El hecho de que la actora haya adquirido el inmueble con posterioridad a la realización de las mejoras no denunciadas, y que la compraventa se haya realizado ante escribano público quien dejó asentado que no se adeudaba, en aquel entonces, suma alguna en concepto de impuestos municipales, ello no conduce a sostener la inexistencia de deuda si se considera que lo reclamado en autos es el cobro del revalúo con motivo de una construcción nueva no denunciada oportunamente ante la administración por el propietario anterior.
El accionante es sucesor a título particular del bien, es decir, que adquirió el dominio del mismo en idénticas condiciones y con las mismas limitaciones que tenía el transmitente; ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3270 del Código Civil y, sin perjuicio de las acciones que el apelante pueda ejercer contra el enajenante.
En consecuencia corresponde confirmar la obligación de pago del revalúo en lo que se refiere a la ampliación no denunciada.

Visto desde una óptica temporal, el artículo 68 del Código Contravencional -Ley Nº 10- pune el suministro de alcohol no solo antes, sino también durante una hora después de finalizado el espectáculo, supuesto éste último en que resulta imposible que quien adquiere bebidas alcohólicas concurra al evento o tuviera la intención de hacerlo. Pese a ello, el legislador consideró que esa conducta puede afectar el bien jurídico, por lo que considerar que el consumidor no fuera a concurrir al estadio o que no conociera de la realización del evento, carece de virtualidad para concluir con la ausencia de afectación del bien jurídico y la consecuente atipicidad de la conducta.

El tipo contravencional previsto en el artículo 61 del Código Contravencional supone diversos elementos que deben concurrir a los fines de su configuración, entre ellos la presencia de dos sujetos: uno activo (quien realiza la acción típica) y otro pasivo (en quien recae la actuación del sujeto activo).
La figura establece que solo pueden ser sujetos activos los propietarios, gerentes, encargados o responsables de un local de espectáculos públicos, de baile o de entretenimientos, denotando esta enumeración que el autor debe poseer ciertas condiciones especiales en base a su función o posición para fundamentar el injusto. Se trata entonces de una contravención especial propia que comprende ese círculo de autores que está delimitado por ley. Es decir que hay un deber específico del sujeto activo respecto del bien jurídico, y por ello mismo si esa relación no se da no hay injusto, la posición del sujeto fundamenta el injusto.
En cuanto al sujeto pasivo, entendido como el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito (Mir Puig, Santiago; Derecho Penal, parte general, tercera edición, Barcelona, 1990, pág. 214 y Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal”, quinta edición actualizada, Losada, 1950, pág. 89), también está fijada por la norma en cuestión. Así, para que se configure el tipo contravencional el sujeto pasivo debe tener una determinada cualidad: ser menor de dieciocho años, siendo esa la condición para quien ostente la titularidad del bien jurídico lesionado.

La conducta típica constitutiva de amenazas requiere un sujeto pasivo que tenga “...capacidad intelectiva y volitiva suficiente para comprender el sentido de la amenaza y para poder integrar tal dato de modo consecuente con su proceso deliberador...” (Diez Ripolles, Comentarios al Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia 1997:782) y, por lo tanto, se consuma cuando la misma llega a conocimiento del destinatario. Por ello, el lugar en que, en definitiva, se recepcionan las amenazas es relevante y la torna diferente de otros delitos cometidos a distancia, como el caso de los delitos informáticos.

La excepción de falta de legitimación consiste en que la parte que es traída al proceso carezca de legitimación y se configura cuando ella no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento.
Sentado lo expuesto, es elemental recordar que el artículo 226 del Código Fiscal (t.o. 2001 B.O.C.B.A. Nº 1124) establece que: “la radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires obliga al pago de un gravamen anual (...)” entendiendo que la “radicación de vehículos está constituida por su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de esta jurisdicción (...)” (art. 227); asimismo, son sujetos obligados al pago “los titulares de dominio, inscriptos en ese carácter en el Registro de la Propiedad Automotor” (art. 230).
En este entendimiento, también merece destacarse que “la responsabilidad impositiva del propietario se extiende por todo el período en que se conserva la titularidad del bien” (art. 230). Lo dicho permite concluir que, en el caso, a la luz del informe de dominio acompañado, se ha efectuado el cambio de radicación del rodado con fecha anterior a los períodos reclamados y el accionado no reviste el carácter de legitimado pasivo para soportar dicho reclamo.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por el Sr. Juez aquo, en cuanto entendió que el codemandado frentista no era un legitimado pasivo en función de la falta de prueba acerca de su calidad, en la demanda por daños y perjuicios por la caída en la vereda sufrida.
En efecto, la accionante, para solicitar una condena como la que pretende, debió acreditar -en concreto- el carácter de frentista de la sociedad de responsabilidad limitada a la que demandó.
En tal orden de ideas, corresponde remitirse a un principio básico en materia probatoria que es que todo aquel que alega un hecho tiene la carga de probarlo. Quedó entonces, en cabeza del actor y luego del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demostrar la calidad de frentista del codemandado, pues más allá de la demostración del daño, el factor de atribución, el nexo de causalidad, inobjetablemente se requerirá de la demostración de la calidad del legitimado pasivo.
Este "onus probandi" no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante. Es una circunstancia del riesgo en que quien no prueba los hechos que debe demostrar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. Puede deshacerse de ésa, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que hacen a la admisión de su derecho (conf. Fassi, Santiago C. y Maurino, Alberto L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 3, Astrea, p. 415, comentario al art. 377).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por la Sra. Juez aquo, en cuanto hizo lugar a la acción de daños y perjuicios interpuesta por la parte actora, ocasionados por las lesiones sufridas al caer en la acera, en el momento de salir de la escalera mecánica del subterráneo, y en consecuencia, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la empresa de subterráneos.
Ello así, en tanto no puede desconocerse que, en definitiva, las obras fueron realizadas en el lugar por encargo de la firma codemandada y en estas condiciones fue su parte la que introdujo el objeto riesgoso (escalera mecánica de estación de subte).
La pericia técnica explicó que según los planos acompañados a autos, la obra de la escalera mecánica fue realizada por una empresa contratada por la empresa de subterráneos.
Si, como se vio, la construcción resultó riesgosa, quien introdujo el peligro con su instalación fue la firma comercial, de modo que no puede eximirse de la obligación de reparar los daños ocasionados alegando que el control del mantenimiento de las veredas corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue la empresa quien tuvo a su cargo la instalación/construcción de la rampa cuya terminación produjo, en definitiva, la caída de la actora y que permite la salida al exterior del público usuario del servicio de subterráneo.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por la Sra. Juez aquo, en cuanto hizo lugar a la acción de daños y perjuicios interpuesta por la parte actora, ocasionados por las lesiones sufridas al caer en la acera, en el momento de salir de la escalera mecánica del subterráneo y en consecuencia, condenó en forma solidaria al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa de subterráneos.
De las constancias de autos, se puede observar la gravedad y el compromiso de las responsabilidades que caben a las codemandadas y cómo sus conductas y omisiones contribuyeron a la producción de los daños cuya indemnización se solicita en estas actuaciones.
En efecto, al deslindar el carácter concurrente o solidario de la condena, resulta determinante que, en casos como el presente, se advierte la pluralidad de sujetos pasivos y la existencia de vínculos distintos —el del GCBA y la empresa de subterráneos— que sin embargo convergen, en definitiva, en una estructura unitaria; pues para usar palabras de Llambías (Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil- Obligaciones, T. II-A, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2005, pp. 475-8) se verifica una pluralidad de vínculos concentrados o coligados, siendo este un rasgo propio de identidad de las obligaciones solidarias.
Tampoco debe olvidarse que la categoría de obligaciones concurrentes -también llamadas “in solidum”- no se encuentra expresamente contemplada en la ley argentina. Por ello, entiendo adecuado optar por la aplicación analógica al caso de la solución dispuesta en los artículos 1081 y 1109 del Código Civil, que establecen la responsabilidad solidaria de quienes hubieren participado en hechos que, por su culpa o negligencia, hubieren causado daño a otro (conf. esta Sala, en autos “Siniawski, Andrea Romina c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)”, EXP 4296/0, sentencia del día 5 de febrero de 2010, considerandos 3º y 4º del voto del Dr. Eduardo Ángel Russo al que adherí). (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Mabel Daniele).

