“Interrumpir la cadena de frío adecuado en los alimentos que lo requieran” previsto en el artículo 1.1.9 de la Ley Nº 451 es un tipo infraccional que prescinde del resultado que dicha interrupción pueda generar.

A fin de establecer los deberes de los agentes públicos en el marco de la relación de empleo público y tipificar las conductas que están prohibidas, el legislador puede utilizar conceptos jurídicos indeterminados.
Por todo ello, cuando el deber a cargo del agente -y la correspondiente infracción por su incumplimiento- han sido establecidos recurriendo a la utilización de un concepto jurídico indeterminado, resulta esencial que el acto administrativo a través del cual se dispone la aplicación de una sanción disciplinaria detalle claramente, por un lado, cuál es la conducta que se reprocha y, por el otro, de qué forma dicho comportamiento vulneró las obligaciones a su cargo.

Debe reconocerse la forma peculiar que tienen de plasmarse, en el ámbito sancionador, los principios, correlativos, de legalidad y de tipicidad.
Entre otros rasgos singulares, es preciso admitir, como morigeración de una estricta legalidad, la utilización integradora de los reglamentos, en cuanto medio para precisar los términos de la conducta debida (ver lo dicho por la Corte Federal, con respecto a la integración del artículo 44, Ley Nº 11.683, con resoluciones de la autoridad administrativa encargada de la recaudación tributaria, en "Neli Adela Buombicci", Fallos: 316:1190, en particular el considerando 6) y, como flexibilización de un exigente mandato de tipificación, el uso de los llamados "conceptos jurídicos indeterminados".

No existiendo una ley formal que tipifique la conducta, debe concluirse sin más en su licitud ya que lo contrario implicaría un desconocimiento liso y llano del principio de legalidad, el que exige que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto. Aún cuando las sanciones administrativas no importen el ejercicio de la jurisdicción penal propiamente dicha, requieren para su validez la observancia del principio de legalidad, del que se deriva la obligación de determinar previamente la conducta prohibida, la clase y gravedad de la pena, la prohibición de la analogía.

Si bien el derecho disciplinario y el derecho penal constituyen categorías que no se confunden (esta Sala, in re “Anapios Ernesto c/Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/Recurso de Apelación c/Resoluciones del C.P.C.E.”, Expte. RDC - 62) en cuanto ambas constituyen manifestaciones diferenciadas de la potestad punitiva estatal, a consecuencia de las características históricas de desarrollo del ordenamiento jurídico, el eje del derecho sancionatorio ha sido el derecho penal. Esto ha conducido a tomar a esta rama como “modelo” o “punto de referencia” de la totalidad del derecho sancionatorio, de forma que, por ejemplo, se considera que los principios constitucionales penales (y procesales-penales) son aplicables al resto del derecho sancionador, aunque con algunos matices (ver sobre el punto el ineludible texto de Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, segunda edición ampliada, Tecnos, Madrid, 1994).
Es ésta una forma tal vez inevitable de proceder hasta tanto se desarrolle plenamente el referido derecho constitucional sancionador, que contenga los principios comunes a la totalidad, para luego aprehender los matices de cada manifestación o subsector en particular. Asimismo, la aplicación con matices de los principios y reglas del derecho constitucional penal y procesal penal al ámbito derecho disciplinario requiere, previamente, un análisis en cuanto a su compatibilidad con: a) las características y fines de la potestad administrativa involucrada, y b) las características del procedimiento administrativo que debe utilizarse para ejercer este aspecto del poder punitivo-constitucional del Estado de Derecho. Así, en materia disciplinaria resultan de aplicación, entre otros y si bien con algunas particularidades, los principios correlativos de legalidad y de tipicidad.

La Administración sólo puede sancionar a sus agentes con sustento en los incumplimientos y prohibiciones tipificadas previamente en cumplimiento del principio de legalidad y tipicidad.

El primer párrafo del artículo 83 del Código Contravencional delimita la modalidad genérica de la conducta prohibida -actividad lucrativa en el espacio público sin permiso de la administración-; el segundo establece una figura agravada -organización de dichas actividades en volúmenes y modalidades similares al comercio establecido- y el tercero excluye a “la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria”. Parece claro que el legislador, interpretando el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, ha considerado lesivo el uso apropiatorio y abusivo del espacio público que conlleva la actividad comercial ejercida sin los permisos respectivos, cuya libre e igualitaria accesibilidad debe garantizar por mandato constitucional.
Es en ese sentido, que cada una de las modalidades de comisión se define según el parámetro de lesividad del bien jurídico inspirador de la norma plasmada en el artículo legal específico. Si bien la primera parte se muestra -en principio- incompleta en su carácter genérico en cuanto alude a un conjunto abierto de conductas, la segunda, al describir la figura agravada, claramente establece como requisito típico un grado cierto de lesividad al exigir para el encuadre contravencional que se trate de “volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido”. Precisamente, el tercer párrafo viene a cerrar aquel conjunto denotado en el primero, excluyendo de la materialidad infraccionaria a una determinada categoría de productos que por su insignificancia no importa afectación relevante del bien jurídico.
Centrado el análisis en el nivel más elemental de la descripción de las conductas contravencionalmente relevantes, por ende prohibidas y reprimidas por ese ordenamiento material, no cabe duda que la naturaleza dogmático jurídica del tercer párrafo del artículo 83 del Código Contravencional debe dilucidarse en el estrato de la tipicidad, atento su claro carácter configurativo del aspecto objetivo de aquella.

La propuesta que secciona del 3º párrafo del artículo 83 del Código Contravencional el enunciado la venta de mera subsistencia transformándola en una hipótesis independiente de la tipicidad de la conducta y por tanto autónoma, otorgándole una diversa naturaleza jurídica desvinculada de las características del hecho configuradoras del ilícito y sólo sujeta a las condiciones personales del autor, debe necesariamente afirmar primero con éxito la subsunción -desvalor del hecho- y luego concluir eventualmente en la inculpabilidad del sujeto.
Para esta última hipótesis, el análisis relativo a la presencia o ausencia de la causal de exculpación -venta de mera subsistencia- deberá no sólo considerar las condiciones personales del autor sino incluir también en dicho juicio y como pertenecientes a él, aquellas características del hecho previamente desvaloradas. Vale decir, se atomiza para luego rejuntar -en un estrato posterior- mezclando los niveles de la estructura analítica de la teoría del delito. De esta forma se confunde el contenido de los escalones valorativos, puesto que una cosa es tamizar la conducta a la luz de la total descripción legal para afirmar/excluir su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y otra distinta es transformar una única descripción típica en dos previsiones de diversa naturaleza, considerando parte de la materialidad infraccionaria como correspondiente al nivel típico y parte al de la culpabilidad.

En el caso, la defensa se agravia en cuanto afirma que carece de verosimilitud la existencia del hecho endilgado a su defendido, sosteniendo que existe escasa prueba y que el informe pericial señaló “que el arma posee el martillo roto”, por lo que debería haberse efectuado la pericia sobre el arma en cuestión.
Tal pericia no ha tenido lugar, dado que la audiencia se celebró dentro de las 24 hs. de presuntamente producido el hecho, pero existe un informe preliminar que dá cuenta de la existencia del arma
La cuestión sobre si el martillo roto impediría o no que el arma pueda tener aptitud para el disparo, que conforme alguna posición jurisprudencial y doctrinaria afectaría su definición como tal, no empece que en este estadío tan inmediato en el tiempo a la fecha de posible ocurrencia del mismo, se considere la existencia de la tipicidad necesaria ya que en el caso, al secuestro del arma se aúnan las declaraciones que señalan la existencia de disparos y apuntan al imputado como autor. Ello siempre con la provisionalidad que cabe en un juicio de este tenor realizado a pocas horas del hecho, que podía modificarse con el aporte de nuevos elementos de prueba que la propia defensa pudo aportar en este tiempo en pro de su defendido.
Si bien resulta claro que no es carga de la defensa acreditar la inocencia de su defendido, también es cierto que a la fecha no existen elementos en la causa aportados por las partes que permitan modificar el temparamento del a quo, sobre la verosimilitud de la existencia del hecho que surge de la existencia de las denuncias, el arma y los testimonios, que provisionalmente, como corresponde a este estadío procesal, no resulta arbitrario.

En el caso, la infracción consignada por el preventor en el acta de infracción por la que fue condenada la empresa de transporte público de pasajeros fue negarse a prestar servicio, y en cuyo dorso el preventor aclaró que “El vehículo de transporte público infraccionado se negó a prestar servicio a una pasajera pese a la indicación del personal que suscribe se siguió negando y continuando con su recorrido sin prestar el servicio a dicha pasajera ...”.
Y al momento de dictar sentencia el Judicante condenó a la línea de transporte encuadrando la conducta en el art. 6.1.47 de la Ley Nº 451 que sanciona al titular o responsable “... de un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que no cumpla con las normas que regulan los horarios de prestación del servicio, la vestimenta de los conductores o los requisitos exigidos a vehículos habilitados para prestar el servicio ...”.
Por tanto, la negación a prestar el servicio a una pasajera no se encuentra específicamente consignada en dicha norma, puesto que la disposición legal se refiere específicamente a los requisitos de los vehículos de transporte, los atuendos de los choferes y los horarios del servicio, y no describe en forma alguna la conducta atribuida al conductor del vehículo que expresamente se consignó en el acta.
En razón de ello, la norma cuya violación atribuyó el Judicante en la sentencia no contiene expresamente la conducta consignada en el acta de infracción, por lo que corresponde absolver a la empresa en relación a dicha infracción.

En materia tributaria rige el principio de legalidad o de reserva de ley y se funda en los artículos 4, 17, 75, incisos 1 y 2, y 52 de nuestra Constitución Nacional y, en el ámbito local tiene su sustento normativo en el artículos 12, inciso 5, 51; 80, inciso 1 y 2 a).
Este principio, que incluye, en la interpretación de la Corte y de la doctrina, el de tipicidad determina que la disciplina de todos los elementos estructurales de la obligación, tales como los sujetos o el régimen de extinción, debe ser determinada por la ley. La obligación legal de que se trata es, además, una obligación de Derecho Público. Sobre la base del interés jurídico protegido, el régimen jurídico aplicable difiere del contenido para las relaciones del derecho privado. Consecuencia del carácter "ex lege" de la obligación tributaria es su indisponibilidad por la Administración. La naturaleza legal de la obligación tributaria determina la exclusión de todo poder sustancial de la Administración en orden a su constitución, existencia, extinción; la Administración solo ha de buscar su realización en los términos queridos por la ley.
Conforme lo expuesto, cabe concluir, que, la regla general en materia tributaria, exige la observancia de los principios de reserva de ley y de indisponibilidad de la renta pública, por los cuales la Administración Pública no puede hacer convenciones con los contribuyentes que impliquen una dispensa en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

En el caso, no resulta correcto el cuestionamiento que realiza el encartado en cuanto a la tipicidad de la infracción por violar luz roja que se le imputa, con fundamento en no existir, al momento de su comisión, la mencionada falta en los casos en que el conductor se hallare individualizado.
La asombrosa pretensión encuentra algún sustento, sin embargo, en el patente descuido legislativo que se reseña a continuación, fruto sin dudas de las vicisitudes de índole institucional generadas a partir de la constitución autónoma del ejido.
El artículo 17 de la Ley Nº 42 -B.O.C.B.A. Nº 488 del 17/07/1998- incorporó al Libro II del antiguo Código de Convivencia de la Ciudad -Ley Nº 10, B.O.C.B.A. Nº 405 del 15/02/1998- el Capítulo IX “Contravenciones de Tránsito”, cuyo artículo 76 preveía la conducta de violar la prohibición de paso indicada por un semáforo, conduciendo un vehículo motorizado; si el conductor no pudiese ser identificado, se aplicarían los artículos correspondientes de la Ley Nacional 19.660. La misma norma, sin embargo, suspendió la aplicación del artículo en comentario, efecto que fue prorrogado con posterioridad por sucesivas leyes -Nº 43, B.O.C.B.A. Nº 488 del 17/07/1998; Nº 82, B.O.C.B.A. Nº 560 del 29/10/1998; Nº 142, B.O.C.B.A. Nº 621 del 29/01/1999; Nº 318, B.O.C.B.A. Nº 863 del 20/01/2000; y Nº 463, B.O.C.B.A. Nº 1.029 del 18/09/2000-. A su vez, el art. 1º de la Ley 548 -B.O.C.B.A. Nº 1.180 del 26/04/2001- dispuso que la regla entraría en vigencia al mismo tiempo que el cuerpo sustantivo de faltas -Ley 451, B.O.C.B.A. Nº 1.043 del 06/10/2000-, previsto, a su turno, para el momento en que la L.P.F. -Ley 1.217, B.O.C.B.A. Nº 1.846 del 26/12/2003- reemplazara a las normas nacionales que hasta el momento regían -la citada Ley 19.960 y la 19.961-.
Ahora bien, sabido es que la Ley 1.472 -B.O.C.B.A. Nº 2.055 del 28/10/2004, cuya aplicación se tornaría efectiva 120 días después- modificó sustancialmente el régimen instituido en el Código de Convivencia, previendo contravenciones atentatorias de la “Seguridad y Ordenamiento en el Tránsito” en el Capítulo III del Título IV del Libro II. No se cuenta entre ellas, sin embargo, la infracción del presente caso, obrando una figura residual en el Régimen de Faltas, que también ha sido modificada. En efecto, desde la derogación de aquel Código la única figura prevista en cuanto a la omisión de acatamiento del semáforo en rojo era la delineada en el artículo 6.1.63 del ordenamiento infraccional, que penaba: ...al titular o responsable de un vehículo con el que se viole la prohibición de paso indicada por un semáforo, “cuando no sea posible identificar al conductor”. Por último, en virtud de la reforma del mismo artículo impresa por Ley Nº 2.015 -B.O.C.B.A. del 02/08/2006- esta individualización se tornó indiferente a efectos del revestimiento del tipo en estudio, puniéndose ya al “conductor o titular o responsable de un vehículo” con el que se cometa la falta.
Frente a ello, no cabe sino echar mano de la doctrina emanada de este Tribunal en cuanto a que la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 “...constituye una norma marco a nivel federal, por lo cual en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en materia de faltas se debe aplicar con un sentido acotado y de acuerdo con el alcance fijado por las normas locales. (…) en primer término rige la normativa local específica al caso, y recién en segundo término, si existe remisión a la norma baremo [circunstancia que no se da en la especie], se recurre a ésta en las concidiones y con los límites fijados en la legislación de referencia de la Ciudad; finalmente sólo en ausencia de una norma concreta a nivel local, se acude en forma supletoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la referida ley nacional”. -causa Nº 134-00-CC/2004, “Expreso Quilmes S.A. s/ violación de luz roja - Apelación”, rta. el 25/06/2004-.
En esta dirección es que resulta aplicable en el particular el artículo 44 de la Ley 24.449, cuyo inciso 2 impone el deber de detención “con luz roja” en vías semaforizadas, y no el artículo 6.1.63 del Régimen de Faltas.

