urbanas, sus modificaciones o prórrogas, deben formalizarse por escrito (artículo 1°).
Si bien conforme el Código Civil esta contratación reviste carácter no formal, campeando el principio de libertad de formas, no sólo el enjuiciado no acompañó contratos escritos, sino que el inmueble no está subdividido, ni afectado al régimen de la Ley N° 13.512, no se acreditó que posea servicios individuales, ni que se abonen expensas; todas estas características usuales de la pretendida relación contractual.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que condenó al infractor.
En efecto, el recurrente entiende que se ha incurrido en un vicio al encuadrar la actividad de “hotel” desarrollada en la finca cuestionada.
En ese escenario cobra relevancia la prueba testimonial, correspondiendo
señalar que los testigos discreparon acerca de la calidad en que habitan el inmueble de autos. En cambio, fueron contestes en señalar que hace largos años que habitan
en el inmueble y que allí tienen constituido su domicilio permanente.
Sin embargo, habida cuenta que el inmueble posee un total de cuarenta y
dos (42) habitaciones, el testimonio de sólo cuatro (4) personas –dos (2) de las
cuales poseen vínculo de parentesco por afinidad con el enjuiciado- no resulta
idóneo para acreditar que los demás ocupantes también tienen allí su domicilio
permanente, ni para desvirtuar el destino del resto del establecimiento.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que condenó al infractor.
En efecto, el recurrente entiende que se ha incurrido en un vicio al encuadrar la actividad de “hotel” desarrollada en la finca cuestionada.
El artículo 6.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones prevé que el hotel puede ocupar todo o parte de un inmueble.
Si bien el presunto infractor acompañó nómina suscripta por treinta y siete (37) personas dejando constancia que su domicilio permanente resulta ser el del inmueble en cuestión, se trata de manifestaciones extrajudiciales que no logran suscitar certeza, toda vez que los dicentes no fueron ofrecidos en calidad de testigos; máxime que la prueba documental acompañada se refiere a sólo 4 de los firmantes, no habiéndose adjuntado constancia de
respaldo respecto de los treinta y tres (33) restantes.

En el caso, corresponde anular el informe telefónico elaborado por la fiscalía.
En efecto, de dicho informe surgen las comunicaciones telefónicas mantenidas con las testigos, incorporado al requerimiento de juicio como elemento de cargo.
Estas comunicaciones constituyen declaraciones testimoniales propiamente dichas, careciendo de todo valor probatorio.
Esto no se ve conmovido por la circunstancia de que medie en el proceso penal local el llamado principio de desformalización (art. 94 CPP), en razón de que el Código Procesal Penal regula en forma específica en los artículos 119 a 128 el modo y la forma en que deben ser recibidos los dichos de aquellas personas que conozcan los hechos investigados y sus declaraciones puedan resultar útiles para descubrir la verdad (conf. art. 119 del CPP), extremo que no puede ser ignorado por quien ejerce la acción pública y tiene a su cargo la práctica de las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho.
Ello así, el informe labrado por la Fiscalía a fs. 121, al carecer de valor probatorio no puede ser utilizado para fundamentar por sí solo la remisión de las actuaciones a juicio oral y público, ya que para que estas decisiones resulten procedentes deben mediar declaraciones recibidas con arreglo a lo establecido por la ley procesal. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la sentencia y absolver al imputado.
En efecto, el "a quo" basó su convicción, de forma casi exclusiva, en los testimonios prestados en el debate por los preventores que detuvieron al condenado.
Los testimonios de los referidos no permiten fundar atribución de responsabilidad al encausado en el evento investigado.
El primero en llegar al lugar, sostuvo que fue desplazado a la plaza en cuestión por el Comando Radioeléctrico, porque allí se encontrarían tres jóvenes sentados en un banco de la plaza, y a no más de un metro y medio un arma de fuego; agregando que el arma era visible al lugar, de tipo revólver, como también las balas.
El otro preventor sólo manifestó que cuando llegó al lugar, había un arma y proyectiles en proximidad de esas personas que estaban en un banco de la plaza, a un metro o dos.
De este relato surge una contradicción con lo que obra plasmado en las transcripciones de la comunicación que mantuviera con el operador del abonado de emergencias el día de los hechos, pues de éstas surge que una vez en la plaza el preventor observó a unos masculinos que estaban con una botella de gaseosa y que estaba revisando el lugar y no daba con ningún arma de fuego.
La contradicción no resulta menor ya que el personal policial moduló que la búsqueda del arma referida por el denunciante había arrojado resultado negativo. Luego, en el debate, y a más de dos años de realizado el procedimiento, precisó que el arma se hallaba a la vista, a unos metros de tales personas y, los proyectiles, a una distancia menor.
Ello así, la prueba producida e incorporada por lectura en el debate, no permite atribuir responsabilidad al condenado en conducta típica alguna, pues de ella sólo puede afirmarse, con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento de tinte condenatorio, que el nombrado se encontraba, el día de los hechos en un banco de la plaza.

En el caso, no corresponde dar tratamiento al planteo que cuestiona la valoración del testimonio del preventor.
En efecto, el Juez de grado ya ha respondido el agravio relativo a la falta de credibilidad del testimonio del agente policial, por lo que el planteo configura una reedición de uno anterior ya resuelto por quien valoró la declaración en el marco del juicio oral y público conforme el principio de inmediación.
Ello así, no corresponde otorgar tratamiento al planteo, en tanto esta Alzada no se encuentra en situación de par conditio con respecto al Tribunal de mérito, quedando por consiguiente excluidas de esta vía las cuestiones que dependan de la percepción directa del Magistrado que presidió el debate.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que absolvió al encausado.
En efecto, conforme lo dispuesto por el artículo 241 del Código Procesal Penal que hace referencia al artículo 239, las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas por la lectura de las formalmente recibidas durante la investigación preparatoria estableciendose tres excepciones.
El Juez hizo lugar a la testimonial ofrecida y aclaró que debía citarse a los testigos en oportunidad del debate. La querella no citó a los testigos que habían sido admitidos para declarar en el debate, de manera que no aportó la prueba principal de cargo. Tampoco ofreció oportunamente su propio testimonio, el cual también configuraba prueba de cargo según la acusación formulada.
La querella se presentó en la audiencia sin el material probatorio necesario para que el Juez decidiera la contienda. En el debate, pretendió incorporar por lectura las declaraciones de testigos ausentes, lo que está vedado en el régimen procesal penal de corte acusatorio que rige en el ámbito de competencia del Poder Judicial de esta ciudad.
Ello así, la ausencia de prueba de cargo referida al hecho imputado no puede sino conducir a la absolución del impuitado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la Defensa sostiene que las pruebas producidas no permiten acreditar los hechos atribuídos al encartado por lo que entiende que no se ha demostrado que éste fuera el conductor del vehículo.
Cabe poner de resalto lo expresado por la titular del vehículo explotado como taxi, en ocasión de presentarse en la Comisaria a fin de prestar declaración testimonial, ocasión en la que sostiene que el encausado resulta ser una de las personas autorizadas del taxi en cuestión, quien mediante un llamado telefónico le había solicitado que se haga presente a la brevedad en el lugar donde fue aprehendido, debido a que había sufrido un choque.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que condenó al imputado.
En efecto, la conducta típica desplegada por el encausado, como así también el permanente asedio, control y vigilancia que ejercía sobre la denunciante -facilitado por la circunstancia de que éste en su condición de policía podía circular libremente por la zona donde los eventos tuvieron lugar-, logró infundir en la destinataria un profundo temor, que la llevó a mudarse de domicilio para evitar tener contacto con éste.
No es menor la circunstancia vivenciada por la terapeuta de la víctima al mencionar que, en una ocasión mientras se hallaba caminando en cercanías del consultorio, vio al imputado –al que reconoció por su placa-, realizando una ronda en bicicleta, oportunidad en la que se le acercó y le habría realizado un comentario, es decir, utilizando la misma metodología de aproximación que usaba para amedrentar a la víctima.
A las declaraciones de la víctima, de los testigos y de los profesionales que aportaron sus informes, se aduna la existencia de una medida cautelar de prohibición de acercamiento dictada con anterioridad a los hechos denunciados, en un proceso iniciado por violencia familiar .
Ello así, no resulta cierto que la única prueba existente en autos es el testimonio de la denunciante.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, en cuanto a los elementos de prueba en los que se sustenta el requerimiento como así también su fundamentación, la Sra. Fiscal se basó en los dichos obtenidos en las comunicaciones telefónicas de quienes dijeron ser la pareja de la denunciante y un vecino de la misma sin visualizarse ni de aquél relato ni de las constancias obrantes en la causa, la producción de otras medidas probatorias –más que el informe emitido por el Registro Nacional de Reincidencia-, que permitan -al menos con el grado de provisoriedad propio de esta etapa del proceso- tener por fundada la remisión a juicio respecto del hecho endilgado al imputado.
Los informes labrados en sede de la Fiscalía, a través de los cuales se deja constancia de las comunicaciones telefónicas, no constituyen declaraciones testimoniales propiamente dichas y, por ende, carecen de todo valor probatorio (conf. criterio de este Tribunal en las causa Nº 45674-00-CC/2009 “Testa Tejera, María Cristina y otro s/inf. art. 181 inc. 1 Usurpación CP”, rta. el 28/4/10 y “Rasetti Montado, Jorge s/ infr. art.149 bis CP”, Nº 25125-00-CC/11 del 8/11/2011, entre muchas otras).
La instructora solamente se limitó a efectuar las comunicaciones con las cuales intentó fundar el requerimiento de juicio, sin haberse siquiera comprobado la identidad de los declarantes mediante su citación en sede judicial.
El Código Procesal Penal no contempla la posibilidad de tomar declaraciones por vía teléfonica por lo que, atento la forma en la que fueron adquiridas las declaraciones, se debe prescindir de tales constancias ya que los llamados telefónicos no pueden suplir a los dichos del testigo.
La ley procesal tiene una regulación específica en torno a cómo deben ser recibidos los dichos de los testigos, circunstancia que no puede ser omitida por el acusador. Por tanto, los informes elaborados por la Fiscalía resultan simples constancias telefónicas, que en caso de ser negativas, es decir, que el testigo no aporte datos al suceso ilícito tendría sentido dejar alguna nota asentada en el expediente; pero en caso de que los dichos de aquellos resulten relevantes a la investigación –como ocurre en el caso bajo estudio-deberían ser citados o entrevistados personalmente para que cobren valor probatorio en las actuaciones (este Tribunal en Causa Nº 45674-00-CC/2009 “Testa Tejera, María Cristina y otro s /infr. art. 181 inc. 1 Usurpación CP”, rta. el 28/4/2010) y sirvan de sustento probatorio para el requerimiento de juicio.
Ello así, y al no tener validez probatoria a los fines de sustentar el requerimiento de juicio, los informes telefónicos practicados por la Secretaria de la Fiscalía, cabe concluir que dicha pieza carece de la debida fundamentación pues solo se sustentó en constancias telefónicas, y en la denuncia de la víctima, que más allá de su validez, no es suficiente para basar la requisitoria.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad interpuesto contra la sentencia que condenó al imputado, basado en la presunta infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.
En efecto, la Defensa considera que la valoración de las declaraciones testimoniales rendidas en el debate excede el marco de la sana crítica racional y que la prueba producida no permite destruir el estado jurídico de inocencia del encausado, por existir un serio cuadro de dudas acerca de la materialidad del hecho que se ha atribuido.
El punto más problemático se vincula con la aprehensión del encausado. El agravio principal se refiere a que no hay coincidencia entre los testigos en torno a estos hechos, sino serias contradicciones.
Los dos policías que participaron en la aprehensión de los sospechosos han sido claros y coincidentes en su relato, que uno de ellos no haya visto caer el arma portada por el encausado al momento de su persecusión a pie, no da lugar a un testimonio discordante. Distinto sería el caso en que un testigo afirmare que esto no sucedió o que ocurrió otra cosa.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad interpuesto contra la sentencia que condenó al imputado, basado en la presunta infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.
En efecto, puede considerarse probado que el imputado tenía el arma en su poder y que se le cayó al suelo.
La Defensa considera esencial el hecho que uno de los policías que intervinieron en su aprehensión no haya visto la caída del arma.
No obstante este argumento, la declaración del testigo en cuestión ofrece un indicio de que el encausado podía llegar a tener el arma en la cintura, lo que se ve corroborado por el testimonio de otro de los efectivos que intervinieron.
El hecho que el testigo se haya rectificado respecto del lugar en el que se produjo la detención, no afecta esta conclusión ya que el declarante, en lo que hace al punto cuestionado (la caída del arma) ha ofrecido un relato sólido, resultando irrelevantes las afirmaciones del defensor de grado vinculadas a que no se vio al condenado con el arma en la mano.
Toda vez que la conducta típica del delito de portación requiere que el arma esté en poder del autor, no que la tenga en la mano (Sobre el tema, véase: DE LANGHE, M., “Artículo 189 bis” en BAIGÚN, D. y ZAFFARONI, E. (dir.) Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 5, Buenos Aires, Hammurabi, 2008, pp. 390 y ss), la prueba producida es suficiente para tener por acreditado el ilícito.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de juicio interpuesto por la Defensa.
En efecto, la circunstancia de que el Fiscal no haya logrado aportar las actas contravencionales labrados por obstrucción del procedimiento y violación de clausura que el inspector interviniente afirmó haber labrado bajo juramento de decir verdad, si bien desmerece su caso y lo priva de una prueba documental que, de haberse obtenido, resultaría dirimente, no quita todo sustento a su requerimiento de juicio, que puede válidamente apoyarse en la declaración del referido testigo, a quien se ha ofrecido para ser oído durante el juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de juicio interpuesto por la Defensa.
En efecto, la Defensa se agravia por la vinculación de su asistida en el evento investigado , puesto que únicamente obra una constancia elaborada por la Fiscalía de haber recibido un correo electrónico de la Oficina Central de Recepción de Denuncias en el que se habría constatado una violación de clausura. Refiere que la ausencia de identificación de las actas no permite individualizar al autor de las contravenciones y mucho menos conectar la prueba con la imputada , dado que de la declaración del Inspector actuante no informa quién la recibió y a quién habría labrado el acta.
El requerimiento de juicio se encuentra fundamentado, no sólo por el testimonio del Inspector que afirmó haber reimplantado la faja de clausura y labras las actas por “violación de clausura y obstrucción de procedimiento”, sino que del informe remitido por el Gobierno de la Ciudad se desprende que sobre el local en cuestión pesaba una clausura administrativa vigente y que se procedió a programar una inspección al establecimiento habiéndose constado el funcionamiento del local clausurado, labrándose el correspondiente acta en consecuencia.
Ello asi, en principio, la ausencia de las actas labradas en dicha oportunidad, no descartan la comisión de la conducta prevista y reprimida por el artículo 73 del Código Contravencional por parte de la imputada, pues, la referida conocía la clausura impuesta a su negocio, como titular de la explotación comercial, y sin embargo, éste se hallaba funcionando normalmente cuando fueron los inspectores y constataron la infracción.

En el caso, corresponde corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso absolver a la encartada por la comisión del delito establecido en el artículo 181 del Código Penal.
En efecto, el Judicante señala que no puede aseverarse con el grado necesario como para dictar una sentencia condenatoria que la imputada haya ingresado en forma subrepticia al inmueble, ya sea a través de la violencia o la clandestinidad.
Al respecto, de los dichos de los testigos surge que ellos no vieron a la imputada, y que si bien uno de ellos dijo que le resultaba “parecida”, no estaba en condiciones de afirmar si era o no era una de las mujeres que estaban ese día, dado que las personas identificadas en su manda no se encontraba la encartada. Recién se la relaciona como habitante del inmueble en el expediente mediante el informe de la Dirección General de Atención Inmediata del Gobierno de la Ciudad.
Por tanto, considerando que el delito en cuestión es instantáneo, pero de efectos permanentes, lo único que podría adjudicársele a la imputada es su estadía en el inmueble, quien se beneficiaría con esos efectos de permanencia pero en modo alguno puede imputársele –con el material probatorio recolectado- que haya sido ella quién ingresó el día de los hechos a la propiedad, pues si bien los testigos aseveraron que personas ingresaron en el lugar, a través de violencia y clandestinidad, nadie la ha visualizado como parte integrante de los sujetos que entraron los días en que se ingresó por primera vez a la finca.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la recurrente cuestiona la validez del requerimiento de juicio en virtud de carecer, a su juicio, de fundamento suficiente para sostener la acusación o bien, por presentar tan solo una fundamentación aparente.
El Tribunal Superior de la Ciudad ha sostenido que en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de violencia doméstica, el testimonio de la víctima tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante, si lo estima pertinente. Asimismo en atención al carácter especial de quien presta testimonio en estas condiciones, ese relato eventualmente puede ser reforzado —y resulta recomendable que así lo sea para otorgarle mayor verosimilitud y credibilidad a la situación relatada— con otros elementos probatorios de carácter objetivo, corroborantes o periféricos (Expte. n° 8796/12 “Ministerio Público —Defensoría General de la Ciudad 0Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Legajo de requerimiento de elevación a juicio en autos Newbery Greve, Guillermo Eduardo s/ inf. art. 149 bis CP’”, rto. 11/9/2013, voto de las juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg).
El antecedente reseñado resulta aplicable para descartar la impugnación, ya que a través de ésta la Defensa pretende que los elementos de prueba del caso, semejantes a los mencionados en la jurisprudencia transcripta para condenar al encausado, resulten insuficientes para justificar el pedido Fiscal de remisión a juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, el artículo 119 del Código Procesal Penal de la Ciudad habla de la “facultad de interrogar” que posee el/la representante del Ministerio Público Fiscal, lo que significa “potestad” de interrogar (conforme el diccionario de la Real Academia Española, facultad refiere a la licencia, poder o derecho para hacer algo). Es por ello que la referida norma utiliza la expresión “interrogará”, en lugar de decir “deberá interrogar”.
En este mismo sentido, el artículo 120 del mismo Código, permite que el/la Fiscal delegue tal potestad incluso en las fuerzas de seguridad, conforme lo previsto en el artículo 94.
La Defensa no ha demostrado en qué hubiese cambiado la suerte del proceso si se hubiesen llevado a cabo todas las medidas que señala como omitidas por el Fiscal, no verificándose perjuicio concreto ni violación constitucional alguna.
Ello así, desechar las declaraciones de los testigos prestadas en sede policial importaría decretar la nulidad por la nulidad misma.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del requerimiento de juicio atento que no es una derivación razonada de la prueba producida ni de la que era esperable producir.
En efecto, el imputado ofreció como prueba de descargo dos testigos, su padre y el dueño del local comercial donde el referido prestaba servicios.
El Fiscal no ha explicado la razón por la que consideró mendaces los dichos recibidos por lso testigos bajo juramento de decir verdad.
La circunstancia de que provengan del padre y de un amigo del imputado no permite descalificarlos en tanto se podía verificar su verosimilitud con otras pruebas (se podía oír a la madre del imputado y a otras personas que trabajaron con él).
Los testimonios señalados no fueron controvertidos más que por la versión de la víctima y de la un testigo ofrecido por la presunta víctima , quien no presenció uno de los hechos investigados dado que en su declaración afirmó estar conversando por teléfono con la denunciante cuando el imputado habría tocado el portero eléctrico, siendo informada por la víctima de las características del hecho.
Tampoco se han oído a las demás testigos presentes (las hijas de la denunciante de 5 y 18 años de edad), ni se ofrece oírlas en el debate.
Ello así, la etapa preparatoria no ha logrado desvirtuar la defensa opuesta que, no solo negó la conducta imputada, sino que acreditó, de modo no controvertido, que no sucedieron los hechos denunciados, al menos, en las fechas indicadas en la denuncia. Se renunció, además, a oír a quien los habían presenciado, de modo inexplicable. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que condenó al imputado.
El Defensor de Cámara interpuso la nulidad de la audiencia de debate y de la sentencia dictada en consecuencia por considerar que se violó la garantía de su asistido de ser juzgado por un Tribunal imparcial, a tal efecto alegó que el requerimiento de elevación a juicio —que forma parte del legajo de juicio— contenía transcripciones de las declaraciones de los testigos de cargo de las que no debería haber tenido conocimiento la Jueza del debate.
Sin embargo, el requerimiento de elevación a juicio no contiene una transcripción literal de la cual se pueda observar que se haya adelantado la prueba testimonial sino que el Fiscal sólo mencionó a los testigos de cargo al efecto de motivar su acusación.
Ello así, corresponde rechazar que, por este motivo, la Jueza haya tenido un conocimiento previo del hecho que fuera objeto de debate, lo que comúnmente se denomina “contaminación”. (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso absolver al imputado.
En efecto, se investiga en la presente, el presunto hecho acaecido en el domicilio que compartían la denunciante con el encartado, oportunidad en la que el referido le habría expresado a su ex pareja que iba a arruinarle la vida, tras lo cual se acercó a ella y amedrentándola con el puño cerrado, le refirió que se lleve a su hijo porque de lo contrario le desfiguraría la cara.
Ahora bien, tal como señaló la Magistrada de grado, de los testimonios hasta aquí consignados, se permite tener por acreditado que el día de los hechos en el domicilio donde residía la ex pareja se produjo una discusión entre el imputado y la denunciante, mas no puede afirmarse que dicha circunstancia se haya configurado en un contexto de violencia doméstica ni de género, pues más allá del hecho aislado aquí investigado, los testigos que declararon durante la audiencia señalaron que entre ambos existía una buena relación y la propia denunciante sostuvo que nunca se dio un episodio de violencia similar al que denunció.
Asimismo, en cuanto a lo expuesto por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica, si bien manifestaron que la versión de los hechos brindada por la presunta víctima resultaba coherente y verosímil, expusieron que solo contaban con lo expuesto por ésta, entrevistada por ellos una sola vez.
Por tanto, siendo que no se ha acreditado con la certeza necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria que el encausado haya incurrido en el delito de amenazas respecto de su ex pareja en las condiciones atribuidas por el titular de la acción, por imperio del principio "in dubio pro reo" cabe pronunciarse por la solución más favorable al imputado, ello es por su inocencia, por lo que cabe confirmar sentencia recurrida obrante en todo cuanto fuera materia de recurso.

Los testigos sospechosos son aquellos cuya deposición no parece digna de entera fe o aquellos de quienes hay graves motivos para sospechar. Y la sospecha más grave es la que resulta del interés que pueda tener en el desenlace del proceso, interés que puede muy bien extraviarle el camino de la verdad... la pasión o el interés que pueda tener para hacer declarar culpable al acusado son con frecuencia bastante fuertes para inducirle a mentir.
El denunciante, se ha dicho, es un testigo sospechoso: empleará todos sus esfuerzos en sostener su denuncia y demostrar su sinceridad (confr. Karl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba en materia penal, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 319/330).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que absolvió a los imputados por la contravención consistente en violar una clausura impuesta.
En efecto, los inspectores labrantes de las actas de comprobación no fueron contestes al prestar declaración con relación a la forma en que se desarrollaron los hechos.
Uno de ellos declaró que no les fue posible ingresar al local por cuya violación de clausura se imputa a los encausados atento que el mismo se encontraba cerrado y que fueron atendidos por la persona a quien le labraron el acta de comprobación en un domicilio particular lindero al local en cuestión.
El otro preventor expresó que habían mirado por el portón y se veían luces y sostuvo que no pudieron especificar si la música provenía de la vivienda o del comercio.
Ello así, la prueba de cargo producida, consistente principalmente por la documental aportada por la Fiscalía, no alcanzó para tener por acreditado el hecho, por cuanto las testimoniales producidas desvirtuaron la conducta enrostrada.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que convalidó el archivo de las actuaciones por inimputabilidad y disponer el sobreseimiento de los encausados.
En efecto, la decisión de grado también se fundó en que los encausados resultaban inimputables de acuerdo a su edad al momento de los hechos, a tenor de la penalidad prevista en el artículo 150 del Código Penal para el delito de violación de domicilio que se les atribuía y a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 22.278 pues, la prueba testimonial producida ha sido coincidente en cuanto a que no tendrían más de entre 13 y 15 años de edad.
Los jóvenes demorados fueron identificados por los datos que ellos mismos aportaron al personal preventor, pues se hallaban indocumentados, lo cual es lógico y esperable en casos de personas que, como ellos, se hallaban en situación de calle.
Atento lo dispuesto en los artículos 4, 12 y 3 del Régimen Procesal Penal Juvenil, frente a la expresa directiva del artículo 3, a la falta de identificación fehaciente inicial de los jóvenes y a los coincidentes testimonios de las personas escuchadas en autos, en orden a que no tendrían más de entre trece y quince años de edad, la solución adoptada no ha hecho más que aplicar la presunción establecida en el artículo 3° la que no ha sido desvirtuada por ninguna prueba en contrario.
Aún de pensarse que los jóvenes imputados podrían tener entre 16 y 17 años de edad, ello en nada conmovería la convalidación del archivo de las actuaciones por inimputabilidad de los encausados, pues a tenor de la penalidad prevista para el delito de violación de domicilio (de seis meses a dos años de prisión, conforme artículo 150 del Código Penal), también resultarían inimputables en función del artículo 1° de la Ley N° 22.278.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, respecto del daño que se alega sufrió el teléfono celular, asiste razón a la Defensa en que no ha sido diligente la Fiscalía en preparar su caso, dado que no se ha ofrecido prueba pericial ni informativa al respecto y no se ha secuestrado el elemento que se alega fue dañado.
Sin perjuicio de ello, también es cierto en que se han ofrecido testigos distintos de la propia denunciante sobre el punto, con cuyos dichos -bajo juramento de decir verdad- también se contará en el debate.
Por tanto, estos elementos son suficientes para justificar la realización de un debate sobre el asunto.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al acusado por el delito de amenazas (art. 149 bis CP).
En efecto, la Defensa cuestiona el testimonio brindado por la profesional de Oficina de Violencia Doméstica, al entender que sus conclusiones son meras "conjeturas" y deben ser desestimadas.
Sin embargo, cabe destacar en primer lugar, que la licenciada declaró bajo juramento de decir verdad de conformidad con las previsiones del artículo 128 del Código Procesal Penal de la Ciudad. Así, resulta desacertada la conclusión a la que arriba el recurrente toda vez que no es posible afirmar que los dichos de la profesional no tengan ningún valor probatorio. Su testimonio cobra fuerza a partir su conocimiento técnico y de que, tal como ella misma señala, puede dar cuenta del vínculo que tiene la denunciante con el denunciado, como así también contextualizar a modo diacrónico los episodios que motivan que se llegue a la situación que se denuncia, además de evaluar la situación de riesgo y de asistir a la víctima.
En este sentido, en cuanto al testigo técnico, la doctrina ha sostenido que “puede no sólo relatar lo que ha caído bajo la percepción de sus sentidos, sino también adicionarle sus conceptos personales sobre los extremos técnicos o científicos referidos al mismo.” (“La Prueba en Materia Penal”, Eduardo M. Jauchen, Ed. Rubinzal Culzoni, pág 110).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso declarar la incompetencia de este Fuero y remitir las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción.
En efecto, para así resolver, el Juez de grado entendió que de acuerdo a lo que surge de la prueba producida hasta el momento, el mayor grado de sospecha respecto de la autoría recae sobre la persona que saltó sobre la cabeza de la víctima, de conformidad también con lo que se desprende de la autopsia efectuada. Por ello, a criterio del "A-Quo", por el momento no sería aplicable el tipo penal previsto por el artículo 95 del Código Penal.
Al respecto, si bien es cierto que la persona fallecida presentaba diversos golpes en zona cefálica y que los testigos presenciales del evento son coincidentes en cuanto a que en el hecho habrían intervenido varias personas agrediendo a la víctima, consideramos que no es posible, al menos por el momento, afirmar que no se podrá determinar quién, de todos los agresores, causó el desenlace fatal.
En este sentido, cabe destacar que distintos testigos atribuyeron un rol central en el suceso a uno de los sujetos involucrados. Así, se desprende del legajo que uno de los agresores era quien “…saltaba sobre la persona caída, pisándole la cabeza y saltando sobre la misma…” y lo individualizó describiendo que se trataba de una persona alta, robusta, de cabello corto negro y que vestía remera o camiseta blanca y pantalón de jean. De manera similar, se desprende otra declaración obrante en el expediente que “…el individuo de campera blanca en varias oportunidades le pisó la cabeza al masculino que se encontraba en el suelo”.
Por su parte, de lo manifestado por el personal de seguridad del local bailable en el que habría ocurrido el hecho surge que la persona que habría agredido a la víctima, de acuerdo a lo que manifestaban los amigos de aquél “…vestía campera de color blanco, de gran altura, con corte de pelo estilo militar, con tonada de habla de origen guaraní pudiendo ser Paraguayo”.
A partir de lo reseñado se advierte que, como se dijo, uno de los agresores habría tenido un rol central. También se desprende, tal como expresó el Fiscal de Cámara, que deberían realizarse medidas de prueba que brinden mayor precisión acerca del hecho, tales como profundizar la declaración de ciertos testigos y citar al perito que intervino en la autopsia.
Siendo así, en el caso que nos ocupa, el suceso no está precisado de manera suficiente como para poder encuadrarlo jurídicamente y, en consecuencia, definir la competencia. Por tanto, entendemos que la declaración de incompetencia efectuada por el Juzgado Nacional de Instrucción que originó la remisión de la causa a este fuero es prematura.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la Defensa sostuvo que en el instrumento requisitorio se encontraban transcriptas las declaraciones de las testigos, circunstancia que podía generar sospechas razonables de que el Juez de la siguiente fase pudiera conocer de manera anticipada el cargo probatorio, influyendo de modo inconsciente en la decisión del caso.
Ahora bien, en el documento mencionado por el recurrente se transcribió la frase intimidante endilgada a su asistido -objeto de la imputación enrostrada-, no así de las deposiciones rendidas -conforme apuntara el apelante-. Es decir, se realizó un breve relato de los mentados testimonios a fin de ilustrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la locución fuera pronunciada, como así también la reseña –en general- de otras circunstancias a efectos de subsumir el caso en un supuesto de violencia doméstica, siendo la fundamentación de la pieza un requisito fijado en la ley (cfr. art. 206, ap. "b", CPPCABA).
Por otra parte, las cuestionadas declaraciones que se practicaran en la instancia de grado no fueron ofrecidas como prueba documental para ser leídas o exhibidas en el juicio, sino que serán producidas en ocasión de aquél, donde adquirirán pleno valor en los términos de los artículos 239 y 241 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Por tanto, no se advierte de qué modo la remisión del requerimiento de juicio al Juez del debate es susceptible de lesionar las garantías constitucionales mencionadas por la Defensa, por lo que habrá de confirmarse el decisorio de grado en relación a este agravio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, la Defensa sostuvo que el rechazo a las declaraciones propuestas por los acusados en el marco de la intimación de los hechos afectaba el derecho de defensa en juicio en su faz material y técnica, el debido proceso y el principio de inocencia. Adujo que el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad, determinaba la obligación de la Fiscal de comprobar la veracidad de los hechos mencionados por los declarantes, debido a la utilidad que podrían revestir respecto de la responsabilidad penal de ellos.
Al respecto, cabe destacar que en autos, no se está en presencia de un rechazo liso y llano por parte del Ministerio Público Fiscal a la evacuación de citas, puesto que fundó su negativa tras valorar la pertinencia de los testimonios respecto del esclarecimiento de los hechos investigados.
Asimismo, resulta relevante la circunstancia de que el Magistrado haya hecho lugar a que se les reciba declaración durante el juicio a todos los testigos que fueron individualizados y ofrecidos por los acusados. De esta manera, la recurrente podrá en esa instancia controlar todos los testimonios y tendrá la oportunidad de desplegar plenamente su derecho, controvertir y producir la prueba que considere necesaria para mejorar la situación de sus asistidos y los imputados podrán brindar todas las explicaciones conducentes a la dilucidación del caso.
Por otro lado, respecto a los testimonios en sí, éstos, en nada afectan su vinculación con los hechos porque sólo aportan datos respecto de las características del vínculo que los encartados mantenían con la denunciante, sin explicar cuál es el perjuicio concreto para las posibilidades de defensa de los imputados que le habría originado la negativa del Fiscal de evacuar las citas en la oportunidad pretendida, con respecto a la alternativa de que se produzca la prueba en el ámbito del debate oral y público.

En el caso, corresponde afirmar que la notas tomadas por un funcionario de la Fiscalía no constituyen declaración testimonial.
En efecto, se ha incorporado como prueba al debate la declaración de una testigo tomada por el Secretario de la Fiscalía lo cual afecta la esencia del sistema adversarial sin perjuicio que luego la deponente declaró en el juicio oral y público.
La evidencia que desformalizadamente recaba la Fiscalía a través del Secretario, empleados, etc., no puede ser considera prueba "per se".
La prueba es la que se produce frente al Juez, dando lugar a la inmediación de éste con aquella, y que en el caso de los testigos, se produce a través de la oralización; la incorporación de este tipo de declaraciones escritas es lo que tiende a destruirla (oralidad actuada).
Ello así, las notas tomadas por un funcionario de la Fiscalía, bajo ningún concepto constituyen una declaración testimonial, ya que por un lado, el Secretario no puede tomar juramento de decir verdad.
Por otra parte, no fue sometida dicha declaración a contradicción alguna, motivo por el cual son simples constancias que tienden a coadyuvar a la Fiscalía cuando interroga a un testigo con la finalidad de darle mayor o menor credibilidad.

En el caso, corresponde rechazar el pedido de desglose del requerimiento de juicio.
La Defensa sostiene que el legajo de juicio debe adecuarse a las disposiciones establecidas en la resolución conjunta de la Fiscalía y la Defensoría (FG n° 92/16 y DG n° 568/16).
En efecto, sin perjuicio que la resolución invocada no resulta vinculante para el Tribunal, no surge que el legajo de juicio, ni el requerimiento de juicio contraríen las previsiones establecidas la misma ya que no se han transcripto testimoniales ni se han remitido elementos de prueba que no hayan sido admitidos por las partes.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por el delito que le fuese atribuido (art. 149 bis CP).
En efecto, la Defensa sostiene que la sentencia condenatoria resulta arbitraria, pues no existen elementos de prueba suficientes para quebrar la presunción de inocencia y el principio "favor rei". Alega que no se efectuó un análisis lógico de razonamiento acorde con las reglas de la sana crítica racional, en atención a que se llevó a cabo una errónea y fragmentaria valoración de la prueba introducida en el juicio.
Ahora bien, la Judicante de grado tuvo por probada la conducta imputada al encartado, esta es el haber tomado del cuello a su ex pareja, escupirle la cara, para luego expresarle “te voy a terminar matando", entra otras cosas.
Al respecto, y contrariamente a lo sostenido por el impugnante, de lo expuesto por la denunciante así como los restantes testigos de cargo durante la audiencia de juicio no es posible advertir mendacidad en sus manifestaciones, sino que contrariamente a ello fueron contestes en relación a las circunstancias del hecho, sin que surjan elementos objetivos que permitan presumir fundadamente que hayan tenido intención de perjudicar al imputado.
En este sentido, la denunciante se expresó de forma coherente, verosímil y precisa, brindando detalles del hecho en cuestión, a lo que se suma que su declaración resulta concordante con lo expuesto por uno de los testigos, quien observó las circunstancias del acontecimiento.
Por tanto, a partir de las testimoniales rendidas en la audiencia de juicio y demás pruebas incorporadas, resulta posible afirmar que la valoración realizada por la A-Quo ha sido ajustada a las reglas de la sana crítica, no advirtiéndose defecto alguno que impida afirmar que se encuentra probado con el grado de certeza que se exige en esta etapa del proceso el suceso que conforma el objeto procesal de las presentes actuaciones y la autoría endilgada al imputado. (Del voto en disidencia de la Dra. Marum)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
En efecto, la Defensa afirma que de la certificación contable agregada al expediente surge claramente que no existió una efectiva omisión de aportar el tributo (cfr. art. 7 LPT), pues las retenciones cuestionadas, corresponden a pagos a proveedores realizados mediante cheques de pago diferido que fueron cancelados con posterioridad del vencimiento de las respectivas obligaciones.
Ahora bien, sobre el punto, la Jefa del Departamento de Análisis y Control de Recaudación del ente recaudador de la Ciudad (AGIP), al prestar declaración testimonial en sede de la Fiscalía, expuso que las resoluciones del organismo tributario local establecen que: I) la retención del importe del impuesto a los ingresos brutos, por parte del agente recaudador, deben hacerse “cuando efectúa el pago” al sujeto pasivo del tributo -prestador del servicio-; II) dicho pago se considera realizado en oportunidad en que se entrega el cheque porque en ese título de crédito, que se entrega al proveedor, ya viene restado el monto retenido y, a su vez, también se entrega al proveedor el certificado de retención; III) el organismo que integra dentro de la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no tiene competencia para interpretar las normas de carácter general emitidas por ese ente recaudador, tarea a cargo de un área de asesoría técnica encargada de evacuar dudas, sino su dependencia solo analiza el cumplimiento del contribuyente sobre la base de su declaración jurada; y IV) para afirmar la efectiva disposición de fondos en los casos de pago a proveedores mediante cheque común o de pago diferido debería conocer la operatoria comercial de la empresa que desconoce.
En conclusión, lejos de estar en el escenario de una manifiesta atipicidad incuestionable que aduce la imputada, el proceso bajo examen requiere del análisis y las conclusiones propias a la audiencia de juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que absolvió al imputado por el delito de amenazas.
En efecto, tal como apreciara la Juez de grado, no se brindaron precisiones ni tampoco se indagó en aquél acto acerca de las particularidades que rodearon el evento investigado.
En ningún momento la testigo que declaró en el juicio refirió haber visto el cuchillo que habría utilizado el encausado, ni explicó dónde se encontraba específicamente cuando escuchó las locuciones que le fueran proferidas a la denunciante.
Tampoco se deprende de su testimonio si todo lo narrado ocurrió el día señalado por la Fiscalía en la acusación como tampoco si pudo seguir residiendo en la vivienda donde ocurrieron los hechos.
La Juez decidió sopesar aquél relato inicial con los restantes sin perjuicio de que una de las testigos que declaró en la etapa de instrucción (quien al parecer fuera testigo directa del episodio investigado) no se presentó a deponer en el debate en razón de que salió del país con destino a un país vecino.
Ello así, de la sentencia se advierte que la "A-quo" no había arribado al convencimiento exigido para el dictado de una sentencia condenatoria, en tanto la prueba ofrecida no fue suficiente para avalar la hipótesis acusatoria, y por ende, para conmover la presunción de inocencia de la que goza el encausado, luego de haber valorado las probanzas rendidas en el debate.

