En el caso de un único testigo, el juzgador debe hacer una apreciación rigurosa y exigente de sus dichos y éstos deben ser corroborados con otros elementos aportados en el proceso (CSJN, "Marquez, Claudia Gabriela c/Club Atlético Velez Sarsfield s/Recurso de Hecho", 30/6/1998). Asimismo, el descrédito del valor testimonial de los dichos de un testigo no importará arbitrariedad si tal descalificación ha sido el resultado de la debida integración y armonización de las pruebas producidas. (Del voto en disidencia del Dr. Eduardo Angel Russo)

Con relación al valor probatorio del testigo único, si bien no se trata de anular toda eficacia, lo cierto es que el grado de convicción que generen sus dichos deben vincularse, necesariamente, a los hechos que se pretenden acreditar y a los restantes elementos de juicio (esta Sala, in re “Oliver, Nora”, sentencia de fecha 21/12/2007).
Desde antiguo se ha sostenido la apreciación estricta de la prueba testimonial cuando existe un sólo testigo (CSJN, Fallos, 237:659). Es que aun cuando no corresponde prescindir de su consideración, tampoco, conforme las circunstancias del caso, es pertinente otorgarle un alcance concluyente, cuando no conmueve, por sí solo, para corroborar los extremos esenciales en disputa (CSJN, caso “Heidenreich, Carmen” , sentencia de fecha 5/9/06, disidencia del Dr. Eugenio Zaffaroni, del dictamen de la Procuración General al que remitió).
Por tanto, la regla de la sana crítica aun cuando excluye la máxima “testigo único, testigo nulo”, tampoco equivale a otorgarle pleno valor probatorio si, por la naturaleza de los hechos debatidos, resulta que deben ser apreciados con suma prudencia y severidad, debiendo, por ende, ser evaluados a la luz de los restantes elementos de juicio.

La doctrina judicial no descalifica al testigo único. La máxima testis unus testis nullus no tiene vigencia en nuestro ordenamiento. Ahora bien, una declaración así debe ser corroborada con otros medios de prueba y evaluarse en su totalidad, según las reglas de la sana crítica.

En el caso, corresponde hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la propietaria del ómnibus donde se produjo el siniestro y contra el conductor, con motivo de haber provocado lesiones a una dependiente de la actora y atento a que ha sufragado a aquélla la pertinente licencia médica con goce de haberes.
La mera circunstancia de que exista un único testigo del siniestro, a la postre dependiente de la actora, no empece a tener por acreditado que la lesión que motivó la licencia se produjo dentro del interno de propiedad de la empresa de transporte demandada. Ello, toda vez que tal testimonio es concordante con otros elementos de prueba, los que, entrelazándose con el relato de los hechos, van formando convicción al Tribunal sobre lo efectivamente acaecido.
Una pauta fundamental que el juez debe seguir a la hora de valorar al testigo consiste en la determinación del grado de convicción que le ofrece el testimonio en función de la mayor o menor verosimilitud de los hechos que expone, así como también a la mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y recordarse (Conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Lexis N° 2507/004573).
En definitiva, la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. La concordancia que puede descubrirse entre el mayor número, y en definitiva, las reglas de la sana crítica, han de señalar caminos de interpretación del juzgador (Conf. Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial ...", T. III, pág. 365 y sus citas).

En el caso, corresponde hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la propietaria del ómnibus donde se produjo el siniestro y contra el conductor, con motivo de haber provocado lesiones a una dependiente de la actora y atento a que ha sufragado a aquélla la pertinente licencia médica con goce de haberes.
La mera circunstancia de que exista un único testigo del siniestro, a la postre dependiente de la actora, no empece a tener por acreditado que la lesión que motivó la licencia se produjo dentro del interno de propiedad de la empresa de transporte demandada. Ello, toda vez que tal testimonio es concordante con otros elementos de prueba, los que, entrelazándose con el relato de los hechos, van formando convicción al Tribunal sobre lo efectivamente acaecido.
En cuanto al testigo protagonista o dependiente, es obvio que no pueden ser descartados de plano ni ser sospechados de mendacidad por la sola circunstancia de haber sido uno de los protagonistas del hecho o por mantener una relación de dependencia con el litigante que ofrece su testimonio.
De todos modos, la valoración debe ser extremadamente estricta, toda vez que es natural en el hombre tergiversar los hechos si su exposición real puede llegar a comprometerlo a título personal.
Algo parecido ocurre cuando quien declara puede verse expuesto a la pérdida de su fuente de trabajo, suponiendo con fundamento una reacción desfavorable hacia su persona de parte del empleador. Ahora bien, no puede soslayarse que en este caso nos encontramos frente a un trabajador que goza de estabilidad en los términos de la Ley de Empleo Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que cualquier temor fundado de imparcialidad por riesgos de represalias debe ser adecuadamente merituado.
Se ha dicho acertadamente que el hecho de que los testigos sean empleados de una de las partes no obsta para que sus declaraciones sean tenidas en cuenta cuando se trata de deponentes necesarios en virtud de sus intervenciones personales y directas en la operatoria que originó el pleito, actuación que les permitió acceder al efectivo conocimiento de los hechos (Conf. CNCom., sala C, 25/02/2005, "Wal Mart Argentina S.A. c. Personal Marketing S.A.", DJ 2005-2, 281).

En en el caso, no corresponde hacer lugar al agravio relativo a la supuesta arbitrariedad en la valoración de la prueba que se le reprocha al sentenciante.
En efecto, de los elementos producidos en la audiencia de debate surge con claridad que si bien el denunciante es el único que ha presenciado el hecho atribuido, lo cierto es que su testimonio coincide, en aspectos relevantes para sostener la imputación, con el relato brindado por los policías que tomaron intervención en el caso y de cuya objetividad no existe en el proceso razón alguna que habilite a dudar.
Si bien es correcto el cuestionamiento relativo a la falta de diligencia del personal policial en la identificación de otros posibles testigos del hecho, lo cierto es que ello no es susceptible de poner en crisis la firmeza de la imputación que se asentara sobre la base de los relatos del denunciante y el personal policial interviniente.
Más aún, teniendo en cuenta la coherencia con que el damnificado expuso lo ocurrido desde el inicio del proceso, de la solidez y veracidad de su testimonio, sin que exista indicio alguno de mendacidad en sus expresiones, quedando descartada así la posibilidad, de algún modo introducida por la defensa, de que el denunciante hubiera actuado para perjudicar al imputado, acción para la cual no se vislumbra motivo alguno que lo justifique y que resulta por completo contradictoria con el hecho de que él no quisiera en un primer momento radicar la denuncia respectiva.

La jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, sent. del 4/7/08, expte. 852/0, y sus citas).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, la Asesora Tutelar sostiene que la acusación se basa únicamente en el testimonio de la presunta víctima. Asimismo, y en relación a los demás testigos, mantiene que no han presenciado directamente el suceso y que sólo tomaron conocimiento de él a través de los dichos de la denunciante, a la vez que cuestiona la forma en que fueron recibidos esos testimonios.
Sin embargo, las pruebas ofrecidas por el Fiscal no presentan un caso de mera “declaración contra declaración”, pues se han ofrecido otros elementos que, más allá del valor que en definitiva se les asigne, contradicen la afirmación de que sólo se cuenta con el testimonio de la denunciante.

En principio no existe mérito suficiente para llevar un caso a juicio cuando la acusación sólo ofrece como prueba la declaración testimonial del denunciante. Así, cuando el imputado rechaza los dichos del testigo único, ello debe desvirtuarse con otros elementos probatorios que permitan afirmar provisionalmente (en función de la etapa procesal) la existencia de un hecho delictivo y la participación del acusado (cf. “Machi”, causa nº 26512-00/2010, rta. el 27/4/11, entre otras).
Ello así, se debe diferenciar con cuidado si efectivamente se da una situación tal –es decir, un caso de “declaración contra declaración”– o si además de la denuncia existen otros indicios de prueba.
En todo caso, el Juez deberá atender a todas las circunstancias que puedan influir en su decisión y volcarlas en ella, de manera que se debe practicar una consideración global de la totalidad de las particularidades que hacen a la verosimilitud de la declaración.

Una cuestión es si una persona puede ser "llevada a juicio" con los elementos de prueba obrantes en autos y otra diferente es si puede ser "condenada" sobre la base de una situación probatoria similar. La segunda precisa de un estudio del mérito mucho más profundo, una valoración de la prueba que sólo debe realizarse eficazmente en el contradictorio, en el que se aplicará un estricto estándar de prueba. Ese análisis excede el examen acotado propio de la etapa procesal llamada etapa intermedia o juicio de acusación, encaminada, de un lado, a entender bien cerrada la primer etapa -instructora o de investigación- y de otro, a valorar positivamente la apertura de la fase de juicio.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, absolver al imputado por el delito de usurpación (art. 181 inc. 1° CP)
En efecto, el Juez de grado consideró que se había tenido por acreditado el despojo a cargo del encartado al locatario del inmueble, cuando con violencia rompió tanto los candados de la puerta de ingreso al local como así también el candado de la puerta del pasillo que conectaba con el mismo.
Ello así, el Judicante no menciona ningún elemento que pueda revertir la circunstancia de que el único testigo presencial de lo ocurrido haya manifestado que no conocía a la persona que había forzado los candados que aseguraban las puertas del local y tampoco haya reconocido físicamente al aquí imputado como el autor del hecho, pues no se realizó en este proceso una prueba de reconocimiento que permitiera dirimir esta cuestión, ni se le consultó sobre este aspecto en la audiencia.
Por tanto, no se ha probado ninguna circunstancia fáctica a partir de la cual pueda concluirse que el encausado cometió la usurpación por la que fue acusado. Así, no se ha acreditado por ejemplo que él estuvo en el lugar de los hechos durante el día y en la hora de su comisión, ni que hubiera ocupado el inmueble inmediatamente después, ni que en su poder o en su domicilio se hubieran encontrado herramientas útiles para romper candados o los propios candados rotos, ni otras circunstancias de ese tenor.

En el caso, corresponde revocar la sentencia que impuso multa y clausura por consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido (artículo 4.1.3 segundo párrafo de la Ley N 451) y absolver a la firma condenada.
En efecto, la sentencia basada en el testimonio del Inspector no encuentra suficiente sustento probatorio teniendo en cuenta que, los testigos aportados por la sancionada acreditan que en el lugar no se vendía alcohol pasadas las 5 de la mañana. Atento ello, los referidos testimonios no han sido desvirtuados teniendo presente que, el Inspector no constató el contenido de las botellas marrones (que pudo ser cerveza sin alcohol u otra bebida), ni verificó que hubieran sido vendidas luego del horario permitido.
En razón de lo expuesto y efectuando una interpretación concordante de la Constitución de esta ciudad respetuosa de la doctrina sentada por los tratados internacionales, deben regir en el procedimiento de faltas las garantías procesales en materia penal que impone el principio de inocencia. Por ello, toda duda que pueda suscitarse a partir del escaso aporte probatorio que ha efectuado el inspector que intervino en el proceso, único testigo aportado por la fiscalía, corresponde que favorezca al imputado.

La jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, sent. del 4/7/08, expte. 852/0, y sus citas).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado a la pena de prisión en suspenso por el delito de amenazas con armas (art. 149 bis CP).
En efecto, la Defensa sostiene que se ha condenado a su pupilo sin que existan pruebas suficientes del hecho. Asevera que la única testigo presencial fue la hermana de la denunciante, quien habría mentido en su declaración, y que los demás testimonios son de personas que no observaron directamente el suceso.
Así las cosas, respecto de la valoración de los elementos de convicción a partir de los cuales se tuvo por acreditada la materialidad del segundo suceso y la autoría del imputado, el tribunal de grado tomó en consideración las declaraciones de la denunciante, de los testigos de cargo, quienes realizaron el informe de evaluación de riesgo, y de los testigos de la Defensa, quienes depusieron sobre las características de la personalidad del condenado. También tuvo presentes los informes de la Oficina de Violencia Doméstica, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, así como los demás elementos de convicción incorporados al debate.
Ello así, el Juez de grado valoró adecuadamente los elementos de convicción, analizando con el detalle suficiente todos los testimonios oídos. En particular, tuvo en cuenta la declaración de la denunciante y de su hermana, quienes fueron contestes en que el acusado se acercó con una cuchilla a una de ellas, se la puso en la garganta y preguntó por la denunciante, quien venía detrás, y que a esta última le apuntó la cuchilla al abdomen, y fue en ese contexto en que le profirió frases amenazantes.
Asimismo, también tomó en consideración la deposición del hermano de la víctima, quien no presenció directamente el hecho pero sí estuvo presente momentos después, y manifestó que encontró a su hermana “llorando, enloquecida”, que le contaron lo que había sucedido y que al entrar a la habitación vio al imputado con la cuchilla en la cintura, aclarando que no la llevaba en la mano.
En este sentido, este testimonio coadyuva a dar credibilidad a la declaración de los testigos directos de la conducta ilícita, es decir, se trata de indicios que refirman la veracidad de la hipótesis acusatoria.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado a la pena de prisión en suspenso por el delito de amenazas con armas (art. 149 bis CP).
En efecto, la Defensa sostiene que la hermana de la víctima habría declarado falsamente que presenció el hecho, sin ningún tipo de fundamento o explicación.
Sin embargo, estas afirmaciones parecen completamente desvinculadas de las actuaciones, "máxime" cuando, en su escrito, sostiene que la hermana fue la única testigo directa del hecho, pasando por alto que uno de los testimonios principales de cargo es el de la propia denunciante.
Por tanto, esto quita todo sustento a las alegaciones de la recurrente y demuestra que sus discrepancias con la valoración de la prueba efectuada por el "A-quo" se basan, por lo demás, en suposiciones que son contradictorias aun desde la perspectiva de su propia hipótesis.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado a la pena de prisión en suspenso por el delito de amenazas con armas (art. 149 bis CP).
En efecto, la Defensa sostiene que se ha condenado a su pupilo sin que existan pruebas suficientes del hecho. Asevera que la única testigo presencial fue la hermana de la denunciante, quien habría mentido en su declaración, y que los demás testimonios son de personas que no observaron directamente el suceso.
Así las cosas, en caso de acusaciones basadas únicamente en el testimonio de la presunta víctima, se debe diferenciar con cuidado si efectivamente se da una situación tal —es decir, un supuesto de “declaración contra declaración”— o si además de la denuncia existen otros elementos de prueba. En todo caso, el juez deberá atender a todas las circunstancias que puedan influir en su decisión y volcarlas en ella, de manera que se debe practicar una consideración global de la totalidad de las particularidades que hacen a la verosimilitud de la declaración (cfr. causa nº 1352/13, rta. el 3/9/13).
Ello así, en el "sub-lite" es claro que la deposición de la víctima no es la única prueba (ni siquiera directa) del hecho, razón por la cual se encuentra fuera de toda discusión el problema del testimonio único. Pues la recurrente impugna primero la declaración de la testigo, hermana de la víctima, afirmando que es falsa, y luego sostiene que sólo la denunciante habría presenciado el suceso de manera directa.
Sin embargo, en coincidencia con lo expresado por el Magistrado de grado, no hay razones objetivas para suponer que la declarante mintió deliberadamente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso absolver al imputado por el delito de amenazas simples (art. 149 bis CP).
En efecto, el Ministerio Público Fiscal sostiene que no existe ningún impedimento de naturaleza legal en la materia para que la fundamentación de una sentencia de condena se base en el testimonio de un solo testigo, en apoyo de su postura cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia relativa a la cuestión del testimonio único (cfr. causa 9322/12 rta. el 11/09/13).
Así las cosas, tal como se desprende de las presentes actuaciones, el hecho bajo estudio se desencadenó a raíz de una cuestión laboral: el despido -aparentemente sin las formalidades legales- de uno de los empleados de una marca de indumentaria. Ante tal situación el imputado, en su carácter de delegado gremial, se hizo presente en el local a fin de cuestionar el "despido irregular", ingresando en una discusión con el encargado de la compañia al que le habría proferido "...te voy a romper la cara (...) te voy a traer a todo el sindicato, te vamos a romper todo el local..." .
Al respecto, el Ministerio Público Fiscal deriva consecuencias del fallo que cita (Causa 9322/12, rta. el 11/9/13), las que, más allá de su acierto o error, no han sido afirmadas por el Tribunal Superior de Justicia. Así, del rechazo de la regla "testis unus, testis nullus" no puede inferirse una nueva que afirme que siempre alcanza con un testigo único para condenar. Lo expresado por el tribunal implica que no puede invalidarse una condena por el solo hecho de que se cuente únicamente con los dichos del denunciante. Y la "A-quo" en ningún momento pretendió la aplicación de tal regla.
Al contrario, en una ponderación de toda la prueba de la que dispuso, tomó en consideración que entre todas las personas presentes en el local (que se encontraban relativamente cerca, pues incluso podían verse por momentos en las imágenes registradas por las cámaras) el único que escuchase las amenazas fuese el denunciante. Y si, tal como lo pretende la recurrente, el imputado estaba enojado, hacía ademanes y gesticulaba de manera intimidatoria, es razonable que genere dudas el hecho de que expresara sus amenazas en una voz tan baja que sólo las escuchara la víctima. Desde luego que esta última no es una hipótesis imposible ni automáticamente descartable, sino que frente al resto de la evidencia analizada por la Magistrada de grado se presenta como dudosa.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que absolvió al encausado.
En efecto, en los casos de único testigo, el testimonio de éste no debe ofrecer fisuras al ser valorado rigurosamente, y los dichos de la víctima, en este supuesto, han generado dudas razonables en el sentenciante lo que obliga a resolver "favor rei".
La negativa de la víctima a corroborar las lesiones denunciadas o la incomprensible actitud de no exhibir los daños que supuestamente provocó el acusado en su casa impiden adoptar el temperamento condenatorio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso decretar la prisión preventiva del encausado.
En efecto, la Defensa cuestiona que la verosimilitud del hecho (art. 129 CP) se encuentre únicamente fundada en los dichos de la presunta víctima del hecho, quien es el único testigo del hecho atribuido al imputado.
Al respecto, se le imputa al encartado un hecho acaecido en un edificio de esta ciudad, mas precisamente en el hall de entrada, contexto en el cual, el imputado le habría mostrado sus partes íntimas a una menor de edad quien se disponía a subir por el ascensor.
Así las cosas, al momento del dictado de la prisión preventiva, el "A-quo" se refirió a las consideraciones realizadas por la Fiscal de grado en relación a la materialidad del hecho y la alegada autoría del imputado. Así, la titular de la acción, señaló que el testimonio brindado por la víctima en Cámara Gessel fue contundente y creíble, el informe de la psicóloga que entrevistó a la menor, el testimonio del padre de la joven, lo expuesto por el preventor y dos testigos mas que le permitían tener por acreditado, teniendo en cuenta lo reciente del inicio del presente proceso, con el grado de probabilidad propio de este estado procesal la materialidad del hecho y la autoría del imputado.
Por tanto, no cabe hacer lugar a los cuestionamientos defensistas, pues tal como hemos afirmado, las pruebas colectadas no permiten dudar acerca de que se encuentra debidamente acreditada la verosimilitud del hecho respecto del delito en cuestión (art. 129 CP), con el grado de provisoriedad propio del estado actual del proceso, por lo que es posible tener por acreditada "prima facie" la materialidad del hecho endilgado al imputado, como así también su participación en el mismo, a los fines de establecer la procedencia de la prisión preventiva.

En el caso, corresponde absolver al encausado en orden al hecho por el que fuera formalmente acusado en la presente causa, caratulada como tenencia de arma de fuego.
En efecto, el preventor que intervino en la detención del encausado relató que, luego de practicar la detención y requisa, “no convocó testigos civiles”, porque varias personas se empezaron a agrupar con actitud hostil, lo que dificultaba la labor policial y además estaba lloviendo, por lo que se “trasladó el procedimiento” a la Comisaría.
El único testigo de procedimiento que compareció al juicio dijo no recordar su intervención explicando que sólo se presentó ante la Comisaría a fin de denunciar el robo de su celular y en ese contexto el personal policial le solicitó que firme un acta porque previamente habían detenido a una persona con un arma.
Las graves contradicciones advertidas en torno al lugar y fecha del labrado del acta, así como sobre la intervención de los preventores y los testigos civiles generan serias dudas en torno a su valor probatorio en los términos del artículo 50 "in fine" del Código Procesal Penal de la Ciudad, al ser cotejadas junto a las demás probanzas rendidas en el debate.
En atención a estas consideraciones, la única prueba en contra del imputado resultan ser los solitarios dichos del preventor.