En el caso, corresponde determinar que la responsabilidad del Estado local y de la empresa de subterráneos en la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la parte actora, ocasionados por las lesiones sufridas al caer en la acera, en el momento de salir de la escalera mecánica del subterráneo, debe ser considerada concurrente y no solidaria, como lo estableció la Magistrada de la anterior instancia.
Ello, en función de lo dispuesto por el artículo 701 del Código Civil, que dispone que “[p]ara que la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos inequívocos, ya obligándose “in solidum”, o cada uno por el todo, o el uno por los otros, etcétera, o que expresamente la ley la haya declarado solidaria”. Interpretando esta cláusula, se ha dicho que de ella surge que “la solidaridad constituye una excepción a los principios del derecho común, los cuales indican una repartición de la deuda entre los obligados y del crédito entre los acreedores. Tratándose de un supuesto de excepción no hay solidaridad tácita, o inducida por analogía, requiriéndose para admitirla una voluntad explícita de las partes o una decisión inequívoca de la ley: toda duda al respecto implica ausencia de solidaridad” (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil- Obligaciones, Lexis-Nexis / Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, tomo II-A. p. 474). De allí que sea mi convicción que existe concurrencia de responsabilidades, en partes iguales, del Gobierno local por un lado y de Metrovías S.A. por otro (cf. voto del suscripto in re “Siniawski, Andrea Romina c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)”, EXP 4296/0, sentencia del día 5 de febrero de 2010).

La figura típica prevista por el inciso 1º del artículo 181 del Código Penal establece que el despojo debe consumarse a través de uno de los medios expresamente previstos en la norma, esto es: violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. Asimismo, el despojo puede ser producido invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
Por otra parte, sujeto activo del delito puede ser cualquier persona física, bien entendido que dicha persona debe ser quien privó el uso y goce ajeno, más no quien usa ilegítimamente la propiedad de la que fuera despojado aquel que tenía derecho sobre aquella.
Sujeto pasivo, en cambio, es la persona física o jurídica poseedora o tenedora del inmueble, o sea, la que efectivamente tiene el hábeas a título propio, de modo que excluya la existencia contemporánea de un poder de otro.

El cambio de designación del sujeto procesal no opera como un cambio de demanda, por cuanto el bien objeto del proceso continúa siendo el mismo.
El cambio de demanda “es la sustitución de una demanda por otra; la primera desaparece, considerándose que el actor desiste de ella (…) la nueva demanda implica el desistimiento implícito de la demanda anterior (…) se produce cuando la modificación se opera sobre el objeto litigioso, sea porque ella afecte la legitimación material de los sujetos, los fundamentos de la demanda o la pretensión procesal” (Carlo Carli, La demanda Civil, La Plata, Ed. Lex, 1980, p. 111).

En el caso, corresponde establecer que el sujeto pasivo de la condena es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la demanda interpuesta por el actor, con el objeto de obtener el cobro de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la sanción y aplicación efectiva de la Ley Nº 1086 que dispuso una nueva integración de la Cámara del entonces fuero Contravencional y de Faltas.
Desde aquel enfoque, no puede compartirse el criterio de la Magistrada de primera instancia, quien, instaurada la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires juzgó procedente integrar la litis con la Legislatura y el Consejo de la Magistratura, para luego condenar a la Legislatura. Ello así, pues, al elevar a esos órganos a la categoría de sujetos de derecho se incurre en la confusión de atribuir personalidad jurídica a cada uno de los órganos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 129, CN, 1, 68, 115, 134 y cctes., CCABA).
En efecto, tal como ha expresado la Sala I, en autos “Cavallari Juan José contra GCBA y otros / amparo (Art. 14 CCABA)”, EXP 9670 /0, del 09/05/2005, la teoría de la división de poderes sólo implica que a la separación tripartita de funciones (ejecutiva, legislativa y judicial) le corresponde una clasificación tripartita de órganos, los llamados ‘poderes’ ejecutivo, legislativo y judicial. Se trata, con toda evidencia, de una división orgánica, que no permite desmembrar la personalidad del Estado —en este caso, la Ciudad de Buenos Aires—, que es única (cfr. Sala I, in re “Spisso, Rodolfo S. c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, expte. nº 1, sentencia del 8 de mayo de 2001; Bidegain, Carlos M., Cuadernos del curso de derecho constitucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, tº III, p. 110). Asimismo, se ha señalado anteriormente que “...la Ciudad constituye una unidad institucional, de forma que la demanda contra algún órgano o poder debe entenderse que es efectuada contra la Ciudad como tal...” (Sala I, in re “García Elorrio, Javier María c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, EXP nº 3586/0, voto del Dr. Horacio G. A. Corti, consid. IV).
De modo tal que en este pleito –en el que se debaten los padecimientos del actor por la actuación del Estado en lo concerniente a su asunción efectiva de las funciones como Juez local– debe entenderse que la acción se dirige contra la Ciudad de Buenos Aires, sujeto de derecho que, por ser una de las partes de la relación jurídica sustancial que lo vincula con el demandante debe ostentar, paralelamente, el rol procesal pasivo.
Parece ocioso mencionar que un pronunciamiento judicial dictado con la debida intervención de la Procuración General —o del órgano que en cada caso corresponda— será directamente oponible a la Ciudad y, por lo tanto, todos sus órganos estarán jurídicamente obligados a acatarla en la medida que deban hacerlo al actuar en el marco de sus respectivas competencias. En función de ello, corresponde modificar en ese aspecto la sentencia apelada y disponer que la condena a indemnizar debe recaer sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como persona jurídica única.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación instado por la demandada y declarar que no se encuentran prescriptos con respecto a la actora por los períodos de Alumbrado, Barrido y Limpieza en que se constituyó en codeudora solidaria por los períodos anteriores a la adquisición del bien, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 22.427.
En tal sentido estimo que lo verdaderamente importante para la dilucidación de esta causa resulta ser la determinación de los efectos de esa solidaridad convenida, aunado con el alcance de los efectos interruptivos de la prescripción que instó el acreedor contra uno de los codeudores solidarios al iniciar las ejecuciones fiscales por los períodos devengados con anterioridad a septiembre de 2001 -fecha de adquisición del inmueble por la actora-.
La función económico- jurídica del instituto de la solidaridad propende a brindar mayor seguridad también a ese acreedor común, quien goza de la facultades para exigir el pago de la deuda a cualquiera de sus deudores.
Ahora bien, la demanda judicial es el típico acto interruptivo de la prescripción, cuyo alcance debe interpretarse junto con lo dispuesto por el artículo 3994 del Código Civil, que establece “La interrupción de la prescripción emanada de uno de los acreedores solidarios, aprovecha a los coacreedores; y recíprocamente, la que se ha causado contra uno de los deudores solidarios puede oponerse a los otros”.
Aclarado lo expuesto, estimo que asiste razón a la recurrente cuando pretende que sean reconocidos contra la actora los efectos interruptivos de las demandas de ejecución fiscal iniciadas contra el anterior propietario por deuda devengada con anterioridad a septiembre de 2001, siempre que se hubieran iniciado con posterioridad a dicha fecha, momento en que voluntariamente se convirtió en su deudora solidaria y asumió las deudas que pudieran existir sobre el inmueble de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley Nº 22.427.