En el caso, corresponde rechazar el planteo referido a la valoración de la prueba testimonial realizada por la Juez de grado para condenar al imputado por el delito de amenazas.
En efecto, la Defensa se agravia por las contradicciones de los testimonios tenidos en cuenta para fundar la sentencia que condenó a los imputados, puntualmente en lo que respecta a la secuencia temporal mediante la cual ambos declarantes acompañaron a la víctima en el momento en que fue amenazado.
Más allá de que en el debate se realizó un careo entre ellos, lo cierto es que las posibles divergencias entre estos testigos con respecto a si uno ingresó primero al lugar del hecho o ingresó después, si uno entró detrás o delante del otro mientras caminaban juntos, no resultan trascendentes ni tergiversan el hecho de que ambos de manera precisa, detallada y espontánea coincidieron en que el condenado amenazó al denunciante en las circunstancias ya apuntadas.
Ello así, el hecho amenazante fue probado con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otorgar la indemnización por pérdida por los alquileres caídos, proporcional a los seis meses que restaban del contrato.
En el "sub examine", la Dirección de Fiscalización y Control -a raíz de una denuncia- decidió clausurar la unidad del contrafrente del inmueble en cuestión e impuso una multa por entender que el inmueble no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa para las casas de pensión.
Mencionó que la causa tramitó por ante el Juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas y culminó con un fallo absolutorio disponiéndose el levantamiento de la clausura en cuestión. Aseveró que tal situación le generó un perjuicio cuya reparación pretendió en las presentes actuaciones.
En efecto, de las pruebas aportadas y del expediente de clausura que dio origen al presente, surgen testimonios de las personas alojadas en el inmueble en cuestión.
Asimismo, se desprende que la unidad del contrafrente consta de tres habitaciones, dos baños y que se alojaban cinco personas; donde surge el nombre de las personas allí alojadas. De la documentación obrante en autos también se encuentra acreditado que las alojadas en esas unidades pagarían por dichas habitaciones.
Por su parte, el actor informó “tener contratos verbales con los padres de las alojadas”, que alquilaba su propiedad “a grupos de señoritas estudiantes universitarias que provienen del interior del país y trabajan, estudian y viven en esta capital durante su periodo de estudios. Aclarando que los contratos de alquiler duran un año y durante ese lapso por lo general los ocupantes no cambian”.
De toda la prueba reseñada considero que existen suficientes indicios para tener por acreditado la existencia de contratos de alquiler a la fecha de la clausura sufrida en la propiedad del actor.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda interpuesta por el actor contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la indemnización solicitada en concepto de pérdida de alquileres caídos.
En el "sub examine", la Dirección de Fiscalización y Control -a raíz de una denuncia- decidió clausurar la unidad del contrafrente del inmueble en cuestión e impuso una multa por entender que el inmueble no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa para las casas de pensión.
Mencionó que la causa tramitó por ante el Juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas y culminó con un fallo absolutorio disponiéndose el levantamiento de la clausura en cuestión. Aseveró que tal situación le generó un perjuicio cuya reparación pretendió en las presentes actuaciones.
En efecto, la crítica formulada, entonces, debe ser analizada en función de la prueba rendida en la causa.
Así, el accionante no ha producido prueba que acredite la suma pagada por cada una de las personas que se alojaban en los departamentos de su propiedad, de hecho de las actas acompañadas se desprende que sólo tres de ellas manifestaron abonar una suma determinada pero no exhibieron a los inspectores documentación alguna que permita tener por acreditado sus aseveraciones.
En este sentido, el déficit probatorio, impide el progreso del planteo bajo estudio, pues no existen elementos que permitan apartarse de la regla según la cual cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende (art. 301 CCAyT).
La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante, quien, a su vez, puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (cfr. CSJN en "Kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Bs. As., Prov. de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 19/12/05). (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Mariana Díaz).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego (art. 189 bis, inc. 2, 3er párr., CP)
En efecto, la Defensa aseveró que la sentencia era arbitraria puesto que se había condenado a su asistido sin que ningún testigo lo hubiera visto portar el arma, que a la postre fue secuestrada.
Sin embargo, de la compulsa de la causa y de la escucha de los audios respectivos, advertimos -como lo hicieran los judicantes- coincidencia entre las declaraciones de los preventores quienes relataron, en ocasión de estar realizando tareas de control vehicular en una zona de esta Ciudad, haber escuchado -a unos 100 metros del lugar en que se hallaban apostados-, una acalorada discusión, y que al apersonarse en el recinto y ver que uno de los tres sujetos portaba una arma blanca se le dio la voz de alto, por lo que éste emprendió la fuga, lo que motivó que uno de los agentes saliera en su persecución, mientras que el aquí imputado corrió en otra dirección, siendo perseguido por el otro de los integrantes de la fuerza de prevención, quien afirmó que vio al encausado agacharse detrás de un contenedor de basura y hacer un ademán de descartarse de un objeto, por lo que volvió a darle la voz de alto, acatando el encausado la orden emanada de la autoridad policial.
A su vez, las mentadas declaraciones se hallaron también robustecidas con el relato del damnificado. En relación a este -como se advirtiera en el debate-, aunque su exposición podría reputarse de reticente, en el sentido de que el testigo no quería brindar precisiones de lo acontecido y que al ser consultado al respecto afirmó que en aquella oportunidad estaba “muy nervioso” por lo que “no recordaba demasiado”, mencionó que su señora (que también estaba presente en ocasión de la discusión) le dijo que vió un arma y que el encartado "lo apuntó con un revólver".
De este modo, consideramos que los extremos apuntados dan sustento a la teoría del caso expuesta por la acusación en cuanto a la materialidad de la conducta y la autoría por parte del imputado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego (art. 189 bis, inc. 2, 3er párr., CP)
En efecto, la Defensa adujo que el Tribunal no tenía elementos para arribar, con certeza apodíctica, a la conclusión de que el arma era portada por su asistido y descartar la posibilidad de que ésta no haya sido arrojada por otros de los que estaban ahí discutiendo, de los que perseguían a su asistido.
Ahora bien, la apelación erigida de que el arma de fuego en cuestión podría haber sido desechada por cualquiera de las personas que perseguían al encartado sólo encuentra apoyatura en la confusa declaración brindada por éste en el debate. Ni los preventores, ni el damnificado, expresaron -frente al interrogatorio efectuado- que el encartado hubiera sido acechado por un “tropel” de gente. Tampoco la “tumultuosa” persecución se deprende de las video-filmaciones pertenecientes a las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana a las que hiciera referencia esa parte.
A contrario de ello, uno de los agentes de prevención fue claro al exponer que si bien cuando se generó el altercado “comenzaron a juntarse vecinos a ver qué pasaba”, afirmó que el encartado "se aleja del lugar de la discusión y se esconde atrás del tacho de basura”, por lo que el preventor se acerca, y éste “tira un objeto debajo”. Es decir, durante ese trayecto que abarca el seguimiento del encausado, y en ocasión del “descarte” del elemento, que luego se determinó que era un arma de fuego, se encontraban el aquí imputado y un agente de prevención, y no una horda de gente como se pretendió instalar en aquél escenario.
De este modo, consideramos que los extremos apuntados dan sustento a la teoría del caso expuesta por la acusación en cuanto a la materialidad de la conducta y la autoría por parte del encartado, la que no logró ser controvertida por la versión de los hechos esbozada por el encausado y su asistencia técnica.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, absolver al imputado por el delito establecido en el artículo 189 "bis", inciso 2°, 3° párrafo, del Código Penal.
En efecto, la Defensa adujo que el Tribunal no tenía elementos para arribar, con certeza apodíctica, a la conclusión de que el arma era portada por su asistido y descartar la posibilidad de que ésta no haya sido arrojada por otros de los que estaban ahí discutiendo, de los que perseguían a su asistido.
Ahora bien, en la audiencia de juicio, donde se produjo la prueba que las partes invocaron a los fines de sostener su teoría del caso, se convocó solamente a una de las testigos que el día del hecho presenció el secuestro del arma, quien manifestó ser la suegra del acusado, calidad que fue confirmada por el Fiscal de Cámara al alegar ante este tribunal.
Debo señalar, aunque no fue ello mencionado por la defensa ni por la fiscalía, que el parentesco que unía a la testigo con el imputado, imponía el deber de proceder de acuerdo lo que establece el artículo 122 del Código Procesal Penal de la Ciudad, en cuanto prescribe la facultad de advertir, en este caso a la suegra del encartado, la facultad de abstenerse a declarar.
Sin embargo, esta facultad, prevista por el legislador en aras de la protección de la unión y armonía familiares, no le fue comunicada a la testigo al momento de declarar bajo juramento de decir verdad en la causa penal seguida contra su yerno. El artículo 224 del código ritual dispone que el juez dirige el debate, recibe el juramento a los testigos y “hará las advertencias legales”, entre ellas, claro está, la de abstenerse de declarar contra un pariente colateral por afinidad dentro del segundo grado.
Por ello, siendo obligatoria la intervención del juez para dirigir el debate y efectuar las advertencias legales a los testigos, su omisión está expresamente sancionada con la nulidad del acto (cfr. art. 72, inc. 2, CPP CABA).
En el caso de autos, la declaración de la mencionada testigo de procedimiento que habría presenciado el secuestro del arma que se reportara en poder del acusado, coadyuvó a construir el caso como único testigo de actuación en contra del imputado que asistiera al debate, el cual finalmente concluiría en su condena. Por lo tanto, su necesaria exclusión del análisis final de la prueba producida, impide fundar el pronunciamiento finalmente recaído. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, absolver al imputado por el delito establecido en el artículo 189 "bis", inciso 2°, 3° párrafo, del Código Penal.
En efecto, la Defensa adujo que el Tribunal no tenía elementos para arribar, con certeza apodíctica, a la conclusión de que el arma era portada por su asistido y descartar la posibilidad de que ésta no haya sido arrojada por otros de los que estaban ahí discutiendo, de los que perseguían a su asistido.
Ahora bien, el testigo y presunta víctima de la amenaza -por la que no se acusó al imputado, expresó que el día del hecho mantuvo una discusión con el acusado, en la que participó una tercera persona. No mencionó que el imputado esgrimiera en su presencia, en el marco de esa discusión, un arma de fuego. Sí expresó que su mujer, luego del episodio, le comentó acerca de la existencia de un arma. Pero ese testimonio (el de la mujer) no fue ofrecido ni producido en la audiencia de juicio respectiva.
En otras palabras, quien habría sido víctima del hecho que originó la causa no vio que el imputado portare ni arrojase ningún arma, el personal policial lo vio arrojar un objeto, pero no un arma y la testigo de secuestro del arma que habría sido encontrada en el lugar hacia el cual habría sido arrojado dicho objeto, es la suegra del imputado, a la que se omitió informar que podía abstenerse de declarar en su contra.
Por otro lado, no se cuenta tampoco con pericias papiloscópicas que pudiesen dar cuenta de la existencia de huellas en el arma hallada. Sobre el punto, si bien la jurisprudencia de la Sala II, invocada por la defensa, menciona que la pericia papiloscópica no es la única herramienta que permite determinar quién porta un arma dentro de un grupo indeterminado, sino que ella es un elemento más que debe ser sopesado con el resto de la evidencia, lo cierto es que en el caso de autos, en el que no se cuenta con un solo testimonio que haya aseverado que el encartado ostentaba un arma de fuego en su poder, ni que hubiera amenazado al presunto damnificado con ella, habría sido dirimente contar con dicho elemento de prueba, inexplicablemente omitido por la autoridad instructora.
Lo expuesto, impide afirmar con el grado de certeza necesario que el acusado portó el arma que fuera secuestrada sin testigos adecuados el día de los hechos indagados en la audiencia de juicio. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la demanda mediante la cual se reclama un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos por haberse impedido ingresar a un inmueble de su propiedad que se encontraría "ocupado clandestinamente" por el demandado.
En efecto, respecto al valor probatorio que la parte apelante pretende asignarle a las declaraciones testimoniales obrantes en la causa, cabe señalar que, de conformidad con lo decidido por el Juez de grado, tales deposiciones demuestran que los testigos estuvieron interesados en comprar la propiedad de la parte actora pero dicha operación no se llevó a cabo en atención a que no lograron llegar a un acuerdo en el precio del inmueble, mientras que resultan insuficientes a fin de acreditar la lesión al derecho de propiedad alegada por la parte recurrente.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la demanda con el objeto de reparar los daños y perjuicios que habría padecido el actor como consecuencia de un accidente de tránsito, mientras circulaba en su bicicleta por la Ciudad.
La carencia probatoria en el "sub lite" impide tener por acreditado el hecho (existencia de un bache) que habría dado origen a los daños que habrían padecido el actor, requisito imprescindible para el reconocimiento de responsabilidad estatal.
En efecto, tomando en cuenta las circunstancias en que habría ocurrido el siniestro relatado por el actor y las características del hecho en sí mismo, considero que adquiere primordial significado el testimonio de aquellas personas que hubiesen presenciado el acto en cuestión.
Es decir, estamos frente a uno de esos casos en los que pareciera que el tipo de prueba indicado se constituye en indispensable para quien pretende probar el acontecimiento que le produjo el daño cuyo resarcimiento pretende.
En este aspecto, podemos argumentar que “…si bien los testigos son el medio menos fiable estáticamente, ciertos hechos sólo pueden ser probados por testigos y sería inútil pretender llegar a su conocimiento por otra vía”. Esto responde a la faz dinámica de los medios de prueba, que se constituye en una de las reglas de la sana crítica, en la que se debe tomar en cuenta el medio más idóneo (confr. Falcón, Enrique M., “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, tomo II, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2006, págs. 732/733).
Así las cosas, si bien el actor mencionó la existencia de un testigo presencial al momento de realizar la denuncia penal, no ha aportado a la causa un solo testigo que confirme la mecánica de los hechos denunciados en su escrito de demanda.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, y en consecuencia, absolver al imputado del delito de amenazas por el que ha sido condenado.
En efecto, la Defensa menciona que se transcribió en forma textual el contenido de las denuncias prestadas por la denunciante en sede policial a efectos de completar las expresiones vertidas por la testigo en la audiencia de debate. Refirió que el artículo 239 del Código Procesal Penal de la Ciudad impide que haya testigos de cargo sin contradicción de partes, y que no corresponde ingresar información que no haya sido recibida durante la audiencia de juicio.
Ahora bien, cuando le fue exhibida la denuncia inicialmente tramitada ante la Fiscalía, la denunciante reconoció su firma y ratificó su contenido. Pero lo cierto es que dicha denuncia, que se ofreció incorporar por lectura, no fue leída durante el juicio y no pudo por ello ser refutada por el imputado. La Fiscalía se limitó a reclamarle a la declarante que la leyera para sí y se conformó luego con la ratificación de su firma en ella inserta y de su contenido, que ignoramos quienes hemos visto la grabación del juicio sin dar cumplimiento a las previsiones de los artículos 239 y 241 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Por lo tanto, lo expuesto me conduce a sostener que no se ha producido prueba suficiente en el debate llevado a cabo de que el imputado profirió la amenaza por la que fuera conducido a juicio ni de que dicha amenaza –en los términos contenidos en el requerimiento de elevación a juicio- haya sido idónea para ser encuadrada en los términos previstos por el artículo 149 "bis" del Código Penal. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad de la declaración testimonial de uno de los testigos.
En efecto, la Defensa sostuvo que como la declaración del testigo se trataba de un acto definitivo e irreproducible, el hecho de no haber tenido la posibilidad de controlarlo constituía un quebrantamiento a los derechos del acusado.
Ahora bien, en un sistema acusatorio como el que rige en la Ciudad de Buenos Aires, la regla general es que las actuaciones de la investigación se realizarán de manera desformalizada a excepción de los actos definitivos e irreproducibles (art. 94 del CPP). Justamente, el artículo 120 del Código Procesal Penal de la Ciudad establece que sólo se formalizarán las declaraciones testimoniales que deban considerarse como definitivas e irreproducibles, bastando en los demás casos la entrevista del testigo, con constancia en el legajo.
En tales términos, entiendo que conforme estos criterios debe distinguirse los elementos que constituyen prueba de los que revisten el carácter de mera evidencia que recaba el acusador público a los efectos de sostener su teoría del caso en un eventual juicio oral y público.
Dicho esto, es posible colegir, entonces, que no resulta necesaria la documentación de testimonios que constituyan mera evidencia durante la instrucción penal preparatoria y, en consecuencia tampoco es imprescindible que la defensa haya sido previamente anoticiada de su recepción. Tal exigencia no es propia de un sistema que se caracteriza por una investigación desformalizada y un juicio oral de corte adversarial, sino bien de los sistemas escriturales.
Ello así, pues conforme lo previsto en el artículo 239 del Código Procesal Penal de la Ciudad, en nuestro sistema todos los testigos deben deponer oralmente en la audiencia de juicio, toda vez que allí ha de desarrollarse el correspondiente control probatorio por parte de la contraparte, cumplimentándose así con la garantía mínima del imputado, de raigambre constitucional, de interrogar a los testigos de cargo y de obtener la comparecencia de aquellos que puedan esclarecer los hechos (art. 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 14.2.e del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos).(Del voto en disidencia de la Dra. Manes)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad.
En efecto, la Defensa sostiene que la aplicación de la norma establecida en el artículo 46 de la Ley N° 12 de esta Ciudad resulta violatoria de las garantías de debido proceso, defensa en juicio y juicio previo (art. 18 CN; art. 8 CADH; art. 14 PIDCyP) ya que impide ejercer una adecuada defensa material ante la prueba de cargo recibida. Señaló que estos aspectos se afectaron al recibirse la prueba de cargo sin la presencia del imputado en el contradictorio.
Sin embargo, el texto “cuestionado” (art. 46 LPC) no se opone a ninguna norma de la Constitución de la Ciudad, ni así tampoco de la Constitución Nacional. Al respecto, la norma se limita a aceptar la deposición de los testigos. Tan es así que la audiencia se suspende hasta tanto el acusado comparezca, momento en que tiene lugar otra en la cual se incorporan aquellos testimonios por escrito y se produce todo el plexo probatorio restante. El magistrado dictará sentencia sólo después de que el contradictorio se desarrolle completamente, en presencia del imputado y éste cuente con la posibilidad de brindar las explicaciones conducentes a la dilucidación del suceso.
Ahora bien, dicho esto, en el caso concreto la defensa técnica presenció las testimoniales dadas y conservó todas las posibilidades de interrogar a los declarantes pudiendo controvertir y producir la prueba que consideró necesaria para mejorar la situación procesal de su asistido. No se ha explicado, ni se advierte, cuál es el perjuicio concreto para las posibilidades de defensa del encartado que le habría originado la recepción o producción de aquella prueba, pues el impugnante tiene todavía la posibilidad de cuestionar el valor probatorio de los testimonios.
En este sentido, en definitiva el juez que dirigirá el debate y dictará sentencia será libre en la valoración y selección de la prueba que ha de fundar su convencimiento y la determinación de los hechos que con ella se demuestre, puesto que el valor de aquélla no está fijado ni predeterminado, correspondiendo a su propia apreciación evaluarla (cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, causa número 456, carat. “Gallo, Víctor Alejandro s/ rec. casación”, reg. nº 758, rta. el 19-2-1997)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al arquitecto encausado por violar la clausura impuesta en la obra en construcción.
La Defensa se agravió en cuanto consideró que la Jueza basó la sentencia en un sólo testigo, cuya deposición resultó parcial por guardar intereses con respecto al resultado de la presente causa.
Sin embargo, la Jueza de grado abordó de manera puntualizada las dudas de la Defensa sobre un alegado “interés” en el proceso por parte del vecino del inmueble clausurado que declaró como testigo. En tal sentido, calificó simplemente como el interés propio de quien es vecino de una obra, que ha dispuesto de su tiempo para realizar diversos reclamos e incluso ha expresado preocupación por el fallecimiento de un obrero en la obra de mención, sin advertir indicio alguno de animosidad en su relato.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fiscal y revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de la declaración testimonial prestada por la denunciante y de todos los actos dictados en consecuencia en la presente investigación del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Señala el Fiscal que la actitud de la testigo o la eventual reticencia de ella ante al interrogatorio realizado por ambas partes no vicia de nulidad su declaración ya que se respetaron todas las formalidades que el interrogatorio requiere.
En efecto, la declaración de la testigo resulta válida, sin perjuicio, de algunas “desprolijidades” del acusador público (como la ausencia de decreto de delegación en la Prosecretaria Coadyuvante de la Investigación Penal Preparatoria y silencio ante la reticencia de la denunciante a responder las preguntas propuestas por la Defensa de imputado), que no constituyen causal que habilite a nulificar tal testimonio, ya que no se trata de nulidades específicas.
La presencia del letrado defensor del imputado (que no se quejó de tales extremos al celebrarse tal audiencia, concretamente en relación con la delegación efectuada), ha subsanado los referidos vicios formales.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuando dispuso condenar al imputado y, en consecuencia, declarar su absolución.
En efecto, se le atribuyó al encartado el haberse presentado en el lugar de trabajo de su esposa, esto es, un parador de esta Ciudad y, ante la negativa del personal de seguridad de permitirle su ingreso al recinto, por el rechazo de su mujer, el encartado habría golpeado la puerta de ingreso provocando la rotura del cristal. A su vez, minutos después del hecho relatado, y mientras el acusado se hallaba en un automóvil, le gritó a su esposa, desde la ventanilla, que la iba a matar (conforme el requerimiento de juicio).
Sin embargo, de la escucha del audio correspondiente a las declaración vertida en el debate por una de las dos integrantes del personal de seguridad que prestaron servicios ese día, surge que si bien la otra testigo habría estado más próxima a la puerta cuyo vidrio se rompió, a preguntas del fiscal interviniente esta describió cómo era el interior del parador e indicó que el lugar era muy reducido, que incluso desde la puerta de ingreso hasta la oficina de las operadoras, ubicada al final del recinto, había una distancia equivalente a siete pasos, en donde se encuentra el escritorio donde estaba ella en el momento de la rotura. Asimismo, a lo largo de su declaración aseveró —en las distintas oportunidades en que se la interrogó al respecto— que el vidrio se había rajado cuando el encartado quiso sacar la mano, a lo que agregó que el espacio entre el vidrio y las rejas era reducido. Frente a esas respuestas, el titular de la acción le preguntó si “lo había visto o escuchado”, a lo que contestó, sin hesitación, que lo había visto.
Esta situación genera un importante grado de incertidumbre respecto de la circunstancia específica de cómo se rompió el vidrio. A ello se suma que la testigo nombrada reconoce haber sido quien se comunicó a la línea de emergencia 911, por indicación de la esposa del encartado, para denunciar lo que había sucedido.
Por lo demás, es dable señalar que las fotografías de la puerta de ingreso del parador fueron tomadas por personal del Centro de Investigaciones Judiciales un tiempo después del hecho juzgado y, en relación con el restante elemento de prueba, las cámaras de vigilancia no captan el momento en que se habría materializado el presunto daño, de manera que no despejan la duda generada, que no puede resolverse en perjuicio del imputado.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuando dispuso condenar al imputado y, en consecuencia, declarar su absolución.
En efecto, se le atribuyó al encartado el haberse presentado en el lugar de trabajo de su esposa, esto es, un parador de esta Ciudad y, ante la negativa del personal de seguridad de permitirle su ingreso al recinto, en virtud del rechazo por parte de su mujer a verlo, el encartado habría golpeado la puerta de ingreso provocando la rotura del cristal. A su vez, minutos después del hecho relatado, y mientras el acusado se hallaba en un automóvil, le gritó a su esposa desde la ventanilla, que la iba a matar (conforme el requerimiento de juicio).
Ahora bien, conforme el relato brindado por una de las integrantes del personal de seguridad que estuvo presente el día de los hechos, el imputado le estaba gritando a su esposa, la insultaba “todo el tiempo” y le repetía que le traiga a su hija, pero no mencionó ninguna expresión amenazante que hubiera dicho el encartado. Recién cuando el Fiscal le preguntó concretamente si el encausado había dicho “que la iba matar”, la testigo respondió que sí. Entonces, parece razonable la crítica de la defensa en el sentido de que el titular de la acción sesgó la declaración de la testigo y le indicó, a través de su pregunta, la contestación que él mismo estaba buscando. Al respecto, también hay que destacar que incluso la Jueza le pidió que no sugiriera la respuesta.
Por su parte, la otra integrante del personal de seguridad del parador, en ningún momento habló de la intimidación que se le imputa al encartado. La magistrada justificó esa omisión sobre la base de que —al igual que lo consideró en relación con el otro hecho (art. 183 CP)— la testigo no lo había presenciado porque estaba “en el fondo del lugar”. Pero esta valoración no se condice con las dimensiones del recinto, según lo descripto por la propia declarante. Tan es así, que incluso la otra testigo, al brindar testimonio, dijo que “se escucha todo”, “es chiquito el lugar”. A ello se suma que esta última refirió que el imputado gritaba en la vereda, no desde el interior del auto, por lo que es claro que las dos podían escuchar bien lo que estaba diciendo.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fiscal y revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de la declaración testimonial prestada por la denunciante y de todos los actos dictados en consecuencia en la presente investigación del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Para así decidir, la "a quo" afirmó que la reticencia de la testigo a responder las preguntas propuestas por la Defensa de imputado -pese al juramento recibido de decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado bajo los alcances de los artículos 275 y 276 del Código Penal-, impidió evacuar las citas propiciadas por la Defensa, vulnerando así el derecho de defensa del imputado.
Sin embargo, la Defensa no podía desconocer los pormenores del vínculo comercial entre la denunciante y quien fuera su anterior pareja y padre de sus hijos por contar con la versión de su defendido, que es una fuente de información privilegiada.
Ello así, y teniendo en cuenta que en un sistema adversarial el rol de la asistencia técnica del acusado debe ser proactivo, la defensa del imputado, pudo haber intentado procurar esa evidencia por sí, y de haber encontrado obstáculos para su recolección, tuvo la posibilidad de recurrir al auxilio judicial
No obstante la posible comisión del delito de falso testimonio (artículo 275 del Código Penal) por parte de la denunciante (lo que tendrá que ser evaluado por el titular de la acción), no se vislumbra perjuicio alguno para el ejercicio del derecho de defensa, siendo que, por otra parte, la Fiscalía no solicitó la incorporación de la declaración reticente de la denunciante. Nótese que es en el juicio oral donde el Tribunal que intervenga deberá evaluar la declaración de la denunciante.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fiscal y revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de la declaración testimonial prestada por la denunciante y de todos los actos dictados en consecuencia en la presente investigación del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
En efecto, este proceso se inició por querella de la denunciante que fue ratificada tres meses antes a la declaración testimonial aquí cuestionada, por lo que su errónea invalidación tampoco afecta la validez del resto de los actos procesales.
Es necesario hacer hincapié en las dificultades que presenta la implementación de un sistema procesal adversarial ante las resistencias propias de una cultura inquisitiva.
Las actuaciones de la investigación penal preparatoria constituyen la preparación del caso por parte de la Fiscalía.
Ante una "noticia criminis", el Fiscal (si no opta por una salida alternativa al proceso) debe recolectar la evidencia y decidir su estrategia del caso, respetando los derechos del imputado, quien también va a preparar su teoría del caso.
Tales actuaciones se rigen por la desformalización, teniendo en cuenta el paradigma de las formas como garantía del acusado (por ello, solo se formalizar los actos definitivos e irreproducibles), y que el “legajo” del Fiscal bajo ningún concepto puede ser considerado prueba "per se".
Sin embargo, los operadores del sistema siguen aferrándose al expediente, considerando que el legajo fiscal cumple tal rol, dándole vida propia, con la lógica secuencial del sistema de procedimiento inquisitivo.
Lo expuesto precedentemente resulta evidente ante la declaración de invalidez de un acto de investigación como lo es la declaración de la denunciante.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso admitir las declaraciones testimoniales propuestas por la Defensa.
La representante del Ministerio Público Fiscal entendió que la Jueza de grado —al hacer lugar a la petición de la Defensa de declarar la nulidad parcial del decisorio dictado en el marco de la realización de la audiencia prevista por el artículo 210 del Código Procesal Penal de la Ciudad—, había resuelto admitir prueba testimonial a través de un medio procesal distinto al que legislativamente estaba previsto para tal fin, por lo que dicha incorporación resultaba, a su criterio, extemporánea. Agregó que la Defensa, en la audiencia oportuna, no había fundado la pertinencia de las declaraciones que ofreció y, por ello, la Magistrada de primera instancia no hizo lugar a su incorporación.
Ahora bien, la Defensa efectivamente propuso, en el marco de la audiencia prevista por el 210 del Código Procesal Penal local, las declaraciones testimoniales inicialmente no admitidas por no haber motivado satisfactoriamente su pertinencia. Sin embargo, con posterioridad sí lo hizo —concretamente en el planteo de nulidad deducido—. Por ello, mantener el rechazo de la prueba en cuestión importaría un rigorismo formal que atentaría contra del derecho de defensa.
Al respecto, el propio Código Procesal Penal local establece supuestos en los que se autoriza expresamente la admisión de prueba no ofrecida en oportunidad de la audiencia prevista por el artículo 210 del código anteriormente citado. Asimismo, el artículo 234 del código de forma de la Ciudad establece que “[s]i en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles o se hicieren indispensables otros ya conocidos, a pedido de parte el/la Juez/a podrá ordenar su recepción. Quien los propuso tendrá la carga de producirlos, pero el tribunal deberá facilitar los medios institucionales pertinentes si ello fuera imprescindible”.
Por tanto, coincidimos con la A-Quo en cuanto a que el rigorismo formal debe ceder frente a una situación que importe colocar al acusado en un estado de indefensión.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor responsable de la contravención prevista en el artículo 73 del Código Contravencional de la Ciudad.
La Defensa entiende que la sentencia no se encuentra debidamente motivada puesto que no se configuró la violación de clausura en atención a que no se pudo comprobar el dolo de la conducta enrostrada. La recurrente aclara que su asistido no continuó con la actividad comercial del lugar, menos aún no ingresaron nuevos inquilinos o alojados al lugar o que haya podido acreditarse en el debate tal circunstancia.
Al respecto, no se encuentra controvertido que las cuatro personas que viven en la finca clausurada como hotel de pasajeros, propiedad del aquí imputado, habían suscrito hace tres (3) años contratos de locación por las habitaciones que respectivamente ocupaban, estando, uno de ellos, contratado como cuidador de las habitaciones vacías para evitar su usurpación. Así, esta prueba controvierte la afirmación de que el lugar continuaba siendo explotado como hotel de pasajeros.
En este sentido, quienes allí fueron encontrados ocupaban sus respectivas habitaciones en calidad de inquilinos, dado que habían rubricado los respectivos contratos que les reconocían tal condición con el propietario del lugar. No se advirtió la existencia de una oferta de servicios de hotelería ni que el lugar estuviera abierto al público en general, aunque cuando se concurrió a diligenciar la orden de allanamiento se encontró abierta la puerta de la planta baja, por lo que se ingresó al lugar hasta encontrar a los ocupantes, a los que se exhibió la orden respectiva.
En este orden de ideas, vale citar el testimonio del Oficial Mayor de la Policía Metropolitana, quien informó que tareas de discreta investigación arrojaron que el inmueble es una vivienda “particular” y que las personas que allí habitan lo hacen en carácter de “inquilinos”.
En consecuencia, la interdicción de la actividad de hotelería no ha privado al propietario del use y disfrute de su propiedad. Y el alquiler de habitaciones en el lugar, en el cual los inquilinos comparten otras instalaciones, es una actividad lucrativa lícita que no requiere habilitación y que se encuentra adecuadamente normada por la legislación civil y comercial respectiva. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas.
La Defensa sostuvo que los dichos del imputado no resultaban idóneos para amedrentar a su hermana, quien conocía su forma de ser y no podía sentir razonablemente temor por la frase proferida.
Ello así, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, luego de no ser atendido telefónicamente por su hermana, la habría amenazado al dejarle un mensaje en el contestador automático profiriendole, seguido de insultos; "...te voy a ir a buscar a tu casa y te voy a arrancar los pelos uno por uno y a tus dos hijos que no se pongan adelante porque el final ya lo sabés, me escuchaste? No me subestimes más...", para finalizar, le expresó que, de seguir con la misma actitud, la iba a ir a golpear.
Ahora bien, en el caso es claro que la frase proferida por el imputado y que fuera dejada en el contestador automático de la víctima, claramente constituye una amenaza en los términos del artículo 149 bis del Código Penal, pues no cabe duda alguna que implica el anuncio de un mal futuro sin motivos legítimos.
Sumado a ello, en cuanto a la idoneidad, gravedad o seriedad que exige el tipo penal en cuestión, y que con ello se haya limitado la libertad de la víctima causándole temor, cabe señalar que en el caso dichas cuestiones se han visto debidamente acreditadas en la audiencia de juicio.
En este sentido, se desprenden las declaraciones de las profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica quienes se entrevistaron con la denunciante y sus hijos, quienes señalaron que si bien solo contaban con el testimonio de la víctima al momento de realizar la entrevista, podían afirmar que estaba muy angustiada, que no solo se trataba de una amenaza hacia ella sino también a sus hijos lo que le producía un impacto mayor, que los dichos le generaron angustia, miedo que se la notaba muy atemorizada.
Por lo tanto, y de lo hasta aquí expuesto se desprende que los dichos del encausado que fueran plasmados en el contestador telefónico del domicilio de su hermana poseen la idoneidad, seriedad y gravedad suficiente para infundir temor en la aquí denunciante, por lo que no es posible admitir que el solo hecho que la damnificada conociera la personalidad conflictiva de su hermano o su forma de ser, le haya impedido creer en sus amenazas y sentir temor hacia lo que él pudiera hacerle a ella o sus hijos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas.
La Defensa sostuvo que los dichos del imputado no resultaban idóneos para amedrentar a su hermana, quien conocía su forma de ser y no podía sentir razonablemente temor por la frase proferida.
Ello así, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, luego de no ser atendido telefónicamente por su hermana, la habría amenazado al dejarle un mensaje en el contestador automático profiriendole, seguido de insultos; "...te voy a ir a buscar a tu casa y te voy a arrancar los pelos uno por uno y a tus dos hijos que no se pongan adelante porque el final ya lo sabés, me escuchaste? No me subestimes más...", para finalizar, le expresó que, de seguir con la misma actitud, la iba a ir a golpear.
Ahora bien, la denunciante y sus hijos, quienes declararon en la audiencia y reconocieron haber escuchado el mensaje, coincidieron en que no se trató de una discusión sino que fue el aquí imputado quien llamaba telefónicamente para increpar e insultar a la víctima y que ella cortaba la comunicación.
Por lo tanto, y con excepción del imputado, que refirió que discutieron telefónicamente, tanto la denunciante como sus hijos señalaron lo contrario, que era el imputado quien llamaba irritado y la denunciante cortaba la comunicación, por lo que no es posible concluir -de las pruebas hasta aquí mencionadas- que las amenazas hayan sido proferidas en el marco de una discusión previa, "máxime" teniendo en cuenta que en el caso los dichos del imputado fueron grabados en un contestador telefónico, por lo que claramente en ese momento no existió un altercado alguno.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas y, en consecuencia, declarar su absolución.
La Defensa sostuvo que los dichos del imputado no resultaban idóneos para amedrentar a su hermana, quien conocía su forma de ser y no podía sentir razonablemente temor por la frase proferida.
Ello así, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, luego de no ser atendido telefónicamente por su hermana, la habría amenazado al dejarle un mensaje en el contestador automático profiriendole, seguido de insultos; "...te voy a ir a buscar a tu casa y te voy a arrancar los pelos uno por uno y a tus dos hijos que no se pongan adelante porque el final ya lo sabés, me escuchaste? No me subestimes más...", para finalizar, le expresó que, de seguir con la misma actitud, la iba a ir a golpear.
Ahora bien, la víctima afirmó en su testimonio que su hermano era una persona muy complicada en su carácter y de unos modos bastantes despreciables, en el mismo sentido lo describieron sus sobrinos, todo ello surge del minucioso relato del caso realizado en la sentencia de grado. En igual sentido, la psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal advirtió, al entrevistar al encartado, indicadores que denotaban un alto nivel de impulsividad e irritabilidad, falta de control de la agresividad y de empatía, todo lo cual le generaría dificultades en sus relaciones interpersonales. Si bien ello, como se afirma en la sentencia, no debe conducir a afirmar que por los rasgos de su personalidad se debe presumir que se encontraba en un estado de ira u ofuscación que impide la concreción del delito de amenazas, estas circunstancias, en mi opinión, deben ponderarse al analizar la amenaza imputada, y considerar que ante la actitud de la damnificada de cortar reiteradamente la comunicación al oír a su hermano enojado y que no entendía razones (“no podía hablar con él porque era imposible, me insultaba, se ponía tan nervioso, yo le colgaba”), la reacción del imputado que lo llevó a dejar grabado el mensaje de contenido amenazante imputado en el contestador del teléfono de su hermana, ocurrió en el marco de una manifiesta enemistad entre las partes, que no había cesado, dada la absoluta falta de comunicación existente (“le dije lo que le dije porque estaba re caliente”).
Por lo tanto, como he afirmado en otros casos, las circunstancias particulares del presente caso, en mi opinión, permiten sostener que resulta aplicable la doctrina según la cual no hay amenazas cuando las expresiones se efectúan en un estado de ira, ofuscación o en el marco de una discusión, puesto que no revisten entidad suficiente para interpretar que anuncian un daño real que efectivamente se llevará a cabo (Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, obra dirigida por David Baigún y Eugenio Zaffaroni, Tomo 5, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, comentario a los arts. 149 bis y ter a cargo de M. Alvero, p. 558 y siguientes). (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas y, en consecuencia, declarar su absolución.
La Defensa sostuvo que los dichos del imputado no resultaban idóneos para amedrentar a su hermana, quien conocía su forma de ser y no podía sentir razonablemente temor por la frase proferida.
Ello así, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, luego de no ser atendido telefónicamente por su hermana, la habría amenazado al dejarle un mensaje en el contestador automático profiriendole, seguido de insultos; "...te voy a ir a buscar a tu casa y te voy a arrancar los pelos uno por uno y a tus dos hijos que no se pongan adelante porque el final ya lo sabés, me escuchaste? No me subestimes más...", para finalizar, le expresó que, de seguir con la misma actitud, la iba a ir a golpear.
Ahora bien, la frase proferida por el imputado a su hermana mayor tuvo por finalidad clara descargar la ira que le provocó el que le hubiese cortado intempestivamente varias comunicaciones telefónicas anteriores, dado que comenzó recriminándole “encima te tomaste el caradurismo de cortarme”, para en la misma oración prometerle ir a buscarla a su casa para “arrancarle los pelos uno por uno” y que sus hijos no se le pongan delante porque el final ya lo sabes, a lo que agregó un insulto y le pidió que dejará de subestimarlo porque la iba a golpear.
Al respecto, arrancar los pelos uno por uno no es una amenaza de un mal grave, más bien parece la promesa de una conducta claramente imposible. La referencia a que no se entrometieran los sobrinos porque “el final ya lo sabes” no es una promesa de un mal cierto y determinado, ni permite inferir que se aluda a un final violento de ninguna clase en el marco de una relación familiar en la que nunca hubo agresiones físicas de ningún tipo, pese a la gravedad de los conflictos y discusiones que desgarraban la relación familiar.
Por otro lado, prometerle que la iba a golpear, en cambio, claramente es una promesa de un mal futuro, pero dirigida esa frase a una hermana mayor a la que nunca se ha levantado la mano y a la que en la misma oración se ruega que “no me subestimes más” al tiempo que se la insulta, no denota de modo inequívoco la intención de amedrentar sino la necesidad de expresar la frustración e ira que le provoca al hermano menor el reiterado desplante “telefónico” de su hermana mayor, que se produjo en el marco de una discusión sobre el cuidado de su madre moribunda, agravada luego de otras discusiones relativas a perjuicios económicos que habría inferido el imputado a un hijo de la denunciante y a raíz de lo cual ella modificó el trato fraternal que anteriormente le dispensaba, dado que “le soltó la mano”, según gráficamente expuso en la audiencia de debate. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas y, en consecuencia, declarar su absolución.
La Defensa entiende que no se pudo probar que las frases que se ventilaron en el debate estuvieron destinadas a la denunciante y la ex pareja de esta, o bien fueron expresadas destinadas a ser oídas solo por la cónyuge del imputado.
Ahora bien, la sentencia dictada por el Juez tuvo en cuenta las declaraciones de la denunciante, como así también valoró los dichos de su ex pareja para concluir que fueron contestes en relación a los hechos denunciados.
Sin embargo, de la declaración de este último surge que sus dichos han sido imprecisos, no sólo en relación al contenido de las frases sino también acerca de la fecha en la que ocurrieron. En efecto, la ex pareja de la denunciante refirió que el encartado tuvo problemas con su vecina y que las amenazas eran hacia ella. Que le dijo que “que la iba a matar”. Así, más allá de haber mencionado la existencia de frases que pueden dar cuenta de dicha mala relación, ello no alcanza para tener por probados los hechos que se le imputaron al encausado en el requerimiento. Nótese, en este sentido, que el testigo mencionó haber escuchado el primer hecho, en el cual el imputado refirió la frase "esta situación la vamos a terminar de otro modo, pasame el arma", en ocasión en que su ex pareja (denunciante), le estaba cortando el pelo, sin embargo no surge de su declaración en qué fecha concretamente ocurrió. Por otra parte, y en relación al segundo hecho en el cual el imputado habría proferido "a la del primero B la mato y listo, terminamos con el problema" luego de insultos, nada se evidencia al respecto más allá de frases sueltas con presunto contenido agresivo o amenazante.
Por otro lado, otro testigo, quien convivió con el encartado en el mismo edificio en el pasado, relató todo el historial concerniente a su mala relación con el imputado, pero nada aportó en relación a los hechos imputados en esta causa, como así tampoco lo hizo la denunciante.
Por lo tanto, dentro del contexto analizado y con la mayor severidad y rigor crítico posible, la balanza se inclina en favor del imputado, por estricta aplicación del artículo 2 del Código Procesal Penal de la Ciudad, puesto que existe una duda respecto a la materialidad de los hechos, debido a que los dichos de un testigo se encuentran desprovistos de otros elementos probatorios que los sustenten.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas y, en consecuencia, declarar su absolución.
Para así resolver, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, en circunstancia en que se encontraba en el interior de su domicilio, refirió la frase "esta situación la vamos a terminar de otro modo, pasame el arma", refiriéndose a la denunciante y vecina. A su vez, tambien en las mismas circunstancias, le refirio a la denunciante "a la del primero B la mato y listo, terminamos con el problema", luego de insultos.
La Defensa entiende que no se pudo probar que las frases que se ventilaron en el debate estuvieron destinadas a la denunciante y la ex pareja de esta o bien fueron expresadas destinadas a ser oídas solo por la cónyuge del imputado.
Ahora bien, el plexo probatorio arrimado por la Fiscalía de grado y surgido del debate no permite tener por probado que el encartado haya proferido las frases que se le atribuyen; por el contrario, si bien puede aseverarse la existencia de un conflicto de larga data entre el imputado y algunos vecinos, ello no resulta suficiente para acreditar las amenazas en las circunstancias atribuidas por el titular de la acción que, por otra parte, de haberlas proferido, lo fue en la intimidad de una vivienda y no en la vía pública.
Cabe aclarar, tal como lo hizo el Defensor ante esta Cámara, que los dichos tal y como han sido imputados surgieron de conversaciones entre el encausado y su esposa, en el interior de su residencia.
En este punto es dable afirmar que el titular de la acción describió dos hechos que se le imputaron consistentes en proferirle amenazas a su vecina –quien se hallaba en su departamento del primer piso- “en circunstancias en las que se encontraba en el interior del domicilio” por lo que no cabe más que concluir que los diálogos se han desarrollado en el ámbito privado y, de haber trascendido, no puede aseverarse que el condenado haya tenido la intención de que sean escuchados por terceros ni mucho menos por la vecina de este, de modo que tampoco se ha probado el dolo que la figura penal en cuestión requiere para su configuración.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas.
Para así resolver, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, en circunstancia en que se encontraba en el interior de su domicilio, refirió la frase "esta situación la vamos a terminar de otro modo, pasame el arma", refiriéndose a la denunciante y vecina. A su vez, tambien en las mismas circunstancias, le refirio a la denunciante "a la del primero B la mato y listo, terminamos con el problema", luego de insultos.
La Defensa entiende que no se pudo probar que las frases que se ventilaron en el debate estuvieron destinadas a la denunciante y la ex pareja de esta, o bien fueron expresadas destinadas a ser oídas solo por la cónyuge del imputado.
Ahora bien, cabe afirmar, tal como lo hizo el Magistrado de grado, que los dichos de la damnificada se ven abonados por los del testigo, ex pareja de la denunciante, quien dijo haber escuchado las amenazas proferidas por el encartado como así también dio cuenta de la mala relación que existía entre ellos.
Asimismo, de lo expuesto por otro testigo, quien vivió en el pasado en el mismo edificio, este relató sus vivencias personales con el encausado describiendo un acoso constante, no sólo verbal sino también físico. Es decir, si bien es cierto que no ha sido testigo presencial de las frases dirigidas a la denunciante, pudo dar cuenta del contexto afirmando también que el imputado solía tener conflictos con los vecinos, los agredía y amenazaba, lo que no puede dejar de ser valorado como un indicio.
Por otro lado, los testimonios de la denunciante y su ex pareja son contestes en que el estado de ánimo del encartado se exacerbaba y se acrecentaban las agresiones en ocasiones de ser citado por la justicia en el marco de alguna causa judicial.
Siendo así no puede sostenerse, tal como lo hizo la apelante, que la condena está asentada solamente en los dichos de la denunciante. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Elizabeth Marum).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas.
Para así resolver, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, en circunstancia en que se encontraba en el interior de su domicilio, refirió la frase "esta situación la vamos a terminar de otro modo, pasame el arma", refiriéndose a la denunciante y vecina. A su vez, tambien en las mismas circunstancias, le refirio a la denunciante "a la del primero B la mato y listo, terminamos con el problema", luego de insultos.
La Defensa sostuvo no sólo que las frases no fueron acreditadas sino que además es notoria la ausencia del tipo objetivo y subjetivo del tipo penal por haberse producido en el ámbito privado del domicilio.
Ahora bien, cabe señalar que, en efecto, el delito de amenazas es doloso y requiere para su configuración dolo directo ya que el autor debe conocer que amenaza y querer hacerlo con el fin de alarmar o amedrentar.
Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por la Defensa, las personas que declararon en el juicio manifestaron que, en atención a cómo era la distribución de los departamentos y la ubicación del patio en el que se encuentra la cisterna, a través de las ventanas podía oírse lo que se hablaba. Más aún era posible escuchar si alguien lo hacía en un tono elevado de voz.
En este sentido, refirió la vecina del encartado, víctima en autos, que a través del pulmón de la estructura edilicia se “escucha todo”, de hecho manifestó haber oído cuando este mismo amenazó a su ex pareja, cuando le dijo "te voy a matar", seguido de insultos.
De modo que no cabe más que concluir que las personas que habitaban en el edificio eran conscientes de que a través del pulmón podían escucharse las conversaciones, tanto las que acontecían en el interior de cada departamento como así también entre vecinos de distintas unidades funcionales. Ello no podía ser ignorado por el imputado quien residía allí hacía algunos años.
Por lo tanto, está claro que la destinataria de las frases amenazantes era la vecina del encartado, como así también que el encausado sabía que serían escuchadas por ella, de modo que se encuentra también presente el dolo requerido por el tipo. (Del voto en disidencia de la Dra. Elizabeth Marum).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas.
Para así resolver, el Juez tuvo por acreditado que el encartado, en circunstancia en que se encontraba en el interior de su domicilio, refirió la frase "esta situación la vamos a terminar de otro modo, pasame el arma", refiriéndose a la denunciante y vecina. A su vez, tambien en las mismas circunstancias, le refirio a la denunciante "a la del primero B la mato y listo, terminamos con el problema", luego de insultos.
La Defensa sostuvo que es notoria la ausencia del tipo objetivo y subjetivo del tipo penal por haberse producido en el ámbito privado del domicilio.
Sin embargo, en cuanto a que las frases surgieron de una conversación circunscripta a la intimidad del domicilio y que se encuentran bajo el amparo del artículo 19 de la Constitución Nacional, es dable afirmar que la manda constitucional establece un límite de inmunidad de las acciones privadas de los hombres que está dado por la afectación a terceras personas que de esos actos pudieran derivar, lo que en el caso, tal como se ha dicho, ha ocurrido pues los dichos han trascendido el ámbito privado de modo tal que pudieron ser escuchados por su destinataria.
En este sentido, refirió la vecina del encartado, víctima en autos, que a través del pulmón de la estructura edilicia se “escucha todo”, de hecho manifestó haber oído cuando este mismo amenazó a su ex pareja. (Del voto en disidencia de la Dra. Elizabeth Marum).