De la lectura del artículo 45 del Código Contravencional en cuanto establece que “El imputado de una contravención (...) puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba” y que “El Juez debe resolver sobre dicho acuerdo”, se desprende con toda claridad que como condición previa a la facultad de acordar y por ende, a la potestad de analizar dicho acuerdo, es necesaria la existencia de una contravención que sea imputada a una persona determinada.
De allí cabe concluir que, en el ejercicio jurisdiccional de interpretar el texto legal -el cual no aparece negado por el sistema acusatorio vigente-, el Juez debe constatar la existencia de al menos: a) un proceso contravencional iniciado y tramitado de conformidad con lo establecido por las normas legales vigentes; y b) la imputación de un suceso fáctico que se caracterice por un umbral mínimo de verosimilitud que permita predicar acerca de la existencia de una posible contravención, o que la conducta que determinó la iniciación del proceso resulte típica a la luz de la ley contravencional.
En este sentido, se expresa que para presentar la solicitud de suspensión de juicio a prueba, deben existir “elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél (el imputado) es culpable como partícipe en éste”... Si no se cubre ese estándar probatorio sobre el mérito sustantivo no se puede continuar con la persecución penal y ésta, en consecuencia, no debe ser suspendida sino interrumpida. La suspensión del procedimiento sólo puede aplicarse en la medida en que estén presentes todos los requisitos legales que permitan su iniciación y continuación” (Bovino, Alberto; La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino; Del Puerto, 2006, págs 114/115).

El artículo 6.1.63 de la Ley Nº 451 (conf. texto del artículo 2 de la Ley Nº 2015) establecía una multa de quinientos (500) a cinco mil (5000) unidades fijas para el conductor titular o responsable de un vehículo de pasajeros con el que se viole la prohibición de paso indicada por un semáforo.
Sin embargo, dicha norma fue modificada por la Ley Nº 2641, en la que se diferenció, de acuerdo a quien se le ha atribuido la violación de la prohibición de paso indicada por un semáforo, en falta o contravención. Así, la norma en cuestión por una parte sustituyó el artículo 6.1.63 de la Ley Nº 451 estableciendo una sanción de trescientas (300) a tres mil (3000) unidades fijas para el titular y/o responsable del vehículo con el que se hubiera llevado a cabo la violación de luz roja, e incorporó el artículo 113 bis a la Ley Nº 1472 a los efectos de sancionar al conductor del vehículo que lleve a cabo dicha conducta.

En el régimen local, la evasión está tipificada como el ilícito consistente en la omisión total o parcial de ingreso del impuesto, y su sanción está prevista con una multa de hasta cinco veces el gravamen omitido debidamente actualizado. La imputación de la acción punible, como tal, debe responder al principio de culpabilidad, que exige como presupuesto ineludible la atribución tanto objetiva como subjetiva de los elementos de la conducta sancionada.

En principio, no corresponde a los magistrados emitir un pronunciamiento judicial que se anticipe a declarar si determinada conducta está o no tipificada en el Código Penal y, consecuentemente, declararla prohibida o permitida, pues una decisión de esa naturaleza no es propia de la jurisdicción, dado que la ley penal se aplica siempre después de cometido el hecho.
En efecto, la desincriminación establecida por la ley penal en su artículo 86 opera "ex post facto", esto es, con posterioridad a la conducta que interrumpe el embarazo. Por tanto, “prima facie” —dicho esto con la provisoriedad y en el marco del limitado ámbito cognoscitivo que caracteriza el instituto precautorio—, el juez no debe expedirse en forma previa sobre la licitud o ilicitud de una conducta futura, porque si así lo hiciese excedería sin fundamento su jurisdicción.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por la Administración mediante la cual impuso al colegio privado una sanción pecuniaria, por infracción a lo normado en los artículos 128 de la Ley Nº 20.744 , 17 inciso c) y 19 inciso b) de la Ley Nº 265 por no abonar a sus docentes las asignaciones no remunerativas previstas en el Decreto Nº 1273/2002 y Decreto Nº 2641/2002.
Ello así debido a que al momento de constatarse la infracción – mayo de 2003-, existía una norma específica – esto es la Resolución Nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada- que se encontraba vigente y habilitaba al colegio a no abonar las asignaciones no remunerativas previstas en los citados decretos. Por tanto, no se configuró el tipo previsto en la norma sancionatoria – la infracción de normas laborales que exige el artículo 17 de la Ley Nº 265 para aplicar la sanción de multa-.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por la Administración mediante la cual impuso al colegio privado una sanción pecuniaria, por infracción a lo normado en los artículos 128 de la Ley Nº 20.744, 17 inciso c) y 19 inciso b) de la Ley Nº 265 por no abonar a sus docentes las asignaciones no remunerativas previstas en el Decreto Nº 1273/2002 y Decreto Nº 2641/2002.
Aún si consideráramos que la conducta del colegio se encuadra en el tipo legal, dado que el demandado habría violado las normas laborales, esto es las disposiciones de los decretos ya señalados, estimo que la apelante incurrió en un error de prohibición excusable pues tuvo fundadas razones para considerar que los decretos no eran aplicables al caso.
En efecto, la actora conocía las normas – en el caso los Decretos Nº 1273/02 y 2641/02– pues las aplicaba a su personal de maestranza y administrativo. Sin embargo, consideraba que los docentes privados no se encontraban alcanzados por el decreto pues, a la fecha de la constatación de la infracción – mayo de 2003-, estimaba que la Resolución del Consejo Gremial Nº 1884/02 resolvía la cuestión al declarar que el Decreto Nº 1273/02 era inaplicable a los docentes privados.
Por lo demás, la interpretación de las normas en conflicto – esto es decretos nacionales y Resolución del Consejo Gremial- no conducían a una solución unívoca.

El principio de legalidad prohíbe condenar por conductas –acciones u omisiones- que no constituyen falta o infracción administrativa, según el régimen jurídico vigente aplicable al momento de producirse el hecho imputado. Así pues, en primer lugar, cabe concluir que la Administración sólo puede imponer sanciones con sustento en los incumplimientos tipificados previamente en la ley -principios de legalidad y tipicidad-. Estos principios constituyen “una garantía de orden material y alcance absoluto, que supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, mediante preceptos jurídicos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las conductas que constituyen infracción y las sanciones aplicables... El principio de tipicidad exige la adecuada correspondencia entre el hecho real y el tipo disciplinario. Esta vertiente va dirigida a la Administración Pública prohibiendo el poder discrecional en la calificación jurídica de las conductas y la analogía” (cf. TRAYTER, Juan Manuel, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1992, Madrid, España, pág. 152 y ss.).

En el campo del derecho sancionador tanto el principio de legalidad como el de tipicidad exigen la precisión por parte del legislador de los hechos punibles y de las penas. Es decir, el legislador debe dar instrucciones precisas y suficientes de cuáles son las conductas prohibidas –infracciones– y, cuál es el castigo –sanciones–. Ello, sin perjuicio de que pueda dejar librado al ejecutivo la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas o, en su caso, los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo.
En síntesis, el intérprete debe inferir desde el propio texto legal cuál es la acción u omisión que exige el ordenamiento, y cuál es la consecuencia en caso de incumplimiento de ese mandato.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Sr. Juez aquo, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, con el objeto de que se suspenda la ejecución -en forma provisoria- de la resolución de la Administración, mediante la cual los trabajadores dependientes de la Ciudad deberán informar con caráter de declaración jurada -y bajo apercibimiento de incurrir en falta grave- si poseen otro empleo en relación de dependencia en cualquier repartición pública o privada, o en carácter autónomo.
Ahora bien, adviértase que la resolución que se discute establece que el falseamiento de la declaración jurada o la omisión de presentarla “constituirá falta grave” y que, de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, las sanciones previstas para dicha causal serían la cesantía o la exoneración, según el caso.
Nótese que no se trataría de precisar los términos de la conducta debida sino de la tipificación de una infracción administrativa a través de una resolución. Consecuentemente, toda vez que en principio la Administración sólo puede sancionar a sus agentes con sustento en la comisión de una infracción administrativa establecida en forma previa por una Ley formal, corresponde concluir que –prima facie– la medida implementada por la Administración mediante la resolución impugnada no se ajusta a derecho.
Por último, cabe recordar que los principios de legalidad y tipicidad constituyen “una garantía de orden material y alcance absoluto, que supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, mediante preceptos jurídicos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las conductas que constituyen infracción y las...sanciones aplicables...El principio de tipicidad exige la adecuada correspondencia entre el hecho real y el tipo disciplinario. Esta...vertiente va dirigida a la administración pública prohibiendo el poder discrecional en la calificación jurídica de las conductas y la analogía in malam partem” (cf. TRAYTER, Juan Manuel, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1992, Madrid, España, pág. 152 y ss.).

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado que suspendió el juicio a prueba a favor del encartado pese la oposición del Fiscal.
En efecto, no existen razones legalmente admisibles que fundaran su oposición en tanto no encuentra justificación normativa. Ello así, las circunstancias valoradas por el mismo para fundamentar su oposición no son más que elementos de tipicidad, en el caso el haber registrado alcohol en sangre, dado que el artículo 111 en la versión dada por la Ley Nº 2043 reprime el "Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido...".
Asimismo, el Fiscal no ha formulado como fundamento de su pretensión nada distinto que aseverar que la conducta imputada se subsume en la figura contravencional respecto de la cual la ley ha previsto la posibilidad de que las partes acuerden la suspensión del proceso a prueba.

Para que la prisión preventiva sea legítima debe verificarse el mérito sustantivo, o lo que es lo mismo, deben existir elementos probatorios concretos y de entidad suficiente que relacionen al imputado con el hecho investigado.
A mayor abundamiento, la acreditación de la tipicidad objetiva resulta ser de prueba muy sencilla respecto del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, toda vez que por un lado se debe demostrar la falta de autorización del tenedor y por el otro, o quizás en primer término, que el objeto secuestrado sea un arma de fuego, extremo éste para cuya determinación se requiere de un peritaje con todos los recaudos que esa actividad probatoria exige.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hace lugar a la excepción de falta de tipicidad deducida por la defensa.
En efecto, la formulación del hecho contenida en el requerimiento de juicio resulta, efectivamente atípica, ya que el Fiscal ha descripto el comportamiento que se imputa como el haber conducido un automóvil, en las circunstancias temporales y espaciales oportunamente precisadas, con una cantidad de alcohol por litro de sangre de “0,59 miligramos”, es decir, dentro de valores no alcanzados por la prohibición, que, en el caso, exige para su configuración una medida superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre (art. 5. 4. 4, párr. 1, Código de Tránsito y Transporte CABA), o su equivalente, 500 miligramos (art. 48, inc. a, Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449). Esta referencia no puede complementarse ni suplirse por la mera alusión, también contenida en el requerimiento, al hecho de haber conducido “con mayor cantidad de alcohol en sangre que el permitido”, pues ésta no constituye un descripción de la conducta que habría realizado el autor, sino una mera reiteración de los términos de la norma (cfr. art. 111 CC).
Asimismo, esa formulación del hecho, tampoco puede completarse con ninguna otra referencia contenida en el requerimiento, ni en la prueba en que éste se sostiene, pues el ticket emitido luego del test de alcoholemia, en el que se indica un resultado de “0.59 POR MIL”, se expresa en términos tales que no ponen por sí mismos en evidencia el eventual carácter ilícito del comportamiento. (Del voto en disidencia de la Dra. Marcela De Langhe).

El concepto de “dolo” al que se refiere la ley laboral lógicamente remite al concepto “civil” de dolo, definido en el artículo 931 del Código Civil como: toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin, pero en modo alguno se vincula con lo que se entiende por “dolo” en el ámbito penal.
En tal orden de ideas, la circunstancia de que se haya otorgado una indemnización en sede laboral o (en otros términos), es decir, que en sede laboral no se haya verificado “dolo” en la conducta del trabajador poco podría aportar a los efectos de determinar si existe una conducta “dolosa” en sede penal, pues la responsabilidad penal se rige por otros parámetros, totalmente distintos.

El artículo 183 del Código Penal resulta ser un tipo doloso, no encontrándose prevista la forma culposa, por lo que, de verificarse la ausencia de dolo penal, correspondería cerrar el análisis sin más por atipicidad de la conducta imputada.
En cuanto al dolo en sí, en comparación con el concepto civil, el dolo penal resulta ser avalorado, esto es: no se requiere una malicia, maquinación o motivación particular en el obrar del agente (conf. art. 931 Cód. Civ.), sino que alcanza con el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal (aspecto cognitivo del dolo), mientras algunos autores entienden que también debe verificarse la voluntad de realizar la conducta descripta a través de dichos elementos (aspecto conativo o volitivo del dolo).
Por lo tanto, la existencia de dolo penal en el marco del artículo 183 del Código Penal implica que el imputado haya puesto en marcha una conducta (acción, como primer estrato de la teoría del delito) dirigida a dañar de algún modo una cosa ajena, con al menos conocimiento de esos elementos contenidos en la norma penal prohibitiva (tipicidad, como segundo estamento).

En un análisis estrictamente “penal” de la tipicidad o atipicidad de la conducta prevista en el artículo 183 del Código Penal, en primer lugar, es menester recordar que la tipicidad incluye una doble valoración: primero objetiva; luego, subjetiva.
Al nivel de la tipicidad objetiva, la doctrina exige la verificación de los elementos descriptos en el tipo penal, mientras en el marco de la tipicidad subjetiva, se requiere la existencia de dolo o culpa, esta última sólo si el tipo culposo de la figura en cuestión se encuentra expresamente previsto en el código penal.

En el caso, corresponde declarar la incompetencia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas para conocer en el proceso y consecuentemente, disponer la remisión de las actuaciones a la oficina de sorteos de la Excelentisima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
En efecto, del cierre de la investigación preliminar que conlleva en la formulación del requerimiento de juicio, surge que ha quedado definitivamente configurado como objeto del proceso un hecho que se subsume en la descripción típica del ilícito previsto en el artículo 193 bis Código Penal y en el artículo 15 del Código Contravencional (donde el ejercicio de la acción penal desplaza al de la acción contravencional). Ello así, por imperio de la aludida norma (art. 15 CC), los órganos jurisdiccionales locales carecen de facultad para seguir interviniendo en estas actuaciones.
Asimismo, el Fiscal, en lugar de impulsar la acción contravencional mediante la formulación del requerimiento de juicio, debió haber motivado la remisión del legajo a los órganos judiciales competentes para juzgar la posible comisión del delito referido (art. 193 bis CP).
A mayor abundamiento, no corresponde separar los hechos, cuando la conducción de un rodado en estado de ebriedad aparece conectada a un único contexto de acción y dicha circunstancia contribuyó a crear un peligro para la vida e integridad física de las personas, exigido por el tipo penal (art. 193 bis CP). Por lo tanto, en virtud de la estrecha vinculación que presentan los hechos, resulta conveniente, desde el punto de vista de una mejor administración de justicia, que la pesquisa quede a cargo de un único tribunal.