El principio de la tutela administrativa efectiva así consagrado es genérico y por tanto, de contenido muy amplio, capaz de legitimar diversas opciones legislativas, es claro que el mismo se consagra como una garantía del/a
administrado/a (sujeto activo) exigible a la administración (sujeto pasivo obligado) en esa sede, es decir, independiente de la revisión judicial posterior.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto hace lugar a la excepción de atipicidad planteada por la Defensa, y en consecuencia declarar extinguida la acción penal seguida contra los dos imputados con relación a los hechos investigados encuadrables en el delito tipificado en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal.
En efecto, en el caso cabe adelantar que no se advierte que se haya configurado la acción típica exigida por el artículo 181 inciso 1º del Codigo Penal, pues la consumación por despojo requiere que el sujeto activo prive a otro de la tenencia o posesión que se ejercía sobre el inmueble, sin tener un derecho legítimo a ello, circunstancia que no se ha acreditado en autos, pues tanto el querellante como los imputados dirimen en sede civil de quien es la legitimación para representar a la entidad religiosa en la Argentina.
Es decir, la cuestión radica en la legitimación o no de los imputados, como integrantes de la comisión directiva que habría sido designada en el mes de Diciembre de 2011, para adoptar medidas en representación de la entidad religiosa.
Es así que la mera negativa del ingreso al inmueble no sería constitutivo del delito de usurpación reprochado. Asimismo el cambio de cerradura realizado y la motivación que alega la defensa (que se decidió designar nuevas autoridades, que se creyó que los libros de actas que no se encontraban en la asociación fueron extraviados), tampoco permite señalar con categoría de certeza que hubiera ocurrido algún despojo mediante abuso de confianza o actuado con clandestinidad en perjuicio del querellante.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto hace lugar a la excepción de atipicidad planteada por la Defensa, y en consecuencia declarar extinguida la acción penal seguida contra los dos imputados con relación a los hechos investigados encuadrables en el delito tipificado en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal.
En efecto, en el caso cabe adelantar que no se advierte que se haya configurado la acción típica exigida por el artículo 181 inciso 1º del Codigo Penal, pues la consumación por despojo requiere que el sujeto activo prive a otro de la tenencia o posesión que se ejercía sobre el inmueble, sin tener un derecho legítimo a ello, circunstancia que no se ha acreditado en autos, pues tanto el querellante como los imputados dirimen en sede civil de quien es la legitimación para representar a la entidad religiosa en la Argentina.
Siendo así, no se puede aseverar, tal como lo afirma la querella que al momento del hecho el titular dominial del inmueble objeto de autos, avalado por el Registro Nacional de Culto, hubiera estado como presidente de la asociación con la tenencia del inmueble en representación de aquella. Es decir no se ha comprobado que el ingreso de los imputados, haya sido ilegítimo, ni tampoco que haya sido ilegal la orden de haber impedido el ingreso al inmueble por razones edilicias.
En cuanto a la modalidad comisiva del abuso de confianza que aduce la querella, se refiere a la conducta de quienes despojan al sujeto pasivo, aprovechando la confianza que se le ha otorgado al permitirle el acceso o el uso del inmueble, manteniéndose en él en la calidad de ocupante, más allá de lo tácita o expresamente permitido.
Es decir lo esencial en relación a este medio de despojo es que quien abusando de la buena fe que le ha sido dispensada, permitiéndole el acceso al inmueble o su uso o el uso de un derecho real, luego, despoja al sujeto pasivo.
Sentado ello, se puede afirmar que no existe, más allá de los dichos del querellante y la apoderada, elementos que sustenten la existencia de un abuso de confianza o clandestinidad por parte de los imputados como para que se configure el delito en cuestión.

La figura típica prevista por el inciso 1º del artículo 181 del Código Penal establece que el despojo debe consumarse a través de uno de los medios expresamente previstos en la norma, esto es: violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. Asimismo, el despojo puede ser producido invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
Por otra parte, sujeto activo del delito puede ser cualquier persona física, bien entendido que dicha persona debe ser quien privó el uso y goce ajeno, mas no quien usa ilegítimamente la propiedad de la que fuera despojado aquel que tenía derecho sobre aquélla.
Sujeto pasivo, en cambio, es la persona física o jurídica poseedora o tenedora del inmueble, o sea, la que efectivamente tiene el hábeas a título propio, de modo que excluya la existencia contemporánea de un poder de otro.
Por último, el delito es instantáneo en razón de que se consuma en el momento en que se despliegan los medios para cometer el despojo y de efectos permanentes.

La figura típica prevista por el inciso 1º del artículo 181 del Código Penal es un delito instantáneo en razón de que se consuma en el momento en que se despliegan los medios para cometer el despojo y de efectos permanentes. Aunque sus efectos se prolongan en el tiempo, la acción se consuma en el instante en que se lleva a cabo la acción típica.