En el caso, corresponde rechazar la apertura a prueba de la causa ante la segunda instancia, solicitada por la parte actora.
En efecto, no se trata de una medida de prueba denegada en primera instancia, de un hecho nuevo o de documentos en los que intenta valerse la demandada –supuestos que contempla el artículo 231 del Código Contencioso Administrativo y Tributario y que autoriza la petición ante esta Cámara de abrir la causa a prueba– sino de permitirle a la demandada ofrecer un nuevo testigo.
Así las cosas, no corresponde acceder a lo solicitado, por cuanto no se trata de los supuestos previstos en el artículo citado.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda iniciada por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los coactores, solicitando la reparación de los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de un accidente acaecido en un local del Pasaje Obelisco Norte.
En efecto, y con relación a la prueba testimonial producida en la causa, debe remarcarse que sólo declaró un testigo que habría estado en el lugar al momento de producirse el accidente, siendo que los restantes, declararon como testigos de conocimiento.
En este punto, es preciso recordar que la prueba, en general, y la testimonial, en especial, debe generar el suficiente grado de convicción sobre su credibilidad y eficacia. Sobre la prueba testimonial, la sana crítica no puede prescindir de emitir un juicio que razonablemente contemple las condiciones personales del testigo, su vinculación con el hecho litigioso, la coherencia de sus respuestas, y su ciencia, etc. (conf. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1992, IV, pág. 651).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda iniciada por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los codemandados, solicitando la reparación de los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de un accidente acaecido en un local del Pasaje Obelisco Norte.
En efecto, y con relación a la prueba testimonial producida en la causa, debe remarcarse que sólo declaró un testigo que habría estado en el lugar al momento de producirse el accidente, siendo que los restantes, declararon como testigos de conocimiento.
Al respecto, cabe precisar que la calificación de testigo único por sí sola no es suficiente para desvirtuar sus dichos, pues aún cuando es cierto que el testimonio único debe apreciarse con carácter estricto (CSJN, Fallos, 237:659), no se trata de anular toda su eficacia. El grado de convicción que genere debe vincularse, necesariamente, con el resto de la prueba allegada y, asimismo, con los indicios que produzca (conforme lo resuelto por esta Sala II, "in re" “Oliver, Nora Beatriz c/ GCBA s/ daños y perjuicio”, expte. 4055/0, 21/12/07, cons. 13).
Ahora bien, de la declaración surge que el testigo no vio el accidente de marras, sólo habría escuchado el ruido que produjo la caída.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió condenar al imputado a la pena de 9 meses de prisión en suspenso, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas simples (art. 149 bis CP) cometido en un contexto de violencia de género.
El recurso de la Defensa, cuestiona la sentencia por arbitrariedad. Sostiene que la prueba producida en el debate resultó insuficiente, precaria y parcial a la luz del principio de la sana critica racional (articulo 121 Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por lo que el fallo carecía de un razonamiento lógico.
Sin embargo, la inmediación permitió al A-quo la apreciación del testimonio de la víctima y en esta instancia la revisión a través de elementos audiovisuales, lo que permite corroborar, con los alcances de este medio, que la mencionada brindó un relato contundente, coherente y verosímil, respecto del hecho vivido.
Asimismo, la certeza sobre la ocurrencia material del hecho y la activa participación del encartado, se sustenta en el resto de las pruebas producidas en el debate, en su mayoría de naturaleza testimonial.
Es por ello, que tales extremos apreciados, conjuntamente con el resto de los informes técnicos elaborados por los distintos profesionales que intervinieron y prestaron declaración en el juicio, confirman la credibilidad de la víctima sobre la ocurrencia de la amenaza, lo que permite al A-quo sostener la materialidad de los hechos atribuídos al encartado y su responsabilidad, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional (art. 121 CPPCABA).
En virtud de lo señalado, el fallo cuestionado, lejos de responder a las críticas de la defensa, descansa sobre prueba sólida y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Tal plexo probatorio conforma una base sólida y suficiente para el veredicto condenatorio cuestionado, máxime cuando el descargo del inculpado, desprovisto de elementos que lo corroboren, no logra conmover ninguno de los elementos que lo componen.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió condenar al imputado a la pena de 9 meses de prisión en suspenso, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas simples (art. 149 bis CP) cometido en un contexto de violencia de género.
La defensa se agravió y criticó la sentencia por arbitrariedad. Sostiene que el fallo carecía de un razonamiento lógico y que éste, se había basado para condenar en que el hecho había sido cometido en un contexto de violencia de género.
Sin embargo, si bien cabe su abordaje desde una perspectiva de género, es dable señalar que el fallo no se fundó en las circunstancias del caso por violencia de género, sino, y tal como quedara en evidencia, en particular en lo contundente del hecho expuesto por la víctima y las demás pruebas de cargo que confirma sus dichos incriminantes y que el hecho denunciado fue probado. En definitiva, la apelación no exhibe más que una mera discrepancia en la valoración de la prueba producida en el debate.
En este sentido, la defensa no se ocupa de demostrar de manera concreta que la decisión condenatoria se encuentre fundada en afirmaciones dogmáticas o voluntaristas, o en circunstancias inexactas o contradictorias, ni que la conclusión de certeza a la que arribó el a quo se enfrente de algún modo con alguna de las reglas que inspiran al sistema de la sana crítica.

En el caso, corresponde revocar la sentencia condenatoria y absolver al imputado en orden al hecho por el que fuera formalmente acusado en juicio (artículos 2 y 286 del Código Procesal Penal de la Ciudad).
El hecho imputado fue calificado como constitutivos del delito de amenazas simples (artículo 149 bis, del Código Penal), cometido en un contexto de violencia de género.
Sin embargo, de la lectura de las constancias del caso, surge que la conducta reprochada al imputado, esto es, haber amenazado a la denunciante con hacerle pegar un tiro en la pierna o con que le desfiguren la cara o con lastimar al hijo menor de edad, en mi opinión, no ha sido acreditada.
En este sentido, más allá de la imprecisión del relato efectuado por la denuciante, surge que la relación que mantenía con el encartado era beligerante y complicada. Los exabruptos, insultos, peleas y frases en tono amenazante siempre formaban parte de la relación pero, según la denunciante, sólo le dio entidad a los dichos del encartado cuando sintió miedo de lo que le podría pasar a su hijo mayor.
En efecto, ese era lamentablemente, el marco habitual en que se desarrolló la relación que los unía que generaba angustia en la denunciante, existiendo en autos suficientes pruebas al respecto, las que dan cuenta de una pelea que no puede subsumirse en el delito reprimido en el artículo 149 bis del Código Penal. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la sentencia condenatoria y absolver al imputado en orden al hecho por el que fuera formalmente acusado en juicio (artículos 2 y 286 del Código Procesal Penal de la Ciudad).
El hecho imputado fue calificado como constitutivos del delito de amenazas simples (artículo 149 bis, del Código Penal), cometido en un contexto de violencia de género.
El recurso de la Defensa, cuestiona la sentencia por arbitrariedad. Sostiene que la prueba producida en el debate resultó insuficiente, precaria y parcial a la luz del principio de la sana crítica racional (Artículo 121 Código Procesal Penal de la Ciudad).
En efecto, considero que de las pruebas obrantes en autos surge una duda respecto del delito imputado ante la falta de concordancia de la declaración de la denunciante y lo afirmado por los testigos y por la ausencia del elemento psicológico requerido en el tipo penal.
Afirma autorizada doctrina que “no ofrece reparos el control de la observancia del beneficio de la duda, que obliga a una apreciación consciente de la prueba. Resulta indiscutible que una condena sobre la base de una dudosa comprobación del hecho no puede, en ningún caso, ser el fundamento de una apreciación cuidadosa: si subsiste la duda, no se puede condenar” (Bacigalupo, Enrique “La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios”, Ed. Ad Hoc, 1994, pág. 35). El punto de partida del sistema procesal penal es garantizar, ante todo, que no se condenará a inocentes y éste fue el espíritu que llevó a los órganos de protección de derechos humanos a reconocer la necesidad de una revisión amplia de los hechos y la prueba por los cuales se condena a una persona.
El principio “in dubio pro reo” en su dimensión normativa “se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al mismo” (conf. Bacigalupo, ob. cit., p´g 69/70). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la sentencia condenatoria y absolver al imputado en orden al hecho por el que fuera formalmente acusado en juicio (artículos 2 y 286 del Código Procesal Penal de la Ciudad).
El hecho imputado fue calificado como constitutivos del delito de amenazas simples (artículo 149 bis, del Código Penal), cometido en un contexto de violencia de género.
Al respecto, la jurisprudencia ha afirmado reiteradamente que no son típicas las amenazas proferidas irreflexivamente al calor de un altercado verbal, en un arrebato de ira, de ofuscación o de nerviosismo, que no tienen idoneidad para amedrentar (|Dalessio, Divito “Código Penal”, pag. 343 en el que cita: La ley, 1983-A, 569 (36.259-S)- BCNCyC, 982-IV-146 - CNCrim.yCorrec., Sala II, “Reynoso, M.A.” rta. 1982/08/10; en igual sentido: LaLey, 1994-C, 495-CNCrim.yCorrec., Sala IV “Victorero, C”, rta. 1993/06/28; La Ley, 2001-D, 286,- CNCrimyCorrec. Sala V, “P.,E.” rta. 2000/11/30; entre muchas otras).
Por ello, es necesario que la frase sea idónea para provocar un estado psicológico especial que se traduce en alarma o temor, lo que no se encuentra acreditado. Ello no sólo por las circunstancias ya analizadas sino también tomando en cuenta que, en la noche posterior al hecho, la denunciante invitó al imputado a su casa para “hablar de lo sucedido” mientras éste jugaba con el hijo. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado en cuanto resolvió condenar a la sanción de multa a la firma infractora que excedió la capacidad máxima permitida en un local bailable.
La Defensa se agravió por la validez probatoria otorgada por el Juez al acta de comprobación y a los testimonios expuestos por los inspectores en la audiencia de juicio, como así también el proceder implementado por estos para determinar la cantidad de personas que se encontraban en el local en el momento de la inspección.
No obstante, de la lectura de las constancias del caso surge que los elementos en los que la Defensa funda sus agravios carecen de sustento para otorgarles suficiente entidad y desvirtuar el valor probatorio del acta de comprobación y el testimonio que refuerza su contenido, por lo que tales planteos no pueden recibir favorable acogida.
De tal forma, la resolución impugnada se ajusta a derecho al considerar que el acta de comprobación, reúne los requisitos requeridos por el artículo 3 de la Ley N° 1.217 y en consecuencia, cuenta con el valor probatorio establecido en el artículo 5 de la citada ley, acreditando válidamente la ocurrencia de la conducta de faltas reprochada, extremo que a su vez se refuerza y corrobora mediante el informe de inspección, el acta circunstanciada, y el testimonio de la inspectora citada producido en el debate; pruebas que no son desvirtuadas por el testimonio de la Defensa, ni tampoco por la documental agregada por la Defensa , consistente en copias de las hojas del libro de asistentes del local de referencia, entre las que figuran asentados la cantidad de tickets del día en cuestión, dado que el mismo es llevado por la propia parte.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia,hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor, con el objeto de que se lo indemnice por el accidente sufrido en la vía pública.
En efecto, corresponde evaluar si existe en el caso un vínculo causal entre el hecho denunciado por el actor y el daño padecido.
Así, considero que se encuentra acreditada la existencia del bache en la calle al momento del accidente. Si bien aquél no puede apreciarse en las fotografías obrantes, por lo que éstas no resultan idóneas para acreditar el estado de la calzada a la fecha de la producción del hecho denunciado como generador del daño, es dable señalar que, tomando en cuenta las circunstancias en las que habría ocurrido el siniestro relatado por el actor y las características del hecho en sí mismo, adquiere primordial significado el testimonio de aquellas personas que hubiesen presenciado el evento en cuestión.
Ahora bien, con relación al valor otorgado a la declaración del testigo, único testigo que presenció el hecho, vale señalar que, tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que la máxima "testis unus testis nullus" es inaplicable, y que la declaración de un testigo único puede fundar una sentencia si merece fe, de acuerdo con la aplicación de las reglas de la sana crítica (conf. CNCiv., Sala F, “Punelli de Corso, Beatriz Susana c/ Telefónica de Argentina y otro s/ Daños y Perjuicios”, 7/10/97). Por lo tanto, para merituar la eficacia de un testimonio, se debe tener en cuenta si los restantes elementos agregados a la causa corroboran o no la fuerza de sus declaraciones.
Estimo adecuado destacar que, si bien el declarante fue el único testigo que vio el accidente, no fue el único que atestiguó sobre su existencia.
En tal orden de ideas, cabe destacar que las declaraciones cuestionadas no fueron impugnadas en su oportunidad por la parte demandada, por lo cual considero que el relato del actor se encuentra suficientemente corroborado por la prueba testimonial. A ese respecto, debe señalarse que todos los testigos coincidieron en el mismo día, que a raíz de un pozo en el pavimento sobre la calle la rueda delantera de la bicicleta del actor se trabó, ocasionando su posterior caída que le provocó la pérdida de conocimiento.
Por lo tanto, toda vez que la declaración testimonial del único testigo del hecho fue precisa, coincidente con el relato de los otros testigos en lo que refiere a la existencia, tiempo y lugar del accidente relatado, con una descripción de la mecánica del accidente coherente con el daño probado, cabe concluir que posee fuerza suficiente para acreditar los hechos alegados por el actor en su demanda.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió condenar a prisión en suspenso, por encontrar al imputado autor penalmente responsable del delito de amenazas simples y daños (artículo 149 bis, primer párrafo y artículo 183 del Código Penal).
La Defensa del imputado apeló la decisión del A-Quo que no hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba en favor de su asistido; la sentencia condenatoria por entender que la prueba producida en el debate resultaba insuficiente para considerar responsable a su asistido de los hechos atribuídos.
Sin embargo, la apelación no exhibe más que una mera discrepancia en la valoración de la prueba producida durante el debate.
Se advierte que la alegación del recurrente no se vincula con elementos concretos, es decir, en ningún momento señala en qué se basa para fundar su tacha y se convierte así en un argumento meramente dogmático. Por ende, no cumple la carga de demostrar la ilogicidad o sinrazón de la valoración de la prueba, necesaria para la casación que postula.
La Defensa no demostró de manera concreta que la decisión condenatoria se encuentre fundada en afirmaciones dogmáticas o voluntaristas, o en circunstancias inexactas o contradictorias, ni que la conclusión de certeza a la que arribó el A-Quo se enfrente de algún modo con alguna de las reglas que inspiran al sistema de la sana crítica.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y absolver al encartado, en orden a los delitos de amenazas y daños (artículos 149 bis y 183 del Código Penal), en el contexto de una discusión vecinal.
La Defensa se agravió por el rechazo de la solicitud de suspender el proceso a prueba oportunamente solicitado y respecto a la condena impuesta a su asistido como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas simples y daño (art. 149 bis y 183 Código Penal), a la pena de prisión de ejecución condicional.
En efecto, si bien el Juez de grado tuvo por acreditado que el encartado amenazó a la denunciante y que la actividad desplegada por éste, provocó un temor suficiente en la nombrada, existen serias dudas sobre cómo ocurrieron los hechos imputados.
Contrastando la imputación de los hechos efectuada por el Fiscal, la versión brindada por la denunciante, y lo testimoniado por los funcionarios de la Gendarmería, se puede observar que existe discordancia entre ellas.
Los gendarmes intervinientes negaron haber escuchado dichos amenazantes que habría proferido el encausado hacia la denunciante, aunque sí manifestaron que habría un conflicto vecinal al cual no le otorgaron mayor importancia y que, por ello, se retiraron de la vivienda sin realizar ningún tipo de actuación.
Esta falta de certeza en cuanto a lo acaecido el día del hecho y la participación del nombrado debe ser resuelta, por imperio del "in dubio pro reo", a favor del imputado.
Ello así, con las pruebas adquiridas en el proceso no se puede realizar un juicio de certeza con el grado de convicción suficiente que permita quebrantar el principio de inocencia del acusado, obligando en consecuencia a arribar a una solución en su favor. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto condena al imputado en orden al delito de amenazas simples y disponer su absolución en relación a este hecho.
El hecho objeto de la condena consiste en haber ingresado el encartado, junto con otra persona, en el domicilio de la denunciante y golpear y clavar elementos punzantes en la puerta de ingreso de su habitación y referirle amenzas de muerte.
El endeble panorama probatorio lejos de reforzarse a partir de la referencia al contexto de violencia familiar pareciera conmoverse aún más. En efeacto, el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso de apelación, alude a esta circunstancia, a fin de justificar la ausencia de otros testigos que hubiesen percibido el hecho objeto de la condena tal como se tuvo por acreditado.
Sin embargo, esta afirmación aparece dogmática frente al opuesto esfuerzo realizado por la Defensa Pública que, al trabajar el caso concreto, produjo en la audiencia de juicio la declaración de dos testigos, que realizaron un detalle preciso del domicilio de la denunciante e hicieron un croquis a mano alzada. Esta exposición fortalece la idea de que el lugar del hecho no era "invisible" o los gritos que allí pudiesen ocurrir fuesen inaudibles para terceras personas. Lo mismo se desprende del testimonio de la madre del imputado, en cuanto a que el episodio por el cual se condenó, por las características de tiempo y lugar, no pudo poseer las características de "lo invisible" que dogmáticamente pretende asignar el representante del Ministerio Público Fiscal mediante la alusión a la violencia intrafamiliar.
En efecto, los fundamentos de la sentencia no son capaces de convencer la existencia que requiere toda decisión de condena.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la caída sufrida por el actor en la vía pública.
En efecto, advierto que el recurso presentado por el actor no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia de grado, sino que solamente traduce un disenso con las conclusiones a las que arribara el Magistrado de grado de la anterior instancia, pero sin un desarrollo crítico que ponga en evidencia los aspectos del decisorio recurrido que considera equivocados.
Nótese que uno de los argumentos centrales por los cuales el Magistrado de la anterior instancia desestimó la pretensión fue que, según de los registros del nosocomio, el actor fue atendido por una lesión en su muñeca días después del accidente, contrariamente a lo sostenido por el actor en su demanda y el testigo en su declaración. Al respecto y lejos de controvertir el razonamiento desarrollado por el "aquo", el apelante manifestó que la omisión de consignar correctamente la atención a su persona fue un error del Hospital y que “ello no puede utilizarse para quitarle valor a la prueba del accidente”. No aportó elemento de prueba alguno del que surgiera, contrariamente a lo informado por el centro de salud, que efectivamente había sido atendido el día en el que se habría ocasionado el siniestro.
Asimismo y con relación a la declaración testimonial cabe advertir que “… la jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, sent. del 4/7/08, expte. 852/0, y sus citas).
Así y con respecto a la declaración del testigo, el Magistrado destacó que no debía soslayarse que el testigo era el yerno del accionante en estos autos, y que fue el único de los testigos que habría presenciado el siniestro.

En el caso, corresponde confirmar la decisión del Juez de grado, en cuanto absolvió al imputado, en orden al hecho que fuera calificado como amenazas simples, en los términos del artículo 149 bis del Código Penal, en el contexto de una discusión familiar.
La Querella de una de las presuntas víctimas (hermana del imputado), sostuvo que no se tuvo en cuenta el principio de amplitud probatoria que debe aplicarse a casos de violencia de género.
Sin embargo, la Jueza de grado contó con múltiples testigos del hecho investigado lo que, de acuerdo a la postura de la Fiscalía, convertía a este caso en una excepción a los supuestos de violencia doméstica o de género en los que, por lo general, suceden "puertas adentro". En este sentido, la A-quo ha valorado acabadamente el amplio plexo probatorio con el que contaba y ha fundado su decisión correctamente de acuerdo al mismo. Asimismo ha justificado el motivo por el cuál tratar de considerar que una perspectiva de género en autos debería modificar la decisión adoptada no resulta procedente. Ello así, se está ante un conflicto familiar económico y no de un conflicto cuyo origen es el género de la Querellante o por una posición de superioridad asumida por el imputado.

En el caso, corresponde revocar la sentencia absolutoria dictada por el Juez de grado, y en consecuencia condenar al imputado, a la pena de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable, en orden al delito de amenazas simples (artículo 149 bis del Código Penal), en el contexto de una causa por violencia de género.
Para así decidir, el A-Quo consideró que en el caso sólo se contaba con los dichos de la víctima y que ante la ausencia de testigos presenciales del hecho, gran parte de las declaraciones sobre las cuales la acusación apoyó su imputación fueron testigos de concepto, más no pudieron aportar elementos que permitan acreditar concretamente los hechos imputados. Sostuvo que la base probatoria arrimada resultó insuficiente para dar por sentado el reproche acusatorio seguido contra el condenado.
Sin embargo, la declaración de la víctima y la restante prueba indiciaria permiten arribar a la certeza sobre la ocurrencia material de lo sucedido y la autoría del imputado. En este sentido, desvalorizar el testimonio de la víctima por considerarla la "única prueba directa", evoca el sistema de pruebas tasadas y no se corresponde con las normas procesales vigentes que, por el contrario, establecen un régimen probatorio basado en la libre valoración y en la sana crítica.

En el caso, corresponde confirmar la absolución dictada al imputado, en orden a los delitos de violación de domicilio y amenazas simples (artículos 150 y 149 bis del Código Penal).
En efecto, de las constancias de la causa surge que los testigos han referido una relación muy conflictiva y con episodios de agresión entre la víctima y el imputado. No obstante, lo que refieren es aquello que les fue transmitido por la denunciante ya que ninguno de ellos estaba el día del hecho ni puede dar un testimonio presencial de lo ocurrido. En este sentido, las valoraciones efectuadas por la A-Quo a partir de los testimonios recabados son claras y contundentes. El imputado se dirigió a un domicilio en el que vivía antes de su detención y en el que, en ese momento, residía su hijo junto con la denunciante, sabiendo que no tenía impedimento alguno de acercarse a su hijo ni restricción civil ya que la misma había vencido. Por ello, la actitud de intentar ingresar a su casa resulta normal y lógica en una persona que recupera su libertad y quiere tomar contacto con su hijo.
Asimismo, la comunicación telefónica que realizó la denunciante con la madre del imputado -en la cual, autoriza el ingreso de su hijo al inmueble- resulta de suma importancia porque es la madre del imputado quien ostenta la propiedad de la vivienda y, en consecuencia, no resulta irrazonable que el imputado haya deducido que su propia madre le dio permiso para entrar a una casa, que no sólo fue su domicilio antes de la condena que cumplió sino que, además, tendría derechos hereditarios sobre el mismo, de modo tal que es quien reside hoy en ese lugar. Por tal motivo, queda descartado el dolo que requiere el delito investigado toda vez que exige conocimiento de la ilicitud y voluntad de realizar el hecho prohibido, aspectos que resultan no acreditados por la Fiscal y que quedan ausentes del relato del imputado. Ello así, aún si existieran serias dudas sobre cómo ocurrieron los hechos imputados, dado la falta de testigos presenciales del hecho, éstas deben ser resueltas, por imperio del "in dubio pro reo", a favor del imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor, por el accidente sufrido al caerse de su bicicleta en la calle de la Ciudad.
En efecto, corresponde examinar si a la luz de las constancias de autos es factible tener por acreditadas las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho.
Si bien el testigo manifestó ser “amigo del actor”, dicha circunstancia no es causal de invalidez del testimonio. Sólo se considera que obliga al Tribunal a un examen de mayor rigor y estrictez. En particular, cobra relevancia cuando se trata de un testigo necesario por su intervención personal y directa en la situación que originó el pleito, pues permite el efectivo conocimiento de los hechos. Por estos motivos ha de exigirse a los dichos la necesaria precisión a fin de no poner en duda su declaración (cf. args. arts. 346 y 362 del CCAyT; Carlos E. Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 620).
El relato de los hechos efectuado en la demanda coincide con las manifestaciones de los testigos en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Además, cabe añadir que en ningún momento el actor o los testigos manifestaron que hubiera mediado una intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias -SAME- u otro prestador de servicios de emergencia o la de personal policial. La ausencia de tal intervención en modo alguno desvirtúa los elementos concordantes antes reseñados, que corroboran de manera suficiente el relato contenido en la demanda.
Los testigos fueron contestes en señalar que había un pozo en el pavimento que provocó la caída del actor e identificaron las seis (6) imágenes del lugar aportadas al expediente.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor, por el accidente sufrido al caerse de su bicicleta en la calle de la Ciudad.
En efecto, corresponde examinar si a la luz de las constancias de autos es factible tener por acreditadas las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho.
La prueba sobre el potencial dañoso de la cosa (pozo en la calzada), la presencia del actor en el lugar junto con los testigos, la circunstancia de que el actor sufrió daños vinculados con una caída, sumado al incumplimiento de mantener la vía pública en condiciones óptimas para la circulación, así como la falta de comprobación de una causa ajena, como el hecho de la víctima o de un tercero, son elementos suficientes que corroboran que el suceso ha ocurrido tal como lo relató la parte actora.
Asimismo, un pozo, una zanja, una excavación o una depresión –según las características– integran un todo que es el terreno, sea éste la vereda, la calzada o un inmueble cualquiera. Así, la cosa es el terreno que contiene el pozo, y éste es el vicio que la hace impropia para su destino, es decir, una vereda con una excavación es impropia para caminar, una calle con un bache lo es para circular, etcétera. El pozo constituye el vicio de la cosa (cf. art. 2164 del Cód. Civil), y si ese pozo provoca perjuicios, el supuesto se encuadraba en el artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil cuando responsabiliza al dueño o guardián de la cosa que genera riesgo o es viciosa (cf. Fernando Sagarna, “Responsabilidad por daños causados por pozo en la acera”, en La Ley Córdoba, t. 1999, p. 521).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al imputado por considerarlo autor de la contravención prevista en el artículo 52 del Código Contravencional, agravada por la causal del artículo 53 inciso 3°, del mismo cuerpo legal.
En efecto, la "A-Quo" tomó en consideración expresamente las declaraciones de la madre, la tía y la abuela de la víctima quienes depusieron sobre los hechos y las características de la personalidad del condenado.
También tuvo presente la prueba documental aportada en el juicio, en especial el informe psicodiagnóstico efectuado por el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de otra causa que tramitó ante la Justicia Nacional Civil, del que surge que del análisis integral de la problemática familiar se destaca “la prevalencia de un interjuego de proyecciones cruzadas en la pareja, mediando un entrampe vincular en el que ha quedado triangulado el hijo varón”.
Ello así, la prueba producida durante la audiencia de juicio ha sido suficiente para tener por acreditado el hecho por el cual el imputado resultó condenado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor responsable del delito de amenaza agravada por el uso de armas, previsto en el artículo149 bis, 1° párrafo, segunda parte, Código Penal.
La Defensa indicó que la única testigo del supuesto evento era la denunciante, cuando lo cierto era que el hecho ocurrió en la escalera común del edificio de dos plantas en el que vivía, por lo que no podía ser catalogado como sucedido “entre cuatro paredes”. Es decir, que, a su criterio, pudo haber sido visto o escuchado por terceros.
Sin embargo, este no es un caso de “testigo único” o de “declaración contra declaración”, en el que sea necesario aplicar los parámetros de valoración de la prueba establecidos para supuestos de violencia de género o de violencia doméstica.
En ese sentido, si bien el evento que nos ocupa es de aquéllos que ocurren “en solitario” —sin presencia de terceros—, en la presente causa además de la declaración de la denunciante, se cuenta con la declaración brindada por una trabajadora social de la Corte Suprema de Justicia, quien manifestó que había entrevistado a la denunciante y que la nombrada “…estaba inmersa en una situación de vulnerabilidad y temor” y calificó la situación como de riesgo altísimo, y la declaración de una psicóloga perteneciente a la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigo del Ministerio Público Fiscal, quien testificó que: “…la denunciante estaba abordada por una violencia familiar, llegando luego después de hacer una denuncia por amenaza de muerte en una escalera de la casa”. Agregó que evaluó la situación como “de alto riesgo” y que “…el cuñado de la víctima ejercía el mismo maltrato que el esposo".