En el caso, corresponde que el bien jurídico protegido es la seguridad del tránsito, tiendiente a preservar la vida y la integridad física de las personas, pues debe tenerse en cuenta que dentro del vehículo viajaban cinco personas y que la conducta desplegada tuvo lugar en una avenida de gran circulación.
Ello así, lo esencialmente protegido, en forma inmediata, no es la seguridad del tránsito automotor, sino la vida y la integridad física de las personas, esto es, bienes que son puestos en peligro por las conductas tipificadas en el precepto legal ( art. 193 bis C.P y art.112 CC); (cfr. Buompadre, Tratado de Derecho penal, Parte Especial, tomo 2, 3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 501).

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado por cuanto decidió no convalidar el archivo dispuesto por la Sra. Fiscal.
En efecto, la conducta que se reprocha a los imputados esto es, la afectación o deterioro de una de las paredes laterales del edificio donde funciona el Ministerio Nacional de Educación mediante el uso de pintura en aerosol color negro, reúne las exigencias típicas del tipo previsto en el artículo 183 del Código Penal, ya que dichas pintadas configuran un ataque sobre un bien inmueble el que requerirá diversas tareas de limpieza las que demandarán un gasto importante.
Ello así, corresponde rechazar el agravio expuesto por el asesor tutelar y la defensa en torno a que corresponde al caso la aplicación del tipo contravencional de ensuciamiento de bienes (art. 80 del CC) toda vez que las inscripciones realizadas no resultan de fácil eliminación por procedimientos de simple limpieza.
Se tata entonces del delito de daño, en el caso, agravado por el objeto. En efecto, el artículo 184 inc. 5º incluye tres categorías diferenciadas de bienes: 1) archivos, registros, bibliotecas o museos; 2) puentes, caminos, paseos o bienes de uso público; y 3) tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que no hizo lugar a la excepción de atipicidad.
En efecto, se desprende de los hechos atribuidos al imputado tal como fueron descriptos en la requisitoria de elevación a juicio no reúnen los elementos requeridos por el tipo penal (art. 149 bis CP) en tanto no resultan frases intimidantes ni revisten entidad suficiente para temer un daño que efectivamente se llevará a cabo.
Ello así, no surge del requerimiento fiscal que las frases indicadas hayan sido acompañadas de imágenes, ni la descripción de las mismas que puedan aportar datos claros, precisos y circunstanciados que pudieran subsumirse en el tipo penal consignado legalmente. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

En relación a armas de fuego, la portación se ha definido como la acción de disponer en lugar público o de acceso público de un arma cargada o en condiciones de uso inmediato, siendo la disponibilidad inmediata de uso propio y efectivo del arma lo que permite subsumir la conducta en dicha figura. La conducta no requiere un vínculo corporal con el arma, es decir, que el autor la lleve sobre sí en el cuerpo o en la mano, alcanzando con el conocimiento de su existencia y la posibilidad de disposición (causa Nº 20281-01- CC/06 Quiroga Alfredo Norberto y Rosas, Pablo Martin s/ inf. art. 189 bis-CP, rta. El 25/08/06, entre otros). Asimismo ya hemos afirmado que “en forma alguna el hecho que los proyectiles no se encontraran dentro del arma torna atípica la conducta” (Causa Nº 54353-00-00/10 “Pascual Aguilera, Miguel Angel y otros s/ art. 189 bis del C.P.”, rta. el 26/8/11). Por ello, la circunstancia de hallarse descargada no impide afirmar la tipicidad de la conducta, si el cargador con los balines se hallaba junto a ella, lo que le permitiría un uso inmediato.

En el caso, corresponde no hacer lugar al agravio efectuado por el imputado respecto a la ausencia del elemento subjetivo -el dolo- requerido por el tipo penal de la figura de daño atribuída al mismo.
En efecto, los elementos de juicio citados en la audiencia de juicio constituyen indicios suficientes para dar por acreditado el elemento subjetivo de la tipicidad.
Ello así, el imputado obró con dolo, dado que lo hizo con el conocimiento y la voluntad requerida por el tipo legal previsto por el artículo 183 Código Penal, pues el hecho de que pateara los vidrios de la puerta trasera del colectivo en cuestión constituye una manifestación de su voluntad de querer provocar su rotura. Ello sin perjuicio de que haya sido guiado por su deseo de descender del mismo –tal como refirió- o por el enojo que le pudo haber provocado que el chofer no abriera la puerta –de acuerdo a lo afirmado por uno de los testigos.
Cabe afirmar que es correcta la valoración de la prueba que realiza la Jueza de grado, al señalar que si bien de lo manifestado por el imputado se desprende que su intención –al darle patadas al vidrio- fue únicamente descender del colectivo, ello no sería obstáculo para que se configure el aspecto subjetivo del tipo penal en cuestión puesto que el “Dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios para su configuración” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar Alejandro, “Derecho penal- Parte general”, Ed. Ediar: Bs. As., 2000; pág 495).

En el caso corresponde declarar la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y la parte querellante, respectivamente y de todo lo obrado en consecuencia de ellos, en el marco de la investigación de los hechos encuadrables en el delito tipificado en el artículo 95 del Código Penal.
En efecto, puede aseverarse que los requerimientos de elevación a juicio, formulados por los acusadores público y privado, presentan ciertas falencias que conducen al dictado de su nulidad.
a) En primer término, la descripción de las imputaciones resulta indeterminada. Es asi que “es imprescindible que exista algo de qué defenderse: esto es, algo que se atribuya haber hecho […], en el mundo fáctico, con significado en el mundo jurídico […]” (cfr. Julio B. J. Maier, ob. cit., p. 553), de allí la obligación jurisdiccional de “esclarecer por completo el hecho, tanto en su aspecto fáctico como jurídico” (cfr. Claus Roxin, ob. cit., p. 159).
Por ello no hay en el caso una descripción concreta de la situación fáctica calificada como “lesiones en riña”, y ese déficit procesal ––en esencia, reconstruir la acusación––, no debe quedar a cargo de los inculpados.
Para advertir este fenómeno, basta concentrarse en los argumentos elaborados por la defensa oficial en el planteo de excepción y en el recurso de apelación, con los cuales pretende, evidentemente, brindarle claridad y precisión a la hipótesis incriminante de la fiscalía y la querella, dado que se esfuerza en distinguir roles y aportes y la conexión de éstos con los resultados lesivos.
De la lectura de la descripción de los hechos, no se infiere a ciencia cierta cuál fue la contribución específica de los imputados en el evento y consecuentemente su nexo con los resultados causales.
A su vez, no se encuentra dilucidado con las restantes descripciones fácticas que llevan a cabo los acusadores en sus escritos, pretendiendo compensar, en cierto sentido, ese déficit inicial, ni mucho menos con el juicio de subsunción legal ––lo que, cabe aclarar, denotaría otra irregularidad procesal––.

La tipicidad es la característica de una conducta concreta que debe corresponderse y coincidir, con un tipo legal ––es decir, la adecuación típica––.
El tipo es la descripción general que contiene la ley de una acción u omisión contraria a la norma. Al adecuarse al tipo, se dice que la conducta se subsume en él, que todos sus elementos están presentes en la acción. En otras palabras, la acción cumple o realiza el tipo legal (Marcelo A. Sancinetti, con la contribución de Günter Stratenwerth y Patricia S. Ziffer, Casos de derecho penal, Parte General, 3ª edición reelaborada y ampliada, Hammurabi, Buenos Aires, t. 1, p. 211). En idéntico sentido, Jakobs afirma que “[e]l tipo objetivo es la parte externa del delito; con el tipo objetivo surge el delito como magnitud social, y por tanto penalmente relevante [...]. El tipo objetivo es el objeto del tipo subjetivo; en su configuración anticipada (dolo) o anticipable (imprudencia) [...]” (Günther Jakobs, Derecho Penal, Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª edición corregida, traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1997, 7/1, p. 223).

En el caso, corresponde revocar la resolución de Magistrado de grado y en consecuencia ORDENAR el allanamiento de la “Sala Alberdi” ubicada en el sexto piso del Centro Cultural General San Martín, a fin de proceder a la identificación y desalojo de las personas que residen en dicho espacio público y a su restitución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello deberá ser llevado a cabo en la fecha y con las modalidades que fije el Sr. Magistrado de grado, debiendo dar intervención a los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que correspondan, en el marco de la investigación de los hechos tipificados "prima facie" en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal.
En efecto, plantea la Defensa que no se verificaron los medios típicos previstos por el delito de usurpación, los que deben ser usados para consumar el despojo.
Por su parte, la Fiscalía entiende que sí se dan los requisitos típicos y que el Juez "a quo" ni siquiera los analizó en su resolución.
A fin de dilucidar esta cuestión, corresponde valorar las probanzas reunidas en las presentes actuaciones a efectos de establecer si permiten tener por acreditado, con el carácter provisorio exigido en esta etapa del proceso, el despojo por alguno de los medios previstos por la ley.
Así, declaraciones de la Directora del Centro Cultural General San Martín, quien relató que con fecha 3 de enero del corriente año, en su carácter de Directora, dictó la disposición interna decretando que el centro cultural entraba en receso de verano por lo cual a partir de esa fecha, no se permite la entrada de público en general ni de ninguna persona que no pertenezca a la planta del personal del establecimiento así como personal de radio o del canal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agrega que el 4 de enero notificó, con la presencia de un escribano, a las personas quienes se niegan a abandonar la “Sala Alberdi” ubicada en el 6to piso del edificio.
Señala que los ocupantes desconocen el fallo de la jueza que intervino en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en la causa V. G. E. y otros c/GCBA y otros s/amparo en la que se "ordena a los ocupantes que en el plazo de (2) días permitan el libre acceso a las autoridades del Centro Cultural, de la Administración Gubernamental del Control y de la Dirección General de Defensa Civil a fin de que tomen conocimiento más exacto del estado de situación y arbitren las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las cosas y de las personas, debiendo comunicar lo actuado al Tribunal en igual plazo", así como la disposición interna. Agrega la funcionaria “que se encuentran viviendo en condiciones muy precarias de higiene y seguridad. Que también impiden el acceso al personal de higiene al 6º piso, al personal que realiza las fumigaciones”. “Y que esto genera un peligro también para el lugar y el personal que trabaja ahí ya que... se encuentran en el lugar, entre otras cosas, con combustible”.
Ahora bien, el Informe de Inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control da cuenta de la "desvirtuación de uso, dado que la Sala Alberdi y sus oficinas administrativas, son utilizadas como vivienda".
Por otro lado, los candados puestos en la Sala Alberdi así como el bloqueo por distintos medios que dan cuenta los numerosos informes técnicos adjuntados en este expediente como en el amparo que tramita en el fuero contencioso, ponen en evidencia el medio empleado a fin de imposibilitar el acceso a dicha dependencia.
En este sentido, violencia es la vis física que el agente despliega sobre las cosas para vencer la resistencia que oponen o impedir la que puedan oponer a la ocupación que aquel procura, y también la fuerza que despliega sobre las cosas que le impiden o dificultan la penetración invasiva o el mantenimiento de su ocupación exclusiva, dando como ejemplo el cambio de cerradura (Creus, Carlos, “Derecho Penal, parte especial, Tomo I”, Ed. Astrea, 1983, pág. 571).
En base a ello, a partir de las probanzas puede afirmarse "prima facie" la comisión de la acción típica prevista en el artículo 181 del Código Penal.