En el caso, corresponde confirmar la resolución mediante la que cual abslvió al encausado.
En efecto, no es decisivo para tener por configurada la amenaza la cuestión respecto de si la denunciante efectivamente tuvo miedo o no ante los dichos del imputado.
La perspectiva de la víctima no es relevante en el sentido de los sentimientos concretos que ella tuvo, sino desde un punto de vista objetivizado.
La entidad intimidatoria tiene que determinarse según criterios objetivos, que permitan afirmar que en el caso concreto se está frente a una conducta disvaliosa en términos normativos.
Ello así, ese juicio de valor no puede realizarse desde la subjetividad del denunciante, sino que debe atenderse a un parámetro objetivo, lo que así hizo el Juez.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que rechazó la excepción de falta de acción y de manifiesto defecto en la pretensión por aticipicidad y archivar las actuaciones por inexistencia de delito.
En efecto, el artículo 2 de la Ley N° 13.944 reprime con prisión de hasta dos años o multa a los hijos que se substraen a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun sin mediar sentencia civil, a los padres impedidos.
El querellante afirmó tener 84 años de edad, tener muy deteriorada su salud y haberse quedado prácticamente ciego, lo que atribuyó a la negativa de su hijo aquí denunciado a proveerle remedios.
La avanzada edad (más de 84 años) y los problemas graves en el sentido de la vista invocados no configuran, la condición de “impedido” exigida en el sujeto pasivo por la figura.
La historia clínica oftalmológica del damnificado denota que, sin perjuicio de haber sido tratado por cataratas y tener diagnóstico de glaucoma, conserva visión bilateral.
Conforme la Tabla de Sená adoptada como baremo por el Decreto 656/96, reglamentario de la Ley de riesgos de trabajo N° 24.557) la visión conservada bilateral que informa su historia clínica no permite considerarlo impedido.
Conforme a la ley, sólo se encuentra “impedido” quien padece una incapacidad superior al 66% de la capacidad total obrera mientras que la pérdida total de la visión de un ojo ocasiona el 42 % de incapacidad y se supera el 70 % sólo cuando se ha perdido el 60 % de la agudeza visual del ojo remanente.
El querellante, si bien deambula asistido por un bastón, precisamente por esta condición debe considerarse auto-valente y no puede pretender encontrarse imposibilitado en los términos previstos por la ley para justificar, excepcionalmente, reprimir penalmente a los hijos que privan de los medios de subsistencia básicos a padres impedidos.
Conforme los datos clínicos aportados el querellante, no se encuentra en condiciones de salud tan graves, no obstante su avanzada edad, como para obtener una jubilación por invalidez. Tampoco ha explicado la razón por la que no ha requerido una jubilación por edad avanzada o, incluso, contributiva, a la que podría tener derecho no obstante su prolongada ausencia del país.
Ello así, si bien los hijos deben alimento a sus padres, sólo constituye un delito reprimido penalmente el sustraerse de la obligación de prestarlos a los padres impedidos. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que condenó al encausado por el delito de daño y ordenar su absolución.
En efecto, el artículo 181 del Código Penal sanciona a quien “…despojare a otro…” y atento que la Fiscalía no logró probar la existencia de ese “otro” sujeto pasivo del despojo atento que la propiedad objeto de delito se encontraba deshabitada por más de cinco años, la Juez entendió que la conducta investigada resulta atípica en relación con la figura de usurpación.
Descaratada entonces por tal motivo la usurpación, la subsidiariedad del delito de daño cede y permite que renazca la posibilidad de penar la conducta endilgada al imputado por ese delito.
A diferencia de la usurpación, el daño constituye por su propia naturaleza un atentado contra la cosa misma, en tanto representa el punto máximo de acercamiento entra la noción penal de “propiedad” y la noción civil de “dominio”. Procura impedir los ataques a la incolumnidad de las cosas que son propiedad de otro, en cuanto son, justamente, ajenas.
La Denfensa destacó la incongruencia de la sentencia que descartó la imputación del delito de usurpación por no haber sido acreditado a quien pertenece hoy el inmueble objeto del ilícito dado que, el único asiento registral de dominio data de hace más de cien años, pero imputó el delito de daño, que también es un delito contra la propiedad y reprime a quienes destruyen o dañan cosas muebles o inmuebles total o parcialmente ajenas.
Acreditar la subsunción atípica de una conducta en el delito de daño sólo se puede hacer luego de constar la ajenidad de la cosa mueble o inmueble en cuestión.
Ello así y atento que la Jueza señaló que no era posible condenar al encausado por usurpación de un inmueble cuyo dueño no se conoce- dado que el derecho civil admite que la propiedad se adquiera por la usucapión-, no se advierte cómo puede considerarse ajena la propiedad del muro o puerta de dicho inmueble sin propietario y que se reprochó haber dañado al imputado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la solicitud de una audiencia de mediación solicitada por la Defensa.
La apelante se agravia del rechazo de la solicitud de conciliación respecto de los ruidos molestos imputados al encausado los cuales poseen dos denunciantes acreditados en expediente. Agregó que disiente con la imposibilidad de conciliar con los denunciantes que surgen del legajo en orden a la contravención de ruidos molestos (artículo 82 del Código Contravencional), lo cual no afectaría en modo alguno a la Fiscalía, para que a su turno prosiga la acción de reproche respecto de las presuntas violaciones de clausura que también persigue.
La Juez, al resolver, consideró que los hechos imputados al responsable del comercio fueron calificados en los términos del artículo 73 y 82 del Código Contravencional en concurso ideal y que resulta materialmente imposible conciliar por las violaciones de clausura endilgadas, puesto que el sujeto pasivo de la contravención referida es la Administración (conf. MOROSI, Guillermo y Gonzalo Rúa, Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comentado y anotado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, Pág. 377).
En efecto, no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio con la Administración por la violación de clausura se investiga junto a la contravención de ruidos molestos respecto de la cual, sus denunciantes aceptaron la mediación.
Ello así, no resulta viable propiciar la extinción de la acción a través de la vía propuesta por la Defensa, toda vez que la aplicación del instituto de mediación, en relación a los ruidos molestos endilgados, insoslayablemente afectaría el ejercicio de la acción respecto de la imputación efectuada por violación de clausura ya que media entre ellos un concurso ideal (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
En efecto, la Defensa sostiene que la conducta endilgada a sus asistidos resulta palmariamente atípica toda vez que al momento de los supuestos hechos no existía ningún sujeto pasivo que pudiera haber sido despojado, ni tampoco existía ninguna posesión, tenencia o derecho real que pudiera haber sido objeto del despojo. Ello así en virtud de que la propietaria ya había fallecido, ninguna persona, hasta el momento, había sido reconocido judicialmente como heredero, ni el Estado reclamó el inmueble como vacante.
Sin embargo, la fenecida, quien resultaba ser la titular del inmueble en cuestión, falleció -conforme se desprende del certificado de defunción- cuatro días antes de la intromisión de los imputados en la vivienda. Asimismo, es importante señalar que se encuentra en el expediente, un testamento ológrafo, mediante el cual la causante instituyó a un heredero.
De tal modo, al momento de la defunción la única persona con derechos sobre el inmueble era el mencionado en el testamento.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
En efecto, la Defensa considera que, en virtud de que el heredero fue instituido como tal mediante un testamento, aquél no entraba en posesión del inmueble de pleno derecho luego del deceso de la causante, sino que ese derecho debía ser reconocido por el Juez competente luego de analizar la validez del testamento ológrafo, de acuerdo con lo normado por el Código Civil que estuvo vigente al momento de los hechos (arts. 3413 y 3414 CC). De tal modo, entiende que al momento del hecho investigado el sujeto que figuraba en el testamento no gozaba de ningún derecho con relación al inmueble –pues todavía no había presentado el testamento ante la Justicia Civil- y, por ende, no existe el sujeto pasivo que el tipo penal analizado requiere.
SIn embargo, entendemos que no resulta acertado el razonamiento efectuado por el recurrente, como así tampoco la interpretación que realizó de la normativa civil que citó. Ello así, el principio que rige en materia sucesoria –tanto con el Código Civil anterior, como con el Código Civil y Comercial actualmente vigente- es que el heredero continúa la persona del causante. Ello implica que los derechos y obligaciones pasan a los herederos desde el momento del fallecimiento.
En este punto, es menester señalar que había una variante en el Código de Vélez en cuanto a los herederos forzosos (cónyuge, ascendientes y descendientes) y los no forzosos (colaterales con derecho o testamentarios), pues los primeros entraban en posesión de la herencia el día de la muerte sin ninguna formalidad, mientras que los otros debían pedirla al Juez y aguardar la declaratoria de herederos (art. 3410 y ss Código Civil). Sin perjuicio de ello, el artículo 3415 del Código de Vélez establecía el efecto retroactivo de la posesión hereditaria.
Asimismo, si bien es cierto que al abordar el juicio sucesorio el Código Civil y Comercial vigente mantiene la diferencia entre herederos forzosos y los otros en cuanto a su investidura de la calidad de heredero (arts. 2237 y 2238 CCC), esto no incide en la titularidad de derechos y la posesión. Es por ello que, desde la muerte de la propietaria del inmueble en cuestión, quien figura en el testamento ológrafo tiene derechos sobre la finca, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del juicio sucesorio en sede Civil. Lo que resulta importante destacar es que la finca no estuvo sin poseedor y no hubiera podido estarlo porque no fue ni es una "res nullius" sujeta a apropiación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
En efecto, se le atribuye al encartado, en su calidad de Director de un periódico de esta Ciudad, el haber promovido la discriminación racial y religiosa, alentando e incitando a la persecución y al odio de la comunidad judía, a través de la publicación de distintos artículos en una de sus ediciones, tales como: "nazismo judío", "mesianismo sionista"; “las organizaciones nazi sionista en nuestros países como la DAIA ese engendro de propaganda nazi disfrazado de organización comunitaria”, entre otros.
Ahora bien, tal como se desprende del artículo periodístico redactado por el imputado, sus críticas y reflexiones se encuentran dirigidas hacia el Estado de Israel y no hacia la comunidad judía. Es decir, lo que pretende el encartado es manifestarse en contra de una política exterior adoptada por el Estado en cuestión, mas no busca adjudicar ningún tipo de responsabilidad al respecto a la comunidad judía.
En este sentido, a la acción militar que refiere el enrostrado, se ha referido críticamente el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas", en el tema 7° de la agenda, en el 12° período de sesiones. Documento: Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados. Informe de la misión de investigación de la ONU sobre el conflicto de Gaza (A/HRC/12/48 ADVANCES 23 de septiembre de 2009. Español. Original Inglés. Documento también conocido como Informe Goldstone, por ser el ex Juez del Tribunal Constitucional de la Unión Sudafricana y Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Rwanda, Richard Goldstone, quien encabezara dicha misión).
Por ser público este documento, me exime de todo comentario sobre violación a los derechos humanos en el citado conflicto. En otras palabras, cuestionar la política exterior de un Estado nación, en modo alguno implica discriminación racial o religiosa.
Lo manifestado en el párrafo antecedente tiene una importante consecuencia jurídica, pues la pregunta que podría formularse ahora es si un Estado puede ser discriminado. Desde ya, la respuesta es que no. La discriminación se encuentra vinculada a una afectación de derechos y garantías de un individuo o grupo de individuos que traiga aparejada algún tipo de exclusión, restricción o distinción, lo cual nunca podría acontecer con relación a un Estado. Es por ello que aquí se advierte un problema con relación al sujeto pasivo del delito que se le imputa al encausado toda vez que la parte querellante –la DAIA- se encuentra tutelando los intereses de la comunidad judía, mas no los del Estado de Israel.
En esta misma inteligencia, resulta acertado lo manifestado por el imputado en su presentación, en cuanto a que la omisión de la distinción efectuada "ut supra" equivaldría a considerar como equivalentes los conceptos "nazismo" y pueblo alemán o "fascismo" y pueblo italiano.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
La Defensa plantea que, al ser despojado el concubino de la que en vida fuera propietaria del inmueble, no podría ser sujeto pasivo de una eventual usurpación.
A la luz del Código Civil de la Nación no resultaría tenedor del mismo, lo que descartaría cualquier tipo de tipicidad en la conducta de los imputados.
En efecto, no resulta evidente si el encausado detenta o no la tenencia del inmueble presuntamente usurpado.
En la hipótesis de autos existen hechos controvertidos sujetos a prueba que deberán ser evaluados en la oportunidad de celebrarse el juicio oral y público atento que las constancias probatorias aportadas por la Fiscal permiten suponer –con el grado de provisoriedad que esta etapa procesal exige– que el denunciante ostentaba algún tipo de derecho sobre el inmueble en cuestión al momento en que los encausados presuntamente intentaron evitar su ingreso al mismo, inclusive por la circunstancia de que en su interior se encontraban todas sus pertenencias y de que tenía en su poder la llave para acceder al mismo.
Ello así debe descartarse la atipicidad inequívoca o manifiesta de las conductas investigadas.