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, con el fin de obtener una indemnización, a raíz de su caída en la acera de la Ciudad.
En efecto, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la producción del hecho denunciado y si existe entre éste y el daño un vínculo causal. Para ello, cuadra recordar que “la existencia del nexo causal no puede ser probada de forma directa, pero sí puede serlo de forma inferencial, es decir, demostrando que existe una ley «de cobertura» en la que pueda subsumirse el caso específico.” (TARUFFO, M., La prueba, Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, p. 262).
Respecto a las declaraciones testimoniales, cuadra recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “[c]orresponde al juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, valorar los dichos de los testigos frente a las demás pruebas rendidas en la causa, a fin de emitir un juicio imparcial y justo, siendo indiferente, al efecto, que exista o no tacha de los mismos” (CSJN, Patrón U. de Figueroa Campero, Elena c/ Nación, Fallos 281:182).
La declaración de la testigo presencial, que no fue impugnada, da cuenta de que la actora se encontraba en el lugar denunciado, en la hora y día indicados, y que tropezó y cayó al suelo cuando se encontraba sobre una tapa que tenía salientes metálicas.
Por lo demás, entiendo que el hecho de que la actora y la testigo sean vecinas no implica que posean un grado de cercanía tal que descalifique el testimonio o que implique que deba ser valorado con un grado de estrictez especial.
Por otro lado, no advierto que existan imprecisiones ni entre el relato de la actora y el de la testigo ni entre las declaraciones que ésta brindó en sede policial y judicial respectivamente.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, con el fin de obtener una indemnización, a raíz de su caída en la acera de la Ciudad.
En efecto, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la producción del hecho denunciado y si existe entre éste y el daño un vínculo causal. Para ello, cuadra recordar que “la existencia del nexo causal no puede ser probada de forma directa, pero sí puede serlo de forma inferencial, es decir, demostrando que existe una ley «de cobertura» en la que pueda subsumirse el caso específico.” (TARUFFO, M., La prueba, Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, p. 262).
Respecto a las declaraciones testimoniales, cuadra recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “[c]orresponde al juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, valorar los dichos de los testigos frente a las demás pruebas rendidas en la causa, a fin de emitir un juicio imparcial y justo, siendo indiferente, al efecto, que exista o no tacha de los mismos” (CSJN, Patrón U. de Figueroa Campero, Elena c/ Nación, Fallos 281:182).
La declaración de la testigo presencial, que no fue impugnada, da cuenta de que la actora se encontraba en el lugar denunciado, en la hora y día indicados, y que tropezó y cayó al suelo cuando se encontraba sobre una tapa que tenía salientes metálicas.
Asimismo, considero que el hecho de que la testigo haya visto el accidente “a lo lejos” no es óbice para que su testimonio respalde los dichos de la actora. Si bien coincido en que la testigo no podría haber afirmado que la actora se tropezó con los ganchos salientes, lo cierto es que la declaración la sitúa sobre la tapa metálica. Luego, teniendo en cuenta que se encuentra acreditada la existencia de las salientes metálicas en la tapa y que la actora se cayó sobre ésta y no en otro lugar, y que la testigo la vio tropezar con algo, es razonable inferir que los hechos ocurrieron como fueron relatados en la demanda.
En efecto, si la testigo la vio a lo lejos tropezar y caer, y, al acercarse, vio que estaba sobre la tapa y que los únicos elementos con que se podía haber tropezado eran los ganchos que sobresalían de ésta, ya que no surge de autos que hubiera otros obstáculos, es forzoso concluir que tropezó con los ganchos.
Por último, cabe señalar que, como señala el Colega Preopinante, la prueba informativa al servicio de ambulancias habría echado luz sobre ciertas cuestiones relacionadas con la atención médica –en particular, el horario en el que la actora fue trasladada al nosocomio, puesto que aquél no figura en la historia clínica-, entiendo que la omisión del Hospital Público de completar la historia clínica no puede ser tomada como una presunción en contra de la actora.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, con el fin de obtener una indemnización, a raíz de su caída en la acera de la Ciudad.
En efecto, la historia clínica del Hospital Público da cuenta de que la actora fue atendida en la misma fecha en la que se produjo el accidente y no existen motivos para suponer que los daños fueron causados por un hecho distinto al que acreditó la actora.
En efecto, de la declaración de la testigo, surge que la actora fue trasladada con ayuda de dos personas hasta su domicilio porque no podía caminar. Esta cuestión también encuentra respaldo en la declaración testimonial de la otra persona, testigo no presencial pero que brindó información sobre lo que le sucedió a la actora desde que regresó a su domicilio, quien, al ingresar al departamento de la actora, vio que la habían puesto sobre la cama.
En el mismo sentido, del informe pericial surge que la lesión sufrida por la actora es compatible con el relato efectuado en la demanda, pues “tiene como hipótesis causal inmediata más frecuente la caída de propia altura”.
En suma, puesto que está probado que se cayó en la calle, que no hay razones para suponer que se volvió a caer en algún otro lugar antes de que ingresara al hospital ese mismo día y que de la pericia surge que la caída que sufrió en la calle es adecuada para provocar el tipo de lesiones que sufrió la actora, debo concluir, evaluando las pruebas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que las lesiones fueron provocadas por la caída que sufrió en la calle.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, con el fin de obtener una indemnización, a raíz de su caída en la acera de la Ciudad.
Teniendo presente la prueba analizada en autos, pienso que –a diferencia de lo sostenido por la recurrente– no existen suficientes elementos que permitan tener por probado que los perjuicios sufridos por la actora fueron consecuencia de la caída descripta en el escrito de demanda.
En particular, corresponde mencionar que, en lo que respecta a la caída, sólo una testigo refiere haber atestiguado el hecho; la declaración de la otra testigo sólo reproduce lo que le habrían comentado con posterioridad al incidente. Por ello, encuentro que, en este caso, para tener por acreditado lo denunciado el testimonio brindado por la testigo no es suficiente. Primero, no puede desconocerse la cercanía que pareciera existir entre las dos declarantes y la actora (vecinas). Segundo, tal como lo menciona la "a quo" en su sentencia, existen algunas imprecisiones en el relato de la primera testigo, que si bien por sí solas no desacreditan la veracidad de sus dichos, impiden tener una descripción acabada en torno al modo en que se habría producido la caída. Tercero, –como se verá más adelante– no existen otros elementos de prueba que respalden las afirmaciones de la testigo.
Asimismo, el resto del material probatorio si bien permite conocer los daños que sufrió la actora, en ningún caso logra ser vinculado con la caída alegada y con el estado en el que se encontraba la vía pública. En otras palabras, no se encuentra suficientemente demostrado que aquellos daños fueron causados por la caída descripta en el escrito de inicio y, en particular, como consecuencia de la tapa metálica. Por ejemplo, en la pericia médica se acredita la lesión sufrida por la actora y se concluye que ésta pudo guardar relación con un incidente en el que se hubiese producido una caída de propia altura, pero se admite que no se puede dar cuenta de la mecánica del hecho (cfr. “Veletta Elba Carmen c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)”, Expte. EXP 12096/0, sentencia del 3 de mayo de 2016).
En tales términos, si se confronta la totalidad del material probatorio, no surge con claridad que el accidente denunciado o el hecho generador del daño haya acaecido en el lugar, tiempo y forma denunciados. Esto es, conjugados los elementos comentados con las pautas de apreciación de la prueba que consagran los artículos 145 y 310 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, no cabe tener por probado el hecho de marras, pues no existen suficientes presunciones graves, precisas y concordantes que así lo ameriten (cfr. mi voto en la causa “Petrillo Damián Osvaldo c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, Expte. 5628/0, Sala II, sentencia del 28 de julio de 2005). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto absolvió al imputado por el delito de amenazas simples (artículo 149 bis, primer párrafo, primera parte, del Código Penal).
El Fiscal expuso que las amenazas habían sido exteriorizadas por el imputado en ocasión de que personal policial se apersonara en el lugar.
Sin embargo, en ocasión del debate el mentado preventor nada recordó ni pudo precisar en punto a ello. Así, aunque se acordaba de una pelea entre los sujetos intervinientes, nada dijo en cuanto se hubiera vertido una amenaza en ese momento. Y, si bien es cierto que reconoció su firma y la declaración en sede policial, tampoco de allí se desprende el contenido de la locución intimidante, tal como le fue enrostrada al imputado por la Fiscalía.
En este sentido, de la declaración del preventor en sede policial sólo se desprende que el imputado, portando una llave tipo "L", había amenazado al denunciante. Pero dicha descripción no sólo nada aporta al reproche específico que le fuera dirigido al encausado en orden al tipo penal de amenazas, sino que además ese accionar podría hallarse incluido en el primer tramo del evento pesquisado, por el que se lo condenó al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de daño (art. 183 CP), es decir cuando este, portando una llave de rueda, se hallaba discutiendo mientras arremetía contra la camioneta del damnificado.
Por lo tanto, no verificándose suficientes elementos de cargo a efectos de arribar a un temperamento distinto al adoptado por el Juez de grado, se impone confirmar el decisorio.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar al pedido de devolución de las sumas que la actora abonó a fin de que se le practique la cirugía en el Hospital Público.
Ahora bien, la situación descripta por la actora resulta contraria a la normativa local que establece la gratuidad de las prestaciones en el ámbito de la salud pública. Es que, dicho principio, entendido como la exención de cualquier pago directo por parte de los usuarios del área estatal de salud, se encuentra garantizada por el artículo 20 de la Constitución local y el artículo 3º, inciso g) de la Ley N° 153, circunstancia confirmada por la Jefa de División de Cirugía General del Hospital Público.
Lo expuesto lleva a presumir que si los hechos sucedieron de acuerdo a lo relatado, la actora carecería de respaldo documental a fin de acreditar el pago, por lo que los dichos de la única testigo que hizo referencia al punto en debate deben ser analizados desde esta perspectiva.
Tal como explica Enrique Falcón “[l]a credibilidad de una prueba testimonial no depende del número de los que son llamados a esclarecer la justicia sino de la verosimilitud de sus dichos, probidad científica del deponente, latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que declara, confianza que inspira, etcétera” (Falcón, Enrique M., “Tratado de la prueba”, Astrea, Buenos Aires, 2009, pág. 626).
En particular, el médico codemandado no desplegó actividad probatoria alguna – ni cuestionó la producida a instancias de la parte actora – y dicha pasividad, contraria a lo establecido por el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, no puede ser utilizada en su propio beneficio. Por ello, no se advierte por qué debería descartarse sin más el testimonio de la testigo en cuanto al efectivo pago de la suma que la actora menciona.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, planteado por la Defensa, en una causa por amenazas (Artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa se agravió por entender que el Fiscal incumplió con el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad, en lo referido a la evacuación de citas de los extremos declarados por su defendido, en el marco de la intimación del hecho. Específicamente, en cuanto no citó a declarar a los menores que fueron ofrecidos como testigos. Sostuvo que dicha omisión, sin otorgar siquiera fundamentos, resultó violatoria de la garantía constitucional de Defensa en juicio, como así también de los principios de preclusión, debido proceso y legalidad.
Sin embargo, no sólo el Fiscal llevó adelante las medidas que la Defensa solicitó, sino que asimismo dió explicaciones suficientes para tener por fundado el uso de su facultad de negarse a producir la prueba que no considere útil para la investigación, en cuanto consideró que colocar a los menores en una situación de tener que declarar a favor o en contra de los padres -en un caso donde se ventilan cuestiones atinentes a los adultos exclusivamente- debía ser el último recurso del que se tiene que valer la justicia para poder determinar tanto hechos como grados de autoría. Ello así, la omisión, lejos de ser antojadiza se basó en el derecho de los menores y su protección en un caso sensible para ellos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto rechazó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, interpuesta por la Defensa, en una causa por amenazas (Artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa se agravió y sostuvo la nulidad de la requisitoria argumentado que debían escucharse las declaraciones de los menores que presuntamente presenciaron el hecho, previo al debate, pues podrían esclarecer los hechos. Asimismo, agregó que la Fiscalía no dió fundamento alguno de la mencionada omisión.
Sin embargo, del juego armónico de los artículos 97 y 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad se desprende que le corresponde al Fiscal practicar las diligencias propuestas "cuando las considere pertinentes y útiles para los fines de la investigación preparatoria o cuando sean actos que no puedan producirse en el debate". Es decir, se trata de una facultad del titular del Ministerio Público de ordenar la producción de medidas solicitadas por las partes, a la luz de los criterios enunciados en la citada norma, pero en modo alguno se encuentra obligado a ello, por lo cual la omisión de evacuar las citas propuestas por la Defensa no conlleva la nulidad del libelo procesal "per se".

En el caso, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, en una causa por amenazas (Artículo 149 bis del Código Penal).
De la lectura de las constancias de la causa surge que el imputado al momento de brindar declaración en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad solicitó (entre otras cuestiones) que presten declaración sus hijos a través de Cámara Gesell ya que habrían presenciado el hecho imputado (amenazas en el domicilio de la denunciante).
La Defensa se agravió y sostuvo que el Fiscal nunca dió fundamento al omitir citar a declarar a menores que fueron ofrecidos como testigos.
En efecto, el requerimiento de elevación a juicio no resulta una derivación razonada de las constancias de la causa, dado que no descarta razonadamente la citación a brindar testimonio con los recaudos adecuados de acuerdo a la edad de los menores involucrados, para evitar la re victimización de los mismos. En este sentido, la circunstancia de "no colocar a los niños en una situación de tener que declarar a favor o en contra de los padres en un caso donde se ventilan cuestiones atinentes a los adultos", no puede llevar a desoírlos cuando han sido testigos presenciales de uno de los hechos por los que se quiere juzgar a su padre, con quien estarían conviviendo actualmente, por lo que su opinión debe jugar un papel preponderante en el proceso. Así lo postuló el Asesor Tutelar en su dictamen, en donde si bien se opuso a la declaración de la menor (quien tiene 7 años), propició la declaración de sus otros hijos, con los recaudos necesarios. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, en una causa por amenazas (Artículo 149 bis del Código Penal).
De la lectura de las constancias de la causa surge que el imputado al momento de brindar declaración en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad solicitó (entre otras cuestiones) que presten declaración sus hijos a través de Cámara Gesell ya que habrían presenciado el primer hecho imputado.
La Defensa se agravió y sostuvo que el Fiscal nunca dió fundamento al omitir citar a declarar a menores que fueron ofrecidos como testigos.
En efecto, el requerimiento de elevación a juicio debe fundarse, entre otros requisitos, en la prueba que justifica el paso a esa etapa procesal, de lo contrario se trataría de una decisión arbitraria que no resulta compatible con la razonabilidad que requieren los actos públicos. En este sentido, se ha afectado el derecho constitucional al debido proceso legal y la garantía de defensa en juicio, en cuanto la Fiscal no ha dado fundamentos para incumplir la manda legal de evacuar las citas efectuadas por el imputado cuando objetivamente apreciadas pueden incidir en su situación procesal (artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad), brindando consideraciones generales sobre la pertinencia o no de la citación de los hijos del imputado sin siquiera haber recabado la voluntad de los mismos. "Máxime" en un caso en el que la propia denunciante a intentado desistir de su denuncia y poner fin al asunto. Ello así, debe ser garantizado el derecho a ser oído de los niños y además, el derecho a la Defensa del imputado y se debe grabar la Cámara Gesell que se solicita, para que no sea necesario reiterar el contacto de los jóvenes con el proceso, en caso de que se lleve a juicio la causa. Así lo imponen las disposiciones de la Observación General N° 14/2013 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pertinentemente citadas por la Asesora Tutelar y receptadas por los artículos 2 y 3 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N° 26.061). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la sentencia que condenó al imputado por el delito de usurpación y disponer su absolución.
En autos, se le imputó al encartado el haber efectuado el cambio de cerradura (violencia) en un domicilio de esta Ciudad, durante la ausencia momentánea (clandestinidad) de la denunciante, domiciliada en el lugar, despojándola, al no poder ingresar a la vivienda desde dicha fecha hasta la presente.
Ahora bien, la cuestión en autos radica en determinar si la denunciante reviste el carácter de sujeto pasivo, y si el imputado impidió el acceso valiéndose de uno de los medios comisivos estipulados por la norma (art. 181, inc. 1, CP).
Al respecto, si bien la denunciante y su madre, quien declaró como testigo, afirman que la primera vivió en el inmueble desde hace muchos años, los testigos de la Defensa negaron esta circunstancia y describieron el desarrollo material de cómo es que la denunciante llegó a dormir allí por las noches, siendo coherentes y concordantes entre sí.
En este sentido, los testigos aseguraron que la presunta víctima recibía un monto dinerario por la tarea de cuidado que —ellos dicen- le prestaba a su abuela con quien supuestamente fue a vivir luego de la muerte de su abuelo a fin de prestarle cuidado. Estos testigos afirmaron que en la casa no había indumentaria de la denunciante que indique que ese era su domicilio.
De la documentación agregada se advierte que la denunciante tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires.
Así las cosas, es en cabeza del Ministerio Público Fiscal donde recae el deber de probar los extremos de hecho que hacen a su acusación, y del plexo probatorio desarrollado no he arribado más que un estado de duda, que estimo razonable.
En consecuencia, no se ha logrado dar luz sobre la posición jurídica de la presunta damnificada como el tipo objetivo exige.

En el caso, corresponde revocar la sentencia que condenó al imputado por el delito de usurpación y disponer su absolución.
Para así resolver, el A-Quo tuvo por probado que el imputado, no solo cambió la cerradura de la puerta de acceso al inmueble, sino que también lo hizo de manera clandestina, sin que la aquí denunciante pueda impedirlo, no encontrándose en el domicilio. Sostuvo que resultaba veraz lo dicho por la denunciante en la audiencia de juicio en relación a que intentó poner la llave pero no entraba, relató que había sido corroborado por el hermano de esta, y resultaba inverosímil la estrategia de la Defensa, en cuanto a que se encontraba colocada la llave del otro lado de la puerta, razón por la cual la presunta víctima no había podido abrirla.
Sin embargo, se debe demostrar o refutar que el imputado haya cambiado la cerradura de la puerta de entrada al inmueble. Contrario a ello, en autos, no existe certeza sobre el medio comisivo del tipo penal (art. 181, inc.1, CP).
Así, en relación al cambio de cerradura, cada uno de los testigos que estaban dentro del inmueble declaró que la cerradura nunca fue cambiada, e incluso sostuvieron una hipótesis alternativa a su modificación, y es que se encontraba la llave puesta con media vuelta. Asimismo, uno de los testigos que contaba con llave para acceder al inmueble, declaró que sus copias funcionaban correctamente.
Por su parte, el informe del perito designado por la Defensa da cuenta de óxido en la cerradura y que las llaves se observaban visiblemente opacas en contraste con una llave nueva que es brillante.
En consecuencia, y dado que es en cabeza del Ministerio Público Fiscal donde recae el deber de probar los extremos de hecho que hacen a su acusación, del plexo probatorio desarrollado no he arribado más que un estado de duda, que estimo razonable, y que no me permite alcanzar el grado de certeza necesario para confirmar el pronunciamiento condenatorio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó el planteo de nulidad del acta de infracción.
La Defensa sostiene que se habría violado el derecho constitucional de defensa en juicio, toda vez que el acto acusatorio carece de los requisitos impuestos por el artículo 3º de la Ley N° 1.217, esenciales para asegurar el ejercicio del referido derecho, toda vez que no menciona qué persona física habría obstruido el ingreso al establecimiento e impedido la inspección, ni los procedimientos adoptados para comprobar la eventual relación de ésta con la sociedad imputada.
Sin embargo, corresponde señalar que la identificación de la persona que no permitió el ingreso no se halla incluida entre aquellos requisitos consignados en el artículo 3° de la norma procedimental (Requisitos del Acta de Infracción). De tal suerte, su ausencia no le quita validez al acto, que emanado de autoridad competente, se presume legítimo, salvo, claro está, prueba en contrario.
Por lo tanto, la circunstancia de que el inspector actuante, al rendir testimonio, no recordare los pormenores del suceso, no obsta la conclusión precedente, habida cuenta la cantidad de procedimientos -en promedio unos 3 al día- que habría llevado a cabo durante el tiempo transcurrido desde el labrado del documento, hasta su declaración (más de dieciocho -18- meses); y sumado a ello, que se trata de un instrumento público, no obstante lo cual, a mayor abundamiento, reconoció su firma, contenido, y que fue labrado por él.
Ello así, el acta obrante en el legajo resulta ser prueba suficiente de la comisión de las faltas enrostradas (art. 9.1.1 Ley Nº 451), cuyo valor convictivo no se ha visto conmovido, activándose, en consecuencia, la regla del artículo 5º de la Ley N°1.217.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al imputado por el delito de exhibiciones obscenas.
En efecto, conforme el artículo 129 del Código Penal la conducta típica es la de ejecutar por uno o por terceros actos de exhibiciones obscenas para que sean vistos por otras personas de forma involuntaria.
De acuerdo a lo expuesto por los testigos y lo considerado por el Juez de grado, el hecho endilgado se encuentra probado.
La Defensa sostiene que la conducta por la que se condenó al encausado resultó ser tener el pantalón roto; sin embargo el imputado declaró que al guardar su celular advirtió que tenía el cierre abierto.
No puede dejar de valorarse que el encausado no llevaba ropa interior.
Asimismo tampoco puede dejarse de lado que en el análisis de los hechos que el encausado, al ser advertido por los testigos sobre su conducta, trató de escapar inmediatamente al punto que se tiró por la ventana del colectivo donde se encontraba y se lastimó, lo que evidencia una actitud evasiva.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que condenó al imputado por el delito de exhibiciones obscenas y disponer su absolución.
En efecto, las reglas de la sana crítica indican que no corrobora la versión de la denunciante, la declaración de quien dice que no vio la exhibición ni la masturbación denunciada habiendo estado a menos de un metro de distancia.
No es posible tampoco predicar la culpabilidad de alguien por su conducta posterior, no ya del hecho, sino a ser públicamente sindicado como autor del hecho, agredido mediante una trompada, probado de la libertad de abandonar el colectivo y con grave riesgo de ser "linchado" por los presentes.
La circunstancia de que el encausado optara por arrojarse por una ventanilla desde el colectivo denota, en todo caso, la gravedad del riesgo que corría su seguridad, en su propia percepción, antes que la autoría del delito imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

En el caso, corresponde revocar la sentencia del Juez de grado y, en consecuencia, absolver al imputado en la presente causa iniciada por amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa se agravió y sostuvo que la valoración de la prueba efectuada por la A-quo había sido insuficiente e inidónea.
En efecto, ninguno de los testigos ha presenciado el hecho que se le atribuye al imputado, por lo que, en este sentido, no pudieron efectuar mayores consideraciones en relación a ello, más allá de la relación conflictiva entre los intervinientes. Asimismo, tampoco podemos dejar de mencionar las contradicciones que surgieron de sus declaraciones, respecto del contexto que rodean los presentes y sobre el concepto de las partes, así como la relación mantenida entre ambos.
Ello así, se realizó una valoración parcial y sesgada de los testimonios producidos a lo largo de todo el debate, en tanto se descartó lo manifestado por el imputado y, sin fundamento, lo declarado por los testigos aportados por la Defensa.

En el caso, corresponde revocar la sentencia del Juez de grado y, en consecuencia, absolver al imputado en la presente causa iniciada por amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
La Defensa se agravió y sostuvo que la valoración de la prueba efectuada por la A-quo había sido insuficiente e inidónea.
En efecto, en concreto, contamos por un lado, con los dichos de la damnificada, y por el otro, con lo sostenido por el encartado, que al momento de brindar su exposición, negó las frases incriminadas.
En este sentido, lo único que podemos tener por acreditado es que hubo una discusión entre ambos. A ello se aduna que el plexo probatorio ofrecido por las partes, lejos de poder reforzar el único testimonio en que se funda el hecho, resultan contestes con la negativa sostenida por el imputado, por cuanto no existe ningún testigo directo del hecho más que la denunciante, tampoco ello se advierte de la filmación del día del hecho imputado, no sólo por la carencia de audio de éste, que impide escuchar frase alguna, sino también, porque el único testigo que habría estado presente y al que la denunciante le habría pedido que llamara al 911, no detiene su trayectoria ni se ve sorprendido por los presuntos gritos.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia del Juez de grado en cuanto condenó al imputado, por ser autor penalmente responsable del delito de amenazas (artículo 149 bis del Código Penal)
La Defensa se agravió, por entender que el razonamiento de la Magistrada que derivó en la condena, surgió de un análisis parcializado de la prueba y sólo se sustentó en la declaración de la única testigo presencial del hecho, es decir, los dichos de la denunciante y que los demás testimonios no aportaron datos sobre el mismo.
Sin embargo, además de los testimonios que surgieron de las audiencias, la Magistrada de grado tuvo en cuenta otros elementos de convicción que fueron incorporados por lectura y/o exhibición y que se encuentran perfectamente detallados en los fundamentos de la sentencia, a saber, el e-mail que fue enviado por el imputado a la denunciante, pidiéndole disculpas, el día posterior al hecho que se le atribuye, un video obtenido de una cámara de seguridad aportado por la denunciante y los informes efectuados por las profesionales de las oficinas especializadas.
En este sentido, si bien es cierto que la denunciante es la única prueba directa que puede dar cuenta que el imputado profirió amenazas en su contra, no sólo sus dichos resultan coherentes y convincentes, sino que además han sido corroborados, por otros elementos probatorios. Asimismo, cabe destacar que lo relatado en la audiencia por la víctima guarda concordancia con lo oportunamente declarado en la Oficina de Violencia Doméstica, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho imputado como así también de todo lo vinculado con la conflictividad de la relación.
Ello así, se advierte que la A-quo basó su sentencia de condena en el testimonio de la testigo cuyos dichos tienen pleno correlato con lo narrado por los demás deponentes, ponderando además el resto del material probatorio debidamente incorporado al debate.
(Del voto en disidencia de la Dra. Marum).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado y absolver a los imputados por el delito de amenaza (artículo 149 bis primer párrafo del Código Penal) que fueran objeto de imputación en las presentes actuaciones.
La Fiscalía sostuvo que la Magistrada de grado se apartó de las reglas de la sana crítica racional al valorar las cuestiones de índole probatoria ventiladas en el transcurso del juicio celebrado en el marco de estas actuaciones. En ese sentido, señaló que el pronunciamiento cuestionado “parte de una lectura tendenciosa de la prueba que frustró decididamente el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, al exigirles que lleven en su memoria una suerte de registro notarial de todos los hechos de violencia que padecieron para poder contárselo (…) con un precisión ajena a las capacidades del ser humano”.
Sin embargo, cabe destacar que la Jueza de grado, luego de valorar los testimonios aportados a la causa, concluyó que la prueba era exigua y que no se ha acreditado con los elementos incorporados al debate que los hechos investigados en la presente causa, ya que no se pudieron identificar la fecha, el lugar y las personas que amenazaron a las presuntas víctimas.
Asimismo, corresponde recordar que un pronunciamiento condenatorio solamente puede tener apoyo en la absoluta convicción del Juez de que la acción típica y antijurídica ha sido efectivamente ejecutada, y que debe serle reprochada a su autor; "la sentencia de condena y por ende la aplicación de una pena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho atribuible al acusado; precisamente la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley, que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del Juez respecto de la verdad, la duda o aún la probabilidad impiden la condena y desembocan en la absolución" (Maier, Derecho Procesal Penal Argentino, T. 1b, pág. 257).
Ello así, deberá confirmarse la sentencia apelada en cuanto dispuso la absolución de los imputados por el delito de amenazas simples.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso absolver al imputado en orden a las conductas consistentes en la venta de alcohol fuera del horario permitido (artículo 4.1.3 segundo párrafo de la Ley N° 451).
En efecto, se advierte de la lectura del acta de audiencia oral y pública que finaliza con el fallo cuestionado, que el encausado no se limitó a una negativa genérica sino que llevó a cabo actividad probatoria a efectos de conmover el valor convictivo del acta de infracción.
En este sentido, cabe destacar que el análisis del mérito de la prueba es un ámbito reservado al Juzgador, en virtud de que la propia naturaleza de la audiencia de debate así lo posibilita por permitir la contradicción entre las partes, inmediatez con el objeto probatorio y demás circunstancias, que habilitarán al Magistrado a componer el marco necesario para formular el reproche o la exculpación.
Ello así, el Judicante basó su fallo en las pruebas aportadas a la causa, valoradas a la luz de la sana crítica, sumadas a la declaración del inspector interviniente, que si bien no tenía presente el suceso reconoció su firma, mas utilizó el modo potencial en el sentido de que se “estaría vendiendo alcohol”, en tanto que el inspector actuante categóricamente afirmó no recordar el procedimiento ni el local.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso absolver al imputado en orden a las conductas consistentes en la venta de alcohol fuera del horario permitido (artículo 4.1.3 segundo párrafo de la Ley N° 451).
En efecto, la presunción de validez de la que gozan las actas de comprobación en modo alguno implica que deba fallarse haciendo caso omiso de la prueba en contrario aportada. En el caso sometido a estudio el enjuiciado logró acreditar una versión diferente a la plasmada en la acusación y desvirtuar la presunción de la que gozan tales instrumentos.
Por lo demás, también se advierte que la “A-Quo” cumplimentó el postulado de razonabilidad, toda vez que existe un hilo conector entre las declaraciones evaluadas y la conclusión, no comprobándose en la línea intelectiva plasmada algún error o vicio de razonamiento, ni existen motivos para considerar a la resolución atacada como arbitraria, ya que no ha omitido la valoración de elementos que puedan resultar relevantes para la decisión del caso; ni falta de fundamentación en algún aspecto de su fallo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto hizo lugar al planteo de excepción por manifiesto por atipicidad interpuesto por la Defensa.
La Defensa sostuvo que la Fiscalía no realizó un análisis sobre si el accionar del imputado fue una competencia desleal efectiva o no.
En ese sentido, la Defensa presentó un informe técnico realizado por personal de la Defensoría General que demuestra que no se produjo una competencia desleal, dado que a tres cuadras del lugar no había negocios que se pudieran ver afectados por la actividad reprochada.
Así, el testigo presentado por la Defensa refirió que trabaja en la Defensoría que se constituyó en las inmediaciones del barrio de Nuñez, sin recordar el día exacto, para ver si había algún local comercial en esa área. Que dicha diligencia atrojo resultado negativo, que existen algunos colegios, y si existen locales pero no de ropa.
En definitiva, se ha sostenido que acreditar la existencia de la competencia desleal es una carga de la Fiscalía, que fue citada a una audiencia para determinar si ello ocurría o no en el caso y no ofreció prueba alguna ni refutó la producida con su control por la Fiscalía. Tampoco se ha explicado cual es el yerro de la Juez al valorar la prueba que se produjo en su presencia.
Por Io expuesto, se considera que la prueba producida y valorada en la audiencia tornó manifiesta la atipicidad opuesta.(Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó a los imputados por el delito de usurpación (art. 181, inc. 3°, CP).
Para así resolver, el Juez de grado tuvo por probada la comisión del delito establecido en el artículo 181, inciso 3) del Código Penal, cuando los condenados, en horas de la noche, realizaron actos de turbación en perjuicio de la aquí denunciante y su grupo familiar, a fin de que éstos no pudieran acceder a los lugares comunes -cocina y baño-del inmueble, para lo cual procedieron a colocar una puerta de reja con candado que impedía el paso de éstos a esas dependencias.
Ahora bien, la Defensa sostiene que el pronunciamiento es arbitrario porque se basó en los dichos de la denunciante los que, a su criterio, resultaban contradictorios con las restantes testimoniales producidas sobre la forma en la que se habría producido el despojo.
Sin embargo, no se advierten contradicciones en los testimonios agregados en autos ya que todos los declarantes fueron coincidentes en la mecánica de lo ocurrido, con mayor o menor detalle de acuerdo al grado de percepción vivenciado.
También fueron coincidentes respecto de la reja que los condenados instalaron en el inmueble para impedir la entrada de la denunciante a los espacios comunes de la propiedad.
En suma, el A-Quo enunció e identificó cada uno de los elementos en que basó su temperamento de condena, cuya valoración -conforme las reglas de la lógica y sana crítica-, y ponderación en conjunto la afirmaron, no verificándose ninguna falla o quiebre en el razonamiento, en virtud de que la conclusión extraída encuentra sustento en el plexo probatorio incorporado a los actuados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó a los imputados por el delito de usurpación (art. 181, inc. 3°, CP).
La Defensa sostiene que el pronunciamiento es arbitrario porque se basó en los dichos de la presunta víctima, los que a su vez resultaban contradictorios con las restantes testimoniales producidas. Refiere que tampoco el hijo de la denunciante, en su declaración, había identificado a los presuntos responsables, para luego modificar su relato a instancias del interrogatorio fiscal; por lo que no existía certeza absoluta de que la reja, cadena y/o candado fueran colocados por los encausados y/o por orden de los mismos.
En efecto, la hija de la denunciante que declaró como testigo y afirmó gran parte del "iter criminis" ventilado, si bien no mencionó expresamente en su relato a uno de los imputados, no dudó en referir detalles sobre el modo en que se despojó a la denunciante. La testigo afirmó que la cadena con la cerradura que la acusación indica colocaron los acusados, se habían instalado el mismo día pero en horas diferentes respecto de lo que manifestara su madre en la denuncia.
Durante su exposición la dicente interrumpió algunas veces su relato y no logró ahondar en detalles; sin embargo esto podía hallar explicación no sólo en el tipo de lenguaje llano que posee la declarante, sino además por el grado de angustia que atravesó en determinados pasajes de lo narrado, al punto de quebrarse y perder la cronología de lo sucedido, haciendo en todo momento hincapié en el perjuicio provocado a su familia.
Por su parte, no resulta atendible el argumento basado en la falta de certeza respecto de quién había colocado la reja y el candado que le impidieran a la denunciante acceder a los lugares comunes del inmueble usurpado; ello por cuanto una de las imputadas dijo, en ocasión de brindársele la palabra al cierre del debate, que la reja la habían puesto allí los imputados, aunque con fines de seguridad, extremo éste último que fue fundadamente desechado por el juez de grado para condenar a los encausados.
Es entonces que resultan ajustadas a derecho las fundadas razones por las que el Juez de grado otorgó credibilidad a las declaraciones de los testigos.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que condenó a los imputados por el delito de usurpación (art. 181, inc. 3°, CP).
Para así resolver, el Juez de grado tuvo por probada la comisión del delito establecido en el artículo 181, inciso 3) del Código Penal, cuando los condenados, en horas de la noche, realizaron actos de turbación en perjuicio de la aquí denunciante y su grupo familiar, a fin de que éstos no pudieran acceder a los lugares comunes -cocina y baño-del inmueble, para lo cual procedieron a colocar una puerta de reja con candado que impedía el paso de éstos a esas dependencias.
Sin embargo, considero que la coautoría reprochada a los acusados en autos no ha sido acreditada debidamente.
En consecuencia, ninguno de los tres imputados colocó materialmente la reja y se ignora quien contrató y abonó al albañil que lo hizo, cuya identidad tampoco se conoce.
Sin perjuicio de ello, el A-Quo tuvo por probada la coautoría de los imputados en virtud de diversos testimonios; sin embargo no todos los declarantes habrían estado presentes al momento del hecho.
Asimismo, no se ha acreditado, ni ha explicado el Judicante en la sentencia, de qué manera uno de los imputados habría participado de la colocación de la reja. No surge de ninguno de los testimonios brindados que haya estado presente al momento de los hechos, o que haya sido quien contrató a quien colocara la reja. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que condenó a los imputados por el delito de usurpación y disponer su absolución.
En efecto, la coautoría reprochada a los acusados no ha sido acreditada debidamente.
El Juez admitió como prueba la declaración testimonial de la hija de la imputada, quien afirmó que fue su madre quien colocó la reja, y por la que en definitiva fue condenada por el delito establecido en el artículo 181, inciso 3°, del Código Penal; sin embargo sus dichos fueron recibidos sin advertirle previamente que tenía la facultad de abstenerse de declarar contra su ascendiente, conforme lo exige el artículo 122 del Código Procesal Penal de la Ciudad respecto de los testigos, regla de la que no es posible prescindir.
Al respecto, el artículo 72, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Ciudad dispone que son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención del juez en los actos en que ella sea obligatoria. Y toda vez que resulta obligatoria la intervención del Juez para dirigir el debate y efectuar las advertencias legales a los testigos, su omisión está expresamente sancionada con la nulidad del acto.
Ello así, excluido este testimonio y su valoración en la sentencia, las pruebas producidas no resultan suficientes para fundar una sentencia condenatoria. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

En el caso, corresponde conceder el beneficio de litigar sin gastos requerido por la actora en la demanda en materia de empleo público.
En efecto, del examen de la prueba testimonial producida en autos, surge que la actora no trabaja, no hace viajes de placer, no tiene contratado un servicio de medicina prepaga y, por último, no posee ningún automotor.
Asimismo, de la prueba informativa producida se destaca que el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal informó que la actora no es titular de ninguna propiedad; la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios respondió que la actora no es titular de automotor alguno.
En este sentido, de las constancias del expediente, surge que ésta no ha sido materia de impugnación, toda vez que, habiendo sido citada la demandada no se presentó en autos. Además, vale recordar que “Resulta suficiente a los efectos de conceder el beneficio de litigar sin gastos, la declaración testimonial de personas hábiles cuya versión de los hechos sirva como elemento de convicción” (cf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala IV, “Di Cio, Jorge y otros c. Poder Judicial”, sentencia del 30/05/2003, DJ 03/12/2003, 951).
Así las cosas, cabe tener por acreditada, con sustento en la coincidencia entre las diversas declaraciones testimoniales producidas en la causa y la prueba informativa señalada, la carencia de recursos de la accionante, motivo por el que este Tribunal considera razonable conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado.
Más aún, no puede dejar de observarse que el presente caso tiene origen en la cesantía del demandante, circunstancia que, ante la ausencia de prueba en contrario, permite inferir la carencia de ingresos.