En el caso, corresponde revocar la resolución de Magistrado de grado y en consecuencia ORDENAR el allanamiento de la “Sala Alberdi” ubicada en el sexto piso del Centro Cultural General San Martín, a fin de proceder a la identificación y desalojo de las personas que residen en dicho espacio público y a su restitución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello deberá ser llevado a cabo en la fecha y con las modalidades que fije el Sr. Magistrado de grado, debiendo dar intervención a los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que correspondan, en el marco de la investigación de los hechos tipificados "prima facie" en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal.
En efecto, plantea la Defensa que no se verificaron los medios típicos previstos por el delito de usurpación, los que deben ser usados para consumar el despojo.
Por su parte, la Fiscalía entiende que sí se dan los requisitos típicos y que el Juez "a quo" ni siquiera los analizó en su resolución.
Surge de las actuaciones, que se habría configurado la clandestinidad requerida para el tipo en cuestión.
Clandestinidad “se refiere a la ocultación de los actos de ocupación respecto de las personas que tienen derecho a oponerse a ella (art. 2369, Cód. Civil) – aunque ellos no sean ocultos para terceros-“ (D’Alessio, ob.cit. pág 826)
Así el hecho que en el espacio donde se les permitía trabajar se haya levantado una especie de vivienda precaria, en un lugar destinado a otros fines y que todo se realizó en forma organizada; hace presumir –al menos con la provisoriedad propia de esta etapa del proceso- que lo que se pretendió era que quienes tenían derecho a oponerse no tuvieran conocimiento de ello, al menos en tiempo oportuno, para evitar tal accionar.
Al respecto, si bien resulta irrelevante a los fines de acreditar la clandestinidad de la usurpación el hecho que se haya realizado durante las horas del día o de la noche, no podemos desconocer que de las pruebas incorporadas al legajo surge la referencia a una organización previa de la usurpación, y que con las características antes detalladas (cantidad de personas, materiales, corto lapso en el que se llevó a cabo) permite afirmar que la ocupación fue subrepticia, ante el descontento con la última resolución de la jueza de grado del fuero Contencioso Administrativo y Tributario que ordenaba el desalojo de la sala.
Asimismo, el Sr. Fiscal entendió configurado el abuso de confianza previsto por el tipo penal aplicable, medio que por el momento no puede ser descartado.
En resumen, de las constancias antes descriptas y los fundamentos esgrimidos supra, permiten tener por acreditado, con el grado de provisoriedad propio de los juicios fácticos de esta instancia del proceso, la hipótesis de la existencia de un hecho delictual sobre la “Sala Alberdi” ubicada el sexto piso del inmueble donde funciona el Centro Cultural General San Martín.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado en cuanto no hizo lugar a las excepciones por falta de acción y por manifiesto defecto en la tipicidad, planteadas por la Defensa (art. 195 del CPPCABA, "a contrario sensu") en el marco de la investigación de los hechos tipificados en el artículo 149 bis del Código Penal.
En efecto, la tramitación del legajo fue continua sin detectarse demoras injustificadas ni atrasos que impliquen el menoscabo de la garantía del plazo razonable de duración del proceso.
Nótese que a su vez el plazo previsto en el artículo 104 del Código Procesal Penal no venció ya que el imputado fue intimado respecto de los hechos que se le endilgan el 29 de agosto de 2012 y el requerimiento ha sido presentado el día 5 de diciembre del mismo año, es decir, incluso dentro de los cinco días hábiles posteriores a los tres meses establecidos por el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así, las normas que prevén los plazos de duración de la investigación penal preparatoria lo que tienden a tutelar en definitiva, es que hasta “la sentencia final pueda transcurrir un lapso tan prolongado que, por sí solo, pueda irrogarle al imputado un perjuicio de imposible reparación ulterior” (conf. Sala II causa Nº 433-01-CC/2004, “Recurso de queja en autos ‘Carballo, Jonathan Fabián s/ art. 189 bis’”, Rta. 8/4/05, de esta Sala, entre otras); circunstancia ésta que se vislumbra no ha de suceder en autos puesto que la Fiscal, luego de una actividad de investigación constante, estimó agotada la etapa y formuló el requerimiento de juicio en los términos del artículo 206 del Código Procesal Penal.
En consecuencia, sólo se halla pendiente cumplir con los pasos procesales dispuestos para la etapa intermedia (citación para juicio/audiencia), por lo que estimamos que su desarrollo no demandará más del tiempo necesario para la concreción del debate.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado en cuanto no hizo lugar a las excepciones por falta de acción y por manifiesto defecto en la tipicidad, planteadas por la Defensa (art. 195 del CPPCABA, "a contrario sensu") en el marco de la investigación de los hechos tipificados en el artículo 149 bis del Código Penal.
En efecto, la defensa manifiesta su desacuerdo con la solución propuesta por la Juez, quien entendió que no correspondía escindir los hechos atribuidos a la presunta imputada a fin de analizar en forma separada su palmaria atipicidad y que en el caso ella no se evidencia en forma manifiesta, ya que todas las expresiones proferidas por la encartada anunciaban un mal futuro y provocaron así temor en la denunciante.
Si bien podría debatirse si correspondería efectuar un análisis conjunto de los hechos, lo cierto es que no cabe la escisión respecto a los acaecidos “el 27 de mayo en horas de la noche” y “el 28 de mayo de 2012 siendo aproximadamente las 2:00 horas de la madrugada”, cuya tipicidad cuestiona la recurrente en forma independiente.
Ello, toda vez que de acuerdo al momento en que se habrían suscitado, es dable considerar -en principio- que las distintas frases forman parte de la misma discusión, por lo que corresponde abordarlas como parte del mismo contexto fáctico.
Ahora bien, hemos dicho anteriormente que la aplicación del instituto de excepción se restringe a aquellos casos en que la atipicidad o la inexistencia de un hecho penalmente relevante aparece en forma manifiesta, extremo que no se satisface en el sub judice, elementos que obligan a profundizar la investigación de los hechos constitutivos prima facie del delito de amenazas en los términos del artículo 149 bis del Código Penal.
Así, teniendo en cuenta las pautas referidas, no se aprecia en modo alguno, con la nitidez que resulta menester, la inexistencia de la conducta denunciada ni la imposibilidad de formular un juicio de subsunción legal a priori respecto de ella.
Por el contrario, se advierten sucesos controvertidos sujetos a prueba, que deberán ser evaluados en la oportunidad de celebrarse el juicio oral y público.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la sentencia del Magistrado de grado, en cuanto resolvió condenar al imputado por ser autor penalmente responsable del delito de amenazas consumadas, a la pena de nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento, en el marco de la investigación de los hechos tipificados en el artículo 149 bis del Código Penal.
En efecto, los sentenciantes calificaron el comportamiento atribuido al imputado, que tuvieron por probado, como constitutivo del delito de amenazas. Para justificar la concurrencia de los extremos fácticos requeridos para la figura expresaron que el tipo subjetivo resulta claro, dado que la voluntad del imputado era producir en los sujetos pasivos, sentimiento de alarma de que algo dañoso podría ocurrirles, cuestión que puede verificarse a través del tenor de los testimonios de las víctimas en la audiencia del debate, donde claramente se ha podido vislumbrar el miedo producido a partir de las conductas adoptadas por el encartado, objeto de la presente sentencia”.
Y agregaron que “Asimismo, cabe recordar que el tipo penal de amenazas se consuma cuando surge el peligro de que el anuncio del mal alarme o amedrente al sujeto pasivo, lo que ocurre cuando llega su conocimiento de tal modo que capte o tenga la posibilidad de captar el carácter amenazador del anuncio, lo cual, como expresara previamente, ocurrió”
Por lo demás, la valoración de los Magistrados acerca del contexto de violencia se efectuó con el fin de reafirmar el efectivo temor generado en la víctima, mas no como único fundamento para la realización del juicio de tipicidad.
Por todo ello, no se advierte en la cuestión analizada, que los jueces "a quo" hubieren faltado a las reglas de la sana crítica racional en el juicio de valoración de las pruebas producidas en la audiencia de debate, para efectuar, conforme a ello, la subsunción típica del hecho e intervención del encartado en él, cuando además tal selección se encuentra dogmática y fácticamente fundada, verificándose la existencia de la debida motivación legalmente exigida para concluir en la atribución de responsabilidad al imputado.

En el caso, corresponde revocar la decisión del Magistrado de grado y hacer lugar a la excepcion de atipicidad planteada por la Defensa, y en consecuencia, sobreseer al encartado respecto del hecho por el que fuera imputado, encuadrable en el delito tipificado en el artículo 150 del Código Penal.
En efecto, la conducta endilgada al presunto imputado no resulta adecuada a esta figura delictiva, en ninguna de las voces que prevé el tipo.
Por lo que, no puede otorgarse a un hospital público ni a sus dependencias la protección concedida a cualquier domicilio, en tanto la especial naturaleza del inmueble no encuentra adecuación en los supuestos previstos legalmente, ni por consiguiente el predio anexo tiene categoría de dependencia, en virtud de la ausencia de una unidad principal.
En este sentido, la jurisprudencia entendió que la aludida tutela abarca a toda morada destinada a la habitación y desenvolvimiento de la libertad personal en lo concerniente a la vida privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso permanente o transitorio. Queda protegido así el recinto o la
vivienda del hombre en un sentido muy amplio: vehículo que sirve de morada, habitación en un hotel, camarote de un barco o ferrocarril, escritorio profesional, etc., sea en su parte principal o en sus accesorias.
Similar fue el entendimiento de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, al señalar que las cocheras de una oficina pública – en el caso, de la sede de Tribunales - no son alcanzadas por esta protección, pues incluir aquellas en el concepto de domicilio del artículo 150 del Código Penal implica violentar el tenor de ese tipo penal, contradiciendo principios básico de derecho y en clara transgresión a la proscripción de analogía "in malam partem".

El título del capítulo anticipa la protección al bien jurídico “domicilio”, los elementos objetivos del tipo se refieren a la pena aplicable a quien entrare en “morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
Así, se dice que el hogar o domicilio es el lugar donde se desarrolla la vida privada o íntima del ciudadano que en tanto no afecta el orden o la moral pública, o perjudique los derechos de un tercero, constituye un reducto que está reservado a Dios y exento de la autoridad de los magistrados.
Ahora bien, el concepto de domicilio que utiliza el derecho penal resulta concordante con el tutelado constitucionalmente, con un alcance más amplio que el domicilio regulado por el Código Civil, en razón de que el tipo referido se ubica dentro de los delitos contra la libertad. No resulta improvisada tal sistematización, pues la protección a la libertad se refiere aquí, tal como explica Creus, a la manifestación de la reserva de una zona de intimidad de la que el individuo tiene derecho a
excluir toda intromisión de terceros.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de atipicidad interpuesta por la Defensa.
En efecto, tal como refiere el Judicante, es posible tener por acreditado, con el grado de provisoriedad propio de los juicios fácticos de esta instancia del proceso, la hipótesis de la existencia del delito de usurpación sobre el inmueble de esta Ciudad, el que fue llevado a cabo mediante el uso de violencia ejercida sobre la ventana que da al frente del mismo rompiendo el candado y la cadena que la cerraban, y trabando la cerradura de la puerta con dos tornillos para impedir el ingreso del titular de la propiedad.
Ello así, la fuerza desplegada para remover la cadena y el candado colocados en la ventana a fin de ingresar a la finca así como el hecho de colocar elementos para trabar la cerradura de la puerta (o cambiarla luego) con el objetivo de despojar de la posesión del inmueble a quien como en el caso detenta un derecho sobre el mismo (titular de dominio) permite en esta etapa del proceso tener por acreditada la tipicidad de la conducta atribuida a la imputada, y la verosimilitud de la comisión del hecho ilícito investigado.

En el caso, corresponde sobreseer a los imputados.
La presunta comisión de la usurpación se halla prima facie comprobada en función de la violencia que emplearan los intrusos sobre la puerta de ingreso para franquear el acceso a la vivienda, aprovechándose para ello de la ausencia de moradores a efectos de ingresar de manera oculta al sitio (clandestinidad).
En efecto, el suceso pesquisado se adecuó a las características típicas previstas en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal, desprendiéndose de lo actuado que el titular del inmueble fue privado ilegalmente (despojado) del libre ejercicio de la relación real con la cosa.

El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar se caracteriza por la posibilidad de configurarse en el tiempo de manera permanente, a raíz de la continuidad de la omisión. Por consiguiente su consumación se prolonga en el tiempo, a partir del comienzo de la omisión dolosa del obligado, y solo se interrumpe por si concurren los supuestos establecidos por la ley o la jurisprudencia difundida (v.gr.: cumplimiento del deber, falta de capacidad económica, cesación de la situación típica, etc.).
Así, el estado de consumación es susceptible de prolongarse en el tiempo mientras la obligación continué sin cumplirse, desde esta perspectiva se afirma entonces la indivisibilidad de la conducta siendo todos y cada uno de los momentos idénticamente violatorios de la ley; de éste modo, por ejemplo, un cumplimiento tardía o parcial del deber en cuestión no resulta suficiente para disipar el potencial carácter típico penal de la imputación (D´Alessio, Andrés José. “Código Penal de la Nación, comentado y anotado”, La Ley. Tomo III, pág. 133/67).

En el caso, corresponde confirmar la prisión preventiva del imputado.
En efecto, se halla acreditado con el grado de probabilidad necesaria para dictar esta medida cautelar que nos encontramos ante un hecho "prima facie típico".
Es pertinente hacer un distingo entre la certeza exigida para emitir una condena y la verosimilitud requerida para aplicar esta restricción de los derechos del imputado.
En efecto, la propia letra de la ley, artículo 173 del Código Procesal Penal habla de “elementos de convicción suficientes para sostener, provisoriamente, la materialidad del hecho”. Por un lado, se hace referencia a un juicio provisorio; por otro lado, se mencionan los elementos de convicción suficientes, esto es, tomando en consideración, que no se trata de la certeza requerida para la condena, pues ésta sólo se alcanzará luego del debate de juicio.
Ello así, sentada la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, provisoriamente, la materialidad del hecho, así como la participación del acusado en carácter de autor (art. 173, CPP), corresponde confirmar la resolución recurrida.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 129 del Código Penal.
En efecto, el concepto de obscenidad como atentatorio del bien jurídico tutelado “pudor” debe ser entendido como sentimiento medio de decencia sexual. En definitiva, resulta bastante evidente la relación entre el pudor y lo obsceno con una conducta que posea contenido sexual.
En este sentido, se ha dicho que “…lo que se protege es el derecho del sujeto adulto a no ser confrontado con el acto sexual de otro sin su voluntad. Siguiendo en esto a Jäger, se busca evitar la intromisión en la esfera de libertad sexual de los demás. Díez Ripollés ha sostenido que (…) ‘lo que hace punible esas acciones es que involucran al sujeto pasivo en una acción sexual sin su consentimiento, le insertan en un contexto sexual en el que él desempeña un determinado papel sin que haya aceptado previamente tal situación’. Y la forma de involucrarse es variada. En el caso del sujeto exhibicionista, el sujeto pasivo es usado para que otro desahogue sus deseos sexuales, por lo tanto es un socio a la fuerza de los deseos sexuales del otro” (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, p.722).
Un antiguo fallo de la Cámara del Crimen ha entendido por obscenidad todo aquello que, por lo escrito o la imagen, tiende a excitar los instintos groseros y los bajos apetitos sexuales; es la cualidad de lascivia y de lo lúbrico: es la pompa de la deshonestidad, la licencia impúdica, lo lúbrico, lo inmundo (Cit. por Donna, ob. cit., p. 727).
Ello así, en el caso estamos frente a una conducta típica, alejando la pretendida vaguedad o ambigüedad en este caso concreto. En efecto, el imputado fue acusado por exhibir a una menor de edad su miembro viril e incitarla a mirarlo, despejando toda duda respecto a la obscenidad de la conducta.

No es suficiente para considerar atípico el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que los niños hayan contado siempre con educación, vestimenta, vivienda, esparcimiento, cubertura médica, útiles escolares lo que garantiza que sus necesidades básicas esten satisfechas, sino que es suficiente con que el obligado se haya sustraído de prestar los medios indispensables para la subsistencia de los beneficiarios para que no proceda la excepción en cuestión.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad planteada por la Defensa.
En efecto, si bien puede alegarse que la frase "las vas a pagar" no pronosticó un mal cierto, al ser proferida mientras se pateaba la puerta de ingreso no al edificio, sino al propio departamento donde vive la denunciante, claramente resulta intimidante.
Resultará determinante, para evaluar el contexto en el que se produjera circunstancias que hoy no son manifiestas y deben ser acreditadas, como la razón por la que aún contaban el imputado y su madre con llaves de ingreso al edificio y desde cuándo y por qué no podían ingresar al departamento en el que antes había vivido, sin las cuales no puede hoy determinarse la tipicidad o atipicidad de tal comportamiento investigado.

La acción típica del delito de daño (art. 183 CP) está constituida por todo ataque a la materialidad, utilidad o disponibilidad de las cosas, que elimine o disminuya su valor. Asimismo, la acción material está dada por los verbos destruir, inutilizar y hacer desaparecer, en todo caso se podría solicitar la utilización de dichos verbos.
Sin perjuicio de que el mismo artículo prevé estos verbos típicos, también podrán utilizarse otros sinónimos descriptivos por fuera de la norma que puedan relacionarse con el delito "sub examine", por ejemplo: marcar, rayar, rajar, entre otros. Todos los cuales pueden configurar el delito establecido en el artículo 183 del Código Penal, ya que todos ellos describen que se ha generado un perjuicio a una cosa.

Desde el punto de vista de la teoría del delito, la afectación al bien jurídico cumple una función limitante de la tipicidad, no integrándola, de modo tal que una lesión insignificante resultaría por ende atípica al no revestir entidad suficiente. En este sentido, el principio de insignificancia representa un criterio de índole interpretativa, restrictivo de la tipicidad de la conducta, partiendo de la consideración del bien jurídico –conceptualizado sobre la base de los principios de lesividad social y fragmentariedad-, y en la medida de su lesión o puesta en peligro concreto.