Respecto al valor que se le debe otorgar a las declaraciones testimoniales, los testigos sospechosos son aquellos cuya declaración no parece digna de entera fe o aquellos de quienes hay graves motivos para sospechar. Y la sospecha más grave es la que resulta del interés que pueda tener en el desenlace del proceso, interés que puede muy bien extraviarle el camino de la verdad... la pasión o el interés que pueda tener para hacer declarar culpable al acusado son con frecuencia bastante fuertes para inducirle a mentir. El denunciante es un testigo sospechoso: empleará todos sus esfuerzos en sostener su denuncia y demostrar su sinceridad (confr. Karl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba en materia penal, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 319/330).
Resulta imperativo evaluar los testimonios sospechosos de manera rigurosa. La amplia capacidad testimonial aceptada por el ordenamiento procesal sólo se concibe frente a la correspondiente contrapartida de una valoración rigurosa ya que los testimonios falsos o erróneos han sido la causa de la mayor parte de los trágicos errores judiciales que relatan los autores (Cafferata Nores “La Prueba en el proceso Penal” Ed. Depalma, Año 2014, pág. 154).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó el encausado como autor del delito de tenencia de arma de fuego.
En efecto, ha sido contemplado por la doctrina la posibilidad de erigir la convicción suficiente que sirva de apoyo a una condena –en el marco de la sana critica- ante la presencia de un único testigo, siempre y cuando exista un conocimiento directo de los hechos, debidamente fundado, debidamente explicada la verosimilitud de sus dichos, su objetividad y el hecho de que no existan otros elementos que permitan suscitar una duda razonable al respecto.
El testimonio brindado por el preventor que intervino en la detención, en la audiencia de juicio, resulta por demás suficiente y preciso, para tener por acreditado el hecho atribuido al imputado de autos en calidad de autor. (Del voto en disidencia del Dr. Franza)

Se debe realizar una valoración rigurosa de las declaciones testimoniales, más aún en los casos de testigo único.
Perfecto Ibáñez afirma que el principio guía del proceso es la presunción de inocencia, y que ello requiere de un operador imparcial, objetivo que decida sobre las hipótesis presentes. Agrega, que la certeza del Juez dependerá en la formación del cuadro probatorio y de la racionalidad del tratamiento que se le dispense. Agrega, que el apoyo en un solo elemento de prueba, no basta para confirmar una hipótesis y que prevalecerá aquella que acoja armónicamente el mayor número de confirmaciones, y que resista el mayor número de contrapruebas que se le hayan opuesto. Sostiene que mientras es necesario un elemento probatorio para desvirtuar la hipótesis acusatoria, se necesitan de varias en apoyo de la misma para confirmarla (Ibáñez, Perfecto Andrés, “Prueba y convicción judicial en el proceso penal”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2009, pag. 94).
Esta postura no descarta la posibilidad convictiva del testigo único, antes bien, importa la necesidad de reconfirmación probatoria.
Ello no varía en los delitos vinculados con violencia de género, en los que el Estado ha asumido obligaciones frente a la comunidad internacional en la materia, en cuanto a sancionar en todos los casos a los acusados por delitos de género.
Sin embargo, sostener que una presunta víctima de violencia doméstica tiene derecho a ejercer la pretensión punitiva con más amplitud que las presuntas víctimas de otros delitos sería inadmisible.
En el mismo sentido, valorar de diferente modo la prueba por tratarse de delitos de violencia de género, sería igualmente inaceptable.

Para merituar la eficacia de un testimonio, independientemente de la cantidad de testigos, se debe tener en cuenta si los restantes elementos agregados a la causa corroboran o no la fuerza de sus declaraciones.
En ese marco, coincido con el Juez de grado en cuanto a que la declaración testimonial –que no fue impugnada en su oportunidad- en unión con el resto de la prueba producida respaldan adecuadamente el relato efectuado por la actora.
Por lo demás, el hecho de que el testigo hubiera manifestado que “la parte actora sube a la rampa de discapacitados, se cae de rodillas y mete el pie adentro de un agujero que había en dicha rampa” no resulta suficiente para refutar lo señalado en el párrafo anterior, pues la conjunción “y” no necesariamente indica un orden temporal. De hecho, teniendo en cuenta el modo normal en que suelen suceder este tipo de accidentes, corresponde entender que ambos sucesos [caída de la actora e “introducción” del pie en el pozo] ocurrieron en forma simultánea.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto consideró acreditada la existencia del nexo causal en la presente demanda de daños y perjuicios por el accidente sufrido en la vía pública.
En efecto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que la declaración testimonial “no puede ser evaluada como óptima o indiscutible para la acreditación del nexo causal necesario para la determinación de [su] responsabilidad”.
Para dilucidar dicha cuestión, considero necesario recordar que “la existencia del nexo causal no puede ser probada de forma directa, pero sí puede serlo de forma inferencial, es decir, demostrando que existe una ley «de cobertura» en la que pueda subsumirse el caso específico.” (TARUFFO, M., La prueba, Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, p. 262).
Así pues, toda vez que la declaración del testigo presencial junto con el resto de la prueba producida, da cuenta de que la actora se encontraba en la rampa para discapacitados denunciada, en la hora y día indicados, y que cayó al suelo cuando tropezó con el pozo que había en el lugar, entiendo que este planteo del Gobierno local también debe ser rechazado, pues se encuentra suficientemente acreditada la existencia del nexo causal.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, absolver al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito establecido en el artículo 189 bis, inciso 2°, tercer párrafo, del Código Penal.
Se tuvo por acreditado que el encartado ha tenido en su poder, y bajo su custodia, un revólver con cinco cartuchos a bala en su tambor, apta para el disparo, a sabiendas de su falta de autorización legal para hacerlo y con la voluntad de llevarla en tales condiciones, no advirtiéndose causal alguna de justificación y/o exculpación. Los hechos, tuvieron su génesis en virtud de un procedimiento realizado con fines de prevención de ilícitos en general, llevados a cabo por agentes de prevención.
La Defensa se agravia en la arbitraria valoración de la prueba al sostener que como el "container" -donde dormía el encartado y fue hallada el arma de fuego, debajo de un colchón- era de libre acceso a muchas personas, no se puede atribuir la tenencia o portación del arma a su asistido.
Al respecto, conforme se desprende del legajo, la única prueba que vincula al encartado con el arma resultan ser los solitarios dichos del agente de prevención. Repárese en que no existen dudas, ni ha sido cuestionado, que éste fue el único oficial que vio el arma debajo del colchón, quien tomo el arma sin adoptar resguardos para evitar borrar las huellas que pudiere presentar, y quien sacó la fotografía dentro del "container" que obra en el legajo de prueba.
Sobre el punto, cabe recalcar que la ley obliga al personal policial a documentar su obrar mediante actas labradas ante testigos presenciales imparciales. No se los procuró oportunamente en este caso.
Así, los testimonios brindados por los otros integrantes de la fuerza que intervinieron en el proceso, no dieron cuenta de lo sucedido dentro del contenedor sino que declararon acerca de lo acaecido una vez fuera del mismo y sobre lo dicho por su colega. Por ello, no hay concordancia en el relato de la detención y requisa, por el simple hecho de que los únicos que estaban presentes en dicho ámbito eran el agente y el imputado.
En virtud de lo expuesto, corresponde absolver al encartado en orden al hecho por el que fuera formalmente acusado en el juicio. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda iniciada por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los coactores, solicitando la reparación de los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de un accidente acaecido en un local del Pasaje Obelisco Norte.
En efecto, y con relación a la prueba testimonial producida en la causa, debe remarcarse que sólo declaró un testigo que habría estado en el lugar al momento de producirse el accidente, siendo que los restantes, declararon como testigos de conocimiento.
En este punto, es preciso recordar que la prueba, en general, y la testimonial, en especial, debe generar el suficiente grado de convicción sobre su credibilidad y eficacia. Sobre la prueba testimonial, la sana crítica no puede prescindir de emitir un juicio que razonablemente contemple las condiciones personales del testigo, su vinculación con el hecho litigioso, la coherencia de sus respuestas, y su ciencia, etc. (conf. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1992, IV, pág. 651).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda iniciada por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los codemandados, solicitando la reparación de los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de un accidente acaecido en un local del Pasaje Obelisco Norte.
En efecto, y con relación a la prueba testimonial producida en la causa, debe remarcarse que sólo declaró un testigo que habría estado en el lugar al momento de producirse el accidente, siendo que los restantes, declararon como testigos de conocimiento.
Al respecto, cabe precisar que la calificación de testigo único por sí sola no es suficiente para desvirtuar sus dichos, pues aún cuando es cierto que el testimonio único debe apreciarse con carácter estricto (CSJN, Fallos, 237:659), no se trata de anular toda su eficacia. El grado de convicción que genere debe vincularse, necesariamente, con el resto de la prueba allegada y, asimismo, con los indicios que produzca (conforme lo resuelto por esta Sala II, "in re" “Oliver, Nora Beatriz c/ GCBA s/ daños y perjuicio”, expte. 4055/0, 21/12/07, cons. 13).
Ahora bien, de la declaración surge que el testigo no vio el accidente de marras, sólo habría escuchado el ruido que produjo la caída.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia,hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor, con el objeto de que se lo indemnice por el accidente sufrido en la vía pública.
En efecto, corresponde evaluar si existe en el caso un vínculo causal entre el hecho denunciado por el actor y el daño padecido.
Así, considero que se encuentra acreditada la existencia del bache en la calle al momento del accidente. Si bien aquél no puede apreciarse en las fotografías obrantes, por lo que éstas no resultan idóneas para acreditar el estado de la calzada a la fecha de la producción del hecho denunciado como generador del daño, es dable señalar que, tomando en cuenta las circunstancias en las que habría ocurrido el siniestro relatado por el actor y las características del hecho en sí mismo, adquiere primordial significado el testimonio de aquellas personas que hubiesen presenciado el evento en cuestión.
Ahora bien, con relación al valor otorgado a la declaración del testigo, único testigo que presenció el hecho, vale señalar que, tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que la máxima "testis unus testis nullus" es inaplicable, y que la declaración de un testigo único puede fundar una sentencia si merece fe, de acuerdo con la aplicación de las reglas de la sana crítica (conf. CNCiv., Sala F, “Punelli de Corso, Beatriz Susana c/ Telefónica de Argentina y otro s/ Daños y Perjuicios”, 7/10/97). Por lo tanto, para merituar la eficacia de un testimonio, se debe tener en cuenta si los restantes elementos agregados a la causa corroboran o no la fuerza de sus declaraciones.
Estimo adecuado destacar que, si bien el declarante fue el único testigo que vio el accidente, no fue el único que atestiguó sobre su existencia.
En tal orden de ideas, cabe destacar que las declaraciones cuestionadas no fueron impugnadas en su oportunidad por la parte demandada, por lo cual considero que el relato del actor se encuentra suficientemente corroborado por la prueba testimonial. A ese respecto, debe señalarse que todos los testigos coincidieron en el mismo día, que a raíz de un pozo en el pavimento sobre la calle la rueda delantera de la bicicleta del actor se trabó, ocasionando su posterior caída que le provocó la pérdida de conocimiento.
Por lo tanto, toda vez que la declaración testimonial del único testigo del hecho fue precisa, coincidente con el relato de los otros testigos en lo que refiere a la existencia, tiempo y lugar del accidente relatado, con una descripción de la mecánica del accidente coherente con el daño probado, cabe concluir que posee fuerza suficiente para acreditar los hechos alegados por el actor en su demanda.