En orden a la declaración testimonial de una única persona, cabe advertir que “[…] la jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, de fecha 4/7/08, Expte. 852/0, y sus citas).
Ello así, porque si bien resulta jurídicamente posible fundar una sentencia en un testimonio único o singular, además, considero ineludible que dicha declaración esté acompañada de otros elementos de convicción.
En efecto, corresponde apreciar la declaración en función de su concordancia con las demás probanzas del expediente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al imputado por el delito de usurpación.
La Defensa cuestiona la decisión de condena al afirmar que de la evidencia fílmica solo se prueba el ingreso al edificio del imputado, pero no lo acaecido en el interior del palier del piso donde se emplaza la unidad de la cual se despojó a las ocupantes. En el mismo sentido, sostiene que las desgrabaciones de los llamados realizados por la presunta víctima al 911 sólo dan cuenta de su relato.
Ahora bien, conforme se desprende de las constancias en autos, se le atribuyó al encartado el haber expulsado, con violencia, a quiénes gozaban de la tenencia del inmueble en cuestión (inquilinas), habiendo tomado a ambas de los brazos, golpeándolas en varios lugares para sacarlas del departamento, y luego de expulsarlas, poner un cerrojo, el cual solo él podía abrir, privándolas de la tenencia que ejercían sobre el referido departamento.
Para llegar a esta conclusión, la Juez de grado tuvo oportunidad de escuchar a diversos testigos, los principales en relación al despojo, como así también a terceras personas que no estaban directamente involucradas en el conflicto pero que dieron cuenta de la situación, y ponderar la prueba incorporada al debate, tal como la declaración testimonial de la otra víctima, fallecida a la fecha, prestada en su oportunidad ante la Fiscalía interviniente.
También se tuvo en cuenta el llamado realizado al 911 en procura de auxilio, por lo cual, luego se había hecho presente personal policial, que no pudieron encontrar al acusado dado que se había ido.
También el hijo de la denunciante dio testimonio, que recordó el corte de luz, por el cual su madre había salido al pasillo y se lo había encontrado al imputado y que éste le había dicho que él había sido el que la había cortado.
También declararon los policías que acudieron ante el llamado al 911 de la damnificada, quienes afirmaron que debieron concurrir al departamento a retirar medicamentos y documentación, por lo cual se había ingresado con testigos y se había sacado ropa, medicinas y documentos, que habían entrado con una llave que creía que tenía el policía consigna, y que la puerta estaba cerrada.
Sobre la base de la valoración de estas pruebas tuvo por acreditada correctamente, con el grado de certeza propio de esta etapa del proceso, y de acuerdo a las reglas de la sana crítica tanto la materialidad del hecho detallado como la autoría.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al imputado por el delito de usurpación.
La Defensa cuestiona la decisión de condena al afirmar que de la evidencia fílmica solo se prueba el ingreso al edificio del imputado, pero no lo acaecido en el interior del palier del piso donde se emplaza la unidad de la cual se despojó a las ocupantes. En el mismo sentido, sostiene que las desgrabaciones de los llamados realizados por la presunta víctima al 911 sólo dan cuenta de su relato.
En efecto, en cuanto a la modalidad a través del cual se produjo, la Juez de grado entendió que el despojo fue por expulsión, e indicó que para arribar a ello los relatos de la denunciante, su pareja e hijos y su madre, fueron contundentes en señalar que el día de los hechos el acusado había ingresado al inmueble, y luego de expulsar a la denunciante y a su madre por la fuerza, en forma violenta, habían quedado afuera del inmueble y no pudieron volver a ingresar ni vivir en él.
Esto también quedó evidenciado por los llamados que efectuara la víctima al 911 en los cuales manifestó que estaban afuera del departamento (en referencia a su madre y ella) y que no dejaba que la entrara al departamento para asistirla, a la vez que dijo que las acababan de desalojar.
Asimismo quedó corroborada la expulsión en cuestión por los testimonios de los policías que concurrieron por el llamado al 911, el efectivo que luego realizó el allanamiento del inmueble a fin de sacar las pertenencias de los damnificados y de la entonces administradora quien confirmó el problema suscitado entre el acusado y los inquilinos, y recordó que había quedado vigilancia policial, que el inmueble había sido “clausurado” y que luego del hecho había participado del allanamiento sin ingresar a la finca.
Asimismo, la A-Quo consideró de vital relevancia el cotejo de los horarios en los que el acusado entró al edificio y luego salió de él, conforme el registro en video, cuyas imágenes se reprodujeron durante el juicio.
Por todo lo expuesto, y tal como entendió la Magistrada de grado, las pruebas rendidas en la audiencia de juicio me permiten tener por acredita con la certeza requerida para el dictado de una sentencia condenatoria que la denunciante, su madre y su hijo, quedaron fuera del inmueble, es decir, fueron expulsados, sin posibilidad de poder volver a ingresar porque el condenado trabó la puerta con un cerrojo y ya no pudieron volver a abrirla. Es decir, quedaron en la calle, sin vivienda, con lo cual, se puede afirmar, sin lugar a duda alguna, que la expulsión fue concretada por el imputado, mediante violencia sobre las víctimas, quienes claramente no se colocaron en el palier voluntariamente, sino que fueron cuanto menos empujadas, sacándolas del departamento sin posibilidad de agarrar ninguna de sus pertenencias.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al imputado por el delito de usurpación.
La Defensa cuestiona que la decisión de condena afirme la existencia de certeza suficiente respecto del hecho por el cual se dispuso la condena, y que para ello se valoró declaraciones de testigos que carecen de objetividad, que no existe prueba directa suficiente, y que existieron contradicciones entre las declaraciones de las víctimas.
Ahora bien, conforme se desprende de las constancias en autos, se le atribuyó al encartado el haber expulsado, con violencia, a quienes gozaban de la tenencia del inmueble en cuestión (inquilinas), habiendo tomado a ambas de los brazos, golpeándolas en varios lugares para sacarlas del departamento, y luego de expulsarlas, poner un cerrojo, el cual solo él podía abrir, privándolas de la tenencia que ejercían sobre el referido departamento.
En efecto, el relato de la damnificada, el cual se advierte verosímil y sin fisura alguna, en cuanto al tiempo, modo y lugar, así como las circunstancias en que se habría desarrollado el hecho, y las particularidades señaladas por la Defensa a fin de restarle credibilidad, tales como si la damnificada habría agarrado las llaves al momento del despojo –las cuales podría haberlas tenido en el bolsillo desde momentos previos al hecho- o la contradicción mencionada respecto a lo que habría declarado en su oportunidad su madre, en cuanto a la secuencia en que habían sido empujadas hacia el palier (si primero ella o su madre), resultan triviales respecto del resultado de desposesión en que habrían quedado las ocupantes del inmueble, y por ende sobre la veracidad del hecho relatado por la víctima.
Adviértase al respecto, que el orden en que el condenado habría sacado a las víctimas del departamento, en modo alguno altera el resultado de su conducta (haber quedado en el palier, una de ellas tiradas en el piso, expulsadas del departamento, sin poder volver a ingresar por encontrarse cerrado con una llave que no tenían), el cual ha sido acreditado no sólo por los testimonios de los cohabitantes, sino también por los policías que acudieron al lugar, y las demás declaraciones y elementos de prueba producidos durante la audiencia de juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al imputado por el delito de usurpación.
La Defensa afirmó que los testigos mintieron, que todo esto habría sido armado para solucionar el tema de los alquileres que las denunciantes adeudaban, que ya habían pasado por situaciones similares, pese a haber declarado la damnificada que esta era la primera vez que se atrasaba, y que el haberse opuesto en las instancias de mediación demuestra el especial interés en las resultas de este caso a fin de obtener una acogida favorable en el ámbito judicial.
Sin embargo, lo manifestado por la Defensa no resulta suficiente para dar cuenta de cuál sería el interés que tendrían la denunciante y su madre, ni atinado pensar que las víctimas parodiaran una expulsión semejante, colocándose golpeadas fuera de su departamento, y llamaran a la policía, bomberos y SAME, y que si hubieran podido entrar a su casa en plena noche con su hijo, no lo hiciera, sino que se fueran a otro sitio.
En consecuencia, la crítica esbozada es insuficiente para desmerecer la manera en que la Magistrada de Grado valoró el testimonio de las víctimas; a partir del registro audiovisual de esas declaraciones al que se tiene acceso en esta instancia es posible avalar esa percepción de la Juez de grado.
A la damnificada se la ve una persona angustiada dando cuenta de las circunstancias respecto de las cuales se le pregunta, relata de corrido, sin titubear, sin que se adviertan contradicciones en su relato y mucho menos que encubra un cálculo especulativo de interés de incriminar a una persona por motivos que el recurso tampoco es capaz de explicar.
Asimismo, del registro fílmico se advierte que al referirse que era la primera vez que se atrasaba, lo hace tal como manifiesta en referencia al alquiler de este inmueble y la relación mantenida con el imputado, y no respecto de otros alquileres anteriores, como pretende la Defensa a fin de hacerla ver como una “deudora y mentirosa serial”.
Sin perjuicio de ello, es dable mencionar que el condenado frente a un eventual incumplimiento de lo pactado contaba con los medios legales para hacer valer sus derechos, y no tomar las vías de hecho como ha quedado comprobado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó a quien fuera imputado por el delito de amenazas cometido en un contexto de violencia de género.
La Defensa entiende que la sentencia resulta arbitraria ya que se condenó al encausado en función de un testimonio único de la denunciante, contrapuesto a la versión del imputado y rodeando dicho testimonio de prueba de indicios; agrega que la Juez de grado omitió analizar las contradicciones e inconsistencias entre las evidencias colectadas.
En efecto, no se ha dictado sentencia condenatoria con la declaración de un testigo único, donde sólo se cuenta con la declaración de la víctima, totalmente aislada de cualquier otra medida probatoria que pueda sustentar sus dichos.
El relato de la denunciante es serio, preciso y contundente el cual se corrobora en aspectos centrales mediante otras pruebas indiciarias como la declaración de su madre y de los informes de los organismos especializados en cuestiones de violencia de género.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
La Defensa sostiene que el requerimiento Fiscal carece de fundamentación que bajo pena de nulidad exige el artículo 206 del Código Procesal Penal ya que a su entender, no se han recolectado en la etapa de instrucción elementos de convicción suficientes que permitan justificar tal acto.
Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal enunció en la pieza cuestionada las declaraciones testimoniales que consideró relevantes para el desarrollo del debate y explicó cuál era el rol que habría desempeñado -en ocasión del procedimiento y con posterioridad a aquél- cada uno de los testigos citados. A su vez, complementó dicho punto con el ofrecimiento de los restantes elementos que produciría en el juicio como imágenes, material fílmico, entre otros.
Ello así, no se advierte que la descripción efectuada impida a la Defensa conocer la acusación y los extremos que la sustentan por lo que debe rechazarse el planteo toda vez que la mera divergencia en la valoración de los elementos probatorios incorporados en la etapa anterior al desarrollo del debate no importa una falta de fundamentación, como erradamente afirma la asistencia técnica, que impida considerar al requerimiento criticado como un acto válido.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto decidió no hacer lugar al planteo de nulidad efectuado por la Defensa, en la presente causa iniciada por usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos (no autorizados), conforme el artículo 86 del Código Contravencional.
La Defensa se agravió por entender que en el caso la intervención policial se dio apartir de la aprehensión ilegal de su defendido por un particular.
Sin embargo, corresponde precisar que al menos hasta el momento, no se ha corroborado que la intervención de la policía se diera luego -y a partir- de una aprehensión del imputado efectuada por particulares.
Por el contrario, de las actas incorporadas a las presentes actuaciones surge que el personal policial fue quien detuvo el automóvil conducido por el presunto contraventor.

En el caso corresponde modificar la sentencia de grado y rechazar la demanda articulada por la actora contra el Médico tratante.
En el caso la actora promueve demanda por daños y perjuicios contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y contra el médico a cargo de la cirugía, a raíz de las quemaduras sufridas en su espalda y glúteo izquierdo, ocasionadas por la utilización del electrobisturí. El juez de grado determinó la responsabilidad de ambos codemandados por las heridas sufridas por la actora.
Contra dicha resolución, él galeno codemandado se agravió criticando la valoración de la prueba pericial realizada por el Juez de grado, dicho agravió tendrá recepción favorable.
En efecto, de la testimonial obrante en la causa, surge que la instrumentadora quirúrgica que intervino en la operación llevada a cabo por el galeno, afirmó no haberse percatado de nada, y aclaró que el equipo utilizado disponía de mecanismos de seguridad ante fallas, por consiguiente explico que ante un desperfecto del equipo sonaba una alarma, indicando dicha falla, como así dejaba de funcionar automáticamente.
En igual sentido la perito médica sostuvo que de la historia clínica no consta la descripción de una quemadura de glúteo (hecho específico de la demanda) ni en las evoluciones médicas, ni de enfermería diaria, tampoco surgían datos que le hubieran permitido al galeno codemandado tomar conocimiento de la eventual herida sufrida.
Por lo tanto, en base a lo citado precedentemente, no puede advertirse la existencia del nexo de causalidad entre el obrar del cirujano y la lesión que presenta la actora.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda iniciada por la actora por los daños físicos (quemaduras de espalda y glúteo izquierdo) ocasionados por la utilización de un elecrobisturí en el Sanatorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -OSBA.
El demandado recurrente se agravia por cuanto consideró que de las constancias de la causa había quedado demostrado que no tuvo responsabilidad alguna en el hecho dañoso alegado por la actora, destacando que en el informe pericial médico se había expresado que no podía vincularse las lesiones con la intervención quirúrgica llevada adelante por el galeno demandante.
En efecto, es menester aclarar que para atribuirle responsabilidad al galeno es indispensable tener por acreditada la relación causal, entre la quemadura sufrida por la actora, y el acto quirúrgico llevado adelante por el médico.
Es irrelevante la imputación de responsabilidad a un médico si no se encuentra acreditada la relación de causalidad entre sus supuestas transgresiones y el perjuicio (Fallos 321:473)
Es que no puede dejarse de lado el requisito de la causalidad que impera en la materia. Por ello debe tenerse en cuenta que la sola conexión causal física entre el obrar médico y el resultado no es, de suyo, reveladora de la existencia de una relación causal, ni demostrativa de culpa o causalidad adecuada. En la mayoría de los casos, es precisamente en este punto donde radican las dificultades del intérprete que consisten en establecer si el daño cierto, reconoce su génesis en la actuación del médico (Conforme Sala II del fuero, "Torres, Beatriz Noemí c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Hospital General de Agudos "Carlos Durand") y otros s/ daños y perjuicios" sentencia del 14/02/2003.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado y, en consecuencia, hacer lugar a la pretensión de los actores de cobro del suplemento por provisión y renovación de instrumental, previsto por el artículo 30 de la Ordenanza N° 45.604, que regula la actividad de la Banda Sinfónica Municipal.
En efecto, en las pericias efectuadas en estas actuaciones se acreditó que, en la mayoría de los casos, los instrumentos utilizados eran de propiedad de los músicos, ya sea porque el Centro de Divulgación Musical no se los había provisto, o por el hecho de que los que se ponían a disposición eran de calidad inferior.
Esta inobservancia también fue corroborada en las declaraciones testimoniales del cuaderno de prueba de la parte actora. A ello se le suma que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pudo haber acreditado la correspondiente provisión de instrumentos a partir de las planillas de registro, cosa que no sucedió.
Asimismo, en el artículo 32 de la citada Ordenanza se previó que se “abonará mensualmente un porcentaje del 15% sobre la remuneración total en caso de los músicos que aporten sus instrumentos a los efectos de proveer al mantenimiento y adquisición de los instrumentos durante el período establecido en los artículos 30 y 31”.
De la conjunción de ambos artículos se desprende que, si bien existe una obligación del empleador de proveer los instrumentos respectivos, lo cierto es que se contempló el supuesto en el que el músico aporte el propio y reciba un porcentaje adicional sobre el total del salario. El hecho de que se hubiera incumplido lo previsto en el artículo 30 no genera por sí un resarcimiento para los actores, puesto que existe un suplemento que intentaría compensar esa omisión.
En suma, corresponderá ordenar que, para los casos en los que los músicos hubieran aportado instrumentos de su propiedad, el Gobierno local deberá abonar las diferencias salariales correspondientes al 15% sobre la remuneración total de cada agente.

No es cierto que porque un testigo o víctima demostradamente haya mentido en un aspecto del suceso, entonces se infiera necesariamente que miente siempre.
La jurisprudencia alemana niega con acierto esta creencia: “El hecho de que [los testigos] hayan mentido sobre algunos puntos los hace censurables, considerando el restante resultado de la prueba; pero con esta constatación no se puede probar que, por ello, hayan mentido en todas sus declaraciones”.
Y respecto del dicho “En boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, los tribunales aplican la doctrina que afirma que “es un concepto erróneo muy difundido pensar que siempre que una persona mienta respecto de un punto secundario, también miente sobre la cuestión central” (Tribunal Regional de Mannheim, 31/5/11, citado en “La cuestión del testimonio único como base de una acusación por violación”, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, AbeledoPerrot, 4/12, p. 628.)

El paso del tiempo es un factor comprobadamente relevante a efectos de cómo las experiencias son reelaboradas en la memoria.
Por ello, no es un parámetro confiable entender que si una persona dice ahora no recordar el hecho, entonces necesariamente mintió cuando, a los pocos días del suceso, dio detalles más precisos.
De tales olvidos no puede inferirse por regla que el testigo miente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de juicio, en la presente causa iniciada por el delito de atentado contra la autoridad, agravado por poner manos en la autoridad (conforme el artículo 238, inciso 4 del Código Penal).
La Defensa sostuvo que se habían violado los principios de objetividad, legalidad y defensa en juicio, toda vez que la Fiscalía no investigó las circunstancias que permitían eximir de responsabilidad a los imputados (conforme artículo 5 del Código Procesal Penal), y los privó de la posibilidad de producir e indicar prueba de descargo.
Sin embargo, en el caso de autos se advierte que la Defensa no propuso una prueba novedosa, sino que pretendió la convocatoria del personal preventor, que ya había prestado declaración en sede policial, a los fines de contrastar el testimonio de éstos con la versión introducida por sus asistidos.
El Fiscal sostuvo, en el cuestionado requerimiento de juicio, que el descargo de los acusados no había logrado poner en crisis su imputación, por lo que promovía el debate oral y público en base al material probatorio recopilado en la investigación. Así, al momento de ofrecer la prueba para el debate, el Fiscal solicitó las declaraciones testimoniales pretendidas por la Defensa, concretamente la de los oficiales que intervinieron en la detención de los encausados.
Ello así, la recurrente no ha demostrado la afectación de derechos alegada, cuando las medidas probatorias que reclama serán producidas en el ámbito en el que, podrá contraexaminar la prueba de cargo con el objetivo de hacer prevalecer la versión de sus asistidos o cualquiera que fuera la teoría del caso que para ese entonces se decida.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda iniciada por la actora por los daños físicos (quemaduras de espalda y glúteo izquierdo) ocasionados por la utilización de un elecrobisturí en el Sanatorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -OSBA.
El demandado recurrente se agravia por cuanto consideró que de las constancias de la causa había quedado demostrado que no tuvo responsabilidad alguna en el hecho dañoso alegado por la actora, destacando que en el informe pericial médico se había expresado que no podía vincularse las lesiones con la intervención quirúrgica llevada adelante por el galeno demandante.
Por su parte, la perito refirió que el procedimiento quirúrgico se realizó conforme al arte de curar. Por su parte, de la historia clínica tampoco surgían datos que le hubieses permitido al galeno codemandado tomar conocimiento de la eventual herida sufrida como consecuencia del electrobisturí. En ese sentido se dejó constancia que la paciente se retiró del quirófano en buen estado.
Asimismo, de los reportes de la enfermería no surgirían elementos que evidenciasen manifestaciones de dolor por parte de la actora durante su estadía en el nosocomio.
Por todo lo manifestado, y a partir de las constancias que se presentan en el expediente, no se puede advertir la existencia de un nexo de causalidad entre el obrar del cirujano y la lesión sufrida por la actora.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda iniciada por la actora por los daños físicos (quemaduras de espalda y glúteo izquierdo) ocasionados por la utilización de un elecrobisturí en el Sanatorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -OSBA.
El demandado recurrente se agravia por cuanto consideró que de las constancias de la causa había quedado demostrado que no tuvo responsabilidad alguna en el hecho dañoso alegado por la actora, destacando que en el informe pericial médico se había expresado que no podía vincularse las lesiones con la intervención quirúrgica llevada adelante por el galeno demandante.
En efecto, todos los profesionales intervinientes en el acto quirúrgico coincidieron en que no habían presenciado nada inusual, así como también manifestaron no recordar la existencia de quemadura alguna. En especial es importante destacar que la instrumentadora quirúrgica que intervino en la operación llevada adelante por el médico, manifestó que más allá de no haberse percatado de nada, aclaró que el equipo utilizado disponía de los mecanismos de seguridad ante fallas. Por consiguiente, explicó que ante un desperfecto del equipo, sonaba una alarma indicando dicha falla, así como también dejaba de funcionar automáticamente.
Por todo lo manifestado y a partir de las constancias que se presentan en el expediente, no se puede advertir la existencia de un nexo de causalidad entre el obrar del cirujano y la lesión sufrida por la actora.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda iniciada por la actora por los daños físicos (quemaduras de espalda, glúteo izquierdo) ocasionados por la utilización de un elecrobisturí en el Sanatorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -OSBA.
El demandado recurrente se agravia por cuanto consideró que de las constancias de la causa había quedado demostrado que no tuvo responsabilidad alguna en el hecho dañoso alegado por la actora, destacando que en el informe pericial médico se había expresado que no podía vincularse las lesiones con la intervención quirúrgica llevada adelante por el galeno demandante.
Cabe destacar, que si bien la labor del perito no tiene efecto vinculante, sino solamente consiste en contribuir a formar la convicción del juez salvo en los casos en que así lo exige la ley, el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto, sin fundar su discrepancia (conforme Fenochietto Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" segunda edición actualizada y ampliada, Astrea, 2001, T II página 714 y Jurisprudencia ahi citada).
Ante ello, tampoco pueden obviarse las constancias que obran en la historia clínica, en las cuales no puede hallarse un solo indicio de la quemadura sufrida por la actora, al menos durante su estancia en el nosocomio como consecuencia de la intervención quirúrgica practicada. Por consiguiente, es poco probable que existiendo tantos profesionales interviniendo, así como también diversos turnos de enfermería, no existiese ni una sola referencia a la herida referida por la actora. Ello se encuentra reforzado por la falta de manifestación alguna por parte de la paciente encontrándose diversas constancias en la historia clínica completada por diversos profesionales de distintos días y turnos en los cuales se consginó que la actora no manifestaba dolores de ningún tipo.
De modo que no puede advertirse la existencia de un nexo de causalidad entre el obrar del cirujano y la lesión sufrida por la actora.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado por la contravención prevista en el artículo 88 de la Ley Nº 1.472 y, en consecuencia, declarar su absolución.
Con la prueba de cargo aportada por la Fiscalía, el Juez de grado tuvo por probada la existencia del hecho y la responsabilidad que en él le cupo al imputado. Así, fundamentó que el nombrado había organizado la actividad lucrativa en el espacio público sin la debida autorización, destacando que se había presentado en dos oportunidades para la solución alternativa del conflictos donde el encartado asumió la representación del colectivo de personas del lavadero. A ello, añadió que del “cuadernillo” y del formulario de reserva de nombre ante la Inspección General de Justicia, surgía que el encausado era la única persona que figuraba como contacto de este grupo.
Puesto a resolver, cabe reflexionar en torno a la información que surge de las constancias documentales aportadas por la Defensa. Concretamente, en lo que respecta al “cuadernillo” aludido por el A-Quo para fundamentar la sentencia, en tanto si bien es cierto que encausado aparece como contacto de este grupo de personas cuya actividad se relaciona con la ventilada en autos, no se observa que el nombrado ostente un rol y una motivación distinta vinculada a una labor de compromiso social.
De hecho, repárese que de los fundamentos del fallo no surge que se haya descripto conducta alguna del nombrado que pudiera calificarse bajo los parámetros que reclama la figura —por ejemplo, arbitrar medios físicos y/o económicos para el funcionamiento de la actividad, coordinar personas, disponer los medios para el desarrollo de la actividad, etc.—.
A su vez, de los testimonios brindados por los oficiales actuantes —que darían sustento a la imputación en autos— se desprende que tampoco resultaron coincidentes en punto a la cantidad de personas que desplegarían la actividad en cuestión, pues, mientras uno dijo haber constatado la presencia de cinco o seis personas —aunque en el informe consignara que eran once—, otro de los agentes no pudo recordar cuántas había y otro refirió que solamente eran dos sujetos lavando tres autos.
Es decir, ninguno de los testimonios de los oficiales que realizaron tareas de investigación en el caso resulta relevante a efectos de señalar al imputado como organizador de la actividad en cuestión, pues ninguno aporta información en ese sentido. Y ninguna prueba coloca al nombrado en la escena de los hechos.
En virtud de ello, cabe concluir que los elementos probatorios que conformaron el cuadro cargoso resultan insuficientes para sostener la responsabilidad del encartado con relación a la acusación que se le ha dirigido en el presente caso.

En el caso corresponde, confirmar la sentencia de grado que condenó al GCBA a abonarle a la accionante las diferencias salariales por la Función Ejecutiva que le hubiesen correspondido como Jefa de Sección de un Hospital Público, dentro de los cinco (5) años anteriores a la interposición del reclamo administrativo y además reconoció el carácter remunerativo del suplemento por conducción y de los rubros solicitados.
El Gobierno local se agravió contra la resolución de grado, rechazando el carácter remunerativo del suplemento de conduccion reconocido argumentando que respecto al cargo de Jefe de Sección no existe en si acto administrativo alguno, y en el caso de la designación a cargo de la Jefatura de Sección enfermería se trata tan solo de una encomienda de tareas que pudo haber sido rechazada por la actora y que no supone el desempeño efectivo de la función jerárquica.
Cabe recordar que el decreto N° 861/93 determinó los cargos que percibirián el suplemento adicional, el cual sería liquidado al personal que reuniese las siguientes condiciones: i) revestir en alguna de la funciones de Director General, Director General Adjunto, Director, Jefe de Departamento, Jefe de División, Jefe Sección o Capataz; ii) ejercer efectivamente las funciones mencionadas; y por último, iii) contar con personal a cargo.
En ese séntido el juez de grado determino que habiéndose acreditado el efectivo cumplimiento de las tareas correspondientes a los cargos de Jefa de Sección y Jefa de División del Departamento de Enfermería a cargo de la actora,el hecho de que no se encontraría designada por la Administración, no impide la procedencia del reclamo por el cobro de los salarios que le correspondía percibir. Si la accionante realizó las tareas inherentes al cargo cuyo reconocimiento en su ejercicio reclama, nada obsta a que se le reconozca el derecho a la retribución que corresponde a las tareas realizadas, con fundamento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”
Asimismo, los testigos quienes trabajaban con la actora en el Departamento de Enfermería señalaron que la accionante cumplía funciones de Jefa de Sección con aproximadamente diecisiete personas a cargo y en relación al cargo de Jefa de División, el Departamento de Enfermería informó que la agente se desempeñaba efectivamente en ese cargo. Frente a ello, el GCBA soslayó especificar en qué consistió el error de interpretación atribuido al juez de grado, o bien cuáles serían los elementos de prueba producidos en autos que impondrían arribar a un resultado diverso al adoptado en la sentencia impugnada.
En consecuencia, al no haberse desvirtuado las consideraciones efectuadas por el a quo que llevaron a hacer lugar a los planteos bajo examen, corresponde declarar desierto el agravio en estudio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, respecto del planteo de nulidad del requerimiento por basarse en el informe telefónico de la damnificada, dicho informe no sustenta esencialmente la pieza acusatoria, siendo que inclusive, ni siquiera ha sido ofrecido como prueba para el debate. La Fiscalía ofreció la declaración de la denunciante como prueba testimonial.
Las evidencias que resultan del legajo, no constituyen prueba, por no haber sido sometidas al contradictorio y será responsabilidad exclusiva del Fiscal que dichas constancias apoyen su teoría del caso, para evitar acusaciones infundadas; que sí pueden generar la posibilidad de sanciones por mal desempeño funcional.

En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de grado que rechazó la solicitud de sobreseimiento de quienes se encuentran imputados por la contravención regulada en el artículo 82 del Código Contravencional.
En efecto, la causa se inició en ocasión en la que personal policial fue desplazado al domicilio de quien realizó na denuncia por ruidos molestos que se originaban desde un local bailable.
La denunciante informó que los ruidos provenientes del local impedían su normal descanso, ante lo cual se dirigieron hasta el lugar y dejaron constancia de haber constatado fehacientemente los ruidos molestos denunciados, por lo que se labró la correspondiente acta contravencional por infracción al artículo 82 del Código Contravencional.
La misma situación se repitió diferentes días y en todos los casos se dejó constancia de la generación de ruidos molestos desde el local y se labraron las actas correspondientes.
En la investigación se incorporaron las versiones de diversos testigos, todos moradores de distintos departamentos del edificio de la denunciante, quienes confirmaron que desde el local bailable se generaban ruidos molestos.
Ello así, el requerimiento de la Fiscalía cumple con los requisitos de forma previstos para dicho acto en el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional y no se advierte la liviandad de la acusación que pudiera tornar admisible su nulidad, ya que el Ministerio Público Fiscal ha sostenido su acusación con el ofrecimiento de múltiples elementos probatorios, entre los que se destacan las testimoniales de la propia denunciante y de sus vecinos que corroborarían la percepción de ruidos molestos generados desde el local bailable. (Del voto en disidencia de la Dra. Marta Paz).

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la audiencia de juicio por denegatoria de recepción de pruebas en los términos del artículo 234 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
En efecto, conforme las constancias del expediente, se le atribuye al encartado el haber interceptado a bordo de un motovehículo la marcha del rodado que manejaba su ex pareja, golpeando el vidrio del conductor y exigiéndole que detenga el vehículo, y haberle proferido la frase: “ahora vengo que voy a buscar el fierro. Los voy a llenar de tiros a los dos. Soy loco, alto chorro soy, te va a caber a vos”.
Puesto a resolver, y en primer lugar, cabe referir que la formulación de la imputación en autos resultó, cuando menos, ambigua, dado que no precisa si la frase presuntamente amenazante habría sido proferida en la oportunidad en que el imputado habría interceptado la marcha del vehículo, o en la oportunidad en que dicho vehículo finalmente se detuvo.
Precisamente por ello la declaración de uno de los testigos ofrecidos por la Defensa, quien habría conducido la moto con la que el imputado habría alcanzado y obstruido la marcha del vehículo en el que iban la denunciante y su acompañante, quien también lo trasladara hasta el lugar donde se habrían proferido finalmente las amenazas, devino indispensable su testimonio en los términos del artículo 234 del Código Procesal Penal de la Ciudad para verificar si allí fueron enunciadas efectivamente las amenazas investigadas en autos.
Sin embargo, pese a que el Defensor volvió a requerir —luego de producida la prueba testimonial, entre otras pruebas, la declaración de los testigos presenciales del hecho que no fueron citados por la fiscalía ni por la anterior defensa del imputado— que se convocara a los testigos ofrecidos, la A-Quo denegó dicha prueba afirmando que el artículo 234 le exige ser restrictiva respecto de la prueba que no ha sido objeto de debate de admisibilidad.
En atención a lo expuesto en los párrafos que anteceden, entiendo que se vió vulnerado en autos el derecho de defensa del encausado, por habérsele negado que produjera prueba esencial para contradecir la versión de la Fiscalía, afectándose de esta manera el contradictorio, motivo por el cual corresponde revocar la sentencia apelada y absolver de culpa y cargo al imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la audiencia de juicio por denegatoria de recepción de pruebas en los términos del artículo 234 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
En efecto, conforme las constancias del expediente, se le atribuye al encartado el haber interceptado a bordo de un motovehículo la marcha del rodado que manejaba su ex pareja, golpeando el vidrio del conductor y exigiéndole que detenga el vehículo, y haberle proferido la frase: “ahora vengo que voy a buscar el fierro. Los voy a llenar de tiros a los dos. Soy loco, alto chorro soy, te va a caber a vos”.
Ahora bien, la razón dada por la Juez de grado para negarse a recibir declaración testimonial al padre del imputado, esto es que se encuentra amparado por el artículo 122 del Código Procesal Penal de la Ciudad y que no ha tenido una actitud proactiva al no haber declarado durante la investigación siendo una posible víctima, no puede compartirse.
La norma en cuestión (art. 122 CPPCABA) faculta al padre a abstenerse de testificar en contra del imputado y es obligación del juez que preside el debate advertirle dicha facultad dejando la debida constancia. Pero en modo alguno prohíbe que declare bajo juramento de decir verdad. Menos aún, cuando es la Defensa quien lo ofrece como testigo presencial para acreditar que la frase que el requerimiento de juicio le reprocha haber proferido en su presencia no fue dicha.
Sin embargo, al fundamentar la condena, la Jueza de grado equivocó las razones por las que denegó este testigo. Sostuvo que lo había denegado porque no había sido testigo presencial del hecho, dado que llegó al lugar después. No obstante, el padre fue convocado por la denunciante mientras se desplazaba hacia el punto de encuentro con él acordado y presenció todo lo atribuido a su hijo en dicho lugar. Sobre ello fue clara la propia denunciante, conforme la cita la Defensa “…cuando llegó ya estaba el padre…".
En atención a lo expuesto en los párrafos que anteceden, entiendo que se vió vulnerado en autos el derecho de defensa del encausado, por habérsele negado que produjera prueba esencial para contradecir la versión de la Fiscalía, afectándose de esta manera el contradictorio, motivo por el cual corresponde revocar la sentencia apelada y absolver de culpa y cargo al imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la audiencia de debate en la que se dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito establecido en el artículo 189 bis, inciso 2°, párrafo 8° del Código Penal, y en consecuencia, remitir las actuaciones al juez que resultare desinsaculado para la celebración de un nuevo juicio oral y público.
Se le imputó al encartado el haber portado entre sus ropas una pistola cargada, con aptitud para el disparo, sin la debida autorización legal, en la intersección de dos calles de esta Ciudad.
La Defensa se agravia, en lo que aquí interesa, en la falta de consideración de los testigos ofrecidos por su parte, al indicar que se trataba de individuos imparciales desde el punto de vista de que no tenían interés alguno sobre el proceso, ya que no conocían al imputado. Refiere que los motivos para desestimar tales testimonios fueron infundados.
En efecto, el testimonio de lo uno de los testigos ofrecidos por la Defensa se asienta sobre la base de que el procedimiento se llevó a cabo en un lugar distinto al indicado por los preventores, lo que incluso se desprende del croquis realizado al momento de su declaración.
Este testigo, si bien recordó la vestimenta del imputado, la cual surge con claridad de las vistas fotográficas agregadas al expediente, su testimonio fue desestimado por no recordar las características físicas de los prefectos, más de un año después del hecho, circunstancia caracterizada como "memoria selectiva" por parte del distinguido magistrado actuante.
Así, la "memoria selectiva" con que se califica a la declaración testimonial del nombrado, por no recordar las características físicas de los prefectos, es el único motivo remanente para la desestimación de su testimonio y así, en soledad, no parece motivo suficiente —en el entendimiento de quien suscribe— para fundar el extremo que se propone, o sea, la falta de credibilidad del elemento probatorio.
De modo tal que mi postura en el caso implica la nulidad de la sentencia de grado y la remisión a primera instancia con el objeto de que se lleve adelante un nuevo debate, a través de un nuevo, o nuevos, magistrados. (Del voto en disidencia del Dr. Franza)

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, determinar que no pesa sobre las instrumentistas quirúrgicas codemandadas responsabilidad civil alguna por los daños padecidos por la actora como consecuencia del olvido de una gasa -oblito quirúrgico- en su abdomen, al practicársele una cesárea en el Hospital Público de la Ciudad.
Ello así, toda vez que no se encuentra probado en autos que las instrumentistas incumplieron algún deber a su cargo que implique hacerlas responsables jurídicamente por el daño objeto de autos.
En efecto, al ser preguntado sobre el procedimiento de recuento de gasas, el Jefe de División Obstetricia del Hospital en su declaración testimonial indicó que la instrumentadora quirúrgica debe efectuar el conteo de todas las gasas utilizadas durante la intervención previo al cierre de las paredes abdominales y, en caso de haber diferencias en el conteo, debe comunicárselo al cirujano a cargo.
A su vez, agregó que la instrumentadora recibe de la circulante una cantidad determinada de gasas y, al finalizar la intervención, debe coincidir el conteo.
Finalmente, aclaró que quien tiene la responsabilidad de que no suceda un olvido dentro de la cavidad abdominal es el cirujano a cargo.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, determinar que no pesa sobre las instrumentistas quirúrgicas codemandadas responsabilidad civil alguna por los daños padecidos por la actora como consecuencia del olvido de una gasa -oblito quirúrgico- en su abdomen, al practicársele una cesárea en el Hospital Público de la Ciudad.
Ello así, toda vez que no se encuentra probado en autos que las instrumentistas incumplieron algún deber a su cargo que implique hacerlas responsables jurídicamente por el daño objeto de autos.
Conforme la declaración testimonial de quien en el momento del hecho se encontraba a cargo del área quirúrgica del centro obstétrico del Hospital, en las cirugías como la de autos debían estar presentes dos instrumentadoras, una aséptica, que es la que está en la mesa atendiendo al cirujano y una circulante que es la que se ocupa del movimiento y el manejo externo de la mesa de operaciones. En cuanto a la contabilidad, señaló que es una tarea conjunta entre la instrumentadora aséptica y la instrumentadora circulante. Entre lo que está en la mesa y lo que se ha desechado, tiene que dar la cantidad que había sido entregada en un principio. Cuando se advierte la diferencia “la instrumentadora circulante en ese momento lo avisa de viva voz, se revisa normalmente la cavidad o se busca la gasa y se anota en el libro de cirugía (…) se dice de viva voz para que lo escuche el cirujano, y lo escuchen todas las personas que están en el quirófano y después se anota en el libro.”
Al respecto, cabe recordar que se encuentra controvertido el aviso a viva voz del conteo incorrecto por parte de la circulante codemandada. Ella afirma haberlo hecho, y el médico cirujano no recuerda el hecho, aunque sostiene que el aviso no surge de la historia clínica. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que del Libro de Quirófanos de Obstetricia asiste razón a la instrumentista.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, determinar que no pesa sobre las instrumentistas quirúrgicas codemandadas responsabilidad civil alguna por los daños padecidos por la actora como consecuencia del olvido de una gasa -oblito quirúrgico- en su abdomen, al practicársele una cesárea en el Hospital Público de la Ciudad.
En efecto, y en lo que atañe a su tarea específica, ni de la lectura sistemática del Decreto Nº 1148/1999 -normas de organización y funciones del personal de instrumentación quirúrgica-, ni de la prueba obrante en autos, existen pruebas suficientes que prueben el incumplimiento de sus deberes específicos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que dispuso la cesantía del actor, por haber incumplido las obligaciones del artículo 12, inciso b), d), f) y h) del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales, y la Federación de Profesionales de la Salud, por tener un trato abusivo con una paciente al practicarle innecesariamente un tacto rectal por un tiempo prolongado en el Hospital Público.
El actor sostiene que la instrucción realizó un encuadre arbitrario de los hechos, basándose en presunciones que no resultan graves, precisas ni concordantes.
Ahora bien, de las constancias acercadas a la causa se desprende que los testigos -médicos que se desempeñan en el Hospital Público- coincidieron en que el tacto rectal realizado por el actor a la paciente era innecesario, toda vez que el quiste hepático -motivo de la consulta médica- se estudia a través de exámenes complementarios.
Frente a la contundencia de las declaraciones efectuadas por sus colegas resultaba imprescindible que el cesanteado presentase una defensa de peso que permitiese demostrar siquiera la razonabilidad del examen que entendió necesario realizar, pero del análisis del descargo realizado en sede administrativa, del recurso de revisión y de las pruebas ofrecidas en ambas instancias surge que no lo hizo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que dispuso la cesantía del actor, por haber incumplido las obligaciones del artículo 12, inciso b), d), f) y h) del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales, y la Federación de Profesionales de la Salud, por tener un trato abusivo con una paciente al practicarle innecesariamente un tacto rectal por un tiempo prolongado, en el Hospital Público.
El actor sostiene que la instrucción realizó un encuadre arbitrario de los hechos, basándose en presunciones que no resultan graves, precisas ni concordantes.
Ahora bien, de las constancias acercadas a la causa se desprende que los testigos -médicos que se desempeñan en el Hospital Público- coincidieron en que el tacto rectal realizado por el actor a la paciente era innecesario, toda vez que el quiste hepático -motivo de la consulta médica- se estudia a través de exámenes complementarios.
El actor intentó controvertir las opiniones profesionales aludidas afirmando que la imagen quística que presentaba la ecografía de la paciente, junto a las respuestas que aquella brindó al interrogatorio que le efectuó y el dolor que sufría ante la palpación abdominal, fueron los factores que lo llevaron a la ejecución del procedimiento, el cual consistiría en una exploración médica útil para el diagnóstico y eventual detección precoz de algunas patologías de la región pélvica.
Sin perjuicio de ello, pese a que de las constancias de la causa surge que tuvo oportunidad de hacerlo, omitió en ambas instancias ofrecer material probatorio eficaz a los efectos de fortalecer sus afirmaciones y, en consecuencia, desvirtuar las realizadas por sus colegas.
En esa inteligencia, no puede soslayarse que el recurrente solo acompañó ante esta sede una copia del expediente administrativo y de la resolución cuya nulidad persigue, junto con su respectivo dictamen de la Dirección de Sumarios, mas no ofreció elementos probatorios dirimentes que generen convicción al Tribunal acerca de la procedencia —o al menos razonabilidad— de la práctica realizada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que dispuso la cesantía del actor, por haber incumplido las obligaciones del artículo 12, inciso b), d), f) y h) del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales, y la Federación de Profesionales de la Salud, por tener un trato abusivo con una paciente al practicarle innecesariamente un tacto rectal por un tiempo prolongado, en el Hospital Público.
El actor sostiene que la instrucción realizó un encuadre arbitrario de los hechos, basándose en presunciones que no resultan graves, precisas ni concordantes.
Cabe señalar que de las actuaciones administrativas surge que a través del interrogatorio ofrecido para uno de los testigos propuestos por el actor, intentó demostrar que las imágenes quísticas hepáticas no siempre responden a un quiste simple.
Sin embargo, es de mi opinión que la generalidad de la pregunta articulada difícilmente coadyuva a esclarecer los motivos que llevaron al cesanteado a practicar un tacto rectal en el caso concreto.
Nótese que el recurrente siquiera mencionó cual podría haber sido ese “supuesto más complejo” que, según la historia clínica de la denunciante, hubiese justificado la procedencia de la práctica.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que dispuso la cesantía del actor, por haber incumplido las obligaciones del artículo 12, inciso b), d), f) y h) del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales, y la Federación de Profesionales de la Salud, por tener un trato abusivo con una paciente al practicarle innecesariamente un tacto rectal por un tiempo prolongado, en el Hospital Público.
El actor insistió a lo largo de su recurso con la importancia de ponderar el principio de discrecionalidad que según él rige la actividad galénica, mas omite ahondar en los motivos que, según su criterio profesional, podrían haber justificado dentro de un margen de apreciación subjetivo razonable la realización del tacto rectal a la paciente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso revocar la suspensión del juicio a prueba concedida en favor del imputado.
La Defensa alegó que los informes elaborados por la Oficina de Control de Suspensión de Juicio a Prueba resultan insuficientes para afirmar con certeza que su defendido haya incumplido el compromiso asumido y no pueden ser considerados como prueba suficiente de los hechos que se investigan.
Cabe tener en cuenta, que el apelante parece no advertir que aquí no se trata de la acreditación de un hecho ilícito, sino del incumplimiento de meras normas de conducta propuestas libremente por la Defensa al solicitar el instituto y respecto de las cuales el imputado prestó conformidad. Es decir, el objeto de la demostración es el hecho constitutivo de una inobservancia de lo pautado y no una conducta que configure un delito. Esta distinción tiene importantes consecuencias para establecer cuál es el estandar aplicable para considerar acreditado ese incumplimiento.
Particularmente, se constató que el acusado no observó la regla impuesta consistente en la prohibición de tomar contacto con la denunciante por cualquier medio, y la abstención de acercarse a un radio menor a los 200 (doscientos) metros de su domicilio, y es claro, que frente a la existencia de testimonios, la hipótesis de que el acusado efectivamente persistió en su trato perseguidor y agresivo resulta más probable que la hipótesis de que ello no haya ocurrido. Esto es suficiente para generar la convicción fundada de que el imputado no cumplió con la regla de conducta mencionada “supra”.
En efecto, la Jueza de grado tuvo elementos suficientes para considerar acreditado el incumplimiento de la pauta de conducta impuesta, circunstancia que fundamenta acabadamente la revocación de la suspensión de juicio a prueba.