El abandono de personas constituye un delito de omisión impropia cuya configuración requiere desde lo objetivo, la puesta en peligro de la vida o la salud de una persona incapaz de valerse, derivada de la colocación en situación de desamparo o del abandono por parte de quien tiene la obligación de mantenerla o cuidarla y la posibilidad objetiva de evitar el riesgo por medio de la conducta debida. Y desde lo subjetivo, el conocimiento de aquellos extremos, especialmente, de la situación objetiva de peligro concreto para la vida o la salud.
Así, abandonar significa colocar al sujeto pasivo en una situación de desamparo material. Es de los denominados delitos puros de omisión, es decir que es la inacción la que se convierte en delictiva, el sujeto activo debe actuar por imperio legal y no lo hace, dejando de prestar los auxilios o cuidados necesarios. En este sentido, es unánime en la doctrina nacional, que el especial rol de garante conmina al sujeto activo a actuar, comprometiendo su libertad de acción y el margen de ésta, lo que le exige llevar a cabo una conducta específicamente detallada, es decir, prestar auxilio.
En consecuencia, desde el análisis del tipo objetivo, no cualquier persona puede ser el sujeto activo de este delito, solo lo es quien está obligado a prestar auxilio, es decir, este supuesto está limitado a personas que detenten una posición de garante en relación a la víctima.
En este aspecto la condición de garante supone que el autor debe comportarse de acuerdo a su rol, y desde el punto de vista objetivo, lo que exige el desempeño de este rol es realizar una obligación de hacer, que se traduce en mantener fuera de peligro y prestar cuidados a una persona incapaz de valerse por sí misma. Además, cabe agregar, exige la figura que el sujeto activo pueda realizar la conducta debida y no lo haga. Con ello, el nexo de evitación se ve configurado con la no realización de la conducta debida que evita el peligro de daño a la vida o la salud de la víctima.
Por otro lado, es sujeto pasivo quien se encuentra expuesto a peligro por medio del abandono y solo puede recaer sobre una persona incapaz de obtener los auxilios necesarios por sí. Por tanto, se configura el abandono, conforme lo ya manifestado, cuando se priva a la víctima – aún de manera temporaria- de auxilio o de los cuidados debidos poniendo en peligro su vida o su salud.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que rechazó el pedido de la Defensa y ordenar que las presentes actuaciones sean acumuladas con otra causa.
En efecto, a pesar de verificarse que los hechos investigados son distintos a los que dieron origen al inicio de las actuaciones que se encuentran tramitando ante otro Juzgado del Fuero, todos los sucesos se enmarcan dentro de un mismo contexto de violencia del que forman parte los mismos sujetos activos y pasivos.
A tal punto se relacionan los hechos investigados en ambos procesos que, el hecho que dio inicio a la presente causa configura un incumplimiento a la pauta de conducta de abstención de tomar contacto con la denunciante que se fijó al otorgarse la "probation" en la causa que ya se encontraba en trámite.
Independientemente de que los hechos investigados hayan ocurrido en distintos momentos temporales y que, eventualmente, encuadren en distintas figuras típicas (artículo 149 bis del Código Penal, artículo 183 del Código Penal y artículo 52 del Código Contravencional), todos forman parte de un mismo contexto y poseen identidad de sujetos, por lo que corresponde que su investigación sea llevada adelante ante un mismo Juez.
Ello así, toda vez que previamente se ha iniciado una causa por hechos que resultan conexos con la contravención investigada en autos, corresponde que el Juzgado interviniente en aquélla absorba las presentes.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto rechazó la incompetencia de la Justicia de la Ciudad para entender en uno de los hechos investigados el cual fue calificado como incumplimiento de deberes de asistencia familiar.
En efecto, la pluralidad de las conductas investigadas habrían sido desplegadas en circunstancias de modo, tiempo y lugar completamente diferentes.
La identidad en el sujeto (identidad de imputado) no resulta suficiente para forzar la intervención de un único Tribunal en la investigación.
No existe tampoco identidad en las víctimas de los hechos investigados ya que el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar afecta a la presunta hija del encausado (no se ha acompañado la partida de nacimiento) mientras que el desapoderamiento ilegitimo habría damnificado a la ex pareja del imputado.
Ello así, la competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas se encuentra limitada al primer hecho, cuya investigación ha sido transferida a esta Justicia.

En el caso, corresponde hacer lugar a la excepción de atipicidad por falta de afectación al bien jurídico protegido por el tipo endilgado y sobreseer al encausado por el delito de daño.
En efecto, con relación al artículo183 del Código Penal se ha sostenido que, como ocurre con todos los tipos penales pertenecientes al Libro II, Título VI del Código Penal, el bien jurídico protegido en el tipo en cuestión es la propiedad, con algunas particularidades que lo diferencian de los demás. El delito de daño consiste en un atentado contra la cosa, el cual disminuye o elimina su valor ((Baigún-Zaffaroni, Código Penal, Parte Especial, T 7, Ed. Hammurabi, pág. 847). Es decir, lo que se encuentra penalmente protegido es la disminución del valor venal, el valor económico o de uso de las cosas muebles o inmuebles sobre las que recae impidiendo su normal disponibilidad por parte del PROPIETARIO, con el consiguiente perjuicio para su patrimonio (el destacado me pertenece) (ob. cit. pág. 848).
Siendo así, cabe concluir que teniendo en cuenta que la propiedad, entendida como derecho o facultad de poseer alguien algo o bien de disponer de ello, debe recaer en una persona determinada, su ausencia, más precisamente de los damnificados, impide tener por verificada en autos la tipicidad del delito en cuestión.
Si bien obra en la causa un informe del Registro de la Propiedad Inmueble que da cuenta de que la titularidad del bien corresponde a una persona fallecida sin descendencia, lo cierto es que la Fiscalía a lo largo de toda la investigación cursada no logró identificar concretamente al/los herederos del bien.
En consecuencia, la ineficaz actividad investigativa desplegada por la Fiscalía durante la etapa preparatoria conduce a que en el marco del juicio oral que se designará en el sub examine, el Ministerio Público Fiscal no contará con el testimonio de los titulares del bien inmueble en cuestión. Y dichos testimonios no podrán ser determinados ulteriormente para ser ofrecidos como “medida probatoria nueva”, pues claramente no se trata de una prueba desconocida, sino de una prueba conocida no recabada oportunamente por la Fiscalía. a acusación pública no puede omitir el ofrecimiento concreto y determinado del testimonio de los herederos del bien pues ello resulta además contradictorio con el rol de la víctima que propone el sistema acusatorio que rige en materia penal local.
En conclusión, la situación de indeterminación en que ha incurrido el Ministerio Público Fiscal debe ser resuelta en esta etapa intermedia a través del mecanismo procesal arbitrado oportunamente por la Defensa, por lo que, en definitiva, corresponde hacer lugar a la excepción de atipicidad introducida por la parte.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto tuvo por ampliada la demanda de daños y perjuicios contra el Consorcio de Propietarios y ordenó correrle traslado a la demanda.
En efecto, las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, cabe remitirse por razones de brevedad.
Ello así, cabe recordar que, en principio, la demanda puede ser modificada o transformada antes de la notificación al demandado. La imposibilidad de alterar los términos de la demanda después de su notificación tiene por finalidad impedir que la parte demandada no pueda responder a la totalidad de las pretensiones del actor y oponer las defensas que corresponden a su caso.
No obstante, se ha sostenido que no existe transformación en la demanda cuando la modificación altera los sujetos o las personas, sino que la demanda se transforma cuando se alteran los fundamentos sin cambiar la "causa petendi" ni el objeto del litigio (conf. Arazi – Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, p. 180).
En cuanto al límite temporal para que el actor ejerza esta facultad, se ha admitido la ampliación subjetiva de la demanda solicitada con posterioridad a su notificación por entenderse que “la extensión de la demanda a otro demandado, al no alterar un elemento objetivo de la pretensión ––objeto o causa–– no configura una transformación en los términos del artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNFed.CC, Sala 1, “Brisaboa, Claudio H. y otro c/ Estado Nacional ENABIEF y otros”, 28/1/2004), En igual sentido, la Cámara de Apelaciones del fuero admitió esa posibilidad por considerar que tal accionar beneficia al demandado originario, evita un dispendio jurisdiccional inútil y la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias ––Sala II, “Bonicelli, María Vanesa c/ GCBA (Dirección General de Obras Públicas) y otros s/ daños y perjuicios”, 23/12/2002––.