En el caso, corresponde no hacer lugar al planteo de nulidad de la acusación.
La Defensa sostiene que la acusación resulta carente de fundamentación toda vez que se contaría con un único testimonio.
Sin embargo, el Fiscal, al momento de sustentar su requerimiento, ofreció diversos testimonios así como prueba documental e informativa. La calidad y el peso probatorio de los testimonios no pueden decidirse en esta etapa procesal, precisamente porque no se cuenta con la inmediatez propia del juicio.
La Defensa intenta adelantar un alegato sobre la prueba, pues presenta una valoración sobre la evidencia en la que la Fiscalía pretende basar su acusación.
Esta actividad, empero, es propia de la etapa de juicio y no de la de investigación penal preparatoria. Será el debate oral y público el momento oportuno en el que el letrado podrá efectuar el análisis del material convictivo que, ahora, pretende realizar en el marco acotado de un planteo de nulidad.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor responsable del delito de amenaza agravada por el uso de armas, previsto en el artículo149 bis, 1° párrafo, segunda parte, Código Penal.
La Defensa indicó que la única testigo del supuesto evento era la denunciante, cuando lo cierto era que el hecho ocurrió en la escalera común del edificio de dos plantas en el que vivía, por lo que no podía ser catalogado como sucedido “entre cuatro paredes”. Es decir, que, a su criterio, pudo haber sido visto o escuchado por terceros.
Sin embargo, este no es un caso de “testigo único” o de “declaración contra declaración”, en el que sea necesario aplicar los parámetros de valoración de la prueba establecidos para supuestos de violencia de género o de violencia doméstica.
En ese sentido, si bien el evento que nos ocupa es de aquéllos que ocurren “en solitario” —sin presencia de terceros—, en la presente causa además de la declaración de la denunciante, se cuenta con la declaración brindada por una trabajadora social de la Corte Suprema de Justicia, quien manifestó que había entrevistado a la denunciante y que la nombrada “…estaba inmersa en una situación de vulnerabilidad y temor” y calificó la situación como de riesgo altísimo, y la declaración de una psicóloga perteneciente a la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigo del Ministerio Público Fiscal, quien testificó que: “…la denunciante estaba abordada por una violencia familiar, llegando luego después de hacer una denuncia por amenaza de muerte en una escalera de la casa”. Agregó que evaluó la situación como “de alto riesgo” y que “…el cuñado de la víctima ejercía el mismo maltrato que el esposo".

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, con el fin de obtener una indemnización, a raíz de su caída en la acera de la Ciudad.
En efecto, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la producción del hecho denunciado y si existe entre éste y el daño un vínculo causal. Para ello, cuadra recordar que “la existencia del nexo causal no puede ser probada de forma directa, pero sí puede serlo de forma inferencial, es decir, demostrando que existe una ley «de cobertura» en la que pueda subsumirse el caso específico.” (TARUFFO, M., La prueba, Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, p. 262).
Respecto a las declaraciones testimoniales, cuadra recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “[c]orresponde al juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, valorar los dichos de los testigos frente a las demás pruebas rendidas en la causa, a fin de emitir un juicio imparcial y justo, siendo indiferente, al efecto, que exista o no tacha de los mismos” (CSJN, Patrón U. de Figueroa Campero, Elena c/ Nación, Fallos 281:182).
La declaración de la testigo presencial, que no fue impugnada, da cuenta de que la actora se encontraba en el lugar denunciado, en la hora y día indicados, y que tropezó y cayó al suelo cuando se encontraba sobre una tapa que tenía salientes metálicas.
Por lo demás, entiendo que el hecho de que la actora y la testigo sean vecinas no implica que posean un grado de cercanía tal que descalifique el testimonio o que implique que deba ser valorado con un grado de estrictez especial.
Por otro lado, no advierto que existan imprecisiones ni entre el relato de la actora y el de la testigo ni entre las declaraciones que ésta brindó en sede policial y judicial respectivamente.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, con el fin de obtener una indemnización, a raíz de su caída en la acera de la Ciudad.
En efecto, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la producción del hecho denunciado y si existe entre éste y el daño un vínculo causal. Para ello, cuadra recordar que “la existencia del nexo causal no puede ser probada de forma directa, pero sí puede serlo de forma inferencial, es decir, demostrando que existe una ley «de cobertura» en la que pueda subsumirse el caso específico.” (TARUFFO, M., La prueba, Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, p. 262).
Respecto a las declaraciones testimoniales, cuadra recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “[c]orresponde al juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, valorar los dichos de los testigos frente a las demás pruebas rendidas en la causa, a fin de emitir un juicio imparcial y justo, siendo indiferente, al efecto, que exista o no tacha de los mismos” (CSJN, Patrón U. de Figueroa Campero, Elena c/ Nación, Fallos 281:182).
La declaración de la testigo presencial, que no fue impugnada, da cuenta de que la actora se encontraba en el lugar denunciado, en la hora y día indicados, y que tropezó y cayó al suelo cuando se encontraba sobre una tapa que tenía salientes metálicas.
Asimismo, considero que el hecho de que la testigo haya visto el accidente “a lo lejos” no es óbice para que su testimonio respalde los dichos de la actora. Si bien coincido en que la testigo no podría haber afirmado que la actora se tropezó con los ganchos salientes, lo cierto es que la declaración la sitúa sobre la tapa metálica. Luego, teniendo en cuenta que se encuentra acreditada la existencia de las salientes metálicas en la tapa y que la actora se cayó sobre ésta y no en otro lugar, y que la testigo la vio tropezar con algo, es razonable inferir que los hechos ocurrieron como fueron relatados en la demanda.
En efecto, si la testigo la vio a lo lejos tropezar y caer, y, al acercarse, vio que estaba sobre la tapa y que los únicos elementos con que se podía haber tropezado eran los ganchos que sobresalían de ésta, ya que no surge de autos que hubiera otros obstáculos, es forzoso concluir que tropezó con los ganchos.
Por último, cabe señalar que, como señala el Colega Preopinante, la prueba informativa al servicio de ambulancias habría echado luz sobre ciertas cuestiones relacionadas con la atención médica –en particular, el horario en el que la actora fue trasladada al nosocomio, puesto que aquél no figura en la historia clínica-, entiendo que la omisión del Hospital Público de completar la historia clínica no puede ser tomada como una presunción en contra de la actora.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, con el fin de obtener una indemnización, a raíz de su caída en la acera de la Ciudad.
Teniendo presente la prueba analizada en autos, pienso que –a diferencia de lo sostenido por la recurrente– no existen suficientes elementos que permitan tener por probado que los perjuicios sufridos por la actora fueron consecuencia de la caída descripta en el escrito de demanda.
En particular, corresponde mencionar que, en lo que respecta a la caída, sólo una testigo refiere haber atestiguado el hecho; la declaración de la otra testigo sólo reproduce lo que le habrían comentado con posterioridad al incidente. Por ello, encuentro que, en este caso, para tener por acreditado lo denunciado el testimonio brindado por la testigo no es suficiente. Primero, no puede desconocerse la cercanía que pareciera existir entre las dos declarantes y la actora (vecinas). Segundo, tal como lo menciona la "a quo" en su sentencia, existen algunas imprecisiones en el relato de la primera testigo, que si bien por sí solas no desacreditan la veracidad de sus dichos, impiden tener una descripción acabada en torno al modo en que se habría producido la caída. Tercero, –como se verá más adelante– no existen otros elementos de prueba que respalden las afirmaciones de la testigo.
Asimismo, el resto del material probatorio si bien permite conocer los daños que sufrió la actora, en ningún caso logra ser vinculado con la caída alegada y con el estado en el que se encontraba la vía pública. En otras palabras, no se encuentra suficientemente demostrado que aquellos daños fueron causados por la caída descripta en el escrito de inicio y, en particular, como consecuencia de la tapa metálica. Por ejemplo, en la pericia médica se acredita la lesión sufrida por la actora y se concluye que ésta pudo guardar relación con un incidente en el que se hubiese producido una caída de propia altura, pero se admite que no se puede dar cuenta de la mecánica del hecho (cfr. “Veletta Elba Carmen c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)”, Expte. EXP 12096/0, sentencia del 3 de mayo de 2016).
En tales términos, si se confronta la totalidad del material probatorio, no surge con claridad que el accidente denunciado o el hecho generador del daño haya acaecido en el lugar, tiempo y forma denunciados. Esto es, conjugados los elementos comentados con las pautas de apreciación de la prueba que consagran los artículos 145 y 310 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, no cabe tener por probado el hecho de marras, pues no existen suficientes presunciones graves, precisas y concordantes que así lo ameriten (cfr. mi voto en la causa “Petrillo Damián Osvaldo c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, Expte. 5628/0, Sala II, sentencia del 28 de julio de 2005). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar al pedido de devolución de las sumas que la actora abonó a fin de que se le practique la cirugía en el Hospital Público.
Ahora bien, la situación descripta por la actora resulta contraria a la normativa local que establece la gratuidad de las prestaciones en el ámbito de la salud pública. Es que, dicho principio, entendido como la exención de cualquier pago directo por parte de los usuarios del área estatal de salud, se encuentra garantizada por el artículo 20 de la Constitución local y el artículo 3º, inciso g) de la Ley N° 153, circunstancia confirmada por la Jefa de División de Cirugía General del Hospital Público.
Lo expuesto lleva a presumir que si los hechos sucedieron de acuerdo a lo relatado, la actora carecería de respaldo documental a fin de acreditar el pago, por lo que los dichos de la única testigo que hizo referencia al punto en debate deben ser analizados desde esta perspectiva.
Tal como explica Enrique Falcón “[l]a credibilidad de una prueba testimonial no depende del número de los que son llamados a esclarecer la justicia sino de la verosimilitud de sus dichos, probidad científica del deponente, latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que declara, confianza que inspira, etcétera” (Falcón, Enrique M., “Tratado de la prueba”, Astrea, Buenos Aires, 2009, pág. 626).
En particular, el médico codemandado no desplegó actividad probatoria alguna – ni cuestionó la producida a instancias de la parte actora – y dicha pasividad, contraria a lo establecido por el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, no puede ser utilizada en su propio beneficio. Por ello, no se advierte por qué debería descartarse sin más el testimonio de la testigo en cuanto al efectivo pago de la suma que la actora menciona.