En el caso, corresponde elevar la reparación en concepto de daño moral en la suma de $30.000, en la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor, a raíz del accidente sufrido en la pista de ciclismo.
En efecto, encontrándose acreditado la existencia de las lesiones sufridas, puede preverse, producto del accidente sufrido por el actor, la configuración de una lesión moral, sin necesidad de requerirle, a la parte mencionada, mayores elementos de prueba.
El reclamante padeció una hemorragia subaracnoidea parietooccipital izquierda más fractura parietal izquierda por lo que permaneció internado en una clínica durante tres días.
Si bien como expuso el perito médico forense tuvo una buena evolución clínica sin dejar ningún tipo de patología funciona, cabe presumir que debió atravesar molestias como consecuencia del suceso aludido.
Asimismo, de las declaraciones testimoniales surge que no se lo volvió a ver practicando ciclismo y que se encontraba deprimido.
Por último, a causa del accidente tuvo excoriaciones en cara y extremidades y, como evidenció el perito, actualmente presenta cicatrices hipopigmentadas.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar al reclamo de las diferencias salariales por parte del actor.
En efecto, no escapa de la suscripta la absoluta coincidencia entre los distintos testimonios acerca de los diversos elementos hábiles para conocer las tareas desarrolladas por el actor, su grado de autonomía y la confianza del empleador en su desempeño, lo que se traduce en la cantidad y complejidad de los juicios que le eran asignados.
Las personas que se encuentran laborando junto a él, en el mismo ámbito o dependencia, o quizá atravesando similares conflictos son quienes pueden ilustrar -con mayor claridad- acerca de las funciones, las responsabilidades y las características del Escalafón.
En este entendimiento, las herramientas de prueba con las que cuenta el actor, a los efectos de dar acabada noción de sus pretensiones se verían sumamente complejizadas al punto de poder considerarse como una prueba diabólica.
Adviértase, que son sus compañeros de trabajo quienes -en una posición mejor- pueden explicar sus efectivas tareas, su responsabilidad y su manejo autónomo; eventualmente es su propio empleador -aquí demandado- de quien depende conocer, por ejemplo: el legajo personal del empleado, las evaluaciones de desempeño, las tareas encomendadas, el posicionamiento escalafonario y el nivel salarial que corresponda al requirente y/o a otros empleados, si de una perspectiva comparativa se trata.
Las tareas desempeñadas por el actor como abogado apoderado de la Procuración General de la Ciudad en la Dirección de Relaciones Extracontractuales, queda corroborado con prueba documental y con la declaración de testigos quienes fueron contestes en que las funciones cumplidas por el reclamante coinciden con las desempeñadas por otras agentes que ostentan una categoría superior a la que reviste el recurrente.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar al reclamo de las diferencias salariales por parte del actor.
En efecto, del conjunto las declaraciones testimoniales obrantes en autos se puede extraer que las tareas que desempeñaba el actor eran idénticas a las de otra agente de la Procuración General de la Ciudad que fue encasillada en el nivel 1 del tramo C.
En particular, los juicios asignados, tanto al actor como a la agente mencionada, eran los de mayor monto, responsabilidad y complejidad.
Por lo tanto, durante ese tiempo, el accionante debió haber percibido una remuneración acorde a esa situación de revista.
Si bien se rechazó el pedido del actor de ser reencasillado en la categoría C1 por no cumplir con los requisitos dispuestos en la norma a tal fin, lo cierto es que se encuentra acreditada la situación de desigualdad frente a una agente que realizaba las mismas tareas y que estaba encasillada en ese escalafón.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso hacer lugar a la prisión preventiva del imputado, hasta que se celebre la audiencia de juicio y finalice el dictado de la sentencia.
La Defensa controvierte la materialidad de dos de los hechos atribuidos su defendido, cuales son la presunta desobediencia a la restricción de acercamiento emanada de la Justicia Nacional en lo Civil y las lesiones ocurridas en mayo del corriente año. El primero por cuanto de las copias del expediente civil, no se desprende una notificación fehaciente de la medida a su asistido, sino intentos fallidos, razón por la que entendió que mal podía sostenerse la desobediencia de una orden que no se conoce, deviniendo atípico el hecho por ausencia de dolo. En cuanto a las lesiones, consideró que nadie vio al acusado propinar el golpe, sin que pueda soslayarse que la madre de la víctima mencionó en la denuncia, que su hija le había dicho que la lesión fue producto de una discusión que había tenido con una mujer del barrio.
Sin embargo, corresponde señalar, que de las constancias del Expediente Civil, surge que el primer auto dictado por la Justicia Nacional fue aquel que impuso la prohibición de acercamiento del imputado a la víctima y su hija, ambas menores de edad y la madre y cuñada de la primera, por un plazo de noventa días.Concecuentemente, se intentó notificar al imputado en tres oportunidades con resultado infructuoso, hasta que finalmente se apersonó un Oficial de la Policía de la Ciudad en el domicilio donde reside el imputado, ocasión en la que se entrevistó con quien dijo ser tía del nombrado y recibió la notificación correspondiente a la restricción dispuesta por la Justicia Civil. Si bien la referida comunicación no fue recibida de manera personal por el imputado, como afirma la Defensa, no debemos pasar por alto que fue recepcionada por un familiar directo de éste, siendo ese domicilio el lugar donde la Defensa pretende que su defendido cumpla el arresto en forma domiciliaria, de manera tal que se trata de un domicilio que no ha sido desconocido y al que el imputado tenía acceso permanente.
Por otra parte, las presuntas lesiones que se habrían constatado en mayo pasado y que fueron denunciadas por la madre de la víctima menor de edad, no carecen de sustentos probatorios, en tanto la denunciante manifestó que tomó conocimiento de las lesiones sufridas por su hija, no sólo por haberla visto el día posterior al que habrían ocurrido, sino porque el padrastro del encausado le hizo saber que éste se las habría provocado la noche anterior, motivo por el cual concurrió a formular la denuncia pertinente. Sin perjuicio que, dado lo incipiente de la investigación, no se cuenta aún con la declaración de testigos presenciales de los hechos o de aquellos que podrían despejar las dudas insinuadas por la Defensa. No obstante, no podemos perder de vista el contexto de violencia en que se viene desarrollando el vínculo entre el imputado y la víctima desde el inicio de su relación y que el caso se enmarcó en un supuesto de violencia de género, de manera tal que rige a su respecto la regla de amplitud probatoria que establece el artículo 16 inciso “i” de la Ley N° 26.485.
En conclusión, los elementos probatorios hasta aquí reunidos y el contexto de violencia de género en que se circunscribieran las conductas atribuidas al imputado, resultan ser elementos constitutivos suficientes no solo de las figuras cuestionadas por la Defensa, sino de la totalidad de las conductas reprochadas, que permiten tener por probadas, con la certeza propia de esta etapa del proceso, la materialidad de los hechos y su participación.
En base lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por la Defensa.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia del accidente en la vía pública.
La actora se quejó de la sentencia porque considera que las declaraciones testimoniales deben ser consideradas como argumentos de suficiente valor convictivo ya que fueron contestes en acreditar que el hecho se produjo en el lugar y con la mecánica señalada en el escrito de inicio y que el estado deficiente de la vereda provocó su caída.
En efecto, los testigos fueron coincidentes en señalar que el día de los hechos la actora se cayó en la calle, a raíz del estado deficiente de la vereda.
Las declaraciones testimoniales también resultan conducentes a fin de establecer las consecuencias dañosas del hecho de autos.
Dichas declaraciones tienen suficiente sustento en las constancias documentales de autos de las que surgen que se le requirió a la actora requirió estudios de riesgo quirúrgico y provisión de prótesis por fractura de muñeca, así como en la historia clínica del servicio de ortopedia y traumatología remitida por el Hospital Público hacia donde fue trasladada por quienes la ayudaron luego del accidente y la constancia de la intervención quirúrgica a la que fue sometida.
Ello así, lo declarado por los testigos conlleva a concluir razonablemente que, estuvieron en el lugar del hecho, constataron el estado de la vereda, apreciaron las circunstancias espaciales y temporales, así como las consecuencias dañosas del infortunio y que sus dichos tienen el debido sustento en la prueba documental, informativa y pericial producida en autos, lo que corrobora razonablemente la verosimilitud de sus dichos.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto resolvió rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio esbozado por la Defensa Oficial del imputado.
La recurrente afirma que el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad establece que el Fiscal debe investigar todos los hechos pertinentes y útiles a los que hubiere hecho referencia el imputado en sus declaraciones, pero que en autos no se han meritado las manifestaciones vertidas por su defendido. En este sentido, sostiene que al momento de resolver, la “A quo” no tuvo en cuenta el criterio de objetividad sentado por el artículo 5 del Código Procesal Penal, que establece que el Fiscal investigará las circunstancias que permitan comprobar la acusación así como aquellas que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado.
No obstante, es criterio de esta Sala que la declaración de invalidez posee carácter excepcional, y que priman los principios de conservación y trascendencia de los actos. En este sentido, para declarar la nulidad de un acto procesal es necesario, entre otros requisitos, que quien la alega demuestre el perjuicio concreto e irreparable que le ocasiona el acto a su criterio viciado.
En el caso, de la lectura del artículo 206 del Código Procesal Penal de la Ciudad, contrastado con el requerimiento de elevación a juicio, se desprende que la Fiscal de grado ha efectuado una relación circunstanciada de los hechos presuntamente acaecidos y atribuidos al encausado, y describió en qué consistían las conductas ilícitas endilgadas, cuándo y dónde se habrían llevado a cabo. Asimismo surge de la pieza cuestionada cuál es su calificación legal, y en qué forma se verían acreditados de acuerdo a la etapa procesal y a la evidencia producida en la etapa de investigación, así como las pruebas ofrecidas para la audiencia de debate.
En efecto, en este punto de la presentación puesta en crisis, se desprende la enumeración de los elementos de prueba en los que se basa la fundamentación para requerir de juicio, a saber: prueba testimonial entre la que se incluye la declaración de la denunciante de autos, de personal de la OVD, OFAVyT, así como testigos de los distintos hechos endilgados al encausado, y del contexto de violencia doméstica en general, sumado a prueba documental e instrumental y el ofrecimiento de los testigos pertinentes para el momento del debate.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por la actora a fin que se suspendan los efectos del acto administrativo que impugna, por el cual se dispuso su cesantía en el cargo de docente en la sala de lactarios de un Jardín Maternal de la Ciudad de Buenos Aires, y se le abonen mensualmente los salarios que le correspondería percibir.
En el marco del sumario administrativo, la autoridad sumariante encontró a la actora responsable de violentar el inciso 12 del artículo 74 del Reglamento Escolar (Resolución N° 4776/2006) y los incisos c) y d) del artículo 6° del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593, texto consolidado según Ley N° 6.017), quedando aprehendida su conducta por la previsión contenida en el inciso t) del artículo 36 del citado estatuto, tras detectar irregularidades que habrían consistido en comentarios desafortunados y modos bruscos que habría empleado la docente para atender las necesidades básicas de los pequeños.
Cabe subrayar que la parte actora no ha aportado elementos que permitan “prima facie” despejar la cuestión sometida al debate cautelar en orden a dilucidar si las declaraciones testimoniales, en las que sustancialmente se habría apoyado la cesantía, resultarían insuficientes para tener por probados los cargos imputados, en razón de las contradicciones e inconsistencias puestas de manifiesto en el escrito de inicio.
En efecto, con relación al primero de los cargos por los que fue sancionada, la misma actora aseveró que había expresado la frase “si no se duerme le ponemos en la mamadera un Valium ja ja ja”, calificada por ella como “desafortunada” en su descargo, traduciéndose su crítica en una mera discrepancia con la valoración efectuada por la Administración.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por la actora a fin que se suspendan los efectos del acto administrativo que impugna, por el cual se dispuso su cesantía en el cargo de docente en la sala de lactarios de un Jardín Maternal de la Ciudad de Buenos Aires, y se le abonen mensualmente los salarios que le correspondería percibir.
En el marco del sumario administrativo, la autoridad sumariante encontró a la actora responsable de violentar el inciso 12 del artículo 74 del Reglamento Escolar (Resolución N° 4776/2006) y los incisos c) y d) del artículo 6° del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593, texto consolidado según Ley N° 6.017), quedando aprehendida su conducta por la previsión contenida en el inciso t) del artículo 36 del citado estatuto, tras detectar irregularidades que habrían consistido en comentarios desafortunados y modos bruscos que habría empleado la docente para atender las necesidades básicas de los pequeños.
Cabe subrayar que la parte actora no ha aportado elementos que permitan “prima facie” despejar la cuestión sometida al debate cautelar en orden a dilucidar si las declaraciones testimoniales, en las que sustancialmente se habría apoyado la cesantía, resultarían insuficientes para tener por probados los cargos imputados, en razón de las contradicciones e inconsistencias puestas de manifiesto en el escrito de inicio.
En efecto, y en cuanto a los modos bruscos que habría empleado la docente para atender las necesidades básicas de los pequeños, esto es, concretamente haber “palmeado en la cola y sostener la cabeza de un niño con fuerza para que se durmiera”, no aparece –por el momento– acreditado en autos, más allá de sus manifestaciones, que la imputación se hubiera formulado sin valorar adecuadamente las declaraciones testimoniales brindadas en sede administrativa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por una agente y condenó a la demandada al pago de las diferencias salariales correspondientes al pago del Suplemento por Conducción (Decreto N° 861/93) por las tareas ejecutivas que aquella realizara como Jefa de División (Supervisora) de Enfermería en el Hospital Público de la Ciudad y hasta tanto continúe ejerciendo el cargo.
La demandada se agravió al considerar que la prueba colectada no sería suficiente para hacer lugar a lo pretendido por la actora y criticó la valoración que el Juez hizo de las declaraciones testimoniales las que consideró “plagadas de subjetividades".
Sin embargo, del informe agregado por la propia demandada surge que la reclamante se encuentra cumpliendo funciones de Jefa de División del turno Sábado, domingo y feriados y que se encuentra tramitando dicha jefatura.
Del mismo informe surge el detalle de las tareas que la actora lleva a cabo.
Asimismo, las declaraciones de los testigos citados son contestes en sostener que la actora se desempeña como Supervisora de enfermería, con personal a cargo.
Ello así, se encuentra suficientemente acreditado el ejercicio material de funciones ejecutivas por parte de la accionante.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso del actor y ordenar al Gobierno que reconozca como su fecha de ingreso el 1º de abril de 2007 y abone las diferencias salariales que surjan como consecuencia de la rectificación de la antigüedad y reconozca los días de descanso anual remunerado no gozados oportunamente.
El Juez de grado rechazó la solicitud del actor respecto al reconocimiento de la fecha de ingreso como trabajador de la Administración denunciada en la demanda (13 de mayo 2000).
En efecto, hasta el mes de abril de 2007 el actor reconoce que no suscribió contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la primera de estas etapas.
Para fundar la fecha de ingreso denunciada, el actor presentó el “print” de pantalla del Sistema Integral de Recursos Humanos, pero hay ciertos elementos que impiden otorgarle al documento el valor probatorio que el actor pretende.
El documento presentado es una declaración del actor que contiene las leyendas “Revisión de datos personales” y “Se deja constancia de que la información suministrada se considera meramente informativa, no implicando el reconocimiento de beneficios que puedan resultar de la misma, los cuales deberán gestionarse por las vías correspondientes”; a su vez esta impresión lleva únicamente la firma del interesado y la página web en la que cargaron .En síntesis, todo parecería indicar que esta ficha fue llenada por el interesado -o a pedido de éste- con los datos por él informados y que tal carga no implicaba el reconocimiento de aquellos por parte del demandado.
Asimismo, tampoco se puede acreditar la fecha de ingreso denunciada con las declaraciones testimoniales, toda vez que los testigos presentados manifestaron haberlo conocido en el año 2007 o 2008.
Ello así no se encuentra acreditada la prestación de servicios entre el 13 de mayo de 2000 y el 31 de marzo de 2007.

En el caso, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa y confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso dictar la prisión preventiva de los imputados por el término de noventa días.
Conforme las constancias en autos, se le atribuye a los imputados los delitos de lesiones graves en riña, agravadas por haber sido causadas con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo (art. 95, CP, en función de los arts. 1° y 2°, Ley N°23.184) y de resistencia a la autoridad con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo (art. 6°, Ley N° 23.184). Por otro lado, se le atribuye a uno de los imputados el delito de portación de armas de guerra (art.189 bis, inc. 2, 4° párr., CP).
La Defensa se agravió y sostuvo que la Magistrada de grado no ha valorado ni ha tratado las versiones de los hechos que han dado sus asistidos, señalando ambos que no participaron en agresión alguna y que sólo se limitaron a defenderse de otro grupo. Asimismo, la Defensa entendió arbitraria la decisión de grado, en cuanto se le imputan a las encausados lesiones que les produjeron a sus propios compañeros otros atacantes.
Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por la Defensa y de consuno con lo expuesto por la Magistrada de grado, las declaraciones testimoniales del personal policial interviniente son contestes en afirmar la participación de los encausados en los hechos aquí investigados, no sólo por intervenir en la riña que se desarrolló en la vía publica, sino además por ofrecer resistencia al personal policial.
Por otra parte, el argumento vinculado a que dos de los lesionados serían del mismo grupo que los encausados, con la finalidad de desvirtuar la imputación, no es atendible, ya que si bien ello podría verse comprobado con prueba adicional, no es menos cierto que fueron varias las personas lesionadas en los sucesos aquí pesquisados, al punto que en las actas de intimación de los hechos se mencionaron tres personas más lesionadas.
En estas condiciones, debe considerarse que el cuadro probatorio hasta aquí reunido y sin perder de vista la etapa procesal en la que se encuentra el legajo, no aparece insuficiente, endeble o contradictoria como denuncia la Defensa.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de la Defensa y, en consecuencia, revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso dictar la prisión preventiva de los aquí imputados, por el termino de noventa días.
Así las cosas, si bien no hay dudas de que en oportunidad de un evento futbolístico, se produjo una riña entre distintas facciones simpatizantes del club de futbol, no se encuentra descripta la contribución especifica de los aquí imputados en el suceso, ni ello fue esclarecido en la audiencia en la que se les impuso la prisión preventiva, citando al personal policial que participó en las detenciones de ambos. En este sentido, las declaraciones prestadas por el personal de la Policía de la Ciudad que intervino en los hechos, hacen referencia a muchas personas, entre las cuales resultaron detenidos también los aquí imputados.
Por esta razón, la citación de testigos en estos casos, en mi opinión, es ineludible a los fines de acreditar la pretensión fiscal, pues no sólo la actividad de la Defensa se haya en juego, sino también, y principalmente, la pesada carga probatoria que pesa sobre la Fiscalía como así también su rol de garante en el proceso y custodio de la legalidad del mismo (art. 6 del CPP).
En efecto, en atención a la deficiencia en la acreditación de la imputación, y la ausencia de producción de la prueba en la audiencia de prisión preventiva de aquellos testimonios incluidos en el sumario policial y que darían mayor peso a la hipótesis acusatoria respecto de los aquí imputados, la materialidad de los hechos no puede tenerse por acreditada con el grado de certeza necesario como para imponer el encierro preventivo de los encausados.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que rechazó la demanda por los daños y perjuicios derivados del hostigamiento laboral alegado.
La actora cuestiona la valoración de las declaraciones testimoniales efectuadas por la Jueza de grado para concluir en la falta de certeza sobre los hechos relativos al acoso laboral narrado en la demanda.
Sin embargo, de la declaración testimonial de una de las enfermeras ofrecidas como testigo se advierte que incurre en una palmaria contradicción al declarar por hechos ocurridos entre el 2001 y el 2004 cuando afirma haber trabajado con la actora con anterioridad a 1990.
Se coincide con la Magistrada en tanto afirma que “más allá de las evidentes contradicciones en las que incurre la testigo al describir las situaciones de discriminación que señala, circunscribe su relato a los años 89 y 90, manifestando que luego de ello abandonó el Servicio de oftalmología que compartía con la reclamante.
Si bien la actora reproduce en su recurso el testimonio de la citada enfermera, no controvierte ni mínimamente el criterio adoptado en la sentencia de grado.
Ello así, el referido testimonio no es viable "per se" para tener por probados los hechos dañosos y los extremos invocados en la demanda lo que coincide con otras pruebas arrimadas a la causa que impiden tener por acreditados los episodios de maltrato, persecución y discriminación narrados por la actora en su demanda y en el recurso en análisis.

Las reglas de la sana crítica, aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad del Juzgador.
Se trata, por un lado, de los principios de la lógica, y, por otro lado, de las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de posibilidad y de realidad (PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993, t. IV, núm. 421, pp. 414 y ss.).
En este contexto, y con el objeto de analizar la prueba testimonial, cabe recordar que el Juez goza de amplias facultades para valorar, en un marco de libertad – no de discrecionalidad– conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales.

La apreciación de la eficacia del testigo debe ser efectuada atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones y aquéllas no son sino las del correcto entendimiento humano, extraídas con recto criterio de la lógica y basadas en la ciencia, experiencia y observación de los demás elementos agregados a la causa, siendo así que la fuerza probatoria de la declaración de un testigo está vinculada con la razón de sus dichos y en particular con la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que es condición esencial de su validez, al punto que el propio código impone al Juez exigirla y la declaración que adolece de ese vicio carece de atendibilidad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora a fin de obtener su correcto encasillamiento y, consecuentemente, el cobro de las sumas adeudadas en concepto de diferencias salariales.
La recurrente asegura que las constancias de autos no resultan suficientes para acreditar las tareas que efectuaba la actora a efectos de obtener el reconocimiento de la diferencia salarial reclamada.
Sin embargo, la prueba producida en autos demuestra que la actora ejercía tareas de conducción.
No sólo resultan ilustrativos las declaraciones de los testigos sino que obra en autos el acto que le asignó a la actora tareas de jefatura de la división de Mesa de Entradas como así también las evaluaciones de desempeño que señalan que la actora tenía personal a cargo y, además, percibía el suplemento por conducción que es otorgado cuando el agente cumple funciones ejecutivas y tiene personal a cargo.
Frente a estas acreditaciones, el demandado se limitó a mencionar que las labores fueron asignadas de modo temporario y que los testimonios no resultaban contundentes en cuanto a las tareas desarrolladas por la actora, empero no presentó ninguna prueba que demostrara que las funciones de jefatura que le fueron asignadas a la actora no fueron efectivamente desarrolladas por ella hasta su jubilación.
Ello así, acreditado que la actora efectuaba tareas de conducción y que tenía personal a cargo resulta suficiente para considerar que el encasillamiento en el tramo sostenido por la recurrente resulta desacertada en tanto allí no se contempla esta situación.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, por la que se resolvió condenar al imputado por encontrarlo autor contravencionalmente responsable de la conducta prevista en el artículo 53 de la Ley N° 1472, en función del agravante previsto en el artículo 53 bis, inciso 3 y 8, del mismo cuerpo legal.
Se le atribuye al imputado el hecho en el cual tomó de los hombros y sacudió violentamente a su hija de 6 años, en virtud de lo cual, el personal del nosocomio donde tuvo lugar el evento le refirió que no podía hacer eso, oportunidad en la que el acusado le respondió "sabes las cosas que le puedo hacer y ustedes ni se van a enterar”.
La Defensa sostuvo que para demostrar la materialidad del maltrato físico del imputado a su hija, no se había tenido en cuenta la totalidad de la prueba producida durante el debate. Indicó que el pronunciamiento en crisis se limitaba a enumerar los dichos de la enfermera del nosocomio para recalcar que los hechos violentos existieron, sin embargo no se valoró el relato de la víctima.
Ahora bien, respecto de la apreciación de los elementos de convicción, a diferencia de lo postulado por la recurrente, la Jueza valoró los dichos de la víctima a través de Cámara Gesell, que si bien no recordaba puntualmente el incidente ocurrido con su padre, al ser consultada respecto a si durante las visitas de su papá al hospital había habido algo que a ella no le haya gustado, la niña pudo referir: “las cosas que me estuvo haciendo”, especificando tras ser repreguntada: “cosas malas que a los nenes no le deben hacer…”
Asimismo, la Magistrada justipreció los informes interdisciplinarios practicados en el hospital por la médica y psiquiatra infanto-juvenil, quien también fue escuchada en el debate y refirió que “tuvo dos encuentros con la niña en el hospital con la modalidad lúdica y pudo concluir que la menor tenía una temática de los juegos agresiva, expresando esta actitud incluso en su comportamiento corporal, lo que evidenciaba que estaba tratando de elaborar a través del juego vivencias traumáticas o de violencia, y que le había manifestado que prefería que la cuidara su abuela y no su papá.
Además de esto, no debe obviarse que la victima fue internada en la institución con el rótulo de sospecha de abuso sexual infantil, y que fue la abuela materna de la menor quien había realizado la correspondiente denuncia, sumado a que se cuenta también en autos con el informe interdisciplinario elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes valoraron que la situación de riesgo global de la niña era altísimo.
De este modo, se aprecia que la Magistrada no fundó la condena en un único testimonio, sino que realizó una valoración integral de la totalidad de los elementos, los que coadyuvan a dar sustento a aquél y se logra sostener debidamente la acusación formulada por la Fiscalía.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto rechazó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
La Defensa se agravia por considerar que resulta nula la acusación fiscal ya que, a su entender, aquel acto se basaría casi exclusivamente en las manifestaciones de la denunciante y de la testigo presencial que fueron recibidas por teléfono, por lo que carece de sustento probatorio suficiente.
Sin embargo, las declaraciones de los testigos han sido debidamente ofrecidas por el Fiscal en el requerimiento, y admitidas en la audiencia celebrada en los términos del artículo 210 del Código Procesal Penal.
En suma, no nos encontramos frente a una acusación que intente acreditar los hechos denunciados mediante simples entrevistas telefónicas.
Asimismo, las constancias de las comunicaciones telefónicas mantenidas no fundan por sí solas la remisión de las actuaciones a juicio oral y público, sino que aquí se cuenta además con la declaración testimonial del denunciante en la sede de la Fiscalía, los informes médico legal elaborados respecto de la lesión que aquél habría sufrido y la vista fotográfica de aquella consecuencia en su cuerpo, la fotocopia y original del certificado médico expedido por el odontólogo y la constancia de alta médica en ART, entre otras evidencias.
Todos estos elementos son mencionados por la Fiscalía como sustento de su hipótesis.

La circunstancia de que la prueba de un suceso se derive exclusivamente de las manifestaciones de la propia víctima no impide, de por sí, arribar a una sentencia de condena.
En ese sentido, tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia -en el fallo “N G , G E s/ infr. Art. 149 bis CP”, expte, n° 8796/12, rto. el 11/9/13- que: “el antiguo adagio ‘testis unus, testis nullus’, con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no constituye una prueba suficiente para tener por acreditada la materialidad del hecho o la autoría y participación de un sujeto respecto de ese hecho, no tiene gravitación actualmente en la normativa procesal vigente en la Ciudad, que adopta como reglas generales: i) la ‘amplitud probatoria’ para demostrar los hechos y circunstancias de relevancia: y ii) el sistema de la ‘sana crítica’, como método para valorar la prueba producida […].
Como consecuencia, no existe ningún impedimento de naturaleza legal, en la materia, para que la fundamentación de una sentencia de condena se base en el testimonio de un solo testigo, ni una sentencia dictada de este modo es descalificable, sin más, bajo el fundamento de que desconoce los principios constitucionales que en autos se entienden vulnerados, toda vez que no hay regla alguna que imponga una manera determinada de probar los hechos de la acusación, ni un número mínimo de elementos probatorios de cargo para dictar un fallo de condena como el que aquí se recurre” (del voto de las Juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia impugnada, en cuanto resolvió no hacer lugar a las nulidades planteadas por la Defensa de la imputada, y en consecuencia, condenar a la sociedad, a la pena de multa de setecientas ochenta unidades fijas (780 U.F.), por considerarla responsable de la falta tipificada en el artículo 4.1.22, segundo párrafo, de la Ley N° 451, por la conducta consistente en no exhibir documentación obligatoria.
La Defensa se agravió e indicó que en la sentencia se ignoró por completo la profusa prueba acompañada por esa parte en el descargo administrativo así como ante el órgano judicial. Asimismo, refirió que se rechazó la producción de la prueba testimonial e informativa que ofreció, sin la más mínima fundamentación y/o explicación, reeditándose la arbitrariedad en la que ya se había incurrido en sede administrativa.
Sin embargo, en cuanto al rechazo de la prueba informativa, que consistía en librar oficios a varias dependencias gubernamentales, a fin de que se expidan sobre la autenticidad de los certificados por ellos librados, la Jueza de grado indicó que ello excedía el marco de las imputaciones, pues el acta se confeccionó por falta de exhibición de determinada documentación obligatoria y no se cuestionaba la autenticidad de los certificados presentados.
Asimismo, y en relación a la denegación de la prueba testimonial, cabe expresar que al momento de analizar este punto, la “A quo” fundamentó en debida forma las razones del rechazo de la prueba testimonial, por sobreabundante, pues del acta en cuestión no surge que esos testigos hayan estado al momento de los hechos.
Siendo así, cabe afirmar que la crítica de la recurrente respecto del análisis probatorio efectuado en la sentencia se traduce en una reiteración de los argumentos rendidos en primera instancia y encubre una mera discrepancia con la forma en que la Jueza de grado, a partir del principio de inmediación, valoró la prueba producida en el debate, lo que no alcanza para tachar la resolución de arbitraria.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención de la imputada por considerarla "prima facie" autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La Defensa se agravia por considerar que no se encuentra acreditada la materialidad de los hechos.
En efecto, asiste razón a la Defensa en cuanto en el presente, no es posible considerar que la materialidad de los hechos atribuidos se encuentre acreditada, ni siquiera teniendo en consideración el estado incipiente en el que se encuentra la investigación, ni tampoco es posible afirmar que la instrucción realizada pueda ser convalidada.
En este sentido, la Defensa detalló las diferentes versiones que existían entre las afirmaciones de los testigos y de los preventores lo que indica que no existe un enunciado descriptivo único sobre el material que se habría secuestrado y ante la diversidad de posibilidades no existe ninguna que pueda privilegiarse a la hora de determinar qué tipo y de qué color eran los envoltorios que habrían sido secuestrados.
Ello pues, en el sumario policial se encuentran agregadas las declaraciones de los preventores. El Oficial primero afirmaque se secuestraron dos envoltorios de nylon color verde claro, cuatro envoltorios de idéntica característica y dos envoltorios de nylon color negro y blanco, mientras que el Oficial de la Brigada de lucha contra el tráfico y venta ilegal de drogas señaló que fueron secuestrados: cuatro envoltorios de nylon color transparentes verdosos, dos envoltorios color violeta con negro y dos envoltorios de nylon color transparente verdosos.
En el caso de los dos testigos, si bien las declaraciones aportadas lucen con una similitud y exactitud sorprendentes que permiten advertir la utilización de una copia, declararon que se secuestraron: cuatro envoltorios de nylon color blanco, dos de nylon color violeta con inscripciones en color negro y dos envoltorios color blanco más grandes.
El Magistrado consideró que la materialidad de los hechos se encontraba acreditada, en base a las declaraciones del personal policial que intervino, pese a que ninguno fue escuchado en la audiencia respectiva, como tampoco los testigos que debieron ser citados a los mismos efectos dada la magnitud de la discrepancia que recae sobre las característica que habrían tenido los bultos secuestrados, de cuya contenido depende la materialidad de la conducta reprochada.
La falta de producción en audiencia de todos, o parte, de los testimonios cuya referencia se aportó mediante su inclusión en el sumario policial implicó para la Defensa la privación de su derecho a contra interrogar a los testigos (confr. Art. 8.2.f de la CADH, en función del art. 75, inc. 22 de la CN) ofrecidos como sustento de la ocurrencia del hecho y sus circunstancias las cuales, si bien sólo deben ser indiciarias para que "prima facie" le otorgue presunción de veracidad a la acusación, no pueden prescindirse cuando hay una discordancia tan radical entre lo afirmado por unos y otros.
Si bien el artículo 184 del Código Procesal Penal no exige que los testigos que fueron escuchados en el sumario policial deban ser oídos en la audiencia de prisión preventiva, prescribe que las partes pueden sustentar su pretensión con prueba documental o testimonial que deben acompañar a dicho acto. La citación de testigos en estos casos, en mi opinión, es ineludible a los fines de acreditar la pretensión fiscal, pues no sólo la actividad de la defensa se haya en juego, sino también, y principalmente, la pesada carga probatoria que pesa sobre la Fiscalía como así también su rol de garante en el proceso y custodio de la legalidad del mismo (conf. art. 6 del CPP).
La inclusión como mero elemento escrito, documental, de las declaraciones testimoniales de las cuales no participaron ni la Fiscalía ni la Defensa, respecto a aquellas declaraciones brindadas en sede policial, vacía de contenido el sentido de la audiencia oral prevista en el artículo 184 del Código Procesal Penal que, a mi criterio persigue, siempre teniendo en consideración la necesidad de fundamentar de la forma más adecuada y acabada posible, la imposición de una medida cautelar de privación de libertad como excepción al principio constitucional de inocencia. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde modificar la sentencia de grado, y en consecuencia, elevar a la suma de $250.000 la indemnización en concepto de daño moral que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá abonar a la actora por los perjuicios padecidos en virtud de la situación de violencia laboral acreditada en otras actuaciones judiciales.
En efecto, en las actuaciones judiciales sobre amparo seguidas entre las partes se acreditó que la actora, en su condición de agente de la demandada, fue víctima de violencia laboral en el ejercicio de sus funciones, y trasladada, mediante vías de hecho, de modo injustificado.
En aquel proceso, y conforme surge de las declaraciones testimoniales obrantes, a la accionante le asignaron, “...de un día para el otro...” nuevas “...tareas totalmente distintas a las desempeñadas hasta el momento...”. En este sentido, los testigos coindicen en que la actora resultaba la responsable del área de insumos y organizaba el trabajo en ese departamento de modo satisfactorio.
Asimismo, los testimonios también convergen en cuanto al acoso laboral que padeció la agente por parte de su superior jerárquico, incluso mencionaron situaciones de hostilidad y de maltrato en el ámbito laboral. En particular, una de las testigos indicó que la relación era “...bastante tensa...” y que la actora recibía “...malas respuestas y malos tratos...” así como también “...comentarios despectivos...”.
Nótese que los testimonios analizados resultan contestes con el resto de las probanzas rendidas en la causa, sin que el demandado haya cuestionado la idoneidad de los deponentes ni haya producido prueba tendiente a desvirtuar el contenido de sus declaraciones.
Sumado a ello, el Gobierno demandado no aportó -ni en esta causa ni en el amparo- argumentos que justifiquen el cambio de tareas de la actora, cuando, de la prueba mencionada, surge que ostentaba idoneidad para el ejercicio del cargo comprometido.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda de daños y perjuicios intepuesta por la parte actora, con el objeto de obtener una indemnización contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el daño sufrido a raíz de una caída en la vía pública.
En efecto, la actora se agravia de que el Juez no consideró la prueba producida por el perito ingeniero y la conclusión a la que arribó el experto. En este aspecto, señalo que el perito ingeniero concluyó que “observando las fotografías (…) es posible la ocurrencia de los sucesos, dado el estado de la acera a la fecha del relato de la actora”.
Dicha conclusión es meramente conjetural e hipotética, y no alcanza, por ende, el grado de certeza y convicción que le evidencie al Juez acerca de la realidad del hecho –presunto entonces– en que se apoyó la petición inicial. La posibilidad de la que habla el perito lejos está de acreditar, de alguna forma, la existencia del hecho tal como se relató en el escrito de inicio.
A contrario de lo sostenido por la actora, el Juez valoró el testimonio de la testigo que declaró en la causa. Explicó las incongruencias que surgían del escrito inicial y lo postulado en el acta notarial y consideró el grado de parentesco entre la testigo con la actora. Concluyó que dicha declaración no alcanzó para tener por probado el hecho dado que surgía en forma clara que la testigo no había observado el momento exacto en que se produjo la presunta caída.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El recurso de queja fue articulado contra la decisión que rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Juez de grado que, en uso de las facultades conferidas por los artículos 27 inciso 5 y 29 incisos 1 y 2 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario y en virtud de la imposibilidad de celebrar audiencias en la sede del Tribunal, dispuso la producción de la prueba testimonial encomendando a quienes ofrecieron dicha prueba que acompañen en autos el interrogatorio y la declaración del testigo suscripta por el mismo.
En efecto, tal como lo expuso el Sr. Fiscal ante la Cámara en su dictamen, el artículo 303 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario prevé que las resoluciones sobre prueba son inapelables.
En este punto la Cámara ha sostenido que "(...) si en ejercicio de facultades instructorias se ha decretado oficiosamente una medida de prueba, dicha providencia está incluida dentro de los supuestos contemplados por el artículo que establece la inapelabilidad de las resoluciones sobre la producción, denegación y sustanciación de la prueba, salvo, excepcionalmente, cuando a raíz de ella se altera la igualdad de las partes (Morello; Sosa; Berizonce Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados, segunda edición reelaborada y ampliada, t. V-A, p. 194/195, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1995; y jurisprudencia allí citada)”
Ello así, atento que la recurrente no ha evidenciado que lo resuelto se traduzca en un perjuicio irreparable, corresponde rechazar la queja interpuesta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad del procedimiento, detención y requisa.
La Defensa cuestionó la validez del procedimiento y en particular, la detención y la requisa que se habrían llevado a cabo sobre el encartado, en ocasión en que se encontraba caminando por la calle, y giró sobre sus pasos de forma repentina cuando vió al personal policial, para empezar a caminar en sentido contrario, por lo que se detuvo su marcha y se lo identificó, secuestrándosele estupefacientes que llevaba en el bolsillo de su campera, la suma de $19.360 y un teléfono celular. Por ello, se procedió a su detención y al secuestro de los elementos referidos.
En su presentación, la Defensa estimó que toda vez que no habían existido motivos fundados que legitimaran el accionar policial, correspondía declarar la nulidad de todo lo actuado. Asimismo, remarcó que existían graves contradicciones entre la declaración brindada por el Oficial preventor en comisaría, y el acta manuscrita llevada a cabo por el nombrado al momento del procedimiento.
Ahora bien, asiste razón a la Defensa en cuanto a que entre la declaración del Oficial Mayor y el acta que también fuera llevada a cabo por aquél, se advierten algunas discrepancias, sin embargo, no conllevan a la invalidez del proceso.
Ello, sin perjuicio de que las indicadas contradicciones no lleven aparejadas en esta instancia de la investigación la nulidad del procedimiento, lo cierto es que no resultan menores, ni pueden ser de ningún modo pasadas por alto, por lo que deberán ser aclaradas en el marco del juicio oral y público, oportunidad en la que a su vez, se tomarán las decisiones definitivas respecto de la validez o no del procedimiento que dio inicio a las presentes.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la finalidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de su caída en la vía pública por el mal estado de la acera.
El Gobierno recurrente, se agravió al sostener que el Magistrado de grado tuvo por cierto el mal estado de la vereda basando su apreciación solamente en las fotografías certificadas y la declaración de uno de los testigos.
Ahora bien, con respecto a las fotografías, que no fueron descalificadas por el recurrente mediante otro medio probatorio, corresponden en tiempo y lugar con lo relatado por la actora en el líbelo de inicio.
Vale destacar que la proximidad entre la fecha de las fotografías y el hecho analizado en autos -10 días-, permiten presumir en línea con las restantes probanzas rendidas en autos, el estado de la acera en la época del infortunio.
En cuanto a la declaración del testigo ocular, el testimonio da cuenta, por un lado, del estado irregular de la acera al momento del hecho, y por el otro, que el accidente de la actora se produjo por aquella deficiencia.
Sumado a la anterior, surge de autos que el Sistema de Atención Médica de Emergencias -SAME- informó que de sus constancias surge un pedido de auxilio, y obra un acta de ingreso de la actora a un sanatorio privado en la misma fecha.
Asimismo, el perito médico forense indicó que “conforme lo verificado en el examen pericial efectuado, los estudios solicitados y las constancias obrantes en autos, es posible determinar que la actora sufrió una fractura medial de cuello de fémur izquierdo como consecuencia de una caída sufrida en la vía pública”.
En consecuencia, el hecho debatido en autos se produjo de conformidad con el relato efectuado por la actora en su escrito de demanda.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la resolución de grado, en cuanto dispuso homologar parcialmente el acuerdo de avenimiento al que arribaron las partes (art. 278 del CPPCABA), declarar la nulidad del procedimiento efectuado, y en consecuencia, sobreseer al encausado, disponiendo que, una vez que quede firme la presente, el imputado pase a cumplir la pena impuesta en el punto bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Se le atribuye al encausado el delito previsto en el artículo 5 inciso “c” de la Ley Nº 23.737 y, posteriormente, recalificado como constitutivo del tipo penal previsto en el artículo 14, 1º párrafo de la misma ley.
En su resolución, la Magistrada de primera instancia sostuvo que la prueba de todo el procedimiento se sustentaba en la declaración testimonial del preventor, quien había sido desplazado al lugar del hecho por medio de una llamada anónima a la línea telefónica “911” se le habría informado que una persona con las características del acusado estaba comercializando estupefacientes. Destacó que una denuncia anónima, como único elemento de prueba, despierta suspicacias y que no había otros elementos probatorios para corroborar la veracidad de la denuncia.
No obstante, en este caso en particular, considero que la Jueza ha incurrido en un exceso de sus facultades jurisdiccionales, tornando a la decisión inválida. En este sentido, es dable destacar que el Juez no se encuentra autorizado a efectuar un examen sobre el fondo del asunto, en tales casos se considera que aquél se extralimita en sus atribuciones. (DE LANGHE M., OCAMPO M., Código Procesal Penal CABA. 1º ed., Hammurabi, 2017, p. 198).
En base a ello considero, que la Magistrada se arrogó una competencia que la ley no le había otorgado, pues no estaba convocada en la audiencia de homologación del avenimiento para realizar una valoración pormenorizada de los elementos de prueba en los que se sustenta la imputación penal .