En el caso, corresponde confirmar la decisión del Juez de grado, en cuanto absolvió al imputado, en orden al hecho que fuera calificado como amenazas simples, (artículo 149 bis del Código Penal), en el contexto de una discusión familiar.
La Querella de una de las presuntas víctimas (hermana del imputado) sostuvo que se desconoció el carácter de violencia de género que subyacía en la relación y que ello incidió al merituarse la prueba y por ende al resolver en sentido absolutorio.
Sin embargo, en relación a la violencia de género, no se acreditó la existencia de una desigualdad en la relación que permita afirmar la existencia de una situación de especial vulnerabilidad en la Querellante. Asimismo, de haberse corroborado tal extremo tampoco hubiera modificado la apreciación de la prueba pues se produjo otra, más allá de los dichos de la Querella que impidieron arribar a un estado de certeza respecto de la amenaza verbal que habrían recibido las denunciantes. Ello así, el estado de controversia patrimonial entre las partes con motivo de la división de la sucesión que aún no tuvo lugar no se revela, con las probanzas con que se cuenta, como constitutivo de violencia de género en su faz patrimonial.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, no se puede dejar de señalar que la madre del imputado y de la Querellante, (que en el decreto de determinación y actos posteriores tiene el carácter de víctima), denunció la conducta del hijo y formuló en más de una ocasión una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al momento del juicio en esta causa, si bien no afirmó extremos sobre los que antes había declarado, señaló que el imputado ese día la había empujado. Ello así, hubiera resultado importante dar tratamiento diferencial a los hechos que pudieran tener como sujeto pasivo a cada uno de las presuntas víctimas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al encausado como autor del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
En efecto, la pareja del imputado dijo a lo largo del plenario que aquél se hacía cargo económicamente de sus hijos, lo que descarta en modo palmario, con la fuerza de lo evidente, el no poder realizar ninguna acción de igual naturaleza que la ordenada.
Sumado a ello, la Defensa sostuvo en todo momento la hipótesis de que, cuando está con su padre, el sujeto pasivo se encuentra correctamente sostenido desde el punto de vista económico, circunstancia que concurre junto con la mencionada en el párrafo anterior, a descartar la falta de capacidad económica alegada, diría incluso con la misma firmeza. (Del voto en disidencia de la Dra. Elizabeth Marum)

En el caso, corresponde revocar la sentencia que condenó al imputado por el delito de usurpación y disponer su absolución.
En autos, se le imputó al encartado el haber efectuado el cambio de cerradura (violencia) en un domicilio de esta Ciudad, durante la ausencia momentánea (clandestinidad) de la denunciante, domiciliada en el lugar, despojándola, al no poder ingresar a la vivienda desde dicha fecha hasta la presente.
Sin embargo, no se ha acreditado en la presente que la denunciante haya realizado actos suficientes como para considerar que ejercía la posesión o tenencia del inmueble, es decir, se trata de una servidora de la tenencia, quien no puede ser objeto de despojo.
En este sentido, los testimonios brindados en el juicio fueron coincidentes en cuanto a que la aquí denunciante se había quedado en el domicilio de su abuela, luego de la muerte de su abuelo, que era ella quien la acompañaba por las noches y durante cuatro años vivió en su casa. De manera que su estadía allí, en nuestra opinión, más allá de haber mudado muchas de sus pertenencias al lugar, era transitoria, y lo era en razón del cuidado que su abuela requería y que ella estaba dispuesta a brindar. De lo contrario, no se explica por qué no había ejercido actos tales como poner algún servicio o factura que llegue a su nombre en el domicilio en cuestión.
Sobre el punto, expresa Núñez que: "Para ser tenedor de un inmueble a los efectos del artículo 181, inciso 1°, del Código Penal, no basta, sin embargo, ocuparlo. Debe ser una ocupación a título propio y autónomo. Esto sucede cuando la persona usa y goza del inmueble a título propio, y no como servidor de su poseedor o tenedor".
En este orden de ideas, no pueden ser sujetos pasivos del delito de usurpación quienes tienen un simple contacto material con el inmueble, pero sin derecho autónomo a tener la cosa, como el caso de quienes son meros servidores de la cosa ajena.
Por lo tanto, no se ha acreditado que la presunta víctima haya realizado actos suficientes como para considerar que ejercía la posesión o tenencia, por lo que, a nuestro entender, se trata de una servidora de la tenencia, quien no puede ser objeto de despojo.

En el caso, corresponde revocar la sentencia que condenó al imputado por el delito de usurpación y disponer su absolución.
En autos, se le imputó al encartado el haber efectuado el cambio de cerradura (violencia) en un domicilio de esta Ciudad, durante la ausencia momentánea (clandestinidad) de la denunciante, domiciliada en el lugar, despojándola, al no poder ingresar a la vivienda desde dicha fecha hasta la presente.
Ahora bien, la cuestión en autos radica en determinar si la denunciante reviste el carácter de sujeto pasivo, y si el imputado impidió el acceso valiéndose de uno de los medios comisivos estipulados por la norma (art. 181, inc. 1, CP).
Al respecto, si bien la denunciante y su madre, quien declaró como testigo, afirman que la primera vivió en el inmueble desde hace muchos años, los testigos de la Defensa negaron esta circunstancia y describieron el desarrollo material de cómo es que la denunciante llegó a dormir allí por las noches, siendo coherentes y concordantes entre sí.
En este sentido, los testigos aseguraron que la presunta víctima recibía un monto dinerario por la tarea de cuidado que —ellos dicen- le prestaba a su abuela con quien supuestamente fue a vivir luego de la muerte de su abuelo a fin de prestarle cuidado. Estos testigos afirmaron que en la casa no había indumentaria de la denunciante que indique que ese era su domicilio.
De la documentación agregada se advierte que la denunciante tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires.
Así las cosas, es en cabeza del Ministerio Público Fiscal donde recae el deber de probar los extremos de hecho que hacen a su acusación, y del plexo probatorio desarrollado no he arribado más que un estado de duda, que estimo razonable.
En consecuencia, no se ha logrado dar luz sobre la posición jurídica de la presunta damnificada como el tipo objetivo exige.