En orden a la declaración testimonial de una única persona, cabe advertir que “[…] la jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, de fecha 4/7/08, Expte. 852/0, y sus citas).
Ello así, porque si bien resulta jurídicamente posible fundar una sentencia en un testimonio único o singular, además, considero ineludible que dicha declaración esté acompañada de otros elementos de convicción.
En efecto, corresponde apreciar la declaración en función de su concordancia con las demás probanzas del expediente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al encausado como autor del delito de amenazas (cfr. art. 149 bis, párr. 1°, CP).
La Defensa solicitó se revoque la sentencia condenatoria tildándola de arbitraria y cuestionando la valoración de la prueba producida. Así, sostiene que se ha condenado al imputado sin que existan pruebas suficientes del hecho; fundamentando, para ello, un supuesto de testigo único.
Ahora bien, en caso de acusaciones basadas exclusivamente en el testimonio de la presunta víctima, se debe diferenciar con cuidado si efectivamente se da una situación tal —es decir, un supuesto de “declaración contra declaración”— o si además de la denuncia existen otros elementos de prueba.
En todo caso, el Juez deberá atender a todas las circunstancias que puedan influir en su decisión y volcarlas en ella, de manera que se debe practicar una consideración global de la totalidad de las particularidades que hacen a la verosimilitud de la declaración (Causa Nº 1352/13, rta. el 3/9/13).
En el caso de autos, la deposición de la víctima no es la única prueba del hecho ya que se cuenta con declaración de tres (3) testigos y de los informes interdisciplinarios confeccionados por personal de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que el planteo de la Defensa no puede prosperar.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó a quien fuera imputado por el delito de amenazas cometido en un contexto de violencia de género.
La Defensa entiende que la sentencia resulta arbitraria ya que se condenó al encausado en función de un testimonio único de la denunciante, contrapuesto a la versión del imputado y rodeando dicho testimonio de prueba de indicios; agrega que la Juez de grado omitió analizar las contradicciones e inconsistencias entre las evidencias colectadas.
En efecto, no se ha dictado sentencia condenatoria con la declaración de un testigo único, donde sólo se cuenta con la declaración de la víctima, totalmente aislada de cualquier otra medida probatoria que pueda sustentar sus dichos.
El relato de la denunciante es serio, preciso y contundente el cual se corrobora en aspectos centrales mediante otras pruebas indiciarias como la declaración de su madre y de los informes de los organismos especializados en cuestiones de violencia de género.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó a quien fuera imputado por el delito de amenazas cometido en un contexto de violencia de género.
La Defensa entiende que la sentencia resulta arbitraria ya que se condenó al encausado en función de un testimonio único de la denunciante lo cual no resulta procedente toda vez que el hecho investigado habría ocurrido en la vía pública y a la vista de muchas personas. Así entiende que la Fiscalía debió haber realizado esfuerzos para producir la prueba disponible y derrotar el estado de inocencia del acusado en lugar de llevar el caso a juicio fundando la hipótesis en las características del vínculo entre el acusado y las denunciante.
En efecto, no existe una tajante diferencia entre los casos que suceden en la "intimidad del hogar" y los casos que ocurren "en la vía pública" como pretende la Defensa; lo contrario conduciría a perder de vista la singularidad de cada caso concreto y las valoraciones que le son consecuencia.
Si bien es cierto que el Fiscal podría haber recabado testigos adicionales del hecho, la prueba producida en el debate resulta suficiente para acreditar las amenazas proferidas por el acusado a su pareja en las circunstancias de violencia de género respecto la víctima.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso absolver al imputado.
Se le atribuye al encartado los hechos encuadrados en el artículo 239 del Código Penal, al haber descendido de un motovehículo dándose a la fuga en contramano por una arteria de la Ciudad, lugar donde un agente policial -de civil- comenzó su persecución. Al intentar detenerlo, el imputado habría empezado a arrojar golpes de puño hasta que el efectivo policial logró reducirlo.
Ahora bien, advierto que de los testimonios brindados no surgen de modo claro las circunstancias en que se procedió la detención del encausado, ni se pudo acreditar que el hecho imputado contara con los elementos subjetivos y objetivos que requiere el tipo penal.
En efecto, el inspector actuante afirmó que, encontrándose de civil y a bordo de su camioneta, la cruzó poniéndola delante del motovehículo en la que circulaba el imputado como acompañante, porque había pasado un semáforo en rojo, tenía la patente tapada y porque realizó un movimiento extraño con su mano acomodándose la ropa, como si ocultara un arma.
En consecuencia, el único testigo -que también interviene en el hecho- dio cuenta que hubo forcejeos hasta su efectiva detención. El resto de los testigos no presenciaron los hechos base de la imputación. En este sentido, el oficial interviniente sostuvo que en ese momento no se fijó si había testigos y la Fiscal de grado, al momento de alegar, sostuvo que "el imputado corrió ocho cuadras porque tenía algo que esconder. No esperan testigos porque no se equivocaron, estaban ante una flagrancia concreta de delito, tiene que elegir entre ir a buscar a los testigos y que se escape el ladrón". Es decir, habría existido flagrancia de robo o hurto, no imputado en las actuaciones.
Sin embargo, no existe ninguna prueba que acredite los hechos afirmados por el Oficial Mayor respecto de la desobediencia, ni en forma directa ni indirecta. El móvil de los imputados para evadir el accionar policial, según el relato de la fiscal, fue que habían robado ciertos objetos pero no se labraron actuaciones respecto del reloj encontrado, ni se aplicó sanción administrativa alguna por haberse violado la luz roja ni por circular con la patente tapada, según lo afirmado por los oficiales de policía intervinientes.
A partir de los testimonios analizados me queda claro que el imputado se opuso a su detención y ello requirió que el Oficial actuante tuviera que forcejear con él hasta poder reducirlo. Esta conducta basada en una expresión de disconformidad o rechazo a su propia detención, que podría considerarse una mera oposición a una orden, no cumple con los requisitos previsto en el artículo 239 del Código Penal. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por el delito de amenazas (art. 149 bis CP), recalificando el hecho en la figura contravencional de hostigamiento (art. 53, inc. 5, en función del art. 52 del CCCABA).
La Defensa señala que la Jueza de grado ha inobservado las reglas de la sana crítica racional, específicamente en cuanto al requisito de razón suficiente, al no fundamentar el salto de la probabilidad a la certeza de acaecimiento del hecho que motivó el juicio oral y público.
Ahora bien, al inicio, cabe resaltar que al tratarse el presente de un caso de violencia de género, es necesario considerar el principio sentado por la Ley N° 26.485 a la que esta jurisdicción adhiriera mediante Ley N° 4.203, en tanto su artículo 16 consagra el derecho de las víctimas a “la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos”.
Siguiendo esta línea, se advierte que los requisitos mencionados precedentemente concurren satisfactoriamente a la hora de analizar la declaración de la víctima en autos.
Específicamente en cuanto al hecho imputado, la denunciante ubicó con nitidez el momento en que acaeció, el motivo que lo desencadenó, el lugar preciso, la vestimenta del imputado e incluso cuestiones de la conversación que exceden la frase intimidatoria, como la reacción inmediata del imputado y su remisión a comunicarse con él por la vía legal, lo que además es conteste con las propias declaraciones del encartado.
A su vez, la declaración de la única testigo directa del hecho se vio reforzada, fundamentalmente, por los testimonios prestados por el equipo de salud mental de un hospital de la Ciudad y por el personal de la Oficina de Violencia Doméstica.
Por tanto, no se evidencian en el decisorio cuestionado violaciones a las reglas de la sana crítica, específicamente en cuanto al principio de razón suficiente, sino que por el contrario, luce acabadamente fundado, compartiendo sus criterios tal como surge del desarrollo que aquí concluye.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por el delito de amenazas (art. 149 bis CP), recalificando el hecho en la figura contravencional de hostigamiento (art. 53, inc. 5, en función del art. 52 del CCCABA).
La Defensa señala que la Jueza de grado ha inobservado las reglas de la sana crítica racional, específicamente en cuanto al requisito de razón suficiente, al no fundamentar el salto de la probabilidad a la certeza de acaecimiento del hecho que motivó el juicio oral y público.
Sin embargo, contrario a lo entendido por el apelante, el decisorio bajo examen, en cuanto a la acreditación del hecho y la intimidación que se le atribuye, se encuentra cabalmente fundado. Cuando la Defensa exige que el testimonio único tenga apoyatura en un acervo probatorio directo que le otorgue credibilidad, parece soslayar que la A-Quo ha analizado el testimonio de la víctima conjuntamente con las declaraciones de diversas profesionales de dos equipos interdisciplinarios también distintos, una de ellos con intervención anterior a los hechos y el otro con posterioridad, siendo que ambos guardan una evidente coherencia con el relato de la víctima.
Así las cosas, el testimonio de la denunciante no se encuentra aislado, sino que guarda cabal coherencia con testimonios relacionados con actuaciones tanto anteriores como posteriores a los hechos, de distintos individuos pertenecientes a equipos de trabajo cuyo encuadre difiere en forma clara.
En este sentido, el plexo probatorio cuenta con lo expuesto por las profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica, que han tenido intervención posterior al hecho, al recibir la denuncia. Aquellas brindaron información entre la que se destacó el relato que la víctima había brindado sobre los hechos y un estado de angustia notable por parte de aquella.
Por tanto, no se evidencian en el decisorio cuestionado violaciones a las reglas de la sana crítica, específicamente en cuanto al principio de razón suficiente, sino que por el contrario, luce acabadamente fundado, compartiendo sus criterios tal como surge del desarrollo que aquí concluye.

No es cierto que porque un testigo o víctima demostradamente haya mentido en un aspecto del suceso, entonces se infiera necesariamente que miente siempre.
La jurisprudencia alemana niega con acierto esta creencia: “El hecho de que [los testigos] hayan mentido sobre algunos puntos los hace censurables, considerando el restante resultado de la prueba; pero con esta constatación no se puede probar que, por ello, hayan mentido en todas sus declaraciones”.
Y respecto del dicho “En boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, los tribunales aplican la doctrina que afirma que “es un concepto erróneo muy difundido pensar que siempre que una persona mienta respecto de un punto secundario, también miente sobre la cuestión central” (Tribunal Regional de Mannheim, 31/5/11, citado en “La cuestión del testimonio único como base de una acusación por violación”, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, AbeledoPerrot, 4/12, p. 628.)