En el caso, corresponde confirmar la resolcion de grado, en cuanto resolvió condenar al encausado a la pena de un año y dos meses de prisión de cumplimiento en suspenso con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de usurpación en concurso real con turbación de la posesión y costas (arts. 26, 29, inc. 3, 45, 55, 181, inc. 1° y 3° del CP, 343 y 345 del CPP), y disponer la restitución provisoria del inmueble.
Se le atribuye al encausado el suceso individualizado como “1)” encuadrado en el delito previsto por el artículo 181, inciso 1°, del Código Penal, y el hecho identificado como “2)” fue subsumido en la figura establecida por el artículo 181, inciso 3°, del Código Penal.
Al celebrarse audiencia en los términos del artículo 296, del Código Procesal Penal, la Defensa señaló que su asistido, intempestivamente, en el año 2018, fue despedido sin sanciones previas. Asimismo, sostuvo que nunca se probaron las supuestas causales invocadas para el despido por la demandada —el consorcio—. Destacó que era cierto que el imputado se quedó en la vivienda, pero que ello ocurrió porque no le pagaron siquiera el último salario, ni la indemnización, así como tampoco la liquidación final.
No obstante, corresponde indicar que la materialidad de los eventos ha quedado acreditada a partir de las pruebas producidas durante el debate, las que fueron valoradas, acertadamente, por la Magistrada de grado. En este sentido, todos los testigos señalaron que, pese a ser desvinculado de su trabajo como encargado del edificio, y a pesar de haber sido intimado a abandonar la vivienda que ocupaba en razón de ello, el acusado continuó ocupándola durante años. Tal situación privó a los propietarios del edificio de su posesión.
Cabe destacar que, tal como surge del antiguo plenario de la Criminal y Correccional del fuero Nacional (CNCRIM y Correc., Sala I, c.15.799, SUAREZ DIONE, Matilde, rta: 21/08/2001), y tal como lo ha indicado la “A quo” al igual que la jurisprudencia reseñada, que no existe una suerte de derecho de retención que habilite al encargado de un edificio a mantenerse en la ocupación de la vivienda que se la ha facilitado en razón de la relación laboral una vez finalizada aquélla, cuando ha sido intimado a abandonarla, aun cuando reclame una indemnización o se encuentre en desacuerdo con los montos percibidos.
En consecuencia, ello debe ser reclamado mediante la vía pertinente, pero no habilita a mantenerse en la ocupación del inmueble.

En el caso, corresponde confirmar la resolcion de grado, en cuanto resolvió condenar al encausado a la pena de un año y dos meses de prisión de cumplimiento en suspenso con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de usurpación en concurso real con turbación de la posesión y costas (arts. 26, 29, inc. 3, 45, 55, 181, inc. 1° y 3° del CP, 343 y 345 del CPP), y disponer la restitución provisoria del inmueble.
Se le atribuye al encausado el suceso individualizado como “1)” encuadrado en el delito previsto por el artículo 181, inciso 1°, del Código Penal, y el hecho identificado como “2)” fue subsumido en la figura establecida por el artículo 181, inciso 3°, del Código Penal.
La Defensa se agravió y sostuvo que de ningún modo se encuentra probada la pretendida turbación de la posesión y que no existía prueba alguna de que su asistido hubiera incurrido en esas conductas.
No obstante, corresponde indicar que la materialidad de los eventos ha quedado acreditada a partir de las pruebas producidas durante el debate, las que fueron valoradas, acertadamente, por la Magistrada de grado. En este sentido, se encuentra acreditado que a partir del 29 de agosto de 2018 el encausado restringió el uso de un espacio común del edificio (sala de máquinas también ubicada en la terraza del piso 11°) al haber sustituido el candado colocado en la reja ubicada en el piso 10° por uno del que sólo él
poseía las llaves.
Sobre el tipo penal previsto en el inciso 3°, del artículo 181, del Código Penal, se ha dicho que: “El delito de turbación de la posesión del artículo 181 inciso 3° del Código Penal protege al tenedor, poseedor y cuasi-poseedor de un inmueble, de actos materiales de terceros que, ejecutados con violencia sobre personas o cosas, o con amenazas, afecten el corpus posesorio. Esto es, restrinjan las facultades de uso y goce de su titular. Por cierto, siempre que de ese modo no se procure el despojo al que se refiere la figura del primer inciso de dicha disposición legal”
(Sent. nº 57 - “GARABANO, Efraín p.s.a. Usurpación por Turbación –Recurso de Casación-” – TSJ DE CORDOBA - Sala Penal - 28/06/2006).
A partir de lo expuesto, se advierte que la conducta atribuida al acusado, consistente en impedir el acceso a la terraza del edificio, en la que se encuentran las bombas de agua, los cableados de internet, etc, efectivamente configura el delito indicado.

En el caso, corresponde confirmar la resolcion de grado, en cuanto resolvió condenar al encausado a la pena de un año y dos meses de prisión de cumplimiento en suspenso con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de usurpación en concurso real con turbación de la posesión y costas (arts. 26, 29, inc. 3, 45, 55, 181, inc. 1° y 3° del CP, 343 y 345 del CPP), y disponer la restitución provisoria del inmueble.
Se le atribuye al encausado el suceso individualizado como “1)” encuadrado en el delito previsto por el artículo 181, inciso 1°, del Código Penal, y el hecho identificado como “2)” fue subsumido en la figura establecida por el artículo 181, inciso 3°, del Código Penal.
La Defensa se agravió y sostuvo que de ningún modo se encuentra probada la pretendida turbación de la posesión y que no existía prueba alguna de que su asistido hubiera incurrido en esas conductas.
Sin embargo, tal como entendió la Jueza de grado y mi colega preopinante, a diferencia de lo manifestado por la Defensa, las declaraciones brindadas por los testigos de cargo, sin bien no han sido presenciales, permiten tener por acreditados los hechos objeto de la condena, toda vez que resultaron contestes y coincidentes en torno a los acontecimientos objeto de aquella. Ello a su vez, encontró respaldo en la prueba documental aportada.
De esta manera, en sentido contrario a lo alegado por la defensa, resulta claro que el encausado era el único beneficiado con su conducta, toda vez que mantenía cercado el acceso a su vivienda respecto de terceras personas. Mientras tanto, los perjudicados eran los copropietarios, impedidos de acceder a las partes comunes y los servicios instalados en la terraza.
Por consiguiente, la conducta sometida a estudio encuentra su adecuación típica en la figura escogida, y consistió en haber cercenado o restringido las facultades de uso y goce de los copropietarios y de la administración del consorcio, respecto de las partes comunes del edificio (art. 2° de la Ley N° 13512 de propiedad horizontal). (Del voto por ampliación de fundamentos del Dr. Franza).

En el caso, corresponde revocar la resolucion de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado al encausado en orden al hecho consistente en haber amenazado a su pareja (art. 149 bis, primer párrafo, del CP), a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y en concecuencia, absolver al nombrado, sin costas.
La Defensa se agravió y sostuvo que la sentencia condenatoria adolece de orfandad probatoria, pues se fundó en una única prueba directa, la versión de la denunciante (quien ni siquiera habría sido consistente y coherente en sus dichos) con apoyo en otras pruebas meramente indiciarias, tales como informes, que carecen de valor científico.
Ahora bien, conviene recordar preliminarmente el valor que se le debe otorgar a las declaraciones testimoniales. En este sentido, los testigos sospechosos son aquellos cuya declaración no parece digna de entera fe o aquellos de quienes hay graves motivos para sospechar. Y la sospecha más grave es la que resulta del interés que pueda tener en el desenlace del proceso, interés que puede muy bien extraviarle el camino de la verdad... la pasión o el interés que pueda tener para hacer declarar culpable al acusado son con frecuencia bastante fuertes para inducirle a mentir. El denunciante es un testigo sospechoso: empleará todos sus esfuerzos en sostener su denuncia y demostrar su sinceridad (confr. Karl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba en materia penal, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 319/330).
En este entendimiento, resulta imperativo evaluar los testimonios sospechosos de manera rigurosa. La amplia capacidad testimonial aceptada por el ordenamiento procesal sólo se concibe frente a la correspondiente contrapartida de una valoración rigurosa ya que los testimonios falsos o erróneos han sido la causa de la mayor parte de los trágicos errores judiciales que relatan los autores (Cafferata Nores “La Prueba en el proceso Penal” Ed. Depalma, Año 2014, pág. 154).
Así las cosas, trasladando las consideraciones vertidas al "sub lite", si bien en el juicio, afirmó que su ex marido la amenazó, diciéndole: “que era una rata, una hija de puta, que la iba a cortar en pedacitos a ella y a su familia, que iba a ser un cáncer para su familia", lo cierto es que ello fue negado categóricamente por el imputado, quien reconoció una discusión con la denunciante, pero negó terminantemente haberla amenazado. Asimismo, se debe resaltar lo manifestado por la Defensa en la audiencia oral llevada a cabo ante este Tribunal, respecto de las distintas versiones brindadas por la denunciante.
En efecto, es dable concluir que las pruebas rendidas en el juicio no resultan suficientes para tener por acreditado que el encausado profirió las frases amenazantes denunciadas por la damnificada, infundiéndole temor y restringiendo su ámbito de libertad.

En el caso, corresponde revocar la resolucion de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado al encausado en orden al hecho consistente en haber amenazado a su pareja (art. 149 bis, primer párrafo, del CP), a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y en concecuencia, absolver al nombrado, sin costas.
La Defensa se agravió y sostuvo que la Jueza de grado incurrió en una arbitraria valoración de la prueba ofrecida en el caso, especialmente cuando no tuvo en cuenta la declaración de una testigo presencial del hecho, quien afirmó no haber escuchado amenaza alguna.
Ahora bien, conforme surge de las constancias de autos, la propia denunciante sindicó los testigos que habrían escuchado las amenazas, refiriendo expresamente que estaban presentes al momento del hecho. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal no arbitró los medios para lograr la efectiva comparecencia al juicio de los mismos, a pesar de ser testigo presencial.
Y en este punto, resulta trascendental subrayar que los hechos objeto del "sub lite" no tuvieron lugar en un marco de intimidad, en el ámbito privado de la pareja, sino en un local público, en un comercio de venta de artículos donde diariamente concurren empleados, posibles clientes, etc. Y, conforme los dichos de la denunciante, en presencia de dos testigos que escucharon la amenaza, una de las cuales no compareció y la otra sólo escuchó que dialogaron en forma fuerte y no recordó que el imputado la hubiera amenazado.
En este sentido, si una testigo presencial dijo no haber oído la amenaza y la Fiscalía por su parte, no convocó al debate a ningún otro testigo de un hecho que se habría desplegado en un local de acceso público, ni insistió con la efectiva comparecencia de la misma, dicha falencia en la carga de la prueba por parte de la acusación en modo alguno puede recaer sobre el imputado.
En concecuencia, del análisis de las declaraciones reseñadas, es factible concluir en la ausencia de prueba que permita aseverar, con la certeza exigida en una condena penal, que se produjo un ataque verbal violento e intimidatorio del encausado a su pareja.

En el caso, corresponde revocar la resolucion de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado al encausado en orden al hecho consistente en haber amenazado a su pareja (art. 149 bis, primer párrafo, del CP), a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y en concecuencia, absolver al nombrado, sin costas.
La Defensa se aqueja en razón de que el hecho por el cual recayera condena en el "sub lite" no se inserta en un contexto de violencia doméstica, el cual tampoco ha sido acreditado en el caso concreto por parte del órgano acusador.
Ahora bien, debe resaltarse que la posible acreditación de una situación de violencia doméstica por parte de los profesionales convocados al debate no constituye prueba alguna que permita acreditar el hecho típico que ellos no presenciaron y sobre el cual, a lo sumo, sólo cuentan con la versión de la denunciante. Por lo demás, llama la atención que se le brinde fuerza convictiva a lo consignado en informes efectuados en forma telefónica, es decir sin siquiera haber tomado contacto personal con la denunciante.
En todo caso, en situaciones como la de autos, en donde está acreditada una conflictiva familiar de aristas económicas, pero no así un hecho penalmente relevante, debe ser otro fuero el que intervenga para resolver la problemática, y no la justicia penal. Si bien el contexto familiar puede ser complejo, tal como surge de los dichos de la denunciante, del imputado y de los padres de ella, así como de los informes referidos, lo cierto es que ello no resulta suficiente "per se" para tener por acreditado el hecho, en tanto no se ha incorporado ninguna otra prueba concreta que permita afirmar que el suceso ocurrió tal y como aduce la denunciante, mientras una testigo presencial expresó claramente que no escuchó amenaza alguna y la otra no concurrió al juicio.
Es evidente que dentro de un contexto de violencia doméstica pueden ser cometidos delitos, pero si éstos no están sometidos a su comprobación con material probatorio de calidad, no es posible tenerlos por acreditados con hechos precedentes, no sometidos a refutación por no integrar el objeto de la acusación, so pena de incurrir en una violación del principio de congruencia y, en definitiva, del derecho de defensa.

En el caso, corresponde revocar la resolucion de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado al encausado en orden al hecho consistente en haber amenazado a su pareja (art. 149 bis, primer párrafo, del CP), a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y en concecuencia, absolver al nombrado, sin costas.
Del voto que me precede, donde mis colegas señalan que en los casos de violencia doméstica y/o de género, la sola declaración de la víctima si bien constituye un elemento suficiente para garantizar el desarrollo de la investigación, no lo es para fundamentar la condena de la persona imputada, debo aclarar que sobre el punto, adhiero a los parámetros de ponderación de la prueba delineados para tales hipótesis por nuestro Superior Tribunal de Justicia local, al interpretar los tratados internacionales vigentes en la materia, en el marco del precedente “Taranco” (Expte. N° 9510/13, “Ministerio Público-Fiscalía de Cámara Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Taranco, Juan José s/ inf. art(s) 149 bis, amenazas, CP (p/L 2303)’”, del 22-4-2014), entre otros, siendo del caso reiterar que, en el presente, en modo alguno se tuvo por acreditado un supuesto de violencia doméstica y/ o de género.
En efecto, la orfandad probatoria verificada en el "sub lite" no ha permitido destruir la presunción de inocencia que ampara al encausado (arts. 18 y 75 inc. 22. De la CN; y 13.3 de la CCABA). (Del voto por ampliacion de fundamentos del Dr. Franza).

En el caso, corresponde modificar la sentencia de grado, y en consecuencia, elevar a la suma de $230.000 la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente que deberá abonar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado a la actora, por los perjuicios padecidos por la deficiente atención médica recibida en un Hospital Público de la Ciudad -perforación de esófago al realizarse una videoendoscopía digestiva alta, y posterior intervención quirúrgica-.
En efecto, el peritaje realizado da cuenta de que la actora presenta una “… incapacidad parcial y permanente por la perforación del esófago toracoabdominal resuelta por toracolaparotomía o toracofrenotomía y cierre de la brecha (...) del 50% de la TO y TV…”. Además, se indicó que “…cualquier intervención de la magnitud del caso de marras deja secuelas de por vida…”. En dicho informe se consignó que la actora refirió padecer alteraciones digestivas, disfagia y acidez gástrica posterior a la cirugía. En esta línea, de la prueba testimonial prestada en la causa se desprende que la demandante “…tiene problemas para tragar…” y que “… hay alimentos que no puede comer porque se ahoga”.
Ahora bien, es oportuno señalar que tanto la magnitud de la lesión como el desarrollo de la patología y sus consecuencias quedaron, por un lado, evidenciadas con posterioridad a la interposición de la demanda y, por el otro, acreditada mediante el peritaje médico rendido en autos.
De tal forma, la pretensión resarcitoria que la actora supeditó a las probanzas aportadas debe abarcar la totalidad de los daños acreditados sin que el incremento afecte la congruencia del pronunciamiento en función de las circunstancias del caso y el grado de convicción atribuible a los elementos de prueba disponibles.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda iniciada por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios padecidos por la deficiente atención médica recibida en un Hospital Público -perforación de esófago al realizarse una videoendoscopía digestiva alta, y posterior intervención quirúrgica-, desestimó la procedencia de la reparación en concepto de lucro cesante.
En efecto, lo que la actora pretende se le reconozca consiste en el pago de las ganancias que habría dejado de percibir como consecuencia de las labores que no habría podido efectuar producto del infortunio debatido en la causa.
Ahora bien, la prueba ofrecida y producida en autos resulta insuficiente a fin de acreditar las tareas que habría desempeñado la actora antes del suceso acontecido, como así también las sumas que percibiría por aquella actividad. Nótese que en autos, únicamente, obra la declaración de la sobrina de la actora de la que surgiría que aquella, en la época del infortunio, habría prestado funciones en “... casas de familia…”. Dicho testimonio, que se sustenta en las manifestaciones que la propia actora habría prestado a su sobrina, presenta tal generalidad que no logra generar convicción suficiente, ante la ausencia de indicios concordantes, acerca de la existencia del vínculo laboral denunciado en autos, la modalidad de la jornada laboral, la remuneración percibida, etcétera.
Sumado a ello, tampoco se probó el período de convalecencia durante el que la actora, producto del siniestro de autos, se habría visto imposibilitada de retomar las tareas comprometidas.

En el caso, corresponde modificar la sentencia de grado, y en consecuencia, elevar a la suma de $37.000 la indemnización en concepto de daño moral que deberá abonar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado a la actora, por los perjuicios padecidos por la deficiente atención médica recibida en un Hospital Público de la Ciudad.
En efecto, encontrándose acreditado en autos la existencia de un daño material, puede preverse, producto del accidente sufrido por la actora, la configuración de una lesión moral sin necesidad de requerirle mayores elementos de prueba.
Así pues, la actora se presentó al Hospital para la realización de una videoendoscopía digestiva alta. Sin embargo, debido a las complicaciones en el procedimiento, debió ser intervenida quirúrgicamente, permaneciendo internada por más de 20 días.
A este respecto, la sobrina de la accionante declaró en autos que, como consecuencia del episodio, la actora estaba con depresión y que, al consultarlo con los médicos, le dijeron que “…era producto del gran estrés que le produjo el accidente…”. Aun cuando tal padecimiento no tenga la entidad para configurar un perjuicio psicológico, da cuenta de los perjuicios espirituales que sufrió la actora luego del suceso de autos. En esta línea, cabe destacar que el perito sostuvo que los daños producidos durante la práctica médica importaron un riesgo de vida para la actora, lo que evidencia la magnitud del daño extra patrimonial que pudo haber experimentado con posterioridad al hecho.
Asimismo, surge de la historia clínica que, durante los primeros días del postoperatorio, la paciente estuvo sedada y con respirador. A ello se le agrega que, conforme una de las declaraciones testimoniales de los médicos, después de una intervención como la de marras, se dispone, primeramente, ayuno y, luego, dieta líquida con incorporación progresiva de alimentos para, finalmente, proceder al retiro de la sonda de. En igual sentido, del testimonio brindado por la sobrina de la actora “…estuvo una semana con respirador…”, que “había que alimentarla por boca…”, que le habían colocado un aparato que la alimentaba por goteo y que “…al año volvieron a operarle para cerrarle el orificio del esófago…”. Aquello encuentra respaldo en las constancias de la historia clínica.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en la cual se dispuso hacer lugar a la prisión preventiva del imputado.
Se le atribuye al encausado el delito de amenazas agravadas por el uso de arma blanca y lesiones dolosas leves (hecho I) amenazas agravadas por el uso de arma blanca (hecho) y resistencia a la autoridad (hecho III), los que concurrirían realmente entre sí.
La Defensa se agravio y sostuvo que la materialidad de los hechos que le habían sido imputados a su defendido no estaba debidamente acreditada. Así, en relación con el hecho identificado como “I”, consideró que las únicas evidencias recolectadas por la Fiscalía consistían en un “informe del investigador”, basado en una entrevista con el damnificado, que no revestía las formalidades de una denuncia, ni había sido respaldado por otras evidencias.
No obstante, lo cierto es que el relato de ese hecho, calificado como amenazas agravadas por el uso de arma blanca y lesiones dolosas leves, se desprende de la denuncia policial y, por otra parte, la lesión, que coincide en sus características y en términos temporales con lo denunciado por el damnificado, en cuestión surge del informe médico legal del que se desprende que, al momento del examen, el damnificado poseía una cicatriz de herida cortante o punzo cortante, reconocido por la propia Defensa y, además, y tal como se explicara en el párrafo anterior, fue vista por el oficial que le tomó declaración al damnificado en sede policial.
En esa línea, si bien es cierto que, al menos, de momento, no han sido hallados testigos de ese primer hecho, y que solo se cuenta con la denuncia del damnificado, con su relato del suceso, cuya credibilidad, por cierto, no ha sido puesta en tela de juicio por la Defensa, y con el informe médico de la lesión, también lo es que, dada la etapa primigenia del proceso, aquellas evidencias resultan suficientes para afirmar, con el grado de provisionalidad propio de este estadio, la existencia del hecho investigado, así como la autoría del encausado en aquél.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto resolvió, absolver al encausado, en orden a los hechos imputados por la Fiscal.
La Fiscal se agravió por considerar que las afirmaciones de la Jueza no se corresponden con la prueba de cargo producida en la audiencia ni siguen las reglas de la sana crítica racional. Entendió que al caso se lo había juzgado sin la correcta mirada con perspectiva de género que los debe guiar.
Ahora bien, de la escasa prueba testimonial producida en torno al hecho que resulta el sostén primordial de la acusación, si bien quedó demostrado la existencia de un contexto conflictivo entre imputado y denunciante, así como que el día del hecho investigado se habría dado una discusión, cuestiones sobre las cuales no existe controversia alguna, sin embargo y a pesar de ello, no se pudo acreditar la adecuación típica de la conducta desplegada por el acusado durante la misma en los términos imputados por la acusación contenida en el requerimiento de juicio, ya que del alegato fiscal de apertura durante la audiencia no surge.
En efecto, cabe afirmar que las pruebas rendidas en la audiencia de juicio no permiten establecer claramente cuáles fueron las frases concretas, precisamente circunstanciadas, capaces de infundir temor ante el anuncio de un daño o mal futuro a sufrir por un sujeto pasivo determinado, elementos objetivos imprescindibles requeridos por el tipo imputado por el que se demanda condena penal.
En síntesis, más allá del esforzado y esmerado intento del Sr. Fiscal -que si bien pudo tener por acreditada la existencia de una situación conflictiva entre las partes- no hallamos la evidencia suficiente que permita afirmar con la certeza que esta instancia del proceso requiere la existencia de una amenaza que satisfaga los requerimientos mínimos que el tipo penal en danza exige, tanto en su faz objetiva como subjetiva.
Por las razones expuestas, y toda vez que dentro de los límites que impone la falta de inmediación, el análisis de las pruebas rendidas en la audiencia genera un margen de duda razonable que implica que, por imperio del principio in dubio pro reo, la decisión de la Sra. Juez de grado debe ser confirmada

En el caso, corresponde declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado, contra la sentencia que lo condenó al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al actor como consecuencia de un accidente en la vía pública.
El actor sufrió un accidente cuando al transitar con su motocicleta por una avenida de la Ciudad, de manera sorpresiva e imprevista, apareció en el medio de la calzada un pedazo de cordón de hormigón amarillo despintado de los que se usan para demarcar la división de la avenida en sus dos manos.
Cabe abordar el planteo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado referido a la valoración de la prueba en torno a la mecánica del hecho y la culpa de la víctima.
Conforme lo establecido por los artículos 236 y 237 del Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT-, debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas, indicando las partes de la sentencia cuestionada que se consideran equivocadas, con el objeto de demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que ocasiona [esta Sala, en los autos “B. S. y otros contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)”, Expte. N°39254/2010-0, sentencia del 4/6/20].
Ahora bien, trasladados los postulados antes mencionados al supuesto de autos, cabe adelantar que las manifestaciones del Gobierno local no resultan suficientes para satisfacer los recaudos exigidos en el artículo 236 del CCAyT.
En efecto, toca recordar que en la instancia de grado se resolvió que correspondía tener al hecho discutido por efectivamente producido conforme el modo en que se indicó en la demanda y, para ello, se valoró en conjunto: el testimonio del inspector de la Policía Federal Argentina, el acta de secuestro de la moto y de la pieza de concreto, sus fotografías y los informes periciales vinculados con aquellos objetos. También el informe del Sistema de Atención Médica de Emergencia –SAME-.

En el caso, corresponde declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado, contra la sentencia que lo condenó al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al actor como consecuencia de un accidente en la vía pública.
El actor sufrió un accidente cuando al transitar con su motocicleta por una avenida de la Ciudad, de manera sorpresiva e imprevista, apareció en el medio de la calzada un pedazo de cordón de hormigón amarillo despintado de los que se usan para demarcar la división de la avenida en sus dos manos.
Cabe abordar el planteo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado referido a la valoración de la prueba en torno a la mecánica del hecho y la culpa de la víctima.
Conforme lo establecido por los artículos 236 y 237 del Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT-, debe existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado que permita refutar las argumentaciones allí contenidas, indicando las partes de la sentencia cuestionada que se consideran equivocadas, con el objeto de demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que ocasiona [esta Sala, en los autos “B. S. y otros contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)”, Expte. N°39254/2010-0, sentencia del 4/6/20].
Ahora bien, trasladados los postulados antes mencionados al supuesto de autos, cabe adelantar que las manifestaciones del Gobierno local no resultan suficientes para satisfacer los recaudos exigidos en el artículo 236 del CCAyT.
En efecto, nótese que el Gobierno demandado de modo genérico mencionó que el Magistrado lo estimó responsable únicamente con la declaración de un testigo y documental que no se encontraba certificada por escribano público.
Así, pues, no rebatió de modo concreto el razonamiento que efectuó el “a quo” en función de las abundantes constancias en estas actuaciones, como en aquellas producidas en el marco de la pesquisa criminal. Es decir, nada dijo en concreto sobre aquellos testimonios, informes y documentos a raíz de los que se ubicó al actor en el día y en la locación señalada, se constató la existencia de los objetos involucrados en el accidente y la relación de su estado con la mecánica denunciada.
Por lo demás, se limitó a reeditar los términos de su escrito de contestación de demanda en lo relativo a la culpa que cabría al actor en el siniestro de marras.

En el caso, corresponde admitir el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) contra la resolución que denegó el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de apertura a prueba dictada en la instancia de grado.
El recurso de queja por apelación denegada es el remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente para conocer en segunda instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior, revoque la providencia denegatoria de la apelación, declare a esta admisible y disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, t. V, pág. 127).
Al respecto, conviene recordar que el artículo 303 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (CCAyT) fue citado por el Juez como fundamento del rechazo del recurso de apelación interpuesto en subsidio.
Sin embargo, dicha regla tiene carácter excepcional. Ello así, por cuanto al tratarse de una norma de excepción a los principios generales en materia de recursos, debe ser de interpretación restrictiva (conf. Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado, anotado, 1º ed., 2º reimp., AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, tomo IV, pág. 916).
Además, y en lo que aquí interesa, se ha dicho que si bien resultan inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, tal principio reconoce excepciones “que se fundan en el gravamen irreparable que puede derivar del alcance del pronunciamiento recurrido” (conf. Cassagne, Juan Carlos -Director- y Barraza, Javier Indalecio -Coordinador-, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Comentado, anotado y concordado, t. 2, Astrea, 1° ed., 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pág. 201).
Esta circunstancia –concurrencia de un gravamen irreparable en cabeza del GCBA- es precisamente la situación que tiene lugar en el presente caso, donde el GCBA viene invocando que la producción de prueba testimonial por medio de una declaración escrita y firmada de los testigos, le ocasiona un perjuicio irreparable en su derecho de defensa.

En el caso, corresponde admitir el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) contra la resolución que denegó el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de apertura a prueba dictada en la instancia de grado.
Al respecto, se ha dicho que si bien resultan inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, tal principio reconoce excepciones “que se fundan en el gravamen irreparable que puede derivar del alcance del pronunciamiento recurrido” (conf. Cassagne, Juan Carlos -Director- y Barraza, Javier Indalecio -Coordinador-, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires -CCAyT- Comentado, anotado y concordado, t. 2, Astrea, 1° ed., 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pág. 201).
A fin de evaluar el perjuicio invocado por el GCBA debe tenerse en cuenta que, la prueba testimonial es el medio de prueba reglado en el CCAyT que permite introducir en el proceso la declaración de quienes no son partes en él, y que esa declaración “está sometida a determinadas reglas que condicionan su validez y eficacia, dirigidas a garantizar la veracidad de lo que se declare” (“Kubrusli”, expte. N° 6730/09, 28/10/2009, voto de la jueza Ana María Conde).
Por otra parte, en cuanto a la imposibilidad de obtener la reparación del perjuicio con posterioridad, cabe considerar que la regla de la inapelabilidad prevista en el artículo 303 del CCAyT tiene como contrapartida la posibilidad de replantear medidas de prueba ante la Cámara, en los casos en que estas hayan sido denegadas o medie declaración de negligencia en primera instancia (conf. art. 231, inc. 2º, y art. 303 del CCAyT). Sin embargo, ninguno de esos supuestos tiene lugar en el presente caso.
De esta forma, la prueba incorporada al expediente en la forma ordenada por el Juez, lo será de modo definitivo sin que exista posibilidad alguna de que las declaraciones testimoniales sean luego tomadas en el marco de una audiencia con presencia de la autoridad judicial –conf. arts. 337 y 348 del CCAyT-, configurándose así la irreparabilidad del perjuicio invocado.