En el caso, corresponde declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Fiscal contra la resolución de la Sala que declaró la atipicidad de la conducta investigada y sobreseyó al encausado.
En efecto, el Fiscal de Cámara expresa que lo resuelto vulneró los principios de legalidad y acusatorio –a la vez que la decisión resultó irrazonable y arbitraria, vulnerando así el debido proceso. Asimismo, su desapego total a la letra de la ley terminó por afectar el principio de división de poderes y permite aseverar que la Sala, bajo la falsa apariencia de interpretar el Código Contravencional, se arrogó funciones legislativas que le son vedadas y que corresponden a otro poder del estado, ya que propició la impunidad de una conducta sancionada expresamente por el legislador.
Agregó que al declarar la atipicidad del hecho investigado, violentó el principio de legalidad (artículos 18 de la Constitución Nacional, 13.3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 25 de la Declaración Americanda de los Derechos y Debres del Hombre, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en tanto se ha apartado de la letra y espíritu del artículo 85 del Código Contravencional, contrariándolo mediante una interpretación arbitraria, con la consecuente afectación al debido proceso.
El artículo 85 del Código Contravencional se refiere en todos sus supuestos a objetos inanimados, por lo que resulta absurda la exigencia de una capacidad autónoma no solo para provocar daño sino para cualquier otra cosa, puesto que siempre va a depender del accionar humano que se ponga en marcha su potencial dañino.
Lo que se trata es de evaluar la posibilidad de un elemento para ejercer violencia en los términos del art. 85 CC mediante su poder de amedrentamiento. En ese sentido, una réplica de una pistola se encuentra en las mismas condiciones para ejercer ese tipo de poderío sobre la victima que una arma de fuego inidónea para producir disparos.
Al dictar la resolución cuestionada se afectó el principio de legalidad, al truncar el trámite de las actuaciones de manera injustificada, arbitraria y por fuera de la normativa vigente en la matera, contrariando el sentido y espíritu del artículo 85 del Código Contravencional; el principio acusatorio –artículo 13.3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires , ya que al fallo recurrido de la acción contravencional impide a al Ministerio Público Fiscal continuar con el ejercicio de la acción contravencional pública, respecto de la cual es su exclusivo titular; la autonomía funcional, en cuanto el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le reconoce al Ministerio Público promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social; la división de poderes –artículo 80 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires - , al arrogarse funciones reservadas a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el debido proceso, al constituir una sentencia arbitraria e irrazonable, por tratarse de un pronunciamiento con deficiencias lógicas de razonamiento y carente de fundamentación y adecuada. (Del voto en disidencia del Dr. Franza)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En autos, la Defensa alega que la conducta imputada nunca pudo haber sido desplegada mediante clandestinidad porque los hechos habrían tenido lugar a plena luz del día y ante la mirada de un grupo de agentes de la Policía Federal.
Ahora bien, para fundar su acusación y el medio comisivo “clandestinidad” (art. 181 CP), la titular de la acción expuso que se desprendía el aprovechamiento por parte de los imputados de la situación que atravesaba el denunciante debido al deceso de su pareja, de la desesperación que lo tenía inmerso en virtud de no haber podido ingresar al domicilio, de la confusión existente en el lugar luego de la discusión con el imputado, de la presencia de personal policial, de la gresca ocurrida previamente y generada por el encartado que les permitió a los imputados que el personal policial no admitiera que el aquí denunciante suba al segundo piso, debiendo quedarse en el hall del edificio para evitar ulteriores conflictos entre las partes.
Al respecto, no puede perderse de vista el extenso y completo análisis efectuado por la Fiscal de grado en su requerimiento de juicio, el mismo tendiente a describir con detalles claros los hechos imputados, y el modo comisivo del tipo penal endilgado. De la misma manera, tampoco puede soslayarse que la defensa técnica de una de las personas imputadas en su recurso reiteró los fundamentos atinentes a la excepción de atipicidad como constitutivos de una presunta nulidad del requerimiento de juicio, ello por no darse las circunstancias de clandestinidad desde su punto de vista.
En virtud de lo expuesto, será el debate el momento en el cual la Fiscalía deberá desplegar la totalidad de la prueba ofrecida y vincularla con el hecho enrostrado, luego de lo cual el Magistrado que intervenga analizará la prueba que se produzca y definirá si existen elementos o no para aseverar que los encausados cometieron los hechos endilgados en el requerimiento de juicio.

En el caso corresponde confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto resolvió condenar al Consorcio de Propiedades por considerarlo autor responsable de las infracciones consistentes en no exhibir plano de condiciones contra incendio y no exhibir mantenimiento vigente de instalación fija contra incendio de agua.
En autos, la Defensa manifiesta que la conducta que se le atribuye al consorcio no resulta subsumible en la norma por la cual el Judicante sostuvo la condena. Argumenta que su representada posee todas las características de un consorcio de propietarios, pero no lleva adelante una actividad lucrativa por lo que no resulta aplicables las previsiones del artículo 4.1.22 de la Ley 451.
La Fiscal de Cámara, solicitó que se rechace el recurso de apelación pues sostuvo que el consorcio de propietarios gestionó la correspondiente habilitación comercial que se tradujo en la realización de una actividad comercial y lucrativa en beneficio de todos sus integrantes, que aprovechan sus frutos. Efectuó una distinción entre actividad lucrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.1 del Régimen de Faltas, y el lucro propiamente dicho, relacionado con una generación de utilidades aplicables al logro de un acrecentamiento patrimonial.
Por ello, y el solo hecho de que el consorcio no persiga un fin de lucro, o que la ganancia o beneficio obtenido por la explotación de los locales insertos en la galería comercial no sea su objetivo central y último, no significa que no ejerza actividad lucrativa pues lo obtenido a partir del canon abonado por los locales y la actividades comerciales que se lleven a cabo en la galería, cuya habilitación solicitó el consorcio, en definitiva contribuyen al mantenimiento total y a solventar los gastos de este último, lo que en definitiva implica una
actividad onerosa y lucrativa.

En el caso corresponde confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto resolvió condenar al Consorcio de Propiedades por considerarlo autor responsable de las infracciones consistentes en no exhibir plano de condiciones contra incendio y no exhibir mantenimiento vigente de instalación fija contra incendio de agua.
En autos, la Defensa manifiesta que la conducta que se le atribuye al consorcio no resulta subsumible en la norma por la cual el Judicante sostuvo la condena. Argumenta que su representada posee todas las características de un consorcio de propietarios, pero no lleva adelante una actividad lucrativa por lo que no resulta aplicables las previsiones del artículo 4.1.22 de la Ley 451, que dispone una sanción para el responsable de una actividad lucrativa que no exhiba la documentación exigible.
La Fiscal de Cámara, solicitó que se rechace el recurso de apelación pues sostuvo que el consorcio de propietarios gestionó la correspondiente habilitación comercial que se tradujo en la realización de una actividad comercial y lucrativa en beneficio de todos sus integrantes, que aprovechan sus frutos. Efectuó una distinción entre actividad lucrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.1 del Régimen de Faltas, y el lucro propiamente dicho, relacionado con una generación de utilidades aplicables al logro de un acrecentamiento patrimonial.
Por ello, y el solo hecho de que el consorcio no persiga un fin de lucro, o que la ganancia o beneficio obtenido por la explotación de los locales insertos en la galería comercial no sea su objetivo central y último, no significa que no ejerza actividad lucrativa pues lo obtenido a partir del canon abonado por los locales y la actividades comerciales que se lleven a cabo en la galería, cuya habilitación solicitó el consorcio, en definitiva contribuyen al mantenimiento total y a solventar los gastos de este último, lo que en definitiva implica una
actividad onerosa y lucrativa.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto condenó al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas simples, en concurso real por tres hechos acaecidos en distintas fechas del mes febrero del corriente año.
La impugnación bajo examen cuestiona que se juzguen como penalmente típicos los hechos que se tuvieron por acreditados. A tal fin señala que no ha existido afectación del bien jurídico que protege la prohibición penal y en definitiva, la ausencia de lesividad.
Este cuestionamiento cae por su propio peso pues las conductas del imputado que tuvo por acreditadas la Magistrada fueron adecuadamente encuadradas en las previsiones del artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal, y, a partir del cuadro fáctico globalmente analizado no es posible percibir el supuesto que en rigor subyace al criterio cuya aplicación se solicita, toda vez que el agresor aparece en una constante posición de poder respecto de sus víctimas y la defensa que intentó la víctima no indica que no tuvo miedo, sino todo lo contrario, aparece como una reacción desesperada por parte de una persona de 50 años, que frente al sistemático acoso intimidante no albergaba ya otra alternativa de poner fin a la situación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto se dispuso decretar la prisión preventiva del imputado, en orden al delito previsto en el artículo184, inciso 5º del Código Penal de la Nación (artículos 169, 171 y 173 del Código Procesal Penal de la Ciudad).
La Defensa sostuvo que el hecho debe subsumirse en las previsiones del daño simple y que no pueden considerarse incluidos en la enumeración del artículo 184 inciso 5° del Código Penal a un patrullero y/o una comisaría.
Sin embargo, tal y como ha sido descripto el hecho imputado en el requerimiento y ya detallado en la presente, ha sido correcta la tipificación escogida.
En efecto, se entiende que el daño producido en un patrullero, constituye un hecho que encuadra, al menos provisoriamente, en la figura agravada (Ver Causas nros. 8177-01-CC “Incidente de apelación en causa Gallardo, Carlos Alberto s/ art. 184 del CP”, del 20/04/2009 y 15748-01-CC/13 “Incidente de apelación en autos Urbano, Emanuel s/ art. 183 del CP”, del 04/06/2014).
Asimismo, cabe señalar lo sostenido en la Causa N° 10648-01-00/14, del registro de la Sala III de esta Cámara, ocasión en la que se entendió que un móvil policial, además de ser un bien público por pertenecer al Estado local, se encuentra afectado a la prestación del servicio de seguridad de toda la comunidad (del voto de los Dres. Elizabeth Marum y Jorge Franza, causa n° 10648-01-00/14 Legajo de Juicio en autos Palacios, Matías s/ art. 183 del CP, del 31/04/2015). Cabe señalar que estos preceptos pueden ser trasladados a aquellos daños que fueran provocados en una Comisaría.
Ello así, será esta calificación legal, es decir, la prevista en el artículo 184, inciso 5° del Código Penal, la que corresponde asignar al hecho.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal, y en consecuencia condenarlo, a la pena de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable, en orden al delito de violación de domicilio (artículo 150 del Código Penal), en el contexto de una causa por violencia de género.
El A-Quo absolvió al imputado pues consideró que existió una causal de antijuridicidad, toda vez que el imputado habría ingresado al inmueble, en virtud del consentimiento previo para el ingreso aportado por la víctima -que la misma abriera la puerta, comportó una admisión presunta al ingreso del imputado-.
Sin embargo, la causal en cuestión no se trata de un supuesto de antijuridicidad, sino que se relaciona con el análisis del tipo objetivo. El presunto consentimiento prestado, se encontraba viciado. Debe distinguirse entre un acto libre efectuado por una persona y aquél compelido por situaciones o contextos diversos, como lo es en autos, el contexto problemático entre el imputado y la víctima. En este sentido, no puede ni debe desconocerse el contexto de violencia de género en el que se enmarca lo sucedido. Nos encontramos ante un caso en que la víctima no prestó su consentimiento por el mero hecho de haber abierto la puerta del domicilio, sino que se advierte claramente que la denunciante no supo cómo manejar la situación que involucraba la presencia del imputado en la puerta del domicilio. Considero que la Jueza de grado desconoce lo que implica un contexto como el señalado, al considerar que la víctima abrió la puerta "de forma meditada" y "deliberada" como una demostración tácita de confianza. Todo lo contrario, tal como se desprende de la declaración de la denunciante, la decisión de abrir la puerta fue irreflexiva, casi un acto reflejo. Ello así, nada de lo manifestado precedentemente, como así tampoco de toda la testimonial prestada por la víctima, permite llegar a la conclusión de que la damnificada abrió la puerta en forma meditada y, que con ello, quiso demostrar tácitamente su confianza al imputado y consentir así su ingreso al domicilio.

En el caso, corresponde revocar la sentencia absolutoria dictada por el Juez de grado, y en consecuencia condenar al imputado, a la pena de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable, en orden al delito de violación de domicilio (artículo 150 del Código Penal), en el contexto de una causa por violencia de género.
En efecto, en lo que atañe al primer requisito de la acción típica prevista por el artículo 150 del Código Penal, -es decir, si el ingreso fue a un domicilio ajeno-, quedó debidamente acreditado en el expediente que el imputado no gozaba de ningún derecho real sobre el inmueble en el que residía la damnificada y su hijo. Por lo tanto, no existía una legítima pretensión de ingreso por parte del mismo. En este sentido, dificilmente el imputado se creyera autorizado a ingresar porque supuestamente esa era su casa, en tanto cuando obtuvo la libertad no dijo que esa era su vivienda, por el contrario, sostuvo que se radicaría en otro domicilio. Por lo tanto, esa no era su casa, y hacía varios meses que no habitaba allí.

En el caso, corresponde revocar la sentencia absolutoria dictada por el Juez de grado, y en consecuencia condenar al imputado, a la pena de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable, en orden al delito de violación de domicilio (artículo 150 del Código Penal), en el contexto de una causa por violencia de género.
En efecto, la afirmación del imputado de que ese era su domicilio podría suponerse, -aunque no es lo que surge del fallo-, que es lo que lleva a sostener la falta de dolo. Ciertamente el hecho no sólo es típico sino que no se puede reputar la existencia de un error de prohibición inexcusable en el caso. En este sentido, si bien el encartado habría alegado un derecho de propiedad sobre el inmueble, al obtener la libertad condicional dio como lugar habitual de residencia otro domicilio distinto de donde ocurrieron los hechos, por lo que no postuló ni habría podido hacerlo que incurrió en error respecto de que tenía derecho a ingresar al domicilio donde vivía su ex mujer.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado que rechazó la excepción de falta de acción por atipicidad introducida por la Defensa, por el hecho que fuera calificado como tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal, la cual fue secuestrada en el marco de un allanamiento dispuesto en una causa por amenzas.
La Defensa se agravió por entender que si bien la licencia expedida por la policía de la provincia de Buenos Aires que habilitaba la tenencia del arma se encontraba vencida, ello a lo sumo configuraba una infracción administrativa más no, el tipo penal del artículo 189 bis, inciso 2, primer párrafo, del Código Penal.
Sin embargo, no compartimos el criterio por el cual, el comportamiento analizado no se subsume en la norma mencionada, toda vez que esta reprime, la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.
Ello así corresponde determinar, si es típica la conducta de quien tiene en su esfera de custodia -en su casa- una pistola cuyo permiso legal para ejercer la tenencia, extendido oportunamente por el ente administrativo, ha vencido. En este sentido, el vencimiento de la credencial -que opera automáticamente a los cinco años de haber sido expedida- (artículo 64 del Decreto 395/75 reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos) implica la finalización de todos los permisos de tenencia del material del que sea titular el interesado y que éste deba gestionar la renovación dentro de los 90 días anteriores a su expiración, conforme al artículo 65 del decreto aludido.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado que rechazó la excepción de falta de acción por atipicidad introducida por la Defensa, por el hecho que fuera calificado como tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal.
La Defensa se agravió por entender que el hecho endilgado, -la simple posesión de un arma de fuego-, cuando el imputado poseía una credencial vencida del permiso de tenencia, no configuraba el delito del artículo 189 bis, inciso 2, primer párrafo, del Código Penal, sino que era una mera infracción administrativa.
Sin embargo, la atipicidad de la conducta no aparece manifiesta en el caso bajo estudio. El artículo 64 del Decreto Reglamentario 395/75 (Reglamento de la Ley de Armas y Explosivos), expresa que la credencial de legítimo usuario tendrá validez por el término de cinco (5) años a contar de la fecha de su otorgamiento, y vencido dicho plazo sin que hubiera sido renovada, caduca en forma automática y sin necesidad de comunicación previa. En este sentido, al momento en que fuera secuestrada el arma en cuestión en el domicilio del imputado, la autorización había caducado, lo que claramente implica que el imputado carecía de ella. No se trata de una mera infracción administrativa, pues el decreto reglamentario es claro en cuanto afirma que de no renovarse la licencia esta caduca, es decir, se extingue por lo que el encartado al momento del hecho carecía de la "debida autorización” de conformidad con lo establecido en el artículo 189 bis del Código Penal. Ello así, la conducta típica, es la tenencia, vale decir, la conservación dentro de un ámbito material de custodia o en un lugar, aun escondido, como en el caso de autos, -en el tapa rollos del domicilio allanado-, que se encuentre a disposición del autor sin llevarla consigo, y sin tener la debida autorización.