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la parte actora, con el objeto de obtener una indemnización como consecuencia de la desaparición del cuerpo de su bebé en el Hospital Público.
En efecto, según el relato de los hechos efectuado por la actora en el libelo de inicio, aquella regresó reiteradas veces al Hospital Público a fin de conocer los resultados de la autopsia y reclamar el cuerpo de su bebé. A su vez, indicó que pasado más de un año del nacimiento sin vida de su hija, el Director del establecimiento de salud, le informó el extravío de la autorización suscripta por la paciente para la practica del estudio aludido, motivo por el cual se envió el cadáver al Cementerio de la Chacarita.
El testimonio resulta conteste con los dichos de la actora, en cuanto la declarante, quien alegó ser compañera de trabajo de la actora, dijo haberla acompañado en diversas oportunidades al Hospital Público a reclamar sin éxito tanto los resultados de la autopsia como la entrega del cuerpo del bebé.
En este punto, si bien el demandado objetó la valoración que en la decisión de grado se efectuó de los dichos de la única testigo que prestó declaración en la causa, lo cierto es que aquel se encontraba en mejores condiciones de acreditar que su conducta, una vez extraído sin vida el feto, se habría ajustado al procedimiento fijado en la normativa aplicable al momento del hecho (en particular, a lo establecido en el decreto Nº 1.733/63); curso de acción no verificado en la causa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso absolver al imputado por el beneficio de la duda, en orden al delito de lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género.
La Fiscalía criticó que el Magistrado de grado considerara que la declaración de la denunciante, en el marco del debate —en la que sostuvo que fue ella misma quien se roció con alcohol y se prendió fuego, auto provocándose las lesiones en su brazo izquierdo— fue coherente y conteste con el resto de la prueba producida en ese acto. Destacó que la incorrecta interpretación del A-Quo radica en que otorgó relevancia a los dichos de los profesionales, pero no para interpretar la declaración de la víctima, desde el primer momento y de forma global, sino sólo con el objeto de valerse de ellos para encontrar una explicación a sus dichos, en torno a que se había auto lesionado por celos y para proteger al imputado de su adicción a las drogas.
Concluyó, entonces, que era claro que la denunciante había mentido al momento de declarar en el debate, que los hechos no sucedieron como los relató en esa oportunidad, sino como los narró en su primera denuncia ante la comisaría, el mismo día de los hechos, y agregó que ello tiene una explicación científica, que fue debidamente expuesta en el debate por cinco testigos diferentes, profesionales calificados en materia de violencia de género.
Ahora bien, de las constancias de la causa se desprende que la única testigo presencial del hecho fue la propia denunciante, quien, al brindar su declaración durante el debate oral, rectificó su testimonio inicial y refirió que había sido ella misma quien se había tirado alcohol y había, luego, prendido fuego su brazo izquierdo.
Así, frente a las preguntas de la Fiscal, relativas al cambio en su testimonio, y a por qué en un primer término había responsabilizado al imputado, respondió que había hecho la denuncia por celos, y que su único fin era que el acusado fuera internado, y rehabilitado de su adicción a las drogas.
Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad ha establecido, en hechos de violencia doméstica, que la prueba de las circunstancias denunciadas por la víctima no es una tarea simple, en la medida en que son sucesos que, normalmente, transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor, y ha derivado de ello que “en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor que es llevado a juicio”. Destacó también que el testimonio debe ser considerado creíble, coherente, verosímil y persistente (TSJ, Newbery Greve, Guillermo Eduardo”, causa nro. 8796/12, rta. el 11/9/2013).
De este modo, no podemos más que coincidir con el Juez de grado, en cuanto a que la existencia de una relación conflictiva y de violencia de género entre el imputado y la aquí denunciante no implica, "per se", que el hecho que aquí se investiga se haya desarrollado del modo en que lo plantea la Fiscalía.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso absolver al imputado por el beneficio de la duda, en orden al delito de lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género.
La Fiscalía criticó que el Magistrado de grado considerara que la declaración de la denunciante, en el marco del debate —en la que sostuvo que fue ella misma quien se roció con alcohol y se prendió fuego, auto provocándose las lesiones en su brazo izquierdo— fue coherente y conteste con el resto de la prueba producida en ese acto. Destacó que la incorrecta interpretación del A-Quo radica en que otorgó relevancia a los dichos de los profesionales, pero no para interpretar la declaración de la víctima, desde el primer momento y de forma global, sino sólo con el objeto de valerse de ellos para encontrar una explicación a sus dichos, en torno a que se había auto lesionado por celos y para proteger al imputado de su adicción a las drogas.
Concluyó, entonces, que era claro que la denunciante había mentido al momento de declarar en el debate, que los hechos no sucedieron como los relató en esa oportunidad, sino como los narró en su primera denuncia ante la comisaría, el mismo día de los hechos, y agregó que ello tiene una explicación científica, que fue debidamente expuesta en el debate por cinco testigos diferentes, profesionales calificados en materia de violencia de género.
Puesto a resolver, considero que asiste razón al Juez de primera instancia en punto a la duda razonable respecto de la autoría del hecho investigado en autos.
Ello por cuanto, la única testigo del suceso ocurrido, declaró en el debate haberse auto infligido la lesión producida en su brazo izquierdo, rectificando de esta manera sus versiones anteriores brindadas originalmente en sede policial —donde le atribuyó el dominio del hecho en manera dolosa al aquí imputado— y luego ante la Oficina de Violencia Doméstica —donde manifestó que si bien el denunciado le habría arrojado alcohol, no recordaba el modo en que se habría causado la quemadura en el brazo—.
No hay una primera versión dada bajo juramento de ley, luego rectificada. La denuncia policial no se recibió bajo juramento de decir verdad. Aunque el personal policial le informó sus derechos como víctima y testigo y le preguntó por las generales de la ley, omitió tomarle juramento.
Además, reiteradamente durante la instrucción, la denunciante intentó rectificar su denuncia e informó a la Fiscalía que el imputado —a quien se detuvo cautelarmente durante la instrucción— no había sido quien la había quemado. Pero en lugar de haber tomado en consideración los dichos de la víctima se presionó a la denunciante hasta hacerla llorar durante el juicio sin lograr que imputara lo sucedido al acusado.
En este sentido y a mayor abundamiento, interrogada por la Defensa si con anterioridad a la audiencia de debate había concurrido personalmente a la Fiscalía, la denunciante respondió que habló en varias oportunidades con el psicólogo a quien ella le manifestó que no podían condenar a alguien por algo que no había hecho, solicitando en cada visita que ayuden al aquí imputado, reiterando que pretendía su internación y no que fuera preso, luego de lo cual concluyó su testimonio llorando mientras manifestaba que nadie la escuchó en la Fiscalía ni en la Oficina de Asistencia a la Víctima respecto de su voluntad de ayudar al denunciado con un tratamiento médico.
En conclusión, considero que la valoración de la prueba desde una perspectiva de género, cuando lleva a tener por acreditado lo que no se constató que ocurrió, abandona la racionalidad que debe presidir la imposición de una condena. Por tanto, corresponde absolver por duda al imputado, por aplicación del principio procesal "in dubio pro reo".

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, admitir la demanda interpuesta por la parte actora por los daños y perjuicios ocasionados por la caída en la acera de esta Ciudad.
En efecto, lo decisivo para la solución del caso es si la prueba efectivamente rendida es suficiente para tener por acreditados los hechos.
En tal sentido, aun cuando la testigo citada no brindó detalles sobre el modo en que se produjo el accidente, sostuvo que estaba en la vereda de enfrente y vio cómo cayó la actora y afirmó que las veredas estaban todas rotas ya que trabaja en la calle como vendedora ambulante y conocía que la vereda estaban en reparación sin que el lugar estuviera cercado o señalizado.
La existencia de un único testigo presencial del hecho no impide atribuir valor probatorio a su declaración, aunque “… la jurisprudencia es pacífica en cuanto a la necesidad de que el ‘testigo único’ sea valorado con mayor severidad y rigor crítico. Esto quiere decir, en definitiva, tratar de desentrañar el mérito o la consistencia de la declaración que se analiza mediante la confrontación con las demás circunstancias de la causa” (esta Sala en “Parodi, Patricia Teresita c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”, sent. del 4/7/08, expte. 852/0, y sus citas).
Ello así, existen otros elementos que permiten tener por acreditado el hecho invocado ya que pudo constatarse el estado de la acera donde ocurrió el accidente lo que resultó coincidente con lo informado por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una de las fotografías acompañadas a ese informe.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto condenó al encartado por el delito de portación de arma de guerra (uso civil condicional) sin la debida autorización legal, en concurso real con el delito de violación de domicilio.
La Defensa se agravia, y afirma que el decisorio encuentra asidero en un único testigo presencial, que es el preventor.
Sin embargo, el vetusto "testis unus, testis nullus" fue propio de los sistemas de tabulación, o de pruebas tasadas ya erradicado en todas las legislaciones.
En efecto, el método de la libre convicción para valorar las probanzas y el principio de la verdad real e histórica, no comulgan con tan tajante atadura al análisis de los Jueces.