En el caso, corresponde resolver favorablemente el pedido de apertura a prueba en esta instancia formulada por la parte actora.
En la oportunidad prevista en el artículo 231 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, la actora solicitó la apertura a prueba en esta instancia a los efectos de producir la testimonial que había sido denegada por el Magistrado de grado.
Expresó que el Juez de primera instancia había rechazado la demanda por falta de prueba, razón por la que requirió se hiciera lugar a su pedido y, consecuentemente, se tomara declaración a los testigos oportunamente ofrecidos.
En efecto, en atención a las previsiones del artículo 231 (incisos 2° y 4°), las consideraciones expuestas por la actora, que la contraria no se ha opuesto oportunamente a la producción de la prueba testimonial ofrecida por la actora y en virtud del principio de amplitud probatoria, no se advierten motivos para rechazar la petición formulada.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad de declaraciones testimoniales interpuesta por la defensa, y condenó al imputado a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, por considerarlo autor del hecho calificado como lesiones doblemente agravadas por el vínculo y el género y violación de domicilio, en concurso ideal.
La Defensa se agravia del rechazo del planteo de nulidad de las declaraciones de la damnificada y de otra testigo, en función de que ambas, previo a prestar sus respectivos testimonios en el debate, habrían conversado en la antesala del Tribunal durante siete horas, en violación a lo previsto en el artículo 248 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Sin embargo, el agravio no supera el plano de lo hipotético o conjetural y por tanto carece de la fundamentación suficiente, pues no ofrece ningún dato concreto u objetivo que permita sostener que las testigos aludidas efectivamente hayan hablado sobre temas del juicio o se hubieran puesto de acuerdo en complicar la situación procesal del imputado (aspectos que procura evitar la norma procesal citada).
Esto que se señala no es sólo producto del análisis de la pieza recursiva y los fundamentos del fallo, sino que surge de manera explícita de la apelación (textualmente se ha consignado: “Cierto es que no sabemos de qué hablaron las testigos durante esas siete horas. Ese no saber debe sembrar la duda en favor del imputado”).
Al margen de que la propia letra del escrito marcaría ya la inconsistencia del planteo sostenido, cabe la mención de que la pretendida aplicación del principio "in dubio pro reo" deviene a todas luces incorrecta, máxime si la doctrina del máximo tribunal federal define que el estado de duda no puede reposar en la pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto (Fallos 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 321:2990 y 3423, entre otros).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad de declaraciones testimoniales interpuesta por la defensa, y condenó al imputado a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, por considerarlo autor del hecho calificado como lesiones doblemente agravadas por el vínculo y el género y violación de domicilio, en concurso ideal.
La Defensa cuestiona que diversos testigos leyeran sus informes minutos antes de brindar su declaración y que la Fiscalía se comunicara con los testigos de la acusación en forma previa al juicio, afectando la autenticidad y espontaneidad de los testimonios.
Sin embargo, no se advierte de la pieza recursiva una crítica a los argumentos de la sentencia ni la inclusión de aspectos novedosos sobre el tema que muestren un error o arbitrariedad en la decisión cuestionada. No se trata de una cuestión relacionada con la legalidad de la prueba, con su obtención o con la violación de alguna regla procesal sobre su incorporación al debate, sino antes bien con un aspecto relacionado con su valoración probatoria. Tal extremo resulta de por sí suficiente para descartar la nulidad que se alega y por consiguiente rechazar la invalidez que se pretende.
No obstante, luce oportuno citar lo consignado en la sentencia en cuanto a que: “la alegada preparación previa de los testigos por parte de la fiscalía, en los sistemas acusatorios es imposible concebir un buen examen directo sin que exista un trabajo previo de preparación de parte del litigante. Este trabajo de preparación es fundamental para asegurar que la información de la cual el testigo dispone sea presentada al juez de forma clara y con calidad. El litigante debe ilustrar al testigo acerca de su rol en el juicio y del marco general en el que éste se desarrollará. En particular, debe darle toda la información necesaria para que el testigo tenga claridad en la sala de audiencias. Al respecto, es indispensable que el testigo cuente con información acerca del caso mismo, que le permita identificar en lo posible qué porciones de su relato son relevantes para el juicio (cf. Duce J., M. y Baytelman A., A., Litigación Penal Oral, Fondo de Cultura Económica, p. 151 cc.)”.
Finalmente, cabe dejar sentado que en el proceso rige el principio de amplitud probatoria (cf. art. 112 CPP) y en lo que se relaciona particularmente con la prueba testimonial no surge del caso ninguna inobservancia a las disposiciones de los artículos 125 a 134 del citado cuerpo legal (Título III, Capítulo 4).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad de la sanción disciplinaria impuesta al encausado y declarar la nulidad de la medida disciplinaria impuesta.
Se le atribuye al encausado la conducta calificada por el Servicio Penitenciario bajo las previsiones de los artículos 16 inciso “i” y 17 inciso “e” del Decreto N° 18/97, como una infracción disciplinaria “LEVE-MEDIA” (art. 20 inc. “b” del mismo decreto).
Los agravios de la Defensa giran en torno a lo que aquella parte calificó como un proceso aparente, violatorio del derecho de defensa, en función de que no se había atendido el pedido de producción de prueba realizado por aquella parte y de que la sanción impuesta no se encontraba fundada. Esto último, dado que aquella se había basado en la declaración de un solo funcionario, y en el rellenado de un formulario “pre armado” y que no había existido, siquiera, una valoración del descargo de su asistido.
Ahora bien, ya me he pronunciado sobre la importancia del derecho a la producción de pruebas de descargo de los internos en el marco de un proceso disciplinario. En este sentido, no surgen de las actuaciones administrativas motivos suficientes que permitan justificar la falta de producción de las medidas de prueba solicitadas en el caso.
En este sentido, conforme lo ordena el inciso “d” del artículo 45 del Reglamento Disciplinario: “La resolución que dicte el Director debe contener: … d) La merituación de los descargos efectuados por el interno;…”. Sin embargo la resolución por la cual se le impone la sanción al encausado incumple con dicha prescripción al no explicitar las razones por las cuales se desecha la versión del interno.
En consecuencia, no puede afirmarse que la sanción impuesta se encuentra debidamente fundamentada, tal como lo requiere el citado artículo.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad de la sanción disciplinaria impuesta al encausado y declarar la nulidad de la medida disciplinaria impuesta.
Se le atribuye al encausado la conducta calificada por el Servicio Penitenciario bajo las previsiones de los artículos 16 inciso “i” y 17 inciso “e” del Decreto N° 18/97, como una infracción disciplinaria “LEVE-MEDIA” (art. 20 inc. “b” del mismo decreto).
Los agravios de la Defensa giran en torno a lo que aquella parte calificó como un proceso aparente, violatorio del derecho de defensa, en función de que no se había atendido el pedido de producción de prueba realizado por aquella parte y de que la sanción impuesta no se encontraba fundada. Esto último, dado que aquella se había basado en la declaración de un solo funcionario, y en el rellenado de un formulario “pre armado” y que no había existido, siquiera, una valoración del descargo de su asistido.
Ahora bien, la sanción disciplinaria para ser considerada legítima debe ser impuesta dentro de un marco en donde se respete el debido proceso (art. 18, CN; art. 8, CADH; art. 14, PIDCyP). En este sentido he sostenido en reiteradas oportunidades que el derecho administrativo sancionador también es una manifestación del ordenamiento punitivo del Estado.
De las constancias del expediente disciplinario se observa que la Administración Penitenciaria considera que se cumple acabadamente con el derecho de defensa del interno, por el mero hecho de notificar a la defensa de la sanción impuesta y recibir el descargo. Sin embargo dicha postura no hace más que menoscabar el derecho que le asiste al interno bajo pretextos estandarizados que no se encuentran relacionados al caso en concreto.
Así las cosas, en el caso en particular se debe tener especial atención al derecho que le asiste al interno de presentar las pruebas, debiendo la Administración, en claro respeto de dicha garantía, proveerlas de manera eficiente.
En consecuencia, entiendo que, de otro modo, avalar la imposibilidad de la Defensa de producir las pruebas que se consideran pertinentes para el esclarecimiento del caso, implica sostener un procedimiento que “en apariencia” respeta la mencionada garantía, pero que sin embargo no hace más que sostener una mera ficción en detrimento de los derechos que le asisten al interno.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto resolvió lugar al planteo de nulidad efectuado por la Defensa del encausado en relación a la sanción impuesta al nombrado por el Servicio Penitenciario Federal.
Se le atribuye al encausado la conducta calificada por el Servicio Penitenciario bajo las previsiones de los artículos 16 inciso “i” y 17 inciso “e” del Decreto N° 18/97, como una infracción disciplinaria “LEVE-MEDIA” (art. 20 inc. “b” del mismo decreto).
Los agravios de la Defensa giran en torno a lo que aquella parte calificó como un proceso aparente, violatorio del derecho de defensa, en función de que no se había atendido el pedido de producción de prueba realizado por aquella parte y de que la sanción impuesta no se encontraba fundada. Esto último, dado que aquella se había basado en la declaración de un solo funcionario, y en el rellenado de un formulario “pre armado” y que no había existido, siquiera, una valoración del descargo de su asistido. Asimismo, solicitó un listado completo en el que se consignaran los nombres de los internos alojados en el pabellón correspondiente, que se encontraran en aquel lugar el día de los hechos y al mismo tiempo que se les recibiera declaración testimonial.
Sin embargo, y contrariamente a lo esgrimido por esa parte, hemos sostenido que no es factible contar con testigos ajenos al Servicio Penitenciario en un procedimiento como el que nos ocupa, pues lógicamente no es sencillo que personas privadas de su libertad presten colaboración en ese sentido, existiendo la posibilidad de perjudicar a otro interno. (Causa N° 14265/2020-5 “R., M. A. s/ art. 5 c Ley N° 23.737" del registro de la Sala III, resuelta el 17/03/2022, votos del Dr. Fernando Bosch y del suscripto) (Del voto en disidencia del Dr. Franza).

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por las empresas sancionadas y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor mediante la que se les impuso sanción de multa por la infracción al artículo 8 de la Ley Nº 24.240.
La recurrente se agravia en tanto no se produjeron las pruebas testimoniales solicitadas en sede administrativas.
Sin embargo, al momento de hacer valer dichos testimonios en esta sede judicial, el recurrente desistió de la referida prueba.
En tales condiciones, cabe afirmar que tuvo la oportunidad de llevar a cabo su defensa y desistió de realizarla, circunstancia que, en los términos propuestos por la coactora, no permite advertir a este Tribunal acerca de la existencia de un agravio efectivo al derecho que dice vulnerado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por las empresas sancionadas y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor mediante la que se les impuso sanción de multa por la infracción al art. 8 de la Ley Nº 24.240.
En efecto, respecto de la alegada afectación al derecho de defensa originada en el rechazo de la prueba de testigos en sede administrativa, debe ponerse de resalto que la Administración indicó, en el marco del procedimiento, por qué consideraba esa prueba manifiestamente inconducente.
La recurrente no se hace cargo de las razones expuestas en esa oportunidad; no demuestra que el temperamento allí adoptado resulte irrazonable o arbitrario.
De hecho, incluso desistió de la prueba testimonial ofrecida en el marco de este proceso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto condenó al presidente del club de fútbol por discriminar (artículo 68 del Código Contravencional T.O. cfr. Ley N° 6.017), y le impuso la pena principal de multa y la sanción accesoria de reparación del daño consistente en la restitución a las víctimas de los abonos adquiridos y revocados por el nombrado.
El Magistrado tuvo por probado que el acusado, en su carácter de presidente del club de fútbol, incurrió en un accionar discriminatorio al revocar los abonos que algunos socios habían adquirido lícitamente, abonando el precio correspondiente. Puntualmente consideró que el nombrado había discriminado por razones de ideas, opiniones políticas e ideología, a un total de ciento diez socios en virtud de ser políticamente afines a la corriente que había dirigido la institución los ocho años previos, o así como también a otros socios por haber integrado la lista opositora a la de él. En ese entendimiento, consideró que se privó a estas ciento diez personas del pleno uso y goce de los derechos de concurrencia para presenciar los encuentros futbolísticos que se llevarían a cabo desde el 21 de enero de 2020 hasta, inclusive, el momento de dictado de la sentencia, por la revocatoria de abonos lícitamente adquiridos entre los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre del año 2019. Señaló que en diversas oportunidades este colectivo de socios y socias adujo que no pudo concurrir a distintos eventos futbolísticos entre el equipo de fútbol masculino de citado club y otros rivales ya que, al intentar ingresar al establecimiento verificaron que sus abonos no se encontraban vigentes o habilitados para tal fin. A su vez, un número elevado de socios y socias, argumentaron que se vieron imposibilitados de renovar los abonos de acceso a platea para el año 2021, debido a la normativa dictada por el encartado, en calidad de presidente de la institución.
La Defensa se agravió sobre la calificación legal atribuida.
Sin embargo, de las testimoniales e incluso de la declaración del encartado se desprende que el nombrado podía conocer –o conocía– que los abonos habían sido otorgados ya que, previo a adoptar la decisión de revocarlos, se habría reunido con su Secretario General, el Tesorero del Club y, especialmente, con el Presidente del Departamento de Socios, de modo que el dolo que el "A quo" tuviera por demostrado, se encuentra debidamente acreditado.
Efectivamente, esta circunstancia de que se hubiera entrevistado con distintos titulares del club deportivo no dota de razonabilidad a la decisión del encausado, a la vez que no evita la discriminación alcanzada con la disposición adoptada el 21 de enero de 2020.
Es más, del abordaje de los distintos puntos de dicha resolución se desprende, tal como sostiene la acusación, que se ha dado una respuesta adecuada para tener por probada la faz subjetiva de la contravención y que no resulta necesario conocer las identidades individuales de los adquirentes de los abonos, ya que basta con el conocimiento potencial y con la vinculación necesaria sobre la opinión política y la postura ideológica, todo lo cual resultó debidamente analizado por el Magistrado de grado en su sentencia y cuyos fundamentos se comparten.
En efecto, esta última cuestión que revela la existencia del carácter común de pertenecer a agrupaciones opositoras, es la que dota a las individualidades de un elemento común que las transforma así en un colectivo.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por el actor (administrador de consorcio) y, en consecuencia, confirmar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una sanción de una multa por infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley N° 941.
En efecto, si bien al momento de prestar declaración testimonial el prestador encargado de la obra informó que no hubo ningún tipo de demora y que las obras se hicieron en tiempo y forma”, ni de sus declaraciones ni de las constancias obrantes en autos es posible identificar el tiempo transcurrido entre la contratación de los servicios, la fecha exacta que se comenzaron los trabajos, la fecha de finalización de los mismos, y la fecha de restablecimiento del servicio de gas.
Ello así, atento que no puede desvirtuarse que no se procedió a atender en tiempo a la conservación de partes comunes, específicamente el restablecimiento del servicio de gas y la terminación de la ejecución de las obras de reparación de filtraciones.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la acción meramente declarativa iniciada por la actora a fin que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su incorporación como empleada de planta transitorio del Cuerpo Artístico de Cantantes Solistas del Teatro Colón, y subsidiariamente, llevar a cabo el concurso para acceder al cargo.
Ello así por cuanto, las constancias de la causa no permiten tener por acreditado, más allá de la sucesión de contrataciones, que se hubiese conformado entre las partes una relación continuada y permanente.
En efecto, los testigos coinciden en afirmar que, por lo general, el plazo de preparación de cada obra abarcaba más tiempo que aquel indicado en los respectivos contratos y que las tareas desempeñadas por la actora eran equivalentes a aquellas que prestaban los cantantes solistas del cuerpo estable.
Sin embargo, entiendo que sin perjuicio de que, en virtud de las características de la profesión, es razonable asumir que el tiempo de preparación de los roles pueda exceder el plazo contemplado en los contratos, lo cierto es que las manifestaciones de los testigos en este punto resultan genéricas y no alcanzan para acreditar que el vínculo entre las partes fuera continuado, ni desvirtuar el hecho de que las contrataciones se acotaron a los períodos estipulados en sus cláusulas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto hizo lugar a la demanda promovida por el actor por el estado de la vía pública con el fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos como resultado de un accidente.
En efecto, resulta indispensable analizar la prueba producida en autos a los efectos de determinar si los daños sufridos por la accionante tuvieron origen en la alegada caída en la vía pública debido al mal estado de la tapa de una empresa de servicios y de la vereda en una calle de esta Ciudad.
En primer lugar, cabe señalar que tanto la declaración del inspector de colectivos que presenció el evento dañoso, como la declaración de la enfermera (que recibió a la actora cerca de su domicilio), coinciden con el relato de los hechos efectuado por la actora en su demanda con respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente.
En segundo lugar, de la respuesta del oficio dirigido a la Dirección General de Tránsito y Transporte surge que la línea de colectivos en cuya parada se produjo el siniestro cuenta con una parada oficial en el lugar; es decir, coincide con los dichos de la actora en su escrito de inicio.
En tercer lugar, la prueba documental acompañada por la actora da cuenta que el día del hecho concurrió a la guardia de urgencias del servicio de ortopedia y traumatología de un Hospital privado por la caída en la vía pública.
En cuarto lugar, corresponde tener presente las conclusiones de la pericia médica producida en autos donde advierte que la incapacidad por la enfermedad previa de la actora era del 65% (con autonomía para la realización de sus necesidades básicas, incluso se movilizaba sola por la vía pública con su scooter) y que, luego del accidente, no poder realizar fuerza con su mano hábil, se ve imposibilitada para las tareas básicas sin la ayuda de terceros siendo su incapacidad del 80%.
Ello así, de la reseña efectuada, se deriva que el relato de la actora sobre el modo en que ocurrieron los hechos se encuentra suficientemente acreditado ya que su versión es, en lo sustancial, corroborada por la prueba producida en autos.
Esto también ha sido adecuadamente valorado por la Magistrada de grado y, las críticas de las codemandadas no lo han logrado desvirtuar.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, admitir la sustitución del testigo fallecido.
En efecto, posteriormente a la apertura a prueba en el expediente, el actor denunció el fallecimiento de uno de los testigos y requirió que se sustituyera su testimonio por el de otro testigo pedido que fue rechazado.
El actor interpuso recurso de revocatoria y si bien reconoció que la etapa procesal para el ofrecimiento de testigos se encontraba precluida, pidió que de igual modo se sustituyera a la testigo por otro que pudiera dar cuenta de los hechos que pretendía demostrar.
El recurso de reposición procede contra las providencias de mero trámite, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el tribunal las revoque por contrario imperio.
En tal contexto, teniendo en cuenta que según lo manifestado por el actor con el testigo ofrecido pretende sustentar los fundamentos de su recurso de apelación; en virtud de los principios que amplitud probatoria que rigen en la materia, corresponde hacer lugar a lo peticionado y admitir la sustitución requerida.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso del demandado, revocar la sentencia y rechazar la demanda interpuesta.
La actora demandó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una empresa constructora por el lucro cesante, el daño emergente y el moral que afirma le ha generado la obra llevada a cabo en la calle donde se encuentra ubicado el comercio del cual es socia gerente. Destacó que, debido a la desidia de las demandadas, las obras llevaron trescientos días en vez de los sesenta originalmente planeados. Señaló que la inactividad parcial durante ese período obligó a cerrar el local donde funcionaba el su comercio y afirmó que realizó reclamos durante el transcurso de los trabajos por los daños ocasionados.
Sin embargo, la prueba de los hechos, de los daños alegados y del nexo causal es escasa, confusa y, en ocasiones, contradictoria. Tampoco es claro el factor de atribución esbozado en la sentencia que hizo lugar parcialmente a su demanda.
En efecto, la parte actora expresó que la obra en cuestión se extendió a lo largo de once meses; sin embargo, en su testimonio, el arquitecto jefe de dicha obra afirmó que los trabajos en el sector del local comercial de la actora duraron dos meses y medio.
Otra testigo quien dijo haber sido cliente del local, no recordaba fechas con precisión y solo mencionó que había visto un cartel de obra cuya fecha de finalización estaba pasado casi un año.
Dos encargados de edificios de inmuebles cercanos al local expresaron que no recordaban la extensión de las obras.
Ello así, de la prueba testimonial de autos no se desprende ninguna declaración que corrobore la afirmación de la actora sobre el tiempo de los trabajos.
En las fotos presentadas en sede administrativa y judicial se puede observar un cartel que indica que algunos trabajos finalizarían el primero de enero de 2015, pero no se individualiza a qué tramo refiere y no deja de ser una fotografía carente de referencias.
El resto de las fotos tampoco sirve para establecer una secuencia temporal.
El Gobierno desconoció la autenticidad de los correos electrónicos adjuntados, los que por otro lado han sido adjudicados a alguien que no expresa su apellido ni su cargo. De todos modos, en esos correos el interlocutor de la actora sostuvo que el sector de la cuadra donde se encontraba el comercio se había liberado a fines de febrero, comienzos de marzo, es decir, no once sino algo más de cuatro meses después del comienzo de la obra.
En resumen, no obra en autos una prueba acabada que permita corroborar la extensión temporal de la construcción, los pormenores de su desarrollo y menos aún en qué términos las prórrogas concedidas por el Gobierno a la empresa constructora afectaron el tramo en el cual se encuentra ubicado el local de la reclamante.

En el caso, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por la parte actora y abrir la causa a prueba por el término de cuarenta (40) dias fijando audiencia testimonial para la declaración de los testigos propuestos por el actor en su demanda.
El actor interpuso demanda a fin de que se modifique su situación de revista como agente de la planta permanente del escalafón general (Ley N°471) y encuadrarlo en la Carrera de Profesionales de la Salud (Ley N°6035, continuadora de la aprobada por Ordenanza N°41455).
Al presentar demanda ofreció la declaración de siete testigos e hizo saber el agrupamiento de los testigos en orden a la acreditación de las funciones cumplidas por el actor en distintos períodos de la relación laboral.
La demandada, basándose en el límite dispuesto por el artículo 336 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario manifestó que debían reducirse a los tres primeros testigos ofrecidos.
El Juez de grado consideró que “…en virtud del allanamiento formulado por la parte actora y toda vez que el art. 336 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario autoriza el ofrecimiento de tres testigos por cada hecho a probar, e hizo lugar a la oposición planteada con costas a la actora.
Habiéndose rechazado la demanda, en la oportunidad prevista en el artículo 231 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, la actora solicitó el replanteo de la prueba en segunda instancia a los efectos de producir el resto de las testimoniales que fueron ofrecidas y reducidas a tres testigos.
El actor expresó que la prueba testimonial había sido reducida a tres testigos sin considerar que los siete testigos que había ofrecido habían sido agrupados a fin de que declaren respecto de las funciones cumplidas por el actor en distintos períodos de la relación laboral.
Indicó que mediante dichos testimonios pretende demostrar cuáles eran las funciones que realizaba en distintos períodos de la relación laboral en su condición de Licenciado en Sistemas de Información para la Salud y, de esa forma, probar que por tales prestaciones corresponde reencuadrarlo en el Régimen de Carrera de Profesionales de la Salud.
Finalmente, manifestó que en virtud del principio de amplitud probatoria que debe regir en casos como el presente la solicitud formulada resultaba procedente.
En efecto, el Juez de grado al rechazar la declaración de los testigos ofrecidos, hizo hincapié en el allanamiento efectuado por el actor y, en base a la limitación dispuesta por el artículo 336 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario y redujo el número de testigos. Sin embargo, el allanamiento efectuado por el actor fue solo por la prescripción del reclamo de las diferencias salariales, más nada eso tiene que ver con la situación que pretende acreditar con las testimoniales requeridas, que es que presta funciones desde el año 1996 y el tipo de tareas cumplidas durante tal periodo.
Ello así, toda vez con las declaraciones testimoniales requeridas, la actora pretende corroborar las tareas que habría realizado en distintos períodos, la cantidad de testigos ofrecidos por la actora se ajusta al límite impuesto en el código de rito y resulta conducente.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la empresa prestataria del servicio telefónico demandada, contra la sentencia que le atribuyó responsabilidad por el accidente sufrido por la actora, la condenó al pago de una indemnización, y rechazó la acción entablada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa demandada se agravió porque el Juez de grado consideró que la tapa metálica que se encontraba sin colocar en el pozo de boca de tormenta donde la actora se cayó y fracturó el peroné de su pierna izquierda -entre otros politraumatismos-, pertenecía a ella y, en virtud de ello, le endilgó responsabilidad por aplicación del artículo 1113 del Código Civil.
Sin embargo, se advierte que la empresa codemandada se limitó a cuestionar que de la prueba rendida en la causa no se desprendía una referencia concreta de que el pozo, la alcantarilla y/o tapa fueran de la empresa.
En efecto, sus objeciones resultan reproches genéricos que reflejan su discrepancia con los fundamentos utilizados en el pronunciamiento cuestionado, pero no expresan una crítica concreta y debidamente fundada de la sentencia de primera instancia.
Nótese que, la recurrente se limitó a indicar que el Juez le atribuyó la responsabilidad del hecho en base a lo expuesto en la declaración testimonial del amigo de la actora y cuyo relato no había sido corroborado con ninguna prueba del expediente, sin hacerse cargo que la fuerza de convicción atribuida por el magistrado a la declaración bajo estudio derivó de su compatibilidad y coherencia con el conjunto de probanzas examinadas.
En particular,la empresa no brindó argumentación alguna que consiga desacreditar la conclusión a la cual arribó el Juez, sino que en esta instancia reiteró en lo sustancial lo manifestado en el alegato.

En el caso, corresponde declarar nula la decisión de grado, en cuanto produjo prueba de oficio y reguló de forma provisoria alimentos en favor del menor, por el monto de diez mil pesos, sin que ello fuera peticionado por las partes.
Conforme surge de las constancias de autos, se celebró audiencia de conocimiento con la víctima, y en virtud de lo expuesto por ella decidió, regular de forma provisoria alimentos en favor del niño, por el monto de diez mil pesos mensuales, ello en los términos del artículo 26, inciso b.5, de la Ley N° 26.485 y de las Convenciones de Belém Do Pará y de los Derechos del Niño.
La Defensa se agravió de la regulación provisoria de alimentos, argumentando que la justicia especializada en materia civil había estipulado alimentos por cinco mil pesos, con lo que la suma superior impuesta por el “A quo” implica un exceso de jurisdicción. Asimismo, expuso que “...las medidas receptadas en el artículo 26 de la Ley N° 26.485, son cautelares, y como tal, tienden a asegurar los fines del proceso…”, pero que en autos se investigan dos hechos de amenazas, con lo que la decisión adoptada no guarda ninguna relación con aquellos.
A lo reseñado por la Defensa, la Fiscal de Cámara explicó que “...el debido proceso del procedimiento de homologación del acuerdo de avenimiento no autoriza la convocatoria de otra audiencia distinta de la prevista en el artículo 278 del Código Procesal Penal (actual 279)…”, y mucho menos autoriza al Juez a la producción de prueba para tomar una decisión respecto del avenimiento, por lo que “...si el juzgador considera que no dispone de elementos probatorios suficientes para emitir sentencia, debe rechazar el acuerdo y continuar el curso del proceso y no elegir producir por su cuenta (aquella) que… supone faltante…”.
En efecto, los argumentos esgrimidos tanto por la Defensa como por la Fiscal de Cámara son acertados, ya que el Juez de grado adoptó una decisión en base a un acto procesal que se encontraba vedado, como es la producción de prueba oficiosa anticipada. Asimismo, se observa que el Magistrado citó a la víctima con posterioridad a que fuera celebrada la audiencia de conocimiento con el imputado, con lo que la Defensa no tuvo oportunidad de contrastar dicha prueba anticipada ordenada por aquel.
Adviértase que al regular la producción de prueba testimonial, el artículo 126, conforme Ley N°6588 es claro en disponer que: “El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad y que: “Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la sentencia en caso de avenimiento.” (art. 127 primer párrafo), es decir, que sólo correspondería al Fiscal la producción de prueba testimonial antes de la audiencia de debate si fuera ella necesaria.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo parcialmente lugar a la demanda iniciada por la actora con la finalidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de su caída en la vía pública por el mal estado de la acera.
El Gobierno de la Ciudad recurrente se agravia al criticar la valoración de la prueba mediante la cual la sentenciante de grado tuvo por acreditado que los hechos sucedieron como fueron relatados en la demanda.
Sobre el punto, cabe recordar que cuando los hechos debatidos se acreditan mediante indicios “…la eficacia de la prueba de presunciones exige una valoración conjunta que tome en cuenta la diversidad, correlación y concordancia de las presunciones acumuladas, pues según la jurisprudencia, 'por su misma naturaleza cada una de ellas no puede llegar a fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que este deriva precisamente de su pluralidad (...)’ por ello analizar 'individualmente la fuerza probatoria de las presunciones alegadas descartándolas progresivamente (...) desvirtúa la esencia del medio probatorio de que se trata [e] introduce en el pronunciamiento un vicio que también lo invalida'” (Tribunal Superior de Justicia, “in re” “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Baladrón, María Consuelo el GCBA s/ Impugnación de actos administrativos’”, Expte. N°3.287/04, sentencia del 16/3/05 y sus citas; Sala I, “in re” “Reinoso Ramona Inés c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)”, Expte. Nº39040/0, sentencia del 2/9/15, entre otros), esta Sala, “in re” “Montenegro García Elizabeth contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)”, Expte. N°5398/2014-0, sentencia del 02/09/22).
De este modo, la prueba testimonial, el informe del Sistema de Atención Médica de Emergencia –SAME-, el certificado de atención emitido por el Hospital Público al que fue trasladada la actora luego del accidente, y la pericia médica, me conducen a colegir que su relato resulta verosímil en cuanto a la ocurrencia y mecánica del accidente en los términos que fue denunciado, máxime teniendo en cuenta que los demandados tampoco arrimaron prueba idónea para dar sustento a la refutación que realizan de los hechos.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el presente agravio.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo parcialmente lugar a la demanda iniciada por la actora con la finalidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de su caída en la vía pública por el mal estado de la acera.
El Gobierno de la Ciudad recurrente se agravia al criticar la valoración de la prueba mediante la cual la sentenciante de grado tuvo por acreditado que los hechos sucedieron como fueron relatados en la demanda.
Sobre el punto, cabe apuntar que “…si bien existe, como no puede ser de otro modo, un margen de elasticidad o arbitrio para la ponderación de la prueba, la sana crítica impone una valoración razonable y racional de los elementos de juicio. No se trata de la certeza absoluta y terminante, sino de la evaluación coherente de elementos de juicio idóneos para establecer las proposiciones fácticas que funden el juicio axiológico al decidir la solución jurídica. Todo lo cual excluye, obviamente, que el juicio que sustente el decisorio se base en la ‘mera opinión’ o en apreciaciones aisladas de la prueba rendida en la causa” (conf. esta Sala “in re” “Ugarte Guzman José Luis c/ GCBA s/ daños y perjuicios [excepto resp. médica]”, Expte. 5213/0, del 5 de junio de 2008).
En este sentido, cabe puntualizar que el análisis y la determinación de la eficacia probatoria de los elementos de juicio ofrecidos y producidos en el expediente debe ser efectuado mediante la evaluación integrada y armonizada de todos ellos y no a través de la consideración de cada uno aisladamente (conf. Corte Suprema de Justicia “in re” “Uezen, María Cristina y otro c/ Empresa Río Grande S.A. y otros”, sentencia del 04/03/03, Fallos: 326:394).
De este modo, la prueba testimonial, el informe del Sistema de Atención Médica de Emergencia –SAME-, el certificado de atención emitido por el Hospital Público al que fue trasladada la actora luego del accidente, y la pericia médica, me conducen a colegir que su relato resulta verosímil en cuanto a la ocurrencia y mecánica del accidente en los términos que fue denunciado, máxime teniendo en cuenta que los demandados tampoco arrimaron prueba idónea para dar sustento a la refutación que realizan de los hechos.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el presente agravio.

En el caso, corresponde declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado, contra la sentencia que lo condenó al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la actora como consecuencia del accidente en la vía pública que sufrió.
El Gobierno recurrente se agravió por cuanto consideró no probada la existencia del evento dañoso por el que se le imputa responsabilidad.
Ahora bien, se advierte que el Juez analizó de manera detallada la prueba obrante en la causa a la luz de la normativa aplicable.
De hecho, expuso que si bien los testigos no ratificaron los dichos de la actora respecto a la forma en que se habría producido el accidente, es decir, al descender del colectivo y por un supuesto accionar irregular del conductor, sí la vieron dolorida inmediatamente después de la caída y afirmaron la existencia de dos pozos sobre la calzada vehicular.
Por otro lado, el Magistrado tuvo en cuenta que las circunstancias descriptas en las declaraciones testimoniales coincidían con lo informado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias -SAME- y el Hospital Pùblico adonde fue derivada, habida cuenta de que ambas instituciones refirieron haber brindado asistencia médica a la actora el día del accidente.
Asimismo, destacó la inspección ocular realizada en sede policial que daba cuenta de la existencia de un pozo en la calzada vehicular en el lugar del siniestro de autos y destacó lo expuesto en el informe pericial -que no fue impugnado por el GCBA- en tanto que otorgó una incapacidad parcial y permanente del 7% de la TO y TV por el traumatismo sufrido.
Frente a ello, el GCBA se limitó a sostener que si bien de la prueba producida en el expediente surgían las lesiones padecidas por la accionante, ello no se traducía, necesariamente, en la aceptación de que los hechos, tal como fueron relatados en la demanda, resulten veraces.
Así, se advierte que tales manifestaciones no alcanzan para desvirtuar las consideraciones efectuadas por el Juez de grado. El recurrente no puntualizó en que consistió el error de valoración de la prueba que atribuyó al sentenciante, ni tampoco brindó argumentación alguna que consiga desacreditar la conclusión a la cual arribó el Magistrado.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por la actora como consecuencia del accidente sufrido en la vía pública.
En efecto, la actora sufrió una lesión en su tobillo izquierdo a raíz de una caída en la vía pública sobre dos pozos ubicados en la calzada vehicular luego de descender de un colectivo de la línea de transporte que también demanda.
La actora se agravia por cuanto el Juez de grado consideró determinante el resultado de la causa penal para dictar sentencia en este proceso ordinario. Además, sostiene que no meritó las declaraciones testimoniales producidas en este expediente, sino que, solamente, remitió a las producidas en la causa penal.
Al respecto, se consideró que en este proceso de daños no se alcanzó a probar el supuesto accionar imprudente del conductor que habría contribuido a la producción del daño, ni que el accidente haya ocurrido mientras que descendía del colectivo. Es decir que, contrariamente a lo afirmado por la actora, el motivo del rechazo de su pretensión respecto de la empresa de transporte público de pasajeros y del chofer del colectivo no fue el sobreseimiento alcanzado en la causa penal, sino la ausencia de prueba que justificara imputarle responsabilidad a los nombrados.
Tampoco resulta atendible el agravio que postula que el Juez no valoró las declaraciones testimoniales tomadas en esta causa, puesto que en varios pasajes de la sentencia hace referencia a las declaraciones testimoniales celebradas en autos. Por caso, en relación a uno de los testigos en particular, no solamente destacó la semejanza entre sus dos declaraciones testimoniales sino que fue determinante para corroborar la falta de servicio atribuible al Gobierno local.
Por ello, corresponde desestimar el agravio bajo examen.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto condenó a los encausados por el delito de exacciones ilegales en concurso real con el delito de falsificación de documento público, a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta por el plazo de tres años y multa de $ 289.000.
El fallo de primera instancia tuvo por probado que los tres imputados le exigieron indebidamente a la encargada del supermercado la entrega de dos mil dólares en efectivo y botellas de vino de una determinada marca para no iniciarle un proceso contravencional por violación de clausura. Asimismo, entendió acreditado que dos de los encausados confeccionaron el expediente de constancia de la División Robos y Hurtos, en el que plasmaron una versión falsa del episodio antes descripto, con el objeto de desvirtuar una eventual acusación respecto de su ilícito accionar.
Las Defensas apelaron. En sus recursos, diseñan su agravio alrededor del valor convictivo del testimonio de los denunciantes, y en ese sentido alegan que la certeza de la sentencia condenatoria se sustenta en la versión de dos personas que, según lo entienden, mintieron en el debate.
Concretamente, los planteos con los que se cuestiona la credibilidad de estos testigos parten de la comprobación de que en algo de lo que dijeron habrían sido mendaces (específicamente, que aquel día no estaban trabajando a pesar de la clausura del comercio). A partir de allí concluyen, con fundamento en la regla “mendax in uno, mendax in totum”, que también mintieron al contar lo ocurrido con los oficiales que se presentaron en el supermercado.
Ahora bien, más allá de este análisis respecto de la prueba testimonial, los recursos tampoco ofrecen razones para cuestionar la correspondencia verificada por el Magistrado entre lo dicho por los dueños del supermercado y las imágenes que quedaron registradas por las cámaras de seguridad del comercio.
En este sentido, cabe señalar que en los videos en cuestión surge de manera elocuente cómo los acusados le indican a la encargada, en más de una oportunidad, que apague las cámaras de seguridad. La preocupación de éstos por tal circunstancia se exhibe a todas luces mucho más congruente con lo contado por los denunciantes que con el procedimiento que describieron los imputados en sus respectivos descargos.
Tal extremo se corrobora al ponderarse la circunstancia de lo realizado por uno de los oficiales, al que se lo ve pasar sobre la línea de cajas y agacharse debajo de unos monitores, sin una justificación razonable, e inmediatamente después se observa que las cámaras dejaron de grabar.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto condenó a los encausados por el delito de exacciones ilegales en concurso real con el delito de falsificación de documento público, a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta por el plazo de tres años y multa de $ 289.000.
El fallo de primera instancia tuvo por probado que los tres imputados le exigieron indebidamente a la encargada del supermercado la entrega de dos mil dólares en efectivo y botellas de vino de una determinada marca para no iniciarle un proceso contravencional por violación de clausura. Asimismo, entendió acreditado que dos de los encausados confeccionaron el expediente de constancia de la División Robos y Hurtos, en el que plasmaron una versión falsa del episodio antes descripto, con el objeto de desvirtuar una eventual acusación respecto de su ilícito accionar.
Las Defensas apelaron. En los recursos, diseñan su agravio alrededor del valor convictivo del testimonio de los denunciantes, y en ese sentido alegan que la certeza de la sentencia condenatoria se sustenta en la versión de dos personas que, según lo entienden, mintieron en el debate.
Concretamente, los planteos con los que se cuestiona la credibilidad de estos testigos parten de la comprobación de que en algo de lo que dijeron habrían sido mendaces (específicamente, que aquel día no estaban trabajando a pesar de la clausura del comercio). A partir de allí concluyen, con fundamento en la regla “mendax in uno, mendax in totum”, que también mintieron al contar lo ocurrido con los oficiales que se presentaron en el supermercado.
Ahora bien, más allá de este análisis respecto de la prueba testimonial, los recursos tampoco ofrecen razones para cuestionar la correspondencia verificada por el Magistrado entre lo dicho por los dueños del supermercado y las imágenes que quedaron registradas por las cámaras de seguridad del comercio.
Sobre el planteo de la Defensa dirigido a cuestionar la validez de estos registros fílmicos, a partir de una supuesta falla en la cadena de custodia de la evidencia y la posibilidad de que los denunciantes pudieran realizar una edición de éstos, cabe señalar que, independientemente de que en el fallo se haya descartado cualquier irregularidad en la obtención e incorporación de la evidencia (a partir de lo declarado por los testigos), no corresponde su consideración en esta instancia, desde el momento en que no se indica en qué habría consistido la manipulación alegada.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto condenó a los encausados por el delito de exacciones ilegales en concurso real con el delito de falsificación de documento público, a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta por el plazo de tres años y multa de $ 289.000.
El fallo de primera instancia tuvo por probado que los tres imputados le exigieron indebidamente a la encargada del supermercado la entrega de dos mil dólares en efectivo y botellas de vino de una determinada marca para no iniciarle un proceso contravencional por violación de clausura. Asimismo, entendió acreditado que dos de los encausados confeccionaron el expediente de constancia de la División Robos y Hurtos, en el que plasmaron una versión falsa del episodio antes descripto, con el objeto de desvirtuar una eventual acusación respecto de su ilícito accionar.
Las Defensas apelaron. Los recursos diseñan su agravio alrededor del valor convictivo del testimonio de los denunciantes, y en ese sentido alegan que la certeza de la sentencia condenatoria se sustenta en la versión de dos personas que, según lo entienden, mintieron en el debate.
Concretamente, los planteos con los que se cuestiona la credibilidad de estos testigos parten de la comprobación de que en algo de lo que dijeron habrían sido mendaces (específicamente, que aquel día no estaban trabajando a pesar de la clausura del comercio). A partir de allí concluyen, con fundamento en la regla “mendax in uno, mendax in totum”, que también mintieron al contar lo ocurrido con los oficiales que se presentaron en el supermercado.
Ahora bien, las críticas hacia la valoración del testimonio de los denunciantes pierden cualquier atisbo de seriedad con la ponderación de la fotografía aportada por la damnificada, en la que se observa a uno de los oficiales subido a un cajón de cervezas o tarima, agarrando una botella de vino del estante superior de una de las góndolas del supermercado.
Ninguno de los recurrentes ofrece una mínima explicación que guarde algún tipo de coherencia entre la escena que ilustra dicha imagen y la hipótesis que ofrecieron los acusados en el caso.
Respecto al significado que el Magistrado le otorgó a la fotografía en cuestión, si bien podría ser cierto lo que plantean los Defensores acerca de que a la escena retratada podría otorgársele otros significados, ello de ningún modo desacredita la correspondencia establecida con la versión de los denunciantes pues, realmente, cuesta creer en una imagen más contundente que la incorporada en autos.