El artículo 189 bis del Código Penal, segundo párrafo, establece una pena para quien tenga en su poder un arma de fuego sin la debida autorización legal. El bien jurídico protegido por este tipo penal es la seguridad común, entendida esta como la situación real en la que la integridad de los bienes y las personas se halla exenta de soportar situaciones peligrosas que las amenacen.
En este sentido, la acción típica es aquella que genera peligro para esa integridad al crear condiciones de hecho que pueden llegar a vulnerarla. En esta línea, el tipo analizado en forma conglobante prohíbe tener un arma sin la debida autorización, es decir, sin registración y licencia, y es tal extremo lo que reviste interés en relación con el bien jurídico protegido. Por lo tanto, se reprime una situación o estado de cosas.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa de quien, al momento del hecho, fuera el conductor de la motocicleta (quien viajaba con un acompañante) e imputado en una causa por portación de armas y, en consecuencia, revocar la prisión preventiva dictada y disponer que recupere su libertad bajo caución juratoria.
En efecto, no es posible reprocharle la portación de un arma de fuego detentada ilegalmente sobre la que no tenía poder de disposición alguno, dado que se encontraba conduciendo una moto -tarea para la que requiere el uso de ambas manos-, siendo, el arma en cuestión, era cargada en la zona de la ingle por el pasajero sentado a su espalda. Ello porque la portación requiere una relación física con el arma que permita su libre e inmediata disponibilidad. Tal condición se encuentra ausente cuando el arma, aunque lista para disparar, es ostentada bajo la cintura -más precisamente en la zona inguinal- de otra persona, quien resultará el eventual sujeto activo del tipo penal.
En este sentido, la acción típica de portar establece una relación inmediata entre el objeto y el agente que determine su utilización también inmediata. No puede admitirse una portación “a distancia”. Portar significa llevar consigo, encima. Aún si se admite la posibilidad -en ciertos casos- de la existencia de una coautoría en el delito de tenencia de arma, no se advierte la posibilidad de reprochar una portación compartida.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa de quien, al momento del hecho, fuera el conductor de la motocicleta (quien viajaba con un acompañante) e imputado en una causa por portación de armas y, en consecuencia, revocar la prisión preventiva dictada y disponer que recupere su libertad bajo caución juratoria.
De la lectura de las constancias de la causa, surge que el imputado era el conductor de una motocicleta, cuando al cruzar un semáforo en rojo, personal policial procedió a detener su marcha y constataron que su acompañante, portaba un arma de fuego, sin la debida autorización legal.
En efecto, más allá de la postura que se tenga respecto de la llamada “portación compartida”, con los elementos de prueba reunidos, hasta este momento -prematuro- de la investigación, no se puede demostrar ninguna coautoría respecto de la portación del arma secuestrada. En este sentido, para que se dé tal supuesto se debe constatar que los acusados hayan tenido el pleno poder de disposición sobre el arma, en tanto poder de hecho y disponibilidad en condiciones de uso inmediato en espacio público. Pero de la acusación Fiscal surge con claridad que el imputado conducía la motocicleta y que en el asiento trasero estaba su acompañante -también imputado en la causa-, quien llevaba consigo un arma de fuego. ¿De qué manera podría el conductor “tener el pleno poder de disposición sobre el arma, en tanto poder de hecho y disponibilidad en condiciones de uso inmediato” cuando el revólver está en poder de otra persona que la lleva entre sus ropas?. Ello así, el conocimiento de la existencia del arma por parte de uno de los imputados no alcanza para afirmar que él pudiera hacer uso inmediato.

En el caso, corresponde revocar la decisión del Juez de grado, hacer lugar a la medida cautelar de restitución solicitada y, en consecuencia, ordenar el allanamiento de la finca, proceder al desalojo de todos sus ocupantes, y la posterior restitución a la querella y al resto de los copropietarios, en una causa por usurpación (artículo 181, inciso 1 del Código Penal).
En efecto, con respecto a la materialidad del hecho, el cuadro probatorio reunido en las actuaciones permite acreditar -con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere- que quién se encuentra imputada en la causa, sería aquella que habría desplegado la conducta tipificada en el artículo 181 inciso 1° del Código Penal (usurpación), utilizando violencia y clandestinidad, habida cuenta que colocó un portón con un candado en el ingreso de la vivienda, actuando, de modo subrepticio a fin de ocultar sus actos de ocupación respecto de los damnificados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, que dispuso la prisión preventiva del imputado, en la presente causa por comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización.
Para así decidir, el A-quo entendió suficientemente acreditado, que el imputado tuvo en su poder tres bolsas de estupefacientes, las cuales transportaba en su vehículo, cuando fuera detenido por personal de gendarmería, quienes luego de advertir a través de las ventanillas bajas del auto, la existencia de una balanza de precisión, procedió a requisar el vehículo y halló el material prohibido.
La Defensa se agravió en cuanto a la tipicidad de los hechos tenidos por verosímilmente acreditados por el A-quo. Señaló que las bolsas con la droga fueron puestas en el vehículo por una amante que estuvo con él y que las colocó allí para perjudicarlo porque el imputado no la iba a ver más.
Sin embargo, el relato es poco creíble pues, aún en el caso que existiese esta persona, no hubiese podido dejar las bolsas de nylon en el vehículo sin el conocimiento y, por ende, sin el consentimiento del encausado.
Asimismo, tampoco la insistencia de la Defensa en que si el imputado hubiese conocido la existencia de la sustancia estupefaciente hubiese desviado la marcha para evitar el control vehicular es sostenible. Adviértase que si fuese tan sencillo, la función de prevención general que ciertamente cumplen los controles serían una ilusión.
En este sentido, aquello que precisamente caracteriza a un control vehicular es un alto grado de sorpresa, pues si todos supiesen donde están los controles y quien esté interesado en eludirlo pudiese hacerlo tan fácilmente no se trataría de un control propiamente dicho.
Ello así, los cuestionamientos que dirige la Defensa a los fundamentos sobre los cuales el A-quo afirmó la configuración de la figura penal provisoriamente escogida (tenencia simple de estupefacientes) no resultan idóneos para conmoverlos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto dispuso decretar la prisión preventiva del imputado, en la presente causa por amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
De la lectura de las constancias de la causa surge que, la presente se inició a partir de la denuncia efectuada por la pareja del imputado, quien manifestó que el mismo le habría proferido frases amenazantes y que su hija al ver dicha situación salió corriendo a buscar ayuda, lo que provocó que el imputado la levantara del brazo. Ante ello, logró solicitar auxilio a personal de Gendarmería Nacional Argentina y se procedió a la detención y traslado del imputado a la sede policial correspondiente.
La Defensa se agravió por entender que el "A-quo" fundó de modo aparente la resolución utilizando evidencias no incorporadas al caso.
Sin embargo, existen suficientes pruebas como para tener por acreditado, en este momento procesal, la materialidad del hecho. Así, se cuenta -más allá de lo manifestado por la denunciante en comisaría y ante la Oficina de Violencia Doméstica- con otros varios elementos que acreditan con el grado de probabilidad exigida para la procedencia de esta medida cautelar que nos encontramos ante una conducta "prima facie" típica. Al respecto se debe señalar, el testimonio del Cabo, acta de detención, de notificación de derechos, croquis del lugar, fotografías, declaración de los testigos de actuación, informe interdisciplinario de situación de riesgo, informe médico, certificación de causas en trámite e informe de antecedentes, entre otros.
Ello así, estos elementos de cargo deben ser analizados a la luz del estándar aplicable para los casos de violencia de género.

A fin de dar una solución al problema relativo a cuándo ocurre un hecho y cuándo varios, no hay que atender exclusivamente a datos naturalísticos, pues se trata de una cuestión eminentemente valorativa, en el sentido que depende de una determinada ponderación según la cual varías acciones deben contemplarse como formando una unidad.
En el análisis de la delicada cuestión que venimos refiriendo la prohibición típica cumple la función relevante, operando como una planilla que recorta un determinado fragmento de actividad humana y permite considerarla constitutiva de una unidad de hecho. En ocasiones incluso, ella no resulta una variable suficiente para resolver el problema haciéndose necesario preguntarse acerca del fin perseguido por el autor con su conducta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad solicitada por la Defensa.
Se atribuye al acusado haber violado las órdenes de acercamiento respecto de su ex pareja y de sus hijos y del domicilio de los citados.
La Fiscal de grado, encuadró dicha conducta en el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Procesal Penal.
La Defensa sostiene que el imputado no se encontraba notificado por la Justicia Civil de la prohibición de acercamiento y que no obró con el dolo requerido por el tipo.
Sin embargo, en referencia al delito en cuestión se sostiene que “Estamos en presencia de un tipo omisivo impropio, que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, esto es una orden que ha impartido legítimamente un funcionario público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.”
“La desobediencia consiste, precisamente, en no acatar la orden que ha impartido legítimamente un funcionario público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
“Orden” implica un mandamiento, verbal o escrito, dado directamente – aunque no sea en presencia-por un funcionario público a una o varias personas para que hagan o no hagan algo. Sin orden ni destinatario no hay desobediencia posible”.
“Según comenta Creus, los mandamientos pueden atender a lograr la efectivización de una disposición de la autoridad, por lo cual se advierte que la disposición misma no importa de suyo una orden, por más que se encuentre concretada sobre una persona determinada. Así, por ejemplo, no importan órdenes las resoluciones judiciales, de cualquier carácter que fueren (autos, decretos, sentencias), pero sí los mandamientos que tienen como objeto la ejecución de aquéllas…” (D´alessio, Andrés José, “Código Penal de la Nación, comentado y anotado, segunda edición actualizada y ampliada, Tomo II, Parte Especial, la ley, 2011, pág. 1184/1185).
El imputado poseía dos restricciones respecto de la denunciante, la primera dictada por un Juez Civil y la segunda en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas al momento de la intimación del hecho calificado como lesiones leves, en las presentes actuaciones, a tenor de lo dispuesto por el artículo 174 del Código Procesal Penal.
Siendo así, estamos en presencia de un único hecho pues el autor, a través de esa acción descripta, incumple dos órdenes distintas que emanan de dos funcionarios diferentes, es decir, realiza el mismo tipo penal.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al infractor, por transporte de pasajeros sin habilitación (art. 6.1.94, Ley N° 451), y reducir el monto de la pena de multa impuesta a un total de quinientas unidades fijas (UF 500), cuyo cumplimiento es dejado en suspenso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 451, con costas.
La Defensa alega que existen pronunciamientos opuestos al aquí plasmado, que han absuelto a conductores de “UBER”, por entender que la conducta no configura infracción alguna. Sostuvo que dicha circunstancia viola al principio de igualdad. Agregó que eso pone en evidencia que las normas no tipifican adecuadamente la conducta, puesto que la ley no describe debidamente el hecho típico y la consecuencia jurídica.
Al respecto, cabe destacar que las diferentes decisiones dictadas por los distintos órganos jurisdiccionales no violan el principio de igualdad, sin perjuicio de que el remedio procesal para obtener la uniformidad de la jurisprudencia no es el recurso de apelación, sino, si se diesen los supuestos, el recurso de inaplicabilidad de ley.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar al planteo de excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
El Magistrado sustentó el rechazo de la pretendida atipicidad, planteado bajo la pretensión que poseer un arma de fuego con autorización vencida es una infracción administrativa ajena a la figura penal, en la convicción que un permiso extinto es equivalente a la ausencia de permiso, y, con ello, la tenencia en tales condiciones es capaz de configurar el delito previsto en el artículo 189 bis, segundo apartado del Código Penal.
En efecto, en el momento en que fueran secuestradas las armas en cuestión, la autorización había caducado, lo que claramente implica que el imputado carecía de ella.
No se trata de una mera infracción administrativa, tal como pretende la Defensa, pues el decreto reglamentario es claro en cuanto afirma que de no renovarse la licencia esta caduca, es decir, se extingue por lo que el encartado al momento del hecho carecía de la “debida autorización” de conformidad con lo establecido en el artículo 189 bis del Código Penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolcion de grado, en cuanto resolvió condenar al encausado a la pena de un año y dos meses de prisión de cumplimiento en suspenso con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de usurpación en concurso real con turbación de la posesión y costas (arts. 26, 29, inc. 3, 45, 55, 181, inc. 1° y 3° del CP, 343 y 345 del CPP), y disponer la restitución provisoria del inmueble.
Se le atribuye al encausado el suceso individualizado como “1)” encuadrado en el delito previsto por el artículo 181, inciso 1°, del Código Penal, y el hecho identificado como “2)” fue subsumido en la figura establecida por el artículo 181, inciso 3°, del Código Penal.
La Defensa se agravió y sostuvo que de ningún modo se encuentra probada la pretendida turbación de la posesión y que no existía prueba alguna de que su asistido hubiera incurrido en esas conductas.
Sin embargo, tal como entendió la Jueza de grado y mi colega preopinante, a diferencia de lo manifestado por la Defensa, las declaraciones brindadas por los testigos de cargo, sin bien no han sido presenciales, permiten tener por acreditados los hechos objeto de la condena, toda vez que resultaron contestes y coincidentes en torno a los acontecimientos objeto de aquella. Ello a su vez, encontró respaldo en la prueba documental aportada.
De esta manera, en sentido contrario a lo alegado por la defensa, resulta claro que el encausado era el único beneficiado con su conducta, toda vez que mantenía cercado el acceso a su vivienda respecto de terceras personas. Mientras tanto, los perjudicados eran los copropietarios, impedidos de acceder a las partes comunes y los servicios instalados en la terraza.
Por consiguiente, la conducta sometida a estudio encuentra su adecuación típica en la figura escogida, y consistió en haber cercenado o restringido las facultades de uso y goce de los copropietarios y de la administración del consorcio, respecto de las partes comunes del edificio (art. 2° de la Ley N° 13512 de propiedad horizontal). (Del voto por ampliación de fundamentos del Dr. Franza).