Respecto del sistema de valoración probatoria de la sana crítica implica que el Juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.
Sin embargo, tal cometido no queda librado a un arbitrio absoluto del Juzgador, sino que se le impone que realice la apreciación conforme a los principios de la sana crítica racional, es decir, que debe valorar la prueba y fundar su decisión basándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente en los más genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano.
Sobre esta base debe reconstruirse la verdad histórica de lo sucedido, y dicho juicio intelectivo no puede sopesarse en virtud de la cantidad de testigos directos con los que se cuente, ya que incluso puede darse el caso de que no se cuente con ninguno y sin embargo arribar a un estado de certeza, sin violentar -por ello- el principio constitucional de inocencia.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en tanto no hizo lugar a la excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
La Fiscal atribuyó al imputado el haberle dado golpes en la cabeza a su pareja con la que convivía, causándole lesiones de carácter leve. Dicha conducta habría tenido lugar cuando la denunciante retornó al domicilio tras haber realizado un viaje al interior del país, por motivos familiares. Se encontró con el acusado quien, encontrándose bajo los efectos del alcohol, le reprochó que no le hubiera contestado los mensajes y llamados. Luego, y cuando la nombrada le contestó que se había quedado sin batería en el celular, el imputado se abalanzó sobre ella y tomándola de los cabellos le propinó golpes de puño en la cabeza.
La Defensa se agravió por considerar que frente a la orfandad probatoria, y mediando únicamente el solitario testimonio de la denunciante, no es posible avanzar a una etapa de juicio.
Sin embargo, cabe señalar que la Fiscal ha ofrecido en el requerimiento de juicio otros elementos de prueba que permiten sostener la verosimilitud de la denuncia de la víctima para fundar la acusación, tales como las declaraciones testimoniales de su madre y de su amiga, quienes prestarán declaración respecto de la relación entre las partes y del contexto de violencia que sufrió la denunciante; de las dos Licenciadas integrantes de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal quienes declararán sobre la entrevista mantenida con la nombrada y del informe de evaluación de riesgo elaborado en consecuencia; y del Comisario , quien declarará sobre las transcripciones y grabaciones de los llamados al 911 que la denunciante realizara el día de los hechos.
En esta línea, no puede soslayarse que los artículos 3 y 7, incisos b y d de la Convención Belén do Para, y los artículos 16, inciso i, y 31 de la Ley N° 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres imponen respetar la garantía de las víctimas a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos, así como la evaluación de las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica, considerándose las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Por ello, y teniendo en cuenta que, tal como expresó la Magistrada, la excepción planteada por la Defensa se funda en cuestiones que, en el caso, deberán dilucidarse durante la audiencia de juicio, en tanto requieren, necesariamente, de la valoración de prueba.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso decretar la prisión preventiva del imputado.
En efecto, se dan en el caso elementos de convicción suficientes para sostener provisoriamente la materialidad del hecho y la autoria del imputado.
Las conductas enrostradas en el presente caso que encuadrarían "prima facie" en los delitos de amenazas simples, daño agravado y desobediencia y amenazas simples y desobediencia, todos ellos previstos en los artículos 149 bis, primer párrafo, 184, inciso 5 y 239 del Código Penal.
Conforme las constancias en autos, uno de los hechos investigados es el hecho en el cual el sobrino del aquí imputado se habría presentado en el domicilio de la damnificada y le habriá referido que “cuando su tío saliera en libertad iba comprar dos nueve milímetros, que él es traicionero y que se la iba a dar por la espalda, y que la iba a matar”.
La Defensa hizo hincapié en que, en la fecha en la que ese suceso habría tenido lugar, su defendido se encontraba detenido y que, en el marco de su declaración, nunca le había pedido a su sobrino que se acercara a la denunciante. En esa línea, la recurrente sostuvo que, más allá de los solitarios dichos de la damnificada, no existían otros elementos que permitieran afirmar con certeza que, incluso si el sobrino del aquí imputado realmente se había presentado en el domicilio de la nombrada y le había dicho lo que denunció, ello hubiera sido por encargo de su pupilo procesal.
Ahora bien, cabe destacar que se investiga en los presentes actuados hechos que se enmarcan en un contexto de violencia de género y de que una de las características de ese tipo de sucesos es que, en la mayoría de los casos, solo se cuenta con el testimonio de quien ha resultado damnificada.
Por ello, descartar de plano, o poner en duda, el testimonio de una víctima por encontrarse, como indica la Defensora, “en solitario”, significaría vaciar de contenido tanto a las normas de nivel nacional e internacional, como a las acciones que puede llevar adelante un Estado para responder a esta problemática tan específica y de urgente tratamiento en todos los órdenes de intervención.
Por otra parte, asiste razón a la Defensa en cuanto a que de la descripción del suceso realizada por la denunciante no surge que haya sido el imputado el autor material del primer hecho. No obstante ello, es preciso aclarar, que más allá de la calificación que corresponda en definitiva dar a la intervención que tuvo en el hecho que, “prima facie” sería la de instigador, lo cierto es que la investigación está en ciernes, y es necesario llevar a cabo medidas probatorias para determinar con certeza cuál ha sido su grado de participación en ese presunto hecho. En efecto, esta exigencia operará, en su caso, para el debate, donde la certeza exigida es otra que aquella que se puede obtener en esta etapa de la pesquisa.
Cabe añadir que la prisión preventiva que aquí se impugna no se dictó, unicamente, como consecuencia de este suceso sino que le han sido imputado otros dos hechos en los que sí habría tenido la calidad de autor directo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de excepción por inexistencia del hecho.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Ahora bien, lo cierto es que es una característica común a los sucesos que se enmarcan en una situación de violencia de género que, en la mayoría de los casos, solo se cuente con el testimonio de quien ha resultado damnificadaolo que a su vez, implica que de ningún modo pueda desestimarse esa declaración, por encontrarse en solitario.
Ello así, la circunstancia de que la víctima fuera la única testigo directa del hecho no inhabilita "per se" su testimonio, ni implica que frente a una contra versión ofrecida por el acusado, la causa se vea impedida de avanzar hacia la etapa siguiente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de excepción por inexistencia del hecho.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Sin embargo, en esta clase de hechos en los que la persona damnificada suele ser la única testigo directa del hecho, adquiere particular relevancia la credibilidad de su testimonio, la que deberá ser evaluada con criterios que tengan en cuenta su naturaleza jurídica, la integridad de la percepción y la memoria medida en su contexto y la coherencia de la narración (Di Corleto, Julieta, Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género, en Genero y Justicia penal, Editorial Didot, Buenos Aires, 2017, p. 14).
En este sentido, surge del requerimiento de elevación a juicio que además de del testimonio de la víctima se cuenta con el informe de riesgo realizado por la Oficina de Violencia de Género (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como con otro informe, realizado por una profesional de la OFAVyT (Oficina de atención a víctimas y testigos).
Asimismo, es importante destacar que en autos se cuenta con otros elementos que si bien no refiren específicamente al momento del hecho, pertenecen a las circunstancia que lo rodean, como las declaraciones de los padres de la denunciante, y del oficial de policía interviniente en el hecho.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de excepción por inexistencia del hecho.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Sin embargo, los dichos de la víctima sumado al informe de riesgo elaborado por la OVD, y la OFAVyT, más las declaraciones de su padre y del oficial de policía interviniente, se desprende que la pretendida excepción articulada no aparece manifiesta, de forma manifiesta, evidente o palmaria, sino que, antes bien, se trata de una versión de los hechos distinta a la expuesta por la víctima que deberá analizarse y valorarse en el escenario constitucional para conocimiento y debate de los sucesos: el juicio oral.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Sin embargo, el requerimiento de elevación a juicio cuenta con todos los elementos que debe contener para afirmar su valide, así como que, en contra de los alegado por la Defensa, sus argumentos no se erigen sobre una única prueba, sino antes bien, por un conjunto de elementos que aunque no constituyan el testimonio de otros testigos directos, sí sirven apara sustentar, conforme las exigencias de esta etapa del proceso, el relato de la víctima.

La circunstancia de que la prueba de un suceso se derive exclusivamente de las manifestaciones de la propia víctima no impide, de por sí, arribar a una sentencia de condena.
En ese sentido, tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia -en el fallo “N G , G E s/ infr. Art. 149 bis CP”, expte, n° 8796/12, rto. el 11/9/13- que: “el antiguo adagio ‘testis unus, testis nullus’, con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no constituye una prueba suficiente para tener por acreditada la materialidad del hecho o la autoría y participación de un sujeto respecto de ese hecho, no tiene gravitación actualmente en la normativa procesal vigente en la Ciudad, que adopta como reglas generales: i) la ‘amplitud probatoria’ para demostrar los hechos y circunstancias de relevancia: y ii) el sistema de la ‘sana crítica’, como método para valorar la prueba producida […].
Como consecuencia, no existe ningún impedimento de naturaleza legal, en la materia, para que la fundamentación de una sentencia de condena se base en el testimonio de un solo testigo, ni una sentencia dictada de este modo es descalificable, sin más, bajo el fundamento de que desconoce los principios constitucionales que en autos se entienden vulnerados, toda vez que no hay regla alguna que imponga una manera determinada de probar los hechos de la acusación, ni un número mínimo de elementos probatorios de cargo para dictar un fallo de condena como el que aquí se recurre” (del voto de las Juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg).

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la decisión de grado en cuanto absolvió al encartado, disponiendo la realización de un nuevo debate por parte de otro Juez.
Se atribuyó al encausado el haber alarmado a su pareja -quien se suicidó al mes del hecho- al referirle: "Estoy yendo a la Villa C a buscar un arma para quitarte la vida", suceso que tuvo lugar mediante una videollamada efectuada a través de Facebook, en momentos en que la víctima se encontraba en el Juzgado Criminal y Correccional.
El Fiscal calificó el hecho como amenazas y luego lo recalificó como amenazas coactivas, pues según entendió " ... las amenazas se realizaron con el propósito de obligar a la víctima a levantar la denuncia o no radicarla". Asimismo consideró que el suceso se encontraba enmarcado en un cuadro de violencia hacia la mujer, en su modalidad doméstica.
Lo que se encuentra en cuestión es si durante el transcurso de la llamada el imputado amenazó de muerte a la damnificada, lo que se puso en duda a partir de un mensaje que ésta le mandó a aquél, minutos después del llamado, que reza: "ahora les voy D [decir] que me dijiste que vas a ir a v c a buscar una pistola para sacarme la vida", al que las partes interpretaron de manera diferente.
La Defensa afirmó que debía ser entendido como algo que no sucedió y que sin embargo la víctima lo iba a decir.
La "A quo" consideró que existe una duda razonable, que la llevó al dictado de una sentencia absolutoria.
Sin embargo, la descalificación de la versión de la mujer víctima de violencia de género configuraría un retroceso en uno de los fines buscados por el Estado, que, para enfrentar la problemática procura alentar a las víctimas de violencia de género a denunciar.
Tal objetivo protector se vería transformado en una ilusión si la respuesta por parte de la administración de justicia fuera la de descartar la denuncia por "solitaria", exigiéndose de este modo a la víctima que, ademá de tener que cargar con la violencia y la situación de acudir a denunciar y revivir lo acontecido, fuese una condición para tenerla en cuenta, que colecte ella misma la prueba.
Lo mismo sucedería, si como en el caso, se pone en duda lo denunciado, y se efectúa una interpretación de un mensaje que no se condice con lo expuesto por la víctima no solo ante la Oficina de Violencia Doméstica sino además a sus hijas quienes declararon durante la audiencia. (Del voto en disidencia de la Dra. Marum).