El delito de abandono de personas constituye un delito de omisión impropia cuya configuración requiere, desde lo objetivo, la puesta en peligro de la vida o la salud de una persona incapaz de valerse por sí misma, derivada del abandono por parte de quien tiene la obligación de mantenerla o cuidarla y la posibilidad objetiva de evitar el riesgo por medio de la conducta debida y, desde lo subjetivo, el conocimiento de la situación objetiva de peligro, del deber y capacidad de actuar y de la posibilidad de evitación o morigeración del resultado lesivo.
La figura exige que se abandone a una persona, y ello se da cuando se produce la privación de los auxilios debidos y el aislamiento de los inmediatos auxilios posibles, de modo que se genere la situación de peligro.
Habrá abandono, en términos típicos, cuando la ayuda necesaria a quien no puede valerse por sí mismo sea dejada de darse de acuerdo a las circunstancias del caso, de modo que la salvación de la persona puesta en peligro quede en manos del azar. Se debe privar al sujeto pasivo de los cuidados imprescindibles para mantener su vida o la integridad de su físico, en situación en que normalmente no es posible que se los presten otros.
La doctrina señala que el abandono puede ser meramente transitorio, siempre que en el lapso que se trate haya tenido lugar el peligro para la víctima que requiere la figura típica.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al encausado como autor del delito de amenazas agravadas por el uso de armas.
La Defensa cuestiona las declaraciones de los testigos, respecto de quienes dijo que poseían memoria “selectiva”, y habían sido preparados, así como la ponderación de sus testimonios.
A fin de restarles credibilidad a los testimonios aportados, la Defensa indicó que lo ocurrido al denunciante era parte del trabajo de todo vigilador y que nunca tuvieron temor, prueba de ello es que hubo que leerles las declaraciones para que recuerden la intimidación que habían sentido, a la vez que en lugar de llamar a la policía se comunicaron con su supervisor quien les dijo que llamaran al 911.
En efecto, lo sucedido no acredita la falta de temor pretendida por el recurrente, en tanto no resulta incompatible con el miedo que manifestaron haber sentido los damnificados.
Ambos manifestaron el temor que sintieron al producirse los hechos y un testigo agregó que creía al encausado capaz de hacer alguna otra cosa, por lo que fue a realizar el llamado correspondiente.
La circunstancia de que sean vigiladores no impide que puedan sentir temor ante la presencia de una persona exaltada, que arroja un cartel contra el blindex, luego golpea con su puño éste, mientras refiere ser barrabrava de un club y proferir frases amenazantes, para finalmente exhibir un arma y detonarla.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público (art. 292, 1° párr., CP).
La Defensa consideró que el hecho resultó inidóneo a los fines de alterar el bien jurídico ya que la fe pública protegida es la de personas determinadas. En el caso, la de los agentes de tránsito que rápidamente se dieron cuenta que la licencia de conducir era apócrifa. Advirtió que el estado del documento, en cuanto carecía de elementos esenciales, posibilitó la inmediata detección de sus irregularidades.
Ahora bien, en el caso en análisis, entendemos que la licencia de conducir utilizada por el imputado reúne los requisitos exigidos por la norma penal para afectar el bien jurídico protegido. Es criterio de los suscriptos que el bien jurídico protegido por la norma es la fe pública de todas las personas que se encuentran vinculas al tránsito, pues no se trata de un documento destinado a ser presentado solamente ante los agentes de tránsito o policía como adujo la Defensa.
En este sentido, resulta acertada la decisión adoptada por la judicante, en cuanto indicó que “su confección es adecuada, muy similar a un original, lo que se verifica a simple vista…las deficiencias apuntadas sólo pudieron ser advertidas por personal entrenado y/o expertos mediante métodos de cotejo o a través de instrumental de la especialidad.”
En igual sentido al ponderado por la Magistrada de grado, entendemos que nos encontramos ante una falsificación de instrumento público que posee la entidad suficiente para vulnerar el bien jurídico tutelado por la norma.
A mayor abundamiento, se ha afirmado que “Si la licencia de conducir posee los signos de autenticidad con los que cuenta, de ordinario, los documentos originales de este tipo, no puede ser calificado como burdo para configurar un supuesto de atipicidad”. (CNCP, Sala IV “Sciuto, Adrián A. s/ recurso de casación”, causa n° 12894, reg. N° 1075.12.4, rta. el 27/06/12).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público (art. 292, 1° párr., CP).
La Defensa consideró que el hecho resultó inidóneo a los fines de alterar el bien jurídico ya que la fe pública protegida es la de personas determinadas. En el caso, la de los agentes de tránsito que rápidamente se dieron cuenta que la licencia de conducir era apócrifa. Advirtió que el estado del documento, en cuanto carecía de elementos esenciales, posibilitó la inmediata detección de sus irregularidades.
Ahora bien, considero que resulta atípica la conducta burda que no logra realizar la transformación necesaria de un papel para que permita asimilarlo a un documento de circulación válida. Tal circunstancia debe ser advertida por aquéllos a quienes está destinado el engaño dado que el mismo persigue un objetivo determinado.
Sentado ello, de la declaración de la agente de tránsito interviniente en el hecho, surge con claridad suficiente que la licencia de conducir que poseía el encartado mostraba claros y burdos indicios de que no se trataba de una licencia de conducir válida, lo que fue advertido a simple vista por la agente aun sin tener conocimientos especiales ni información concreta acerca de cómo verificar su autenticidad.
Es decir, la burda confección de la licencia de conducir fue advertida de forma inmediata y por tal motivo la agente de tránsito buscó la forma de corroborar su primera impresión acudiendo a un oficial de policía que se encontraba en el lugar. Adviértase que la consulta efectuada no está prevista de forma sistemática y general sino que fue motivada ante la evidente falsedad del documento de que se trata y que la testigo dijo que hacía entre diez a treinta controles, dependiendo de la cantidad de tránsito pero que era la primera y única vez que le ocurrió una situación como esta.
En efecto, del análisis efectuado surge no acreditada la tipicidad de la conducta reprochada en tanto la licencia de conducir presentada por el imputado no era eficaz para lograr los fines perseguidos por el tipo penal, esto es lesionar el bien jurídico “fe pública”. Ello porque los destinatarios de tal protección, en concreto los oficiales de tránsito, detectaron inmediatamente y a simple vista que la licencia de conducir era apócrifa. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público (art. 292, 1° párr., CP).
La Defensa consideró que el hecho resultó inidóneo a los fines de alterar el bien jurídico ya que la fe pública protegida es la de personas determinadas. En el caso, la de los agentes de tránsito que rápidamente se dieron cuenta que la licencia de conducir era apócrifa. Advirtió que el estado del documento, en cuanto carecía de elementos esenciales, posibilitó la inmediata detección de sus irregularidades.
Ahora bien, considero que resulta atípica la conducta burda que no logra realizar la transformación necesaria de un papel para que permita asimilarlo a un documento de circulación válida. Tal circunstancia debe ser advertida por aquéllos a quienes está destinado el engaño dado que el mismo persigue un objetivo determinado.
Sentado ello, el hecho de que el laminado de seguridad estuviera despegado, lo que es conteste en todos los testimonios brindados, arroja más luz respecto a la falta de credibilidad que lograba el documento en tanto la perito calígrafo afirmó que una de las medidas de seguridad de la licencia de conducir es su laminado, que es especial para proteger la información fija y variable del soporte y que por ello está hecho para que no se despegue a través de un proceso de termosellado.
En efecto, la falta del laminado específico no constituye simplemente un deterioro en el material de confección de la licencia de conducir sino la falta de un elemento esencial apreciable a simple vista y que denotaba lo burdo de su confección.
Las pericias efectuadas y los resultados de la observación de los expertos carecen de relevancia en tanto no está discutido ni puesto en duda en autos la falsedad del documento que portaba el imputado. Por el contrario, la falsedad era tan evidente que de los testimonios de las tres personas que no contaban con un conocimiento especializado surge que notaron a simple vista las características diferentes que hacía que este documento no fuera siquiera parecido a otros que habían tenido ocasión de inspeccionar.
Es por ello que corresponde declarar la atipicidad de la conducta reprochada al encartado y absolverlo del delito que se le enrostra. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público (art. 292, 1° párr., CP).
En efecto, del análisis de las constancias en autos surge no acreditada la tipicidad de la conducta reprochada al encartado en tanto la licencia de conducir presentada por el imputado no era eficaz para lograr los fines perseguidos por el tipo penal, esto es lesionar el bien jurídico “fe pública”. Ello porque los destinatarios de tal protección, en concreto los oficiales de tránsito, detectaron inmediatamente y a simple vista que la licencia de conducir era apócrifa.
Es decir, tan burda resultó la licencia de conducir presentada por imputado que dos agentes de tránsito, personas que no tienen ninguna instrucción especial al respecto ni saben de tipografías, sellados, láminas holográficas y otras cuestiones técnicas fueron capaces de advertir las irregularidades y elementos disímiles que presentaba este documento. Sólo la creencia cierta de que se encontraba frente a un ilícito respalda el actuar de la agente que recurrió a un policía que se encontraba cercano al lugar, ajeno al procedimiento de tránsito que se llevaba a cabo, para corroborar su impresión y comenzar los procedimientos fijados.
A ello cabe agregar que la licencia de conducir apócrifa no sólo no ha sido apta para lograr los fines que se proponía y lesionar el bien jurídico protegido por la norma vinculada al hecho sino que tampoco el imputado ha perjudicado con su obrar derechos de terceros, deviniendo trivial e insignificante la modificación efectuada en los vínculos jurídicos en cuestión. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

Para que se configure el delito de resistencia a la autoridad regulado en el artículo 239 del Código Penal, es requisito indispensable que el sujeto activo haga empleo de la fuerza o intimidación contra el sujeto pasivo para impedir o trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. La resistencia protege la libertad de acción de aquél, una vez que ha tomado la decisión de actuar (D´ALESSIO, Andrés José, Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, T II. La Ley, Bs. As., 2009, p. 770).
Es decir, para que una conducta constituya resistencia a la autoridad es necesaria la presencia de la fuerza o la violencia ejercida por parte del sujeto activo para evitar la acción de un funcionario.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio presentado por el Fiscal.
En efecto, en relación al cuestionamiento referido a las amenazas esgrimidas contra el denunciante, no se advierte contradicción o falta de fundamentación al imputarle al encausado los hechos que tienen como damnificado al denunciante, ello pues y si bien no habría recibido los mensajes amenazantes en su teléfono celular, no es posible obviar que algunos de los mensajes transcriptos iban dirigidos a él, tal como discrimina e identifica la titular de la acción en el requerimiento de elevación a juicio.