En el caso corresponde estar a lo resuelto por el Juez de grado.
Que la Fiscal de grado se agravió, en cuanto la decisión tomada había afectado el sistema acusatorio y que con ella, el Judicante, había incurrido en un exceso jurisdiccional, en tanto en lugar de rechazar el acuerdo de avenimiento y remitirlo a la Fiscalía, éste desvinculó definitivamente a la acusada.
Ahora bien, al momento de analizar la resolución, el Juez de grado, en base al acuerdo de avenimiento que se le remite a consideración, éste cuenta con toda la información y elementos de juicio en los que se sustenta, los que le deberían permitir emitir una sentencia, por lo que también tal pronunciamiento puede ser absolutorio.
Frente a una imputación de suministro de estupefacientes en grado de tentativa, en la que no se ha acreditado con el grado de certeza exigible para el dictado de una sentencia condenatoria, la tipicidad subjetiva de la conducta enrostrada a la imputada, por la advertencia de un condicionamiento en su libre voluntad respecto del hecho que acordara haber cometido, resulta razonable que el Judicante no homologue dicho acuerdo y ante ese condicionamiento que entendiera insalvable, dentro de las facultades jurisdiccionales que ostenta, dicte una sentencia y resolviera su absolución.
Tampoco es correcto el argumento del Fiscal en cuanto a que, en todo caso, el Juez solo debería haberse pronunciado rechazando el acuerdo y devolver el caso a la Fiscalía para que esta decida sobre la continuidad posterior del aquel, ante la frustración del acuerdo alcanzado.
Acceder a dicha pretensión implicaría, a mi juicio, la violación del principio acusatorio en desmedro del derecho de defensa y garantía de imparcialidad que la asisten al justiciable. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso corresponde estar a lo resuelto por el Magistrado de grado.
Que la Fiscal de grado se agravió, en cuanto la decisión tomada había afectado el sistema acusatorio y que con ella, el Judicante, había incurrido en un exceso jurisdiccional, en tanto en lugar de rechazar el acuerdo de avenimiento y remitirlo a la Fiscalía, éste desvinculó definitivamente a la acusada.
Ahora bien, la Fiscalía ya había ofrecido toda la prueba que consideraba necesaria para poder llevar su caso a juicio y aun así el Juez estimó que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos para la configuración de la tipicidad en su faz subjetiva, respecto al episodio investigado.
Por lo tanto, no era razonable ni lógico que el juez rechazara el acuerdo para darle una mejor oportunidad al acusador, para arribar a una condena, a la que de todas formas no sería posible llegar, atento a la determinada atipicidad insalvable de la conducta reprochada a la imputada.
Es por ello, que lo resuelto por el Magistrado no configura una violación del principio acusatorio, toda vez que en ningún momento ejerce funciones requirentes, por el contrario, lleva adelante una tarea puramente jurisdiccional.
La división estricta de funciones de acusación y decisión, y la disponibilidad del objeto del proceso, son la manera de garantizar la imparcialidad del Juez. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar lo resuelto por la Magistrada de primera instancia.
La Magistrada de grado resolvió, rechazar el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, por no contar con el resultado pericial de la sustancia secuestrada.
El Fiscal, en su recurso de apelación señaló que la Jueza se apartó de las facultades conferidas por el Código y que se vio afectada la garantía del debido proceso y los postulados del sistema acusatorio.
Asimismo, se agravió por considerar que la imputada brindó su consentimiento libre e informado para celebrar el acuerdo, y que la no homologación del mismo conllevaría a retomar la investigación por la figura de comercio de estupefacientes, que tiene prevista una pena mayor.
Señaló que sí fue realizada una pericia química, que se comprobó que el material secuestrado era estupefaciente y solicitó el apartamiento de la Magistrada de grado, por haber adelantado su criterio.
Ahora bien, considero que la Jueza de grado contaba con plenas facultades para rechazar el acuerdo si advertía que los elementos de juicio en los que se sustentaba albergaban dudas relevantes, para proceder a su homologación y el posterior dictado de una sentencia condenatoria.
En modo alguno se encuentra vedada la posibilidad de rechazar el acuerdo, o incluso disponer la absolución o el sobreseimiento del imputado, cuando no se verifican elementos suficientes para acreditar el hecho que se le atribuye, su autoría y/ o para afirmar la tipicidad de la conducta, así como también cuando los elementos arrimados dejen subsistente la duda sobre alguna de estas cuestiones.
Por ello, resulta razonable que, frente a una imputación de tenencia de estupefacientes en la que no se ha acreditado, con el grado de certeza exigible para el dictado de una sentencia condenatoria, que el material secuestrado era realmente sustancia estupefaciente, la Magistrada no homologue dicho acuerdo o disponga su rechazo, ya que la confesión de la persona imputada no puede ser la única prueba ni tampoco la prueba dirimente de la que se valga el órgano jurisdiccional para condenar. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar lo resuelto por la Magistrada de primera instancia.
La Magistrada de grado resolvió, rechazar el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, por no contar con el resultado pericial de la sustancia secuestrada.
El Fiscal, en su recurso de apelación señaló que la Jueza se apartó de las facultades conferidas por el Código y que se vio afectada la garantía del debido proceso y los postulados del sistema acusatorio.
Asimismo, se agravió por considerar que la imputada brindó su consentimiento libre e informado para celebrar el acuerdo, y que la no homologación del mismo conllevaría a retomar la investigación por la figura de comercio de estupefacientes, que tiene prevista una pena mayor.
Señaló que sí fue realizada una pericia química, que se comprobó que el material secuestrado era estupefaciente y solicitó el apartamiento de la Magistrada de grado, por haber adelantado su criterio.
Ahora bien, tal como lo ha señalado la Magistrada, el informe pericial no reúne las características propias de un peritaje químico técnico.
En consecuencia, no fue posible establecer con certeza el tipo de estupefaciente, su calidad, cantidad, peso y el número de dosis umbrales.
Ninguno de estos parámetros de referencia fue acreditado en el caso, por lo cual, en definitiva, la decisión recurrida resulta acertada y debidamente fundada en este punto, es decir específicamente en cuanto dispuso no homologar el acuerdo.
Dicho rechazo, guarda relación con deficiencias probatorias, pero no con una manifiesta atipicidad del hecho imputado, ya que el hecho aquí investigado no resultaba manifiestamente atípico, sino que las probanzas arrimadas por la Fiscalía no alcanzaban para acreditarlo con el grado de certeza que exige una condena penal, tal como ya fuera puntualizado.
Es por ello que, corresponde devolver el caso a la Fiscalía, para que ésta pueda, eventualmente, continuar el trámite y/o disponer lo que, en su caso, estime corresponder y confirmar la decisión adoptada por la Jueza de grado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto decretó la prisión preventiva del encausado.
Respecto de los extremos que legitiman la aplicación de la medida impuesta, esto es: la incorporación de suficientes elementos de prueba que permitan afirmar la existencia “prima facie” de un hecho ilícito y la participación del imputado en él -"fumus boni iuris"-, el Fiscal interviniente y el Juez han enumerado durante el transcurso de la audiencia, celebrada en los términos del artículo 173 del Código Procesal Penal de la Ciudad, las evidencias incorporadas al legajo.
Por ello, en cuanto a la materialidad de la conducta objeto de reproche, con los elementos de cargo reunidos y detalladas en la audiencia se ha logrado demostrar la existencia del suceso aquí investigado con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso y, en principio, la participación del imputado en aquel, en carácter de autor.
En este sentido, entendemos que le asiste razón al "a quo" cuando da por acreditados ambos requisitos en la presente causa, en un resolutorio que explica suficientemente los fundamentos de su decisión.
Por lo tanto, cabe concluir que se halla acreditado con el grado de probabilidad necesaria para dictar esta medida cautelar que nos encontramos ante un hecho "prima facie" típico.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad y, en consecuencia, sobreseer al encartado.
Contra dicha decisión, el Fiscal se agravió por entender que el hecho resulta típico conforme a la calificación legal establecida en el artículo 239 del Código Penal, señalando que se trata de un delito doloso, y puntualizó que en el caso el imputado tenía conocimiento de la ilicitud de su accionar y la voluntad de obrar en el mismo sentido por cuanto hizo caso omiso a la orden de identificación, dándose a la fuga para evitarlo.
Ahora bien, se ha sostenido que para que se configure el delito en cuestión, es requisito indispensable, que el sujeto activo haga empleo de la fuerza o intimidación contra el sujeto pasivo para impedir o trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. La resistencia protege la libertad de acción de aquél, una vez que ha tomado la decisión de actuar ((D´ALESSIO, Andrés José, Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, T II. La Ley, Bs. As., 2009, p. 770).
Ello así, el encausado no desplegó fuerza idónea para impedir el ejercicio de las funciones del personal policial, careciendo su accionar de la significación necesaria propia de la figura en cuestión.

En el caso, corresponde revocar parcialmente el punto II de la sentencia, en cuanto se condenó al imputado en orden al suceso calificado como constitutivo del delito de incendio doloso con peligro común para los bienes, conforme lo normado en el artículo 186, inciso 1 del Còdigo Penal y confirmarlo parcialmente, en cuanto se dispuso condenar al nombrado por el hecho calificado como daño simple, previsto y reprimido por el artículo 183 del mismo cuerpo legal, modificando la pena impuesta, la que se reduce a cinco meses de prision de efectivo cumplimiento.
La Jueza de grado entendió que el hecho en cuestión se subsumía en el tipo penal previsto y reprimido en el artículo 186, inciso 1º, del Código Penal, y remarcó que el bien jurídico protegido por la norma era la seguridad común. Seguidamente, sindicó que el dolo requerido en su faz subjetiva se encontraba acreditado, y que el hecho imputado también se subsumía dentro del tipo penal previsto y reprimido por el artículo 183 del Código Penal, siendo que el accionar del imputado había producido el resultado lesivo exigido por el tipo en cuestión.
La Defensa, por su parte, indicó que no se habían acreditado los elementos para sostener tanto la faz objetiva como la subjetiva del tipo consagrado en el artículo 186, inciso 1º del Código Penal.
Asimismo, que se había llevado a cabo una valoración parcial de los testimonios producidos en el marco del debate, y en consecuencia, que la afirmación de los elementos típicos, ante la orfandad probatoria observada, implicaba también una clara violación al principio de legalidad y a las reglas del debido proceso.
Ahora bien, cabe adelantar que no coincido con la Magistrada de grado respecto del análisis efectuado en torno al delito previsto en el artículo 186, inciso 1º del Código Penal y a la subsunción del comportamiento del imputado en él, ya que a partir del análisis de las declaraciones brindadas en el debate y de la visualización de los videos aportados, cabe concluir que el foco ígneo que inició el imputado, no fue un fuego incontrolable en cuanto a su posible expansión, ilimitado en sí mismo, ni que adquirió poder autónomo.
Así, se considera que no basta cualquier expandibilidad del fuego, sino que, para que exista un incendio en los términos del artículo mencionado, éste debe tener “(…) posibilidad de extensión hacia otros bienes que, además, sean indeterminados, y siempre que el origen de esa posibilidad se encuentre en la propia entidad o calidad del fuego o se dé por las particulares circunstancias o condiciones del bien amenazado. Cuando el fuego no puede afectar más que a bienes circunscriptos, sin posibilidad de extenderse a otros, no corresponde aplicar esta figura sino la de daño”, como en el presente.
Por lo tanto, el hecho atribuido al imputado no encuentra adecuación típica en el delito previsto y reprimido en el artículo 186 inciso 1° del Código Penal, y por ello corresponde revocar la sentencia en cuanto dispuso la condena por dicho delito.
Por otra parte, respecto del tipo penal de daño, previsto en el artículo 183, del mismo cuerpo legal, por el que también fue condenado por la Magistrada de primera instancia, está claro que el montículo de fuego que inició el imputado, claramente provocó un daño en una cosa ajena tal como lo establece la norma, por lo que corresponde confirmar parcialmente la decisión de la Judicante.