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que ordenó las medidas preventivas de prohibición de acercamiento y prohibición de contacto con la denunciante.
Se atribuye al imputado haber interceptado a su ex pareja que estaba en la puerta de entrada del edificio donde tiene su consultorio para luego insultarla y amenazarla de muerte. La acusación encuadró dicho suceso como constitutivo "prima facie" del delito de amenazas simples (art. 149 bis, CP), destacando que éste, a su vez, configuraba una forma de violencia contra la mujer. Por todo ello, y ante la manifestación de temor por parte de la víctima, al finalizar el acto de intimación de los hechos dispuso la adopción de las medidas preventivas. Ante la negativa del imputado y la Defensa, la Fiscalía solicitó la intervención jurisdiccional que motivó la realización de la audiencia prevista en el artículo 189 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la posterior fijación de las medidas aquí cuestionadas.
El Juez hizo lugar a la petición fiscal, para lo cual tuvo en consideración, esencialmente, el relato de los hechos por parte de la denunciante ante la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN, destacando que la nombrada ratificó su versión de los hechos en las distintas exposiciones realizadas, siendo que la última de ellas había tenido lugar en la entrevista mantenida con la Fiscalía. Asimismo ponderó que el hecho se habría cometido en un contexto de violencia de género en tanto supuso el ejercicio de violencia basada en patrones de desigualdad en una relación de desigual poder cometida por el imputado y, en perjuicio de la damnificada, bajo la forma de violencia psicológica (conf. arts. 4 y 5, inc. 2, de la ley 26.485).
Ahora bien, en cuanto al agravio planteado por la Defensa, cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, ha sostenido que la circunstancia de que el testimonio de la víctima sea el elemento de juicio determinante de la imputación dirigida no invalida sin más la condena, puesto que la contingencia de que el evento haya tenido lugar en solitario, justifica suficientemente que la fuente principal de comprobación remita a esa exposición (Expte. N° 8796/12 “Ministerio Público
-Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Legajo de requerimiento de elevación a juicio en autos N G, G. E. s/ inf. art. 149 bis CP’”, rto. 11/9/2013, voto de las juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg).
Siguiendo esa lógica debe concluirse que lo expuesto mucho menos impide necesariamente el dictado de esta clase de medidas precautorias -las que, por su naturaleza, pueden ser modificadas en todo momento- (cf. Causa 48795/2019-0, “C., P.”, del 27/10/20).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que condenó al encausado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma.
La Defensa se agravia por enentender que nos hallamos frente a un supuesto de testigo único.
Ahora bien, al respecto se ha dicho que, en caso de acusaciones basadas únicamente en el testimonio de la presunta víctima, se debe diferenciar con cuidado si efectivamente se da una situación tal -es decir, un supuesto de “declaración contra declaración”- o si además de la denuncia existen otros elementos de prueba. En todo caso, el Juez deberá atender a todas las circunstancias que puedan influir en su decisión y volcarlas en ella, de manera que se debe practicar una consideración global de la totalidad de las particularidades que hacen a la verosimilitud de la declaración.
En el "sub lite" es claro que la deposición de las víctimas no es la única prueba de los hechos.
Ello así, no resulta infundada la condena, como lo afirma la Defensa, pues el "A quo" ha tenido por acreditados acabadamente los extremos fácticos, probatorios y jurídicos que fundamentan tal decisorio, por lo que corresponde confirmarla en este punto, en cuanto materia de agravios. (Del voto en disidencia del Dr. Bosch).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto a no hizo lugar a la nulidad de requerimiento de elevación a juicio solicitada por la Defensa.
Al imputado se le atribuyó ser autor material del delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una ex pareja y por mediar violencia de género (artículo 92 en función del artículo. 80 incisos. 1 y 11).
La Defensa solicitó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio en virtud de que carecería de fundamentación en lo que respecta a la imputación (La violación por parte del imputado de la prohibición de contactar a la víctima a través de cualquier medio) ya que la plataforma fáctica propuesta por la Fiscalía no permitiría acreditar fehacientemente que su defendido haya desobedecido las medidas restrictivas que previamente le habían sido impuestas, violando de tal manera con los presupuestos legales establecidos en el artículo 219 inciso b) del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ahora bien, las conductas investigadas encuadran dentro de un caso de violencia de género, siendo una característica común de dichos casos que en la mayoría de elloso sólo se cuente con el testimonio de quien ha resultado damnificado, lo que a su vez implica que de ningún modo pueda desestimarse esa declaración, por encontrarse en solitario.
La circunstancia de que la víctima fuera la única testigo directa de los hechos no inhabilita "per se" su testimonio, ni mucho menos implica que la causa se vea impedida de avanzar hacia la etapa siguiente.
Ello así, que lo planteado por la Defensa implicaría afirmar que la acusación carecería de contenido al solo presentar como elemento probatorio la declaración de la víctima, alegando de tal manera aquel adagio que es propio del derecho romano y dejado de lado en la actualidad, consistente en "testis unnus, testis nullus". Atento a ello, dicho fundamento no puede prosperar a los fines de intentar tachar el acto procesal en cuestión como inválido.

En el caso, hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar a la accionante la suma sesenta y nueve mil pesos ($ 69.000) en concepto de indemnización por los daños y perjuicios por el accidente sufrido en la vía pública, determinada a valores vigentes al momento del accidente; y eximir de responsabilidad al tercero citado.
El magistrado de la instancia anterior consideró que no se había probado el presupuesto fáctico de la pretensión, en particular, la caída de la actora en la vía pública, el lugar en que se produjo y el presunto mal estado de la vereda en la que habría tenido lugar el accidente. Ello, principalmente, porque el único testigo presencial del hecho, que sí dio cuenta de ello, era una persona amiga de la actora y su declaración no encontraba correlato en otras constancias de la causa. Con tales premisas, sostuvo que no se podía responsabilizar al GCBA ni al tercero frentista.
Ahora bien, en primer lugar, es importante recordar que el régimen aplicable respecto de la apreciación de la prueba no la sujeta a una valoración prestablecida por la ley (“prueba tasada”) sino que la deja librada a la valoración del juez según las reglas de la “sana crítica” (art. 312 del CCAyT, texto consolidado según ley 6588). Esto significa que un único testigo puede ser suficiente para probar los hechos, y efectivamente lo sería si su declaración, apreciada según esas reglas, resultara convincente y no fuese contradicha por otros elementos de juicio.
Es cierto, como dijo el juez de grado, que el interrogatorio preliminar a los testigos previsto en la ley procesal sirve, entre otras cosas, para valorar la eficacia probatoria de sus declaraciones. También lo es que una de esas preguntas se refiere a la amistad o enemistad del testigo con cualquiera de las partes (v. art. 348, inc. 4º, del CCAyT, texto consolidado cit.). Asimismo, es verdad que en la presente causa la única testigo presencial, afirmó que era amiga de la actora.
En principio, podría verse en ello un factor de disminución de la fuerza de su declaración.
Sin embargo, la eficacia probatoria de la declaración testimonial debe determinarse considerando todas las circunstancias que pueden incidir en ella, tanto las que disminuyan la fuerza de la declaración como las que la corroboren (art. 364 del CCAyT, texto consolidado cit.). Así, cobran relevancia la precisión de los dichos sobre los hechos que son materia de prueba, las razones dadas (exigidas por la ley procesal, v. art. 353 del CCAyT, texto consolidado cit.), la coherencia interna de la declaración, la congruencia de lo afirmado con las restantes constancias de la causa, etc.
En este sentido, la testigo describió con bastante precisión las circunstancias de tiempo, modo (mientras iban caminado por la vereda con la actora, esta tropezó con una baldosa levantada por las raíces de un árbol y se cayó) y lugar en que ocurrió el accidente. Explicó también de dónde venían y hacia dónde se dirigían (a la casa de la actora). Precisó el lugar donde estaba ubicado el referido nosocomio, dio detalles del recorrido realizado desde allí hasta el lugar del accidente y explicó por dónde tenían pensado continuarlo. Incluso señaló que el inmueble frente al cual ocurrió el accidente era una casa, aunque no recordaba su estilo porque no le había prestado atención, ya que debió asistir a la actora porque estaba muy dolorida. Además, pudo observar ahí mismo que como consecuencia de la caída la actora se había fracturado el codo, ya que se trataba de una fractura expuesta (“cuando le toco el codo tenía expuesto el hueso del codo”). Dio detalles de lo ocurrido inmediatamente después del accidente.
También detalló la asistencia que recibió la actora en dicho nosocomio.
Es decir, se trata de una descripción detallada y coherente acerca del hecho y de las circunstancias que lo rodearon, coincidente con lo relatado por la actora en el escrito de demanda.
Por otra parte, lo afirmado por la testigo no es incongruente con las restantes constancias de la causa.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado mediante la cual rechazó el pedido de prisión preventiva efectuado por la Fiscalía y, ordenó su inmediata libertad, imponiéndole medidas restrictivas en los términos de los artículos 186 y 187 del Código Procesal Penal de la Ciudad y artículo 26 de la Ley Nº 26.485.
De las constancias de la causa surge que la Fiscalía encuadró jurídicamente los hechos en los tipos penales de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por el imputado contra su pareja y mediando violencia de género (art. 89 en función de los arts. 92 y 80 incisos 1 y 11, C.P.) identificado como hecho 1º; abuso sexual simple (art. 119, primer párrafo, C.P.) identificado como hecho 2º; abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal (art. 119, tercer párrafo, C.P.) identificado como hecho 3º; y homicidio doloso en grado de tentativa, doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, que resulta ser su pareja, y en un contexto de violencia de género (arts. 80 incisos 1 y 11, en función del art. 42, C.P.) identificado como hecho 4º.
La Fiscalía en su agravio sostuvo que la fuente principal que prueba la materialidad de los hechos es el testimonio de la presunta damnificada, cuya entidad no puede descartarse por haberse hallado sin la presencia de otros testigos al momento de los episodios de los que habría sido víctima, pues ello importaría vaciar de contenido a las normas nacionales e internacionales que rigen los casos de violencia de género.
La Jueza de grado tuvo por demostrada la materialidad de los hechos identificados como hecho 1º y hecho 2º, pero consideró prematura la adecuación típica propiciada por la Fiscalía respecto de los hechos individualizados como hecho 3º y hecho 4º. Para desacreditar el mérito sustantivo en lo relativo al hecho 3º, la "A quo" sostuvo que "no existen elementos concomitantes que permitan sostener dicha imputación", por lo que, concluyó que, con las pruebas obtenidas hasta el momento, no se puede afirmar que haya acontecido el supuesto acceso carnal. Y, en lo referido al hecho 4º, la Jueza de grado afirmó que la acusación por este hecho es infundada y excesiva, en tanto no se había demostrado el dolo homicida.
Ahora bien, cabe señalar que no se advierte de la lectura de la fundamentación desarrollada por la Magistrada de grado, que haya “descartado de plano” o puesto en duda el testimonio de la presunta víctima por la sola circunstancia de haberse hallado “en solitario”. Lo que la “A quo” hizo fue poner de manifiesto algunas inconsistencias que, efectivamente, se verifican en el relato de la víctima y que no resultan del todo contestes con otras evidencias que fueron recabadas. Esto no importa un apartamiento de la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el precedente “N. G.” (Que luego fue reditada en “T.” y “S.”).
En este sentido, debe recordarse que en el caso “N. G., G. E.” (Expte. Nº 8796/12, del 11/9/2013), el Máximo Tribunal local se pronunció sobre una sentencia de condena dictada en un caso que fue catalogado como de “violencia doméstica” y sostuvo que el testimonio de la víctima puede tener el valor para enervar la presunción de inocencia en aquellos supuestos en los cuales el hecho haya sido cometido “puertas adentro” o en solitario, siempre que ese testimonio sea considerado creíble, coherente, verosímil y persistente; y sugiriendo que sus dichos sean reforzados con otros elementos probatorios de carácter objetivo, corroborantes o periféricos, tales como los testimonios de los profesionales de los equipos interdisciplinarios que hayan tomado intervención y el testimonio de testigos de referencia que puedan dar cuenta de situaciones concomitantes que permitan darle mayor valor de convicción al relato de la víctima.
Al respecto, más allá de la credibilidad que se le otorgue al relato de la presunta víctima, es relevante que el mismo se encuentre respaldado por indicios que permitan corroborarlo, especialmente cuando los mismo resultan de fácil obtención. La exigencia de indicios objetivos y corroborantes del testimonio de la víctima no parte de la base de descreer de sus dichos ni implica sostener que haya sido mendaz; sino que sólo persigue robustecer el mérito sustantivo, teniendo en cuenta que la acusación funda centralmente su solicitud de que se encarcele preventivamente al imputado en la gravedad de los delitos que le endilga.
Ello así, sólo el avance de la investigación, y la producción de las pruebas pendientes permitirá arrojar luz sobre la existencia de estos sucesos y el modo en que se desarrollaron, lo cual permitirá definir con mayor certidumbre los respectivos encuadres legales.