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada de grado que rechazó el planteo de atipicidad realizado por la Defensa y, asimismo, disponer que el Magistrado de primera instancia dé intervención al AsesorTutelar.
En el presente se investiga el envío de un mensaje de Whatsapp, desde el abonado de la acusada al de su ex pareja, refiriéndole frases tales como: "A tu hija la voy a golpear y lastimar, es una p..., voy a romperle todos los dientes cuando la cruce", aludiendo a la niña de de tres años de edad. El mensaje fue enviado luego de que el hijo de la imputada y de su ex pareja, sufriera la rotura de un diente en momentos que se encontraba jugando con la niña referida. El hecho fue calificado en el delito de amenazas simples.
La Defensa en su apelación señaló que su parte admitió haber enviado el mensaje, expresando su arrepentimiento y explicando que fue motivado en la bronca. Ello así, el eje de su planteo se vincula con la ausencia total de dolo requerido para incidir en la capacidad de autodeterminación de la persona destinataria de la frase, es decir sostiene que no existió de parte de la imputada la intención de limitar la capacidad psíquica de su ex marido mediante el anuncio de un mal futuro, sino un liso y llano exabrupto.
Ahora bien, la existencia o no de dolo en la conducta de la encartada, claramente resulta una cuestión de hecho y prueba, y los argumentos esgrimidos por la Defensa así lo demuestran, que deberá dilucidarse en la etapa oportuna y es ajeno a la instancia de excepción.
No obstante ello, de acuerdo a lo que fuera atribuido por el Fiscal a la imputada, la frase amenazante endilgada a la imputada no se encuentra dirigida a su ex marido o a la madre de la hija de ambos que es menor de edad, por lo que entiendo que sin perjuicio de que los padres de la niña puedan sentirse afectados por el mensaje, y temerosos frente a él, no resultan el sujeto pasivo del delito en cuestión.
Es así, que sin perjuicio de que la frase amenazante pudiera o no constituir un exabrupto producto de un estado de ofuscación, lo que deberá dilucidarse en la audiencia de juicio sustentado en la relación entre los padres de los niños, entiendo que el Fiscal debe encausar el presente proceso estableciendo -de acuerdo a la frase atribuida a la imputada- quién es el objeto pasivo del delito y en consecuencia dando intervención a la Asesoría Tutelar en atención a que se trata de una menor de 18 años.

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada de grado que rechazó el planteo de atipicidad realizado por la Defensa y, asimismo, disponer que el Magistrado de primera instancia dé intervención al AsesorTutelar.
En el presente se investiga el envío de un mensaje de Whatsapp, desde el abonado de la acusada al de su ex pareja, refiriéndole frases tales como: "A tu hija la voy a golpear y lastimar, es una p..., voy a romperle todos los dientes cuando la cruce", aludiendo a la niña de de tres años de edad.
El mensaje fue enviado luego de que el hijo de la imputada y de su ex pareja, sufriera la rotura de un diente en momentos que se encontraba jugando con la niña referida. El hecho fue calificado en el delito de amenazas simples.
Ahora bien, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 2.451 “Régimen Penal Juvenil” se consagra la intervención del Asesor Tutelar para otorgar protección jurídica a los niños cuando sean víctimas de un delito, tal como sucede en el supuesto de autos en el cual las amenazas fueron dirigidas a la hija menor de edad de la denunciante y de la ex pareja de la acusada, corresponde que el Magistrado le de a dicho Ministerio la intervención legal correspondiente.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de grado que absolvió al encartado en orden al delito previsto en el artículo 144 bis inciso 2º del Código Penal, por el que fuera acusado.
Las Juezas de primera instancia, para así decidir, analizaron la calificación legal en torno a la cual el representante del Ministerio Público Fiscal había formulado la acusación, esto es, bajo las previsiones del artículo 144 bis, inciso 2º, del Código Penal y distinguieron la calidad especial que el tipo penal específico requiere respecto de quienes pueden ser los sujetos activos de su realización, como también los sujetos pasivos a los que hace alusión el delito. Y, así las cosas, concluyeron que los eventos imputados al acusado no encuadraban en el tipo penal escogido por el Ministerio Público Fiscal, toda vez que el proceder del imputado se había desenvuelto en el marco de una relación laboral y no de una detención.
En efecto, en el presente, por un lado no caben dudas de que el sujeto activo, es decir el encartado, es un funcionario público, toda vez que ocupa el cargo de Jefe de Bomberos de la Policía Federal Argentina, por lo que dicho punto no se encuentra controvertido. No obstante ello, creemos que no es posible incorporar los hechos actuales al tipo penal propuesto por el Ministerio Público Fiscal en el debate oral y público (apremios ilegales), debido a que entendemos que a lo que el cuerpo normativo se refiere, es a un/a sujeto activo especial, que es un funcionario público, pero también lo requiere respecto de la acción llevada adelante por aquel, es decir, un funcionario público que practica una detención o que infringe vejaciones a un detenido a su cargo.
En tanto que la exigencia respecto del sujeto pasivo, es que se encuentre privado de su libertad ambulatoria, es decir, que revista el carácter de detenido/a, por ese funcionario que propicia las acciones reprochadas, sin perjuicio de que estuviera a su cargo o no.
En definitiva, teniendo en cuenta que los hechos se produjeron en un ámbito laboral entre un funcionario público y sus subalternas, y en que, por lo demás, tampoco estamos ante hechos de vejaciones o apremios ilegales, corresponde coincidir con las Magistradas de grado y, por consiguiente, descartar la figura penal del artículo 144 bis, inciso 2º.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar al pedido de incompetencia solicitado por la Fiscal y, en consecuencia, disponer que sea la Justicia local la que continúe con el trámite de las presentes actuaciones.
El Magistrado, rechazó el pedido de incompetencia en el entendimiento que la conducta atribuida a la denunciada no podía ser encuadrada dentro de la previsiones del artículo146 del Código Penal como había indicado la Fiscal, sino que debía enmarcarse en el delito previsto en el artículo 2º, segundo párrafo, de la Ley Nº 24.270, en función del artículo 1º de aquella norma.
Es dable aclarar que el presente tuvo su inicio con la denuncia efectuada por el aquí actor a quien fuera su pareja, en virtud de impedirle ella el contacto con sus hijas, dado que no había retornado desde la República de Cuba en la fecha estipulada.
Resulta relevante el hecho de que la acusada pudo llevarse a las niñas de la Argentina gracias a una autorización firmada por el padre a tales fines, y que a pesar de haber pactado el retorno de las niñas para el mes de febrero, la acusada tomó la decisión unilateral de permanecer en la República de Cuba informándole vía telefónica al denunciante que no volvería.
En este escenario se evidencia la presunta configuración de una posible conducta típica orientada a impedir el contacto entre el denunciante y sus hijas.
Ahora bien, en casos como el presente se evidencia una concurrencia aparente de las figuras previstas por un lado en el artículo 146 del Código Penal y por otro en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 24.270, en la que, por el principio de especialidad penal, el impedimento de contacto termina desplazando a la sustracción de un menor dado que estipula expresamente la subjetividad activa en cabeza de madre o padre sobre la conducta descripta.
Este principio –desprendido del aforismo romano “lex specialis derogar legi generali”– tiene como fundamento central que prevalezca una norma específica por sobre una de orden general.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que condenó al encartado en orden a los delitos de distribución de una representación de una persona menor de dieciocho años dedicada a actividades sexuales explícitas y distribución de imágenes de las partes genitales de tres personas menores de edad con fines predominantemente sexuales.
La Defensa cuestionó que no se haya identificado a los menores que aparecen en las imágenes en cuestión.
Sin embargo, lo cierto es que no resulta necesario, a efectos de que se configure el tipo objetivo del delito que nos ocupa, la identificación de los sujetos pasivos.