En el caso, corresponde revocar parcialmente el punto II de la sentencia, en cuanto se condenó al imputado en orden al suceso calificado como constitutivo del delito de incendio doloso con peligro común para los bienes, conforme lo normado en el artículo 186, inciso 1º del Còdigo Penal y confirmarlo parcialmente, en cuanto se dispuso condenar al nombrado por el hecho calificado como daño simple, previsto y reprimido por el artículo 183 del mismo cuerpo legal, modificando la pena impuesta, la que se reduce a cinco meses de prision de efectivo cumplimiento.
La Jueza de grado, entendió que el hecho en cuestión se subsumía en el tipo penal previsto y reprimido en el artículo 186, inciso 1º, del Código Penal y remarcó que el bien jurídico protegido por la norma era la seguridad común.
Seguidamente, sindicó que el dolo requerido en su faz subjetiva se encontraba acreditado, y que el hecho imputado también se subsumía dentro del tipo penal previsto y reprimido por el artículo 183 del Código Penal, siendo que el accionar del imputado había producido el resultado lesivo exigido por el tipo en cuestión.
La Defensa, cuestionó que no se verificaron todos los elementos del tipo penal imputado, sumado a que la valoración de la prueba efectuada por la Magistrada de grado resultó errónea y a que tampoco se logró acreditar de forma fehaciente la materialidad del hecho.
Ahora bien, de las pruebas vertidas en el marco de la audiencia de juicio, puedo afirmar que se encuentra debidamente acreditada la materialidad del hecho imputado, en cuanto a que fue el imputado quien inició el fuego, en la parte trasera de una camioneta blanca, así también es claro que depositó el carro que utiliza, según sus propios dichos, para desempeñar su labor como reciclador urbano, y luego, desapareció por detrás de la mencionada camioneta, y al cabo de un minuto, apareció nuevamente, agarró su carro y se retiró del lugar, en sentido contrario al tránsito.
Asimismo, tal como surge de la video filmación, se advierte un destello de luz que aparece por detrás del mencionado vehículo, lugar por el que no circularon otras personas según surge de los vídeos, quedando así acreditada la materialidad del hecho enrostrado.
Por lo que corresponde confirmar la sentencia en autos, en lo referido al delito previsto y reprimido en el artículo 183 inciso 1º del Código Penal.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso sobreseer al imputado en orden al delito de desobediencia por considerarlo atípico.
En el presente caso se le atribuye al imputado el haber desobedecido la prohibición impuesta por la Jueza de primera instancia, de ausentarse del ejido de la Ciudad mientras dure el proceso, según el artículo 185 inciso 3 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ante este incumplimiento de la pauta de conducta impuesta, la A quo argumentó que la prohibición en cuestión se había dispuesto como caución juratoria asegurativa del proceso y que se había hecho saber al imputado que su incumplimiento podría implicar su revocación y la imposición de otra medida restrictiva de su libertad más gravosa. En base a esto es que considera que el hecho imputado no constituía el delito de desobediencia a un funcionario público, en virtud del artículo 239 del Código Penal.
Ahora bien, tal como surge de las constancias del presente caso, existió una orden concreta emanada de una funcionaria pública, orden cuyo contenido fue debidamente concretizado y notificado fehaciente y personalmente al imputado, quien, aun así, habría desoído la prohibición impuesta. Por lo que, en sentido contrario a lo que concluyó la A quo, al segundo hecho imputado no resultaría prima facie atípico, en los términos del artículo 239 del Código Penal.
En este orden, respecto al argumento brindado por la Jueza de primera instancia de que un incumplimiento de una orden de este tipo solo puede acarrear la imposición de una medida cautelar de naturaleza más gravosa como, por ejemplo, el dictado de la prisión preventiva (como efectivamente sucedió), cabe decir que la imposición de una medida cautelar de naturaleza mayor debe evaluarse en cada caso en función de los riesgos procesales que la desobediencia pueda implicar, lo que no es obstáculo para que sea considerada como comisión de un hecho típico, subsumible en el tipo penal previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Por lo que en conclusión, entendemos que los fundamentos jurídicos brindados por la Jueza de primera instancia para considerar la conducta identificada manifiestamente atípica y, consecuentemente, sobreseer al imputado no se ajustan a derecho y a las constancias del caso.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso rechazar el acuerdo de juicio abreviado suscripto por las partes.
En el presente caso se le imputa al encausado las conductas como constitutivas de los delitos de lesiones leves agravadas, artículos 89 y 92, en función del artículo 80, inciso 1 y 11; amenazas simples en concurso ideal con el delito desobediencia a un funcionario público, artículos 149 bis, primer párrafo, y el delito de desobediencia 239, todos del Código Penal, todos ellos en concurso real, efectuados en un contexto de violencia de género.
A la hora de controlar el acuerdo de avenimiento propuesto, el Juez sostuvo que los hechos que fueron subsumidos en el delito de desobediencia a un funcionario público eran atípicos. Por lo que afirmó que el tipo penal previsto en el artículo 239 del Código Penal quedaba desplazado por la sanción especial que se encuentra regulada por el ordenamiento ritual, esto es, la solicitud de una medida restrictiva más gravosa o la prisión preventiva del encausado.
La Fiscalía sostuvo que cuando se atribuye a título de desobediencia a la autoridad la transgresión de una obligación impuesta por el Ministerio Público Fiscal, no puede justificarse la atipicidad de la conducta alegando que las medidas cautelares acordadas por las partes se dirigen a preservar el éxito del proceso y que la consecuencia de su quebrantamiento es la habilitación para solicitar la detención del imputado.
Ahora bien, según consta en el expediente, estas medidas fueron impuestas y notificadas personalmente al acusado en la audiencia de intimación de los hechos (art. 173, CPPCABA), y consentidas por este y su Defensa.
En este sentido, la doctrina ha sostenido que, para que se produzca el desplazamiento del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal, es decir, para que la conducta incumplidora de la orden quede fuera de la órbita del derecho penal, la sanción por el particular incumplimiento deberá estar especialmente prevista: no la producirán medidas de índole general que no tengan una clara tipicidad sancionadora (…) o que solo posean carácter preventivo (…) o persigan la finalidad de hacer cesar la infracción (CREUS, C., “Delitos contra la Administración Pública, Buenos Aires: Astrea, Bs. As., 1981, p. 67).
Dicho ello, es de destacar que los artículos 186 y 187 del Código Procesal Penal de la Ciudad, y el artículo 26 y siguientes de la Ley Nº 26.485, que establecen las medidas preventivas urgentes de protección de las víctimas de delitos en contexto de violencia contra la mujer, tampoco contemplan sanciones específicas ante el incumplimiento de alguna de ellas. Y si bien el artículo 32 de la citada ley prevé sanciones “ante el incumplimiento de las medidas ordenadas”, y faculta al Juez a evaluar la conveniencia de su modificación o ampliación, la norma expresamente aclara que: “cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la Juez/a con competencia en materia penal”.
Es por todo lo anterior expuesto que los hechos imputados no resultarían prima facies atípicos, en los términos del artículo 239 del Código Penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de la Jueza de grado que dispuso rechazar el planteo de nulidad del procedimiento y rechazar el planteo de excepción de atipicidad, efectuados por la Defensa.
Se investiga en la presente, la conducta prevista y reprimida por el artículo 189 bis del Código Penal.
En relación al planteo de atipicidad, el recurrente insistió con que la calificación legal que el Fiscal le había atribuido a los hechos imputados, no guardaba relación con éstos, dado que tanto en el acta de intimación del hecho como en el requerimiento de juicio había encuadrado los sucesos en el delito de “estrago culposo”.
Ahora bien, con relación a lo argumentado acerca de que la conducta imputada sería, en todo caso, catalogable como infracción administrativa, tanto el artículo 100 y el artículo 101 del Decreto 395/75, se refieren, únicamente, a la expedición de la “autorización de tenencia” a nombre del heredero.
En razón de ello, no se puede perder de vista, sin embargo, que la posibilidad de realizar dicho trámite presupone la cuestión adicional de que la persona que pretende conservar las armas ya posea credencial de legítimo usuario (CLU).
En ese sentido, en el instructivo publicado en la web de la ANMAC, se consigna que, para tramitar la tenencia de determinada arma de fuego, es requisito tener previamente la credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego.
En cuanto a la vigencia de la autorización de tenencia, se aclara que es definitiva siempre y cuando esté vigente la credencial de legítimo usuario.
La normativa invocada por la Defensa, solo resulta aplicable al supuesto del arma de uso civil, ya que el supuesto del arma de guerra se encuentra regulado en su propio capítulo, en el que se deja en claro que la alternativa de conservar un arma de este tipo, de guerra y heredada, sin autorización de tenencia, está sujeta a que se dé oportuno aviso al organismo correspondiente (ANMAC), para lo que se concede un plazo de quince días, a condición de que la persona responsable resulte legítima usuaria y a que se regularice su inscripción una vez finalizado el trámite sucesorio, extremos que no se habrían verificado en autos.
En conclusión, la ilegitimidad de la tenencia de armas atribuida al encausado, estaría motivada en dos cuestiones distinguibles, la circunstancia de que éste no contara con credencial de legítimo usuario que lo habilitara a obtener la autorización de tenencia del armamento incautado y que la tenencia ilegítima que le atribuye la Fiscalía se circunscribe a un periodo temporal de aproximadamente diez años.
Cabe concluir, entonces, que la conducta que se atribuye al encartado, no resulta manifiestamente atípica, por lo que corresponde la confirmacion de la sentencia de grado.
(Del voto en disidencia de la Dra. Larocca)

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada en el marco de la audiencia (art. 210 y 223 CPPCABA) pronunciada por el Juez de grado, en cuanto rechazó el planteo de excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad efectuado.
Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos de los delitos de desobediencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra agravado, por contar uno de los imputados con antecedentes penales (arts. 45, 54 y 189 bis inc. 2 párrafo 4 y 8 y 239 del CP), concurriendo ambos hechos a su respecto de manera real.
La Defensa, se agravió en cuanto sostuvo que de la descripción del hecho efectuada por la Fiscalía se desprendía la atipicidad manifiesta y palmaria de ese intento de fuga pacífica o evasión.
Asimismo, remarcó que por el principio de especialidad, el artículo 280 del Código Penal que debe aplicarse al caso, limita y restringe la amplitud indiscriminada del tipo penal del artículo 239, del mismo cuerpo normativo.
Ahora bien, es necesario considerar, que la norma citada (art. 239 CP) prevé dos figuras delictivas, la “desobediencia” y la “resistencia a la autoridad”, también que la conducta imputada encuentra residencia en la primera de ellas.
Ello así, la resistencia existe si la persona se opone, valiéndose de medios violentos, a la acción directa del funcionario sobre ella ejercida para hacerle cumplir algo, mientras que la desobediencia se establece por no haber obedecido la orden impartida por un funcionario público, en virtud de una obligación legal, que es lo que así sucedió.
En mi opinión, basta con considerar que la redacción del artículo 239 del Código Penal, bajo la Ley Nº 21.338 (1976) establecía expresamente la falta de penalidad para ese caso, ya que la norma decía “…salvo que se trate de la propia detención”.
Sin embargo, el texto actual no establece esa excepción que fue dejada de lado al reformarse la Ley.
Por lo tanto, si el texto legal anterior contenía la excepción y el actual no la contempla, ello quiere decir que acciones como las imputadas caen bajo su letra, y que la voluntad legislativa post reforma ha sido su penalización, así entonces, donde la ley no distingue, no le es dado al intérprete hacerlo.
En razón de ello, voto por confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada en el marco de la audiencia (art. 210 y 223 CPPCABA) pronunciada por el Juez de grado, en cuanto rechazó el planteo de excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad efectuado.
Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos de los delitos de desobediencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra agravado, por contar uno de los imputados con antecedentes penales (arts. 45, 54 y 189 bis inc. 2 párrafo 4 y 8 y 239 del CP), concurriendo ambos hechos a su respecto de manera real.
La Defensa, se agravió en cuanto sostuvo que de la descripción del hecho efectuada por la Fiscalía se desprendía la atipicidad manifiesta y palmaria de ese intento de fuga pacífica o evasión.
Asimismo, remarcó que por el principio de especialidad, el artículo 280 del Código Penal que debe aplicarse al caso, limita y restringe la amplitud indiscriminada del tipo penal del artículo 239, del mismo cuerpo normativo.
Ahora bien, la redacción del artículo 239 del Código Penal, bajo la Ley Nº 21.338 (1976) establecía expresamente la falta de penalidad para casos como el que nos ocupa, y con posterioridad la reforma legislativa eliminó la excepción de la parte final del artículo, entonces, ello no puede más que transmitir una inequívoca voluntad del legislador de considerar típicas esas conductas que antes no lo eran, pues si no la modificación carecería de sentido.
Ello así, de las discusiones parlamentarias llevadas a cabo en oportunidad del dictado de la Ley Nº 23.077, que derogó dicha excepción surge que, si bien se propició mantener algunas de las disposiciones del Código Penal que habían sido recogidas por la doctrina y la jurisprudencia, la excepción incluida en el artículo en trato no fue conservada.
Sin perjuicio de la modificación operada por la legislatura, sobre el referido artículo 239 del Código Penal, la doctrina y la jurisprudencia nacional posteriores a dicha reforma legislativa siguieron interpretando mayoritariamente que la desobediencia a la orden de la propia detención no era punible y fue así sobre la base casi exclusiva de comparar esa conducta con la que describe el artículo 280 del mismo cuerpo legal.
El Juez de grado acertadamente señala la incorrección de equiparar ambas figuras penales en juego, en lo que hace a su dimensión típica objetiva, cuando ellas tienen diferente sustento normativo y protegen bienes jurídicos distintos, del mismo modo, los presupuestos fácticos que dan lugar a la infracción de ambas normas difieren sustancialmente.
En conclusión, la atipicidad de la conducta aquí en trato, se sigue necesariamente que la interpretación que postula que la desobediencia de la orden de la propia detención no es punible, resulta en contra de lo que establece la ley, como ya se dijera, de la actual redacción de la norma y de su reforma legislativa y, por ende, no es posible seguir sosteniéndola.
Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución de primera instancia.

En el caso, corresponde revocar la decisión dictada por el Juez de grado,y hacer lugar al planteo de excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad efectuado.
Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos de los delitos de desobediencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra agravado, por contar uno de los imputados con antecedentes penales (arts. 45, 54 y 189 bis inc. 2 párrafo 4 y 8 y 239 del CP), concurriendo ambos hechos a su respecto de manera real.
La Defensa, se agravió en cuanto sostuvo que de la descripción del hecho efectuada por la Fiscalía se desprendía la atipicidad manifiesta y palmaria de ese intento de fuga pacífica o evasión.
Asimismo, remarcó que por el principio de especialidad, el artículo 280 del Código Penal que debe aplicarse al caso, limita y restringe la amplitud indiscriminada del tipo penal del artículo 239, del mismo cuerpo normativo.
Ahora bien, ambos delitos, la desobediencia y la evasión están en el mismo Título del Código Penal, el Título XI, relativo a los delitos contra la administración pública, y si bien la desobediencia protege la libertad de acción de la autoridad pública, dado que las desobediencias lesionan el orden de la administración pública atacando el libre ejercicio de la actividad funcional, cuando se resisten o desobedecen las órdenes impartidas por las autoridades, lo cierto es que la evasión implica también una desobediencia de la orden dada por la medida cautelar o condena que impone la restricción de la libertad y que, precisamente, se elude con fuerza o violencia.
Ello así, el bien jurídico tutelado en el delito de evasión, se lo entienda como la acción administrativa de ejecución de dichas restricciones de la libertad, o el interés público en que los particulares se sometan a la administración de justicia, lo cierto es que comprende también el que se obedezca a la autoridad que impuso la restricción y también implica una lesión del orden de la administración pública y un ataque al ejercicio de su actividad funcional.
En ambos casos se desobedece la misma orden de permanecer en detención, en el primer caso, cuando aún no se ha asegurado la persona del detenido, en el segundo cuando ya lo está y se aprovecha algún descuido para desobedecer la misma indicación.
En conclusión, resulta absurdo proponer que sea delito desobedecer la orden de detenerse dada por la autoridad (art. 239 del CP) pero no lo sea el evadirse, sin fuerza ni violencia, cuando ya uno está en poder de la autoridad (art. 280 del CP).(Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la decisión dictada por el Juez de grado,y hacer lugar al planteo de excepción por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad efectuado.
Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos de los delitos de desobediencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra agravado, por contar uno de los imputados con antecedentes penales (arts. 45, 54 y 189 bis inc. 2 párrafo 4 y 8 y 239 del CP), concurriendo ambos hechos a su respecto de manera real.
La Defensa, se agravió en cuanto sostuvo que de la descripción del hecho efectuada por la Fiscalía se desprendía la atipicidad manifiesta y palmaria de ese intento de fuga pacífica o evasión.
Asimismo, remarcó que por el principio de especialidad, el artículo 280 del Código Penal que debe aplicarse al caso, limita y restringe la amplitud indiscriminada del tipo penal del artículo 239, del mismo cuerpo normativo.
Ahora bien, el deber de cooperación que tenemos los ciudadanos para con el Estado sigue existiendo, aunque la desobediencia de la orden de detención no configure un delito.
Es claro que, sigue siendo ilícito desobedecer una orden legítima de detención impartida por la autoridad, pero no toda conducta contraria a derecho configura un ilícito punible.
Siempre hay que obedecer las órdenes legítimas de la autoridad, pero en el caso de la orden que implica la propia detención, dado que tampoco escapar de la propia detención legítima configura el delito de evasión, ello si se lo hace sin violencia en las personas ni fuerza en las cosas, se trata de una orden que debió ser obedecida, pero cuya desobediencia no es punible.
No es razonable, en mi opinión, agregar al imputado un nuevo delito penal en base a una aplicación literal de una disposición, contraria al tipo sistemático que corresponde aplicar al caso, invocando razones de política criminal.
En conclusión, la libertad ambulatoria es uno de los derechos constitucionales prevalentes que solo puede ser constreñida mediante orden legal, pero si para ejercerla, aun cuando medie detención legal, no se violenta a nadie ni se aplica fuerza en las cosas, el legislador no ha reparado en dicha conducta que, así observada, constituye el ejercicio del derecho de disfrutar de la aludida libertad ambulatoria.
Por todo lo señalado, corresponde revocar la decisión cuestionada y hacer lugar a la excepción de atipicidad de la conducta imputada como desobediencia a la autoridad (art. 239 del CP), respecto de ambos imputados.